Fotos: Mauricio Zina / Adhoc

Los diputados Mariano Tucci (MPP-Frente Amplio) y Pablo Abdala (Partido Nacional), integrantes de la comisión, participaron por vía telefónica de la entrevista con Romina Andrioli en En Perspectiva, para analizar lo que dejó la presentación del ministro Negro, quien atribuyó el aumento de los homicidios a la violencia entre bandas criminales y anunció que en noviembre se abrirá un llamado para incorporar mil nuevos policías a la Jefatura de Montevideo.

Según las cifras presentadas, en los primeros nueve meses del año se registraron 312 homicidios, un 13% más que en igual período de 2025. El ministro defendió los operativos Atenea, Argos y Dominio, desplegados en zonas con altos índices de violencia, y aseguró que permitieron reducir los homicidios en algunos territorios más de un 40%.

Abdala: “Decepción y preocupación”

Abdala, exsubsecretario del Ministerio del Interior en el período anterior, dijo que la comparecencia le generó “mucha decepción y bastante preocupación”. A su juicio, las cifras “son muy elocuentes y son malas noticias”. Señaló que los homicidios muestran una tendencia creciente en los tres trimestres de 2026, que van “de la mano con un aumento significativo de los heridos de armas de fuego” y con una caída en los esclarecimientos de homicidios, algo que, dijo, “tiene que ver directamente con la eficacia policial”.

El diputado nacionalista advirtió además sobre un cambio en los delitos contra la propiedad: aunque a nivel nacional la baja es “testimonial”, en Montevideo, donde se concentraron los operativos, crecieron las rapiñas y los hurtos. “Por primera vez en por lo menos siete años hubo 188 rapiñas más y más de 1300 hurtos más que en el mismo período del año anterior”, sostuvo.

Sobre los operativos, Abdala citó que la directora de Información e Inteligencia Policial había reconocido en el Senado que alcanzan apenas el 0,5% de la superficie de Montevideo y el 2% de su población, por lo que “el delito, la violencia y la criminalidad se le muda a otras zonas”. Afirmó que el 2026 podría ser el año con más homicidios desde que hay registros, al superar los 420 de 2018.

Respecto del Plan Nacional de Seguridad, que tiene siete meses, dijo que “quedó confirmado que era una recopilación de cosas que ya se hacen” y lo calificó de “cáscara vacía”. Reclamó concretar anuncios como el control de armas y municiones, medidas contra el uso de motos en delitos, cárceles de máxima seguridad y más tiempo de detención para sospechosos.

También cuestionó el liderazgo: “Aquí hay un fracaso en la conducción”, afirmó, y objetó “la injerencia de la Presidencia de la República en la conducción del Ministerio”. Aclaró que no pedirá la renuncia del ministro, “porque ya sabemos que es la mejor forma de atornillarlo”, pero sostuvo que “se ha quedado sin capacidad de reacción”. Agregó que votó el presupuesto del Ministerio en lo que le pareció positivo y que no hace “una oposición cerril”.

Tucci: “Leer las cifras completas”

Tucci pidió mirar “el global y no lo que me conviene” y leer las cifras “sin esconder lo malo y sin ignorar lo bueno”. Reconoció que los homicidios aumentaron (312 hasta setiembre, contra 275 el año pasado, la cifra más alta en seis años) y que los heridos por armas de fuego subieron de 846 a 960. Pero sostuvo que los delitos contra la propiedad “vienen en baja sostenida”: según dijo, las rapiñas cayeron casi 38% respecto a 2021 y los hurtos bajaron 8,4%.

El diputado oficialista subrayó que más de la mitad de los homicidios se clasifican como ajustes de cuentas, lo que “no consuela absolutamente a nadie, pero claramente cambia el diagnóstico”. Si el problema son las armas y las disputas entre bandas, dijo, la respuesta pasa por “inteligencia, investigación, presencia territorial, persecución financiera y coordinación institucional”, y no “exclusivamente con más patrulleros en la calle”.

Sobre el plan, indicó que tiene siete ejes, 74 acciones y más de 130 medidas, y que fue pensado para actuar durante diez años. Mencionó que la formación policial pasó de seis a nueve meses y que, según informó el ministro, se afectaron 22 estructuras criminales en 24 operaciones. En los cuadrantes donde se aplica Atenea, añadió, los homicidios disminuyeron 42% y los heridos por armas de fuego 27%, porcentajes que corresponden a las zonas intervenidas y no al total del país.

Frente a los cuestionamientos, afirmó: “Que no estemos conformes no quiere decir que haya que cambiar de rumbo cada vez que una curva sube”. Y agregó: “La seguridad no se arregla cambiando el ministro, si se arreglara así ya estaría resuelta”. Recordó que en junio hubo cambios en la cúpula policial, en la Guardia Republicana, en la Jefatura de Montevideo, en Investigaciones y en Asuntos Internos, y que eso es “evaluar resultados”, no debilidad. “Lo que hace falta es persistencia, coordinación, inteligencia, recursos y un plan que sobreviva a un gobierno”, concluyó.

¿Hay margen para un acuerdo?

Consultados sobre la posibilidad de un entendimiento entre partidos, ambos reconocieron las dificultades. Tucci dijo que comparte la sensación de la audiencia de que “parece un diálogo de sordos”, pero defendió la necesidad de “un esfuerzo mayor de todos los partidos políticos, empezando por el mío, para tratar de tener una síntesis colectiva”. Abdala, por su parte, planteó que “liderazgo es también construir los consensos” y sostuvo que el ministro no supo generar una instancia de diálogo el año pasado, en la que la oposición fue “convidada de piedra”. Y remarcó: “Nosotros tenemos que acompañar todo lo que podamos acompañar y votar a favor de lo que es bueno. Pero para eso está la oposición, para señalar las cosas que están mal”.

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Fotos: Santiago Mazzarovich / Ahdoc

La Tertulia de los Jueves con Matías Bordaberry, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo que la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, debería abandonar su cargo ante la falta de respaldo de una parte importante del sistema político.

En una entrevista con TV Ciudad, Pereira ratificó que la posición del Frente Amplio es sustituir a Ferrero y consideró que el cambio debería haberse concretado hace tiempo, debido a la falta de consenso político sobre su continuidad.

“La opinión del Frente Amplio debería haberse cambiado hace mucho tiempo para empezar porque no hay consenso político sobre el nombre y además porque es subrogante del subrogante. Yo creo que ella misma debería dar un paso al costado. Esto de tener trabadas las designaciones porque no llegamos a acuerdos, no nos hace bien a nadie. No le hace bien a la política y le quita al Uruguay esa posibilidad hermosa que es que las personas lleguen por acuerdos”.

Las declaraciones del dirigente oficialista contrastan con las del presidente Yamandú Orsi, quien el martes afirmó que actualmente no existe urgencia para sustituir a la fiscal de Corte.

Pereira defendió la autonomía política de la coalición de izquierdas respecto del Poder Ejecutivo. “El Frente Amplio tiene que tener opinión propia”, señaló. Además, sostuvo que el partido de gobierno no debe quedar supeditado a las posiciones del mandatario, aunque tampoco corresponde desairarlo.

Ferrero ocupa interinamente la Fiscalía de Corte desde la jubilación de Juan Gómez, en agosto de 2024. El cargo permanece sin un titular designado por el Parlamento desde la renuncia de Jorge Díaz, en 2021, debido a la falta de acuerdos para alcanzar las mayorías especiales necesarias.

Pereira también reclamó avanzar en la renovación de las autoridades de otros organismos, entre ellos la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Suprema Corte de Justicia.

Continúa en: Para el senador Sergio Botana (PN), la Jutep “es un organismo que no tiene razón de ser”

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La Tertulia de los Lunes con Gonzalo Baroni, Miguel Brechner, Martín Bueno y Elisa Liber

Culminó ayer el VIII Congreso del Frente Amplio que, entre otras cosas, reeligió a Fernando Pereira como presidente de la coalición de izquierdas y aprobó una moción que “valora” la propuesta sindical de aplicar una sobretasa patrimonial al 1% más rico.

La resolución la considera un aporte al debate sobre justicia tributaria, plantea que lo recaudado contribuya a reducir la pobreza infantil y encomienda profundizar el estudio y buscar acuerdos durante 2027.

A la salida del encuentro, Pereira fue consultado al respecto:

“Periodista: La relación gobierno-frente amplio, ¿la fuerza política va a insistir con el 1% a los más ricos?

Pereira: Sí, no necesariamente para este periodo de gobierno, pero ninguna fuerza progresista se puede mutilar la idea de generar justicia tributaria. ¿Por qué nosotros deberíamos vivir en un país donde hay uruguayos y uruguayas que tienen para vivir múltiples generaciones y otros que nos llegan a tres platos de comida? ¿Por qué eso puede parecer justo?”.

Fotos: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Según consigna La Diaria, otra de las mociones aprobadas contiene una autocrítica por los resultados del Diálogo Social, en particular por la decisión del Poder Ejecutivo de descartar la creación de un organismo público centralizado para gestionar el pilar de ahorro individual, actualmente administrado por las AFAP. El documento reconoce que esa decisión debilitó el proceso de construcción de consensos y afectó el relacionamiento con el movimiento sindical.

En materia internacional, el Congreso incorporó modificaciones al documento original para endurecer los cuestionamientos a Israel y Estados Unidos.

Una de las mociones condena las violaciones de los derechos humanos atribuidas al Estado israelí y denuncia una política sistemática de “apartheid, persecución, encarcelamiento y limpieza étnica” contra el pueblo palestino.

Otra califica como un “genocidio silencioso” las consecuencias del bloqueo estadounidense contra Cuba y reclama impulsar acciones de solidaridad con ese país. También se aprobó destacar el papel histórico de la Revolución cubana en América Latina y defender el derecho del pueblo cubano a decidir su destino.

Por otra parte, el Congreso aprobó una moción crítica de las denominadas “colectoras”, un mecanismo electoral que permite acumular votos para el Senado mediante múltiples hojas de votación. El texto sostiene que su proliferación “debilita la vida orgánica” del Frente Amplio, introduce lógicas de competencia ajenas a su tradición y “fragmenta y diluye” su identidad política.

Continúa en: Una ola de protestas sacude a varios países de Europa

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Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Los comentarios políticos de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli.

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

La Tertulia de los Miércoles con Rodrigo Coniglio, Daoiz Uriarte, Martín Moraes y Gloria Robaina

Luego de meses en los que el gobierno enfrentó una caída en la evaluación de la opinión pública y, dentro del Frente Amplio, se señaló la falta de políticas concretas para mostrar, la administración de Yamandú Orsi celebró dos novedades para exhibir en los últimos días.

La primera es la baja de la pobreza. En el primer semestre de 2026, el indicador pasó de 17,7% a 14,8% de la población. Cuando se conocieron los datos, el jueves pasado, Orsi escribió: “95.000 personas menos bajo la línea de pobreza que un año atrás. Decidimos poner primero a la gente; hoy los datos muestran que estamos avanzando”. También destacó que la indigencia bajó de 1,8% a 1,2%.

Según reconstruyó El Observador del Consejo de Ministros de este lunes, en el encuentro el presidente respaldó el trabajo de sus secretarios de Estado y presentó las cifras del Instituto Nacional de Estadística como una reafirmación del rumbo. Orsi sostuvo —según el matutino— que poner ese resultado sobre la mesa era importante para una gestión que se define como “de izquierda” y “progresista”.

La segunda novedad fue destacada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el lunes pasado cuando terminó el Consejo, y fue el envío al Parlamento de un proyecto de ley para crear una causal de retiro anticipado a los 60 años, una promesa de campaña que ahora empieza su recorrido legislativo y que ya recibió cuestionamientos de blancos y colorados.

Con estos dos anuncios, el gobierno busca mostrar resultados y cumplir compromisos. A ellos, dirigentes frenteamplistas suman en sus apariciones públicas otros logros que reivindican: la creación de 40.000 puestos de trabajo, el aumento real de los salarios y las pasividades, y el mantenimiento de la inflación bajo control.

Viene de: Venezuela acusó a Lubetkin de “intromisión inadmisible” porque este calificó de ilegítima la presidencia de Delcy Rodríguez

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Foto: Junta Departamental de Montevideo

La bancada del Frente Amplio en el Congreso Nacional de Ediles manifestó su preocupación por la infiltración del narcotráfico en la política y reclamó reformas para detectar y evitar el ingreso de dinero ilícito a la actividad partidaria. El pronunciamiento se produjo tras la condena de Pablo Leiva, quien había sido contratado como asesor por el edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez.

El comunicado sostiene que “la política no puede ser un negocio, el Estado no puede ser un botín y la impunidad no puede tener protección política”. También reclama que se investigue hasta las últimas consecuencias, se fortalezcan los controles y se asuman las responsabilidades correspondientes.

En diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, el edil frenteamplista de Montevideo Gonzalo Zuvela explicó que la bancada nacional del Frente Amplio había propuesto una declaración al Congreso de Ediles, pero que la iniciativa no fue acompañada por la bancada del Partido Nacional. Según dijo, el texto que se aprobó no mencionaba el narcotráfico ni el lavado de activos.

“Nosotros entendemos que para una declaración no podía estar por fuera el tema del narcotráfico, porque entendemos que es el fondo del asunto”, señaló. Y agregó que el objetivo de la declaración frenteamplista fue “poner el foco en la infiltración del narcotráfico en la política y el lavado de activos”.

Zuvela indicó que los ediles de Montevideo ya se habían pronunciado la semana anterior y que el comunicado de alcance nacional se aprobó en Paysandú, durante una reunión del Congreso de Ediles. La diferencia de fechas, sostuvo, se debió al calendario de encuentros del organismo.

Controles al financiamiento político

Consultado sobre por qué el comunicado apunta al financiamiento partidario y no al sistema de trabajo y contratación de los ediles, Zuvela respondió que son asuntos relevantes, pero que, a su entender, corresponden a discusiones distintas. “A veces, hablando en criollo, hay cosas que son para una declaración y cosas que no son para una declaración”, afirmó.

El edil reconoció que el régimen de asesores, compensaciones y pases en comisión requiere análisis. Dijo que se está conversando sobre posibles cambios en Montevideo y que establecer una regla común para las 19 juntas departamentales supone dificultades, entre ellas las autonomías de cada departamento.

Sin embargo, insistió en que el foco del pronunciamiento era el vínculo entre el narcotráfico y la política. A su juicio, corresponde revisar la ley de partidos políticos en lo relativo a la financiación. “Una vueltita más básicamente es disminuir la cantidad de dinero anónimo que pueda ingresar a los partidos políticos”, planteó.

Como opinión personal, agregó: “Si fuera por quien habla, tendría que ser cero y tendría que ser todo rastreable”. Aclaró que los cambios no impedirían todos los casos, pero podrían “complicarle la vida al narcotráfico” para evitar su ingreso a la política.

El régimen de los ediles

Sobre el funcionamiento de las juntas departamentales, Zuvela discrepó con describir el sistema como oscuro, aunque reconoció que es “entreverado” y que existen 19 realidades diferentes. También defendió que se discuta cómo profesionalizar la tarea de los ediles, que constitucionalmente es honoraria.

“Es horrible que un edil diga ‘le tienen que pagar a un edil’. Pero estamos obligados a decirlo porque el problema es cómo se puede llevar adelante una tarea profesional seria si la persona que lo tiene que hacer no cobra”, expresó.

Para Zuvela, ambos asuntos deben tratarse, pero sin desplazar el eje del comunicado. “La segunda pata de este asunto” es importante para la ciudadanía, dijo, aunque sostuvo que la declaración debía poner en primer plano la infiltración del narcotráfico y los controles al financiamiento político.

Material complementario

Accedé aquí al comunicado del Congreso Nacional de Edilas y Ediles de la bancada del Frente Amplio

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Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS

El sector Seregnistas del Frente Amplio celebró el viernes un encuentro para definir sus planteos de cara al próximo Congreso “José Pepe Mujica”, que comenzará el viernes siguiente. En los discursos, referentes como el intendente de Montevideo, Mario Bergara, y el de Canelones, Francisco Legnani, destacaron la importancia de fortalecer la unidad, renovar la militancia y ampliar el bloque social, político y cultural de la izquierda.

Consultada por Romina Andrioli en En Perspectiva sobre la fraternidad dentro de la fuerza política, la senadora Liliam Kechichian dijo que Seregnistas nunca consideró que la unidad estuviera en riesgo, aunque sí advirtió dificultades en el relacionamiento interno. “Nosotros nunca pusimos en duda la unidad. Sí nos expresamos en que se había perdido cierta fraternidad, que es otra cosa diferente”, señaló.

“La unidad no es una consigna, es condición sine qua non de la fuerza política que hoy tenemos”, agregó. Para Kechichian, ambos conceptos están vinculados: “La unidad y la fraternidad, para nosotros, van juntas”.

La senadora sostuvo que hubo “momentos difíciles y complejos” para la fraternidad, pero evaluó que la situación cambió. “Creemos que se cerró ese círculo”, dijo, y añadió que hubo “un mejor manejo de nuestra agenda política”. Según Kechichian, el sector llega al Congreso con la voluntad de defender “esa unidad y esa fraternidad”, así como la amplitud, la democracia y la renovación de la militancia.

La defensa del gobierno también estuvo entre los planteos del encuentro. Kechichian destacó que empiezan a concretarse compromisos asumidos durante la campaña electoral y mencionó la baja de la pobreza infantil, la recomposición de los consejos de salarios y el aumento de jubilaciones y pensiones. Sobre la caída de la pobreza entre los niños de 0 a 6 años, dijo que fue “una noticia muy alentadora”. También señaló que las medidas incluidas en la Rendición de Cuentas, que comenzarían a verse en enero de 2027, apuntan a reducir la pobreza infantil, un problema que, sostuvo, “hipoteca al Uruguay en el futuro”.

Otro de los desafíos que Seregnistas llevará al Congreso es renovar la militancia y acercar a los jóvenes. “Muchos de ellos no se sienten parte de esta estructura o de estos comités de base y tenemos que buscar formas para relacionarnos con ellos de una manera diferente”, afirmó Kechichian. Aclaró que la propuesta no es abandonar los comités de base, sino encontrar nuevas formas de participación.

La política internacional será otro de los temas del encuentro. Kechichian dijo que la democracia y la institucionalidad son centrales, “gobierne quien gobierne”, y expresó que “no nos representan gobiernos autoritarios que no responden a lo que la gente quiere o decide”. También mencionó la preocupación por las guerras, los discursos de odio y el avance de las derechas.

Kechichian definió el Congreso como una instancia para discutir la estrategia y el futuro de la fuerza política. “No es un congreso programático como estamos acostumbrados a hacer en los períodos preelectorales”, dijo, pero sí “un congreso de definición, de mirarnos para adelante”.

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Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, consideró que el edil Gonzalo Gómez debe recibir una sanción partidaria por la contratación de un asesor que, según lo planteado en la entrevista, no trabajaba. “Tendría que devolver el dinero, me parece, como una primera acción”, dijo Olivera en diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva.

Consultado sobre si el Partido Nacional debería sancionar al edil, Olivera respondió: “Yo creo que sí”. Mencionó que entre las posibles medidas podía estar la suspensión de los derechos partidarios, aunque señaló que la decisión correspondía a la Comisión de Ética y al Directorio blanco.

El intendente separó esa discusión de la causa penal por la que Pablo Leiva fue condenado por lavado de activos. Sostuvo que, hasta el momento, no había elementos para vincular a Gómez con la actividad delictiva. “Si la Justicia no condenó y no encontró implicancia […] no sé si amerita una renuncia”, dijo. Y agregó: “No hagamos culpable a todo el mundo”.

Para Olivera, el reproche al edil se relaciona con la forma en que se manejó la contratación y con que el asesor no cumplía tareas. “Lo reprochable es que el hombre no iba a trabajar”, señaló. En cambio, consideró que no correspondía exigir la renuncia de Gómez si no se probaba que hubiera tenido participación en el delito. “El hombre fue electo por la gente”, dijo.

“Hay que sincerar” las partidas y contrataciones

Olivera planteó que el caso debe impulsar una discusión más amplia sobre los recursos que reciben los ediles y la contratación de asesores en las juntas departamentales. Propuso que el Congreso Nacional de Ediles aborde el tema y busque transparentar las distintas modalidades que existen en el país. “Hay un valor supremo a preservar en todo esto que tiene que ver con la institucionalidad, con la democracia, con la transparencia”, sostuvo. “Si hay alguna cosa que esté medio grisácea, hay que echarle transparencia a esto en los 19 departamentos”.

Como ejemplo, indicó que en Paysandú los ediles no reciben partidas de secretaría, no tienen asesores pagados por la Junta ni pases en comisión. “Los ediles en Paysandú no cobran absolutamente nada”, dijo, aunque precisó que pueden recibir viáticos cuando deben viajar y cubrir gastos de traslado, alimentación o alojamiento.

Aun así, Olivera cuestionó que la función sea honoraria. Dijo que el trabajo de los ediles requiere tiempo para asistir a sesiones, comisiones y actividades en el territorio, y que la falta de remuneración puede dejar afuera a personas que no pueden sostenerlo económicamente. “Termina siendo una actividad para los que tengan tiempo, para los que tengan plata”, señaló. “La política tiene que profesionalizarse también”.

El intendente sostuvo que reconocer económicamente la tarea requeriría reformar la Constitución, que establece el carácter honorario de los ediles. Sin embargo, expresó dudas sobre las posibilidades de que una iniciativa de ese tipo consiga apoyo popular. “No soy nada optimista con el tema”, dijo.

Controles al financiamiento político y voto electrónico

Sobre la propuesta de reforzar los controles al financiamiento de los partidos, Olivera se mostró de acuerdo. “Todo lo que sea para extremar controles y para que no se escapen estas cosas, está bien”, señaló, en referencia a los riesgos de que el crimen organizado busque infiltrarse en la política. También dijo que “cada vez más tenemos que pensar de qué forma damos garantías para que esto no pase”.

Consultado sobre la posibilidad de que partidos y campañas se financien únicamente con fondos públicos, respondió que no le parecía mal, siempre que no implicara un aumento del gasto estatal. “Uruguay no está en condiciones de afrontar eso”, dijo. Añadió que un sistema con las mismas reglas para todos podría reducir gastos de campaña, aunque advirtió que sería necesario evaluar cómo sostenerlo con los recursos actuales.

Olivera también respaldó avanzar hacia el voto electrónico. Consideró que podría reducir el gasto en la impresión de hojas de votación y sostuvo que Uruguay tiene condiciones para estudiar esa alternativa: “Me parece que está la madurez del sistema como para avanzar”, dijo, aunque subrayó que deberían mantenerse las garantías y los controles electorales.

Durante la entrevista, el intendente también defendió que el Partido Nacional procese el caso de Gómez con garantías y sin “linchamientos”. A propósito de los reclamos de explicaciones formulados por el Frente Amplio, dijo: “El presidente del Frente Amplio (Fernando Pereira) no es quien para demandarle explicaciones al Partido Nacional”. Sin embargo, reiteró su respaldo a reforzar los controles y transparentar las prácticas de los partidos.

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La Tertulia de los Jueves con Matías Bordaberry, Rodrigo Coniglio, Casilda Echevarría y Gabriel Mazzarovich

Este martes, el edil nacionalista Gonzalo Gómez resolvió pedir licencia en la Junta Departamental de Montevideo mientras la Comisión de Ética de su partido analiza su actuación por la contratación como asesor de Pablo Leiva, condenado por lavado de activos en un juicio abreviado. La decisión supone un cambio respecto a lo expresado por Gómez el lunes en su conferencia de prensa, cuando sostuvo que no encontraba méritos para apartarse temporalmente de su banca.

En su encuentro con periodistas Gómez reconoció que Leiva cobraba $ 52.000 nominales como integrante de su secretaría, pero no concurría a la Junta ni tenía tareas asignadas. Explicó que lo había contratado por recomendación de Lucio Leiva, hijo del condenado y también asesor suyo. Lucio Leiva, que había sido detenido y posteriormente liberado durante la Operación Trazador, renunció además a la vicepresidencia de la Comisión Departamental de Jóvenes del PN y fue desvinculado de la secretaría de Gómez.

El presidente del Directorio blanco, Álvaro Delgado señaló que el Partido Nacional actuará para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

En un posteo en sus redes sociales, Delgado destacó que la Comisión de Asuntos Políticos resolvió enviar al edil Gonzalo Gómez a la Comisión de Ética y agregó que, una vez que ésta concluya su trabajo, el Directorio analizará el informe correspondiente.

Delgado rechazó además los cuestionamientos del Frente Amplio y sostuvo que esa fuerza política no tiene autoridad para actuar como juez del Partido Nacional. También advirtió que utilizar políticamente asuntos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico perjudica su combate y reclamó que el sistema político enfrente estos fenómenos con instituciones fuertes, transparencia, respeto a la ley y responsabilidad.

El senador blanco Javier García señaló que su partido “no oculta” la “extremada gravedad” del hecho y señaló que el “desconocimiento” de la actividad delictiva del asesor por parte del edil “no exonera” de que se tomen “decisiones”. “Esperemos la decisión de la Comisión de Ética”, resaltó, hablando en rueda de prensa.

Por su parte, el senador Sergio Botana comentó que le “resultó extraño” que Leiva “no tuviera tareas asignadas”. Esto, sostuvo, “es inaceptable”.

El exintendente de Cerro Largo también se refirió al tema ayer en entrevista con Desayunos Informales de Canal 12.

“La Comisión de Ética se reunió un día domingo, trató el tema, sacó una declaración dura en este sentido. Me parece que ahí hay buena orientación. Como yo dije, los partidos no están libres de este tipo de situaciones. Lo importante es cuál es la actitud de los partidos frente a estas situaciones”.

“La conferencia fue lamentable, toda la situación es bochornosa”, dijo a la diaria el senador del PN Sebastián da Silva. “Venimos de situaciones en donde Luis Calabria, por ir a tomarse la presión al Hospital Policial, dejó el tercer cargo de jerarquía del Ministerio del Interior. Esa es la vara”, señaló, en referencia a la renuncia, en agosto de 2022, del actual director por la oposición en la Junta de Transparencia y Ética Pública.

“La gente tiene que trabajar, esa es la norma”, remarcó Da Silva. “No voy a opinar por la Comisión de Ética del partido, pero conociendo quiénes son sus integrantes, el término lamentable va a ser bastante suave” en comparación con lo que se dictaminará, aventuró. “Ahora hay que dejar que la Comisión de Ética diga lo que dice cualquier uruguayo que en este momento está trabajando y deslomándose para llevar un plato de guiso a la casa”, agregó.

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Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo que la prioridad política ante el caso de Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez condenado por lavado de activos, es impedir que el narcotráfico se infiltre en el financiamiento de los partidos. Para eso, propuso abrir una ronda de diálogo entre las colectividades y acordar una nueva ley antes del próximo ciclo electoral.

La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos abrió una investigación sobre los movimientos de dinero de la organización dedicada al narcotráfico a la que pertenecía Leiva. La indagatoria se enfocará en el posible lavado de activos a través de casas de cambio y locales de cobranza.

En entrevista telefónica con Emiliano Cotelo en En Perspectiva, Pereira dijo que hay aspectos del caso que “no están claros” y reclamó al Partido Nacional que explique a la sociedad qué ocurrió. Sobre el dinero encontrado en la casa de Leiva, cuestionó que pudiera explicarse como parte de la actividad de un cambio: “Que alguien entre a esa casa y vea en una cómoda varios millones de pesos y piense que eso es un cambio, la realidad es que no quedó bien explicado el tema”.

También consideró “muy frágiles” las explicaciones de Gómez, quien reconoció que Leiva no tenía tareas asignadas durante el período en que estuvo contratado. Pereira dijo, no obstante, que la prioridad no es determinar si el exasesor concurría a la Junta Departamental o qué funciones cumplía, sino evitar que organizaciones criminales incidan en la política.

“Lo grave que tenemos por delante es evitar que el narco se entrometa en el financiamiento de los partidos. No se trata hoy de buscar nuevos culpables, se trata hoy de encontrar la solución que evite problemas graves en el futuro”.

Una ley para reforzar los controles

Pereira anunció que buscará conversar con Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres para iniciar una ronda de diálogo. El objetivo, dijo, es retomar el proyecto de financiamiento partidario presentado por el Frente Amplio en la legislatura pasada y trabajar con los demás partidos en una propuesta común.

“Queremos llegar al final del período parlamentario habiendo aprobado una ley de financiamiento de los partidos políticos que garantice la mayor transparencia posible”, señaló. Entre los aspectos a discutir mencionó que la mayor parte de los recursos de los partidos provenga de fondos públicos y que se fortalezcan los organismos de control.

“Si esos organismos de contralor hoy no tienen la potencia para controlar a los partidos, habrá que dársela”, dijo, en referencia a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas. Pereira planteó que el objetivo es que la nueva normativa esté aprobada antes del próximo ciclo electoral, aunque reconoció que el Frente Amplio necesita acuerdos para lograrlo.

El dirigente también respondió a las críticas del senador nacionalista Javier García, quien cuestionó que el Frente Amplio reclamara explicaciones. Pereira dijo que no quería convertir el tema en una disputa entre dirigentes. “No es el tema de hoy una pelea entre García y Pereira”, expresó, y sostuvo que su planteo busca promover un diálogo entre los partidos.

La situación de los ediles

Durante la entrevista, Pereira también se refirió a la denuncia anónima presentada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre las partidas de secretaría, los contratos de asesores y los pases en comisión de los ediles de Montevideo. Dijo que son asuntos que deben investigarse y discutirse, pero insistió en que la prioridad actual es impedir que el narcotráfico ingrese al financiamiento político.

Además, planteó que los ediles de todo el país deberían recibir un salario. “Si colocamos en manos de los ediles la responsabilidad de votar fideicomisos, préstamos, presupuestos y rendiciones de cuentas, naturalmente esas personas no lo pueden hacer razonablemente bien sin tener un salario”.

A su juicio, la falta de remuneración lleva a sustituir el salario del edil por asesores y es un tema que la sociedad debería discutir. Pereira dijo ser partidario de que los representantes departamentales sean asalariados, una modificación que, según señaló, requeriría una reforma de la Constitución.

Materiales complementarios

Accedé aquí a la declaración del Frente Amplio:

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