El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, archivó este lunes la causa que investigaba la expedición de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, gestionado en 2021 mientras éste estaba preso en Dubai por usar un pasaporte paraguayo falso.

Esta indagatoria había sido iniciada de oficio a instancias del entonces fiscal de Corte, Juan Gómez, luego de la interpelación parlamentaria de agosto de 2022 donde se discutió este episodio. Por lo tanto, no puede ser reexaminada ya que esa posibilidad está reservada solo a expedientes iniciados por denunciantes.

En su escrito, de 103 páginas, el fiscal analiza nueve puntos clave del caso: el arresto de Marset en Emiratos Arabes Unidos, su derecho a recibir una constancia de que estaba apto para obtener un pasaporte uruguayo, el derecho a obtener un pasaporte de nuestro país, la incidencia de la futura entrega del pasaporte en el fallo de la Justicia emiratí que lo absolvió, el tiempo en que se procesó el trámite del pasaporte, la actuación del subdirector nacional de Identificación Civil para acelerar el trámite, la entrega en mano del documento pedido por Marset al abogado Carlos Balbi, los chats entre la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, y el entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y la reunión entre Alejandro Balbi y Ache en la oficina de esta última.

En esos asuntos, a partir "de las profusas evidencias colectadas no surgen elementos que permitan sustentar que los imputados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal", sostiene el fiscal al final de su dictamen.

Una de las conclusiones principales del fiscal Machado es que Marset cumplía con los requisitos exigidos por el decreto que regulaba el procedimiento para otorgar ese documento a uruguayos en el exterior. El fiscal remarca, además, que meses antes del episodio, en otras solicitudes efectuadas por Marset, el pasaporte le fue denegado porque en esas fechas su situación no satisfacía los requerimientos.

En cuanto a la incidencia que pudo haber tenido en la actuación de la justicia de Emiratos Árabes Unidos la nota que el consulado emitió señalando que Marset podría solicitar un pasaporte uruguayo una vez liberado, el fiscal Machado señala que en la sentencia del tribunal que lo absolvió por la portación de un pasaporte paraguayo falso el elemento determinante fue la falta de dolo y que el magistrado dio por veraz la declaración de Marset en cuanto a que desconocía que el documento era irregular. “La Justicia de Emiratos Árabes Unidos no absolvió a Sebastián Marset debido a la entrega del pasaporte que, en definitiva, acreditaba su identidad”, concluyó.

Otro punto analizado por el fiscal Machado fue si el proceso de impresión del pasaporte fue acelerado indebidamente por las gestiones del abogado Alejandro Balbi ante el subdirector de Identificación Nacional Civil, Alberto Lacoste, a quien conocía. Machado señala que el procedimiento para acelerar la expedición de un pasaporte permite adelantar el trámite de 48 a 24 horas y que es un procedimiento instalado desde hace años en esa oficina del Ministerio del Interior. “Si hubiera existido alguna intención espuria en el trámite de la libreta de pasaporte de Sebastián Marset por parte del doctor Alberto Lacoste, bastaba con que este les ordenara a sus funcionarios que imprimieran la misma fuera de hora, lo cual en definitiva no sucedió”, agregó.

Tras perder la valija diplomática para el envío del pasaporte a EAU, Balbi tramitó una nota para que Marset habilitara al abogado Carlos Andrés Balbi a retirar personalmente su pasaporte en la sede de la Cancillería. Machado sostiene que todos los declarantes coincidieron en que se trató de un procedimiento excepcional, pero señaló que, al estar Marset en prisión, “lógicamente se encontraba impedido de retirar él mismo dicho documento de viaje”.

En cuanto a las conversaciones entre Ache y Maciel, en la que el subsecretario le advierte a Ache que Marset es “un narco peligroso y pesado”, Machado planteó que cuando se concretó ese diálogo en noviembre de 2021, Marset aún no había empezado gestionar su pasaporte y por eso que no hay referencias al trámite, y también aclara que las primeras huellas digitales que se le tomaron a Marset, en octubre de 2021, fueron registradas con la finalidad de identificarlo y no de iniciar el trámite de su pasaporte.

Uno de los puntos que Machado no pudo esclarecer por completo fue el contenido de la reunión entre Alejandro Balbi y Carolina Ache el 24 de noviembre de 2021 en la oficina de la entonces subsecretaria, ya que ninguno de los dos quiso dar explicaciones al respecto y del relevamiento de sus teléfonos no surgieron elementos relevantes.

“Este Ministerio Público no encuentra sustento evidencial que otorgue credibilidad a la versión brindada por ambos imputados”, sostiene el fiscal en referencia a que Balbi no le dijo a Ache que su cliente era Marset y que Ache no relacionó el caso con el detenido en Dubái. Añadió que la teoría de esta parte del caso, para la fiscalía, es que Balbi "había averiguado de antemano la fecha de salida de la valija diplomática -por eso hizo las gestiones con el Subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil- pero por error alguien le había informado mal acerca de la mencionada fecha". A su vez, agrega, a juicio de Balbi "la expedición del pasaporte se había demorado más de lo esperable, lo cual -sumado al error en cuanto a la fecha de partida de la valija diplomática- hacía que se tornara imperioso –conforme los intereses de su cliente- intentar dilatar la salida de la misma o en su defecto peticionar el envío de una valija especial". A criterio de la fiscalía, "lógicamente éste fue el verdadero motivo" de la reunión celebrada entre la entonces vicecanciller y Balbi". Pero, sigue diciendo, en el trabajo de investigación de fiscalía "no ha logrado obtener evidencia" que sustente esa teoría, "prevaleciendo en consecuencia el estado jurídico de inocencia de los imputados".

Si bien el fiscal concluyó que no hay reproche penal posible sobre los imputados, en sus consideraciones finales afirmó que los ministros y subsecretarios “faltaron a la verdad” a la ciudadanía durante la interpelación celebrada el 22 de agosto de 2022, que disparó luego el inicio de la investigación penal.

“Una vez finalizada esta indagatoria, estamos en condiciones de concluir que los ministros de Estado, así como sus respectivos subsecretarios, faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y, en definitiva, a la ciudadanía”, expresó el fiscal. A modo de ejemplo, dice, puede señalarse claramente el acuerdo existente entre los representantes ministeriales para ocultarles a los senadores de la República el tenor de las comunicaciones cursadas entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la vicecanciller, Carolina Ache, en las cuales se daba cuenta de que Sebastián Marset era un narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado, y que a su vez sería terrible que fuera liberado”.

En otro expediente aparte, Machado indaga la maniobra que habría existido en el gobierno para ocultarle a la justicia un documento en el que constaban los chats entre Ache y Maciel. En esa maniobra aparece involucrado el ex asesor presidencial, Roberto Lafluf, que habría roto el documento, y el ex canciller Francisco Bustillo.