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La Tertulia de los Jueves con Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez, Cecilia Eguiluz y Daniel Supervielle

El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) rechazó las declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), Jaime Saavedra, luego del motín ocurrido el sábado pasado en un centro de Montevideo, donde dos funcionarias fueron tomadas como rehenes y luego rescatadas en un operativo policial.

En declaraciones a la prensa el mismo sábado, Saavedra sostuvo que los jóvenes van a “sufrir las consecuencias de este acto vandálico”.

“Hubo dos adolescentes, delincuentes de poca monta, que no sé qué se creen que son, que cometieron, en diez minutos, todo tipo de delitos. Este directorio y este presidente no les tiene miedo, va a tomar todas las decisiones para que se agraven las penas que tienen y que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que puedan tener”, dijo Saavedra.

En un comunicado emitido este martes, Serpaj cuestionó estos dichos y señaló que van en contra del enfoque socioeducativo que debe tener el sistema. La organización advirtió que este tipo de discursos refuerzan una mirada punitiva y estigmatizante, y alertó sobre condiciones de reclusión que vulneran los derechos de los adolescentes. 

Para Serpaj, “que este tipo de expresiones provengan de quien está al frente de la institución no es menor”. La organización recordó que el cometido central del Inisa es “trabajar desde un enfoque socioeducativo, en línea con los compromisos asumidos por el Estado uruguayo”, y señaló que “este tipo de discursos van en sentido contrario”, ya que “refuerzan una mirada estigmatizante y punitiva, y terminan reafirmando y reproduciendo la violencia institucional que atraviesa el sistema de reclusión de adolescentes”.

Asimismo, la organización apuntó que actualmente “los y las adolescentes privados de libertad viven en condiciones que implican una vulneración constante de sus derechos humanos”. “Serpaj recuerda que las autoridades públicas tienen la responsabilidad de contribuir a un debate serio, informado y respetuoso de los principios de derechos humanos. En este sentido, repudiamos enfáticamente los dichos realizados por el presidente del Inisa”, cierra el comunicado.

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SERPAJ expresó su rechazo al convenio entre el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) para un programa piloto con las Fuerzas Armadas dirigido a adolescentes privados de libertad, al considerar que la formación militar no garantiza una inserción socioeducativa respetuosa de los derechos humanos y que la medida desvía la atención de fortalecer convenios educativos civiles y especializados.

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El Inisa informó que tres adolescentes se fugaron anoche del Centro ETTI durante una intervención por una agresión de alto riesgo, se activaron protocolos y se coordinó las acciones con el Ministerio del Interior.

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El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional firmaron este martes un convenio marco para desarrollar un plan piloto por el cual jóvenes privados de libertad participarán de forma voluntaria en instancias de formación y capacitación en instalaciones de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa, que tiene el respaldo expreso del presidente Yamandú Orsi, fue cuestionada por sectores del Frente Amplio, entre ellos Casa Grande. Pero además el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) manifestó su “profundo rechazo” y la Institución Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al Inisa para acceder al texto con el fin de evaluarlo,

¿Cómo será en la práctica el acuerdo? ¿Qué se responde a los reclamos y preocupaciones?

Para conocer los detalles de este plan, la respuesta a esos cuestionamientos y otras cuestiones que tienen que ver con el Inisa en estos días, como el caso de la fuga de 3 menores de un centro el pasado fin de semana, Emiliano Cotelo conversó con el presidente de su directorio, Jaime Saavedra.

Dentro de unos días, en febrero, representantes del Ejército Nacional irán a la Colonia Berro a informar a los jóvenes privados de libertad sobre las oportunidades de capacitación que brinda el Ministerio de Defensa Nacional.

Tocar un instrumento en una banda musical, estudiar carpintería o aprender tareas de mantenimiento son parte del menú de opciones que tendrán los 20 o 30 voluntarios que se aceptarán en la prueba piloto de este programa.

El convenio, que se firmó este martes en Torre Ejecutiva, tiene el aval expreso del presidente Yamandú Orsi. Pero, cuando trascendió, la semana pasada, despertó críticas muy severas de sectores del Frente Amplio y algunas organizaciones sociales.

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La Tertulia de los Miércoles con
Pablo Díaz, Juan Erosa,
Patricia González y Victoria Pasquet

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional firmaron ayer un convenio marco para desarrollar un plan piloto por el cual jóvenes privados de libertad participarán de forma voluntaria en instancias de formación y capacitación del Ejército Nacional. 

El acuerdo fue suscrito en la Torre Ejecutiva por el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Saavedra mencionó que en la experiencia participarán desde marzo entre 20 y 30 jóvenes mayores de edad o a punto de cumplirla, para aprovechar “las posibilidades de capacitación que ofrece el Ejército Nacional”, desde tocar en una banda hasta talleres de carpintería y de mantenimiento”. 

Mencionó que un censo realizado por Unicef y Equipos Consultores, que se va a presentar públicamente en marzo, arrojó que 85% de los adolescentes del Inisa no terminaron el ciclo básico, un guarismo que se mantuvo incambiado desde el último censo, realizado en 2018. “Casi diez años, y no movimos una décima ese porcentaje. ¿Alguien puede pensar que tenemos futuro como país, que estos chiquilines tienen futuro, que sus familias tienen futuro si no logramos mover esa aguja?”, planteó.

"Para mover esa aguja tenemos convenio con ANEP, UTU,  Primaria, Secundaria, INEFOP, con todos los que se quieran sumar y también con el Ejército. ¿Para qué? Para recibir las destrezas y las capacidades que el Uruguay disfruta cuando hay, por ejemplo, una inundación y nos llenamos de dolor y de dificultades, recibirlas nosotros para ir aprendiendo cosas que el ejército sabe y conoce muy bien".

“Era un absurdo prescindir del Ejército Nacional en esta tarea”, ya que es la única institución “presente en la tierra, en el aire, en el mar y en todo el país”, comentó Saavedra al responder a las críticas lanzadas desde sectores del Frente Amplio y ONGs.

Al referirse a los cuestionamientos que ha recibido la iniciativa, la ministra Sandra Lazo llamó ayer a la sociedad uruguaya a evitar tener una visión reduccionista según la cual la defensa nacional se restringe solamente a lo militar. Y defendió la medida señalando que amputarse la posibilidad de acceder a estas capacitaciones “sería un acto de irresponsabilidad”.

La propuesta de formación en el Ejército fue cuestionada por sectores del Frente Amplio, entre ellos Casa Grande.

A su vez, la Institución Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al Inisa para acceder al texto del convenio con el fin de evaluarlo, y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) rechazó el programa y manifestó preocupación por su desarrollo.

“Entendemos que la ‘oportunidad’ de inserción socioeducativa y laboral en el ámbito de las Fuerzas Armadas (FFAA) es sumamente arbitraria, y presenta conflictos en relación a la promoción y restitución de derechos humanos”, dice el comunicado del Serpaj.

A su vez, manifiesta que “es grave que, desde instituciones a cargo de la restitución de derechos, en especial los vinculados a la educación, se promueva impartir una educación militar hacia adolescentes”. En ese sentido, considera “peligroso que se valore a las FF. AA. como un ente de capacitación e inserción social’ para adolescentes privados de libertad”.

Por último, el Serpaj menciona que en la formación militar “persiste una cultura institucional autoritaria, que utiliza el temor y la fuerza como herramienta de disciplina y ha registrado situaciones de humillación que han sido denunciadas”, por lo que no considera que el acuerdo “beneficie la formación de los adolescentes”.

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Richard Read, exsindicalista y asesor del presidente Orsi, está impulsando una fundación para que los jóvenes infractores que salen del INISA, después de haber cumplido su pena, tengan trabajo.

La consigna, dice Read, es que estos liberados deben tener dónde dormir, un peso en el bolsillo para comer y un empleo.

Además del apoyo del actual mandatario, la idea cuenta con el respaldo del expresidente Luis Lacalle Pou, el senador Pedro Bordaberry, las cámaras empresariales y el PIT CNT.

¿Cómo es esta iniciativa? ¿Por qué transformó esta idea personal en una fundación? ¿Qué aportes harán quienes apoyan la iniciativa?

Emiliano Cotelo conversó con Richard Read, ex dirigente sindical e impulsor de la Fundación "Cosechando Esperanzas".

El próximo lunes, 24 de noviembre, Richard Read, exsindicalista y ahora asesor del presidente Yamandú Orsi, presentará una nueva fundación, llamada “Cosechando esperanzas”.

Esta organización surgió de una idea personal de Read para que, a través de la capacitación y convenios, los jóvenes que están internados en el INISA por infracciones a la ley, tengan un trabajo al salir. En una primera etapa se centrará en 80 jóvenes que están privados de libertad.

La iniciativa ya cuenta con el apoyo del presidente de la República, Yamandú Orsi, el expresidente Luis Lacalle Pou, empresas, organizaciones y autoridades de todos los partidos políticos.

¿Cómo trabajará esta fundación? ¿Qué resultados espera? ¿Por qué Read puso foco en el INISA?

Se presentará a la Fundación "Cosechando Esperanzas" el lunes 24 de noviembre a las 11:30 en la antesala de la Cámara de Senadores, en el anexo de Palacio Legislativo

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El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) tiene su directorio completo desde la pasada semana, cuando se aprobó en el Senado la venia para que Daniel Radío, del Partido Independiente, asumiera como nuevo vicepresidente del organismo.

¿Hacia dónde va la gestión del INISA ahora? ¿Qué le pidieron a Radío para su gestión? Conversamos En Perspectiva con el Dr. Radío.

En el INISA, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, estaba previsto que el 24 de junio tendría lugar el acto oficial de asunción de Jaime Saavedra como presidente y Eugenio Acosta como vicepresidente. Pero el acto se suspendió unas horas antes porque Saavedra decidió renunciar.

La medida drástica que adoptó Saavedra aquel día tenía su origen en diferencias que mantenía con Acosta. En medio de la sorpresa, intervino el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y la situación pareció encaminarse por unos días; pero el 14 de julio Saavedra volvió a plantear que dejaba el cargo y entonces quien tomó cartas en el asunto fue el presidente Yamandú Orsi.

Finalmente quien terminó dimitiendo fue Eugenio Acosta y desde el gobierno le ofrecieron ese cargo a Daniel Radío, médico, dirigente del Partido Independiente, que fuera diputado y en el gobierno de Lacalle Pou se desempeñara como presidente de la Junta Nacional de Drogas.

La semana pasada el Senado aprobó el pedido de venia, por lo cual en los próximos días el directorio del INISA volverá a estar completo y el organismo podrá salir de la parálisis en la que ha se ha encontrado en estos dos meses.

¿Hacia dónde va ahora la gestión del INISA, el instituto responsable de ejecutar las medidas dispuestas por la justicia a los adolescentes responsables de infracciones a la ley penal? ¿Qué implica esta situación particular en la cual el directorio tendrá un único representante oficialista, el presidente? ¿Qué le pidió Orsi a Radío para su gestión?

Destaques de la entrevista:

• El ofrecimiento “me sorprendió un poco” pero “me hace sentir muy honrado” porque “es un gran compromiso que yo no puedo defraudar”

• “La inflación penal es la base de los problemas que tenemos” de que las instituciones de privación de libertad no sean de rehabilitación”

• El INISA “es una oportunidad” porque la magnitud de la población es manejable, es una etapa de la vida donde hay mayor incidencia y la estructura son pequeños hogares”

• “Me sorprendí porque he conocido mucha gente con la camiseta puesta, contrario a la imagen del funcionario público como un burócrata”

• “Hace mucho que no soy revolucionario, creo es que tenemos que ir transformando la realidad”, aunque sea “un poquito”

• “Me parece que toda la estrategia del INISA tiene que ser pensada hasta los días siguientes” y eso “trasciende” al instituto

• “Antes de decir que un joven no es rehabilitable, tengo que hacer los esfuerzos por rehabilitar”

• “La privación de libertad tiene que ser lo menos posible el encierro, porque yo necesito que los muchachos salgan mejor, no peor.”

• “Tenemos que trabajar sobre tres pilares: infraestructura, personal y lo programático. Pero los dos primeros tienen que estar al servicio de lo programático y no al revés”

• Podemos y debemos tener “proyectos socioeducativos individualizados”

• Hay que lograr que estos jóvenes sean “productivos”, productiva de cosas y afectos, producir amor también”

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Foto: Redes sociales

La Tertulia de los Jueves con
Cecilia Eguiluz, Miguel Fernández Galeano, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle

Un episodio inesperado sacudió esta semana al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa): el presidente del organismo, Jaime Saavedra, presentó su renuncia apenas horas antes del acto de asunción de las nuevas autoridades. La situación generó sorpresa e incertidumbre, al punto que el evento debió suspenderse.

Sin embargo, la renuncia no se concretó. A pedido del presidente Yamandú Orsi, Saavedra accedió a permanecer en el cargo. El respaldo fue confirmado también por el secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, con quien el jerarca se reunió esa misma tarde en la Torre Ejecutiva, por indicación de Orsi. Desde el gobierno aseguran que Saavedra cuenta con “total y absoluto” apoyo.

La semana pasada, cuando lo entrevistamos aquí, En Perspectiva y lo consultamos sobre los desafíos de la nueva gestión, Saavedra destacó que el Inisa tiene más de 400 jóvenes en medidas alternativas y menos de 300 en privación de libertad y expresó: “Si no podemos con 800, entonces cerramos el país”. Para ello, insistió en dos ideas clave: restaurar la autoridad y “abrir” el Inisa al resto de la sociedad.

“Pero tienen que entrar, conocer a los gurises y empezar a quererlos. Y se van a sorprender gratamente. Hay nueve de cada diez que, si Dios quiere, van a encontrar su rumbo. Son poquitos… estamos hablando de 800. Ponele que hay cincuenta, sesenta, setenta que son muy complicados, que no podemos hacer mucho. Al resto lo vamos a llevar de la mano, y van a encontrar su rumbo. Pero tenemos que estar todos atrás”.

Según trascendió, el trasfondo del conflicto en el Inisa está en las tensiones internas con el vicepresidente Eugenio Acosta, quien ha votado en varias ocasiones junto al director de la oposición, Ángel Fachinetti, y en contra de Saavedra. El episodio más reciente fue la aprobación de tres ascensos en centros de reclusión juvenil, que Saavedra consideró contrarios a los principios que definido para su gestión.

Más allá de este hecho puntual, las diferencias entre ambos jerarcas están relacionadas con el perfil que debe tener la institución, especialmente en cuanto a la priorización de los procesos educativos para los adolescentes.

Desde Presidencia de la República aseguran que no está previsto que ninguno de los dos jerarcas abandone el organismo, y que en las próximas horas intentarán acercar posiciones.

¿Cómo leen los tertulianos este episodio en clave política? ¿Cuán sostenible es una gestión con un directorio dividido? ¿Qué señales deja este caso sobre el rumbo del gobierno en cuanto a la rehabilitación de los jóvenes infractores?

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¿Qué podemos hacer como sociedad con los adolescentes que han cometido delitos y están en conflicto con la ley? ¿Qué altenativas existen a la política de encierro? ¿Es posible reeducar a todos esos jóvenes que cargan con historias de carencias y violencia? ¿Puede el Estado competir con lo que ofrece en términos económicos el narcotráfico?

Conversamos En Perspectiva con el nuevo presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), el licenciado en Educación Jaime Saavedra, que ha llamado la atención por sus planes y por varias de sus declaraciones.

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Un censo a la población adolescente privada de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), encontró una reducción en los intentos de suicidio, también en el consumo de psicofármacos, y una mejora en la percepción de las condiciones edilicias.

Pero también se registró un crecimiento en la cantidad de jóvenes recluidos por delitos vinculados con el narcotráfico. Un aumento que la presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera, considera “exponencial”.

Los datos surgen del Censo de población adolescente privada de libertad, que el Inisa llevó a cabo junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de Unicef.

“El crimen trasnacional organizado también atraviesa al Inisa”, dijo la presidenta del organismo en una comparecencia en el Senado a principios de setiembre. Y no solo son uruguayos: también hay más adolescentes brasileños privados de libertad.

El Inisa es “una de las últimas oportunidades que nos podemos dar desde el Estado para transformar la vida de los adolescentes que están en conflicto con la ley”, dijo también De Olivera.

Pero, ¿qué sucede si aumentan este tipo de delitos violentos? ¿Llega a tiempo el Inisa o hay que actuar antes? ¿Por qué estas bandas recurren a jóvenes?

Para conversar de todo esto recibimos a la socióloga De Olivera, presidenta del Inisa.

Documento relacionado:

Resultados del censo realizado en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente

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