Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

La fiscal Gabriela Fossati se mostró “muy” satisfecha por el acuerdo abreviado que permitió la condena de Alejandro Astesiano y sostuvo que un juicio oral contra el excustodio presidencial habría requerido “recursos y tiempo” que su oficina no tiene.

Por otro lado se refirió además a los “agravios” que dice haber recibido “diariamente” en torno a su gestión en este caso, en particular desde ámbitos políticos, y que dada la situación “era esperable” una respuesta aclaratoria del fiscal general Juan Gómez.

Las declaraciones aparencen en una entrevista que la Dr. Fossati concedió al diario El Observador este sábado.

¿Qué dice el Dr. Juan Gómez sobre las condiciones en las que la fiscal Fossati debe desarrollar su tarea? ¿Qué responde respecto al respaldo institucional que ella dice debería tener?

Conversamos En Perspectiva con el Fiscal General Juan Gómez.

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En apenas dos semanas el fiscal Raúl Iglesias tomó decisiones polémicas, se hizo conocer en la población asumiendo una fuerte presencia mediática y provocó una tormenta en la Fiscalía General de la Nación.

El Dr. Iglesias asumió el 9 de mayo al frente de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º turno, que estaba a cargo de la Dra. Sylvia Lovesio. Esa fiscalía, entre otros casos, investiga la denuncia de una violación grupal que habría ocurrido en el barrio Cordón en enero de este año, una causa que tuvo altísima exposición mediática. A los pocos días Iglesias anunció que iba a pedir el retiro de la prisión preventiva de los tres imputados en el expediente, una decisión que le valió reproches del abogado defensor de la víctima.

Pero no fue la única decisión polémica del magistrado. Cuando llevaba poco más de una semana en el cargo, dispuso el archivo de unas 220 causas por delitos sexuales que estaban bajo su jurisdicción.

Esta resolución provocó malestar en la Intersocial Feminista, que le solicitó una reunión al Fiscal de Corte Juan Gómez. Este, a su vez, pidió información al Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación acerca del archivo de estas causas. “Por respeto a la gente que hace una denuncia, siempre sería conveniente que un fiscal investigara lo que se está denunciando”, señaló el Dr. Gómez.

En respuesta, el Dr. Iglesias sostuvo que el fiscal de Corte está “cediendo a las presiones” de la Intersocial Feminista y entrometiéndose en su independencia técnica.

¿Qué derivaciones puede tener este enfrentamiento?

Conversamos En Perspectiva con el Fiscal Raúl Iglesias, uno de los protagonistas de esta historia.

Destaques de la entrevista:

• Prisión domiciliaria para imputados por violación en el Cordón: "Tener personas de 18 años, primarias,en una cárcel, no me parece lo mejor. Por eso yo iba a plantear eso (prisión domiciliaria)". Si se llega a un juicio abreviado las personas negocian de otra manera, si están presas o en un régimen de libertad bajo ciertas restricciones. Bajo arresto domiciliario total".
• Sobre la violación en Cordón agregó: "Esto se tiene que seguir investigando y las cosas pueden cambiar. Eso es una realidad, lo sabe todo el mundo. Yo no pretendo amedrentar a la víctima ni nada que se le parezca, sé cuál es mi rol en todo esto".
• La LUC obliga a los fiscales a pedir prisión preventiva: "Pero la LUC no puede estar por encima de la Constitución ni de los pactos internacionales. Si entiendo que no están dados los riesgos procesales, porque en algunos casos no están esos riesgos, a pesar de que la ley me obligue, yo entiendo que el imputado tiene derecho al juicio en libertad porque es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso es más garantista para la persona".
• "Yo jamás tuve problemas con ninguna víctima ni con los familiares de las víctimas. Al contrario, en mi legajo obran notas de agradecimiento por el trabajo realizado".
• "También he recibido quejas de personas que hace muchos meses no tienen ninguna respuesta del sistema. Cuando yo doy mi teléfono al aire, muchas veces recibo solicitudes de: ¿En qué está mi caso?".
• "Me dolió mucho que se me acusara de cosas que yo no soy".
• Fiscales militantes: "Hay fiscales que tienen esa ideología (feminista). Al momento de impartir justicia uno no puede guiarse por eso. Yo tengo mis ideas en muchos aspectos pero eso es de mi vida personal privada, cuando yo tengo que trabajar eso queda a un costado".
• Archivo de 220 causas: "Algunos casos tenían muy poca información para continuarlos, ante ese panorama, el archivo es lo que corresponde. El artículo 98 le permite a la persona, si entiende que el archivo no es fundado, hacer un procedimiento para que el fiscal que lo archivó salga de caso y lo trabaje otro. Las garantías están dadas, no es que ese caso no se va a poder ver nunca más".
• Por qué comenzar su gestión archivando casos: "Quería saber donde estaba parado, si esos casos ameritaban el archivo. Sé que duele porque son causas importantes. Pero si no se abrieron durante dos años y son casos a veces de cinco años para atrás, ¿qué puedo hacer ahora? Tengo 700 casos más que sí tengo evidencia para continuar, me tengo que focalizar en eso. Depurar y priorizar. Hay una oficina en fiscalía que debería hacer eso, pero como no se hizo lo tuvimos que hacer nosotros y quedamos como los malos de la película".
• Víctimas con causa archivada: "Lo que les digo es, si usted tiene nuevas evidencias por favor aportelas".
• "Es duro decirle a una persona: Tu caso no puede prosperar. Porque se hicieron cosas mal, porque no se aportó la evidencia en su momento, y toda una serie de casuísticas enorme".
• "Apenas ingresé mandé una nota: Necesito para poder trabajar, un administrativo más y un fiscal más. No he tenido respuestas pero sí cuestionamientos del Fiscal de Corte".
• "El mensaje que yo he recibido no ha sido de apoyo, todo lo contrario. Acá el que critica mata al mensajero, uno dice las cosas, trata de ser sincero. El mensaje para el sistema político es: Se viene rendición de cuentas, necesitamos más dinero. Pero también que se controle luego como se gasta ese dinero".
• Sobre accionar del Fiscal de Corte: "Si recibe a un grupo (Intersocial feminista) e inmediatamente toma esa decisión. Eso para mí es ceder a la presión".
• "¿A algún otro fiscal del país, el Dr. Gómez le pidió informe estadístico? ¿Cuál es el mensaje que se da acá? Si hacés tu trabajo te investigo, si archivas te investigo. Es lo que se pretende".
• "Es muy grave la intromisión, jamás pasó algo así de que pidieran informes por los archivos, así sean estadísticos".
• "Desde que entré a la fiscalía y me agremié, lo que hice fue defender a todos los fiscales, a todos los compañeros".
• Sobre su alineación con Zubía: "No estoy alineado con nadie. Soy independiente".
• "Lo único que vengo a hacer ante los medios es defender mi trabajo y el equipo que es un trabajo realizado de forma profesional, a conciencia y también defenderme de determinados agravios que no corresponden".

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El juez Huberto Álvarez imputó el delito de homicidio especialmente agravado a un hombre de 27 años como responsable del asesinato del hincha de Nacional Lucas Langhain, ocurrido el domingo 15 de diciembre, de noche, durante los festejos por la obtención del Campeonato Uruguayo por parte del club albo.

De acuerdo con la información recogida en conversaciones telefónicas que fueron interceptadas por los investigadores, Parentini Flores le ofreció tres tizas de pasta base al hombre a cambio de que tirara al barrer contra la hinchada de Nacional.

Además, imputó a una mujer de 21 años que acompañaba al hombre se la formalizó como cómplice del homicidio. 

Las dos personas, que fueron detenidas el viernes en una vivienda en Cerro Norte, deberán cumplir 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

El fiscal Gómez, dijo a En Perspectiva que se trató de un caso de “sicariato” y que los imputados no tienen vinculación con la hinchada del Club Atlético Peñarol.

Por otra parte, el fiscal explicó que se debe esperar a finalizar la investigación para saber si se puede tipificar el delito como acto de terrorismo

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Foto: EFE

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¿Cómo enfrentan este problema las autoridades de la educación? Esta mañana lo conversamos con la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Irupé Buzzetti.

Transcripción de la entrevista con Irupé Buzzetti, directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria.

Este miércoles la escuela 251 del Barrio Conciliación fue escenario de un nuevo episodio de agresión hacia docentes, cuando una madre atacó a golpes la directora y a una maestra de ese centro.
La directora relató de esta manera el incidente en un audio que circuló ayer por WhatsApp…

(Audio directora)

Fue horrible ver una madre cómo pega una patada voladora, tira a la maestra al piso y después se le tira encima como si fuera una bolsa. No te imaginás de la manera que le pegaba, cómo le dejo la cara, el pómulo, el ojo. Horrible. La sacamos. Pensamos que todo se había terminado pero ta, yo me había quedado con su niño, que no quería irse de la escuela ni loco. Quería quedarse escondido en la dirección. Y ahí fue cuando la mujer me agarra desprevenida y me desplumó, pensé que la cabeza me la partía en cualquier momento.

(Fin de audio)

Ayer el fiscal penal Juan Gómez pidió el procesamiento con prisión de la madre por dos delitos de lesiones personales intencionales cometidos en reiteración real. Mientras tanto, se cumplía un paro de 24 horas resuelto por ADEMU, el sindicato de maestros de Montevideo, para protestar por la agresión. La secretaria general del gremio, Daisy Iglesias, dijo que este del miércoles fue el caso con "más impacto emocional" de los cinco ocurridos este año y que tuvieron como víctimas a docentes escolares.

¿Cómo lo ven las autoridades de la Educación? ¿Vienen aumentando las agresiones a docentes? ¿Qué se está haciendo para enfrentar este fenómeno?

Esta mañana dialogamos con Irupé Buzzetti, directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria.

Transcripción de la entrevista con Irupé Buzzetti, directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria.

Foto: Irupé Buzzetti, directora general de Educación Inicial y Primaria. Crédito: Presidencia de la República/presidencia.gub.uy.

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Dictamen del fiscal Juan Gómez en el que pide procesamiento con prisión de una madre que agredió a la directora y la maestra de una escuela.

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En diálogo con En Perspectiva Gómez explicó que no buscó juzgar a los indagados por el valor comercial de los bienes, si no porque todos eran conscientes de que hubo un saqueo con violencia y de todas formas recibieron los productos, y hasta en algunos casos se sacaron fotos que luego fueron publicadas en redes sociales. Para Gómez, la conducta de las personas "se inscribe en la falta de limites, en la creencia de que no pasa nada y en el culto a la impunidad. En el acierto o en el error nuestro mensaje es decir que las cosas tienen un límite", aseguró.

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Auto de procesamiento del juez Gustavo Iribarren por el que procesa a siete hinchas con prisión por el delito de receptación

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El juez en lo penal Gustavo Iribarne hizo lugar a un pedido del fiscal Juan Gómez y procesó ayer con prisión por el delito de receptación a siete hinchas que se apoderaron de refrescos y alimentos robados en la Tribuna Ámsterdam.

En entrevista con En Perspectiva, Richard Read opinó que el fiscal Gómez "está dando una señal a los chiquilines de que es más grave robar o recepcionar una lata de Coca Cola que matar alguien en la calle". "¿Cuanta gente que cometió rapiñas o delitos graves están un tiempo y salen? ¿Es tan grave que amerita meterlos presos?", se preguntó Read, que consideró que la pena pudo haber sido trabajo comunitario.

El procesamiento con prisión "les pudrió la vida" a los jóvenes, agregó el sindicalista.  "Si se cobra al grito, para la tribuna, pasan este tipo de cosas. Y yo no quiero eso, quiero justicia. No quiero que los gurises míos vean esto como que así es la justicia uruguaya", finalizó.

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Lunes 08.02.2016, hora 8.12

EMILIANO COTELO (EC) —El viernes pasado, Eugenio Figueredo se comprometió a entregar bienes valuados en US$ 10 millones y a aportar más información respecto a las maniobras de lavado de dinero en las que participó. A cambio, el expresidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) puede obtener una reducción de la pena que le corresponde por los delitos por los que está procesado, que son estafa y lavado de activos.

Un acuerdo de este tipo está previsto en la Ley de Control y Prevención de Lavado de Activos como una herramienta para obtener datos que permitan desarticular grupos criminales organizados.

El acuerdo fue firmado ante el fiscal Juan Gómez, que ayer domingo concluyó un período de tres años y nueve meses al frente de la Fiscalía de Crimen Organizado de segundo turno, en la que estuvo varias veces en el centro de los debates y de la opinión pública.

¿Cómo se llegó a este pacto? ¿Cómo impacta en las futuras indagatorias que se hagan en este caso? De eso vamos a conversar con el doctor Juan Gómez.

Acaba de cerrar su etapa en el Juzgado de Crimen Organizado… ¿qué hace hoy lunes de Carnaval en Montevideo?

JUAN GÓMEZ (JG) —Estoy preparando mi ingreso a un lugar que quiero mucho, la Fiscalía en lo Penal de primer turno. Siempre hay cuestiones de mudanzas y uno las tiene que atender personalmente.

EC —¿Se va a dedicar a ordenar papeles?

JG —Ahora sí, salgo de acá y voy a ordenar papeles. Tampoco tuve tiempo el viernes de dejar con una presentación razonable mi despacho a la nueva fiscal del Crimen Organizado, doctora [María de los Ángeles] Camiño.

EC —¿Cuándo asume la nueva responsabilidad?

JG —La estoy asumiendo hoy; de hecho comenzaré el miércoles por el feriado de Carnaval.

EC —Empecemos por recordar los antecedentes más cercanos del caso Figueredo. Volvió a Uruguay el 24 de diciembre, extraditado desde Suiza. Ese mismo día declaró ante la justicia del crimen organizado y la jueza Adriana de los Santos lo procesó con prisión por un delito continuado de estafa en reiteración real y un delito continuado de lavado de activos. ¿Por qué se le tipificó cada uno de esos dos delitos?

JG —En el caso de lavado de activos, la contundencia de las cosas me inhibe de hacer mayores comentarios. Simplemente el hecho de que el señor Figueredo tuviera una solvencia económica muy superior a la que le darían sus ingresos regulares –cosa que logramos probar, luego de una indagatoria muy meticulosa que se efectuó con ayuda de cuerpos especializados– nos lleva de la mano a la figura de lavado de activos.

En cuanto a la estafa, entendimos que con su actitud de engaño hacía incurrir en perjuicios a las instituciones deportivas del Uruguay –la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), a los clubes que participaban en los torneos organizados por la Conmebol y a los propios jugadores–, que se perdían de obtener mayores premios por sus participaciones. Consideramos la figura de estafa porque la tipificación de fraude, tal como se conoce en la administración pública, entre privados no era posible.

EC —Es interesante eso. Estamos hablando de un caso de corrupción a nivel privado, dirigentes de la Conmebol obtenían para sí beneficios económicos por el hecho de que los contratos de trasmisión de televisión de tales o cuales torneos caían en manos de las empresas tales o cuales. Llevaba una tajada, una coima por esos acuerdos.

JG —Exacto. Para mantener lo que él mismo calificó como el statu quo.

EC —Pero la coima en sí, lo que podríamos llamar coima, no es delito, ustedes no lo están tipificando como delito. Están focalizándose en el perjuicio que esa operación les provocaba a las instituciones deportivas, por ejemplo a la AUF, a los clubes uruguayos, que recibían por lo tanto menos dinero de ese concepto de trasmisiones de televisión.

JG —Obviamente él tenía un beneficio por todo eso, por tanto a mi juicio se dan los elementos de la figura de estafa y eso es lo que se le tipificó provisoriamente en el auto de procesamiento del 24 de diciembre. Y por otra parte fue por los delitos por los cuales se requirió la extradición en setiembre del año pasado a la justicia de Suiza.

EC —Vayamos a lo más nuevo, a lo que ocurrió el viernes. ¿Puede explicar el acuerdo que usted como fiscal del Crimen Organizado firmó el viernes con Eugenio Figueredo? Lo que trascendió es que al amparo del artículo 6 de la ley 18.494, de Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Figueredo suministró información sobre personas y empresas que participaron junto con él en las maniobras ilícitas para lavar dinero proveniente de actos de corrupción y, aparte, entregó 13 propiedades cuyo valor supera los US$ 10 millones.

JG —Yo tendría reparos con el término entregó, porque no es exactamente eso.

EC —¿Qué es? ¿Cómo lo diría usted de manera correcta, ajustada a derecho?

JG —En la investigación que se hizo con el auxilio de la Secretaría Antilavado, con el auxilio de la UIAF [Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay], con el auxilio invalorable de la contadora del Poder Judicial, habíamos determinado que el señor Figueredo poseía, tenía derechos sobre determinados bienes, sobre determinadas sociedades y sobre determinadas cuentas bancarias. Ya en junio del año pasado habíamos solicitado medidas cautelares para inmovilizar esos bienes para impedir que pudieran ser sacados del patrimonio del señor Figueredo. Por lo cual en ese caso no podemos considerarlo una entrega sino un accionar de la justicia que inmovilizó esos bienes.

Por otro lado, en el acuerdo de ahora se logró, por la colaboración –y eso es lo que efectivamente prevé la ley–, individualizar bienes que no habíamos podido individualizar, que no teníamos los mecanismos necesarios para individualizar porque figuraban a nombre de otras personas o de sociedades a las que la investigación no había llegado hasta este momento.

EC —Figueredo facilitó el acceso a esa lista adicional de bienes que hasta ahora la justicia no había podido localizar.

JG —No había podido; eso es el corazón de un acuerdo de colaboración.

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En entrevista con En Perspectiva Juan Gómez, quien fue fiscal de Crimen Organizado hasta el domingo, explicó las condiciones del acuerdo al que llegó la Fiscalía con Eugenio Figueredo y aclaró que éste no incluye que sea beneficiado con prisión domiciliaria.

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Entrevista central, lunes 8 de agosto: Juan Gómez

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Transcripción de la entrevista con Juan Gómez, ex fiscal de Crimen Organizado de segundo turno

Gómez explicó que a Figueredo se le imputó el delito de lavado de activos porque “sin una actividad económica regular que le permitiera tener ingresos suficientes” él tenía “una solvencia económica muy superior a la que le darían sus ingresos regulares”, y el de estafa porque “con su actitud de engaño hacía incurrir en perjuicios a las instituciones deportivas”.

El acuerdo que se alcanzó el viernes implica que Figueredo suministre información sobre personas y empresas que lavaron dinero junto a él y facilite la incautación de 13 bienes valuados en más de US$ 10 millones. “No se ha hecho otra cosa que cumplir con la ley, acá no se trata de que me senté a conversar con el señor Figueredo”, dijo Gómez, en referencia al artículo 6º de la ley  18.494. “Algunos de los elementos de los que nos ha informado Figueredo no tendríamos la posibilidad de saberlo” si él no lo decía, indicó antes de agregar: “Yo, que no era partidario de ese tipo de acuerdos, entendí que en este caso se justificaba por el interés general de la sociedad”.

A cambio de entregar esta información y estos bienes, Figueredo puede obtener hasta un 50 % de reducción de la pena máxima prevista, que es de 15 años de penitenciaría por lavado de activos y de cuatro años por estafa. El acuerdo no implica “en absoluto” que sea beneficiado con prisión domiciliario, dijo Gómez, antes de aclarar que sí puede obtenerla por su edad (tiene 83 años) y por eventuales problemas de salud.

Acerca de los bienes incautados, Gómez indicó que la Justicia no determinará a dónde irá el dinero que se obtenga una vez que sean rematados.

Transcripción de la entrevista con Juan Gómez, ex fiscal de Crimen Organizado de segundo turno

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