Por Emiliano Cotelo ///

En este momento Marcelo, Ariel y Andrea deben estar cada uno en lo suyo, mirando el reloj, contando las horas con la extraña sensación de estar cerrando el capítulo más oscuro de sus vidas. Una historia que comenzó en marzo de 2012 y que los arruinó para siempre, por más que ahora estén empezando de cero a juntar las ilusiones para seguir adelante.

¿Quiénes son Marcelo y Ariel? Son los enfermeros absueltos. Es decir, aquellos a quienes el juez Rolando Vomero procesó con prisión por el homicidio de 15 pacientes del Hospital Maciel y la Asociación Española y con respecto a los cuales, luego de cuatro años (tres de los cuales pasaron entre rejas), la Justicia fue incapaz de reunir las pruebas para justificar su decisión original. Por eso la semana pasada el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno confirmó la absolución de ambos.

¿Y Andrea? Ella es la tercera enfermera en cuestión, procesada en su momento como cómplice, un delito que por obvias razones perdió sentido cuando cayó la acusación principal.

La espera a la que yo aludía al comienzo remite al plazo que todavía tiene la fiscal Mónica Ferrero para decidir si presenta, o no, un recurso de casación.

El viejo código

En realidad, un desenlace como el que acaba de ocurrir en este expediente no debería sorprendernos. En Uruguay hay unas diez mil personas presas, dos tercios de las cuales están a la espera de condena. Esto quiere decir que aún no concluyó la instrucción que determinará si son culpables ante la Justicia. Por lo tanto, es perfectamente posible que entre esos miles de -todavía- presuntos inocentes haya varios inocentes de verdad, aguardando, desesperados, que el proceso se tome el tiempo debido, mientras ellos pasan, indebidamente, algunos años de encierro, en las peores condiciones, además.

Esta característica de nuestro sistema judicial, que nos ha valido la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es uno de los legados del viejo Código del Proceso Penal aún vigente.

El caso de los enfermeros, por lo tanto, se explica en parte por esta realidad jurídica de nuestro país, pero también por errores cometidos por los distintos actores que formaron parte de este proceso. Errores de los que debemos tomar nota.

Una pregunta imprescindible

¿Cómo y por qué se derrumbó el caso de los presuntos “ángeles de la muerte”?

La pregunta necesitaba ser contestada. Por eso el lunes pasado entrevistamos en nuestro programa a dos de los abogados defensores de los enfermeros.

En particular nosotros mismos, aquí, En Perspectiva, sentíamos que debíamos volver sobre el tema después de los minutos que dedicamos al asunto cuando este se hizo público en 2012. También la nota parecía necesaria para reparar, aunque fuera mínima e insuficientemente, el daño que padecieron los implicados, a partir de la difusión que todos los medios de comunicación hicimos del episodio, que, a su vez, se basaba en las actuaciones de la Justicia.

Sin pruebas

Del repaso del caso surge como primera respuesta que no hay asesinos porque no hubo homicidios. Así de sencillo y complejo. Como se explicó el lunes en la nota, el informe de la Junta Médica de Peritos, que trabajó en el expediente a partir de las historias clínicas de los pacientes fallecidos, no pudo probar la existencia de elementos exógenos que hubieran contribuido a esas 15 muertes que se les atribuyó a los enfermeros Marcelo y Ariel. Es decir, hubo muertos, pero nadie pudo probar que hubo asesinatos.

El caso empezó a construirse en base a un dato que luego se demostró que era falso (que en la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital Maciel se había registrado un aumento de la tasa de mortalidad ) y de un rumor: que uno de los enfermeros era el responsable de ese cambio en la estadística.

La primera prueba más o menos tangible que arrojó la investigación fue un mensaje de texto encontrado en el celular de Marcelo, en el que se aludía a que el otro enfermero, Ariel, había “limpiado” a un paciente y que en ese momento lo estaban reanimando. De todos modos, el punto culminante de la investigación lo pusieron las confesiones. Aunque sobre ese punto vale la pena aclarar que estas no son jurídicamente suficientes para sustentar la acusación por sí mismas.

Recordemos que en la sede judicial, tanto a Marcelo como a Ariel, les mostraron fotos de pacientes que podrían haber muerto como consecuencia de sus maniobras. Los indagados reconocieron a varios de ellos. No obstante, en el fallo del Tribunal de Apelaciones se deja constancia que lo que Marcelo admitió fue haberle suministrado morfina a la paciente Gladys Lemos, sin la debida prescripción médica. Sin embargo, según consta allí mismo, el acusado aclaró que lo hizo “no con el fin de matarla” sino con la intención de “sedarla”. Pero además -subraya el fallo recién mencionado- en esa misma declaración el enfermero “manifestó que le era difícil recordar solo viendo las fotos, ya que debido al tiempo y al estado de los pacientes, presentaban apariencias diferentes a las de las fotografías, sin perjuicio de lo cual, confesó”.

Sin embargo, haciendo caso omiso de esas puntualizaciones, la Justicia procesó a Marcelo por la muerte de cinco pacientes. En ninguno de los casos pudo comprobarse que esos enfermos hubieran muerto por causas ajenas a la situación que los había llevado a encontrarse internados. En la autopsia de la señora Lemos, por ejemplo, si bien se encontró restos de morfina, las pericias demostraron que en todo caso esta le fue suministrada bastante antes que el primer momento en que Marcelo tomó contacto con la paciente. En otro de los casos, Marcelo ni siquiera había ido a trabajar en los días en que ese paciente falleció.

En la sentencia de absolución, la jueza Dolores Sánchez explicó que el denominador común encontrado en el análisis de la prueba testimonial fue que “nadie los había visto hacer nada a ningún paciente”, y en ninguno de los casos, repito, se demostró que los pacientes hubieran sido asesinados.

¿Por qué procesados con prisión?

Ustedes me dirán que “con el diario del lunes” es más fácil sacar conclusiones categóricas y que en el momento inicial lo declarado por los dos enfermeros era más que suficiente para abrir el proceso. Probablemente tienen razón. Pero yo no puedo dejar de quedarme preocupado por la forma en que operó la justicia.

No sólo por la decisión inicial del juez, sino también por la actitud corporativista que luego tomó el Ministerio Público (representado, sucesivamente, por tres fiscales diferentes) cuando, una vez que la evidencia fue desarmando el caso, siguió insistiendo con nuevas acusaciones cada vez más leves pero al mismo tiempo rebuscadas, mientras personas presuntamente inocentes permanecían presas, tras las rejas.

Eso, justamente, fue lo que se dejó de lado en esa historia que surge del expediente: que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

¿Por qué, entonces, estuvieron presos, preventivamente y tanto tiempo? ¿Se puede decir que tuvieron las garantías del debido proceso? Y, en otro plano: ¿por qué cuando se produjo la primera sentencia absolutoria, en febrero del año pasado, las autoridades del Ministerio de Salud Pública llegaron a recomendarles a estas personas que no intentaran volver a trabajar en instituciones de asistencia médica?

Hasta que se pruebe lo contrario

Puede que hayan quedado cabos sueltos, aspectos sin aclarar y pruebas que se perdieron y que hubieran sido útiles. Pero todos deberíamos aferrarnos a ese principio celosamente: toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario.

Los operadores judiciales, las autoridades de gobierno y también los periodistas al informar debemos ser estrictos en el respeto de esos principios básicos. Es la única garantía para que mañana no vengan por nosotros, indebidamente.

***

Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 27.05.2016, hora 07.50

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Enfermeros absueltos después de un juicio de cuatro años: ¿Cómo y por qué se derrumbó el caso de los “Ángeles de la muerte”?

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Fallo del Tribunal de Apelaciones de Primer Turno que confirma la absolución de dos enfermeros acusados de 15 homicidios

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Por Emiliano Cotelo ///

En este momento Marcelo, Ariel y Andrea deben estar cada uno en lo suyo, mirando el reloj, contando las horas con la extraña sensación de estar cerrando el capítulo más oscuro de sus vidas. Una historia que comenzó en marzo de 2012 y que los arruinó para siempre, por más que ahora estén empezando de cero a juntar las ilusiones para seguir adelante.

¿Quiénes son Marcelo y Ariel? Son los enfermeros absueltos. Es decir, aquellos a quienes el juez Rolando Vomero procesó con prisión por el homicidio de 15 pacientes del Hospital Maciel y la Asociación Española y con respecto a los cuales, luego de cuatro años (tres de los cuales pasaron entre rejas), la Justicia fue incapaz de reunir las pruebas para justificar su decisión original. Por eso la semana pasada el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno confirmó la absolución de ambos.

¿Y Andrea? Ella es la tercera enfermera en cuestión, procesada en su momento como cómplice, un delito que por obvias razones perdió sentido cuando cayó la acusación principal.

La espera a la que yo aludía al comienzo remite al plazo que todavía tiene la fiscal Mónica Ferrero para decidir si presenta, o no, un recurso de casación.

El viejo código

En realidad, un desenlace como el que acaba de ocurrir en este expediente no debería sorprendernos. En Uruguay hay unas diez mil personas presas, dos tercios de las cuales están a la espera de condena. Esto quiere decir que aún no concluyó la instrucción que determinará si son culpables ante la Justicia. Por lo tanto, es perfectamente posible que entre esos miles de -todavía- presuntos inocentes haya varios inocentes de verdad, aguardando, desesperados, que el proceso se tome el tiempo debido, mientras ellos pasan, indebidamente, algunos años de encierro, en las peores condiciones, además.

Esta característica de nuestro sistema judicial, que nos ha valido la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es uno de los legados del viejo Código del Proceso Penal aún vigente.

El caso de los enfermeros, por lo tanto, se explica en parte por esta realidad jurídica de nuestro país, pero también por errores cometidos por los distintos actores que formaron parte de este proceso. Errores de los que debemos tomar nota.

Una pregunta imprescindible

¿Cómo y por qué se derrumbó el caso de los presuntos “ángeles de la muerte”?

La pregunta necesitaba ser contestada. Por eso el lunes pasado entrevistamos en nuestro programa a dos de los abogados defensores de los enfermeros.

En particular nosotros mismos, aquí, En Perspectiva, sentíamos que debíamos volver sobre el tema después de los minutos que dedicamos al asunto cuando este se hizo público en 2012. También la nota parecía necesaria para reparar, aunque fuera mínima e insuficientemente, el daño que padecieron los implicados, a partir de la difusión que todos los medios de comunicación hicimos del episodio, que, a su vez, se basaba en las actuaciones de la Justicia.

Sin pruebas

Del repaso del caso surge como primera respuesta que no hay asesinos porque no hubo homicidios. Así de sencillo y complejo. Como se explicó el lunes en la nota, el informe de la Junta Médica de Peritos, que trabajó en el expediente a partir de las historias clínicas de los pacientes fallecidos, no pudo probar la existencia de elementos exógenos que hubieran contribuido a esas 15 muertes que se les atribuyó a los enfermeros Marcelo y Ariel. Es decir, hubo muertos, pero nadie pudo probar que hubo asesinatos.

El caso empezó a construirse en base a un dato que luego se demostró que era falso (que en la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital Maciel se había registrado un aumento de la tasa de mortalidad ) y de un rumor: que uno de los enfermeros era el responsable de ese cambio en la estadística.

La primera prueba más o menos tangible que arrojó la investigación fue un mensaje de texto encontrado en el celular de Marcelo, en el que se aludía a que el otro enfermero, Ariel, había “limpiado” a un paciente y que en ese momento lo estaban reanimando. De todos modos, el punto culminante de la investigación lo pusieron las confesiones. Aunque sobre ese punto vale la pena aclarar que estas no son jurídicamente suficientes para sustentar la acusación por sí mismas.

Recordemos que en la sede judicial, tanto a Marcelo como a Ariel, les mostraron fotos de pacientes que podrían haber muerto como consecuencia de sus maniobras. Los indagados reconocieron a varios de ellos. No obstante, en el fallo del Tribunal de Apelaciones se deja constancia que lo que Marcelo admitió fue haberle suministrado morfina a la paciente Gladys Lemos, sin la debida prescripción médica. Sin embargo, según consta allí mismo, el acusado aclaró que lo hizo “no con el fin de matarla” sino con la intención de “sedarla”. Pero además -subraya el fallo recién mencionado- en esa misma declaración el enfermero “manifestó que le era difícil recordar solo viendo las fotos, ya que debido al tiempo y al estado de los pacientes, presentaban apariencias diferentes a las de las fotografías, sin perjuicio de lo cual, confesó”.

Sin embargo, haciendo caso omiso de esas puntualizaciones, la Justicia procesó a Marcelo por la muerte de cinco pacientes. En ninguno de los casos pudo comprobarse que esos enfermos hubieran muerto por causas ajenas a la situación que los había llevado a encontrarse internados. En la autopsia de la señora Lemos, por ejemplo, si bien se encontró restos de morfina, las pericias demostraron que en todo caso esta le fue suministrada bastante antes que el primer momento en que Marcelo tomó contacto con la paciente. En otro de los casos, Marcelo ni siquiera había ido a trabajar en los días en que ese paciente falleció.

En la sentencia de absolución, la jueza Dolores Sánchez explicó que el denominador común encontrado en el análisis de la prueba testimonial fue que “nadie los había visto hacer nada a ningún paciente”, y en ninguno de los casos, repito, se demostró que los pacientes hubieran sido asesinados.

¿Por qué procesados con prisión?

Ustedes me dirán que “con el diario del lunes” es más fácil sacar conclusiones categóricas y que en el momento inicial lo declarado por los dos enfermeros era más que suficiente para abrir el proceso. Probablemente tienen razón. Pero yo no puedo dejar de quedarme preocupado por la forma en que operó la justicia.

No sólo por la decisión inicial del juez, sino también por la actitud corporativista que luego tomó el Ministerio Público (representado, sucesivamente, por tres fiscales diferentes) cuando, una vez que la evidencia fue desarmando el caso, siguió insistiendo con nuevas acusaciones cada vez más leves pero al mismo tiempo rebuscadas, mientras personas presuntamente inocentes permanecían presas, tras las rejas.

Eso, justamente, fue lo que se dejó de lado en esa historia que surge del expediente: que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

¿Por qué, entonces, estuvieron presos, preventivamente y tanto tiempo? ¿Se puede decir que tuvieron las garantías del debido proceso? Y, en otro plano: ¿por qué cuando se produjo la primera sentencia absolutoria, en febrero del año pasado, las autoridades del Ministerio de Salud Pública llegaron a recomendarles a estas personas que no intentaran volver a trabajar en instituciones de asistencia médica?

Hasta que se pruebe lo contrario

Puede que hayan quedado cabos sueltos, aspectos sin aclarar y pruebas que se perdieron y que hubieran sido útiles. Pero todos deberíamos aferrarnos a ese principio celosamente: toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario.

Los operadores judiciales, las autoridades de gobierno y también los periodistas al informar debemos ser estrictos en el respeto de esos principios básicos. Es la única garantía para que mañana no vengan por nosotros, indebidamente.

***

Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 27.05.2016, hora 07.50

Nota relacionada
Enfermeros absueltos después de un juicio de cuatro años: ¿Cómo y por qué se derrumbó el caso de los “Ángeles de la muerte”?

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Fallo del Tribunal de Apelaciones de Primer Turno que confirma la absolución de dos enfermeros acusados de 15 homicidios

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Lunes 23.05.2016, hora 8.23

El sábado 17 de marzo del año 2012, la noticia cortaba el aliento de todos aquellos que iban tomando contacto con ella, en Uruguay y también fuera de fronteras: Dos enfermeros comparecían ante la justicia sospechosos de haber asesinado a más de una decena de pacientes a su cargo en el Hospital Maciel y la Asociación Española.

Tanto en la prensa nacional como en la extranjera, que -dada la espectacularidad del episodio- también se ocupó del caso, empezaron a llamarlos “Los ángeles de la muerte”. También se utilizó otra expresión: “Los enfermeros asesinos”.

Las sospechas habían comenzado a gestarse meses antes, en el Hospital Maciel. Se comentaba en la Unidad de Cuidados Coronarios de ese centro asistencial se había disparado la tasa de mortalidad. Los rumores apuntaban como responsable a uno de sus funcionarios: Marcelo Pereira.

El 12 de marzo los hechos se precipitaron con lo que le ocurrió a la paciente Gladys Lemos. La médica tratante había firmado ese día la autorización para que dejara el hospital. Sin embargo, antes de que la señora se retirara, hizo una crisis que motivó que fuera derivada a la Unidad de Cuidados Coronarios, donde poco tiempo después falleció. Fue en esa unidad donde, por primera vez, tuvo contacto con Pereira quien, posteriormente, ante el juez, reconoció haberle suministrado morfina, sin la debida prescripción médica. “No con el fin de matarla”, sino con la intención de “sedarla”, dijo. En su declaración, Pereira agregó que no podía precisar cuántas veces ni con cuantos pacientes había realizado esa maniobra, ni cuándo había comenzado con esa práctica.

Cuando Pereira fue detenido, entre sus pertenencias encontraron un celular que guardaba cientos de mensajes de texto. Uno de ellos fue el que terminó haciendo la conexión con otro enfermero, Ariel Acevedo, que trabajaba –junto con Pereira- en la Asociación Española, en el Centro de Terapia Intensiva (CTI) Neuroquirúrgico. Era un SMS enviado en diciembre del año anterior, 2011, a Andrea Acosta, la enfermera que luego sería procesada como cómplice de uno de los supuestos homicidios. El mensaje hacía referencia a que Acevedo “limpió” a un paciente en ese centro, que se había ido a la farmacia y que habían quedado resucitándolo. Ese paciente falleció poco más tarde.

Acevedo admitió ante el juez haberle puesto la medicación a esa persona. El enfermero dijo que, mientras se encontraba solo, se “aproximaba al paciente con una jeringa y le inoculaba 20 centímetros de aire”. No pudo confirmar cuántos pacientes fueron víctimas de estas acciones, ni cuándo comenzó a llevarlas a cabo, aunque estimó que podría haber ocurrido durante “un par de años”.

En la sede judicial, tanto a Pereira como a Acevedo, les mostraron fotos de pacientes que podrían haber muerto como consecuencia de sus maniobras. Los indagados reconocieron a varios de ellos. Con esas pruebas, Pereira y Acevedo fueron procesados con prisión por la muerte de 15 personas internadas.

A Pereira se le atribuían, prima facie, cinco delitos de homicidio en régimen de reiteración real. A Acevedo, otros diez delitos de homicidio especialmente agravado en reiteración real. Andrea Acosta fue procesada como "cómplice de homicidio muy especialmente agravado".

Esta causa, que se conoció como "Operación Ángeles", fue conducida en la etapa inicial por el juez en lo penal Rolando Vomero. En declaraciones a la prensa, el doctor Vomero explicaba así lo que había podido reconstruir sobre la conducta de los procesados.

[Audio de entrevista de Vomero]

ROLANDO VOMERO (RV) —La metodología en un caso era aplicarle morfina directamente en vía central y en otro caso, al parecer, era aire en vía central, lo cual le ocasionaba la muerte en pocos minutos.
PERIODISTA —¿Por qué lo hacían, doctor?
RV —Según manifestaron, porque no querían ver sufrir a la gente. Se trataba de situación graves, pero en las que la muerte no era un episodio que se representaba en el momento en que ocurría.
PERIODISTA —¿Entonces, eran pacientes terminales?
RV —No. No eran pacientes terminales. Independientemente de que hubiera alguno que lo fuera.

[Fin audio]

Sin embargo, con el correr de lo meses, el caso empezó a desarmarse, junto con la presunta responsabilidad de los tres involucrados.

El informe de la Junta Médica de Peritos que trabajó en el expediente, a partir de las historias clínicas de los pacientes fallecidos, no pudo probar la existencia de elementos exógenos que hubieran contribuido a esas muertes. A su vez, se verificó que en algunos casos los enfermeros ni siquiera habían trabajado en los días en que fallecieron algunos de los pacientes supuestamente asesinados.

La causa cambió de manos y un año después se encontraba a cargo de la jueza Dolores Sánchez y el fiscal Gilberto Rodríguez.

En abril de 2013, Ariel Acevedo retiró su confesión inicial. Sostuvo que había admitido los homicidios por consejo de su anterior abogada. También dijo que había recibido presiones de la Policía para que confesara los asesinatos.

El 26 de febrero de 2015, y después de haber estado en prisión casi tres años, la justicia absolvió a los tres enfermeros de los delitos imputados y los dejó en libertad. En la sentencia, la jueza Dolores Sánchez explicó que el denominador común encontrado en el análisis de la prueba testimonial es que "nadie los había visto hacer nada a ningún paciente".

De todos modos, unas semanas después la fiscal Mónica Ferrero apeló este fallo y el expediente pasó al Tribunal de Apelaciones de Primer Turno. Volvió a correr el tiempo y el miércoles pasado -mayo de 2016- ese tribunal confirmó la absolución de los tres: Marcelo Pereira, Ariel Acevedo y Andrea Acosta.

Ahora, la fiscal Ferrero tiene todavía algunos días para decidir si presenta, o no, un recurso de casación. En caso de presentarse, la causa se definiría en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). O sea, el trámite judicial no está 100 % cerrado. De todos modos, creo que todos, incluidos los periodistas que informamos sobre este caso durante estos años, tenemos muchas preguntas en torno a este expediente y, sobre todo, el desenlace al que parece que se encamina.

¿Cómo se explica, cómo se entiende este proceso tan retorcido? Vamos a tratar de comprenderlo. Para eso hemos invitado esta mañana a dos de los abogados que participaron del caso. Están con nosotros el doctor Humberto Teske, representante de Marcelo Pereira, y el doctor Andrés Ojeda, uno de los representantes de Andrea Acosta.

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