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La Tertulia de los Jueves con Ana Laura Pérez, Gabriel Mazzarovich, Daniel Supervielle y Gloria Robaina

Este martes, el gobierno descartó la construcción de un túnel bajo la avenida 18 de Julio dentro de la reforma del sistema de transporte metropolitano luego de recibir la propuesta alternativa de la Intendencia de Montevideo que no compartía la idea del soterramiento. 

La decisión se tomó tras una reunión en Torre Ejecutiva en la que participaron el presidente Yamandú Orsi, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, su colega de  Canelones, Francisco Legnani, y la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry.

Se mantienen varias características importanes del proyecto, que ya estaba acordadas: la base del nuevo sistema serán los buses eléctricos biarticulados BRT con capacidad para 220 pasajeros y los corredores exclusivos para esos vehículos en Avenida 8 de Octubre y Camino Maldonado, entre Tres Cruces y Zonamérica, y en Avenida Italia y Gianattasio, entre Tres Cruces y el Pinar. Esas dos línneas principales de BRT coinciden en Tres Cruces en un intercambiador subterráneo, y luego siguen por 18 de Julio rumbo a la Ciudad Vieja.

La principal diferencia en el planteo de Bergara es que el tramo entre Tres Cruces y la Plaza Independencia, por la avenida 188 de Julio, no incluirá ningún tramo soterrado y, en cambio, se resolverá todo en superficie, con un corredor exclusivo para la ida y la vuelta de los BRT por 18 de Julio. Se prevé la misma cantidad de paradas que en el diseño original, sin quitar a los autos particulares de la avenida y manteniendo la ciclovía.

Ayer, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió el proyecto original, con el soterramiento en 18 de Julio. En diálogo con Subrayado (Canal 10), Sánchez subrayó que esa variante era mejor que la presentada por la Intendencia de Montevideo porque reducía aún más los tiempos de viaje y revitalizaba el Centro de la capital.

"El tiempo que íbamos a ganar no es el que vamos a ganar si vamos por arriba", dijo y agregó que además "se resigna la valorización del espacio público de 18 de Julio porque ahora vamos a seguir teniendo transporte público por allí".

Por su parte, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo este miércoles en rueda de prensa que la diferencia entre un proyecto y otro era de solo tres minutos y medio en tiempo de viaje, y que un túnel no ameritaba ni los costos económicos ni la paralización de las actividades en la principal avenida durante las obras que pueden llevar dos o tres años.

Otro punto de debate que se ha generado en los últimos días, tiene que ver con la participación de la ciudadanía en este proyecto. Durante la discusión de la reforma e los medios de comunicación se han ido sumando voces de usuarios del transporte público, comerciantes y técnicos que reclaman que no fueron escuchadas. 

Aquí En Perspectiva, le consultamos por esta demanda al intendente de Canelones, Francisco Legniani:

“En este caso en particular, hay una serie de decisiones que hay que tomar, para poder llevar adelante este proyecto de reforma. El presidente ayer fue bien claro: ‘A mi me eligieron para gobernar, para tomar decisiones y en ese proceso estoy…’. Si nos embarcamos en cada uno de los colectivos que quieren participar, que quiere opinar, podemos pasarnos una eternidad. Por tanto, suscribo las palabras del presidente de ayer, fuimos elegidos por la ciudadanía para tomar definiciones y estamos tomando definiciones, que muchas veces es lo que se le pide a los políticos ‘tomen definiciones’ y que no se nos pase un período, como ya se nos ha pasado más de un período, en idas y vueltas y no concretando nada”.

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El 52% de la población uruguaya considera que “se llegó tan lejos” en la promoción de la igualdad de género que ahora se discrimina a los hombres.

El dato surge de una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana publicada por la diaria, que fue realizada entre el 6 y el 10 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

De este modo, se constata un leve aumento comparado con 2024, cuando ese guarismo se ubicaba en 46%.

Esta visión se da en mayor medida los hombres (57%), los votantes de la Coalición Republicana (67%) y quienes tienen entre 45 y 59 años (58%).

Por otro lado, la encuesta revela que el 73% de la población no considera el avance del feminismo como una amenaza y el 18% asegura que sí.

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La Tertulia de los Jueves con Gonzalo Baroni, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Gloria Robaina

El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, encomendó a un equipo de su oficina que trabaje en el análisis y la redacción de su propuesta para abrir el capital de las empresas públicas a la participación de pequeños inversores privados.  

En una entrevista con La Diaria, el lunes pasado, Sánchez dijo:

“Tenemos que agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que puedan poner su dinero” “El ahorro nacional del Uruguay ponerlo en las empresas públicas uruguayas para que puedan hacon er otras inversiones, como hicimos cuando armamos algunos de los parques eólicos de UTE en el gobierno de José Mujica”. 

Desde el equipo de comunicación del MPP se informó a En Perspectiva que por ahora Sánchez no realizará más declaraciones sobre el tema. Las fuentes agregaron que la próxima instancia de comunicación sobre el asunto será cuando Sánchez concurra al Parlamento a informar a la Comisión de Hacienda del Senado, donde fue convocado por Javier García, del Partido Nacional. 

La fecha de esa comparecencia todavía no está definida.

El senador García consideró que la iniciativa de Sánchez puede ser positiva si apunta a modernizar y hacer más eficientes a las empresas públicas, pero sostuvo que es necesario conocer los pormenores y si existe un proyecto respaldado por el gobierno.

“Hay que pensar si esto significa —y nos parecería bien— hacer empresas públicas más modernas, eficientes, competitivas. Por ejemplo, cambiar el estatuto de derecho de las empresas públicas: que participen del derecho público no estatal y que eso les permita tener más flexibilidad en un mundo tan competitivo. Estamos entrando en acuerdo con Europa, golpeando la puerta del Acuerdo Transpacífico”.

Continúa en: Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana: reclaman que la reforma del transporte “sea transmitida a la ciudadanía en lenguaje accesible”

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La Tertulia de los Jueves con Gonzalo Baroni, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Gloria Robaina

A raíz de la reestructura del transporte metropolitano que plentea el gobierno, se acaba de conformar el “Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana”, un colectivo integrado por aproximadamente 100 ciudadanos que están preocupados por los posibles impactos acumulados durante las obras y sus consecuencias en el largo plazo para Montevideo.

Por esta razón, el Foro resolvió pedir una reunión al MTOP y a las intendencias de Canelones, Montevideo y San José, que son las autoridades involucradas en la reforma, e hizo una serie de solicitudes, como por ejemplo, que la información técnica que se publicó “sea transmitida a la ciudadanía en lenguaje accesible”

“Entendemos que dado el porte del proyecto resulta de fundamental importancia actuar con la máxima responsabilidad y de acuerdo al marco regulatorio que la sociedad uruguaya ha consagrado para abordar temáticas como esta”, afirmó el colectivo. 

Asimismo, en un comunicado difundido este lunes, el grupo pide conocer las alternativas no seleccionadas que se excluyen del proyecto; tomar conocimiento de los detalles sobre los corredores, longitud y posibles terminales, así como la complementariedad con los distintos modos de traslado; recibir información detallada sobre la futura coordinación público-privada a través de la Agencia de Transporte Metropolitano, “en busca de asegurar que en la gestión se privilegie el bien común y los derechos de los usuarios”; que se especifique “cómo inciden en la propuesta las tendencias demográficas recientes –envejecimiento y nuevos arreglos familiares–”.

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La Tertulia de los Jueves con
Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez, Gloria Robaina y Daniel Supervielle

Este lunes, el Directorio del Partido Nacional analizó el proceso de autocrítica que se llevó adelante a raíz de la derrota electoral de 2024.

En conferencia de prensa, el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, explicó que se recibió  un informe elaborado luego de cinco instancias regionales de debate que abarcaron todo el país y en las que participaron más de mil dirigentes y militantes. Dijo que se trató de un proceso “histórico”, que apunta a identificar oportunidades de mejora y a construir un plan de acción política para el período 2026–2029, con énfasis en la comunicación, la cercanía con la gente y la innovación.

Consultado por la derrota electoral, señaló que fue un fenómeno “multicausal” y remarcó que el proceso que se está siguiendo no se trata de buscar culpables.

“Hay que asumir las responsabilidades, que son varias, y yo soy el primero de la fila. Y tengo que hacerlo así, con mucha humildad. Ahora, el primero de una fila de responsabilidades, pero lo que importa más que las responsabilidades son las causas. Porque a mí me importa empezar a volver y volver mejor. Y para ver las causas, corregir cosas que se pueden haber hecho mal: yo hablé de la comunicación de algunos de los temas, en algún diseño de algunas otras cosas, de no comunicar bien algunas acciones de gobierno”.

En el informe presentado por Álvaro Delgado, se admite que, al llegar al gobierno, el Partido Nacional no logró evitar “ser absorbido por la lógica del Poder Ejecutivo”. Se reconoce que el partido fue relegado como actor político autónomo y que también falló en su rol de replicador territorial del discurso.

En materia comunicacional, el documento señala que el “poder de fuego” de los adversarios fue muy fuerte y que no se lo enfrentó con una estrategia suficientemente directa. Se apunta a la falta de un diseño comunicacional liderado por el partido, con vocerías coordinadas, mensajes segmentados y mayor trabajo en las bases.

En el texto se define al gobierno de Luis Lacalle Pou como “valiente” por impulsar reformas de fondo, aunque se admite que no se realizaron todas las que esperaba el electorado coalicionista. Además, se señala que faltó “pedagogía política” para explicar los ritmos de los cambios, condicionados por la pandemia y la sequía.

El informe subraya que durante la campaña electoral de 2024 el partido no supo “escuchar con la profundidad necesaria” y perdió sintonía con preocupaciones crecientes, como las dificultades de la clase media, la situación de los jubilados y las políticas de frontera. “Nos costó sintetizar el rumbo, narrarlo con claridad y comunicar propuestas concretas”, se afirma, y se advierte que escuchar implica comprender el estado de ánimo del país.

También se reconocen errores de diagnóstico en la campaña, con un uso deficiente del tiempo y del trabajo territorial, una comunicación centrada en medios tradicionales y una innovación que llegó tarde. Sobre la fórmula presidencial, se señala que la designación de Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta, luego de las elecciones internas, buscó ampliar el electorado, pero que el proceso de su nombramiento fue mal gestionado, con falta de preparación interna y de escucha, lo que derivó en un anuncio que generó sorpresa y polémica dentro del partido.

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Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez, Gloria Robaina y Daniel Supervielle

En Salto, tres ediles del Frente Amplio fueron expulsados de su bancada luego de que la Junta Departamental aprobara por mayoría especial un fideicomiso impulsado por el intendente blanco Carlos Albisu por 60 millones de dólares a pagar en 20 años.

El proyecto presentado por el jefe comunal obtuvo el lunes 22 de los 31 votos, superando la mayoría especial de 21 ediles que exige la normativa vigente para la aprobación de este tipo de préstamo.

En las horas siguientes, según informaron varios medios de prensa, el clima que se vivía en la interna de la coalición de izquierdas era de "tensión" y de "crispación", llegándose a tachar de "traidores" a los tres ediles de esa fuerza política que acompañaron la iniciativa del gobierno departamental.

Ayer la Mesa Política Departamental del Frente Amplio resolvió solicitar la expulsión de los ediles Eduardo Varela Minutti, Gladys Martínez y Analía Fenández, esposa del ex intendente de Salto, Andrés Lima.

Según se explicó en un comunicado, se remite "la decisión al Tribunal de Conducta Política" debido al "no acatamiento de los resuelto en el Plenario Departamental como Asunto Político, luego de un proceso serio y responsable de análisis de la propuesta de endeudamiento por parte del ejecutivo departamental". También se solicita "elevar los antecedentes de quienes estuvieron involucrados en impulsar la aprobación del endeudamiento", refiriéndose a otros dirigentes que estaban detrás de la negociación con el intendente Albisu.

El texto expresa finalmente que "los ediles en cuestión no integran a partir de la fecha la Bancada del FA y no representan a nuestra fuerza política en la Junta Departamental y en ningún otro ámbito".

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El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció la semana pasada a la comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, para exponer sobre el progreso de las investigaciones vinculadas a los atentados contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y el Instituto Nacional de Rehabilitación. En su exposición sostuvo que es necesario poner en primer plano la discusión sobre el crimen organizado y los desafíos de seguridad que enfrenta Uruguay.

Negro describió un escenario en transformación, marcado por estructuras criminales más violentas, conectadas y diversificadas, que dialogan con dinámicas regionales y transnacionales.

El ministro indicó que en Latinoamérica la “extorsión es el delito y la manifestación criminológica más importante, por más que en Uruguay aún, no lo sea”, sostuvo. Se trabaja para “evitarlo” a nivel local, pero en otros lugares “campean los peajes, las contribuciones de los comerciantes y la toma de los territorios, dentro de los cuales los vecinos tienen que aportar para transitar, para comerciar o para vivir”, dijo Negro.

En el combate al crimen organizado se debe “reconocer” —aseguró el titular de Interior— el “fracaso de los enfoques tradicionales”. A modo de ejemplo habló sobre la “persecución masiva del microtráfico”. En esa línea, explicó que durante años “miles de personas fueron encarceladas” sin que eso “afectara la disponibilidad de drogas ni las ganancias de los mercados ilegales”. Es una estrategia —continuó en su crítica— “que consume recursos policiales, judiciales y penitenciarios sin impacto real en los mercados ilegales, y en forma indiscriminada”.

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Ministro Negro en la Comisión de Seguridad del Parlamento por atentados (versión taquigráfica) by En Perspectiva En Perspectiva

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Julio Alfredo Posada asumió el lunes como ministro de la Suprema Corte de Justicia, cargo que estaba vacante desde septiembre tras el cese de María Elena Martínez. De esta forma, el máximo órgano del Poder Judicial vuelve a quedar integrado en su totalidad.

Posada integraba desde 2008 el Tribunal de Apelaciones del Trabajo y era el ministro más antiguo del escalafón.

Su designación se concretó por el mecanismo constitucional que establece que, si la Asamblea General no elige al nuevo integrante en 90 días, se incorpora automáticamente el ministro de tribunal de apelaciones con mayor antigüedad.

Pero este no es el único cambio a nivel de organismos de justicia que necesita acuerdos. El sistema político tiene aun pendiente la designación de un nuevo fiscal de Corte -o definir que quede como titular la actual fiscal surrogante, Mónica Ferrero, y también las renovaciones o vacantes en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Todos esos casos requieren venia con mayoría parlamentaria especial.

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