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La Tertulia de los Jueves con Casilda Echevarría, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

La Suprema Corte de Justicia inició un sumario a la jueza Rossana Re Fraschini por su actuación en el caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado por su padre en marzo pasado.

La decisión fue adoptada luego de una investigación administrativa sobre la respuesta judicial ante las denuncias previas de violencia. En esa instancia se analizó especialmente dos actuaciones judiciales: una denuncia presentada por la madre del adolescente contra su pareja en 2024 y otra realizada en noviembre de 2025 por autoridades de la UTU a la que asistía Jonathan, que alertaron sobre lesiones que presentaba el joven.

A partir de las conclusiones de esa investigación, la Suprema Corte resolvió avanzar con un sumario respecto a una de las magistradas involucradas, mientras continúa evaluando las responsabilidades que pudieron existir en el tratamiento del caso.

La presidenta de la Corte, Doris Morales, concurrió ayer a la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Diputados para informar sobre la intervención de la Justicia en el caso. En rueda de prensa, explicó que el sumario está bajo secreto y deberá determinar si existieron irregularidades que ameriten una sanción.

“De acuerdo a lo que surge de la investigación, se decidió que se debía iniciar un sumario administrativo a la juez. Eso no significa que estemos prejuzgando que hubo deficiencias o una mala actuación. El sumario es un procedimiento que se lleva a cabo para determinar si efectivamente existe un hecho que amerite sanción”.

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Culminó en el Senado la aprobación Parlamentaria de la Ley de Empleo Integral presentada por el Poder Ejecutivo. La cámara alta votó ayer por unanimidad los cambios introducidos por Diputados y cerró el proceso legislativo. Ahora resta que la norma sea promulgada.

La ley establece subsidios para empresas que contraten a personas con mayores dificultades para acceder al mercado laboral. El Inefop destinará una partida anual de hasta 407 millones de pesos para financiar la mayor parte de estos incentivos.

Los beneficiarios incluyen a jóvenes, mayores de 45 años, mujeres jefas de hogares monoparentales, y personas afrodescendientes, trans o con discapacidad. También comprende a personas privadas de libertad habilitadas para trabajar, a quienes cumplen medidas alternativas y a liberados hace menos de tres años.

Para los jóvenes de entre 15 y 24 años que lleven más de tres meses desempleados, el subsidio podrá cubrir hasta una cuarta parte del salario si son varones y hasta un tercio si son mujeres. Diputados incorporó además a madres, padres o tutores de menores de 15 años en situación de discapacidad.

También se elevó a 20% el límite de contrataciones subsidiadas para las empresas con más de 99 trabajadores. La ley garantiza que las personas privadas de libertad contratadas cobren al menos el salario mínimo nacional y dispone controles del Ministerio de Trabajo sobre los salarios y la carga horaria.

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Como una forma de atenuar las pérdidas que arroja año a año el sector cementos de Ancap, el gobierno le solicitó el mes pasado al Congreso de Intendentes que las comunas se comprometieran a comprar una cuota del portland que produce la empresa estatal para utilizarlo en sus obras departamentales.

El planteo fue realizado por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, a través de una carta que envió al presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera. El objetivo, según escribió, es que "las intendencias departamentales se comprometan a reservar una cuota de compra de cemento portland producido por Ancap para la ejecución de obras en sus respectivos departamentos".

Cardona agregó que Olivera, por ser el jefe comunal de Paysandú, conoce "de primera mano la importancia que la planta de portland de Ancap tiene para la economía y el empleo de ese departamento, con una posición privilegiada para promover un compromiso colectivo que beneficiará especialmente a su región".

El viernes pasado Cardona destacó que el Congreso de Intendentes aprobó un convenio marco con Ancap para la compra de pórtland, lubricantes y combustibles.

En redes sociales, la ministra afirmó que el acuerdo es fruto de varios meses de trabajo entre la empresa pública y la Comisión de Descentralización. 

Según indicó, el pedido que ella le había realizado a los jefes departamentales para fortalecer la demanda de la industria del pórtland “se convierte en acuerdo”. La ministra reconoció a las intendencias y al presidente del Congreso, y sostuvo que se trata de “un pasito más cerca” para apuntalar esa industria.

Sin embargo, según informó El País en base a varios presentes en la sesión, el acuerdo no está cerrado. Los jefes comunales plantearon que todavía debe discutirse el tema de los precios y que la compra de pórtland no puede quedar atada a una exclusividad con Ancap.

Los intendentes resolvieron recibir a Cardona en una próxima sesión plenaria para analizar la propuesta y buscar consensos. Uno de los intendentes dijo al diario que están dispuestos a conversar, pero no a aceptar una imposición que limite la capacidad de elegir la mejor opción para las intendencias.

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El presidente Yamandú Orsi explicó que decidió donar su camioneta Hyundai Santa Fe a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) al enterarse de una “necesidad concreta” de ese organismo y para evitar nuevas “especulaciones”, en medio de la polémica por la compra del vehículo. 

La noticia de la donación se conoció en la noche del miércoles, luego de una reunión que el mandatario mantuvo en Torre Ejecutiva con algunos medios de comunicación. Consultado ayer en rueda de prensa, Orsi reconoció que se trata de un tema “delicado” y admitió que “quizás” hubo errores en la comunicación del gobierno. 

“Primero porque me enteré de una necesidad concreta de la ANEP. Y, por otro lado, así aventamos cualquier tipo de especulación posterior. Es un problema, es una dificultad… Yo me crié toda la vida con un solo auto, en mi casa teníamos eso y lo resolvíamos. Yo lo puedo resolver con lo que tengo”. 

En tanto, el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, indicó que aceptó la donación porque el organismo tiene necesidades de transporte que no logra cubrir por completo.

“A nosotros nos faltan vehículos. Esta es una camioneta que tiene lugar para siete pasajeros, se va a usar en transporte de gurises del medio rural, que pueden llegar a ser pocos, o en transporte de chiquilines de educación especial, que muchas veces viven en la otra punta en la que está la escuela. Esos chiquilines hoy están siendo trasladados por transporte de Primaria o licitaciones que tiene Primaria y ahora sumaremos la camioneta”.

Caggiani aclaró que aún resta por completar los trámites administrativos que permitan efectivizar la donación.

Las explicaciones del presidente Orsi sobre la compra y posterior donación de su camioneta siguieron generando cuestionamientos en la oposición. Legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado afirmaron que todavía persisten dudas y reclamaron más aclaraciones. 

El senador nacionalista Sebastián Da Silva calificó como “bastante inservible” la decisión de donar la camioneta. Sostuvo que el vehículo no responde a las necesidades más urgentes de la educación pública y planteó que debería ser sustituido por otros vehículos destinados al traslado de estudiantes. Además, cuestionó la forma en que el presidente pretendió dar por terminado el asunto.

“La doctrina de Sarandí del Yi está haciendo mella. ¿Cuál es esa doctrina? Cuando se inició el Código del Proceso Penal apareció alguien que le robó a otro y el fiscal le dijo que para no ir preso debía devolver lo robado y, si lo había vendido, hacer un acuerdo por dos mil quinientos pesos. Bueno, más o menos así termina esta novela digna de García Márquez”.

En la misma línea, el senador colorado Andrés Ojeda afirmó que todavía quedan dudas sobre el valor de la camioneta, la rifa del otro vehículo donado por la automotora Car One y la forma en que esa donación fue registrada ante la Corte Electoral. Además, cuestionó el peso que pueda tener un eventual pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

“Para mí es un comité de base. Ya tenemos pruebas claras de que la Jutep no es un organismo de contralor; es un organismo político del gobierno. Fernando Pereira decía el otro día que esperemos a la Jutep porque va a dar bien. Y sí, obvio que les va a dar bien, si no tiene ningún criterio objetivo de nada. La Jutep nos da mal a nosotros y bien a ellos. Así ha sido desde Álvaro Danza para acá”.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizará mañana las denuncias presentadas contra el presidente Yamandú Orsi por la compra de su camioneta. Según informó la presidenta del organismo, Ana María Ferraris, hasta ahora ingresaron seis denuncias, todas anónimas.

Ferraris dijo a Subrayado que el caso será priorizado por la “relevancia institucional” de la persona denunciada, aunque aclaró que no habrá una resolución inmediata. La Jutep deberá designar una abogada para tramitar el expediente y podrá pedir información a organismos o funcionarios involucrados, incluido el primer mandatario.

La sesión será el viernes porque el directorio de la Jutep debe comparecer hoy ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.

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La 31ª Marcha del Silencio reunió ayer multitudes en Montevideo y decenas de localidades en el interior del país. La movilización, convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se realiza cada 20 de mayo desde 1996, en reclamo de memoria, verdad y justicia. En esta oportunidad la consigna fue: “30 años marchando. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?”. 

La fecha recuerda los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Buenos Aires en 1976, en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. El día anterior se había producido, también en Buenos Aires, la desaparición forzada del médico Manuel Liberoff.

Como es tradición, la marcha partió sobre las 19:00 desde Jackson y avenida Rivera, donde se encuentra el Memorial a los Detenidos Desaparecidos en América Latina, y avanzó en silencio por 18 de Julio hasta Plaza Cagancha. 

En el recorrido se leyeron los nombres de las 205 personas detenidas desaparecidas, 8 más que el año pasado, dado que la Institución Nacional de Derechos Humanos actualizó la cifra la semana pasada.

Los manifestantes llevaron fotografías de los desaparecidos, margaritas a las que les faltaba un pétalo y el pabellón nacional.

El integrante de Madres y Familiares, Ignacio Errandonea, dijo a TV Ciudad que la marcha fue la culminación de un “nuevo esfuerzo” y destacó su carácter masivo en todo el país.

La organización reclama que el Poder Ejecutivo ordene formalmente a las Fuerzas Armadas que entreguen toda la información disponible sobre enterramientos clandestinos y archivos militares, porque “quedarse pasivamente esperando a que un militar brinde información, no funciona”, dijo Errandonea a Búsqueda.

Los familiares ven algunas señales positivas del gobierno pero también falta de acción. “Vemos pequeños avances”, dijo a ese medio el integrante del colectivo. Entre ellos mencionó la reanudación de la digitalización de archivos de inteligencia policial —que había quedado en suspenso durante el gobierno anterior— y nuevas disposiciones para trabajar sobre archivos del Ministerio de Defensa. “Eso es una buena señal. Hay avances, pero no los suficientes y no los sustanciales”, evaluó.

Ayer el Movimiento de Participación Popular (MPP) destacó en redes sociales que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, dio la orden para abrir a la INDDHH archivos militares vinculados con el terrorismo de Estado y las desapariciones forzadas ocurridas entre 1968 y 1985.

La resolución, firmada el 4 de diciembre por la ministra Lazo, encomienda al Comando General del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Dirección de Inteligencia Estratégica y demás dependencias del ministerio «asegurar al personal designado por la INDDHH el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos y acervos documentales» que puedan resultar relevantes para esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas.

La medida – destaca el MPP- busca hacer efectivo el cumplimiento de la Ley 19.822, aprobada en 2019, que encomendó a la INDDHH la búsqueda de detenidos desaparecidos y le otorgó potestades legales para acceder a archivos públicos y privados vinculados al pasado reciente.

Hoy más temprano, aquí En Perspectiva, la Dr. Mariana Mota, presidenta de la INDDHH expresó que si bien la orden de la ministra de Defensa va en la línea correcta, aún falta información para que realmente se pueda avanzar:

"Lo que pasa es que debería haber una búsqueda proactiva con personas que no solamente sean de la fuerza correspondiente, aún pensando en la buena voluntad de quienes van a buscar, tal vez no entiendan qué es lo que se está buscando y puedan considerar qué elementos o datos no son relevantes. Entonces es vital que la institución tenga una participación sustancial en esa búsqueda, porque sabe lo que está buscando, pero que haya también una guía y una disposición desde el Ministerio de Defensa, que busquen efectivamente donde hay archivos".

El dirigente frenteamplista Rafael Michelini reiteró ayer propuesta sobre cómo debe darse la orden del presidente Yamandú Orsi a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que posean sobre el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Michelini había planteado esa idea a comienzos de este mes, durante un acto en el Paraninfo de la Universidad de la República en homenaje a su padre, Zelmar Michelini. 

Este miércoles, en la entrevista central, aquí, en En Perspectiva, Michelini profundizó en su sugerencia…

“Los familiares, en su última reunión con el presidente, le plantearon que dé la orden. Y en algún caso hemos transmitido que la orden hay que darla —yo estoy de acuerdo— para que entreguen la información. Pero esa orden tiene que ser con objetivos, con propósitos, y responsabilizando a determinado personal, tanto policial como militar, para que pongan su profesionalismo. Porque a veces nosotros no entendemos cómo se hacían las cosas. Y de esa manera creo que vamos a avanzar”.

Michelini volvió sobre su planteo ayer, en una rueda de prensa en el Cementerio Central, donde se colocó una ofrenda floral en recuerdo de Zelmar Michelini. Allí reclamó que el gobierno dé una “orden sustanciosa” a las Fuerzas Armadas para buscar archivos vinculados a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Reiteró que no debe ser “una orden más”, sino una instrucción con “objetivo”, “propósito” y “fundamentos”, que involucre a personal militar y policial sensibilizado con el tema.

También respondió al comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, quien había dicho que la fuerza “no tiene nada para ocultar”. Ante esa afirmación, Michelini sostuvo que, “con más razón”, si no hay nada para ocultar, se deben entregar “todos los archivos correspondientes”. Agregó que el acceso a esa documentación es clave para ubicar restos de desaparecidos y dar respuestas a sus familias.

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El diputado Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, presentó un proyecto de ley para recortar los sueldos de legisladores, cargos políticos y el presidente de la República.

Salle lanzó su propuesta a partir de las críticas que se formularon en las últimas semanas al proyecto presentado por la vicepresidenta Carolina Cosse para realizar obras en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Consultado sobre cuáles son los cambios que propone, aclaró:

“Sueldo máximo de Orsi seis salarios mínimos nacionales. Sueldo máximo de Gustavo Salle y todos los demás diputados, cuatro sueldos mínimos nacionales. No hay más partidas ni hay más pago de votos”. Salle agregó que buscará respaldo parlamentario para el proyecto y señaló: “Ahora vamos a ver qué hacen los otros diputados”. Además, sostuvo que recorrerá los despachos de sus colegas a ver quiénes acompañan “al diputado Salle preocupado por los privilegios de la casta que integró”.

Cuando uno de los periodistas le preguntó qué sabe por ahora de la reacción de los demás diputados, respondió: “Me quieren matar”.

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El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó ayer que es "temerario" y "a nadie se le puede ocurrir" decir que el equipo económico se "está rifando la sostenibilidad fiscal" por las medidas anunciadas en materia de seguridad social. "Están pasando límites que yo como analista nunca vi", declaró al disertar en el almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). 

“Hemos, en las últimas semanas, pasado límites que comprometen la estabilidad económica de Uruguay por dar un debate doméstico. Yo me he tenido que dedicar varias semanas —reconozco que por algunos errores de comunicación del gobierno, de los que me hago cargo— a explicarle a gente del exterior, que le dedica cinco minutos al año a pensar en Uruguay, que lo que está ocurriendo no es como se está discutiendo. Esto tiene parte que ver con nosotros, con errores de comunicación, pero también con un estado del debate económico y financiero que no solamente involucra al sistema político, sino también al sector privado, a las corporaciones y a analistas privados, que, en mi opinión, no han estado a la altura de las circunstancias”.

En este sentido y en referencia a las críticas de la oposición en torno este tema agregó "En las últimas semanas hemos pasado límites que comprometen la estabilidad económica de Uruguay por dar un debate doméstico. Me he tenido que dedicar varias semanas también, reconozco que por algunos errores de comunicación del gobierno, que me hago cargo de ellos, a explicarle a un conjunto de gente del exterior que lo que está ocurriendo no es como aparentemente se está discutiendo", sostuvo el jerarca.

Oddone volvió a remarcar que garantizar la sostenibilidad fiscal es el "único elemento central" que tienen desde la cartera para "defender la credibilidad de Uruguay". Además, sostuvo que el debate "no estuvo a la altura de la circunstancias" no solo por el sistema político, sino también por las acciones de otros actores como corporaciones privadas y analistas.

En base a estas declaraciones del ministro, Ana Laura planteaba la pregunta: ¿el sistema político tendría o no que hacer acuerdos sobre cómo dar esos debates que pueden dañar la reputación de Uruguay? 

¿Cómo se define y se garantiza la "altura del debate” que exige el ministro, y dónde se traza la línea entre la crítica legítima a la política económica y las afirmaciones que, según Oddone, cruzan un límite y dañan la estabilidad económica de Uruguay?

Continúa en: Álvaro Perrone condicionó su voto sobre investigadora de ASSE a proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 70

Hoy se estrena “Nico”, la película de terror filmada en Salto… y otros telegramas

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La conformación de una única comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) sigue sin definirse. Hasta ahora, hay dos propuestas de investigadora, una impulsada por el Partido Nacional (PN) que busca que se indague desde 2015 a la fecha, y otra planteada por el Frente Amplio (FA) que apunta a investigar la gestión pasada. 

Este martes hubo una reunión interpartidaria de los coordinadores de bancada de la Cámara de Diputados en la que se trató este asunto, pero aún no hay acuerdo para unificar ambas iniciativas. 

De no prosperar una negociaición, los votos de Cabildo Abierto para que salga una u otra iniciativa resultan claves. 

Ese día, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que en la reunión con la coalición informó que condiciona su voto para la investigadora de ASSE al tratamiento del proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 70 años. 

“Si se vota la prisión domiciliaria, nosotros accedemos”, dijo el legislador según consignó La Diaria. “Es hora de hacer valer los votos. Esta discusión ya tiene cinco años; hay que terminar de dar vueltas. Nosotros no estamos dispuestos a votar más nada; hay que tratar ese tema y hay que votarlo, porque el revanchismo sigue”, indicó.

[El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo] Perciballe, tiene la gran virtud de esclarecer delitos de hace 50 años, pero si hay un homicidio que pasó hace una semana, nadie lo puede esclarecer. Entonces, claramente, no es justicia, sino revanchismo, como dice el general [Guido] Manini [Ríos]”, finalizó.

Perrone subrayó que hay una iniciativa sobre prisión domicialiaria del diputado blanco Rodrigo Goñi, así como también una del senador colorado Pedro Bordaberry, que van en ese sentido, además del proyecto que presentó CA en el período pasado.

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Foto: Flyer de la película "Nico"

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Foto: Equipo de comunicación de Carolina Cosse

La Tertulia de los Jueves con
Juan Gabito, Gabriel Mazzarovich,
Ana Laura Pérez y Gloria Robaina

La vicepresidenta Carolina Cosse presentó públicamente ayer una propuesta de intervención urbana para el entorno del Palacio Legislativo, que se llevaría a cabo como parte de la conmemoración de los 100 años del edificio. La iniciativa prevé cambios en la circulación, más espacios verdes y la construcción de un edificio anexo en el predio donde hoy hay un helipuerto.

Según el borrador presentado junto al arquitecto Salvador Schelotto, se plantea semipeatonalizar un tramo de General Flores, mejorar el espacio público y levantar un edificio de dos o tres niveles para oficinas, archivos, salas de reunión y servicios vinculados al Parlamento. También se prevén espacios abiertos a la comunidad, como áreas de cowork, salas de lectura, un CAIF, un hogar estudiantil y una plaza pública en la azotea.

“En este primer borrador, nosotros estamos buscando que esta propuesta contribuya a tener más seguridad, mayores espacios públicos, más y mejor turismo, mejor entorno para los centros educativos, más espacios para la convivencia y un mejor Parlamento”.

Aunque la propuesta será presentada formalmente el jueves próximo ante la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, el borrador del proyecto impulsado por Carolina Cosse comenzó a circular en los últimos días y generó críticas de la oposición.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, integrante de la comisión, cuestionó la oportunidad del proyecto en un contexto de restricciones económicas y sostuvo que mezcla competencias ajenas al Parlamento. En la misma línea, el senador Sebastián Da Silva recordó que Cosse impulsó la construcción del Antel Arena, una obra cuestionada por su costo final, y afirmó que los “antecedentes” de la vicepresidenta “son lo suficientemente emblemáticos como para ni siquiera mirar la maqueta”.

Por su parte, la bancada de senadores del Partido Colorado expresó un “rechazo enérgico, frontal y absoluto” a la iniciativa. Los legisladores cuestionaron que se destinen recursos a este proyecto mientras persisten problemas como la pobreza, la inseguridad y la situación de las personas en calle. También criticaron la idea de semipeatonalizar parte de la zona, al entender que podría agravar el tránsito en Montevideo.

Cosse respondió que le sorprendió “la explosión mediática” sobre una iniciativa que aún está en etapa de borrador. Aseguró que el objetivo es concretar el proyecto “con el menor costo posible”, mediante concursos públicos de arquitectura con apoyo de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. 

Sobre el financiamiento, afirmó que la propuesta apunta a realizarse “ahorrando 30 millones de dólares” votados en el período anterior para los festejos por los 100 años del Palacio y que fueron devueltos al Poder Ejecutivo para destinarlos a otras obras o programas.

Consultado ayer por este tema, el presidente Yamandú Orsi defendió la propuesta impulsada por la vicepresidenta y dijo que le sorprendieron las críticas de la oposición. Sostuvo que le “gustó la idea” y consideró positivo mejorar el vínculo entre ese espacio y la ciudad.

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Integrante del Partido Comunista participó en la visita de Orsi al portaaviones estadounidense… y otros telegramas

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