EN PERSPECTIVA
Viernes 19.02.2016, hora 8.13

EMILIANO COTELO (EC) —En las últimas semanas, mientras todos los partidos preparaban sus informes finales sobre la comisión investigadora de Ancap, el Frente Amplio (FA) se vio forzado a entrar en una negociación interna para contemplar las distintas visiones sobre el origen de las pérdidas de la empresa.

Finalmente, en el informe que se presentó el miércoles en el Senado, el oficialismo admitió una “discordia parcial”. Eso sí, todos los sectores coincidieron en que “no se verificaron ni actos ni hechos ‘irregulares’ ni ‘ilícitos’ imputables al directorio de Ancap”.

La oposición, en cambio, concluyó que hubo una larga lista de irregularidades e ilicitudes e incluso enumeró algunos hechos con “presunción de delito” que van a ser derivados a la Justicia penal.

El miércoles y el jueves abordamos, en entrevistas aquí en En Perspectiva, estos hechos, los documentos, el debate con los senadores Álvaro Delgado, del Partido Nacional (PN), y Pedro Bordaberry, del Partido Colorado (PC). Hoy es el turno de ver qué deja la comisión investigadora al FA. Para eso recibimos al senador Marcos Otheguy, del sector Compromiso Frenteamplista, que lidera Raúl Sendic, quien presidió la comisión.

Para empezar, una pregunta general: ¿cómo se entiende un contraste tan grande entre la conclusión del FA y la conclusión de los partidos de la oposición?

MARCOS OTHEGUY (MO) —Eso puede tener diversas explicaciones. Lo primero es que antes de comenzar la investigadora, o ya iniciada, algunos sectores de la oposición ya decían que había ilícitos. Por lo tanto antes de investigar ya se presumía que había probables ilícitos en el funcionamiento de Ancap.

Segundo, después de todos estos meses de trabajo y de dedicarnos a lo que una comisión investigadora mandata al Senado, la comisión investigadora tiene que establecer con fundamentos, con precisión, la existencia de irregularidades o ilícitos en el funcionamiento de Ancap. No era el cometido de la investigadora parlamentaria pronunciarse sobre la gestión de Ancap. De ese análisis nosotros concluimos que no se puede fundamentar con precisión la existencia de presuntos ilícitos o irregularidades. También definiendo lo que es irregular.

EC —Ahí termina habiendo una discusión semántica entre oficialismo y oposición.

MO —Semántica y conceptual también. Si uno parte de una definición de irregularidad amplísima, prácticamente todos los hechos pueden llegar a ser presuntamente irregulares. Nosotros tomamos la definición de irregularidad como la existencia de cohecho, malversación o desfalco. Partiendo de esa definición y analizando toda la documentación a la cual pudimos acceder, analizando todas las entrevistas, concluimos que no se puede fundamentar la existencia de irregularidades o ilícitos.

Es más, la propia ley de comisiones investigadoras parlamentarias –que sin duda hay que modificar, en eso coincidimos con el senador Bordaberry, porque es una ley que se desmembró, que se descuartizó; fue una ley que se votó en el 92 o en el 93, y el presidente, que en ese momento era Lacalle, vetó un montón de artículos, por lo tanto quedó bastante inconexa en muchos aspectos– dice que no solo se tiene que fundamentar y explicitar cuál es el presunto ilícito, y por lo tanto hay que presentar en la denuncia el presunto ilícito que se comete, sino el funcionario que lo comete. Este extremo de identificar cuál es el funcionario que posiblemente comete irregularidad –lo que después habilita un proceso que la propia ley coloca, que es que el imputado tiene 20 días para establecer los descargos– no se da en ninguna de las denuncias que presentan los partidos de la oposición.

EC —Usted manejaba recién una definición de irregularidad. ¿La puede repetir?

MO —La existencia de malversación, cohecho o desfalco.

EC —Tanto el PN como el PC manejan otra que es más amplia: lo que va fuera de la regla, contrario a la regla. En particular, cuando la regla con la que se da el conflicto es de derecho, lo que ocurre se conoce como ilegitimidad. Por lo tanto, para el PN el concepto de irregularidad abarca: ilegitimidad (el problema con leyes), pero también mal administración y arbitrariedad.

MO —No compartimos ese concepto, es un concepto tan amplio que todos los ciudadanos de este país estamos cometiendo permanentemente actos irregulares o violatorios de las normas y eso no nos lleva a hacer comisiones investigadoras parlamentarias. Usted se pasa un cartel de Ceda el Paso y está violando una norma, es un acto irregular en función de esa definición. El Parlamento tiene que ser mucho más preciso, tiene que ser cualitativamente mucho más claro en cuanto a qué amerita la conformación de una investigadora parlamentaria. Si no, podríamos estar analizando desde al portero de Ancap hasta al directorio.

EC —Está bien, pero creo que la otra concepción apunta a que el funcionamiento de una empresa pública, en este caso, tiene un marco que lo rige. Y si se trasgreden disposiciones de ese marco, sin llegar al delito, igual estamos ante problemas, por ejemplo desórdenes, desprolijidades, caos.

MO —Eso está dentro del ámbito de lo opinable. A nosotros nos parece que una investigadora parlamentaria, en la que el Senado de la República se dedica durante meses a analizar este tipo de situaciones y establece conclusiones, tiene que ir a temas realmente profundos, en los que hay una presunción clara de que se está cometiendo un ilícito y de que se están cometiendo irregularidades importantes. Ese fue el enfoque que la bancada del FA tomó y sobre esa base analizamos toda la documentación y todas las entrevistas de estos meses.

EC —Si no se verificaron ni actos ni hechos irregulares, ni ilícitos imputables al directorio de Ancap, ¿cómo se entiende que el Poder Ejecutivo haya instalado una comisión de acompañamiento en la empresa, que está instrumentando cambios y reformas, y además tenga resuelto renovar los cargos de los directores de Ancap que pertenecen al FA y de gerentes?

MO —Dos precisiones con respecto a esto. La primera, uno no dice que no hay hechos irregulares en el funcionamiento de Ancap; el propio informe del FA, sobre la base de las denuncias presentadas, establece en algún caso hechos irregulares. Lo que decimos es que esos hechos fueron sustanciados por el directorio de Ancap y hay un proceso administrativo, por lo tanto se actuó como había que actuar.

El ejemplo más claro es el tema de los cheques de Pluna. Ahí hay una irregularidad, no negamos que hubo una irregularidad en que Ancap aceptara cheques de Pluna a mayor plazo que el que el contrato establecía. Decimos que hubo una acción administrativa correctiva, la que correspondía, que era iniciar una investigación administrativa, sancionar a los funcionarios involucrados y pasar los antecedentes a la Justicia. Porque otra de las cosas que se dicen es que se va a llevar el tema de los cheques de Pluna a la Justicia y eso ya lo llevó Ancap oportunamente.

Segunda precisión. Los cambios que el Gobierno está haciendo tienen que ver, desde nuestro punto de vista, mucho más con el futuro de la empresa que con el pasado. Los desafíos que tiene Ancap hoy no son los que tuvo en los últimos diez años. En el año 2005, cuando el Gobierno del FA llega a Ancap, era una empresa paralizada, en la que en los últimos 30 años se habían invertido nada más que US$ 125 millones. Las últimas grandes inversiones de Ancap –la boya de José Ignacio, el gasoducto– eran de la década del 70. Eso llevó a que en diez años hubiera que invertir US$ 1.300 millones.

Las necesidades de Ancap hacia el futuro no son esas. Ancap no necesita invertir en los próximos diez años US$ 1.300 millones, tiene otros desafíos; probablemente sí de optimización y mejoramiento de muchas de las áreas de negocios, de redefinir algunas áreas de negocios, y tiene por delante la posible explotación petrolera.

Creo que el Gobierno entiende que para los desafíos futuros Ancap necesita otro elenco. Es una decisión del presidente de la República.

EC —¿No hay implícito un cuestionamiento a la forma como ese elenco se comportó en los últimos años?

MO —No es la interpretación que nosotros hacemos. Entre otras cosas, sería imposible, ya que la mayoría del directorio no se desempeñó estos últimos años. Tres de los directores del actual directorio de Ancap son nuevos, por lo tanto no puede haber ningún tipo de análisis relativo a lo que pasó estos últimos años.

EC —Menciono un par de puntos más de lo que el Poder Ejecutivo está resolviendo o impulsando. Acaba de nombrarse un gerente económico-financiero, un cargo que no estaba cubierto desde diciembre de 2012. En estas discusiones muchos han coincidido –ni que hablar la oposición, pero también en el oficialismo– en que era esa falta era un problema que incidió en los defectos que tuvo la política de endeudamiento de Ancap.

MO —Son decisiones necesarias, que compartimos, tanto la que refiere al gerente financiero como la que refiere a un gerente general para Ancap.

EC —La semana pasada se abrió un llamado para designar al gerente general, un cargo clave que en su momento se había dispuesto –en el primer Gobierno de Tabaré Vázquez– que no se cubriera.

MO —Se optó por otro diseño organizacional. En lo personal creo que es una buena decisión nombrar un gerente financiero y un gerente general para la empresa. No es cierto es que Ancap no tuviera gerente financiero; si bien formalmente en la estructura organizacional de la empresa no había el cargo gerente financiero, durante estos diez años, en distintos períodos, cumplieron esa función algunos gerentes de Ancap, gente de la gerencia contable. Los que citamos concurrieron a la investigadora –está en actas– y dieron cuenta de su función.

EC —¿Entonces para usted no hay cuestionamientos implícitos a la forma como se manejó la empresa en los últimos años en el hecho de que ahora se nombre un gerente económico-financiero y que se vaya a cubrir el cargo de gerente general?

MO —Creo que hay un balance, no sé si hay un cuestionamiento. Aparte es un atrevimiento, no sé qué está evaluando el presidente de la República, no sé qué está evaluando la ministra de Industria. Claramente no es nuestra competencia como parlamentarios meternos en los temas de análisis y de gestión que son propios del Poder Ejecutivo. Creo que hay una evaluación de lo hecho en Ancap y sobre todo una definición de las necesidades de la empresa hacia delante y eso está llevando a tomar esas decisiones.

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Transcripción de la entrevista con el senador Marcos Otheguy (FA), presidente de la comisión investigadora de Ancap

Otheguy dijo que el Frente Amplio (FA) se dedicó a hacer “lo que mandata el Senado” para una comisión investigadora, que es verificar “la presencia de presuntos ilícitos o irregularidades” y no “pronunciarse sobre la gestión”. En este sentido, indicó que se concluyó “que no se puede fundamentar la presencia de presuntos ilícitos o irregularidades”.

“Uno no dice que no haya irregularidades, pero sí que ya se actuó” ante ellas con medidas administrativas, dijo el senador. Añadió que detrás de la destitución de los directores oficialistas del ente “no puede haber un análisis relativo a lo que pasó en Ancap en los últimos años” porque ellos no ocupaban esos cargos en ese entonces.

Consultado sobre la discordia parcial planteada por el Frente Líber Seregni en el capítulo acerca de las causas de las pérdidas de Ancap, Otheguy resaltó que se trata de una diferencia en un capítulo, “en el resto del informe hay unanimidad de la bancada de senadores del FA”. “No se puede tener una visión economicista de las empresas públicas”, hay otros factores sociales, ambientales y productivos que se deben tener en cuenta, opinó. “Es algo que vamos a seguir discutiendo” dentro del FA, que “trasunta matices que tienen que ver con el rol de las empresas públicas”, agregó.

Otheguy dijo que en el sistema político y en el FA “está pendiente una autocrítica” sobre la gestión de Ancap y el debate que se generó en los últimos meses. “Muchas veces en un debate muy importante no estamos a la altura de las circunstancias, de lo que el país requiere”, dijo, antes de agregar que “calificar a personas o gestiones no es el mejor camino”. “Hay que dar una discusión con seriedad, fundamento y altura (…) los actores que contribuimos a crear opinión tenemos que ser muy celosos de eso”, añadió.

Además, Otheguy dijo que el Parlamento “tiene que ser más preciso sobre qué amerita una comisión investigadora”. “Tienen que ser temas profundos donde hay una presunción clara de que se están cometiendo ilícitos e irregularidades” y se debe “precisar cuál es el presunto delito y a quién se acusa de cometerlo”, agregó.

Transcripción de la entrevista con el senador Marcos Otheguy (FA), presidente de la comisión investigadora de Ancap

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Jueves 18.02.2016, hora 8.16

(Audio Pedro Bordaberry)

Ha habido omisión, sin duda. Quizás ineptitud. Delito… ¿habrá habido? La fiesta; las adquisiciones en las que no se cumplieron los procedimientos legales; el adelanto generoso al correligionario que es contratado; las campañas publicitarias multimillonarias para promocionar una empresa que es monopólica, sin ver beneficio alguno. Ninguna ventaja para Ancap. Ninguna ventaja legítimamente útil para la comunidad en esas conductas. Pan y circo. Mucho circo solventado por cuentas poco claras y poco pan.

(Fin audio)

EMILIANO COTELO (EC) —Escuchábamos un pasaje de la intervención del senador colorado Pedro Bordaberry ayer en el Senado, durante la larga sesión que se extendió por 17 horas y en la que se discutió el resultado del trabajo de la comisión investigadora sobre Ancap que desarrolló su tarea entre julio y diciembre del año pasado.

El debate terminó sobre las 2.30 de la madrugada de hoy, cuando se votó y aprobó la moción presentada por el Frente Amplio (FA) que concluye que no hubo irregularidades ni ilícitos.

Ayer iniciamos una serie de entrevistas sobre este tema, recibimos al senador nacionalista Álvaro Delgado. Hoy vamos a conversar con el senador Pedro Bordaberry.

Ya hemos hablado con usted varias veces sobre la comisión investigadora de Ancap. Ahora que tuvo un mes y medio para estudiar todas las actuaciones y para redactar su informe, me gustaría pasar en limpio su balance y sobre todo qué novedades implica, con respecto a lo que usted mismo decía a fines del año pasado, en general, globalmente, el balance, la evaluación del trabajo de la comisión. Usted dice sobre el final, a propósito de lo que fue el trabajo de la comisión: “Quizás haya llegado el tiempo de llamar a las cosas por su nombre. Posiblemente la actividad de la comisión no haya sido suficiente para el esclarecimiento completo, porque las comisiones investigadoras parlamentarias tienen potestades limitadas y a esta se le acotó el tiempo de actuación. Porque además, al amparo de esas limitaciones, muchos involucrados esenciales se negaron a declarar, desafiando las pautas que en otras épocas marcaba la decencia”.

¿Puede explicar un poco mejor ese balance?

PEDRO BORDABERRY (PB) —Obviamente que cuatro meses para investigar 15 años de una de las principales empresas del país, que además tiene un pasivo de US$ 2.300 millones, que ha generado pérdidas tan grandes, US$ 200 millones el año pasado, US$ 330 el anterior, US$ 170 el otro, no es suficiente, de eso no tenga dudas. Y además muchas personas que citamos –en su legítimo derecho, porque no están obligadas– no fueron a declarar a la comisión.

EC —En el informe incluye la lista de quienes fueron citados y concurrieron y la lista de quienes fueron citados y decidieron no ir. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esa lista?

PB —La mayor parte de la lista es de funcionarios públicos de Ancap. Yo entiendo que si a Emiliano Cotelo lo cita la comisión y dice “yo no voy a ir porque no estoy obligado y no quiero ir”, será una decisión del ciudadano Emiliano Cotelo, pero si es un gerente de Ancap que es citado para averiguar cosas de Ancap por una comisión del Parlamento creo que tiene una obligación mayor.

Por eso también adjuntamos un proyecto de ley que hace obligatoria la comparecencia de los testigos cuando son citados en las comisiones investigadoras y además establece el delito de falso testimonio cuando se miente ante las comisiones, porque también constatamos que en algunos casos se faltó a la verdad, incluso hay pruebas claras. Uno que dijo que era socio de algo y después vino el dueño, dijo “acá nunca fue socio” y mostró los documentos. Hay casos de ese tipo. Eso obviamente no ayuda. Había un gerente que aparecía a cada rato y un día dijo que no iba a ir; aparecía en las actas de Cementos del Plata, en la parte de los negocios energéticos, entonces preguntarle a él era importante y no vino. Eso nos limitó.

Y además el tiempo, fíjese lo que es estudiar todos esos documentos. En el informe yo fui citando documentos, testimonios y citas y la última cita es la número 644, hay 644 citas de testimonios, documentos, informes, etcétera, en cuatro meses. El antecedente es una comisión del año 2005 en la Cámara de Diputados para analizar los cinco años de 2000 a 2005; trabajaron tres años y medio. Pero no es excusa.

EC —Usted dice que las comisiones investigadoras tienen potestades acotadas; que por otro lado que faltó tiempo, que debió haber sido una comisión de un trabajo más largo, y además varios de los citados no concurrieron. ¿Entonces?

PB —A veces cuando usted viene a declarar expresa algo y no viniendo a declarar también expresa algo. Por ejemplo, nosotros concluimos que hay algunos hechos con apariencia delictiva en un negocio de venta de cal a Brasil; se contrató una empresa de un empresario brasileño sin licitación por US$ 8 millones, el doble del precio del mercado. Citamos a ese empresario brasileño y se negó a venir a declarar. Está bien, no lo puedo citar, pero ante estas dudas tan grandes –porque el precio es el doble, no hubo licitación, no se llamó y no quiso venir–, me parece que está bueno decirle a un juez: “Citalo, que venga a explicar”. No vino pero habló.

Lo mismo con algunos a quienes se le hicieron preguntas en la comisión y dijeron “no recuerdo” o “sobre eso no voy a contestar”. Muy bien, a mí no me tenés que contestar, andá a contestarle al juez en el juzgado penal. En definitiva eso abre más sospechas de hechos con apariencia de ilegales. Ojo, el grueso de los capítulos tienen documentación suficiente y para los que no la tuvieron hice un capítulo, le puse “Otros hechos” y señalé cuatro o cinco hechos en los que me parecía que había que seguir investigando, por ese motivo. Toda una operativa en la aduana, cómo está funcionando la planta desulfurizadora. Lo que no se pudo no se pudo.

EC —El senador Ruben Martínez Huelmo, del Espacio 609, quien integró la comisión, manifestó que lo que ocurrió ayer es “una cosa absurda, que es la presentación de cuatro informes. Esto evidencia que la oposición no se pudo juntar para aunar un criterio”.

PB —(Se ríe.) No, lo dijo [Luis Alberto] Heber; el senador Heber tiene una experiencia en el Senado tremenda, una locuacidad, y siempre la pega muy bien. Cuando Martínez Huelmo dijo eso, Heber dijo: “Pero espere, cada partido hizo su informe y se puso de acuerdo. El problema es el FA”. Cada partido hizo un informe: un informe, un partido, y el FA hizo dos informes, un partido. ¡El que no se pudo poner de acuerdo fue el FA, que puso una discordia dentro de su informe! Tiene razón en eso Heber, con esa locuacidad. ¿Cómo nos van a decir eso a nosotros si ustedes tienen dos informes en uno! Son esas cosas que se dicen en el Parlamento y está bueno que haya réplicas rápidas. En eso Heber es un maestro, hay que admirarlo, yo lo admiro. Qué habilidad tiene para eso.

EC —Vuelvo a Martínez Huelmo, ahora hablando en el debate de ayer. “En la investigadora la oposición habló en tiempo condicional, utilizando palabras como habría, podría, cabría, se urdió una trama sórdida, pero nunca hubo una afirmación esclarecedora. Si hubiera un ilícito en Ancap, lo habrían denunciado”.

PB —Lo que pasa es que uno mientras investiga pone todo en condicional, porque está investigando. Lo que dice Martínez Huelmo es un razonamiento un poco primario, lo digo con todo respeto. Mientras estás investigando no vas a hacer afirmaciones, hacés las afirmaciones al final, cuando llegaste a conclusiones.

EC —¿Y al final?

PB —Ahí agarramos los 12 puntos y dijimos: las causas del desastre: Sendic dijo esto, Astori dijo esto, los estudios dicen esto, el informe dice esto, y las causas son esta, esta, esta y esta. El primer tema, Ancap habría incumplido la presentación en tiempo de los estados contables durante 11 años. Habría incumplido; investigamos. Ancap dijo “yo no incumplí”. Fuimos a ver la documentación y la ley del Tribunal de Cuentas y sí, Ancap había incumplido. Entonces dijimos: “Ancap incumplió”. De repente él piensa que al acusar uno tiene que afirmar, pero eso es básico –me sale la formación jurídica–, mientras uno no llega a la conclusión no va a hacer una acusación. Es un razonamiento básico.

EC —Vayamos a eso. Yo leía cómo terminó la sesión: aprobándose la moción que proponía el FA, la que declara que no hubo irregularidades ni ilicitudes.

PB —Odio corregirlo, pero no terminó así. Esa fue la primera moción, la única que se votó (afirmativo); después se votaron dos mociones más, la que propuso la oposición, que dijo “sí hay irregularidades” y se votó negativo, y otra, que es muy importante, que el FA votó en contra y por eso no salió. Dijimos: “Pasemos todos los antecedentes de este trabajo a la Justicia penal”. El FA dijo “no”, nosotros dijimos “sí” y ahí se terminó.

EC —Me refería a cómo había terminado en cuanto a mociones aprobadas: una sola, la del FA.

PB —Está bien, trato de relatarle los hechos. Después de que votamos eso, la señora presidenta dijo “se levanta la sesión” y tocó la campana.

EC —Es muy impresionante el contraste: “Hubo irregularidades e ilícitos e incluso hechos con apariencia de delito” dice la oposición, y el FA sostiene: “No, ni irregularidades ni ilícitos”.

PB —¿Se acuerda de cuando estuve acá en diciembre? ¿Qué le dije sobre eso? Le dije: “Cuando empezó este trabajo en la comisión el FA dijo ‘acá no pasó nada’ y es lo que va a decir al final. Y el Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente (PI) dijeron ‘acá hubo delito y hay que ir a la Justicia penal’”. Y usted me preguntó: “¿Y usted qué va a decir?”, y yo le dije: “Yo voy a esperar y me voy a pronunciar al final”.

Cuando me tocó, ahora, primero estudié, entonces veo que el FA defiende lo indefendible, ayer decía que lo de Ancap era una operación de comunicación de los medios y de la oposición contra el FA, lo repitieron varias veces. Porque están tratando de defender que está todo bien cuando está todo mal. En una empresa que debe US$ 2.300 millones, que hizo un agujero de US$ 800 o US$ 1.000 millones de pérdidas en los últimos años no pueden decir que está todo bien. La acabamos de capitalizar en US$ 650 millones, están consiguiendo un préstamo de US$ 250 y el presidente de la República acaba de remover el directorio. Pero ayer estaba todo bien y era culpa de la prensa y de la oposición. Y además de eso dicen “acá no pasó nada”. Yo no les creo.

Del otro lado, cuando uno va a ver el listado de ilicitudes e irregularidades, las listas de los partidos de oposición no coinciden en su totalidad. El PN dice que hay muchas, el PI dice que hay bastantes y nosotros señalamos tres o cuatro hechos con apariencia delictiva, no seis o siete, como señalan otros, y una lista de irregularidades menor. Esa es nuestra posición. Son distintas miradas, uno es uno y sus circunstancias. El FA tiene la circunstancia de que quiere defender a ultranza lo que hace, el PN tuvo su mirada muy opositora, el PI también, y yo traté de actuar como un juez.

EC —Hilemos un poco más fino. Estamos hablando de irregularidades, ilicitudes y delitos. El concepto más amplio, más abarcativo, es el de irregularidades.

PB —Yo no pondría delitos ahí. Está en el primer capítulo del informe y ayer empezamos así; cuando uno dice ilícito la connotación popular es “uy, este va preso”. No es así. El ilícito es lo que va en contra de una ley; la ilicitud puede generar responsabilidad penal cuando está tipificada como un delito, puede generar responsabilidad administrativa, puede generar responsabilidad civil, puede generar responsabilidad política. Una comisión juzga responsabilidad política a partir de una irregularidad o de una ilicitud. Entonces irregularidad fue no haber presentado los estados contables en tiempo, una contravención que juzga el Tribunal de Cuentas y comunica a la Asamblea General y que está aprobada. No entendemos cómo el FA –cuando Ancap lo reconoció en la comisión– no dijo “sí, esto fue ilícito”, no lo quiso decir. Pero eso no tiene repercusión penal.

EC —El manejo de los balances es una irregularidad pero es también un ilícito.

PB —Claro, porque va en contra de la ordenanza 81 del Tribunal de Cuentas del República que le establece cómo y cuándo tiene que presentar los balances. En los últimos 11 años Ancap no los presentó como marca la ordenanza. Eso es ilícito.

EC —Ilícito es lo contrario a cualquier norma, administrativa, civil, penal, constitucional, legal o reglamentaria. En cambio lo irregular es lo contrario a una norma, a reglas o a preceptos.

PB —Claro, entonces ya es irregular esa orientación que tenían y que tienen los que están al frente de Ancap y gran parte del FA, que ayer volvió a surgir, que dice que las empresas públicas pueden generar pérdidas, que no es malo que las generen, que los déficits no son malos, que se puede ser eficiente generando déficit, y quieren discutir por qué las empresas tienen que tener elementos de rentabilidad que no deberían tener. A nuestro juicio eso es irregular, porque lleva a que se fundan las empresas. Ahí están las distintas miradas que tuvo el FA y que tuvimos nosotros.

EC —Vayamos a las ilicitudes más importantes.

PB —Vamos a las ilicitudes que a nuestro juicio generaron hechos con apariencia tal que ameritan que un juez investigue si generaron responsabilidad penal.

EC —En el informe cuando usted llega a cada uno de esos casos pone “noticia”, hay que darle noticia a la Justicia.

PB —Están la operativa de la cal, la operativa de la agencia de publicidad, la operativa de la contratación de un agente financiero cuando se fue a hacer la cancelación de la deuda con Pdvsa, que a nuestro juicio merecen que se dé noticia. Ahí sí decimos habría, porque no le corresponde al Senado determinar si hubo responsabilidad, le corresponde al juez. Nosotros no podemos decirle al juez “te mando esto porque es un delito”, no nos corresponde, es el juez el que lo tiene que hacer. Decimos que hay hechos con una apariencia tal que pueden generar responsabilidad penal.

EC —¿Cómo va a manejar la oposición esta diferencia de criterios que tiene en cuanto a cómo ir a la Justicia?

PB —Hay una muy buena iniciativa del doctor Jorge Larrañaga –ayer ya le comunicamos que lo vamos a acompañar–, que está generando un ámbito para que se presente una denuncia coordinada. Hay un tema ahí, nosotros encontramos en esos hechos, pero el PI y el PN entienden que hay en otros. Pero eso para mí no es un problema, porque cuando se hace el escrito se dice “el PC entiende que en esto y los otros no”.

EC —Vuelvo a Martínez Huelmo: “Ir a la Justicia es prolongar la sospecha que instalaron en el pueblo sin haber demostrado ningún ilícito ni ninguna ilegalidad”.

PB —¡Qué barbaridad! Ir a la Justicia es cumplir con el deber que tiene todo legislador cuando ve hechos con apariencia delictiva. Es una barbaridad el concepto. Es increíble lo que hace el FA, su defensa ayer fue “esto no lo pasen a la Justicia”. ¿Por qué? Si yo no tengo nada que ocultar, si creo que lo que hice está bien, voy corriendo, golpeo la puerta y digo: “Juez, me están diciendo que tengo problemas; revíseme”. La defensa del FA dice “esto no pasa a la Justicia”, que puede pasar igual. “Esto es por este motivo”. Creo que muchos votantes frenteamplistas no quieren un Gobierno que comete delitos. Cuando alguien dice “no quiero que se revise si se cometieron delitos” y es mi partido, yo digo “eso está mal”. El PC en el 2007, cuando termina la comisión investigadora que se hizo sobre el período 2000-2005, fue el que dijo “vamos a mandar todo a la Justicia”, votó para pasarlo a la Justicia y mandó todo a la Justicia para que investigara.

Además, si alguien cometió una irregularidad, es la forma de decir “a este no lo quiero conmigo”. En cambio el FA dice “no quiero que pase nada”. ¿Cómo?, ¿vos no querés que se investigue si adentro de tu fuerza política hay algunos hechos que pueden tener apariencia delictiva? ¿No querés que un juez revise y si llega a tenerla siga estando contigo?

Y volvieron al tema “no metimos la mano en la lata”, “pongo las manos en el fuego”. La última vez que en el FA dijeron “pongo las anos en el fuego” fue por Calloia y Lorenzo, y la vez anterior fue por Bengoa y Orestes Fernández. Decían exactamente lo mismo, “esto es una persecución”, y después entró un juez y dijo “acá había delito”. Alguna vez nos tocó cuando estábamos en el Gobierno. El juez interviene y la persona que cometió un delito va presa, porque no tenemos coronita. Es así de sencillo.

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Esteban Valenti, del Frente Liber Seregni, y Enrique Rubio, ex senador frenteamplista, marcaron sus diferencias en La Mesa de los Jueves respecto a los resultados que arrojó la comisión investigadora sobre la situación económica y financiera de Ancap.

Mientras Valenti se mostró dolido porque en la gestión de la petrolera estatal se cometieron "inmoralidades" y agregó que conoce otros hechos graves de los que la comisión no se enteró, Rubio lo cuestionó por pretender ubicarse como "la conciencia moral de la izquierda" y calificó de “hojarascas y fuegos artificiales” las denuncias presentadas por la oposición.

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El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, dijo a En Perspectiva que el Frente Amplio (FA) “está defendiendo lo indefendible” en la gestión de Ancap y criticó que el partido de gobierno haya presentado “dos informes en uno” sobre la comisión investigadora.

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Transcripción de la entrevista con el senador Pedro Bordaberry (PC)

A raíz de la experiencia de la comisión investigadora de Ancap, Bordaberry presentó dos proyectos de ley. Uno de ellos es para que quien sea convocado a declarar ante estas comisiones tenga la obligación de hacerlo; el otro indica que quien mienta en esta instancia estará cometiendo el delito de falso testimonio, como si mintiera ante un tribunal judicial. “Muchas personas que llamamos a declarar (…) no fueron a hacerlo”, dijo, antes de asegurar que hubo personas que mintieron ante la comisión. Además, mencionó que “no es suficiente” cuatro meses para investigar un período de más de diez años.

El senador  dijo que no tienen fundamento las críticas que recibió la oposición por no presentar un informe común, y agregó: “El que no se pudo poner de acuerdo es el FA (…) que tiene dos informes en uno”. Sobre los distintos informes, dijo que “son miradas distintas”: “El FA quiere defender a ultranza lo que hace, el Partido Nacional tuvo una mirada muy opositora, el Partido Independiente también, y yo quise actuar como un juez”. Sobre el informe del partido de gobierno, agregó: “El FA está defendiendo lo indefendible. Ayer decía que lo de Ancap era una operación de la oposición y los medios” en su contra, “no pueden decir que está todo bien”, criticó.

Bordaberry dijo que es “muy buena” la iniciativa de Jorge Larrañaga que propone que la oposición presente una denuncia coordinada en la que cada partido especifique cuáles son los temas que quiere que investigue la Justicia.

Ante las críticas de por qué la oposición no denunció antes lo que sucedía en Ancap, Bordaberry recordó que en 2013 interpeló al entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y que seis meses después hizo lo mismo con quien era ministro de Industria, Roberto Kreimerman, ambas veces por la situación de Ancap.

Bordaberry también se refirió a las empresas subsidiarias de Ancap. Dijo que el ente, así como Antel u OSE, “tiene un régimen de administración” que “no le permite ser una empresa”, y de esa situación se deriva la necesidad de crear sociedades anónimas que “les permiten evadir los controles”. En este sentido, citando a Jaime Sapolinski agregó: “si el problema es el control de la estructura, se tiene que trabajar sobre eso, no crear engendros políticos para esquivarlo”.

“¿Ancap tiene que fabricar perfumes y bebidas alcohólicas? ¡No! ¿Tiene que seguir con Ducsa o Gasur? ¡Si, claro, si da plata!”, agregó Bordaberry, que criticó lo que denominó “desarrollismo mágico”: “pensar que la inversión por la inversión genera para siempre avance y desarrollo”, cuando “no es así”.

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EN PERSPECTIVA
Miércoles 17.02.2016, hora 8.22

EMILIANO COTELO (EC) —Finalmente llegó el día. Hoy el Senado debatirá las conclusiones a las que arribó la comisión investigadora sobre la situación económica y financiera de Ancap en el período 2000-2015, que comenzó su tarea el 7 de agosto del año pasado. Los insumos para la discusión serán los informes finales que cada partido presentó el lunes ante la secretaría de la Cámara Alta.

En su documento, el Frente Amplio (FA) consideró que no se constataron “irregularidades ni ilicitudes” en la gestión de esa empresa pública desde que gobierna el oficialismo y que se respondió a “todas” las denuncias presentadas por el Partido Nacional (PN).

La oposición concluyó lo contrario, e incluso coincidió en que se deben llevar a la Justicia penal al menos tres asuntos que fueron indagados: los contratos para producir y transportar cal a la planta de Candiota en Brasil, la gestión en el rubro publicidad y la intermediación de la firma Exor en la operación de cancelación de deuda que Ancap mantenía con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

¿Qué balance dejan estos meses de investigación en el Senado?

Vamos a conversar con el senador nacionalista Álvaro Delgado, que el año pasado fue el encargado de realizar las denuncias que dieron pie a la conformación de la comisión investigadora.

Delgado es, junto con Jorge Saravia, uno de los firmantes del informe del PN, que tiene 234 páginas.

Hemos conversado con usted varias veces en estos meses a propósito de este tema. Ahora que está redactado el informe del PN, ¿cuál es, a grandes rasgos, la conclusión general que saca el PN y cuáles son las novedades?

ÁLVARO DELGADO (AD) —Ante todo, cabe valorar el instrumento comisión investigadora como control parlamentario. Un instrumento que estaba vedado, hacía diez años que el FA no votaba ninguna investigadora sobre su gestión y todas las instancias parlamentarias de contralor se daban contra el muro de la mayoría propia. Interpelaciones, llamados, comisiones, porque el Frente tiene mayoría propia que al final de cualquier intervención da la conformidad con lo actuado por el Gobierno, por sus ministros. Esta fue la primera vez.

El balance es positivo, porque conocimos muchas cosas que no habríamos conocido de otra forma. Nos enteramos incluso de una cantidad de problemas que la gestión de Ancap generaba y generó, particularmente durante el último Gobierno, en la interna del FA. Por primera vez se abre una brecha en ese abroquelamiento de la mayoría parlamentaria y se deja esa cultura de barrer abajo de la alfombra. Todos, los medios de comunicación, los legisladores, los ciudadanos tenemos más información sobre una situación que es absolutamente excepcional, no existe en la historia del Uruguay otro caso de colapso financiero de una empresa a la que haya habido que salir a rescatar de la magnitud de lo que está pasando en Ancap.

Teniendo en cuenta además el marco en el que ocurre: Ancap es una empresa monopólica, es estatal, maneja precios administrados –vaya si sufrimos en enero cuando decidieron no bajar los combustibles 10 % para meterle US$ 200 millones más de capitalización por vía encubierta mediante las tarifas– y además ocurrió en momentos de expansión económica, de récord de venta de combustibles.

Creo que a esta altura están confirmadas las denuncias y las presunciones del PN. Cuando se vota una comisión investigadora –lo dice hasta el propio [José] Korzeniak– el perfil de esa comisión –lo establece la ley– es que hay presunción de ilicitudes o irregularidades. Nosotros confirmamos a lo largo de los 15 capítulos, los 12 originales y los tres que agregamos, que hay irregularidades, hay ilicitudes; hay aproximadamente 50 a lo largo de todos los capítulos, en algunas se repiten los artículos de ley o las normas constitucionales, la violación de determinados decretos u ordenanzas. Calculamos unas 48-50 violaciones a normas entre irregularidades e ilicitudes de todo tipo, respaldada cada una en un informe detallado del catedrático de Derecho Administrativo Carlos Delpiazzo, en un lenguaje jurídico mucho más técnico pero además mucho más contundente y categórico que corrobora lo que decíamos.

EC —Usted dice y el informe del PN sostiene que en cada uno de los 12 capítulos que había presentado inicialmente pidiendo la investigadora terminaron verificándose irregularidades e ilicitudes. ¿Qué gravedad tiene que se hayan verificado esas irregularidades e ilicitudes?

AD —Ante todo que la denuncia que se hizo en su momento y que dio origen a la comisión investigadora está confirmada. Está confirmada en su concepto y en la vulneración de algunos procedimientos, lo que termina en irregularidades –todo lo contrario a la regla– e ilicitudes –todo lo contrario a la ley–. No todas las irregularidades o ilicitudes terminan teniendo tipificación penal, eso es otra cosa. La bancada del PN decidió no solo avalar los informes que presentamos con el senador Saravia y el equipo de asesores, sino además pasar seis capítulos en principio, sin perjuicio de poder seguir estudiando, respecto a los cuales tenemos la convicción suficiente de presunción de delito para que sea la Justicia la que lo dirima.

EC —Justamente, el hecho de que se verifiquen todas estas irregularidades e ilicitudes, ¿qué es lo que dice para ustedes a propósito de cómo se gestionó Ancap en este período?

AD —Antes de entrar en el detalle es bueno hablar de eso, de la situación de Ancap en general, de la pésima gestión, del colapso de la empresa, hablar de los US$ 800 millones de déficit acumulado en cuatro años, de los US$ 2.300 millones de déficit, cuando el patrimonio caía menos de US$ 200 [millones]. Todo eso habla de una desidia en el manejo financiero. Esto generó toda una polémica en el FA sobre quién tiene la culpa, pero nadie discute que Ancap colapsó y no quebró porque es una empresa estatal; de lo contrario estaría en la categoría 5 del Banco Central, bajó dos escalones para las consultoras de riesgo últimamente… O sea, hubo un manejo financiero realmente muy malo en la gestión.

Este nivel de mala gestión, la pésima gestión, a nuestro juicio también es una irregularidad; a nuestro juicio y a juicio del doctor Carlos Delpiazzo, que habla de que el apartamiento del principio de buena administración se considera una irregularidad configurativa de ilegitimidad. Obviamente hay un artículo de la Constitución, creo que es el 311, que habla de un principio de buena administración. Esto contraviene todo eso.

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Los partidos políticos que participaron en la comisión investigadora de Ancap presentaron el lunes sus informes finales que hoy serán debatidos en una sesión especial del Senado.

Mientras toda la oposición considera incluso que se debe presentar denuncia penal por varios hechos de apariencia delictiva detectados durante la administración del Frente Amplio, el oficialismo sostiene que no hubo ni ilícitos ni irregularidades.

El senador de la coalición de izquierda, Marcos Otheguy, señaló que responderán a las acusaciones presentadas por el Partido Nacional.

Este fue uno de los temas tratados en La Mesa con Teresa Herrera, Leonardo Costa, Miguel Fernández Galeano y Daniel Supervielle.

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Transcripción de la entrevista con el senador Álvaro Delgado (PN)

Delgado dijo que “la denuncia que se hizo en su momento está confirmada en su concepto” y que se verificó “la vulneración de algunos procedimientos”, lo cual determina “irregularidades, o sea, todo lo contrario a la regla, e ilicitudes, todo lo contrario a la ley”. Aun así, “no todas terminan siendo con características de tipificación penal”, consideró, antes de agregar que el PN enviará seis temas a la Justicia para que se investigue si se cometieron delitos. En este sentido, añadió: “Yo nunca dije que metieran la mano en la lata, pero también es verdad que la lata está vacía”.

Entre otras cosas, Delgado dijo que “hubo un uso y abuso de las sociedades anónimas”, a las cuales se “desvió gran parte de los cometidos” de Ancap. “Hubo una fuga organizativa y regulatoria”, agregó.

El senador dijo que de la investigación se puede concluir que “hay dos fenómenos que se repiten”. Uno de ellos es que “casi todas las obras presupuestadas terminaban siendo ejecutadas a un monto mucho mayor”. La diferencia, según Delgado, supera los US$ 500 millones. El otro fenómeno es que “se dio una forma de trabajar que genera muchas dudas y suspicacias”, en la cual “la mayoría de las decisiones” las tomaba el presidente de Ancap con un equipo de gerentes y luego eran enviadas al Directorio para su ratificación. “Me parece que no es la forma de actuar”, agregó.

Acerca del cuestionamiento del ex presidente José Mujica sobre para qué estaban los representantes de la oposición en el Directorio de Ancap si no era para controlar estas cosas, Delgado dijo que los directores opositores sí plantearon estos temas en distintos ámbitos, entre ellos las comisiones parlamentarias, pero siempre “chocaban” con la mayoría frenteamplista. “También es verdad que quizás (estas denuncias) no fueron lo suficientemente públicas”, agregó.

Además, Delgado dijo que hay que valorar el instrumento de la comisión investigadora, que estaba “vedado” por la mayoría parlamentaria del Frente Amplio y que permitió conocer “muchas cosas de las que no nos habríamos enterado”. Además, consideró que se aprobó su instalación no solo por las denuncias planteadas por la oposición sino también por “la presión social” en torno a la situación de Ancap, que vive “un colapso financiero”.

Transcripción de la entrevista con el senador Álvaro Delgado (PN)

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