Foto: Reuben Morgan (Google Fotos)

La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Martín Bueno, Patricia González y Fernanda Sfeir.

Continúa en: Proyecto de paridad de género en política fracasó en el Senado

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Foto: En Perspectiva

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Contó con la palabra de investigadores y autoridades de gobierno, como el canciller Omar Paganini,

La actividad abordó cuál es la particularidad que tiene el Tratado Integral y Progresista de Asociación TransPacífico (CPTPP, por su sigla en inglés) como acuerdo preferencial de comercio; en qué medida se afectarán los costos para el comercio; qué impacto tendría en las exportaciones de Uruguay ingresar a este acuerdo; y cuál sería el impacto que la mayor liberalización comercial tendría en el nivel de inversión y en el ingreso per cápita de Uruguay y de los países participantes de este acuerdo.

Acceda aquí al seminario Impactos del CPTPP y el ingreso de nuevos miembros, China y Uruguay: aplicación de un modelo gravitatorio estructural de comercio dinámico

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Foto:Javier Calvelo / adhocFOTOS

¿Cuánto se esfuerza en su trabajo el Parlamento uruguayo?

Seguramente habría varias formas de medirlo. ¿La cantidad de proyectos aprobados? ¿O la cantidad que se presentan?

Pero la aprobación de leyes no es el único rol del Parlamento, o poco sentido tendría la presencia de legisladores opositores.

También se controla al gobierno, se hacen pedidos de informes, se debate, se trabaja en comisión.

Todo eso tomó en cuenta el Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, para la elaboración de un Índice de Esfuerzo Parlamentario.

¿Quiénes son los mejor evaluados y por qué?

Lo hablamos con el coordinador de ese programa, el politólogo Daniel Chasquetti.

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Declaración del CECSo sobre la situación en FCS con la población externa y lo sucedido en el Consejo del 30 de agosto

El Consejo de Facultad, en su pasada sesión del 30 de agosto, dio una respuesta a los problemas de convivencia en FCS con población externa: el cierre, por las próximas tres semanas, de la sala de informática, que se agrega a las dos semanas que ya estuvo “provisoriamente” clausurada. Esto sucedió en un contexto en que integrantes del Orden Docente amenazaron con no asumir el decanato interino en caso de que no se resolviera esa posición; lo cual hubiera sumido a la facultad en una crisis institucional. Más allá de las implicancias que esto tiene para les estudiantes, que nos vemos privades de la importante infraestructura de la sala y de los recursos que en ella se vuelcan, entendemos que lo sustantivo de este asunto implica otros elementos más conflictivos y, también, más definitorios de nuestra institución.

Desde hace meses, la situación con la población externa a Facultad ha traído consigo debates intensos y grandes tensiones, en un clima también enrarecido por la aparición de la prensa en la discusión -con una saña particular con la educación pública, las ciencias sociales y, varias veces, centrada específicamente en les estudiantes-. Al calor de la discusión, se han imbricado de forma bastante desorganizada distintos impulsos institucionales desde el Decanato, diferentes acuerdos gremiales, y varias sesiones particularmente extensas y vehementes del Consejo de Facultad.

Este año se cumple el aniversario número 100 de la Reforma de Córdoba, pilar fundacional de las universidades públicas latinoamericanas, que desde entonces han tenido como principios rectores la autonomía, el cogobierno, la democratización de la formación superior, el compromiso social universitario, entre otros. La agenda reformista no se agota, y la disputa por una universidad abierta como el espacio: grande, sigue siendo la militancia cotidiana de les jóvenes universitaries en el Uruguay de hoy. Si bien se ha avanzado en las últimas décadas en la universalización de la formación terciaria, estudiar en la UdelaR continúa siendo un privilegio; fundamentalmente -aunque no exclusivamente- un privilegio de clase. Y, como se ha confirmado en esta situación, el acceso a la Facultad -como espacio público- también tiene la marca del privilegio.

Las personas en situación de calle que arribaron a Facultad no venían a estudiar; venían a pasar el rato, navegar en internet y jugar al ping-pong. A medida que se fue incrementando el número de los concurrentes, se fueron generando varios inconvenientes, principalmente hurtos y situaciones de acoso, que pusieron a la Facultad en la obligación de solucionar el conflicto. ¿Qué hacer? Es una obviedad decir que el encuentro entre personas o grupos diversos no es naturalmente armonioso; tenemos distintas prácticas, diferentes formas de relacionarnos y lenguajes propios. La universidad nos moldea, y también la calle. ¿Cuál debería ser la solución a estos conflictos, surgidos en el encuentro de personas distintas en un espacio público? No hay una, ni dos, y cada situación tiene su complejidad particular; pero sí, creemos, hay un mandato ético y político. Estudiar, investigar o trabajar en una universidad pública nos obliga a buscar siempre caminos de convivencia, en diversidad y con amplitud. Queremos una Universidad que habilite su formación, pero también sus espacios, a la mayor diversidad de actores y subjetividades; una Universidad que construya convivencia y democracia. En este modelo de universidad, patrimonio latinoamericano, no podemos admitir la exclusión ni el punitivismo como mecanismos de resolución de conflictos.

Y, además, estamos hablando de una Facultad de Ciencias Sociales. En nuestras aulas estudiamos a Foucault, a Harvey, a Marx. ¿No nos moviliza ni un poco el tipo de respuesta que damos a nuestros propios problemas? ¿Qué pasa, ahora, con la racialización, con la segregación urbana y el derecho a la ciudad, con el capitalismo? ¿Para qué hacemos ciencias sociales? Separamos la teoría de la práctica porque hay que ser más instrumentales, pragmáticos, porque no hay tiempo para procesos de largo plazo… Y precarizamos nuestras prácticas, devenimos funcionales, y en el mismo movimiento se empobrecen nuestras teorías. La vocación por una universidad profundamente abierta converge, para les militantes del CECSo, en la reivindicación de unas ciencias sociales críticas, comprometidas con los procesos de lucha política, emancipación y resistencia de nuestros pueblos.

Finalmente, solo queda aclarar en qué condiciones se votó el cierre de la sala de informática. Las mayorías del Consejo fuimos contrarias a esta medida, e impulsamos la propuesta de convivencia realizada por el equipo de trabajo dedicado a buscar soluciones a la situación (integrado por los tres órdenes, la Unidad de Extensión, les docentes de la sala de informática y les funcionaries). Entre los diferentes elementos de la propuesta se encontraban la contratación de un educador social para la sala, la realización de cursos de informática para la población externa a la facultad, la limitación del horario libre, entre otros. Sin embargo, ante una licencia de tres semanas que se tomará el Decano, les cinco representantes del Orden Docente en el Consejo decidieron negarse a ocupar el decanato interino si volvía a abrirse la sala de informática. Cabe aclarar que cuando el Decano se ausenta, es obligación del docente Grado 5 más antiguo ocupar el rol de decano interino; así lo fija nuestra Ley Orgánica. En este contexto se aprueba el cierre de la sala por tres semanas más (el lapso de la ausencia del Decano) y se descarta la propuesta del equipo de trabajo.

Este tipo de presiones no son comunes en la política de nuestra Facultad, y sin dudas tiene serias implicancias en los fundamentos políticos del cogobierno universitario. Les docentes coquetearon con la idea de una facultad acéfala, una crisis institucional, para que su posición minoritaria tuviera un triunfo ficticio en la votación del Consejo. Sin concesiones, siquiera, a la otra propuesta verdaderamente mayoritaria. Este accionar no solo es reprobable ética y políticamente, sino que atenta contra uno de los fundamentos de nuestra Universidad: el cogobierno, y como tal merece nuestro absoluto rechazo. Les estudiantes esperamos que de aquí en más, las discusiones en los espacios cogobernados de FCS se procesen a través de debates honestos y negociaciones claras, buscando consensos y respetando la voz de los distintos órdenes. No fueron estas las condiciones de la última sesión del Consejo, cuyas características le solicitamos al Orden Docente que no se repitan en todo el período que nos queda por delante.

POR TODO LO QUE NOS UNE

CECSO- ASCEEP-FEUU

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La entrada Declaración del CECSo sobre decisión de Ciencias Sociales de mantener sala de computadoras cerrada por presencia de indigentes se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

A fines de junio, trascendió en la prensa que la Facultad de Ciencias Sociales enfrentaba un dilema: entre 70 y 90 personas que viven en la calle utilizaban las instalaciones a diario, sobre todo la sala de informática, y se habían dado situaciones como la de un hombre que vomitó sobre las computadoras, algunos robos, y también peleas.
Pasados casi dos meses y buena parte del invierno, ¿en qué quedó esta cuestión?

Según pudo comprobar En Perspectiva, hay quienes señalan que se mantiene más o menos incambiada, pero hay también quienes consideran que incluso el panorama empeoró porque al dar a conocer la noticia de que las puertas de la Facultad están abiertas y se prestan sus instalaciones, más indigentes deciden ir hasta allí.

El decano de Ciencias Sociales, Diego Piñeiro, reconoció que la división de opiniones en cuanto a cómo encarar este problema ha impedido que se tomen medidas. La división se da entre quienes ven la presencia de indigentes como un tema de seguridad, y quienes consideran que no se debe coartar los derechos de estas personas. Piñeiro se abstuvo de hacer más declaraciones.

La medida que sí se ha tomado es la de no permitirle el ingreso al edificio a quienes fueron identificados como responsables de ciertos incidentes. No se ha cortado el paso a la sala de informática, que las personas en situación de calle utilizan, en principio, para buscar trabajo. Pero sí se prohibió el ingreso a la biblioteca, donde también había aumentado el flujo de indigentes.

¿Cómo lo ven los profesores? Fabricio Carneiro, dirigente de ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, dijo a En Perspectiva que el tema se discute y monitorea de manera semanal.

Según Carneiro, el tema va más allá del invierno porque la utilización de la sala de informática no tiene que ver únicamente con las bajas temperaturas. Por lo tanto, opinó que con la llegada de la primavera este problema no se diluirá.

¿Y los alumnos? El Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, Cecso, tiene una postura contraria a controlar el ingreso al edificio. Autoridades de la facultad explicaron que los delegados estudiantiles en el Consejo de la Facultad, de los cuales la mayoría pertenece al Centro de Estudiantes, son quienes más obstáculos han impuesto a medidas de control. De acuerdo con estas fuentes, las únicas dudas que se dieron entre los estudiantes fueron por el lado de casos de acoso sexual dentro de las instalaciones, en los que se vieron involucrados personas en situación de calle.

La semana pasada, el Centro de Estudiantes celebró una asamblea donde se reafirmó la postura: “Existe acuerdo en que la Facultad no va a cerrar sus puertas y en caso que se resuelva lo contrario se considerará tomar medidas”, publicaron luego en una resolución.

Del Cecso declinaron hacer más declaraciones y se remitieron a dicho comunicado. Allí se decide proponer al Consejo de Ciencias Sociales la realización “con carácter urgente de una campaña de concientización y prevención de acoso en la facultad con énfasis en qué es acoso, qué situaciones son acoso y cómo actuar ante las mismas desde el lugar de víctima o espectadore (sic)”. El Centro de Estudiantes utiliza en su resolución el llamado lenguaje inclusivo.

También se resolvió encomendar a la Comisión de Género y Diversidad de la Facultad la creación de un protocolo de actuación en casos de acoso y violencia de género. Y se planteó crear un grupo de estudiantes que reciba las denuncias de acoso y las informe.

La producción de En Perspectiva habló ayer con Mariana González, integrante de la comisión de género, quien declaró que esta no ha recibido todavía ningún planteo formal ni tampoco ninguna denuncia vinculada con personas en situación de calle. Mientras tanto, desde el Comité de Calidad con Equidad de Género, otro órgano de la Facultad de Ciencias Sociales, Natalia Magnone indicó que sí se comenzó a trabajar en un folleto sobre los indigentes en las instalaciones y que incluirá aspectos vinculados con género, pero todavía no hay mayores avances al respecto. Magnone también negó haber recibido denuncias de ningún tipo.

Para ver el panorama in situ, Rosario Castellanos visitó en vivo la Facultad de Ciencias Sociales.

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La entrada Indigentes en Facultad de Ciencias Sociales: Situación se mantiene sin cambios por falta de medidas de las autoridades, aunque hay quienes ven que ha empeorado se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La preocupación por la presencia prolongada de indigentes en sus instalaciones no es patrimonio exclusivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR).

Ese fenómeno también afecta a otros centros de enseñanza, hospitales y numerosos edificios públicos y privados. Según pudo saber En Perspectiva, en varias facultades se tomaron medidas para controlar el ingreso. ¿El objetivo? Evitar la distorsión del trabajo de docentes y funcionarios y prevenir situaciones que resulten incómodas para los estudiantes.

Ciencias sociales

Nuestras averiguaciones tomaron como punto de partida la situación que fue divulgada el jueves 21 por el semanario Búsqueda: decenas de personas en situación de calle pasan buena parte del día en el interior de la Facultad de Ciencias Sociales.

Al día siguiente, durante una entrevista aquí, En Perspectiva, el decano de esa facultad, Diego Piñeiro, reconoció el problema, agregó que dentro de esa comunidad educativa existen por lo menos dos visiones sobre la forma de encararlo y explicó que por ahora ha primado el criterio de no prohibir la entrada a estas personas debido a “los principios” de “una universidad abierta”.

“Cualquier persona puede ingresar a un local de la Udelar", dijo Piñeiro a En Perspectiva. "Por ejemplo, nosotros tenemos una biblioteca pública que es abierta a todo el mundo; tenemos muchos estudiantes que vienen de otras facultades a tomar clases, y hay otra gente que viene a las conferencias que hay regularmente, etcétera. No son solamente estudiantes y profesores los que ingresan a la facultad.”

De todos modos adelantó que se buscará disminuir la cantidad de gente que ingresa: "Creo que hay que empezar restringiendo los horarios, que haya un horario menos amplio para la gente que es de afuera de la Facultad", sostuvo Piñeiro y luego profundizó en el enfoque con que se encarará ese proceso debido a las características particulares de esa facultad:

“Nosotros enseñamos en la facultad cómo trabajar con personas que están en esta situación. Y queremos enseñarlo no solo a través de los libros y de las conferencias o de las clases, sino también con lo que hacemos. Tenemos que hacer lo mismo que enseñamos. Eso no quiere decir que debamos reemplazar al Mides, quiere decir que tenemos que tener una actitud responsable frente a esta situación. Nosotros decimos que tenemos que hacer un proceso de disuasión y derivación responsable.

Estamos buscando los apoyos que nos permitan derivar a estas personas hacia otros lugares. Y creemos que dentro mismo de la facultad, a través de la Unidad de Extensión, es posible tener un proyecto específico para que estudiantes de nuestra facultad hagan una práctica con estas personas para que ambas partes salgan favorecidas: los estudiantes hacen una práctica con sus objetos de estudio específicamente y esta gente recibe una atención de este grupo de trabajo.

En particular, anunció reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social, cuya sede está a dos cuadras, para coordinar acciones.

El rector

El rector de la Universidad de la República, Roberto Markarian, enterado del caso por el decano Piñeiro, puso en marcha una investigación para conocer qué ocurre en otras facultades.

Mientras ese relevamiento se procesa, la producción de En Perspectiva realizó una primera ronda de consultas.

Derecho

La Facultad de Derecho de la UdelaR, ubicada en 18 de Julio y Eduardo Acevedo, es una de las que tuvo que adoptar medidas porque constató que indigentes utilizaban sus baños y deambulaban por corredores y otras instalaciones. En una oportunidad debajo de una escalera se encontró vestimenta que se presume pertenecía a una de estas personas. Además, sin que esté claro quiénes fueron los responsables, ha habido robos: por ejemplo, faltaron algunos proyectores que se usan en clase y a una funcionaria le hurtaron sus pertenencias del lugar donde las había dejado.
A partir de estos inconvenientes, el centro de enseñanza dispuso que sus funcionarios controle el ingreso y egreso.

El problema es que allí el tránsito de personas es muy elevado. Facultad de Derecho tiene entre 2.000 y 3.000 alumnos, y en las horas de clase se vuelve muy difícil efectuar un monitoreo exhaustivo. “Somos muy vulnerables”, reconoció un jerarca de esa institución hablando con la producción de En Perspectiva.

En los hechos, se sigue una política de derecho de admisión que asegure que no acceda nadie que no esté vinculado a la institución. La intención es que sólo ingresen funcionarios, docentes y estudiantes.

En caso de haber algún evento que implique la asistencia de personas ajenas a la facultad, se notifica a los funcionarios que llevan a cabo el control para que permitan su circulación.

Pero es una decisión inflexible en cuanto a que no se permite el ingreso de indigentes al interior del centro de estudios. Ni siquiera para hacer uso de las instalaciones sanitarias, que, de acuerdo a lo que se aclaró, están únicamente al servicio de los usuarios genuinos de la Facultad.

El Clínicas

En otras sedes de la UdelaR tomaron medidas parecidas. Y cuando se observa la intención ingresar de una persona en situación de calle, se busca persuadirla y se le indica que la entrada no está permitida.

Lo mismo ocurre, por ejemplo, en hospitales estatales.

La directora del Hospital de Clínicas, Graciela Ubach, explicó a En Perspectiva que el acceso de indigentes nunca fue un problema para ese establecimiento, como sí lo fue el tránsito de personas que vandalizaban o robaban dentro del centro.

El problema se terminó hace años con la instalación de un sistema de videovigilancia y guardias de una empresa tercerizada. Este mismo personal es el que está autorizado a impedir el ingreso de indigentes, salvo que busquen atención médica.

Biblioteca Nacional

Fuera del ámbito universitario, un edificio público que ha tenido que lidiar con problemas de este estilo es la Biblioteca Nacional (BN).

Tiempo atrás (cuando su director era el escritor Carlos Liscano, de 2010 a 2015) se resolvió colocar una reja para separar la puerta principal de la escalinata que da a la vereda. Por aquel entonces, el problema era que muchos indigentes elegían ese lugar para sentarse y, en las noches, para dormir.

Más adelante, hace tres años, al inicio de la gestión de la actual directora, Esther Pailós, se puso en marcha un plan para mejorar la seguridad.

Pailós relató a En Perspectiva que el ingreso de personas en situación de calle era habitual: se las encontraba en los baños y en alguna sala de lectura. En ocasiones, su presencia no generaba ningún problema, pero en otras hubo episodios complicados que alteraron la armonía del lugar.

Por esa razón se implementó un plan de seguridad que, entre otras medidas, implicó un mayor rigor en la aprobación de los ingresos y la colocación de cámaras de videovigilancia de alta definición.

La funcionaria enfatizó que la infraestructura de la biblioteca –como las salas de lectura y los baños- debe estar en condiciones para que la utilicen de manera exclusiva los usuarios del servicio y los trabajadores del lugar.

“Realmente, a la Biblioteca entran sólo personas que vienen a hacer uso de cualquiera de los servicios de la Biblioteca", dijo Pailós. "Las personas que no indican con qué razón vienen, lógicamente se les dice que es un lugar solamente para utilizar los servicios que la Biblioteca brinda. Por eso, no es que masivamente entra gente. Eso está muy cuidado”.

Esta medida se aplica, también, para la sala José Pedro Varela, un ámbito de estudio ubicado a metros de la puerta de acceso. A ella no se puede asistir con libros prestados por la biblioteca pero cuenta con mesas, sillas, servicio de wi-fi y enchufes para conectar celulares y computadoras. La idea es que sea empleada como lugar de lectura y estudio. En caso de constatar que una persona no la utiliza para esos fines, los empleados de seguridad se encargan de retirarla.

Pailós detalló que junto a la empresa tercerizada de seguridad se eliminó el tránsito de los indigentes hacia el interior de la BN. De todos modos, enfatizó que se procede “siempre en un clima pacífico y tratando de ayudar” a esos hombres y mujeres.

Mejor no hablar

En otras instituciones la recorrida de En Perspectiva también detectó que había sido necesario tomar medidas, aunque varios de los funcionarios consultados prefirieron no hacerlas públicas. ¿Por qué? Para que no queden expuestas las debilidades que –reconocen- tienen los controles y para no generar una difusión que termine alentando, de alguna manera, a que otras personas en situación de calle intenten llegar a sus locales.

Un docente de Facultad de Arquitectura de UdelaR y otro de Facultad de Ciencias Económicas subrayaron que no siempre es sencillo fiscalizar todas las puertas de acceso y por ende no se llega a cumplir la meta de que solo ingrese quien debe hacerlo.

Pero en cuanto a los criterios que se aplican, a diferencia de lo que ocurre en la Facultad de Ciencias Sociales, se considera que si bien se trata de edificios estatales, su uso es exclusivo de quienes asisten para dar clase, tomar clase o trabajar en las instalaciones.

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Producción: Alejandro Rodríguez

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Crédito foto: Wikimedia Commons / Andrea Mazza

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Un informe del semanario Búsqueda, que hizo pública ayer la situación, consigna que en la facultad existen distintas opiniones sobre cómo manejar esta situación. Este viernes, mientras era entrevistado el decano, varios oyentes hicieron llegar sus puntos de vista.

Habida cuenta del interés genuino expresado por el decano de la facultad de Ciencias Sociales en relación a las personas en situación de calle, asumiendo como propios de la disciplina la formación de profesionales estudiosos del problema a los fines de prestar colaboración, es necesario aclarar algunas cuestiones.

En primer lugar, si se toma en cuenta que dicha tarea de aportación puede darse en el marco de la extensión –uno de los pilares del hacer académico–, dichas tareas pueden o no ser intramuros, para lo cual se necesita programas ad hoc, que incluyan la participación activa de ese universo de personas indigentes. No alcanzaría con sólo permitirles la estadía y el uso de las computadoras. Supongo que eso lo tendrán claro.

Por otro lado se necesita datos, para lo cual cátedras específicas deben proveer a los estudiantes de herramientas para lograrlos. Sin datos, por ejemplo los que proporciona una encuesta, no se realiza un buen diagnóstico. Por lo tanto, sin un perfil claro de la composición de este colectivo, tampoco se podrá lograr con claridad la  implementación efectiva de medidas reparatorias. Comienzo dando por sentado que todo esto se tiene muy claro desde el ámbito académico.

El otro tema es la delimitación de responsabilidades: qué incumbencia pertenece al Estado a través del Mides, y qué a la facultad. Lo lógico sería pensar en una coordinación entre ambas jurisdicciones, con los recursos de los que cada cual disponga.

Hace tres o cuatro años recorrí el Hospital de Clínicas porque tenía un familiar internado, y por curiosidad recorrí otros pisos, completamente deshabitados. El personal me comentó que en algunos se refugiaban personas, pero nadie sabía quiénes, ni se daban por enterados.

¿Saben los efectores de salud o los integrantes de la facultad qué ha llevado a estas personas a estar en situación de calle, qué problemas de salud tienen, qué adicciones, si tienen familias y cuál es su vínculo, de dónde vienen? Hay muchos interrogantes y problemas que cada uno puede tener respecto de antecedentes familiares, laborales, sanitarios, etc.

De eso, el Mides sí es responsable. Realizar una pesquisa a nivel nacional, para estudiar el problema en conjunto, no sólo lo que sucede en la facultad.

Ahora se hace foco en esas personas, pero también se los encuentra por ejemplo en Las Piedras: duermen en la estación de trenes en la plaza principal, donde muchos pasan la noche ingiriendo alcohol y otras sustancias. También hacen sus necesidades fisiológicas en el espacio público. También hay mujeres en situación de calle, y no vi niños pero a lo mejor los hay.

En Las Piedras he preguntado siempre y nadie sabe. También se da la ocupación de viviendas sin moradores y las personas con síndrome de Diógenes, que son otras formas de situación de calle. O el abandono de personas, que no se arregla con un plato de comida: eso más bien calma las conciencias y son como una forma de caridad que contribuye a paliar pero no soluciona. No se soluciona sin políticas de estado.

También entiendo que hay personas que no quieren salir de la situación de calle; desconozco los motivos, tema a investigar y para psicólogos sociales.

Conclusión: el trabajo y la intervención deben ser multi e interdisciplinarios. Rescato lo que dijo el decano respecto a la voluntad de dar refugio, pero queda corto y resulta ingenuo su parecer, con un discurso pobre para una autoridad académica. Un discurso desleído y acrítico.

Palmira Martínez
Vía correo electrónico

Es curioso que la extensión, principio fundamental de la Universidad, en el contexto de la facultad de Ciencias Sociales esté por detrás del problema en lugar de ir por delante. ¿Paternalismo, democratismo superficial, ineficacia? ¿O la justificación burocrática?

¿Qué diferencia hay entre el mal uso de una tarjeta corporativa o de una decisión arbitraria en la administración, con que el señor decano crea que las computadoras que entre todos pagamos para formar a nuestros profesionales de las ciencias sociales se usen para otros fines, por muy bien inspirado que esté?

Es curioso que siendo él quién es utilice esa suerte de culpa colectiva: “Es responsabilidad de todos”. ¿Es eso o es responsabilidad del Mides? ¿Para qué tenemos un Ministerio de Desarrollo Social si cada vez hay más gente que vive en condiciones infrahumanas en las calles?

Desalienta la magnitud del problema, la ineficacia  para encararlo y la falta de propuestas para solucionarlo.

Luis Correa
Vía correo electrónico

¿Se hará responsable el decano cuando, en el hall de la facultad, en medio de una pelea entre marginados alcoholizados o drogados, haya un estudiante o un funcionario herido?

Federico Yemurenko
Vía correo electrónico

Son muy loables los actos positivos que el señor decano remarca, pero ¿no le parece que por lo menos habría que controlar el ingreso de las personas que hacen uso de los bienes?

Quienes no cumplan ciertos parámetros de conducta mínima, no deberían tener acceso.

¿Qué pasa si un día ocurre un hecho de sangre –ya no de muerte– con una de rstas personas?

Elder Juan José Coirolo Hunter
Vía correo electrónico

¿Qué tal si invitan a todas esas personas a instalarse en el Palacio Legislativo o en la Junta Departamental, a ver si los legisladores se sensibilizan un poco?

Mario Conde
Vía correo electrónico

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Transcripción de la entrevista con Diego Piñeiro

La presencia permanente de decenas de indigentes dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), que tomó estado público ayer, generó sorpresa y abrió una polémica. La situación no es nueva, hace meses que viene siendo analizada puertas adentro. Entre otras medidas, según supo En Perspectiva, en mayo se adoptó un protocolo de actuación para los funcionarios a cargo de las tareas de vigilancia.

En síntesis, Búsqueda informó en su edición de esta semana que esa facultad se convirtió en un lugar de acogida para decenas de personas en situación de calle que aprovechan el centro educativo para pasar allí sus horas durante el día. Han generado su propio circuito en la zona, pernoctan en un refugio cercano, donde los dejan permanecer hasta las 8 de la mañana, y al mediodía se alimentan en un comedor ubicado a una cuadra por la calle Constituyente. El resto del tiempo se quedan en la facultad: utilizan los baños, la sala de Informática y otras instalaciones, y han llegado a distorsionar el funcionamiento de algunas dependencias, al punto de romper parte del mobiliario.

La nota relata varios episodios desagradables protagonizados por algunos de ellos, reacciones agresivas cuando los empleados los llaman al orden y hasta enfrentamientos a golpes de puño entre dos de estos "intrusos". Además se consigna que dentro de la facultad existen distintas opiniones sobre cómo manejar este desafío que ha quedado planteado.

Ayer, a última hora de la tarde, sesionó el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales para volver a tratar esta situación. ¿Qué salió de ese debate? ¿Por dónde van las resoluciones? Para charlarlo, En Perspectiva recibió al decano de la facultad, el doctor Diego Piñeiro.

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