La Tertulia de los Viernes con Alejandro Abal, Mariana Blengio, Rafael Mandressi y Carolina Porley

En las últimas dos semanas los máximos responsables de las principales compañías de inteligencia artificial de Estados Unidos salieron a advertir sobre los riesgos que implica el desarrollo de los modelos más avanzados de esta tecnología.

El martes 8, Jacob Coxon, un investigador de la compañía Anthropic, creadora de la aplicación Claude de Inteligencia Artificial, renunció a su cargo y escribió un posteo en redes sociales que sacudió a buena parte del mundo.

Coxon aseguró que las personas que construyen IA “creen sinceramente que podría matarnos a todos antes de que acabe la década.” Agregó que su mensaje no era una maniobra de marketing y destacó que muchos ejecutivos e investigadores expresan ese temor en privado.

Cuatro días después, el propio CEO de Anthropic, Darío Amodei, salió a la opinión pública, respaldó a su ex colaborador y puso sobre la mesa una propuesta de regulación.

En una columna que publicó en su blog Amodei señaló: “Mi principal preocupación es que, desde este verano, la IA ha avanzado a un ritmo vertiginoso, impulsada principalmente por su creciente capacidad para crear la próxima generación de IA”. Es lo que se conoce como “automejora recursiva”. “Si no se controlara, podría superar nuestra capacidad de comprender y controlar estos sistemas”, alertó.

Apenas se conoció el artículo de Amodei, el líder de OpenAI, Sam Altman, y el director de xAI, Elon Musk, manifestaron sus coincidencias con el planteo.

Sam Altman escribió en sus redes: “Estoy de acuerdo con Dario en que hay que desacelerar el avance de los modelos de inteligencia artificial más potentes y avanzados”. Además, calificó como una muy buena idea el compromiso de Amodei de aceptar evaluadores independientes que tuvieran acceso permanente y con nivel similar al de un empleado.

Por su parte, Elon Musk fue mucho más breve: respondió solamente “Dario tiene razón”, en referencia al pedido de Amodei de desacelerar el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados.

Luego también expresaron su respaldo el número 1 de Google DeepMind y el director ejecutivo de Microsoft.

Jensen Huang, de Nvidia, y Mark Zuckerberg, de Meta, compartieron la importancia de la seguridad, aunque discreparon sobre la necesidad de nuevas regulaciones.

Este martes, aquí En Perspectiva, el ingeniero Eduardo Mangarelli señaló que en todas estas noticias es difícil distinguir entre los hechos objetivos y el ruido, y es complicado determinar qué hay detrás de estas declaraciones, si son una preocupación genuina por la seguridad, una estrategia para protegerse de futuras regulaciones o una forma de fortalecer la posición de las empresas en la competencia global, especialmente frente a China y a los modelos de código abierto.

Para la mesa de hoy, Rafael Mandressi propuso discutir este asunto a partir de otro enfoque, planteando la pregunta “¿cómo recibimos nosotros las advertencias de quienes están desarrollando estas herramientas?”.

Continúa en: Emmanuel Carrère, el célebre escritor francés, llega a Montevideo a fin de mes

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El 12 de agosto murió en Pekín, a los noventa y siete años, un hombre al que casi nadie recuerda fuera de China y sin el cual el mundo que tenemos no existiría: Zhu Rongji, el primer ministro que negoció la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. Cuatro semanas antes de su muerte, el Pew Research Center había publicado el resultado de una encuesta hecha a más de cuarenta y dos mil personas en treinta y seis países, y el titular era éste: en la mayoría de esos países, China tiene hoy mejor imagen que Estados Unidos, y Xi Jinping mejor imagen que Donald Trump.

Y este último fin de semana, en Nueva Delhi, Xi pisó suelo indio por primera vez en siete años para la cumbre de los BRICS, y habló ante los países que reúnen a la mitad de la población del planeta. De eso trata este programa. No de si China es buena o mala, sino de una pregunta más incómoda: cómo llegó a ganar una batalla de percepción que Estados Unidos venía ganando desde hacía ochenta años, qué parte de esa victoria es mérito propio y qué parte es abandono ajeno, y quién le va a tomar el examen que todavía no rindió.

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El debate sobre los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial volvió a instalarse en los últimos días, luego de que el CEO de Anthropic, Dario Amodei, advirtiera que estos sistemas avanzan a un ritmo vertiginoso y podrían superar la capacidad humana de comprenderlos y controlarlos.

En diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, el ingeniero en sistemas y decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT, Eduardo Mangarelli, señaló que la discusión está atravesada por distintos factores y que todavía resulta difícil establecer con claridad cuáles son las motivaciones detrás de las declaraciones de los principales referentes de la industria.

“Hoy es muy difícil distinguir realidad de ruido y es muy difícil entender de alguna de estas acciones cuál es realmente la intencionalidad”, dijo. En ese sentido, sostuvo que es necesario diferenciar “qué son hechos objetivos, qué se dijo, de qué es lo que está sucediendo por detrás”.

Para Mangarelli, las grandes compañías que desarrollan los llamados modelos de frontera están impulsando la creación de un marco regulatorio. Sin embargo, consideró que ese reclamo puede responder tanto a una preocupación genuina por la seguridad como a intereses económicos y competitivos.

“Lo que podemos interpretar es que hay un movimiento por parte de las empresas tecnológicas de inteligencia artificial en Estados Unidos por generar un marco regulatorio que genere cierto nivel de protección al sector”, explicó.

El especialista también se refirió al incidente entre OpenAI y Hugging Face, en el que agentes de inteligencia artificial protagonizaron una serie de ciberataques. Según Mangarelli, el episodio mostró la sofisticación de estos sistemas, pero también una serie de fallas humanas y empresariales.

“Esto no fue una rebelión de agentes, sino que esto fue un conjunto de negligencias en el proceso y un sistema que estaba configurado, diseñado y con la capacidad de violar una cantidad de procedimientos porque no estaba el marco adecuado para controlar”, sostuvo.

En su opinión, el episodio tampoco debería analizarse con términos que atribuyan a los sistemas comportamientos propios de las personas. “La realidad no es agentes que se sacrificaron. Estos sistemas están orientados para seguir un objetivo y van a ser extremadamente rigurosos en seguir ese objetivo”, explicó.

La competencia con China

Mangarelli vinculó el debate regulatorio con la competencia entre las empresas estadounidenses, los modelos chinos y los sistemas de código abierto. Recordó que el lanzamiento de un modelo chino de pesos abiertos tuvo un impacto negativo en la valoración de Anthropic en el mercado privado.

“Un cierto marco de regulación lo que podría implicar es bloquear o prohibir el uso de modelos chinos, particularmente en jurisdicción norteamericana”, señaló.

También mencionó las restricciones estadounidenses al acceso de China a los procesadores más avanzados de Nvidia y concluyó: “Hay una componente proteccionista tan explícita” en algunas de estas políticas.

Para el ingeniero, una regulación que imponga procesos complejos de certificación y evaluación podría terminar favoreciendo a las compañías que ya tienen mayores recursos. “Quienes están mejor posicionados para pasar por esos procesos son los más grandes, los más avanzados”, explicó. Por eso, advirtió que una regulación de ese tipo “podría transformarse en una protección para aquellos que hoy son los que están en ese” mercado.

Auditorías y automejora recursiva

Mangarelli consideró positivo que existan terceras partes que auditen el desarrollo de estos sistemas, siempre que sean verdaderamente independientes y cuenten con capacidad técnica y credibilidad.C

“No hay elemento para decir que no a que haya terceras partes creíbles auditando el desarrollo de estos sistemas”, afirmó. A su entender, esas organizaciones deberían tener “el conocimiento técnico, las credenciales, la reputación y la credibilidad” necesarias para realizar esa tarea.

En cuanto a la llamada automejora recursiva —la posibilidad de que los sistemas contribuyan a crear versiones posteriores de sí mismos—, sostuvo que todavía no está claro hasta qué punto esa tecnología se está utilizando, porque “no está públicamente documentado” cuánto han avanzado en ese campo los principales laboratorios.

De todos modos, remarcó que, si esos sistemas se autodesarrollan, será “extremadamente importante” poder “entender, auditar, monitorear y controlar estos sistemas que son desarrollados”.

Los riesgos más cercanos

Frente a las advertencias sobre la posibilidad de que una inteligencia artificial superinteligente provoque la extinción de la humanidad, Mangarelli consideró que se trata de una extrapolación extrema.

“Yo creo que eso es una proyección, una extrapolación llevada al extremo de las capacidades de estos sistemas”, dijo.

En cambio, identificó como amenazas más inmediatas los ataques contra infraestructuras críticas y la creciente dependencia de los sistemas informáticos. “Riesgos mucho más cercanos son incidentes de ciberseguridad”, sostuvo.

En esa lista incluyó posibles ataques contra el sistema financiero, los servicios esenciales y los sistemas que permiten el funcionamiento de los aviones. Según explicó, la complejidad de esos riesgos “es exponencialmente” mayor que algunos años atrás.

Por último, Mangarelli llamó a analizar el fenómeno con espíritu crítico y consultar distintas fuentes. “Mi invitación es, a la hora de leer, múltiples fuentes y tratar de tener una mirada muy amplia”, afirmó. Y agregó: “Hoy es difícil distinguir entre la realidad y el ruido”.

A pesar de las advertencias, también destacó los beneficios de estas herramientas. “Estas mismas herramientas tienen un impacto real, genuino, en múltiples aspectos”, dijo, y mencionó sus aplicaciones en el descubrimiento de tratamientos contra el cáncer, el análisis de proteínas y la evaluación de compatibilidad entre medicamentos.

Para el ingeniero, el desafío consiste en combinar el desarrollo responsable con controles adecuados: “Más allá de la productividad de las personas y de las empresas, también hay otra derivada de esto, que es la genuina mejora de la calidad de vida de las personas”.

Materiales complementarios

Columna de Dario Amodei, cofundador y CEO de Anthropic

https://darioamodei.com/post/we-must-pace-the-frontier

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La Mesa Internacional con Leo Harari y Gonzalo Oleggini

El conflicto entre Estados Unidos e Irán, que comenzó el 28 de febrero, dejó de ser considerado un episodio breve y de impacto limitado para convertirse en un enfrentamiento de múltiples dimensiones.

Pasados ya los seis meses de enfrentamientos, persisten las dificultades para alcanzar una negociación entre las partes y la guerra acumula impactos negativos sobre la seguridad regional, la navegación internacional y la economía mundial.

En las últimas semanas, Washington reforzó la presión sobre Teherán mediante nuevas sanciones y un bloqueo naval de los puertos iraníes, en respuesta al control asumido por el régimen de los ayatolás sobre el estrecho de Ormuz, una zona clave para el transporte internacional de hidrocarburos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra podría terminar después de las elecciones de medio término que tendrán lugar en su país en noviembre, aunque también admitió que podría concluir antes. Sostuvo que Irán busca “desesperadamente” un acuerdo y volvió a advertir que Teherán no tendrá un arma nuclear.

Irán, por su parte, busca recomponer sus vínculos con algunos países del Golfo cercanos a Estados Unidos. El presidente Massoud Pezeshkian dijo que es necesario “dar vuelta la página” en la relación con Emiratos Árabes Unidos, en un gesto de distensión que se produjo durante la cumbre de los BRICS en India.

La semana pasada el conflicto se proyectó sobre el mar Rojo, donde los rebeldes hutíes, aliados de Irán, tomaron el control de una isla en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, una vía alternativa para la salida del petróleo de Arabia Saudita, lo que reavivó los temores sobre la seguridad de la navegación comercial y presionó al alza los precios del crudo.

¿Por qué la guerra ha seguido alargándose, con tantas repercusiones geopolíticas y económicas? ¿Cuándo será posible cerrarla? ¿Logrará Estados Unidos alguno de los objetivos que anunció al iniciar las hostilidades?

Viene de: ¿Qué dejó la Cumbre de los BRICS en India?

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Foto: Oficina de Información de Prensa de la India / AFP

La Mesa Internacional con Leo Harari y Gonzalo Oleggini

Los líderes de los países miembros del bloque de los BRICS, que incluye a China, Rusia e India, concluyeron este domingo una cumbre de dos días con un llamado a promover la cooperación y el "crecimiento económico mundial inclusivo".

El anfitrión de la cumbre, el primer ministro indio, Narendra Modi, invitó a sus socios a la cooperación, ya que, destacó, los países del bloque "representan a la mitad de la población mundial, el 40% del PIB del planeta y más de una cuarta parte del comercio internacional". "La fuerza de los BRICS reside en nuestra diversidad y en nuestra cooperación", señaló Modi ante los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin.

"Puede ser que afrontemos realidades diferentes, pero podemos avanzar juntos mediante la cooperación para impulsar el progreso de la humanidad", agregó.

Por su parte, Putin dijo que el bloque actuaba en favor de un "orden mundial multipolar nuevo y más justo".

A su vez, Xi apuntó que "un mundo sin reglas es como un cruce de calles sin semáforos: el caos y el desorden son inevitables".

El bloque de los BRICS fue creado en 2009 para reunir a las grandes economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China y posteriormente Sudáfrica) al margen de las instituciones dominadas por Estados Unidos y las potencias occidentales, como el G7.

Desde entonces, se ha ampliado, incorporando, entre otros, a Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

El sábado, los jefes de Estado y de Gobierno lograron superar sus diferencias sobre la guerra en Medio Oriente para divulgar una declaración conjunta en la que exhortaron a las partes del conflicto a ejercer la "máxima moderación".

En ese texto, además, los líderes de los BRICS reafirmaron su "apoyo a un sistema comercial multilateral no discriminatorio, abierto, equitativo, transparente, justo, inclusivo, previsible y basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el centro".

A menos de dos semanas de la visita de Xi a Washington, el mandatario chino llamó al bloque a "rechazar todas las formas de proteccionismo" y a "apoyar el sistema comercial multilateral". Era, evidentemente, una alusión a la guerra arancelaria impulsada en múltiples frentes por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

La participación de Xi en la cumbre también fue importante porque se trató de su primera visita a India desde los incidentes militares fronterizos que tensaron la relación entre los dos países en 2020; fue además el paso más significativo hasta ahora en el vínculo entre las dos potencias nucleares rivales.

"Aunque nuestros dos países son diferentes en muchos aspectos, son plenamente capaces de complementar las fortalezas del otro, apoyarse mutuamente, alcanzar el éxito conjunto y avanzar juntos", dijo Xi durante su reunión con Modi.

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China pasó de ser el principal socio comercial de 30 países hace dos décadas a serlo de unos 80 en la actualidad. En América Latina, ese crecimiento se apoyó primero en el comercio, luego en las inversiones y más tarde en el financiamiento. Para Francisco Urdinez, doctor en Relaciones Internacionales y autor del libro Desplazamiento económico: China y el final de la primacía de Estados Unidos en América Latina, el avance chino no respondió únicamente a una estrategia de Pekín.

“Estados Unidos, empresas y capitales pierden influencia en América Latina y se generan espacios de oportunidad que muy pronto las empresas, bancos y comerciantes chinos ocupan”, explicó Urdinez en entrevista con Emiliano Cotelo en En Perspectiva.

El investigador ubica un punto de inflexión en el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, en 2001. A partir de entonces, aumentaron los acuerdos comerciales, las visitas oficiales y las inversiones. Más adelante llegaron los créditos y el financiamiento para grandes proyectos de infraestructura.

“La complementariedad de nuestras economías con ellos es enorme: necesitan lo que vendemos”, señaló. En el caso de Uruguay, sostuvo, el vínculo se concentra especialmente en el comercio, mientras que las inversiones y el financiamiento chino tienen un peso menor que en otros países de la región.

Una influencia económica con consecuencias políticas

El desplazamiento económico de Estados Unidos tuvo consecuencias políticas, según Urdinez. A medida que China se convirtió en el principal socio comercial de varios países latinoamericanos, sus gobiernos obtuvieron un mayor margen para no seguir automáticamente las posiciones de Washington.

“Lo que provoca es una erosión de la capacidad estadounidense de proponer o movilizar políticamente sus intereses en la región”, afirmó. Esa autonomía se expresa, entre otros ámbitos, en las votaciones de organismos internacionales sobre derechos humanos, promoción democrática o el conflicto entre Israel y Palestina.

Urdinez aclaró que el mayor peso económico de China no siempre se traduce en victorias políticas para Pekín. “Aún a China le ha costado traducir su enorme peso económico en resultados políticos concretos”, dijo. Sin embargo, su presencia permite que los países latinoamericanos tengan “un margen de maniobra mayor” frente a Estados Unidos.

La reacción estadounidense, según el investigador, llegó tarde. Washington comenzó a modificar su mirada sobre China alrededor de 2017, cuando ya Pekín era el principal socio comercial de buena parte de América del Sur.

“La reacción fue muy brusca y muy sorpresiva para América Latina”, sostuvo Urdinez. Estados Unidos empezó a marcar qué vínculos con China eran aceptables y cuáles no, pero sin ofrecer alternativas económicas equivalentes. “No hagas el cable y arreglate”, resumió al referirse a la presión estadounidense que llevó a cancelar un proyecto de cable submarino entre Chile y China.

Una región entre dos potencias

El escenario actual es especialmente complejo para los países latinoamericanos que dependen comercialmente de China, pero mantienen vínculos políticos, militares, monetarios y culturales más estrechos con Estados Unidos.

“Es imposible quedar bien con ambos, con Dios y con el diablo”, afirmó Urdinez. Chile es uno de los casos más delicados: exporta alrededor de 40% de sus bienes a China, tiene un tratado de libre comercio con ese país y, al mismo tiempo, recibió recientemente aranceles estadounidenses.

Uruguay exporta a China entre 26% y 27% de sus bienes, una proporción menor que la chilena, pero igualmente significativa. Para Urdinez, la relación con Pekín tiene un carácter estructural. “Va por fuera de los canales de la voluntad política de los presidentes”, explicó. Revertirla exigiría “diez años de deshacer una relación que se hizo por 25”.

Ante este panorama, el investigador considera que los países latinoamericanos deberían coordinar sus políticas, evitar alineamientos automáticos y mantener una posición de equilibrio. Sin embargo, distingue entre lo que los países deberían hacer y lo que efectivamente pueden hacer.

“En el cómo deben nos vamos a poner más de acuerdo”, sostuvo. En su opinión, la integración regional es central y los países deberían transmitir su malestar tanto a China como a Estados Unidos cuando alguna de las potencias avance sobre sus límites.

Pero “lo que se puede hacer es bastante poco”, advirtió. Para los países pequeños, desafiar abiertamente a Estados Unidos puede tener costos elevados. Por eso, si fuera asesor de un gobierno, intentaría “pasar desapercibido, intentar no llamar la atención, estar debajo del radar”.

El riesgo de la reprimarización

El avance comercial de China también tiene un costo económico para América Latina. De acuerdo con Urdinez, los datos muestran que la relación con Pekín produjo una reprimarización de las exportaciones regionales.

“Desde que nos vinculamos con China, exportamos más commodities y somos más incapaces de vender bienes industriales que antes del boom chino”, afirmó.

La región exporta cada vez más materias primas e importa bienes industriales y tecnológicos de mayor sofisticación. El desafío, explicó, es evitar que la relación quede limitada a la extracción de recursos naturales.

El caso del litio muestra esa tensión. Países como Chile, Bolivia y Argentina buscan que la explotación del mineral genere algún tipo de industrialización local, pero las empresas chinas prefieren extraerlo y procesarlo en China. “Lo que les facilita la vida es venir, extraer y exportar a China el litio que se procesa en China”, señaló.

En ese sentido, Urdinez observa una contradicción entre el discurso chino de cooperación entre países en desarrollo y una relación económica que tiende a profundizar la dependencia de las materias primas.

“El mundo de la previsibilidad se ha acabado”

Para el investigador, la disputa entre China y Estados Unidos forma parte de una transformación más amplia del sistema internacional. “El mundo de la previsibilidad, de las reglas y del libre comercio se ha acabado”, afirmó.

Urdinez sostuvo que no se trata de una pausa o de una crisis pasajera. “El equilibrio que lleva ya casi 10 años roto no se va a reponer”, dijo.

La dificultad, añadió, está en que las sociedades tienden a acostumbrarse a situaciones excepcionales. “El ser humano tiene una particularidad, que es que normaliza situaciones que son totalmente atípicas”, señaló. En ese contexto, los países latinoamericanos deben tomar decisiones en un escenario de creciente inestabilidad y con márgenes de maniobra cada vez más estrechos.

“Estamos adaptándonos a una realidad donde algunos países están tremendamente integrados a China y mucho de lo que hacen es visto con malos ojos por Estados Unidos”, concluyó.

La entrada Desplazamiento económico: Cómo China avanzó en América Latina a partir del repliegue de Estados Unidos. “El éxito de Pekín se basó en que supo interpretar la demanda local”, dice Francisco Urdinez (Pontificia Universidad Católica, Chile) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Juan Barreto / AFP

La visita a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la firma de nuevos acuerdos con compañías petroleras internacionales marcaron un nuevo capítulo en la relación entre Washington y Venezuela.

Wright supervisó la firma de convenios con empresas como Chevron y Eni, que operarán distintos bloques bajo nuevos contratos de producción. Además, el gobierno venezolano suscribió acuerdos con GE Vernova, de General Electric, para reparar parte de la red eléctrica del país.

Los acuerdos se conocieron una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara lo que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, por el que Estados Unidos pasaría a tener control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles de las reservas de crudo venezolanas.

En declaraciones a la cadena CNBC, Wright sostuvo que el pacto implicará “decenas de miles de millones de dólares en inversiones” y permitirá generar “miles de puestos de trabajo” en Venezuela. También afirmó que la producción petrolera del país, actualmente estimada en 1,2 millones de barriles diarios, podría superar los dos millones de barriles por día hacia finales de esta década.

En diálogo con Emiliano Cotelo, el periodista y corresponsal de En Perspectiva en Caracas Omar Lugo advirtió que todavía existen importantes interrogantes sobre el alcance de los acuerdos.

“Esto sigue teniendo enormes signos de interrogación”, dijo. Para Lugo, el nuevo escenario no puede analizarse únicamente como un pacto comercial, porque forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para la región.

“Esto es básicamente lo que se está materializando ahora”, señaló, en referencia a lo que definió como una reedición de la doctrina Monroe y a un intento de aumentar el control estadounidense sobre el continente americano.

Según el periodista, el petróleo estaba detrás de buena parte de la presión ejercida por Estados Unidos sobre el gobierno venezolano. Sin embargo, afirmó que la democratización de Venezuela no parece ser una prioridad para la administración de Trump: “La democracia para Estados Unidos, por lo menos el Estado de Trump, no es una prioridad”.

El nuevo esquema petrolero

Lugo explicó que varias de las empresas que ahora ampliarán sus operaciones ya estaban presentes en Venezuela. Entre ellas mencionó a Chevron, que continuó trabajando en el país incluso durante la ola de estatizaciones impulsada por el chavismo.

“Chevron se mantuvo operando y ahora en esta nueva fase promete, dice que va a invertir 7.000 millones de dólares para duplicar su producción actual”, dijo. Según detalló, la compañía produce actualmente unos 240.000 barriles diarios y parte de esa producción le ha permitido cobrar deudas que mantenía el gobierno venezolano.

También mencionó las operaciones de Repsol y Eni, que durante los últimos años mantuvieron una participación limitada, con bajo nivel de inversiones. En la nueva etapa, agregó, esas compañías se proponen ampliar sus operaciones con el respaldo y las garantías de Estados Unidos.

Pero, según Lugo, el aspecto más llamativo del pacto es el acuerdo bilateral entre Washington y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, por el cual Venezuela entregaría a Estados Unidos el 20% de sus reservas petroleras durante un período de 100 años.

“Esto es sin ninguna licitación, sin ninguna aprobación del Congreso, de la Asamblea Nacional”, dijo. A su entender, la operación es “muy opaca” y todavía no se conocen todos sus detalles.

El acuerdo se instrumentaría a través de una empresa privada denominada NABEP, en la que Estados Unidos tendría directamente el 35% de las acciones. Lugo sostuvo que el 20% de la producción actual y futura de esa compañía debería ser entregado a Washington a precio de costo, mientras que Estados Unidos tendría prioridad para comprar el resto: “Estados Unidos convierte a Venezuela poco menos que en una estación de nafta, como dicen en el sur, a la gasolina”.

Lugo explicó que la empresa comenzó a extraer petróleo hace aproximadamente dos años, mediante la subcontratación de empresas operadoras en distintos campos venezolanos. Según señaló, ahora se convertiría en el intermediario entre Venezuela y Estados Unidos. “Esta empresa existía, pero ahora es convertida en el intermediario entre Venezuela y Estados Unidos”..

El corresponsal destacó que Washington ingresaría al negocio petrolero venezolano a través del Pentágono. “El país más poderoso del mundo, a través de su Ministerio de Defensa, se convierte en productor de petróleo en Venezuela”, señaló.

China y Rusia, fuera del nuevo reparto

Lugo sostuvo que los acuerdos no son exclusivos para empresas estadounidenses, pero sí dejan deliberadamente afuera a compañías de China, Rusia, Irán, Cuba y Corea del Norte: “La doctrina Trump apunta claramente y expresamente a sacar estos actores de América y especialmente del manejo estratégico de la energía”.

Durante los años de mayores sanciones, empresas estatales y privadas de China, además de compañías iraníes y rusas, ayudaron a mantener operativa —aunque de forma precaria— a la industria petrolera venezolana.

Entre China y Rusia, explicó, llegaron a producir aproximadamente una cuarta parte del volumen de petróleo que se extraía en el país. Sin embargo, varias empresas chinas comenzaron a vender sus participaciones, mientras que las compañías rusas redujeron sus operaciones por temor a confiscaciones de activos o a nuevas sanciones internacionales.

“Este es un país sin ninguna autonomía real en esos términos”, dijo Lugo.

Un acuerdo que fortalece a Delcy Rodríguez

El periodista también analizó las consecuencias políticas del pacto. Según explicó, dentro del chavismo el ministro de Defensa, Gustavo González López, presentó los acuerdos como una forma de transformar “un conflicto político en una cooperación económica”.

“Es una decisión de ir a la paz, no una subordinación”, dijo el ministro, de acuerdo con Lugo.

Sin embargo, para el corresponsal, el acuerdo contradice el discurso que el chavismo sostuvo durante las últimas tres décadas y, al mismo tiempo, consolida a Delcy Rodríguez en el poder y “a estos herederos de Nicolás Maduro, que es el chavismo con otra pinta, y aleja la posibilidad de unas elecciones”.

Tanto Donald Trump como Delcy Rodríguez han dicho que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones. Lugo consideró que esa posición genera una contradicción evidente.

“Estados Unidos le está otorgando al chavismo todas las cosas que el chavismo quiere para preservarse en el poder, pero le está exigiendo a cambio una contraprestación muy precaria en términos de democracia”, dijo Lugo. 

Dudas legales y falta de garantías electorales

Lugo indicó que la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, respaldó los acuerdos. También señaló que los principales dirigentes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, no se han pronunciado oficialmente sobre el pacto.

Varios dirigentes opositores, agregó, cuestionaron la opacidad del acuerdo y la participación del empresario Alejandro Betancourt, pero evitaron formular un rechazo contundente debido a que todavía no se conocen todas las condiciones.

El periodista sostuvo que varios juristas consideran que el pacto podría ser impugnado por un futuro gobierno venezolano.

“Esto puede ser impugnado por cualquier gobierno que llegue a Venezuela porque es inconstitucional”, dijo. Según explicó, la Constitución venezolana no permite acuerdos de ese tipo sin aprobación legislativa y establece que el Estado debe conservar el dominio sobre sus reservas y recursos naturales.

En cuanto a las elecciones, Lugo sostuvo que todavía no se han producido avances suficientes para garantizar una competencia transparente. Mencionó la falta de actualización del registro electoral, las restricciones a partidos y dirigentes opositores y la imposibilidad de que miles de venezolanos residentes en el exterior puedan votar. “En esas condiciones, obviamente no hay cómo hacer unas elecciones transparentes y verificables”. 

Economía precaria y servicios públicos en crisis

Lugo describió la situación económica venezolana como precaria. Dijo que no ha habido aumentos salariales y que los jubilados, pensionados y trabajadores estatales se encuentran entre los sectores más empobrecidos.

Según señaló, el bolívar acumuló una pérdida de valor adquisitivo cercana al 48% en lo que va del año y el país continúa registrando una de las inflaciones más altas del mundo.

“El gobierno dice que la economía está creciendo ininterrumpidamente por 20 trimestres consecutivos, pero la gente común en la calle no percibe nada de esto”.

También advirtió que los apagones diarios se agravaron en todo el país. Fuera de Caracas, sostuvo, hay zonas donde los habitantes pasan en promedio unos 90 días al año sin electricidad, con cortes que pueden extenderse durante cuatro, seis o diez horas.

La reparación del sistema eléctrico sería clave para recuperar la producción petrolera, pero Lugo advirtió que la industria tiene un margen limitado de crecimiento luego de años de malos manejos, corrupción y sanciones: “La industria petrolera venezolana tiene poco margen para crecer sin que lleguen enormes inversiones y que esas inversiones después bajen como una cascada hacia el resto del país”.

“La industria petrolera en ningún país del mundo es de empleo masivo de la gente”, agregó. Su impacto, señaló, depende de cómo el gobierno administre los recursos fiscales que genera.

Presos políticos y libertad de prensa

Sobre la situación de los presos políticos, Lugo dijo que se han producido excarcelaciones, pero no liberaciones plenas, ya que muchas personas permanecen sujetas a medidas restrictivas. “Quedan más de 150 presos políticos, civiles y militares”, dijo.

El periodista sostuvo que algunos dirigentes políticos regresaron del exilio o salieron de la clandestinidad y retomaron su actividad pública. A su entender, el gobierno venezolano evita nuevas detenciones abiertas porque eso resultaría demasiado costoso para Washington.

“Para Estados Unidos sería demasiado escandaloso que afuera se sepa, en medio de este proceso electoral, que sigue aliado con un gobierno que encarcela a personas arbitrariamente”, señaló.

De todos modos, advirtió que continúa la restricción a la libertad de prensa, el bloqueo de portales y la censura. “Los periodistas estamos desafiando esa censura todos los días y el riesgo se mantiene”.

Para Lugo, la principal conclusión del nuevo escenario es que la administración Trump parece haber priorizado el acuerdo petrolero por encima de la transición democrática. “Lo que hay evidencia es que el chavismo se atornilla en el poder gracias al que fue su archienemigo histórico durante 30 años. Es una novela: tú lo pones en un guion y te da una excelente historia, en términos de lo entretenido y los giros que ha dado esto a lo largo de los meses”, concluyó.

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Presenta: Lenovo

El lanzamiento del videojuego GTA VI es uno de los más esperados de la historia del rubro para los gamers, pero también, se anuncia por los especialistas como uno de los grandes fenómenos del año en materia cultural, tecnológica y económica.

La nueva entrega del estudio Rockstar Games llega más de una década después de GTA V, un título lanzado en 2013 que vendió aproximadamente 230 millones de copias.

Por ejemplo, ahora el lanzamiento de este videojuego entró en la estrategia de retención de una unidad militar de Estados Unidos. Un batallón del Ejército en Georgia decidió entregar cuatro días libres para jugar para quienes renueven su contrato antes de la salida del videojuego, prevista para noviembre, según informó CBS News. Por otro lado, la empresa Burger Motorsports decidió cerrar sus puertas directamente el día del lanzamiento para no tener a sus trabajadores distraídos.

La expectativa aumentó en las últimas semanas con la circulación de videos e imágenes aparentemente filtrados del juego por parte de un perfil identificado como CyberLeek. El lanzamiento de GTA VI está programado para el 19 de noviembre.

¿Qué representa este juego para la industria del videojuego? ¿Cómo reacciona la comunidad de jugadores? ¿Qué hay detrás de este fenómeno mundial que genera tanta expectativa?

Romina Andrioli conversó con Nacho Martínez, creador de contenido de videojuegos y tecnología.

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El estrecho de Ormuz está cerrado desde marzo. Lo cerró Irán, lo anunció al mundo, y por ese estrecho pasaba antes de la guerra alrededor de la quinta parte del petróleo que consume el planeta. Un cierre así debería haber producido la mayor crisis energética desde los años setenta. No la produjo.

Y la explicación es esta: funcionarios estadounidenses reconocieron que unos diez millones de barriles diarios circulan por un corredor que el propio ejército de los Estados Unidos estableció frente a la costa de Omán, con buques que apagan sus transpondedores de noche y trasvasan la carga a otros barcos en alta mar. Es decir: el estrecho está cerrado y el petróleo pasa, pero pasa por donde Washington decide y cuando Washington lo permite. 

De eso trata este programa: de que el bloqueo no es un bloqueo sino un peaje, de que esa distinción explica por qué esta guerra no termina, y de que detrás de todo esto hay un descubrimiento mucho más grande e infinitamente más incómodo — que el poder militar de los Estados Unidos tiene un techo material, que ese techo se alcanzó, y que el mundo entero está tomando nota.

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Presenta: Lenovo

Durante años, las empresas tecnológicas defendieron una idea sencilla: las redes sociales son herramientas que las personas utilizan libremente y la responsabilidad por el tiempo de uso corresponde, en última instancia, a cada usuario y a su familia.

El acuerdo alcanzado por Meta con una coalición de estados y territorios de Estados Unidos cuestiona esa explicación. La empresa propietaria de Facebook e Instagram aceptó pagar hasta 18.000 millones de dólares y modificar la forma en que sus plataformas funcionan para los adolescentes.

Meta no reconoció haber cometido irregularidades. La empresa negó las acusaciones y afirmó que está comprometida con la seguridad de los jóvenes. Pero decidió cerrar el juicio antes de exponerse a una eventual condena que podía implicar sanciones cercanas a los 200.000 millones de dólares.

El acuerdo todavía debe ser aprobado por un juez. Si se confirma, será uno de los mayores arreglos judiciales alcanzados por una empresa tecnológica y puede convertirse en una referencia para otros casos contra redes sociales.

De la responsabilidad individual al diseño de las plataformas

El centro de la discusión no es solamente cuánto tiempo pasa un adolescente en Instagram o Facebook. La pregunta es qué hacen las plataformas para conseguir que ese tiempo se extienda.

Los estados que demandaron a Meta sostuvieron que la empresa diseñó sus productos para captar la atención de niños y adolescentes y mantenerlos conectados. Entre las funciones cuestionadas aparecen la reproducción automática de videos, las historias de Instagram y las notificaciones que invitan a volver a la aplicación.

Estas herramientas forman parte de la experiencia cotidiana de cualquier usuario. Un video comienza cuando termina el anterior; una historia lleva a otra; una notificación interrumpe una actividad y propone regresar a la pantalla. El planteo judicial es que ese diseño no es accidental: está orientado a aumentar la permanencia y la frecuencia de uso.

La acusación también sostiene que Meta conocía los posibles efectos negativos de sus plataformas. Durante el proceso aparecieron documentos internos que, según los fiscales generales, mostraban que algunos responsables de la empresa estaban al tanto de problemas vinculados con el uso de las redes y no tomaron medidas suficientes.

La discusión tiene una dimensión económica. Cuanto más tiempo permanece una persona en una plataforma, más oportunidades tiene la empresa de mostrarle publicidad y recopilar información sobre sus intereses y comportamientos. Los menores, por su edad, pueden tener más dificultades para comprender esas dinámicas y para regular su propia exposición.

Qué cambia para los adolescentes

El acuerdo establece restricciones que estarán activadas por defecto para los usuarios menores de 18 años.

Facebook e Instagram deberán establecer un límite diario de dos horas. El acceso quedará bloqueado durante la noche, entre la medianoche y las seis de la mañana, salvo que exista autorización de los padres o tutores. También se desactivarán la mayoría de las notificaciones durante el horario escolar, entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde.

La empresa deberá reforzar la verificación de edad y eliminar las cuentas de menores de 13 años. Esa edad ya era, en teoría, el límite mínimo para utilizar las plataformas, pero hasta ahora el control dependía en buena medida de la información declarada por el propio usuario.

También se prevén cambios en los mecanismos de denuncia. Meta deberá ofrecer herramientas más eficaces para reportar contenidos dañinos y responder rápidamente a esos avisos.

El número de “me gusta” y reacciones dejará de estar visible para los usuarios menores de 18 años. Además, se prohibirán ciertos filtros vinculados con procedimientos cosméticos.

La lógica del acuerdo es modificar la configuración inicial. El adolescente no tendrá que activar manualmente un límite o pedir a sus padres que bloqueen las notificaciones: las restricciones estarán aplicadas desde el comienzo y solo podrán flexibilizarse con autorización adulta.

Un cambio importante, pero no una transformación total

El acuerdo no obliga a Meta a abandonar su modelo de negocio. La empresa podrá continuar utilizando recomendaciones personalizadas y publicidad dirigida. Tampoco se establece que todos los contenidos relacionados con salud mental, imagen corporal o trastornos alimentarios deban desaparecer de las plataformas.

Por eso, el pacto tiene un alcance relevante, pero limitado. Cambia los horarios, las notificaciones, el control de edad y algunos elementos de la interfaz. No modifica completamente la lógica de funcionamiento de Facebook e Instagram.

Además, las medidas se aplicarán como consecuencia de un acuerdo con autoridades estadounidenses. No significa automáticamente que las mismas restricciones vayan a regir en Uruguay o en el resto del mundo.

Meta puede decidir extenderlas internacionalmente, especialmente si busca presentar el acuerdo como un nuevo estándar de la industria. Pero también podría aplicar condiciones diferentes según la legislación de cada país.

Por qué el acuerdo puede afectar a toda la industria

Meta no es la única empresa involucrada en la discusión. Los jóvenes utilizan varias plataformas y se trasladan de una a otra. Si Instagram limita el tiempo de uso, el usuario puede pasar a TikTok, YouTube, Snapchat, Discord o cualquier otro servicio.

La propia Meta utilizó ese argumento para pedir que sus competidores adopten medidas similares. Parte del acuerdo económico quedaría condicionada a que TikTok y YouTube establezcan restricciones comparables.

Esto plantea un problema de coordinación. Si una empresa limita el acceso de los adolescentes pero las demás mantienen sus prácticas, los usuarios pueden desplazarse a otra plataforma. Si todas las empresas aplican controles semejantes, el efecto puede ser mucho mayor.

La decisión de Meta también puede influir en los miles de juicios que se tramitan en Estados Unidos contra empresas de redes sociales. Muchos fueron iniciados por jóvenes y familias que sostienen que las plataformas provocaron adicción o agravaron problemas psicológicos.

El acuerdo no determina que toda utilización intensa de una red social produzca un daño ni establece una relación automática entre el uso de una plataforma y un problema de salud mental. Pero sí acepta que el diseño del producto puede ser relevante para evaluar la responsabilidad de la empresa.

La diferencia es importante desde el punto de vista jurídico. No se trata de afirmar que una aplicación cause por sí sola depresión, ansiedad o una conducta adictiva en todos los adolescentes. La tesis de los estados es más concreta: si una empresa conoce que determinadas funciones favorecen el uso compulsivo, oculta esa información o las dirige especialmente a menores, el modo en que construyó el producto puede convertirse en evidencia de negligencia o de una práctica empresarial dañina. El foco pasa así del comportamiento aislado del usuario a las decisiones de diseño y la información que la empresa tenía disponible.

Las dudas sobre la verificación de edad

Uno de los mayores desafíos será saber cómo se implementará el control de edad.

Para evitar que un niño de 12 años abra una cuenta declarando que tiene 18, las plataformas deberán recurrir a mecanismos más precisos. Pero esos sistemas pueden exigir información personal adicional y generar nuevos riesgos para la privacidad.

También existe el riesgo de los errores. Un control puede bloquear a un adolescente que sí tiene la edad permitida o permitir el acceso a alguien menor. Otra posibilidad es que los usuarios intenten eludirlo utilizando cuentas ajenas, datos falsos o dispositivos de otras personas.

La autoridad británica Ofcom, que estudió los sistemas de verificación de edad, concluyó que no existe un método único capaz de eliminar por completo el riesgo de evasión. Por eso, se plantea combinar distintas capas de protección: las plataformas, las tiendas de aplicaciones, los sistemas operativos y los dispositivos.

La idea de las capas busca evitar que toda la responsabilidad recaiga en un único control, fácilmente burlable. Una plataforma puede estimar la edad a partir de una cuenta; una tienda de aplicaciones puede exigir una autorización; el sistema operativo puede aplicar controles horarios, y el dispositivo puede incorporar límites familiares. En conjunto, esos filtros permitirían detectar inconsistencias y reducir los atajos, aunque también multiplican los actores que manejan datos sensibles. El desafío es lograr una protección efectiva sin crear una infraestructura de vigilancia permanente ni obligar a los jóvenes a entregar más información personal de la necesaria.

Pero claro…. La verificación de edad tampoco resuelve por sí sola el problema del contenido dañino. Un adolescente puede tener la edad permitida para acceder a una red y, aun así, encontrarse con material perjudicial o con recomendaciones que refuercen conductas problemáticas.

Tres modelos internacionales

El acuerdo con Meta forma parte de una tendencia internacional que busca limitar la exposición de los menores a los riesgos de internet, aunque los países están tomando caminos diferentes.

Australia adoptó el modelo más restrictivo. Desde el 10 de diciembre de 2025, muchas plataformas no pueden permitir que los menores de 16 años tengan cuentas. La norma obliga a las empresas a tomar medidas razonables para impedir la creación y el mantenimiento de esas cuentas.

La obligación recae sobre las plataformas, no sobre los adolescentes ni sobre sus familias. Las empresas deben demostrar que adoptan medidas razonables de comprobación y pueden enfrentar sanciones si no lo hacen. El modelo australiano es atractivo para quienes priorizan una regla clara y fácil de comunicar, pero deja abiertas preguntas difíciles: cómo se comprueba la edad sin construir bases de datos invasivas, cómo se contemplan los errores y qué ocurre con los jóvenes que usan esas plataformas para informarse, expresarse o pedir ayuda.

Estados Unidos, a través del acuerdo con Meta, avanza por otra vía: mantiene el acceso de los adolescentes, pero fija horarios, límites de uso y restricciones en determinadas funciones.

Europa utiliza principalmente un modelo regulatorio. El Reglamento de Servicios Digitales establece obligaciones de transparencia, mecanismos de denuncia y mayor supervisión sobre las plataformas de gran tamaño. La Unión Europea también elaboró orientaciones específicas para mejorar la protección de los menores en internet.

En la práctica, el modelo europeo no establece una única edad de prohibición para todas las redes. Exige que las plataformas de muy gran tamaño identifiquen y reduzcan riesgos vinculados con la seguridad, la salud mental y la exposición de los menores; que expliquen mejor cómo funcionan sus sistemas de recomendación; y que ofrezcan mecanismos accesibles para denunciar contenidos o decisiones de moderación. Las orientaciones de la Comisión Europea también apuntan a que las cuentas de menores tengan configuraciones privadas por defecto, que se reduzca el contacto no deseado y que no se utilicen los datos de los niños para publicidad personalizada. Este es un enfoque que intenta actuar sobre el entorno digital completo, no solamente sobre la cantidad de horas de conexión.

El Reino Unido avanza hacia una combinación de ambos enfoques. Ofcom informó que los controles de edad están creciendo, pero advirtió que todavía es necesario fortalecerlos. En junio de 2026, el gobierno anunció que las plataformas de redes sociales no podrán ofrecer sus servicios a menores de 16 años, con entrada en vigor prevista para la primavera de 2027. La discusión británica, sin embargo, no se limita a la edad: también incluye qué servicios quedarían comprendidos, cómo se tratarían los videojuegos y los chats, qué excepciones habría y cómo se evitaría que los controles expongan la identidad de los menores. El caso muestra que una prohibición puede ser políticamente contundente, pero su eficacia dependerá de la definición técnica de “red social” y de la capacidad para hacerla cumplir en servicios globales.

Estos casos muestran que todavía no existe una respuesta internacional unificada. La discusión oscila entre prohibir el acceso, limitar el uso o exigir que las plataformas sean más seguras desde su diseño.

Un caso regional en Brasil

La discusión también llegó a América Latina. El gobierno de Brasil presentó una demanda contra Discord por 500 millones de reales, unos 97 millones de dólares, debido a presuntas fallas en la protección de niños y adolescentes.

La acción brasileña se apoya en un problema distinto del que aparece con más frecuencia en Instagram: Discord combina servidores privados, comunidades abiertas, chat de voz, videojuegos y transmisiones en vivo. Esa arquitectura puede dificultar la detección de abusos y hacer que el contenido problemático circule dentro de grupos que no son visibles para una moderación convencional. Por eso, el reclamo no se limita a pedir que se borre material ilegal: busca que la empresa conozca mejor a sus usuarios, refuerce la prevención y responda con rapidez cuando aparecen denuncias.

La demanda reclama mejoras en la verificación de edad, las herramientas de supervisión parental, la moderación de contenidos y los mecanismos de comunicación. También solicita una multa diaria si la empresa no cumple con las obligaciones que eventualmente establezca la Justicia.

El caso surgió después de que la autoridad brasileña de protección de datos suspendiera las transmisiones en vivo de Discord por preocupaciones vinculadas con la seguridad de menores.

Discord calificó la demanda de desproporcionada y afirmó que había propuesto cambios técnicos y una inversión para mejorar la seguridad de sus operaciones en Brasil. Las autoridades entendieron que esas propuestas no alcanzaban para cerrar un acuerdo.

El ejemplo brasileño es importante porque muestra que el problema no se limita a Instagram, Facebook o TikTok. También alcanza a plataformas de conversación, videojuegos y transmisión en vivo, donde pueden existir riesgos diferentes, pero igualmente graves.

En el resto de América Latina, el panorama es más fragmentado. No hay todavía un régimen regional único comparable al europeo: cada país combina normas de protección de datos, derechos de niños y adolescentes y obligaciones generales para los intermediarios digitales.

Pero volvamos al comienzo… Qué puede ocurrir a partir de ahora con el acuerdo de Meta…

El primer paso será la aprobación judicial del acuerdo. Luego Meta deberá aplicar las medidas y demostrar que puede hacerlas funcionar en sus plataformas.

También habrá que observar si YouTube, TikTok y Snapchat aceptan condiciones similares. Si lo hacen, el acuerdo puede convertirse en una especie de referencia informal para la industria. Si no lo hacen, quedará como una regulación importante para Meta, pero con efectos más acotados sobre el ecosistema digital.

Otro punto será la evaluación de los resultados, dicen los expertos. No alcanza con establecer un límite de dos horas si los adolescentes pueden trasladarse a otras cuentas o plataformas. Tampoco basta con verificar la edad si los mecanismos de moderación no actúan con rapidez.

El futuro de la regulación dependerá de varios factores: la capacidad de los gobiernos para controlar a empresas globales, la precisión de las herramientas de verificación, la protección de los datos personales y la posibilidad de exigir explicaciones sobre los algoritmos que recomiendan contenidos.

La experiencia también obligará a discutir el papel de las familias, las escuelas y los propios jóvenes. Hay cierta coincidencia en los expertos en que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en los padres, porque muchas de las decisiones que determinan la experiencia digital ocurren dentro de sistemas diseñados por empresas y difíciles de comprender desde afuera.

Lo que está claro, es que el acuerdo con Meta no significa que las redes sociales vayan a desaparecer de la vida de los adolescentes ni que se haya encontrado una solución definitiva. Pero sí marca un cambio importante: por primera vez, una de las mayores empresas tecnológicas acepta pagar una suma millonaria y modificar elementos centrales de sus plataformas para responder a acusaciones vinculadas con el daño a menores.

La discusión dejó de ser solamente cuánto tiempo pasan los jóvenes frente a una pantalla. Ahora también se pregunta quién diseña esa experiencia, con qué objetivos, qué información recopila y qué responsabilidad debe asumir cuando el producto puede afectar la salud y el bienestar de sus usuarios más jóvenes.

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