La Tertulia de los Lunes con
Patricia González, Pablo Díaz,
Leonardo Costa y Gabriel Budiño

Los 12 países del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) anunciaron el viernes pasado que quedaba habilitado el proceso de negociaciones para el ingreso de Uruguay a ese bloque.

El Tratado Transpacífico es un acuerdo comercial que reúne a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido, Vietnam (Costa Rica se encuentra en proceso de admisión), comprende a unas 600 millones de personas y mueve el 15% del PBI mundial.

La solicitud de adhesión, que fue presentada en diciembre de 2022 por el entonces canciller Francisco Bustillo, fue uno de los asuntos que quedó en marcha y se discutió en la transición entre gobiernos, pero la última referencia pública al tema había sido en julio cuando el actual ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, declaró que estábamos "lejísimos” de ingresar al proceso de admisión.

Este viernes Lubetkin explicó que el perfil bajo en el tema y las gestiones de este gobierno en los meses desde su instalación permitieron revertir aquella situación, avanzar rápidamente y llegar a la resolución que acababa de conocerse.

Ahora Uruguay y los países del CPTPP crearán un Grupo de Trabajo para elaborar las condiciones particulares en las que el país se sumará a este acuerdo que está en marcha desde 2018.

La noticia fue celebrada por el gobierno y la oposición y se la calificó como un ejemplo de Política de Estado, más allá de las diferentes administraciones que impulsaron la gestión.

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La Tertulia de los Lunes con
Patricia González, Pablo Díaz,
Leonardo Costa y Gabriel Budiño

El próximo 10 de diciembre entrará en vigor en Australia la ley que prohíbe que los menores de 16 años posean cuentas en redes sociales. Las grandes compañías tecnológicas deberán tomar recaudos para que la norma se cumpla.

La ley, calificada como pionera a nivel mundial, busca reducir el tiempo y las “presiones” que el acceso a las redes genera en los más jóvenes, en un país donde 7 de cada 10 niños estuvieron expuestos a contenidos inapropiados como peleas, suicidio, trastornos alimentarios o acoso sexual.

La prohibición comprenderá en principio a nueve compañías tecnológicas: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick, que si incumplen la norma pueden enfrentar multas de hasta 50 millones de dólares.

Ni los niños ni sus padres serán sancionados por infringir la prohibición. Serán las empresas de redes sociales las encargadas de hacer cumplir la norma y podrían llegar a enfrentar multas de hasta US$49,5 millones por infracciones graves o reiteradas.

El gobierno australiano afirma que estas empresas deben tomar "medidas razonables" para impedir el acceso de los menores a sus plataformas y utilizar tecnologías de verificación de edad, sin especificar cuáles.

Hasta ahora, se han planteado varias posibilidades. Entre ellas el uso de documentos de identidad oficiales, el reconocimiento facial o de voz y la inferencia de edad.

Según un informe de BBC, los críticos de la medida dicen que la prohibición puede no ser efectiva porque deja afuera a videojuegos o los chats con inteligencia artificial, que son de uso frecuente en las poblaciones más jóvenes.

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Foto: AFP

La Tertulia de los Miércoles con
Valentina Arlegui, Gabriel Budiño,
Patricia González y Elena Grauert

El presidente de la República, Yamandú Orsi, debutó ayer como orador en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En un contexto de crecientes tensiones globales, Orsi se presentó como la voz de un país pequeño pero con una tradición firme en defensa del multilateralismo, los derechos humanos y la paz.

El mandatario se refirió al tema del conflicto en Medio Oriente e hizo un llamado a suspender operaciones militares, proteger a civiles inocentes y liberar a rehenes.

“Condenamos toda forma de terrorismo, ya que constituye, entre otras cosas, una despreciable actitud de cobardía. Existe otra lógica actual y es la que nos lleva a que el objetivo central en las guerras actuales pareciera ser la práctica sistemática del exterminio. El fin nunca, nunca justifica los medios. Debemos desterrar aquel viejo precepto de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Toda guerra es criminal sin importar dónde ocurra, sin importar el Dios que se invoque para justificarla y merecerá siempre nuestra más visceral condena. Es cierto que toda nación tiene el derecho a un territorio y a un gobierno. Es cierto que tiene derecho a establecer un nivel de autodeterminación que le permita la convivencia con los demás pueblos. Eso es real. Y el valor de las Naciones Unidas es justamente garantizar que estos principios se concreten de manera pacífica y civilizada”.

Además, reivindicó el perfil histórico de Uruguay como país neutral, mediador y comprometido con la solución pacífica de los conflictos, y se ofreció formalmente como anfitrión de negociaciones internacionales. Dijo que Uruguay está “preparado” para ese desafío, no por su poder militar o económico, sino por su vocación de diálogo, tolerancia y paz.

“Bien saben las naciones que integran esta asamblea que mi pequeño país está muy lejos de caracterizarse por su poderío militar o su predominio económico y es allí, paradojalmente, que reside nuestra fortaleza porque somos incapaces de estorbar a nadie. Por el contrario, nuestra fortaleza radica en capacidades intangibles pero que este mundo mucho necesita porque somos un país muy confiable en la promoción del diálogo y de la paz. En primer lugar, porque estos principios nos definen como República y se expresan en el respeto a la separación de poderes y el Estado de Derecho, la fortaleza del sistema democrático y el respeto y promoción de los derechos humanos y la equidad social, entre otros”

También recordó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, destacó que luego de 77 años sigue siendo un "manifiesto revolucionario" aunque lamentó que el mundo esté "lejos" de esos principios y dijo que los "principios de libertad e igualdad" aparecen cada día "más divorciados".

Continúa en: PedidosYa: Fallo judicial desestimó demanda de un trabajador-repartidor

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La Tertulia de los Miércoles con
Valentina Arlegui, Gabriel Budiño,
Patricia González y Elena Grauert

Fue rechazada en la justicia una demanda iniciada por un repartidor que reclamaba a la empresa PedidosYa el pago de licencia, salario vacacional, aguinaldo, horas extras, más multas, daños y perjuicios, argumentando que mantenía una relación de dependencia laboral con la firma.

El trabajador sostuvo que se desempeña como repartidor de esa plataforma desde 2019 y que la relación con ella continúa vigente. El reclamo era por $ 3.282.996 (US$ 80.000).

Lugo de analizar los argumentos de las dos partes, el juez Walter Hugo Burella, a cargo del Juzgado Letrado de Trabajo de 15° Turno, desestimó la acción legal interpuesta “al no haberse demostrado la existencia de la relación laboral alegada”.

Para el magistrado, el conflicto central radicó en establecer si el vínculo entre empresa y repartidor encubría o no una relación de dependencia. Es decir, si los servicios prestados debían calificarse como “laborales o autónomos”.

Según reseñó ayer el diario El País, para dictar sentencia, Burella citó la reciente ley 20.396 (sobre las personas que desarrollan tareas mediante plataformas digitales), de 2025, que en su artículo tercero establece que la norma es “aplicable a todo trabajador que desarrolle tareas mediante plataformas digitales que facilitan servicios de entrega de bienes o transporte urbano y oneroso de pasajeros, independientemente de la calificación jurídica de la relación que entablen con las empresas titulares de tales plataformas (relación de trabajo dependiente o autónoma)”.

“Parece claro que para nuestro derecho las personas que prestan servicios mediante plataformas tienen la posibilidad de vincularse tanto como trabajadores dependientes o autónomos”, diferenció el juez.

En esta línea, el magistrado actuante consideró que para que haya una relación laboral deben cumplirse tres elementos: la prestación de servicios, la subordinación y la remuneración. “Ninguno de ellos puede faltar”, agregó.

Según supo El País, aunque ya existen reclamos de este tipo contra la empresa de parte de repartidores, hasta ahora se había acordado extrajudicialmente o siguen en curso, sin un fallo de un juez o una sentencia.

Hasta ahora los casos de reclamo judicial sobre dependencia o no laboral en el país vinculados a plataformas o aplicaciones —con sentencia— habían sido asociados a Uber.

A partir de esta resolución, Montevideo Portal consultó al senador frenteampliasta Eduardo Brenta, que recordó que su partido aspira a que se “modifique” la ley “que fue aprobada a último momento en el periodo anterior”, para que se reconozca de forma clara y general la relación de dependencia laboral entre las plataformas y sus trabajadores.

Según argumentan varios legisladores oficialistas, aunque la relación parezca flexible, existen elementos de control y subordinación —como los algoritmos y las penalizaciones indirectas— que reflejan un vínculo laboral encubierto.

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La Tertulia de los Jueves con
Gabriel Budiño, Gabriel Mazzarovich,
Gloria Robaina y Daniel Supervielle

La crisis entre Estados Unidos y Brasil se agravó este miércoles, cuando el presidente Donald Trump firmó un decreto que oficializa la aplicación de aranceles del 50% al ingreso de productos de ese país, en parte en represalia por el juicio contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro.

A mediados de julio, Donald Trump, había anunciado que esa medida se aplicaría a partir del 1 de agosto. La comunicación estuvo incluida en una carta enviada por Trump al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la que esgrimió tres razones: el juicio que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y que el líder republicano califica como “una caza de brujas”; decisiones del Supremo Tribunal Federal brasileño, que considera de "ataques insidiosos a las elecciones libres y al derecho fundamental a la libertad de expresión de los estadounidenses”, incluyendo la censura de las "plataformas de redes sociales” de ese país (Estados Unidos); y una “relación comercial prolongada y muy injusta generada por los aranceles y las barreras arancelarias y no arancelarias de Brasil”.

A lo largo del mes de julio hubo varios intentos de negociaciones entre las dos partes pero, según los trascendidos, el ambiente no era auspicioso. Finalmente la resolución se aprobó un día antes del plazo previsto.

La medida entrará en vigor el próximo 6 de agosto y no abarca a todos los productos brasileños. Trump exceptúa algunos rubros esenciales en las exportaciones brasileñas como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa o el arrabio, entre otros. Sin embargo, el café está incluido entre los productos que se verán sometidos a un 50% de tarifas aduaneras suplementarias, aplicables siete días después de la emisión del decreto, se lee en el texto. Es decir, el 6 de agosto.

“Es importante que el presidente Trump considere lo siguiente: si quiere una pelea política, tratémosla como tal. Si quiere hablar de comercio, sentémonos a hablar de comercio. Pero no se puede mezclar todo”, expresó Lula que agregó que defenderá la "soberanía del pueblo brasileño".

Para Trump las acciones del gobierno de Lula "constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos", informa la Casa Blanca en un comunicado.

"La persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento políticamente motivados del gobierno de Brasil" contra "Bolsonaro y miles de sus seguidores son graves violaciones de los derechos humanos que han socavado el estado de derecho en Brasil", acusa Washington.

La Casa Blanca cuestiona, además, al juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes.

Moraes "ha abusado de su autoridad judicial para amenazar, señalar e intimidar a miles de sus oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y suprimir la disidencia, a menudo en coordinación con otros funcionarios brasileños, incluidos otros jueces del Tribunal Supremo Federal de Brasil", se lee en el comunicado.

Horas antes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a este magistrado, a quien Washington ya había revocado la visa.

Las sanciones se imponen en virtud de una ley estadounidense conocida como Global Magnitsky, que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en el mundo.

"Se ha tomado la libertad de ser juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas", afirma el secretario del Tesoro Scott Bessent, citado en un comunicado.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de Moraes que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

Continúa en: Congreso de Intendentes: gobierno e intendencias llegaron a un acuerdo por partidas presupuestales con intervención de Orsi

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La Tertulia de los Jueves con
Gabriel Budiño, Gabriel Mazzarovich,
Gloria Robaina y Daniel Supervielle

Con la intervención clave del presidente Yamandú Orsi, el Congreso de Intendentes llegó a un acuerdo con el gobierno nacional por la transferencias de recursos presupuestales para las comunas. 

El director de la OPP, Rodrigo Arim, destacó el valor político del acuerdo y señaló que la propuesta que será enviada al Parlamento representa el mayor nivel de transferencias desde el gobierno nacional hacia los departamentos en la historia del país, con una inversión estimada de 800 millones de dólares anuales.

El acuerdo alcanzado – indicó- contempla un aumento significativo de recursos y la creación de nuevos instrumentos para promover inversiones estratégicas en todo el territorio. 

Se conformó un fondo de inversiones estratégicas del país por un total de 80 millones de dólares a ejecutarse entre el 2027 y 2029, este fondo se dividirá en dos partes: 45 millones para el área metropolitana y 35 millones para el resto del país.

Así mismo se modifica el porcentaje del Fondo de Desarrollo del Interior que recibirán las intendencias, alcanzando  un incremento de 40 millones de dólares en el quinquenio.

El presidente Yamandú Orsi, que asistió a la sesión del Congreso de Intendente que aprobó por unanimidad el acuerdo, destacó la relación entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales. 

Subrayó que, en la línea de trabajo para lograr un crecimiento nacional equilibrado, siempre hay un punto en el que las partes se encuentran. “Acá no se avanza si no hay acuerdos”, afirmó Orsi, y remarcó que era previsible llegar a uno, ya que el Congreso de Intendentes es el "ámbito político por excelencia".

“Es raro que acá no se llegue a un acuerdo, así sea para levantar la cabeza en uno o dos departamentos. Entonces, creo que la noticia no es "el presidente o los intendentes", dirán lo que dirán, pero lo que sí es claro es que hay un ámbito político por excelencia donde sí se puede estar hablando de gestión y acá se hace política por lo altísimo, no por lo alto”.

"En el Congreso de Intendentes hay gestión", porque se practica una política que obliga a observar que la realidad está bastante más allá de lo que le toca a cada territorio, agregó el mandatario. “Es buena cosa que me refresquen la necesidad de que desde los territorios se hagan escuchar sus voces”, subrayó. 

Orsi aseguró que el acuerdo demuestra que no se trata solo de un tema de matemática o dinero, sino de "demostrar que, cuando se habla de los intereses de la población, todos debemos ceder un poco".

Por su parte, el jefe comunal de Paysandú, Nicolas Olivera, que preside el Congreso de Intendentes también celebró el entendimiento alcanzado: 

“Lo primero a destacar es que las 19 intendencias teníamos un mismo postulado, una misma reivindicación. Acá no era un tema de intendentes de un partido, de otro, de tal región. Las 19 fuimos abroqueladas. Y en ese sentido hay criterio de distribución que por suerte y felizmente, más allá que en algún momento de la cosa se puso quizá en el punto de no retorno, siempre hay punto de retorno. En este caso, entre la noche de ayer y la mañana de hoy terminamos cerrando el acuerdo”. 

¿Qué mirada aporta Yamandú Orsi, en su condición de exintendente, a los gobiernos departamentales? ¿Cuánto aporta este acuerdo en términos de descentralización?

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La Tertulia de los Lunes con
Matías Bordaberry, Gabriel Budiño,
Casilda Echevarría y Daoiz Uriarte

El gobierno descartó definitivamente el proyecto Neptuno, impulsado en la administración anterior, que preveía reforzar el sistema de agua potable en Montevideo y el área metropolitana instalando una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata en la zona de Arazatí, en San José.

Varias organizaciones sociales y el Frente Amplio, entonces en la oposición, habían cuestionado esa iniciativa por considerar que presentaba problemas legales, técnicos, financieros, sociales y ambientales.

La decisión fue anunciada el viernes pasado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa junto al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y representantes del consorcio Aguas de Montevideo.

La noticia llegó al final de 90 días de negociaciones entre las autoridades nacionales y el grupo empresarial destinadas a analizar alternativas a lo estipulado en el contrato original.

"Cuando nosotros iniciamos este proceso, donde junto al Gobierno, tanto las autoridades de OSE como las del Ministerio de Medio Ambiente y un equipo enorme desde el punto de vista técnico —ingenieros, abogados, tanto del sector público como del sector privado— han trabajado intensamente durante todo este tiempo, a efectos de cumplir con este objetivo principal que es garantizar el acceso al agua potable del área metropolitana hacia el 2045.

Estuvimos discutiendo una renegociación de un contrato que oportunamente firmó el Estado uruguayo con el consorcio, con los mismos objetivos y bajo el mismo paraguas, porque ese contrato firmado establecía justamente fortalecer la seguridad del sistema de agua potable para el área metropolitana.

Lo hicimos en este proceso con, yo diría, dos componentes centrales: primero, pensando en el bien general y colectivo; y segundo, desde un profesionalismo clave para poder avanzar en estos temas. Y hemos llegado a un acuerdo, lo cual para nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción".

Ahora, a partir de un acuerdo con el consorcio privado que tenía a su cargo la concesión, se resolvió construir una nueva planta potabilizadora sobre el río Santa Lucía, cerca de la que existe hoy en Aguas Corrientes, realizar obras de mejora en la Quinta Línea de Bombeo y construir sobre el arroyo Solís Chico una reserva de agua bruta y otra usina potabilizadora, de menor porte, para reforzar el abastecimiento en la zona este del departamento de Canelones.

Según explicó Sánchez, la segunda planta de Aguas Corrientes tendrá una producción adicional de 200.000 metros cúbicos diarios de agua potable, que, sumados a los que ya genera la actual permitirán alcanzar un total de 900.000 metros cúbicos al día, suficientes para abastecer al área metropolitana hasta el año 2045.

Sánchez destacó que estos trabajos permiten un ahorro de un tercio del costo del proyecto original.

Y resaltó, por otra parte, que el consorcio privado se encargará del mantenimiento de las obras durante 17 años, como estaba estipulado en el acuerdo, pero la gestión de la nueva infraestructura estará a cargo de OSE, para respetar el artículo n.º 47 de la Constitución de la República, que establece que "el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales"

En una segunda etapa, el gobierno prevé construir una represa en Casupá —un viejo proyecto del Frente Amplio—, aunque este proyecto no forma parte del contrato renegociado. Esta obra va a desarrollar por separado, con licitaciones específicas y con el objetivo de concretarse en este período y en paralelo a las otras obras.

La decisión marca un giro en la estrategia hídrica respecto al gobierno anterior.
De todos modos, el nuevo esquema deberá ser evaluado por el Tribunal de Cuentas, que tiene plazo hasta el 31 de agosto para expedirse.

Desde la oposición, las reacciones no se hicieron esperar. El expresidente Luis Lacalle Pou calificó la decisión como “netamente política y técnicamente desacertada”, y advirtió que seguir dependiendo de la cuenca del Santa Lucía podría llevar a repetir los problemas del pasado.

“Motivos ajenos al proyecto en sí nos hacen perder el tiempo y equivocar el rumbo. Como siempre las malas decisiones las pagan los uruguayos”, añadió. Y apuntó: “La responsabilidad es del Presidente Yamandú Orsi y su equipo”.

A su vez, el diputado colorado Walter Cervini anunció la convocatoria del ministro Ortuño a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, donde se espera que brinde detalles sobre el nuevo diseño y los cambios contractuales.

Además, el tema será analizado este lunes por el Directorio del Partido Nacional, que a esos efectos convocó al expresidente de OSE Raúl Montero y al exsubsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado también se pronunciará hoy sobre el anuncio. Convocó a la reunión al director de Ose por la oposición, José Amy, la exvicepresidenta del organismo, Susana Montaner y el exministro de Ambiente, Robert Bouvier.

¿Qué lectura hacen los contertulios de esta decisión del gobierno?

Continúa en: Presidente Orsi se reunió con autoridades de los partidos de oposición para abrir canales de intercambio tras rechazo mayoritario al Diálogo Social

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La Tertulia de los Lunes con
Matías Bordaberry, Gabriel Budiño,
Casilda Echevarría y Daoiz Uriarte

El presidente Yamandú Orsi mantuvo el jueves pasado una serie de cinco reuniones con todos los partidos de la oposición que tienen representación parlamentaria.

Si bien estos encuentros ya estaban previstos, Presidencia decidió adelantarlos debido a la negativa de la mayoría de los partidos opositores a participar en el Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social, lanzado oficialmente el miércoles.

Durante la jornada, Orsi recibió por separado a Pablo Mieres, líder del Partido Independiente; al senador Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado; a Guido Manini Ríos, presidente de Cabildo Abierto, junto a los diputados cabildantes Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita; al diputado Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana; y al senador Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional, acompañado por otros dirigentes blancos. En todas las reuniones estuvo presente el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

El resultado fue mixto: Cabildo Abierto ratificó que participará en el Diálogo Social; Identidad Soberana continuará evaluando su posición, aunque es poco probable que se sume; mientras que blancos, colorados e independientes confirmaron que no serán parte de ese ámbito convocado por el Poder Ejecutivo.

No obstante, todos valoraron el gesto de Orsi y abrieron la puerta a nuevos espacios de intercambio sobre diversos temas de la agenda política.

De hecho, durante las audiencias del jueves se supo que el gobierno convocará próximamente a todos los partidos a una instancia específica para presentar su plan de seguridad ciudadana.

Al día siguiente, en una rueda de prensa informal, el presidente Orsi calificó como “una maravilla” la jornada de reuniones con la oposición. Además, se refirió a cómo seguirá el proceso de ahora en más:

“Tenemos que ser ingeniosos y generar todos los ámbitos. No escatimar ningún esfuerzo ni ningún espacio. Será el dialogo social y, a la vez, si hay que tener un diálogo con los partidos, lo seguiremos teniendo”

¿Cómo vieron los contertulios este episodio? ¿Estamos ante el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre gobierno y oposición? ¿Qué impacto puede tener este nuevo canal de diálogo en la agenda política de los próximos meses?

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La Tertulia de los Lunes con
Gabriel Budiño, Martín Bueno,
Patricia González y Martín Moraes

Uruguay expresó este domingo su “profunda preocupación ante la peligrosa escalada de violencia en Medio Oriente”, tras los recientes ataques aéreos contra instalaciones nucleares en la República Islámica de Irán (el texto no menciona quién llevó a cabo los bombardeos).

En un comunicado, la Cancillería rechazó “cualquier acción que represente una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, incluyendo la proliferación nuclear”.

Recordó que “el uso de la fuerza a nivel internacional se encuentra estrictamente regulado por el Derecho Internacional”, y advirtió que estos ataques incrementan el riesgo de fugas radiactivas, tal como lo señaló el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Para finalizar, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un llamado urgente al cese de las hostilidades, a la protección de la población civil y al retorno del diálogo y la diplomacia como única vía para resolver el conflicto.

La declaración generó un cruce entre senadores de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara alta.

El nacionalista Sebastián Da Silva reposteó la nota oficial en su cuenta de X y escribió que el gobierno uruguayo debería estar más preocupado por los arsenales nucleares de Irán, país al que vinculó con el atentado a la AMIA. Celebró que el “chamuyo iraní” haya volado en pedazos y expresó: “Ojalá todo termine pronto, pero el mundo es más seguro hoy que ayer”.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani, presidente de la comisión, le respondió en la misma red social. Sostuvo que resulta grave relativizar un ataque militar sin aval del Consejo de Seguridad de la ONU y agregó: “Por suerte (la postura de Da Silva) no es la posición de su partido. Mamita los cabezudos”.

¿Qué lectura hacen los tertulianos sobre este posicionamiento de Uruguay? ¿Qué representa este cruce entre legisladores sobre la política exterior del país?

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Foto: adhocFotos

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Gabriel Budiño, Martín Bueno,
Patricia González y Martín Moraes

La vigencia de la coalición multicolor volvió a ponerse en entredicho en los últimos días, a raíz de algunas decisiones políticas y declaraciones que levantaron la temperatura del debate.

La semana pasada, Cabildo Abierto sacudió el tablero al votar junto al Frente Amplio varios puntos clave de la Rendición de Cuentas, que los partidos Nacional, Colorado e Independiente decidieron no acompañar.

Se trata de los artículos que habilitan el incremento del tope de endeudamiento neto y de partidas extra para el Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ferrocarril Central. Según el gobierno, esas medidas eran necesarias para saldar obligaciones heredadas de la gestión anterior.

En filas blancas, coloradas e independientes, el gesto cayó mal: lo vieron como un error que debilita a la coalición opositora y le resta credibilidad de cara a 2029.

Cabildo Abierto, por su parte, se defiende: asegura que su voto fue un acto de responsabilidad, que busca asegurar servicios básicos y honrar compromisos asumidos por el Estado.

Además, el líder cabildante, Guido Manini Ríos, respondió con dureza a quienes criticaron a sus diputados, los calificó de “hipócritas” y “cínicos” y los acusó de posar de opositores “intransigentes”, mientras respaldan posturas que su partido rechaza, como la “ideología de género”, la “retención de la cuota sindical” o la “venganza por el pasado reciente”.

Manini ya había advertido, luego de la segunda vuelta de noviembre, que una coalición en la oposición no tenía sentido y que su fuerza política resolvería qué proyectos de ley acompañar.

En la Torre Ejecutiva, en tanto, dicen que no hubo negociación con Cabildo, pero sí diálogo. Y remarcan que este gesto distingue a una “oposición racional” de otra que tachan de “intransigente e irracional”.

Lo cierto es que lo ocurrido con la Rendición de Cuentas podría repetirse pronto, cuando el Parlamento comience a analizar el próximo Presupuesto Quinquenal.

En este contexto, mientras el Frente Amplio busca avanzar en acuerdos puntuales, la oposición muestra fisuras que reavivan la pregunta: ¿existe todavía la coalición multicolor?

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