Foto: Brendan Smialowski / AFP

El futuro presidente estadounidense, Joe Biden, reveló ayer sus planes para luchar contra el Covid-19 e inyectar millones y millones de dólares en la economía, pero su agenda de los primeros 100 días ya está eclipsada por el inminente juicio político a su predecesor, Donald Trump.

Biden prometió un "nuevo capítulo" para el país, un día después de que Trump se convirtiera en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser dos veces objeto de un "impeachment", intentando aprovechar un discurso en horario estelar para infundir esperanza a los estadounidenses. 

Pero el tema ineludible por estas horas allí es el juicio político. 

Trump fue acusado en la Cámara de Representantes el miércoles de "incitar a la insurrección" al alentar a una gran multitud de simpatizantes a marchar contra el Congreso el 6 de enero, que entonces certificaba la victoria electoral de Biden. La turba arrasó el edificio del Capitolio. Cinco personas murieron. 

En un escenario soñado por los demócratas, el Senado se habría convocado en una sesión de emergencia para llevar a cabo un juicio relámpago antes del 20 de enero, lo que obligaría a Trump a dimitir. 

Pero el líder de la todavía mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, descartó esa idea, diciendo que no había tiempo para llevar adelante un proceso "justo" con el presidente.

A partir del 20 de enero, McConnell perderá su liderazgo, que pasará a manos del demócrata Schumer.

Si es declarado culpable, una segunda mayoría simple de votos sería suficiente para impedir que Trump intente volver a postularse como presidente en 2024. 

La Tertulia de los Viernes con Juan Grompone, Susana Mangana, Gonzalo Pérez del Castillo y Fernando Scrigna.

Viene de…
¿Se viene la «guerra» por quién tiene la prioridad para vacunarse?

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Foto: Nicholas Kamm / AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado ayer en el Congreso en un histórico segundo procedimiento de juicio político, una semana antes del final de su mandato, que termina en un clima de extrema tensión.

La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, votó a favor del "impeachment" del mandatario republicano por 232 votos contra 197.

Trump, que cederá el poder al demócrata Joe Biden el 20 de enero, fue inculpado por la Cámara Baja de "incitar a la insurrección" en la toma del Capitolio por sus partidarios la semana pasada, que dejó cinco muertos y conmocionó al país y al mundo.

"Hoy de manera bipartidista la Cámara demostró que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos", dijo Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, en la ceremonia en que firmó el artículo de acusación.

Antes, había acusado a Trump de alentar una "rebelión armada&", calificándolo de "peligro claro y presente contra la nación que todos amamos".

La votación de la nueva acusación contra Trump ayer marca la apertura formal del procedimiento de juicio político, y ahora le corresponde al Senado juzgarlo nuevamente.

A siete días de comenzar su nueva vida como expresidente, Trump parece extremadamente aislado.

Diez congresistas republicanos votaron a favor de la acusación, a diferencia de diciembre de 2019, cuando ningún miembro del partido del presidente apoyó el primer juicio político en su
contra.

Entonces fue acusado de pedirle a Ucrania que investigara presunta corrupción vinculada a su rival Biden, a cambio de desbloquear una ayuda militar crucial para el país en guerra. El Senado, con mayoría republicana, lo absolvió en febrero de 2020.

Sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos conversamos esta mañana En Perspectiva con la politóloga norteamericana Jennifer Pribble, profesora asociada de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Richmond.

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El ministro de Justicia y Seguridad Pública brasileño, el popular exjuez Sérgio Moro, renunció tras acusar de “interferencias políticas” al presidente, luego de que éste removiera de su cargo al director de la Policía Federal del país.

Bolsonaro, luego, acusó a Moro de darle más importancia a su ego que a Brasil.

A eso se suman las críticas que Bolsonaro sufre por su manejo de la crisis de coronavirus, que lo ha enfrentado con antiguos aliados como el gobernador de San Pablo.

Ayer, Brasil sumó 189 muertes por Covid-19, mientras que los casos confirmados de la enfermedad superaron los 60 mil.

Todo esto hizo aparecer la posibilidad de que se inicie un impeachment contra el mandatario.

¿Cómo se llegó hasta acá? Lo conversamos esta mañana En Perspectiva con Camilo López Burián, doctor en Ciencia Política especializado en Brasil.

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Foto: Jair Bolsonaro y Sérgio Moro. Crédito: Foto: EVARISTO SA / AFP

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Mañana comienza el tercer juicio político contra un presidente en ejercicio en la historia de Estados Unidos.

El Senado recibió la semana pasada los artículos de impeachment redactados por la Cámara de Representantes.

Los cargos fueron leídos por Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, que se desempeñará como fiscal principal del juicio:

Trump es acusado de abuso de poder por retener ayuda militar a Ucrania, así como por prometer una reunión de la Casa Blanca al presidente de ese país a cambio de una investigación sobre un potencial rival en las elecciones presidenciales, el demócrata Joe Biden. Una vez que se conoció este caso, Trump presuntamente obstaculizó la investigación del Congreso al prohibir a sus asesores testificar o proporcionar documentos.

¿Qué puede pasar con este juicio político? ¿Tiene alguna chance de salir adelante? Lo hablamos esta mañana con Gerardo Stawsky, escritor y periodista uruguayo radicado en Los Ángeles.

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Foto: Donald Trump gesticula en un acto de campaña en Milwaukee, Wisconsin. Crédito: Saul Loeb / AFP

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles la acusación contra el presidente Donald Trump por los delitos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, con lo que abrió la vía para un juicio en el Senado que, teóricamente, podría terminar con la destitución.

La denuncia por abuso de poder se basa en el pedido que hizo Trump al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para que investigara a su posible rival electoral en 2020, Joe Biden. La otra denuncia se debe a que, entienden los demócratas, Trump intentó bloquear los esfuerzos de los legisladores que procuraban investigar sus acciones. 

Durante el debate en la cámara baja, la líder demócrata Nancy Pelosi dijo que sus correligionarios no tuvieron otra opción que lanzar el proceso de impeachment y tildó a Trump de "amenaza continua para la seguridad nacional":

Como presidente de la Cámara de Representantes me entristece tener que dar por comenzado este debate para la destitución del presidente de los Estados Unidos. Si no actuáramos ahora seríamos irresponsables. Es trágico que las acciones temerarias del presidente Trump hayan hecho que el juicio político fuera necesario. Él no nos dio opción. 

Pelosi debió frenar los aplausos de los parlamentarios demócratas cuando se aprobó el juicio político ya que temía que el proceso fortaleciera al mandatario en la campaña para la reelección. 

Trump enfrentará un juicio en el Senado, donde se necesitan al menos 67 votos para removerlo del cargo. Es poco probable que esto ocurra ya que en la cámara alta sus aliados republicanos ocupan 53 de los 100 escaños.

Trump será el tercer mandatario que es llevado a juicio político en la historia de Estados Unidos, luego de Andrew Jonhson en 1868 y de Bill Clinton en 1998.

La Tertulia de los Viernes con Fernando Butazzoni, Ana Ribeiro, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Grompone.

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Donald Trump está a la defensiva.

El presidente de Estados Unidos enfrenta el comienzo de un proceso que puede terminar con un juicio político en su contra.

¿La causa? Una conversación telefónica que tuvo con el primer mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, en la que le pidió que Ucrania investigue al precandidato demócrata Joe Biden y a su hijo, Hunter.

Ayer, Trump, que niega que haya nada de malo en su conversación con Zelensky, fue más allá y pidió públicamente a Ucrania y también a China que investiguen a su rival político, exvicepresidente de Barack Obama.

¿Qué posibilidades hay de que este proceso de impeachment salga adelante? Para conversarlo, estuvimos en línea con el editor político de Univisión en Washington, Carlos Chirinos.

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Foto en Home: Joe Raedle/Getty Images/AFP

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La destitución de Dilma en Brasil viene a ser el acto final de una tragedia que se convirtió en drama. Al estilo de las más notables obras de Shakespeare, acá tenemos una corte podrida hasta sus cimientos, una reina agobiada por problemas que no entiende, un príncipe ambicioso y dispuesto a todo, y dos grupos de conjurados que aspiran a evitar las mazmorras.

Pero el gran protagonista de la puesta en escena es el pueblo brasileño. Por presencia o por ausencia, las manifestaciones contra Dilma y la aparente calma que ha sucedido a su destitución (salvo algunos incidentes en San Pablo y Florianópolis), dicen lo que muchos no quieren oír.

El gobierno uruguayo calificó de “injusticia” el fallo del senado de Brasil. Es un error doble: primero porque ese fallo se asentó no solamente en pruebas, sino en largos debates, los que fueron públicos, transmitidos por radio y televisión y reproducidos a todo lo ancho y lo largo de Brasil y del mundo. Y segundo porque la representatividad de Dilma, los votos que la llevaron al poder, siempre fue tan legítima como los votos de quienes querían destronarla.

Un experto cientista social brasileño, Pedro Feliú Ribeiro, le comentó a Emiliano Cotelo el otro día que “si uno les pregunta a los electores, me imagino que el 80 % o 70 % en el momento de votar no sabían que Michel Temer sería el vice de Dilma. Pero desde el punto de vista formal eso no importa, desde el punto de vista de las reglas institucionales no tiene relevancia”. Es decir: votaron por Dilma, por su carisma, su honestidad, su militancia en el PT, y no por su compañero de fórmula. El problema es que sin el 20% restante de los votos, aquellos que pudo arrimar Temer, Dilma no hubiera llegado a la presidencia. Fue Michel Temer quien, con un caudal electoral más bien pobre, le aseguró –y apenas– la victoria en las últimas elecciones.

Uno de los errores de Dilma y del PT es característico en la izquierda latinoamericana: abrazarse a las serpientes para llegar al gobierno y desde allí impulsar los cambios que desean. A ella le costó caro. El príncipe ambicioso conspiró en su contra, se alió a sus enemigos y la dejó sola frente a esa jauría de senadores que todos vimos por televisión, algunos de los cuales deberían estar confinados en alguna isla remota, para bien de la humanidad.

Dilma no supo mantener la sintonía con las bases que la habían apoyado durante los años anteriores. Bases que, dicho sea de paso, habían sido conquistadas no por ella sino por su antecesor, Lula da Silva, un verdadero gigante de la política. Ella tampoco entendió las dificultades que entrañaba romper algunas alianzas, y lo pagó caro. Muchos dicen que lo hizo por una cuestión de principios, pero sus motivos (los de la ruptura) no le impidieron formar esas mismas alianzas un par de años antes.

La única verdad es que los brasileños están hartos de la corrupción. Michel Temer, acusado él mismo de graves actos de corrupción, quedó ahora al frente del gobierno. No hay que ser un genio para imaginar la enorme cantidad de transas que deberá hacer para no caer en el mismo despeñadero que Dilma. Si Dilma había perdido apoyo político y popular, Temer no lo tuvo nunca y eso es una desventaja.

Analizar el drama brasileño en función de las opiniones políticas o ideológicas de cada uno es válido pero inútil. No lo es, en cambio, analizarlo en clave de género (muchas feministas han puesto el grito en el cielo), ni hacerlo en función de cuánto más o menos le va a vender Uruguay a Brasil a partir de ahora. Hacer eso es tan mezquino como inconducente.

Que nadie se engañe: lo que cayó en Brasil no fue un gobierno socialista, ni colectivista, ni populista. Ha sido todo un sistema, basado en el toma y daca, el que ha colapsado. Y las consecuencias de ese colapso todavía están por verse, porque el nuevo presidente ha sido hasta ahora un habitué de esas rondas en donde la ética púbica brilla por su ausencia.

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El diario del lunes es el blog de Fernando Butazzoni en EnPerspectiva.net. Como no podía ser de otra manera, actualiza todos los lunes.

La entrada <em>El diario del lunes</em><br>La conjura llegó a su fin se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Claramente se trató de un proceso con raíces políticas, motivado por errores políticos, de gestión y embarrados por corrupción.

El ADN de este largo proceso político, que tuvo lugar en el Parlamento brasileño y en el Poder Ejecutivo representado por su presidente y vicepresidente, no puede tildarse de golpe de Estado. Como si fuera poco fue un proceso supervisado de principio a fin por la suprema corte de justicia.

En todo caso sería un golpe político, gestionado por políticos, aliados del gobierno, gobernantes, cuya zona de confort se trasladó una vez que el Poder Judicial comenzó a hacer publico a políticos corruptos. En esta ensalada corrupta está ni más ni menos que el ex presidente Lula.

De modo que los enlaces políticos que bien sirven para ganar elecciones y llegar al poder pueden terminar pulverizados. Aspecto que los políticos conocen muy bien.

En este contexto no llama la atención que los enlaces políticos y aliados políticos de la región, teñidos de aciertos y errores similares, ahora se reúnen haciendo declaraciones como las del diputado [Gonzalo] Mujica y retirando embajadores, dando respaldo critico a un proceso bien democrático y constitucional.

El trasfondo de todo esto es la corrupción de la clase política que involucra a todos y termina en un sálvese quien pueda.

Al final Dilma termino como Al Capone: Procesada por otra causa "menor" en relación con el real problema.

Miguel Orihuela
Vía correo electrónico

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Foto: Dilma Rousseff durante la inauguración del Parque Eólico Artilleros, emprendimiento conjunto entre las empresas públicas UTE (de Uruguay) y Eletrobrás (de Brasil), sábado 28 de febrero, 2015. Crédito: Nicolás Rodríguez/adhoc Fotos.

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Transcripción de la entrevista con Pedro Ribeiro, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo

Sobre las 13.30 de ayer, el tablero electrónico del Senado brasileño mostró un resultado que se veía venir: por 61 votos contra 20, los legisladores norteños decidieron destituir de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff, poniendo fin, así, a 13 años de gobiernos encabezados por el PT, liderado por Lula.

“El Senado Federal entendió que la señora presidenta de la Republica, Dilma Rousseff, cometió crímenes de responsabilidad consistentes en contratar operaciones de crédito, constitución financiera controlada, sacar decretos de créditos adicionales, sin autorización del Congreso Nacional —previstos en el artículo 85 inciso 6 y artículo 167 inciso 5 de la Constitución federal, artículo 6, ítems 4, 6 y 7, articulo 11 ítems 2 y 3 de la Ley 1.079 de 1950— por 61 votos, habiendo sido registrados 20 votos contrarios y ninguna abstención, quedando así acusada, condenada a la pérdida del cargo de presidente de la República Federativa de Brasil”.  

De esta manera Ricardo Lewandowski, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, inició la lectura de la sentencia del proceso de impeachment, que terminó este miércoles con la interrupción del segundo mandato de Rousseff.

La resolución confirmó de forma automática como nuevo presidente de Brasil al vicepresidente Michel Temer, que venía desempeñándose como mandatario en funciones desde que Dilma fue apartada del cargo el 12 de mayo. Temer queda encargado de completar el actual mandato que culmina el 31 de diciembre de enero de 2018.

Para analizar la situación, en la entrevista central nos contactamos con Pedro Ribeiro, doctor en Ciencia Política y profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo.

Transcripción de la entrevista con Pedro Ribeiro, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo

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Foto en Home: Dilma Rousseff, Brasília, Brasil, 31 de agosto de 2016. Crédito: Evaristo Sa/AFP Photo.

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Jueves 01.09.2016, hora 8.17

EMILIANO COTELO (EC) —Sobre las 13.30 de ayer, el tablero electrónico del Senado brasileño mostró un resultado que se veía venir: por 61 votos contra 20, los legisladores decidieron la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, poniendo fin, así, a 13 años de gobiernos encabezados por el Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Lula.

(Audio Ricardo Lewandowski.)

El Senado Federal entendió que la señora presidenta de la Republica, Dilma Rousseff, cometió los crímenes de responsabilidad consistentes en contratar operaciones de crédito, constitución financiera controlada, sacar decretos de créditos adicionales, sin autorización del Congreso Nacional —previstos en el artículo 85 inciso 6 y artículo 167 inciso 5 de la Constitución federal, artículo 6, ítems 4, 6 y 7, artículo 11 ítems 2 y 3 de la Ley 1079 de 1950—, por 61 votos, habiendo sido registrados 20 votos contrarios y ninguna abstención, quedando así la acusada condenada a la pérdida del cargo de presidente de la República Federativa de Brasil.

(Fin audio.)

EC —Escuchábamos a Ricardo Lewandowski, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, quien leyó la sentencia del proceso de impeachment que terminó ayer con la interrupción del segundo mandato de Dilma Rousseff.

La resolución confirmó de forma automática como nuevo presidente de Brasil al vicepresidente Michel Temer, que venía desempeñándose como mandatario en funciones desde que Dilma fue apartada del cargo el 12 de mayo. Temer queda encargado de completar el actual mandato, que culmina el 31 de diciembre de 2018.

Para analizar la situación, sus antecedentes, su proyección, estamos en contacto con Brasil, con el profesor Pedro Ribeiro, doctor en Ciencia Política, docente en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo.

Recordemos cuáles fueron los motivos del impeachment. ¿De qué se acusaba a la ahora expresidenta Dilma Rousseff?

PEDRO RIBEIRO (PR) —Se la acusaba de dos hechos fundamentales: aumentar el gasto público sin aprobación previa del Congreso Nacional –en su defensa la presidenta dijo que era una situación de emergencia, a raíz de la baja de los precios de los commodities– y tomar créditos de los bancos públicos de manera contraria a la ley de responsabilidad fiscal. Pero esos dos juicios jurídicos podrían haber afectado a todos los gobernadores de los estados de Brasil y un tiempo atrás a todos los presidentes de Brasil. Por eso la percepción es que es un juicio político mucho más que jurídico, aunque hay un hecho jurídico.

EC —Profundicemos en ese punto. Los defensores de Dilma Rousseff insisten en que, primero, esas maniobras que se le imputan no son delito, y segundo, que todos los presidentes en Brasil han incurrido en ellas. Tengo aquí por ejemplo la carta que el expresidente Lula le dirigió al expresidente uruguayo José Mujica, que señala: “La Constitución brasileña es categórica, sin la existencia de crimen de responsabilidad no puede haber impeachment, y no hay ningún acto de la presidenta Dilma, absolutamente ninguno, que pueda caracterizarse como crimen de responsabilidad. Los procedimientos contables utilizados como pretexto para la destitución son idénticos a los adoptados por todos los gobiernos anteriores y por el propio vicepresidente Michel Temer en las ocasiones en que él sustituyó a la presidenta por motivos de viaje”. ¿Entonces?

PR —Desde el punto de vista de la ley había dos interpretaciones, la de la presidenta, que seguía la ley de responsabilidad fiscal, y la de la oposición, de que no cumplió con el artículo 85 de la Constitución Federal. En realidad hay un hecho jurídico, pero la penalización por ese hecho jurídico ha sido absolutamente distinta de lo ocurrido en todos los gobiernos anteriores. Hubo por parte del Ministerio Público una declaración de delito, de falta de conducta de la presidenta, pero es una práctica absolutamente común en los gobiernos de Brasil. Por eso la percepción general es que es un juicio más que nada político, o sea, la pérdida de la mayoría parlamentaria de la presidenta fue la principal causa de su impeachment, no los hechos jurídicos. El impeachment es algo extremadamente drástico, una cosa muy dramática, y los actos jurídicos no llevan una pena tan dramática. Hay hartos gobernadores de Brasil que no tienen las cuentas aprobadas por sus asambleas legislativas y siguen con sus mandatos intactos. Así que hay dos pesos y dos medidas distintas en el caso de la presidenta Dilma.

EC —¿Puede procederse como se procedió? ¿Puede irse efectivamente a un impeachment que tiene como sustento real consideraciones políticas cuando lo jurídico es discutible?

PR —Desde el punto de vista constitucional tengo la certeza de que no hubo un golpe de Estado, los procedimientos constitucionales fueron respetados. Cualquier presidente de la República podría haber sufrido el impeachment que sufrió la presidenta Dilma, o sea que la variable clave es el apoyo político. En realidad no hubo algo fuera de la ley; el gobierno argumenta que sí, el Poder Judicial aceptó la denuncia y los parlamentarios la aceptaron. Hubo sí un hecho jurídico a explotar por la oposición, pero la variable clave es política. Otros presidentes hicieron lo mismo, pero tenían apoyo mayoritario y por lo tanto no había ninguna probabilidad de impeachment. El caso es muy distinto del de Fernando Collor, ahí la denuncia era de enriquecimiento ilícito, él había obtenido plata para su propio beneficio. Lo que la presidenta Dilma hizo fueron maniobras administrativas fiscales para combatir una crisis económica, algo que el Congreso podría aceptar sin ningún problema con mayoría parlamentaria.

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