Si las familias fueran solidarias, las casas de salud no deberían de existir.

En China, por ejemplo, los ancianos viven hasta sus últimos días en sus casas, rodeados del cariño de sus familiares, donde se les respeta y escucha. Son los más venerados en sus familias.

Tuve oportunidad de visitar el Hogar de Ancianos Israelita de la calle Burgues, con muchos servicios y mucho lujo, pero cuando uno comenzaba a hablar con sus ocupantes, familias que generaron fortunas y de mucho renombre, esos "viejos" me contaban que sus hijos nunca los iban a visitar. Una pareja incluso me mostró en un placar la cantidad de regalos que tenía envueltos para los cumpleaños de sus hijos y nietos y no se los llegaban a entregar porque nunca los venían a ver.

Existe un problema social: la cultura occidental venera la juventud, la fortaleza física, la belleza exterior y denigra al anciano, al que ya no puede ser “útil” para el sistema; enseña que con los ancianos debe ocurrir lo mismo que con un electrodoméstico viejo que se desecha.

Pilar Sordo brindó una conferencia sobre la vejez en El Galpón el año pasado. Explicó que así como los padres cuidan y enseñan a sus hijos con dedicada paciencia y les responden sus preguntas una y otra vez, por más repetitivas que sean, los hijos tienen la obligación moral de repetir eso mismo con sus ancianos.

Reclamar cuidados en una edad avanzada no es egoísmo, ni es bueno pensar como muchos adultos mayores: "No voy a ser una carga para mis hijos, mejor me interno en una casa de salud". Hacemos mal con este pensamiento; primero a nosotros y luego a ellos, porque si no cambiamos la mentalidad en las familias y en la sociedad nuestros amados hijos pasarán por la misma triste situación que nosotros cuando la vejez los alcance.

Héctor López
Vía correo electrónico

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Foto: Mujer sentada en la rambla de Montevideo, año 2002. Crédito: Ricardo Antúnez/adhoc Fotos.

La entrada Sobre el lugar de los viejos en la sociedad uruguaya del siglo XXI se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Por Emiliano Cotelo ///

Esta semana comenzó con una tragedia. A las seis de la mañana del lunes, feriado laborable, un incendio en un hogar de ancianos del barrio Atahualpa, acá, en Montevideo, se cobró la vida de ocho de sus residentes y obligó a realojar de emergencia a los otros nueve en otros lugares. Todos nos estremecimos con la noticia.

Pero apenas hubo espacio para enterarse de los dramas humanos que dejaba la historia. Enseguida el encare del tema derivó a una discusión sobre permisos e inspecciones. Ese local no había completado la habilitación que otorga la Dirección Nacional de Bomberos y, por lo tanto, no tenía tampoco las homologaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) y/o del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Incluso se detectó una confusión entre esos dos ministerios en cuanto a qué aspectos controla uno y cuáles el otro. La oposición reclamó responsabilidades y las autoridades dieron las explicaciones que pudieron, como pudieron, a la defensiva.

Yo no voy a negar que esos aspectos son importantes. Es casi obvio que estos residenciales deben pasar por un control de calidad en cuanto a prevención de incendios, seguridad, edificación saludable, higiene y competencia técnica del personal. Pero me preocupa que el debate se haya concentrado tan apasionadamente allí: cargando toda la adrenalina en la responsabilidad del Estado, y poniendo la lupa en cuestiones burocráticas, de expedientes, folios y sellos de goma.

¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la sociedad uruguaya –no el Estado– tiene una deuda mucho más profunda con sus viejos. Para mí, en todo caso, el déficit de regulación que saltó esta semana es un síntoma de otra cosa: No hemos definido entre todos qué lugar le asignamos a la gente de la tercera edad en una época tan particular como esta, de comienzos del siglo XXI.

Hace 20 años se aprobó una ley de reforma de la seguridad social que tenía como telón de fondo los cambios demográficos que venía experimentando nuestro país, en particular el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población. Pero nos quedamos allí, en el objetivo de darle sustentabilidad a un sistema de jubilaciones y pensiones que iba barranca abajo.

Dejamos en el “debe” toda la evolución social que ya era un hecho: la transformación del modelo de familia, incluyendo el ingreso masivo de la mujer al mercado de trabajo, y, debido a esos y otros motivos, el desplazamiento de buena parte de los ancianos hacia fuera de las casas, dando pie a la explosión de los residenciales, casas de salud, asilos o como se los quiera llamar.

Hoy, en pleno 2016, no hemos eliminado las jubilaciones indecorosas; quedan muchas, muchísimas. Tampoco hemos creado alguna forma de seguro o ahorro que le garantice el acceso a un residencial digno a los veteranos que deban alojarse lejos de sus familias; y así, el residencial termina siendo, en el mejor de los casos, una obligación que recae en los hijos, siempre que puedan y si es que existen. Y eso lleva, a su vez, a que en materia de residenciales haya de todo, incluyendo una gran cantidad que son prácticamente depósitos de pobres condiciones edilicias.

Claro, atacar esas dos asignaturas pendientes requiere dinero y el Estado uruguayo tiene su gasto público al tope. Pero el desafío va más allá. Supongamos que tenemos jubilaciones mínimas aceptables y que todos los adultos mayores pueden pagarse un residencial habilitado por Bomberos, el MSP y el Mides. ¿Alcanza con eso? ¿Alcanza con que les den los medicamentos correctos, tengan calefacción y no se mueran calcinados en un incendio? ¿Alcanza con que conversen de lo que puedan con los otros residentes, miren televisión y vean, con suerte, una vez por semana a sus familiares? ¿Y la calidad de vida?

A mí me preocupa una tendencia que se ha ido consolidando y según la cual vamos relegando y olvidando a los ancianos. Y cuando digo “vamos”, hablo de las familias y las personas, todos atrapados por demandas más urgentes que nos tironean y nos dejan sin tiempo para ellos, nuestros viejos. Pero también hablo de la sociedad, que no ha reparado que en esa tercera edad hay sabiduría y valores que hay que aprovechar.

Carlos Maggi, que falleció en 2015 a los 93 años de edad, es un ejemplo contundente de todo lo que puede aportar un “viejo” hasta el último día de su vida. A otra escala, ¿cuántos viejos hay que podrían enriquecer a los más jóvenes desde sus experiencias de maestros de escuela, profesores de música, carpinteros, cocineros o comerciantes? ¿Cuántos podrían jugar el papel de abuelos que tantos niños no tienen? ¿Cómo puede ser que los uruguayos, como sociedad, desperdiciemos todo ese conocimiento acumulado y, al mismo tiempo, dejemos a esos “sabios de la tribu” abandonados y aburridos, simplemente consumiendo sus días hasta que les llega el último?

Esto que yo planteo no es una utopía. Afortunadamente, a nivel privado existen en Uruguay varias experiencias que apuntan en esa dirección, impulsadas por organizaciones sociales y religiosas y por algunos residenciales inquietos. Y a nivel del Estado hay algunas señales, con las tablets del Plan Ibirapitá y con ideas previstas en el Sistema Nacional de Cuidados. Pero falta mucho. Mucho.

Y esto no es necesariamente una cuestión de dinero, sino, en especial, de sensibilidad y creatividad. En esta materia lo primero que falta es debate. Falta en todo el sistema de partidos. Pero no le echemos la culpa a los partidos. Ese debate falta en los partidos porque falta también en la sociedad uruguaya. No nos hagamos los distraídos.

Hace dos semanas, en otro editorial, sobre los problemas de la violencia en los estadios de fútbol, yo decía que, por lo visto, faltaba que hubiera un muerto para que se reaccionara.

En este otro tema –el de los viejos en la sociedad uruguaya– acabamos de tener, no uno, ocho muertos. Ojalá que esa cifra, tan vergonzosamente alta, nos interpele a fondo, nos sacuda y nos lleve a pensar, para empezar, qué podemos hacer dentro de la familia de cada uno, luego en el barrio o en el club social o en la iglesia. Es a ese nivel donde puede y tiene que empezar a darse esta reintegración de los viejos en la comunidad, con microexperiencias, con la ventaja de la calidez construida a partir de la cercanía y el mano a mano.

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Foto: Pablo La Rosa / adhocFOTOS

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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 20.05.2016, hora 08.05

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En diálogo con En Perspectiva, el diputado nacionalista Martín Lema, que concurrió como invitado, aseguró que se debería evaluar si la coordinación entre el Mides y el MSP para realizar un control de las residenciales es buena y mejoró las condiciones de los ancianos.

EN PERSPECTIVA
Miércoles 18.05.2016

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Foto en Home: El diputado nacionalista Martín Lema durante un acto. Crédito: Javier Calvelo/adhoc Fotos.

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El lunes de mañana la agenda de noticias se vio impactada por la muerte de siete ancianos en un incendio ocurrido en el residencial “La Época Dorada”, en Millán y Cisplatina, en el barrio Atahualpa.

Conforme fueron pasando las horas, se supo que el hogar no tenía completa ninguna de las habilitaciones, ni la de Bomberos, ni la del Ministerio de Salud Pública ni la de la cartera de Desarrollo Social.

El director de Salud, Jorge Quián, dijo que su secretaría no habilita ningún establecimiento de este tipo hasta que no haya un autorización de Bomberos, pero como no hay lugar en dónde dejar a los ancianos mientras se procesa el trámite, el Ministerio de Salud junto con el Mides “acompañan” y monitorean el hogar para garantizar la mejor atención de las personas.

De hecho, Quián informó que Salud Pública había inspeccionado el hogar en marzo y abril, registrando condiciones relativamente aceptables.

El director recordó que su cartera trabaja en un decreto para regular la actividad de las residenciales de ancianos pero reconoció que muchos hogares escapan al control del Estado.

Este fue uno de los temas tratados en La Mesa de los Miércoles con Teresa Herrera, Rafael Porzecanski, Gerardo Caetano, Daniel Supervielle.

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Vivone aseguró que no es responsabilidad de ese cuerpo, que el local siguiera funcionando sin autorización. La vocera explicó que no es competencia de Bomberos fiscalizar cada establecimiento para corroborar si están habilitados, salvo que haya una denuncia de parte de un ciudadano o una orden jerárquica.

EN PERSPECTIVA
Martes 17.05.2016

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Foto en Home: Bomberos durante un incendio en el shopping Punta Carretas (Archivo). Crédito: Santiago Mazzarovich/adhoc Fotos.

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