Una nota publicada en Brecha muestra que los precios de importación de la pasta de dientes son considerablemente menores que los precios de venta final. En este mercado, en el segundo trimestre de 2012, se produjo la compra por parte de Colgate-Palmolive de Laboratorios Abarly, lo que se tradujo en un importante aumento en la concentración. Así, Colgate, la principal empresa del mercado dueña de las marcas Colgate y Kolynos, compró a uno de sus principales competidores. A partir de esta operación, Colgate se adueñó de Pico Jenner y Periodont y redujo su competencia, que quedó representada por marcas internacionales como Oral B (de P&G), Sensodyne y Aquafresh (Glaxo). En Uruguay las empresas suelen poseer grandes cuotas de mercado y recientemente han existido fusiones y adquisiciones que han concentrando aun más los mercados, generado mayores desafíos a la competencia. En base al ejemplo del mercado de pasta dental, este artículo argumenta que Uruguay precisa un cambio en la regulación para que se base la aprobación de las fusiones y adquisiciones en evidencia previa sobre sus potenciales efectos, reduciendo así sus impactos negativos sobre los precios.

Las fusiones y adquisiciones de dos empresas que compiten en el mismo mercado, son potencialmente las más peligrosas en términos de defensa de la competencia ya que reducen directamente el número de empresas en el mercado. Sin embargo, la adquisición de Pico Jenner por parte de Colgate podría ser buena o mala para la sociedad. Si esta adquisición hubiera producido una reducción de costos para Colgate-Palmolive, podría haber producido una mejora de bienestar. Dado que Laboratorios Abarly continuó la producción local y Colgate y Kolynos siguieron importándose, es difícil pensar en grandes ganancias de eficiencia generadas por esta operación. Por otro lado, esta operación podría haber incrementado el precio de la pasta de dientes, ya que Colgate-Palmolive pasó a competir con menos empresas.

¿Qué pasó con el precio de la pasta de dientes después de la fusión? El Sistema de Información de Precios al Consumidor de la Dirección General de Comercio (MEF) releva los precios de tres tipos de pasta de dientes (Colgate Herbal Blanqueador, Kolynos Triple Acción y Pico Jenner Plus) para un amplio conjunto de establecimientos en Montevideo. Una exploración primaria de los datos permite ver que, en torno al momento de la compra, el precio de la pasta de dientes Colgate Herbal Blanqueador se incrementó, mientras que las otras dos pastas de dientes (ahora ambas pertenecientes a Colgate-Palmolive) continuaron con una tendencia a la baja.

Gráfico 1

Esta evolución puede verse en el Gráfico 1, que muestra la variación porcentual en el precio de los tres productos por trimestre para el promedio de los establecimientos para los que se dispone información. El Gráfico 2 presenta el cambio en el precio de la pasta dental Colgate en cada trimestre, con respecto a su precio en pesos constantes en el último trimestre de 2010, luego de quitar el efecto de otros factores que afectan el precio de la pasta dental. Esta gráfica nos muestra que, después de una caída en los primeros trimestres en torno a la fusión, el precio de este producto se incrementó en promedio 2 pesos (6%) en pesos constantes del último trimestre de 2010. Este efecto no se visualiza en el precio de las otras marcas para las que tenemos información, que presentan consistentemente precios inferiores a los del último trimestre de 2010.

Gráfico 2

¿Qué pasó con los precios de la pasta de dientes debido a la fusión? Eso ya es una pregunta diferente. Si uno pudiera adjudicar causalmente un aumento de 6 % en el precio de la pasta dental a la adquisición de Laboratorios Abarly por parte de Colgate, podríamos inferir que permitir esta adquisición perjudicó a los consumidores. Sin embargo, el ejercicio propuesto no permite realizar estas afirmaciones ya que tal aumento podría haber tenido otras causas. Establecer una relación causal entre esta compra y su efecto sobre los precios es posible pero requiere un análisis más complejo y más información, porque muchas otras cosas (algunas que podemos observar y otras que no, más aún en un contexto de información tan limitada) pudieron suceder al mismo tiempo.

Sin embargo, la preocupación principal aquí no debe pasar por evaluar los efectos que esta fusión tuvo sobre el precio, sino por la necesidad de realizar este tipo de ejercicios antes que una posible fusión o adquisición se concrete. La evaluación de los potenciales impactos de fusiones y adquisiciones previamente a que la misma se realice es una práctica habitual en la mayoría de los países. Consiste en la elaboración de modelos económicos de oferta y demanda que permiten, bajo ciertos supuestos, determinar el impacto sobre el bienestar de los consumidores a través de los efectos en los precios y costos. Estos modelos, además, son lo mejor que podemos tener, dada la imposibilidad de “experimentar” con las empresas y pedirles que actúen como si estuvieran fusionadas un día y al otro día que vuelvan a competir para evaluar qué efectos tendría la fusión. Para realizar estas evaluaciones, se necesita entre otras cosas información sobre cuotas de mercado (participación sobre el total de ventas) y precios para los diferentes productos del mercado.

La Ley Nº 18.159 de Promoción y Defensa de la Competencia y la actuación de la Comisión de Defensa de la Competencia constituyen avances fundamentales en los temas de competencia en Uruguay. Sin embargo, la regulación de las fusiones y adquisiciones establecida en esta ley puede y debe mejorar. Actualmente, los artículos 7 y 8 determinan que la principal obligación que tienen las empresas para hacer una fusión o adquisición que no conduzcan a un monopolio es simplemente notificar a la Comisión. ¿Qué pasó en el caso de Colgate y Laboratorios Abarly? En el informe técnico Nº24/12 la Comisión de Defensa de la Competencia se limitó a informar que las empresas notificaron su decisión de compra-venta. En la resolución Nº 38/12 la Comisión declara haber sido notificada de la operación y que, por lo tanto, Colgate y Laboratorios Abarly cumplieron con la normativa. Así, esta compra fue realizada sin que existiera una evaluación previa de sus efectos potenciales. La Ley de Competencia no requiere la previa aprobación de las fusiones y adquisiciones por parte de la Comisión en base a estudios previos de su impacto potencial.

En síntesis, Uruguay debe cambiar la regulación para requerir la aprobación previa de las fusiones y adquisiciones en mercados concentrados donde la competencia se encuentre en potencial riesgo. Esta aprobación debe basarse en estudios técnicos que generen evidencia sobre sus potenciales efectos. Últimamente han existido en Uruguay algunas fusiones y adquisiciones en mercados ya muy concentrados. Existe la sensación de que Uruguay es un país caro y ello puede estar ligado a la existencia de concentración y la consiguiente falta de competencia. Mejorar la regulación sobre fusiones y adquisiciones es un cambio institucional necesario y relativamente fácil de implementar. Evaluar los efectos potenciales de estas operaciones antes de que sucedan permitiría eliminar una de las causas que permiten a las empresas tener más poder de mercado y encarecen los productos que consumimos.

Agradezco los comentarios de Leandro Zipitría y Fernando Rosenblatt.

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Sobre el autor
Sebastián Fleitas es economista graduado en la Universidad de la República y Profesor Asistente del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Actualmente se encuentra haciendo su Doctorado en Economía en la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Le interesan mucho todas las ramas de la Economía, pero se especializa en temas de Organización Industrial.

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Hace pocos días en Chile, la presidenta Bachelet anunció un paquete de medidas para “erradicar las malas prácticas” en la política. Presionada por una seguidilla de acontecimientos que cuestionaron la ética y probidad de buena parte del espectro político del país (así como a su propia familia y colaboradores), Bachelet decidió entregar un mensaje cargado de nuevas medidas para combatir el tráfico de influencias, los conflictos de interés y la corrupción.

Dentro de estas medidas –gran parte sugeridas por una comisión ad hoc liderada por el economista Eduardo Engel– se anunció el fortalecimiento y financimiento público a los partidos. Medida difícil y antipopular si consideramos que Chile cuenta con el más bajo índice de identificación partidaria de las Américas (según la encuesta LAPOP 2014, Chile está en la parte baja de la tabla sólo comparable con Guyana y Honduras) y que desde hace varios años su evaluación ha caído considerablemente. En efecto, la evidente pérdida de control de los partidos sobre sus funciones de intermediación consolidó el personalismo en buena parte de las dinámicas políticas del país. Es por ello que la propuesta de fortalecimiento de los partidos, es una respuesta a una realidad cada vez más consolidada, y por tanto insostenible para la supervivencia de la clase política.

Sin duda, los recientes eventos que destaparon la poco ética relación entre la política y el dinero, ayudaron a revelar el lado menos amable de nuestros partidos y competencia electoral. Se demostró –o más bién comprobó lo que hace mucho tiempo ha sostenido un grupo de académicos- que los partidos no tenían la capacidad orgánica para cordinar militantes, dirigentes y representantes, que sus raíces societales eran precarias al punto de perder todo contacto con el territorio y que su incidencia para proponer políticas públicas eran reemplazadas por tecno-políticos que manejaban su propia agenda dentro del poder ejecutivo. El destape se dio en un contexto de debilidad organizacional.

En efecto, al recorrer el país más allá del centro (aunque también ocurre en el centro), es fácil observar que los partidos han sido reemplazados por un fuerte personalismo en los territorios. Actualmente, en muchas zonas del país se convive con un sistema de partidos no tan fuerte, no tan institucionalizado y no tan programático como se creía. En los distritos y circunscripciones, se observan más oficinas parlamentarias que partidarias, más dinámicas electorales particularistas que programáticas, más personalismo que partidismo. Todo ello, transforma nuestro sistema político en un sistema frágil, suceptible de caer en el canto de sirenas del financiamiento irregular a las campañas.  ¿Cómo se configura esa realidad?  A continuación mostraré sucintamente algunas claves que considero relevantes para comprender lo que ha ocurrido en Chile.

La idea de lo inevitable…

Hace unos días Camilo Escalona, el ex senador y candidato a presidente del partido socialista (perdió recientemente con la Senadora Isabel Allende), señaló a una radio chilena que el alto costo de las campañas hacía incurrir “inevitablemente” en malas prácticas. La idea de lo “inevitable” tiene sentido en lógicas personalistas, atomizadas y sin una clara coordinación de los partidos. Cuando no existe la presencia de los partidos o cuando cada quién trabaja en función de su imagen personal y gestión particular, la competencia por los votos requiere de territorios segmentados, de insumos encarecidos, de información privilegiada y de financiamiento inmediato. Todo esto, para una política inserta en una sociedad desigual y con partidos precarios es, precisamente, el caldo de cultivo de las malas prácticas que ahora lloramos.

Contrario a lo que se podría pensar, el personalismo está presente en gran parte del territorio y desde hace mucho tiempo en Chile. En una de mis investigaciones de campo, estuve presente en una pequeña localidad cordillerana del sur de Chile. Luego de terminar una larga jornada de observación de la campañas, fui a entrevistar una antigua dirigente vecinal. Entre café de trigo y una serie de anécdotas, la dirigenta conversó sobre algo que consideraba común entre sus vecinos. “…la gente sabe que los políticos ayudan con cosas o trámites … he visto amenazas a los que están en contra… la gente cree que la controlan porque son gente de campo, se les engaña fácil…” Este relato reflejó de manera muy certera todo lo que ocurre con la dinámica política de movilización y vínculo en los territorios. Estas pequeñas frases que respondieron a su experiencia de dirigente, integraron tres requisitos básicos para pensar en las dinámicas particularistas: a) el vínculo en base a favores b) el entorno de inclusión-exclusión en base a amenazas y c) monitoreo en base al desconocimiento.

En muchas zonas de Chile, estas dinámicas emanan desde la propia competencia. Son los propios políticos quienes deben acoplarse (a pesar del alto costo que ello significa) a una lógica demandante de gestión y distribución de recursos. Quiénes han permanecido por un tiempo en zonas pequeñas, más aún, han trabajado políticamente en zonas rurales, seguro han observado el predominio de las dinámicas particularistas en los territorios. En el campo, es común toparse con articuladores que distribuyen elementos como harina, vaquillas, corderos, abarrotes, sacos de papas, vacunas de animales, canastas, planchas de Zinc. Es común también, la organización de bingos y eventos organizados por los propios políticos para satisfacer las demandas del propio electorado.

Esta dinámica (obviamente sujeta a las características de cada distrito o circunscripción) es a la que se enfrentan la mayor parte de los candidatos en Chile. Al ser ellos y no los partidos los que buscan la “propiedad” del territorio, se generan lógicas de distribución y gestión local basada en el posicionamiento individual del candidato. Estas acciones son producto de la inexistencia de una integración vertical entre las demandas de los ciudadanos y las soluciones públicas. El debilitamiento de los partidos en los territorios refleja –tal como señalan los colegas Fernando Rosenblatt y Juan Pablo Luna– una columna vertebral fracturada. Obviamente esta situación es costosa en insumos, en información y en segmentación. Es ahí donde se cae “inevitablemente” en el canto de las sirenas, en el financiamiento fácil (propio de una especulación) de grupos acostumbrados a cooptar políticos en función de sus intereses (así como lo hacen con todos los chilenos en pequeña escala).

En efecto, una dinámica particularista genera agentes de financiamiento oportunistas. El deseo de un político de aumentar sus chances de reelección, choca con fuerza a la necesidad de recursos inmediatos. El político sabe que la ganancia de los votos es una oportunidad de un solo momento, una oportunidad que puede ser capturada por cualquier otro con recursos, si no se bloquea con una buena oferta, una buena información y un buen despliegue de influencias. Es ahí donde los inescrupulosos actúan, precisamente ahí donde lo privado se apodera de los público y donde las decisiones públicas comienzan a ser, al igual que mercados sin regulación, panaceas de una distribución desigual.

¿Por qué fortalecer los partidos?

El desprestigio de los partidos es simplemente la consecuencia de su debilidad. Más específicamente, su desprestigio es producto de la debilidad para contener las irrupciones personalistas de sus miembros. Hoy los partidos en Chile (todos con más o menos intensidad) son buenas cáscaras para esconder caudillos. Hoy, la orgánica partidaria funciona con lo mínimo, con militantes esforzados que luchan contra los impulsos personalistas (más que organizacionales) de sus dirigentes y con simpatizantes nuevos que no saben a quién acudir, qué hacer y cómo plantear sus ideas.

Por ello, creo, las medidas de fortalecimiento partidario son importantes. La limpieza de padrones, el financiamiento público condicionado a transparencia, entre otras medidas, van por buen camino. Obviamente esto no es garantía de solución. Muchas de los problemas que ocurren -y ahora no se esconden- en Chile, son consecuencia de problemas estructurales e institucionales que no hemos sabido resolver y que trascienden de la simple regulación de la actividad partidaria. La creciente diferencia entre centro y las regiones, la constante desigualdad social y económica del país y el diseño de nuestras reglas electorales (que fomentan el personalismo), son, sin duda, las vallas más fuertes para avanzar en la consolidación de nuestro sistema de partidos.

Con todo, los eventos ocurridos han enseñado bastante a la clase política chilena. Les enseñó, fundamentalmente, a ser humildes y menos arrogantes respecto a la verdadero alcance de nuestro sistema político. Más específicamente, les demostró que, muy a pesar de lo que nuestras elites creían, la cáscara a la que transformaron los partidos, no alcanzó a esconder una realidad que es propia de nuestra realidad Latinoamérica, la facilidad de caer en los cantos de las sirenas.

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Sobre el autor
Sergio Toro es doctor en Ciencia Política y académico del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco. En su trayectoria ha escrito diversos artículos en libros y revistas internacionales como Electoral Studies, World Political Science Review, Revista de Ciencia Política, Política y Gobierno, entre otras. Ha sido investigador en la Corporación de Estudios para Latinoamérica, CIEPLAN y consultor para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD). Preside actualmente la Asociación Chilena de Ciencia Política (ACCP).

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