La iniciativa incluye la exoneración o una rebaja de hasta el 50% de la contribución inmobiliaria para quienes tengan uno de estos depósitos de basura frente a sus puertas.

El intendente Daniel Martínez aseguró que la propuesta es tomada en consideración. Así lo comentó en el programa La Tarde en Casa:

(Audio Daniel Martínez)
Hay que estudiarlo. Aparte hay un problema, porque muchas veces hay que moverlos. Creo que cualquier idea hay que conversarla
(Fin de audio)

Para conocer más sobre este proyecto, conversamos con el edil Diego Rodríguez.

Crédito foto Home: montevideo.gub.uy

La entrada Proponen exoneración tributaria a quienes tengan contenedor frente a su vivienda, a cambio de asumir cierta responsabilidad sobre el mismo se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Emiliano Cotelo (EC): Se trata, sin dudas, de un tema importante, y por eso les proponemos examinar este asunto en detalle, en diálogo con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte.

ROMINA ANDRIOLI (RA): Pablo, si te parece, comencemos explicando en qué consisten los regímenes de promoción de la inversión…

PABLO ROSSELLI (PR): En el país tenemos un conjunto amplio de normas que establecen excepciones e incentivos tributarios con el propósito de alentar la inversión privada.

Tenemos una ley de zonas francas; tenemos Ley de Inversiones del año 98, que fue reglamentada con dos decretos (en 2007 y en 2012) que establecieron fuertes estímulos a las inversiones. Hay algunos beneficios tributarios a las inversiones consagrados en el texto ordenado de 1996… Tenemos también normas sectoriales, como la Ley Forestal o las exoneraciones a la industria de biotecnología y a la industria de software… Tenemos la ley de vivienda de interés social… La lista no es exhaustiva pero son estas las principales normas.

RA: – El martes, contigo, estuvimos analizando un informe de la DGI sobre la renuncia fiscal que realiza el Estado a través de todas las excepciones tributarias que se han concedido… Y de ese informe surgía que la renuncia asociada al IRAE (el impuesto a la renta empresarial) era de unos US$ 860 millones de dólares… ¿Cuánto de esa cifra obedece a promociones de la inversión?

PR: – En los cálculos de la DGI, la renuncia fiscal en IRAE por el régimen de zonas francas asciende a unos US$ 300 millones. La renuncia asociada a la ley de inversiones suma unos US$ 150 millones; a su vez, hay otros beneficios a la inversión que surgen del texto ordenado que tienen un costo para el Estado de US$ 50 millones.

Pero además de esas exoneraciones en IRAE, tenemos exoneraciones al Impuesto al Patrimonio a empresas que operan en zona francas por US$ 115 millones y exoneraciones de Impuesto al Patrimonio por US$ 15 millones asociadas a la ley de inversiones… Para la forestación las exoneraciones de renta y patrimonio suman algo de más de US$ 30 millones y para la industria del software las exoneraciones de renta son unos US$ 15 millones… Podríamos agregar también que hay una exoneración de IVA a las importaciones de maquinarias y equipos, que también busca alentar las inversiones y que tiene un costo de unos 150 millones de dólares.

Como se infiere de la respuesta, lo primero que tenemos que comprender es que no es tan fácil trazar la línea entre lo que es promoción de inversiones y lo que no… Todos esos incentivos tienen un costo anual estimado por la DGI de 825 millones y eso no incluye las exoneraciones por vivienda de interés social, que en los próximos años podremos medir mejor.

RA: – Esos son los números, Pablo, pero ¿cómo hay que evaluar esos incentivos? ¿Se justifican? ¿Cómo podemos abordar ese debate?

PR: – Acá hay que tener varios aspectos en cuenta… El primero, ya lo mencionábamos el martes, es que estos cálculos tienen detrás muchos supuestos… supuestos necesarios pero que no son triviales… Y en particular, estos cálculos suponen que los agentes habrían hecho lo mismo si no hubiesen estado presentes los incentivos tributarios… Ese es un supuesto simple, fácil de aplicar, pero no tiene soporte en la teoría económica… La teoría económica nos dice que deberíamos esperar menos inversión y actividad económica si los impuestos a las rentas y al patrimonio son más altos… Por lo tanto, la primera reflexión es cautela con las cifras.

En segundo lugar, es siempre difícil evaluar estos incentivos en términos objetivos y en relación a si efectivamente promueven la inversión… es difícil evaluar si son eficaces… y más difícil es evaluar si son eficientes, es decir, si promueven la inversión con el mínimo sacrificio de ingresos para el gobierno.

Hechos esos dos comentarios, creo que podemos seguir con el análisis distinguiendo entre distintos casos: zonas francas, ley forestal, ley de inversiones y vivienda de interés social (para quedarnos con las cosas más grandes).

RA: – Me parece bien, Pablo… Comencemos con las zonas francas…

PR: – A nuestro juicio, la ley de zonas francas ha cumplido un rol fundamental… Ha tenido un impacto muy relevante en el PIB y en el empleo. Según un informe de Uruguay XXI, en 2012 el PIB de las Zonas Francas representaba un 3,5% del PIB del país… Ese porcentaje hoy debe estar más cerca de 5% del PIB, con la instalación de Montes del Plata… Según ese informe, en 2015 había en zonas francas unas 1.400 empresas que daban empleo a más de 14,000 personas.

Pero además de ese impacto cuantitativo, las zonas francas han jugado un rol clave para la atracción de Inversión Extranjera Directa. A nuestro juicio es bastante claro que muchas de esas empresas se han instalado en parte para aprovechar el conjunto de beneficios que ofrecen las zonas francas incluyendo los fiscales… Tenemos en las zonas francas muchísimas empresas que exportan servicios a los mercados globales, contribuyendo a la diversificación de nuestra matriz productiva y la diversificación de los mercados… En zonas francas también se instalaron la fábrica de concentrados de Pepsico, empresas farmaceúticas y, como todos saben, las plantas de celulosa, que fueron claves para el país y que reclamaban para instalarse contar con ese beneficio.

Por otra parte, creo que a esta altura todo el mundo reconoce el éxito de la ley forestal, que estableció exoneraciones tributarias y también por varios años al inicio de su aplicación fijó subsidios.

RA: – ¿Y cómo miran las otras grandes iniciativas… la ley de inversiones y la ley de vivienda de interés social?

PR: – La ley de vivienda de interés social estimuló una fuerte expansión de la oferta de viviendas en un segmento del mercado en el que hasta la ley prácticamente no había oferta… Era un segmento del mercado en el que los desarrolladores inmobiliarios tradicionalmente se habían financiado en el BHU… Con la crisis de 2002 vino la restructura del banco; el BHU dejó de prestar a los desarrolladores y el segmento de mercado quedó desatendido… Gracias a la ley, se reactivó notoriamente la oferta (se aprobaron más de 450 proyectos, que involucran más de 13.000 viviendas y una inversión de más de US$ 800 millones)… Es cierto que los precios de las unidades no bajaron como se esperaba originalmente pero eso obedece a que los costos de construcción continuaron subiendo.

RA: – Te preguntaba también por la ley de inversiones…

PR: – En la ley de inversiones es más difícil ser tan asertivo como en los otros casos porque justamente es una ley, que junto con los decretos reglamentarios, procura estimular de modo general la inversión… no podemos observar tan fácilmente los efectos.

Justamente por su carácter de incentivo general, es inevitable que en muchos casos las promociones terminan beneficiando proyectos de que todas maneras se habrían hecho…

Desde el propio diseño de la reglamentación se definió un mecanismo que quiso ser simple, rápido, objetivo a la hora de determinar el monto del beneficio. Por eso mismo, no le podemos exigir a este mecanismo que sea muy eficaz en promover la inversión y sobre todo no le podemos pedir que sea muy eficiente en términos de que la promoción ocurra con la menor renuncia fiscal posible.

A nuestro juicio, la ley de inversiones debe considerarse como un intento del país de señalar que para las empresas que invierten en el país, la tasa efectiva del impuesto a la renta era más baja que la tasa usual (de 25%)… Uruguay es en el mundo un país de presión tributaria media… ni muy alta ni baja… Con la ley de inversiones, el mensaje fue justamente que la tasa de impuesto a la renta para las empresas que invirtieran mucho sería relativamente moderada…

Hay algunos estudios que indican que este régimen de promoción de inversiones ha tenido efectos positivos. El estudio “Una evaluación económica de los incentivos fiscales a la inversión en Uruguay” realizado por varios economistas para el período 2007-2011, indica que los estímulos tributarios generaron en las empresas estudiadas un aumento de la inversión de 20%, equivalente a unos US$ 1.200 millones y que también alentaron la creación y/o la formalización de empleos, porque para obtener parte de los beneficios una de las vías era justamente mostrar un aumento del empleo formal.

RA: – Para terminar, Pablo, me imagino que a pesar de estos comentarios habrá quienes desde una visión crítica igual planteen la necesidad de revisar estos mecanismos… ¿Qué opinan ustedes?

PR: – Estos mecanismos deberían ser por su propia naturaleza revisables… No hay nada que nos permita decir que se deben mantener incambiados.

Lo que sí deberíamos tener en cuenta es que Uruguay necesita retornar a una senda de crecimiento fuerte… Uruguay debe plantearse volver a crecer a tasas de 3%-3,5% anual. Si no logramos eso, no será posible mejorar significativamente los niveles de vida de la población ni reducir la pobreza y la desigualdad.

Y para eso se necesitan niveles de inversión altos… Uruguay tuvo en la segunda mitad del siglo XX niveles de inversión del orden del 14% del PIB… muy pero muy malos… y la economía creció a tasas del 2% anual…

Desde 2006 en adelante, la inversión se situó en valores de 19%-20% anual… Son valores mucho mejores que los históricos, pero a Uruguay no le sobra inversión… De hecho, es posible pensar que tengamos que seguir elevando la inversión para retornar a tasas de crecimiento de 3%-3,5% anual… Por lo tanto, deberíamos pensar muy bien en qué medida queremos reducir los beneficios a la inversión.

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Ahora el problema parece ser las exoneraciones de las instituciones privadas de educación.

Ya estamos llegando al limite de lo incomprensible en Uruguay.

José Olivera de Fenapes, el senador [Ernesto] Agazzi y la diputada [Macarena] Gelman despotrican contra las exoneraciones de aportes patronales en las instituciones de educación primaria. A mí más me preocupa el déficit de Ancap, pero claro, esa es otra plata, no es la misma plata del pueblo o que UTE aumente las tarifas sin argumento, no hablemos de Alas U, los favores del Brou y un sin fin de situaciones que no se pueden tocar.

Volvamos al tema neurálgico del problema cuando la plata no está y las promesas no se van a poder cumplir.

José Olivera de Fenapes cuestiona que algunas instituciones privadas se han fundido, como si la educación publica no lo estuviese. Yo estaría encantado de que mis hijos fuesen a la escuela pública o liceo, pero las instituciones públicas no me dan la confianza y hago mucho esfuerzo en pagar una institución privada.
Fenapes debería pensar por qué la gente no recibe la educación que paga con altos impuestos. Deberían sincerarse y darse cuenta de que los maestros y profesores forman parte del problema.

Macarena Gelman está preocupada porque las empresas donan a instituciones privadas y exoneran impuestos. Lo mismo sucede con Teletón, cientos de ONG o fundaciones creadas o financiadas por empresas. Sería bueno aclarar cómo se financian las campañas políticas, sobre todo porque reciben muchas donaciones también.

En 2015 las certificaciones médicas al BPS  nos costaron cerca de US$ 150 millones, sin contar todo los demás costos que esto significa. ¿Tampoco sería el problema?

Me gustaría que Agazzi, Gelman y Olivera me iluminaran con algunos temas que me preocupan más que la educación privada. Hoy me conformo con que arreglen los problemas que hay y que sin duda deberían ser tratados con mayor rapidez. Esos problemas sabemos que representan cientos de miles de millones de dólares.

Poder Ejecutivo, senadores y diputados: hagan su trabajo con el respeto y altura que nos merecemos los uruguayos.

Federico González
Vía correo electrónico

Mesa relacionada
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Durante estos últimos días, muchos uruguayos discutimos con fervor sobre el destino de US$ 1.500.000. Ese dinero es el que, aproximadamente, dejarían de percibir las universidades privadas por concepto de donaciones empresariales a cuenta (hasta en un 83 %) del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados con los votos de los legisladores del Frente Amplio y resta saber si el Senado hará lo mismo.

Probablemente, la fuerte polémica instaurada se explica no tanto por el dinero en juego (una cifra muy menor en términos de su impacto impositivo) sino más bien por los temas subyacentes, vinculados a la relación deseable entre Estado y mercado y, más específicamente, a los grados de libertad que deberían tener los contribuyentes para elegir el destino de sus impuestos, a lo que constituyen auténticas prácticas de solidaridad y a las características que debería tener nuestro sistema de educación terciaria.

En medio de esta polémica, varios dirigentes y militantes del Frente Amplio han utilizado como argumento la necesidad de favorecer a la educación pública superior por su carácter presuntamente igualitario y gratuito (los diputados Macarena Gelman y Gonzalo Civila han sido probablemente quienes más han subrayado este argumento en el reciente debate mediático). El problema con esa clase de argumentos, sin embargo, es que obvian la existencia del Fondo de Solidaridad, un impuesto que desde 1994 ha transformado a la educación terciaria estatal en parcialmente gratuita y que en 2015 recaudó casi US$ 30 millones.

Desde su creación, el Fondo de Solidaridad establece que aquellos egresados de la educación terciaria pública deben obligatoriamente realizar aportes para solventar, entre otras cosas, un amplio programa de becas universitarias¹. Desde la Ley de Presupuesto de 2015, además, el Fondo de Solidaridad se extendió significativamente en el tiempo, obligando a los egresados a pagarlo hasta los 70 años de edad (en lugar de un período máximo de 25 años). Según el nuevo régimen, un egresado de una carrera de cuatro o más años de duración que aportara durante 30 años, culminaría pagando cerca de US$ 7.000. La cifra podría llegar a los US$ 12.000 si ese egresado pagase un adicional actualmente comprendido para carreras de cinco o más años. Considerando esta información, la pregunta es más que obvia: ¿cómo puede considerarse gratuito a un sistema educativo que tiene en los aportes obligatorios de su población graduada una de sus vías de financiamiento?

Además de no ser gratuita, la educación terciaria superior y su Fondo de Solidaridad están lejos de operar con criterios de auténtica equidad. Es encomiable, por un lado, que nuestra universidad pública tenga un poderoso sistema de becas para apoyar a sus estudiantes de escasos recursos. Aunque los estudiantes del sistema público están exentos de pagar una matrícula, la educación superior tiene múltiples costos que justifican el apoyo a los sectores de bajo poder adquisitivo (que de lo contrario deberían tener una inserción de tiempo completo en el mercado laboral en desmedro de su rendimiento estudiantil).

En la actualidad, 18 de cada 100 estudiantes de Udelar son de hecho becarios, con partidas promedio que rondan los $ 50.000 anuales. También es destacable y compartible que, como parte de las modificaciones introducidas en 2015, el Fondo de Solidaridad incrementara significativamente la franja de ingresos exonerada de realizar aportes. Mientras antiguamente debían aportar al fondo los egresados con ingresos mensuales mayores a 4 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), hoy equivalentes a $ 13.360, hoy lo deben hacer aquellos con ingresos superiores a 8 BPC, $ 26.720.

Sin embargo, mucho más discutibles son otros criterios que emplea el Fondo de Solidaridad para decidir quiénes pagan y quiénes no. En especial, llama poderosamente la atención que estén exonerados de pagar este impuesto todos aquellos ciudadanos que hicieron uso del sistema pero que no se graduaron. Quizás la premisa para establecer esta línea demarcatoria es que la obtención del título universitario o terciario suele ser recompensado por mejores ingresos.

Esta presunción tiene sustento empírico pues existe una probaba y fuerte correlación entre título e ingresos. Sin embargo, tal correlación está a años luz de ser perfecta. Con este criterio más que imperfecto, pues, el Fondo de Solidaridad abre la puerta a un cúmulo de injusticias. ¿Qué criterio de equidad puede sustentar, por ejemplo, que esté exonerado de pagar el Fondo de Solidaridad un ex estudiante avanzado de ingeniería que no llegó a graduarse pero que aprovechó sus estudios como insumos para fundar una exitosa empresa, mientras que sí debe pagarlo una graduada en trabajo social con ingresos mucho menores? ¿Acaso no hicieron ambos un uso extensivo de todos los servicios brindados por la universidad? Un razonamiento similar podría realizarse respecto al criterio que exonera de pagar este tributo a los egresados que no residen en Uruguay. Una vez más: ¿qué clase de criterio es aquel que exonera del tributo a un acaudalado abogado que vive en el extranjero pero que se formó íntegramente en la Facultad de Derecho de Udelar y obliga en cambio a realizar aportes a un defensor de oficio con un sueldo bastante inferior al del promedio de la profesión?

Si nuestra universidad pública no es universalmente gratuita ni tampoco emplea los mejores criterios posibles de justicia distributiva para determinar quiénes pagan o no por haber utilizado sus servicios, ¿no será tiempo de volcarnos hacia un sistema diferente? ¿Por qué no establecer un sistema en el cual los estudiantes aporten durante sus años de estudio (y no a posteriori) según la cantidad de años cursados y sus posibilidades económicas? O, alternativamente, si nos volcáramos por una alternativa de educación universitaria superior genuinamente gratuita, ¿por qué no derogar el Fondo de Solidaridad y solventar el sistema de becas universitarias con parte de los ingresos provenientes del IRPF, un impuesto que grava a los ciudadanos según su nivel de ingresos?

Curiosamente, ninguno de estos temas cruciales referidos al Fondo de Solidaridad han propiciado un debate amplio en nuestra sociedad (aunque sí es verdad que un pequeño grupo de profesionales ha intentado derogarlo sin éxito en diversas instancias judiciales). Inversamente, la mayor polémica instaurada en torno al Fondo de Solidaridad en los últimos tiempos se suscitó al publicarse el suculento sueldo de su gerente general, un dato que por más polémico o irritante que sea no toca el verdadero centro de gravedad de este asunto.

En este contexto en el que tanta importancia le hemos dado al millón y medio de dólares que hoy reciben las universidades privadas gracias a las exoneraciones impositivas de las empresas, sería deseable que sumáramos a la discusión a una educación pública superior que acoge a muchos más estudiantes, a la que se destinan muchos más recursos y sobre la que existen unas cuantas preguntas, hasta ahora, sin la debida respuesta.

1. Junto a la Universidad de la República, también pagan este impuesto los egresados de la novel Universidad Tecnológica (UTEC) y de las carreras terciarias ofrecidas por el Consejo de Educación Técnico Profesional de la ANEP.

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Segunda mirada es el blog de Rafael Porzecanski en EnPerspectiva.net. Actualiza el sábado en forma quincenal.

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Martín Couto , integrante del sector IR que propuso la medida, explicó en diálogo con En Perspectiva, que la medida busca estimular el apoyo a otras instituciones incluidas en el listado de organizaciones destinatarias de donaciones con exoneraciones impositivas. Entre ellas, dijo Couto, están los liceos de gestión privada que se encuentran en zonas de contexto crítico, o la Universidad de la República que a diferencia de las privadas sí paga aportes patronales.

Couto agregó que a través de las exoneraciones fiscales el Estado está financiando a determinadas instituciones sin un criterio público común, ya que es el empresario que resuelve a qué organización dona y a cual no. "Esta es un forma de mejorar el direccionamiento del gasto público. Si una universidad privada tiene que pedir un subsidio, es el Estado el que lo resuelve a la luz de criterios públicos", explicó Couto.

El diputado (suplente) rechazó la "amenaza" de las universidades privadas de recortar las becas si se aprueba la medida, ya que implica "cortar por el lado más fino" cuando puede haber otros rubros, como publicidad y sueldos de jerarcas, que también se pueden revisar.

Además dijo que si el apoyo privado disminuye después de que se  aprueba la medida, quedaría demostrado que muchas donaciones no se hicieron por solidaridad si no como una forma de descontar impuestos.

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Foto en Home: Martín Couto. Crédito: Javier Calvelo/adhoc Fotos.

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