Presentan: Universidad CLAEH, Giménez Méndez, Campo Claro, Zucchino Motors y Victoria Plaza Office Tower

Desde el Palacio Legislativo conversamos con dos invitados que han pasado buena parte de su vida dentro de esas paredes: Silvana Medina, directora general de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo, y a Ángel Montes de Oca, quien se jubiló hace 2 años, tras 32 años de trabajo.

Los dos ingresaron en 1991 y fueron haciendo carrera en lo suyo, hasta llegar a lo más alto. Sus historias, sus recuerdos, cómo funciona el Parlamento. Todo lo que no se ve detrás de la función de los parlamentarios.

Como para tener una referencia: entre senadores y diputados hay 129 personas. ¿Y saben cuántos funcionarios hay en el Palacio? Casi 1.200. Van desde porteros hasta electricistas, pasando por informáticos, telefonistas, médicos, y restauradores artísticos, bibliotecarios, administrativos y tantos otros… Ellos son los que brindan el soporte indispensable para que todo funcione en este edificio, también en el Anexo, y para que los legisladores puedan ejercer su función sin contratiempos.

¿Quién se encarga de que esta maquinaria funcione? La Comisión Administrativa del Palacio Legislativo, un organismo que fue creado por ley en 1923, y que tuvo varias modificaciones en sus cometidos a lo largo de los años. No solo porque fue creciendo en tamaño, sino porque, claro, los cambios de época fueron exigiendo nuevas funcionalidades, tecnología y servicios.

Esta comisión tiene como directora general a Silvana Medina, que trabaja aquí hace 34 años. Y está integrada también por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, por 3 senadores, 3 diputados, 3 integrantes de Secretaría y la Dirección Protocolo y RRPP.

De este organismo dependen todos los funcionarios del Palacio y para conocer también esa otra cara, nos acompañó Ángel Montes de Oca, quien ingresó como pintor en 1991 y se jubiló hace 2 años como director del Departamento de Restauración Artística.

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

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Veo en diferido lo expuesto en La Mesa con cierta incredulidad; parece increíble que el Senado –sin duda bien inspirado– proponga este texto sin hacer una mínima autocrítica. La transparencia y la ética deben tomar ejemplo de la caridad, que comienza por casa.

Por lo que escuché me inclino por la posición de Hoenir, pero agregaría lo siguiente, algunos párrafos de un ensayo que me propongo publicar en enero y hacen específica mención a ello:

***

Responsabilidad en el Parlamento. Un buen comienzo sería replantear, sin concesiones, el estudio de los privilegios adquiridos –auto concedidos– en las últimas décadas por los políticos. Es posible, democrático, republicano, transparente y ético. Reivindica el elemental sentido común. Veamos el combo legislativo mínimo de probidad que podemos exigirles a nuestros representantes:

Licencias parlamentarias: volver a las fuentes, regresar con mínimas modificaciones a la ley 10.618 de 1945, por la cual se reguló el tema. Las licencias serán por misiones oficiales, enfermedad o si la pide el partido. Ley justa, criteriosa y equilibrada. Conceptualmente legal, legítima y ética.

Descartar lo aprobado en 1993, licencias “por motivos personales”, un despropósito. Si desean mantener motivos personales, que sea sin goce de sueldo. A nadie en su sano juicio se le ocurre dar licencias por motivos personales sin justificar. Votamos por un legislador para que cumpla su mandato, y pagaremos sólo por uno, el titular o el suplente. Lo otro es abuso de confianza y de funciones. Legal porque lo votaron, pero ilegítimo y no ético. Patético.

Partidas parlamentarias adicionadas al sueldo. Es sabido y reconocido que es un atajo para suplementar el sueldo básico, ya razonablemente alto. Deben cesar o recortarse al máximo las partidas de: a) Representación, b) Prensa, c) Secretaría y d) Celulares y otras eventuales. Y de paso, con comprobantes. Cualquier similitud con las tarjetas corporativas es mera coincidencia…

El pago ¿por el cargo o la función? El ejemplo del ministro que opta por cobrar su sueldo como legislador es un artilugio que la ciudadanía no merece. Detalle menor demasiado significativo. Prueba de la confusión que tienen entre legal, legítimo y ético. Tipo “como te digo una cosa, hago la otra”.

El pago de cargas sociales de secretaría. Que en el Parlamento hubiera deudas con el BPS es un escándalo. No pasó nada. Demasiados involucrados. Barren debajo de la alfombra. El descontrol institucionalizado.

Pases en comisión. Secreto a voces. Guste o no, se abusa: nepotismo, amiguismo, “compañerismo”. Mal de muchos, consuelo de inescrupulosos.

Subsidios al cesar la legislatura. Imposible digerir que una institución que firma un contrato a término por cinco años –con fecha de vencimiento precisa– siga pagando un suculento estipendio durante un tiempo extenso. Nos toman el pelo. Máximo, reconózcanse dos meses con un solo sueldo mínimo nacional. Y no es de recibo que “eso no mueve la aguja”, como supo decir alguno.

Subsidios al renunciar en medio de la legislatura. Una duda adicional: ¿es proporcional al tiempo trabajado?

¿Cómo han sucedido estos desvíos? Simple: fue una época (¿que hoy se pretende superar?) sin transparencia ni control. Más simple, porque los propios interesados estaban –están– a ambos lados del mostrador. No tuvieron noción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la Responsabilidad Social Ciudadana (RSC) o la Responsabilidad Social Institucional Pública (RSIP). Es tiempo de revisar errores y reencaminarse. Sin versos, con acciones.

“¿Quo vadis?” es la inagotable interrogante que interpela y desafía la inteligencia de las naciones. En nuestro caso persiste la duda: ¿Cómo se establece y cuál es la relación entre los ciudadanos y sus representantes en el quehacer de la república? ¿Hasta dónde delegamos potestades y en cuales áreas y casos no debemos ni queremos delegarlas a los gobernantes? De esto trata la cuestión.

La responsabilidad, transparencia y ética que impere de aquí en más en el Parlamento darán la pauta para saber si vamos por el camino correcto o seguimos desorientados. Es la “prueba del nueve” a aplicarle a los políticos. De ello depende que se recupere la confianza en la política, hoy lamentablemente cuestionada.

Adjunto notas que vale la pena consultar; hay muchas más que avalan todo lo dicho.

Gonzalo Pou
Vía correo electrónico

Nota relacionada

Senado aprobó el Código de Ética en la Función Pública. La Mesa de los Miércoles, 19.12.2018.

Notas citadas por el autor

Diputados admiten usar partidas con otros fines. El País, 20.09.2016.

Licencias y suplencias de parlamentarios: ¿y la transparencia? En Perspectiva, editorial, 26.08.2016.

En lo que va de la actual legislatura, los diputados tomaron 3.544 días de licencia extra, 36 días por cada representante. Búsqueda, 24.08.2016.

La copiosa integración del Parlamento uruguayo (I), Daniel Chasquetti, Zoom Politikon, Montevideo Portal, 24.03.2015.

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Hace años, una familiar estuvo seis meses como becaria en la Intendencia de Montevideo. Su experiencia fue que a los becarios los mataban a trabajo, mientras los funcionarios solo charlaban y no hacían nada. Millones tirados a la calle.

Hace un año, una prima ingresó en un área administrativa. Es muy activa y capaz. A las dos semanas de haber entrado, un superior la llamó a su despacho y le dijo: "Mirá, acá no trabajamos a ese ritmo; estás dejando en evidencia a tus compañeros. Aflojá la mano o te traslado y vas a ganar mucho menos". Ella pidió traslado. Hace dos meses está trabajando en una oficina sola; le mandan una tarea para hacer, la hace en un rato, se va todos los mediodías a otro trabajo y vuelve un rato a marcar tarjeta. Otra cabeza estropeada.

Si la reestructura cambia estas cosas, bienvenida.

Gustavo A. Calvo
Vía correo electrónico

Entrevista relacionada:

Daniel Martínez: Para tener superávit, la IM “echó mano a todo” e incluso pospuso inversiones porque “iba a ser muy duro bajar remuneraciones y gastos de funcionamiento”

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