Foto: En Perspectiva

“En Uruguay, el acceso a la atención médica especializada sigue dependiendo en gran medida del lugar en el cual la persona vive.” 

Así comienza la exposición de motivos de un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados, que busca resolver la inequidad en el acceso a la atención en salud.

Reducir las listas de espera a la mitad es uno de los objetivos que se propuso para este período la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

Pero hace pocas semanas surgió otra idea: que los médicos y otros profesionales de la salud que culminen su formación de grado, posgrado o especialización, deban trabajar remunerados, por un período acotado en prestadores públicos de salud del interior del país.

Entre los médicos esta iniciativa ha dado mucho que hablar y provocó hasta ahora apoyos y rechazos.

¿Cómo ha visto esta discusión el autor del proyecto? 

¿Por qué hay que establecer una obligatoriedad? 

¿Cómo compatibilizaría un médico su trabajo en Montevideo con la atención en el norte del país, por ejemplo? 

¿Existen mecanismos similares en otros países que hayan funcionado? 

Emiliano Cotelo conversó con Federico Preve, médico neurólogo, diputado del Frente Amplio por Canelones, que ha sido el impulsor de este proyecto.

Federico Preve

• Diputado por Canelones (Frente Amplio)
• Médico Neurólogo
• Profesor Adjunto Neurología Hospital de Clínicas (UdelaR) 
• Exdirigente del Sindicato Médico del Uruguay

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El Frente Amplio presentó en Diputados un proyecto que busca resolver la inequidad en el acceso a la atención en salud.

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En su Plenario Nacional, el Frente Amplio rindió homenaje a las víctimas de la dictadura y reafirmó su compromiso con la memoria, verdad y justicia. El documento repasa el contexto político y económico del país, critica la gestión del gobierno anterior y destaca los desafíos internacionales y sociales del nuevo período de gobierno.

A la vez, presenta una hoja de ruta centrada en justicia social, redistribución económica, fortalecimiento del sistema de protección social, inversión en infraestructura y políticas de empleo, junto con un llamado a la militancia, la movilización y el diálogo con la sociedad. Finalmente, convoca a un proceso de debate interno que culminará en el Congreso Ordinario “José Pepe Mujica” para definir la estrategia futura del espacio político.

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

El sector Seregnistas del Frente Amplio (FA), que reunió el sábado por primera vez a su Agrupación Nacional de Gobierno, expresó su compromiso con el presidente Yamandú Orsi y con el rumbo del gobierno, y planteó que las opiniones en la coalición de izquierda sean discutidas con fraternidad y en los ámbitos orgánicos correspondientes.

La actividad reunió a más de cien integrantes y contó con la participación de ministros, intendentes, subsecretarios y legisladores del sector. 

Hablando en rueda de prensa, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, reivindicó la necesidad de tomar medidas para revertir la desaprobación que reflejan las encuestas.

“Lo importante es tener una actitud constructiva. Por supuesto que todos tenemos una mirada autocrítica de la gestión, porque somos conscientes de que lo mucho que trabajamos no necesariamente se lee por parte de la ciudadanía en los términos que uno entiende podría leerse. Pero hay que tener mucha humildad y asumir que esto no es solo algo de comunicación, sino fundamentalmente de mejorar el trabajo”.

Por su parte, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, sostuvo que el Frente Amplio “ha perdido fraternidad”, sobre todo desde la discusión por el plebiscito de la seguridad social en 2024, y llamó a “echar aceite” en el funcionamiento interno.

Además de Mahía y Bergara, entre los presentes estuvieron el intendente de Canelones, Francisco Legnani; los subsecretarios Martín Vallcorba, Ana Claudia Caram y Hugo Barretto; y los legisladores Liliam Kechichian, Luis Gallo y Carlos Varela. Hacia el cierre se sumaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, que no integran el sector.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con la senadora Liliam Kechichian.

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Foto: En Perspectiva

“Comer, dormir, trabajar, estudiar, y vivenciar momentos y actividades lúdicas en un espacio superficial diminuto podría considerarse satisfactorio como medida transitoria, pero no como lugar con concepto de habitabilidad adecuado y digno en clave de derecho humano".

Esto dicen los senadores del Frente Amplio que firman un proyecto de ley que lleva la superficie mínima habitacional de 25 metros cuadrados en tipología monoambiente a 35 metros cuadrados con un dormitorio como mínimo.

El proyecto, de un solo artículo, modifica normas votadas en el gobierno anterior por considerar que “afectan la calidad de vida de las personas, especialmente, a la población más vulnerable.”

Agrega que “el Estado a través de proyectos y actividades promovidas realiza renuncias fiscales muy importantes cada año que implican un esfuerzo de toda la sociedad pero no redundan en un desarrollo de bienestar.” 

El texto indica que cuando se autorice, construya, financie o promuevan beneficios tributarios, se exigirá como mínimo el número de dormitorios definido “por esta ley”.

La idea es rechazada por la Cámara Inmobiliaria del Uruguay y por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. La ministra de Vivienda Tamara Paseyro aseguró que están estudiando el proyecto pero que entiende que “no está bien prohibir una solución habitacional como esa”.

Hace unos días en La Tertulia discutimos el tema y quedaron en evidencia posturas diferentes entre quienes ven que este proyecto es una intervención del Estado para mejorar la calidad de la vivienda y quienes plantean que limita opciones que mucha gente elige o necesita.

¿Qué se busca con este proyecto? ¿Qué responde su autor a los argumentos de quienes se oponen? ¿Hay margen para quitar la prohibición, que es lo que genera más ruido? 

Emiliano Cotelo conversó con el senador Gustavo González, que presentó esta iniciativa.

Gustavo González 

• Senador de la República
• Frente Amplio (Partido Socialista)
• Exsecretario General de la Federación de Cooperativistas por Ayuda Mutua  (Fucvam)
• Autor de varias publicaciones sobre cooperativismo y vivienda

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Foto: Cinve

Apuntes

Por Emiliano Cotelo y Romina Andrioli

Producción: Leo Silvera y Kevin Martínez

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) está en la mira de la oposición. El motivo: la designación, el mes pasado, de una consejera a quien cuestionan por su militancia en el Frente Amplio.

Este es uno de los puntos sobre los cuales los blancos quieren consultar al ministro de Economía, Gabriel Oddone, en lo que en principio iba a ser una convocatoria en régimen de Comisión General pero ayer se confirmó que será lisa y llanamente una interpelación.

Este martes entrevistamos aquí En Perspectiva al senador Sergio Botana, que tomó la iniciativa de este llamado de Oddone al Parlamento. En un pasaje de la nota, cuando se explayó sobre este asunto, Botana empezó lamentando que el CFA hubiera perdido el mes pasado a uno de sus miembros, Alfonso Capurro, un economista prestigioso de quien destacó en especial su independencia. Y luego criticó la selección de su reemplazante, la economista Silvia Rodríguez Collazo…

Romina: Sobre el cambio de autoridades en el Consejo Fiscal Asesor, que se acaba de anunciar ¿cuál es el punto que ustedes buscan marcar?

Sergio Botana: Me gusta la denominación que manejas tú, Romina, porque ahora lo rebautizaron a partir del Presupuesto y de la reforma de las instituciones fiscales como Consejo Fiscal Autónomo. Y si le pusieron autónomo justamente es para que no se le ocurra ser autónomo. Y nos ha quedado clarísimo con la acción del Consejo que fue de independencia, advirtiendo los riesgos hacia el futuro y cómo termina la historia, que termina con nada más ni nada menos que con su líder, el economista [Alfonso] Capurro, afuera del partido, no sé cuál será la razón, etcétera, etcétera. Pero también se da la casualidad de que Capurro advierte, y advierte con sustento y competencia de la situación, que tiene riesgo de pasar en las cuentas públicas. Y terminamos sin Capurro y con la incorporación de una economista que no cumple con el principio de neutralidad exigido justamente en la propia legislación, en el decreto que dice la característica que deben tener quienes integren un consejo de esto de la naturaleza.

Romina: La salida de Capurro, según nos señalaban, estaba vinculada específicamente a lo que se establece de cómo funciona el Consejo y con la periodicidad que se renuevan justamente las autoridades.

Sergio Botana: Sí, sí… Y Capurro queda afuera…

Romina: ¿Y usted qué es lo que señala entonces? Justamente si terminaba su mandato…

Sergio Botana: De lo que estamos absolutamente preocupados es de que quien ha sido nombrado para sustituir a Capurro es una economista altamente politizada, militante de base, participante de los de los debates de redes sociales, pero de los bajos debates de redes sociales, no del alto debate.

El Consejo Fiscal

¿Qué es el CFA ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo integran? ¿Por qué se fue Capurro? Conviene ordenar un poco la información para entender mejor qué es lo que está pasando.

Vamos al origen: en la Ley de Urgente Consideración (LUC), votada en 2020, el primer año del gobierno de Luis Lacalle Pou, se introdujo una Regla Fiscal con el objetivo de darle sostenibilidad a las finanzas públicas. 

Y en el artículo 210 la LUC dispuso: “Con la finalidad de fortalecer la institucionalidad fiscal, el Poder Ejecutivo, a iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, designará un Comité de Expertos cuya función principal será proveer los insumos para realizar los cálculos del balance estructural. También designará un Consejo Fiscal Asesor, de carácter técnico, honorario e independiente, a los efectos de asesorar al Ministro de Economía y Finanzas en materia de política fiscal.”

Cuando se reglamentó esa ley, en el decreto 315/021, se agregó que “el Consejo Fiscal Asesor tendrá el cometido de velar [por] que las estimaciones del Resultado Fiscal Estructural se apoyen en bases académicas sólidas y objetivas”.

Y luego, en el artículo 14, se estableció  que el Consejo Fiscal Asesor estaría integrado “por tres miembros, denominados consejeros, expertos de reconocido prestigio profesional o académico en la materia objeto de este Decreto”, que serían “designados por resolución del Poder Ejecutivo, actuando en acuerdo del Presidente de la República con el Ministro de Economía y Finanzas”

Sus miembros iniciales fueron la economista Ana Fostel y sus colegas Aldo Lema y Alfonso Capurro. 

Los movimientos

El decreto estipulaba que los consejeros durarían cuatro años en sus cargos y podrían ser reelectos. Y luego detallaba cómo sería la renovación en la etapa inaugural. Decía que el Poder Ejecutivo, “por única vez”, debería sustituir o reelegir a uno de ellos “el segundo año desde la designación del primer Consejo y a otro al tercer año”. De esta forma, se agregaba, “en el primer Consejo conformado”, uno de los consejeros ocuparía su cargo por un período de 2 (dos) años, otro lo haría por 3 (tres) años y el tercero lo haría por 4 (cuatro) años, “salvaguardando así la memoria institucional del Consejo y dándole continuidad al mismo, sin perder la necesaria alternancia a nivel de sus miembros”.

Aldo Lema fue el primero en retirarse, en noviembre de 2023. Por su parte, Ana Fostel debía irse en noviembre de 2024 pero, debido al ciclo electoral, su mandato se extendió hasta marzo de 2025. Y el tercer miembro original, Alfonso Capurro, iba a estar en funciones hasta noviembre de 2025 pero para que no hubiera dos cambios en el mismo año siguió en funciones hasta este 2026, cuando se nombró a su sucesora, el pasado 22 de abril. Por tanto, el período correspondiente a Capurro estaba ya holgadamente superado cuando dejó el cargo.

Hoy el CFA está integrado hoy por Jorge Roldós, Eduardo Fernández Arias y Silvia Rodríguez. 

La nueva consejera

Esta última es la profesional designada el mes pasado y que los blancos rechazan. Para ello destacan, por un lado, que en 2024 apareció firmando la declaración de un grupo de economistas del Frente Amplio que rechazaban el plebiscito de reforma de la Seguridad Social que impulsaba el PIT-CNT, y, por otro, recuerdan una serie de publicaciones que ella realizó en el período pasado en sus redes sociales, en las que apoyaba al Frente Amplio en la campaña electoral y criticaba a dirigentes y candidatos de la oposición.

Aquí adjuntamos algunos de aquellos mensajes:

¿Por qué los blancos plantean esa objeción? ¿Cuál es su argumento principal? Esgrimen el artículo 16 del decreto 315/21 (que ya mencionamos) que reglamentó la conformación del Consejo Fiscal Asesor, y que entre las incompatibilidades para integrarlo, en el literal b) dice: “El cargo de consejero será incompatible con” (…)  “reconocida actividad político-partidaria”.

¿Y ahora?

Entonces, ¿está claro que este nombramiento estuvo mal hecho?

Para responder esta pregunta el punto clave es qué se entiende por “reconocida actitividad político partidaria”. ¿Queda configurada esa condición porque una persona firma una declaración y escribe algunos textos en redes sociales alineados con un partido? En filas nacionalistas entienden que sí. En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en principio entienden que no.

Por otro lado, existe una nebulosa jurídica que agrega alguna complicación. ¿Está vigente aquel decreto del año 2021? La duda se plantea porque en la ley de Presupuesto de este gobierno se introdujeron cambios en la regla fiscal y también en el Consejo Fiscal, que dejó de llamarse Consejo Fiscal Asesor y ahora se llama Consejo Fiscal Autónomo. 

La norma que regula este “nuevo” CFA es el artículo 675 de la Ley de Presupuesto, que tiene solo cuatro incisos. Y el cuarto inciso dice indica que “el Poder Ejecutivo reglamentará este artículo”. Pero…resulta que esa reglamentación está pendiente: no se aprobó todavía. O sea, no existe un nuevo decreto que reglamente el nuevo CFA.

A partir de ese “vacío” reglamentario, ¿qué pasa con la forma de designación de los consejeros y sus incompatibilidades?

El artículo 675 del Presupuesto contiene nuevas pautas sobre la integración y el mombramiento. Por ejemplo, señala que los mandatos de los consejeros pasan a durar tres años en lugar de cuatro. También modifica el procedimiento de selección de los consejeros: igual que en el decreto de 2021, se señala que “los consejeros serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, dando cuenta a la Asamblea General”; pero en lugar de estipular que los miembros deben tener “reconocido prestigio profesional o académico en la materia objeto de este Decreto”, como decía la reglamentación del año 2021, ahora esta artículo de una ley indica que “a efectos de la designación (…) el Ministerio de Economía y Finanzas pedirá asesoramiento a las instituciones universitarias y académicas”.

Desde el equipo económico subrayan que el nombramiento de la economista Silvia Rodríguez cumplió puntualmente con ese procedimiento, como se menciona a texto expreso en la resolución, donde se comunica que se propone ese nombre “previo pronunciamiento de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración” de la Universidad de la República. 

Al mismo tiempo en el MEF resaltan el curriculum de esta profesional, que, sostienen, la muestra solidamente capacitada para ocupar uno de estos cargos.

Sin embargo, aún habiéndose satisfecho esas formalidades, queda latente la objeción presentada por la oposición sobre la presunta falta de independencia política de la economista. 

Alguien podría sostener que las incompatibilidades incluidas en la reglamentación de 2021 ya no rigen porque aquel decreto se refería a artículos de la LUC que fueron reformados en la Ley de Presupuesto y que el nuevo decreto está pendiente. Las fuentes del MEF que consultó En Perspectiva no se afilian a esa tesis. Sostienen que lo más lógico es pensar que cuando se dicte el nuevo decreto aquellas condiciones volverán a estar plasmadas en negro sobre blanco.

¿En definitiva? Los informantes señalaron que la designación se mantiene firme. Y para sostener esa posición destacan el comunicado que el propio CFA divulgó ayer para dar la bienvenida a la economista Rodríguez Collazo y en particular los tres largos párrafos en los que se resume sus antecedentes:

“Silvia es Economista y Máster en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA) de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar).

Actualmente se desempeña como Profesora Agregada G°4 del Departamento de Métodos Cuantitativos del Instituto de Estadística de la FCEA, cuyo vínculo con la institución inició en 1991. Coordina y dicta los cursos de Series Cronológicas y de Econometría II de las Licenciaturas en Estadística y Economía, respectivamente, así como el curso de Series Temporales de la Maestría en Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar. También es Investigadora Asociada del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) desde 2011. Sus principales áreas de trabajo son la macroeconomía, el análisis económico de la coyuntura y la econometría de series temporales.

“Cuenta con una destacada trayectoria académica y profesional en el campo de la economía, desarrollando actividades de investigación, docencia y capacitación. Su producción incluye participación en líneas y proyectos de investigación y desarrollo, así como servicios técnicos especializados. Ha publicado artículos en revistas científicas, documentos de trabajo, capítulos de libros y textos de divulgación, además de presentar trabajos en eventos académicos. También ha participado activamente en evaluaciones académicas y formación de recursos humanos, actuando como jurado y tutor de tesis de grado y maestría.”

De todos modos, en el MEF se está a la espera de los argumentos y la documentación que la oposición presente formalmente con su reclamo en los próximos días.

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Foto: Marina estadounidense

Los comentarios políticos de Emiliano Cotelo y Romina Androli. 

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Foto: US Embassy Montevideo

La Tertulia de los Lunes con Gonzalo Baroni, Miguel Brechner, Martín Bueno y Lucía Zapata

La visita del presidente Yamandú Orsi, el sábado pasado, al portaaviones estadounidense USS Nimitz, generó críticas de la oposición y el movimiento sindical. La nave se encuentra en aguas internacionales frente a la costa uruguaya y el mandatario fue invitado por el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi.

Orsi se trasladó desde el Aeropuerto de Carrasco en una aeronave militar estadounidense y en la plataforma participó de una jornada que incluyó demostraciones aéreas. En declaraciones a Canal 5, fue consultado sobre la importancia de la visita:

“Habla de una buena relación de años, del diálogo necesario, permanente, de intercambio. Habla de una historia. Hubo una reunión, no hace mucho tiempo, de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de todo el continente, en la que se coordinaron con Estados Unidos cuáles son los principales problemas que se identifican. Por lo tanto, no es un cambio. Quizás el cambio sea que, por estar cerca, invitan a los jefes de Estado a que estén”.

El USS Nimitz, que integra el despliegue “Mares del Sur 2026” del Comando Sur de Estados Unidos, fue visitado en las últimas semanas por los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Chile, José Antonio Kast.

Ayer, domingo, el portaaviones fue visitado por el senador colorado Andrés Ojeda y varios militares uruguayos. 

Ojeda comentó en redes sociales: 

“Una verdadera ciudad flotante, impulsada por energía nuclear, capaz de operar durante décadas y de proyectar presencia y estabilidad en cualquier región del planeta. Recorrerlo es una experiencia impactante”.

“Es clave acceder a este nivel de intercambio, como el que también tuvieron los Presidentes de Uruguay, Argentina y Chile, de primera mano, con quienes lideran y operan una de las principales herramientas de seguridad y asistencia global del mundo”.

La visita generó cuestionamientos en sectores la oposición por el traslado del presidente desde el aeropuerto hasta el portaaviones en una aeronave militar estadounidense sin autorización parlamentaria. 

El diputado nacionalista Federico Casaretto afirmó que el gobierno “omitió enviar la solicitud de venia”. En sus redes sociales, el legislador sostuvo que “el gobierno optó por violar la Constitución de la República” y remarcó que el tema podría haberse tratado en sesiones del Senado o Diputados. La Constitución establece que la Asamblea General debe “permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio”.

Desde el oficialismo, la presidenta de la Comisión de Defensa del Senado, Bettiana Díaz, sostuvo que la situación es “ambigua” desde el punto de vista legal.

En declaraciones a Telemundo, Díaz explicó que se trata de “un intercambio académico” y no de un ejercicio militar, y que el traslado podría considerarse un “apoyo logístico”, por lo que no necesariamente requiere autorización parlamentaria.

Además, recordó que la embarcación se mantiene en aguas internacionales, lo que también incide en la interpretación jurídica del caso.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado ayer en rechazo a la visita del presidente al portaaviones. La central sindical cuestionó que Orsi violenta “nuestra propia Constitución” al permitir el ingreso de una aeronave extranjera sin autorización parlamentaria, en un contexto en el que Estados Unidos “volvía con sus amenazas” contra Cuba.

Además, el PIT-CNT recordó que Uruguay suscribió en 2014 la declaración de la Celac que define a la región como “zona de paz y libre de armas nucleares”, y sostuvo que la decisión es “contraria a los valores por la paz”, al tiempo que expresó su “solidaridad irrenunciable con el pueblo cubano”.

Viene de: 1ro de Mayo: ¿Qué dejó esta vez el acto del PIT CNT?

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Foto: adhocFotos

La Tertulia de los Miércoles con
Gonzalo Baroni, Martín Bueno,
Juan Erosa y Eleonora Navatta

El Frente Amplio relanzó este lunes en Fray Bentos su iniciativa “El FA te escucha”, la estrategia de recorrida departamental que la coalición de izquierdas puso en marcha en su etapa de oposición. 

Según aseguran los dirigentes del oficialismo, los objetivos del proyecto original que inició en el año 2022 mantienen plena vigencia: “la escucha activa, el diálogo directo, relevar demandas, procesar críticas y tejer confianza” 

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, informó que este año la fuerza política visitará los 19 departamentos del país. Agregó que para el año próximo se espera recorrer las 307 localidades que se incluyeron en la primera gira de “El FA te escucha” en el período pasado.  

"Esto es una metodología de trabajo, no es solo llegar a escuchar. Ahora vamos a venir a decir ‘Nos comprometimos con estas 63 prioridades y estos son los avances que hay en este departamento‘. Cuántos bonos escolares, becas Butiá, puestos de trabajo, cooperativas, viviendas. Es decir, las cosas que a la gente le importa. Cuánto se está invirtiendo en seguridad pública, cuántas cámaras nuevas hay para videovigilancia. Esos temas que finalmente se discuten a nivel nacional, nosotros lo estamos trayendo a nivel departamental. Es decir, sin olvidar que hay que tratar el tema nacional. Estamos tratando de construir datos y evidencia para que nuestros compañeros y compañeras del interior tengan material para discutir pero también compartir las cosas que ha evolucionado el Frente Amplio este período, que son muchas y muy nutridas”.

Pereira enfatizó que las “preocupaciones” que se planteen en las organizaciones sociales se deberán “absorber y transmitir al gobierno”. 

En paralelo, el dirigente herrerista Luis Alberto Heber anunció que la lista 71 del Herrerismo saldrá a recorrer el país para dar su visión sobre la situación actual y confrontar con la gira oficialista “El FA te escucha”. 

Según dijo Heber durante el congreso del sector el pasado fin de semana, la movida, que se desarrollará en el interior y también en barrios de Montevideo, está inspirada en la estrategia de “la otra campana” que desarrolló el ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera en anteriores gobiernos del FA, cuando iba a dar sus versión de los hechos a aquellos lugares donde el entonces presidente Tabaré Vázquez realizaba los Consejos de Ministros abiertos.

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Foto: adhocFotos

La Tertulia de los Lunes con
Gonzalo Baroni, Miguel Brechner, Leonardo Costa y Lucía Zapata

El presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo ayer que el gobierno no prevé avanzar en nuevas reformas tributarias en el corto plazo.

Consultado por la prensa ayer sobre la discusión interna en el Frente Amplio en torno a eventuales cambios en el sistema tributario, Orsi dejó en claro que la orientación en esta materia ya fue definida en el presupuesto quinquenal, donde se incluyeron medidas como el impuesto mínimo global a las multinacionales.

“Incluso se trabajó mucho —con muchos actores, con fuerzas políticas y sociales— el nuevo esquema del impuesto mínimo global. Son esas conversaciones que uno no puede decir que no se habla más. Tenés que seguir hablando, no hay que tenerle miedo; pero no lo tenemos en el horizonte como un planteo inmediato. A nivel mundial se habla del impuesto a los superricos, siempre se está hablando. Pero nosotros, como gobierno, no tenemos planteado y no tenemos en el horizonte ningún cambio en ese sentido”.

En la misma línea que presidente se expresó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien tomó distancia de varias de las propuestas que surgieron desde la unidad temática de Economía del Frente Amplio, donde se planteó revisar impuestos como el IRPF, el IRAE, el Imesi o el impuesto al patrimonio. 

En declaraciones que formuló a Telemundo desde Estados Unidos, Oddone valoró el debate, pero afirmó que la agenda tributaria del gobierno está, en lo sustancial, cerrada.

“Vemos con muy buenos ojos que esa discusión sea promovida, tanto por los ámbitos técnicos como políticos. No obstante lo cual, nosotros hemos dicho que en términos de alteraciones tributarias la agenda del gobierno está cumplida. Por lo tanto, no estamos en condiciones de avanzar en la discusión de la mayoría de esos impuestos que están sobre la mesa en este periodo de gobierno. Lo cual no quiere decir que no estemos dispuestos a discutir”.

De todos modos, admitió que uno de los pocos puntos que sigue en estudio es la eventual implementación de un IVA personalizado, una herramienta que permitiría introducir mayor progresividad en el sistema, aunque sin perspectivas de aplicación inmediata. 

El debate dentro del oficialismo se da en un contexto de menor crecimiento económico que el previsto por las autoridades para este año, lo que condiciona los márgenes fiscales.

Oddone viajó a Washington, donde cumplió una agenda de reuniones con empresas, inversores y organismos internacionales, en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El foco está puesto en posicionar a Uruguay como un destino seguro para la inversión, en un contexto internacional todavía incierto.

¿Qué lectura hacen los tertulianos de este planteo del ministro? ¿Es simplemente una delimitación de tiempos o marca una diferencia más de fondo entre el gobierno y el Frente Amplio? Y hacia adelante, ¿hay margen para discutir cambios en la estructura tributaria en este período?

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