La Transformación Del Gasto Público en Uruguay (CERES, Julio 2024) by En Perspectiva En Perspectiva

La entrada La transformación del gasto público en Uruguay (CERES, Julio 2024) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Fiscalidad y Ciclo Presupuestal en Uruguay: Lecciones, Desafíos y Recomendaciones (CED y Pharos, 2020) by En Perspectiva En Perspectiva

La entrada Fiscalidad y ciclo presupuestal en Uruguay: Lecciones, desafíos y recomendaciones (CED y Pharos, 2020) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La entrada Ceres creó herramienta de IA para mejorar la calidad del gasto público: El presupuesto destinado al apoyo de las pymes está “desperdigado en siete unidades ejecutoras”, lo que lo hace ineficiente y quita responsabilidades, dice Ignacio Munyo se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

Al filo del vencimiento del plazo constitucional, autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas entregaron ayer de noche a la Asamblea General el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas 2022.

En la propuesta del Poder Ejecutivo el gasto autorizado para el año 2023 agrega US$ 226 millones en comparación con el de este año 2022 (un incremento del orden de 1.3%). Sumando lo presupuestal y lo extra-presupuestal, el refuerzo asciende a US$ 334 millones.

¿Cómo se distribuye ese adicional?

El rubro Seguridad recibe U$S 27 millones, de los cuales U$S 23 millones son para el Ministerio del Interior, U$S 2 millones para Fiscalía y U$S 2 millones para Defensa.

Par el rubro Educación van U$ 45 millones, repartidos así: US$ 30 millones para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); US$ 7 millones para el Ministerio de Educación y Cultura; US$ 6 millones para el Plan Ceibal; US$ 1 millón para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) y el restante millón de dólares para la Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec).

Por otra parte, se destina US$ 26 millones al área de Ciencia, Tecnología e Innovación, de los cuales US$ 10 millones son para la ANUA (Agencia Nacional Uruguay Audiovisual) que todavía no existe pero cuya creación se propone en el mismo proyecto de ley, para sustituir a la Institución Nacional de Cine y al Audiovisual del Uruguay (Incau)

Para el área de la Salud va un refuerzo de US$ 26 millones, de los cuales US$ 25 millones son para la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el millón restante para el Ministerio de Salud Pública.

Otros US$ 31 millones se reparten en menor medida entre diversos organismos.

Y los restantes US$ 70 millones de dólares se destinan a los convenios salariales con los sindicatos de funcionarios públicos y de la Enseñanza Pública.

LA REUNIÓN PREVIA

Antes de la entrega oficial del proyecto, la ministra Arbeleche mantuvo una reunión con diputados y senadores de la coalición de gobierno, en la que dio detalles del aumento de gasto propuesto, algo que la bancada desconocía.

Recordemos que desde filas oficialistas había reclamos diversos por más fondos presupuestales y quejas por la demora en conocer el monto adicional que se incluiría.

Según supo En Perspectiva, en el intercambio con los legisladores Arbeleche afirmó que se trataba de una “gran” Rendición de Cuentas. Luego del encuentro, la senadora Graciela Bianchi, vicepresidenta de la República en ejercicio, publicó en su cuenta de Twitter que los números presentados por la jefa del equipo económico fueron “excelentes”.

Según lo establecido en la Constitución, cada cámara deberá pronunciarse sobre el proyecto de Rendición de Cuentas dentro de los 45 días siguientes después del ingreso del texto.

NOVEDADES

A partir de una primera lectura rápida del proyecto, hoy En Perspectiva destacamos algunos aspectos que incluye, más allá de lo estrictamente numérico.

INNOVACIÓN

Una novedad llamativa es un cambio conceptual que se introduce en el manejo de los recursos destinados a la inversión en ciencia y tecnología.

Desde el gobierno explican que la intención es impulsar la innovación, que puede redundar en valor económico, y no tanto la investigación que está “orientada a expandir las fronteras del conocimiento” pero que “en general, no generará recursos”, como dice en la exposición de motivos del proyecto de Rendición de Cuentas. “La investigación y desarrollo (I+D) tiene que tener un fin”, enfatizó una alta fuente del gobierno a En Perspectiva. Agregó que puede haber estudios más teóricos pero que el grueso tiene que dirigirse a innovar.

Entonces a la investigación a cargo de la ANII se destinan US$ 4 millones adicionales.

Y, en cambio, para la innovación, se prevé un extra de US$ 10 millones. Pero el gobierno opta por volcar los fondos públicos al apalancamiento de fondos privados, dado que se considera deficiente que la mayoría del gasto en I+D lo haya manejado de manera directa el Estado.

¿Qué quiere decir esto? Que el Estado seleccionará proyectos innovadores que ya cuenten con fondos privados y les dará un nuevo empujón para ayudarlos a despegar; de ahí la expresión “apalancar”. Según la redacción original, el Estado estará siempre en minoría en los fondos que recibirá cada proyecto, con un tope de 40% del total. Luego, si el proyecto sigue adelante y funciona, el Estado recibirá las regalías que le correspondan en función del la proporción entre su aporte y la inversión total. Esos ingresos, si llegan, deberán reinvertirse en el rubro ciencia y tecnología.

El formato está inspirado en la forma de trabajo de universidades europeas y estadounidenses, según explicaron los informantes.

A la hora de seleccionar los proyecrtos se priorizará tres áreas: la tecnología digital aplicada a innovación, donde ya existe un ecosistema con trayectoria y desarrollo exportador; la biotecnología (salud humana y animal, nuevos materiales y alimentos avanzados, vacunas, farmacéutica); y la tecnología verde (energías renovables, nuevos combustibles y nuevos materiales asociados a la economía circular).

La entrada Innovación, AFE y trabajo en cárceles: ¿Qué novedades trae el proyecto de Rendición de Cuentas 2022? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

ROMINA ANDRIOLI (RA): La semana pasada la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, instó a los gobiernos a aumentar el gasto público para alentar la recuperación de la economía mundial y alertó sobre los riesgos de un retiro prematuro de los estímulos monetarios y fiscales que implementaron las principales economías del planeta.

En el espacio de análisis económico con la consultora Exante estuvimos analizando este tema días atrás, pero nos quedó pendiente el “capítulo Uruguay” de este asunto.

¿Cómo encaja nuestro país en este contexto? Desde la oposición se critica al gobierno porque, argumentan, el gasto destinado al apoyo de los sectores más afectados es insuficiente. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar para el caso uruguayo este llamado del FMI? ¿Estamos en condiciones de seguir ese lineamiento? ¿O, por el contrario, las restricciones que enfrenta Uruguay impiden ese camino?

Le damos la bienvenida al economista Pablo Rosselli, socio de Exante.

FELIPE LLAMBÍAS (FL):  Pablo, ¿por dónde empezamos a analizar este asunto?

PABLO ROSSELLI (PR): Me parece conveniente, retomar brevemente el contexto en el que se encuadra ese llamado del Fondo.

Por un lado, la economía mundial se está recuperando de la fuerte caída que se observó en el segundo trimestre de 2020 pero todavía está muy por debajo de la tendencia pre-Covid. La inflación es baja, el desempleo es alto y las tasas de interés son muy bajas, prácticamente nulas en muchas economías desarrolladas y negativas en Europa y Japón.Usualmente, le pedimos a la política monetaria que se ocupe moderar el ciclo económico y en particular de alentar la recuperación en las fases recesivas. Pero la política monetaria ya está exigida al máximo. Y por eso es clave que la política fiscal juegue un papel fuertemente expansivo.

En segundo lugar, se observa en el mundo una caída estructural (perdurable) de las tasas de interés. En muchos casos y particularmente en las economías desarrolladas, las tasas de interés resultan inferiores al ritmo de crecimiento del PIB. Eso quiere decir que luego del aumento de las deudas públicas que se observará en 2020 y 2021 por el financiamiento de déficits fiscales altos, en esas economías la deuda debería retomar una senda a la baja en relación con el PIB una vez que se retiren los estímulos fiscales.

Ese es el contexto general, pero obviamente cada país debe evaluar cuidadosamente qué capacidad de gasto tiene y qué tanto se beneficia de ese contexto de bajas tasas de interés que tenemos en el mundo. En ningún caso, el llamado del Fondo es una invitación a gastar sin límites.

RA:  ¿Y dónde está Uruguay?

PR: En primer lugar, las tasas de interés que paga Uruguay por su deuda pública han bajado mucho pero no son tan bajas en relación al crecimiento previsible de la economía. La economía uruguaya está creciendo a un ritmo tendencial de 2%-2,5% y las tasas de interés que está pagando el gobierno en el promedio de su endeudamiento son más altas que la tasa de crecimiento de la economía.  

En segundo lugar, Uruguay llegó al Covid con un déficit fiscal insosteniblemente alto, que derivaba en un aumento sistemático de la deuda pública. Antes del Covid era imprescindible que Uruguay abordara un ajuste fiscal importante. El déficit fiscal de 2020 terminó siendo mayor al previsto originalmente (antes del Covid) y la deuda pública subió nuevamente el año pasado. Entonces, en los próximos años será necesario bajar fuertemente el déficit fiscal. 

En definitiva, la situación fiscal de partida de Uruguay era mala. Eso constituye una restricción insoslayable para el análisis y tampoco nos beneficiamos tanto de la reducción estructural de las tasas de interés.

FL: Está claro que Uruguay tendrá que bajar el déficit fiscal. Y en el debate político ese asunto no es tan cuestionado, al menos de un modo explícito. En todo caso, las discusiones parecen más centradas en el “timing”. ¿Había espacio para aumentar más el gasto público en pandemia y ajustar después? 

PR: No hay respuestas inequívocas, libres de error, a esas preguntas. Siempre hay un riesgo de equivocarse.

De todos modos, el contexto de alta liquidez en el mundo y de bajas tasas internacionales de interés le está dando tiempo a Uruguay para hacer su ajuste fiscal. Más aún, el gobierno logró financiar el déficit de 2020 sin mayores dificultades, con una combinación de créditos de agencias multilaterales y de emisiones de deuda en los mercados de capitales a tasas muy convenientes. De hecho, el riesgo país de Uruguay se encuentra apenas por encima de los 100 puntos básicos.

Tenemos más tiempo para ajustar pero no sabemos con precisión cuánto más tiempo tenemos.

FL: ¿Y cómo juegan las agencias calificadoras? ¿Podríamos perder el grado inversor con una mayor expansión de gastos para atender la emergencia sanitaria? ¿O será que las agencias calificadoras de riesgo serán más flexibles? Al final, la realidad es que todos los gobiernos se están endeudando.

PR: De nuevo, no podemos saberlo con certeza. Si le preguntáramos a las agencias seguramente nos dirían que su trabajo consiste en evaluar la capacidad de pago de cada emisor. Y que el hecho de que muchos gobiernos se estén endeudando a la vez no cambia la capacidad de repago de cada emisor, que es lo que ellos evalúan.

Dicho eso, sabemos que las calificaciones de riesgo dependen de factores objetivos, pero también de factores subjetivos y razonablemente podríamos presumir que las agencias deberían tener pocos motivos para apresurarse con una rebaja de calificación de deuda en la medida que nuestro país está por ahora al menos conservando un acceso muy fluido a los mercados de capitales, con niveles muy reducidos de riesgo país. De todos modos, también es cierto que con Fitch hace ya tiempo que tenemos el mínimo grado de inversión y perspectiva negativa.

Ahora, más allá del tema calificación de riesgo, a la hora de discutir sobre la conveniencia de incrementar el gasto público, hay otros aspectos que son muy relevantes.

RA: ¿Cuáles son esos aspectos?

PR: El primero es discutir para qué queremos aumentar el gasto público. El llamado del FMI a gastar más tenía una fundamentación macroeconómica clara. Como decíamos más temprano, en las grandes economías del mundo y en muchas emergentes la política monetaria ya está exigida al máximo (las tasas de interés son prácticamente nulas, si no son efectivamente nulas o negativas). Entonces, no es posible bajar más las tasas de interés y para sostener la demanda agregada es importante una política fiscal expansiva.

Si la preocupación radica en alentar la recuperación económica, en Uruguay todavía tendríamos espacio para hacerlo a través de la política monetaria (con menos tasas de interés). Lógicamente, una política monetaria más expansiva vendría de la mano de una disminución más lenta de la inflación. Pero sería posible apelar a una política monetaria más expansiva; más aún, en una economía pequeña   y abierta a los flujos de capitales internacionales, es mucho más eficaz la política monetaria que la política fiscal.

En cambio, la expansión del gasto público resultaría adecuada si se desea aumentar los apoyos a los sectores más afectados por la pandemia. Pero si se fuese por el camino de un mayor gasto público, otro aspecto fundamental tiene que ver con la credibilidad de la estrategia fiscal del gobierno.

FL:  ¿A qué te referís con eso?

PR: A lo siguiente. Recién decíamos que la situación fiscal de partida de Uruguay era mala. Llegamos al Covid con un déficit fiscal insosteniblemente alto, que deberá bajar sustancialmente en los próximos años.

Entonces, cualquier expansión del gasto público por la pandemia tiene que ser visualizada por lo mercados y por las agencias de un modo inequívocamente transitorio. En ese sentido, el gobierno hizo bien en crear el Fondo Coronavirus y en reportar separadamente los gastos transitorios asociados al Covid. Los gastos asociados al Covid, hasta noviembre, sumaban unos 380 millones de dólares (un 0,7% del PIB). 

Más allá de esa expansión de gastos por Covid, al mismo tiempo el gobierno implementó una serie de ajustes. Por ejemplo, recortó de un modo significativo los gastos de funcionamiento (6,3% en términos reales), las inversiones bajaron casi un 20% y las remuneraciones bajaron un 1,4% (por no renovación de contratos y porque la suba de la inflación terminó afectando el salario real de los funcionarios públicos).

En definitiva, cuando se pone todo eso en consideración, la política fiscal tuvo en 2020 una tónica moderadamente contractiva.

RA: ¿Y era necesario ese ajuste en un año de Covid? El Partido Nacional ganó las elecciones con un mensaje claro de ajuste fiscal, pero dada la emergencia sanitaria, ¿no se debió postergar ese ajuste?

PR:  De nuevo, no hay respuestas fáciles. Si pensamos en el contexto de liquidez internacional abundante, podemos pensar que el gobierno pudo expandir más el gasto para atender la emergencia sanitaria.

Al mismo tiempo, la historia de Uruguay muestra que los ajustes fiscales se realizan en los primeros años de cada gobierno. Veníamos de más de 5 años de incumplimiento sistemático de las metas fiscales. Si el gobierno no comenzaba a implementar medidas de ajuste a partir de 2020, la credibilidad de su promesa de un ajuste fiscal gradual, por el lado de menores gastos y sin aumentos de impuestos, podía resultar muy poco creíble. 

***

La entrada FMI pidió a los gobiernos que aumenten el gasto público: ¿Dónde está Uruguay en este tema? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Entrega de donaciones de la plataforma Solidaridad.uy en olla popular en una casa particular en Casabó. Crédito: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Aunque hasta hace poco hubo en el sistema político bastante consenso en torno al manejo sanitario de la pandemia, ha habido siempre una fuerte discusión de fondo.

El Frente Amplio reclama más gasto en políticas sociales e insiste con una renta básica. Incluso hay voces de la coalición que aparecen cada vez más en esa línea de reclamar más políticas fiscales.

Pero desde el gobierno se afirma que se heredó una situación fiscal compleja, aunque se ha repetido que se está gastando lo necesario para afrontar la pandemia. 

Esto plantea una pregunta de tipo filosófico: ¿hay que priorizar lo inmediato o el largo plazo?

La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Santiago Gutiérrez, Lucía Zapata y Juan Pedro Mir.

[la_mesa type="2″]

***

La entrada Gasto público: ¿Hay que priorizar lo inmediato o el largo plazo? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto el Poder Ejecutivo incluyó un fragmento subtitulado “Cambio de enfoque: hacia una mayor libertad”.

Allí se rechaza la noción de que el gasto público deba ser siempre incremental, y se sostiene que esa lógica lleva a una mayor presión impositiva. Luego se afirma que esta postura del gobierno está vinculada con “una concepción que busca empoderar a las personas y dotarlas de mayor libertad”: “Uno de los objetivos de este gobierno es lograr que los habitantes del país sean cada vez más libres para seguir sus propios proyectos vitales, con la menor coerción posible por parte de un Estado que, a su vez, procure eliminar las diferencias de base no determinadas por los individuos”. 

La libertad es uno de los valores sobre los que más insiste el presidente Luis Lacalle Pou.

¿Cómo ven esta visión de la libertad asociada con el gasto público y con los impuestos?

La Tertulia de los Jueves con Patricia González, Daniel Supervielle, Esteban Valenti y Fernando Isabella.

Continúa en…
El Frente Amplio comienza su proceso de autocrítica tras una “campaña electoral perdedora”

***
Foto en Home: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

La entrada Presupuesto procura menor presión fiscal para "dar mayores espacios de libertad a los uruguayos" se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

EMILIANO COTELO (EC): Los números rojos de las cuentas fiscales y la discusión sobre si el próximo gobierno deberá implementar un ajuste el año que viene se han instalado entre los principales temas de esta campaña electoral. 

Todos los candidatos parecen coincidir en que un déficit fiscal del orden de 5 % del PIB como tenemos actualmente no es sostenible. Sin embargo, las opiniones son naturalmente muy distintas respecto a qué hay que hacer, en qué tiempos y con qué herramientas. A lo largo de los últimos meses hemos analizado en el programa muchas aristas de este tema: en los espacios de análisis económico, en consulta con los referentes del equipo económico de los diferentes partidos y también en entrevistas con los propios candidatos a la Presidencia.

Hoy, les proponemos volver sobre el tema fiscal, pero con una óptica un poco distinta. No queremos entrar en el terreno de lo que hay que hacer, sino recorrer juntos las principales cifras de gasto y su estructura. ¿En qué gasta el Estado? De eso estaremos conversando con la economista Tamara Schandy, de la consultora Deloitte. 

ROMINA ANDRIOLI (RA): Empecemos por lo más básico. ¿Cuál es el volumen total de gasto anual del Estado uruguayo? 

TAMARA SCHANDY (TS): Bien. Voy a manejar todas cifras cerradas del año 2018. Obviamente en estos meses hay algunas variaciones, pero entiendo que el foco de hoy está en mirar los grandes números y temas más bien estructurales.

Las estadísticas fiscales muestran que el año pasado el sector público no financiero tuvo un gasto primario de unos US$ 18.300 millones. A eso hay que sumar el pago de intereses, que fue de unos US$ 2.000 millones. En total, entonces, estamos hablando de un poco más de US$ 20.000 millones, que son equivalentes a aproximadamente 34 % del PIB del año pasado. 

RA: ¿Eso tiene todo? ¿Al gobierno y a las empresas públicas también?

TS: Es una excelente pregunta para entender los números fiscales. Eso tiene a todo el gasto del gobierno, a todo el gasto del BPS, a todos los intereses que paga el Estado, tiene las inversiones de las empresas públicas, pero NO tiene el gasto corriente que hacen las empresas públicas (por ejemplo en salarios, en publicidad, en insumos). Esa es la forma habitual de mirar los datos y es así como se publican las estadísticas en Uruguay, que por cierto es bajo un criterio similar al que se toma en otros países. 

No es que los gastos corrientes de las empresas públicas no sean conocidos (por el contrario, se publican aparte todos los meses y con suficiente detalle). Lo que sucede es que se entiende que esos gastos están gestionados dentro de cada empresa y que se financian en buena medida con los ingresos que cada una de ellas tienen. Entonces, lo que se “lleva” al consolidado fiscal para computar el resultado global es el neto entre los ingresos y esos gastos.

RA: Hecha esa aclaración, vayamos a la composición de ese gasto. Ya adelantaste algo: de los US$ 20.000 millones de gasto total del año pasado, unos US$ 2.000 millones fueron pagos de intereses de deuda. ¿Qué hay en los restantes US$ 18.000 millones? 

TS: Ese gasto sin intereses de deuda es lo que solemos llamar gasto primario. Como decía, el año pasado fue de US$ 18.300 millones. Eso equivale a 30,6 % del PIB, que es una cifra alta en una perspectiva histórica. Para tener una idea, hace diez años el gasto primario era de 25,8 % del PIB. Y en el pico pre-crisis, allá por el 2001, era de 28 % del PIB. 

Volviendo a la foto de hoy, un tercio del gasto primario se lo llevan las pasividades. El año pasado fueron unos US$ 6.000 millones, equivalentes a 10,2 % del PIB. Este número impacta. Viene creciendo en forma relevante y es la razón por la cual el tema de la reforma previsional se ha instalado en la agenda.

Las remuneraciones a los empleados del gobierno central y del BPS sumaron casi US$ 3.200 millones, equivalentes a un poquito más de 5 % del PIB. Es casi una quinta parte del gasto primario total. 

RA: Así que entre esas dos cosas, pasividades y salarios, se va la mitad del gasto primario.

TS: Exacto, por eso siempre se destaca el tema de que el gasto tiene una rigidez muy grande. Y de hecho rubros de la otra mitad que también son rígidos, tienen dinámica propia en el corto plazo. 

Por ejemplo, el año pasado hubo casi US$ 5.400 millones en el rubro “transferencias”, que engloba el subsidio al FONASA (que fue de unos US$ 2.500 millones el año pasado) y el pago de seguros de desempleo, asignaciones familiares y otras prestaciones. En el rubro “transferencias” también está lo que el BPS le transfiere a las AFAPs, que el año pasado fueron unos US$ 1.200 millones. En este punto es importante hacer una aclaración: las estadísticas fiscales incluyen eso dentro del gasto, pero es un rubro que corresponde a los aportes previsionales de los trabajadores que recauda el BPS y que transfiere a sus cuentas en las AFAPs. No es un subsidio, no es una partida de gasto que consuma recursos y presione sobre el déficit. Es simplemente reflejo de cómo funciona el régimen de seguridad social en Uruguay, con el BPS recibiendo la recaudación de aportes y transfiriéndolos a las AFAPs para hacer la administración. 

RA: ¿Qué otras partidas componen el gasto? Nos están faltando las inversiones, no? 

TS: Sí, las inversiones y los gastos de funcionamiento, que si se quiere son las dos partidas más “discrecionales”. Son las dos palancas sobre las cuales el gobierno tiene más margen de decisión en el corto plazo. En realidad sobre los otros rubros también tiene espacios de actuación (de hecho parte el aumento del gasto que vimos en los últimos años no fue sólo “endógeno” sino que también respondió a decisiones de política económica). Lo que quiero decir es que las inversiones y los gastos de funcionamiento están mucho más “al alcance” para operar en las cuentas públicas con una perspectiva de corto plazo, sin cambios legales ni modificaciones estructurales. 

Las inversiones totalizaron unos US$ 1.300 millones el año pasado (sumando acá sí administración central y empresas públicas, como hacen las estadísticas fiscales) y los gastos de funcionamiento unos US$ 2.300 millones. Estamos hablando de 2,2 % y 3,8 % del PIB respectivamente. Son números más chicos que los que recién mencionábamos en materia de salarios, pasividades o transferencias. Juntas, estas dos partidas más discrecionales de inversiones y gastos de funcionamiento representan menos de una quinta parte del gasto primario total. 

RA: Te propongo ahora pasar a la mirada por dependencia del Estado. ¿Cuáles pesan más y por qué? 

TS: Si, para eso tenemos que cambiarnos de fuente de datos e irnos a la Contaduría General de la Nación. En materia de gastos salariales, la ANEP representó el año pasado el 35 % del total, seguida del Ministerio del Interior con 14 %, ASSE con 11 %, la UdelaR con el 8 % y el Ministerio de Defensa también con 8 %. Los demás son individualmente más pequeños. 

En los gastos de funcionamiento tenemos a ASSE en primer lugar con el 28%, al INAU con 14%, al Mides con 13 %, a la ANEP con 9 % y al Ministerio de Defensa con 6 %y el resto dividido realmente con bastante granularidad. 

RA: La salud, la educación y la seguridad aparecen allí como las áreas de mayor relevancia en el gasto. Eso obviamente se condice con la cantidad de empleados públicos en esas dependencias. ¿Podemos repasar brevemente esos números?  Este se ha convertido en un tema particularmente espinoso en la campaña. 

TS: Sí. Los datos que les comento ahora son de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Esos datos hablan de un total de aproximadamente 300.000 vínculos laborales en calidad de funcionario público y de unos 312.000 si se agregan becarios, pasantes y otros tipos de vínculos con el Estado que no son de funcionario público. Notar que vínculos no es lo mismo que persona, porque una persona puede tener más de un vínculo a la vez. 

Entre los funcionarios públicos, la ANEP es el organismo más importante, con casi 90.000 vínculos (el 30% del total). En la educación tenemos también unos 18.000 más en la Universidad. Luego en la salud tenemos 25.500 vínculos laborales en ASSE, que son un poco menos del 10% del total. 

Entre las dependencias con más funcionarios también encontramos, obviamente, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, con 31.500 y 28.300 vínculos laborales respectivamente. Esto quizás es algo que es poco sabido en Uruguay: el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa tienen una cantidad bastante similar de personas. 

RA:  ¿Y qué se ve cuando se mira la evolución? Porque esa es la otra pata de la discusión, el incremento del empleo público en los últimos años. 

TS: Es cierto. El aumento más fuerte se dio entre 2004 y 2014. En ese período se pasó, en grandes números, de 230.000 a 290.000 vínculos de funcionario público. En los años más recientes el número ha seguido aumentando, pero cambió la pendiente de crecimiento. 

Si miramos los últimos 10 años, 2008-2018, la cantidad de vínculos de funcionario público subió en 56.000 aproximadamente (llegando a un número del orden de los 300.000 actualmente, como decía recién). De ese aumento, unos 32.000 se dieron en la ANEP, 8.300 en ASSE, 6.000 en la UDELAR y casi 4.000 en el Ministerio del Interior. Así que casi el 90% del aumento se jugó en esas áreas, que suelen identificarse como “prioritarias”. 

***

Foto: Ministerio de Economía

La entrada ¿Cómo es la estructura del gasto público en Uruguay? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La entrada Astori: Propuestas económicas de Lacalle Pou y Talvi son “insostenibles por falta de seriedad” se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Emisión: 05.04.2018

Video: Telemundo

***

Entrevistas en Telemundo
Ver archivo con las ediciones anteriores

La entrada Azucena Arbeleche: “Necesitamos que el Estado frene el gasto que está teniendo” se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.