La semana pasada, la oposición presentó una denuncia penal por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización.

El campo, de 4.400 hectáreas y ubicado en el departamento de Florida, fue adquirido por un total de 32,5 millones de dólares, en un proceso que fue observado por el Tribunal de Cuentas.

El escrito presentado el jueves, firmado por legisladores de cuatro partidos (Nacional, Colorado, Independiente e Identidad Soberana), señala posibles irregularidades y pide que Fiscalía intervenga, mientras la posibilidad de instalar una comisión investigadora en el Parlamento se mantiene en suspenso.

Desde el oficialismo, el Frente Amplio defendió la operación. Su presidente, Fernando Pereira, afirmó que la compra se ajustó a la ley y acusó a la oposición de “judicializar la política”.

La semana pasada conversamos aquí con el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, uno de los firmantes de la denuncia.

Profundizamos en la otra mirada: la del oficialismo, conversamos En Perspectiva con Sebastián Valdomir, diputado del Frente Amplio por el MPP y presidente de la Cámara de Representantes.

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La Tertulia de los Lunes con
Juan Erosa, Gonzalo Baroni,
Leonardo Costa y Teresa Herrera

Legisladores de cuatro partidos de la oposición presentaron el jueves pasado una denuncia penal por la compra de la estancia María Dolores aprobada por el Instituto Nacional de Colonización. El documento lleva la firma de los diputados Gustavo Salle (Identidad Soberana), Juan Martín Jorge (Partido Colorado), Rodrigo Goñi (Partido Nacional) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente).

En el escrito se señala la “aparente comisión” de los delitos de abuso de funciones, fraude, falsificación ideológica de documento público y conjunción del interés personal y público, y se solicita investigar a todas las personas involucradas en la operación. El texto alega falta de quórum en la resolución, pago por encima de la tasación oficial, informes antedatados y la inhabilitación de dos jerarcas por su condición de colonos, entre otros puntos.

El diputado Rodrigo Goñi profundizó en esas razones cuando lo entrevistamos el viernes pasado aquí, En Perspectiva.

"La clave acá es lo político por encima de lo jurídico. Yo quiero gastar no me importa cuánto en obtener algo, en este caso una estancia, muy lujosa por una cifra descabellada aunque la ley no me lo permita, y la denuncia penal demuestra una serie de hechos. Desde mucho antes de la concreción de la compra (se estaba) avisando a determinados grupos que se iba a comprar esa instancia. Acá hay hechos de conjunción del interés público y el privado, no solamente de abuso de funciones. Hay elementos muy extraños que nos hacen recordar a los tristes episodios de Pluna cuando en pocas horas se consiguen autorizaciones de fondos millonarios. No estamos hablando de poca plata, estamos hablando de 30 y pico de millones de dólares".

Un aspecto que llamó la atención fue que la denuncia se presentó antes de que el Parlamento resolviera si se crea o no una comisión investigadora sobre este caso. Esa resolución quedó aplazada para diciembre ya que Cabildo Abierto, cuyos votos eran imprescindibles para la aprobación, solicitó postergar la resolución para diciembre cuando haya finalizado el tratameinto parlamentario del proyecto de ley de Presupuesto.

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El intendente de Florida, Carlos Enciso, dijo que la compra de la estancia María Dolores por el Instituto Nacional de Colonización (INC) “es un factor de desarrollo a apoyar” en su departamento. Conversamos En Perspectiva con el jefe comunal floridense.

Según consigna hoy La Diaria, el presidente del INC, Alejandro Henry, visitó ayer Florida, donde se reunió con el jefe comunal y el diputado departamental Álvaro Rodríguez Hunter, ambos del Partido Nacional. 

Hablando en conferencia de prensa, sentado al lado de Henry, Enciso tomó distancia de las críticas que han hecho algunos dirigentes nacionalistas a la compra del INC. 

“Acá falta población, cierran tambos, falta industrialización”, resaltó el jefe departamental, que cuestionó “la mentalidad netamente capitalina, urbana, portuaria, montevideana de los que generan opinión”. “Además eso genera el desconocimiento, los clichés, los eslóganes, los maniqueísmos de mucha cosa que hemos visto en los debates en estos tiempos”, agregó. 

Enciso sostuvo que, “políticamente”, la discusión sobre la compra de María Dolores “se dio en las esferas de Montevideo” y a nivel de “las cúpulas partidarias”. “Nosotros partimos de la base de que esto es un hecho consumado y estamos de acuerdo con que es un factor de desarrollo a apoyar y explotar en Florida, así que por eso estamos en esta sintonía”, manifestó. 

Por su parte, Rodríguez Hunter afirmó que el emprendimiento a desarrollarse en el predio adquirido por el INC “significará sin duda un impacto real en lo que tiene que ver con el empleo, el desarrollo y la educación” en Florida. 

“Creo que María Dolores se puede transformar en un polo no sólo productivo, sino también educativo y de desarrollo de las próximas generaciones”, expresó. “Como diputado del departamento sólo me resta agradecer, apoyar, acompañar y en lo que esté a nuestro alcance creo que, junto con el intendente, vamos a estar apoyando”, subrayó Rodríguez Hunter.

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

La Tertulia de los Miércoles con
Valentina Arlegui, Leonardo Costa,
Juan Erosa y Eleonora Navatta

El Directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) resolvió el pasado viernes tomarse diez días para analizar la respuesta a las observaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas (TCR) a la compra de la estancia María Dolores, un predio de 4.400 hectáreas ubicado en Florida y que se destinaría fundamentalmente a la producción lechera.

La resolución del tribunal fue adoptada por mayoría: los ministros designados por blancos y colorados votaron por observar el gasto, mientras que los representantes del Frente Amplio se manifestaron a favor de la operación. El resultado fue 4 a 3.

El dictamen incluyó cuatro observaciones: falta de disponibilidad presupuestal; un gasto que excede la asignación anual del organismo; una aprobación sin la mayoría requerida del directorio para compras directas; y dudas en torno a una prenda vigente sobre el sistema de riego, que podría no haber sido contemplada en el precio de compraventa.

Desde filas opositoras ya se estudian posibles pasos si Colonización decide reiterar el gasto: entre ellas, una interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y hasta la eventual presentación de una denuncia penal.

En este contexto, el nuevo presidente del INC, Alejandro Henry, señaló este martes, aquí En Perspectiva, que el directorio está revisando los fundamentos técnicos y jurídicos antes de adoptar una resolución definitiva que levante las objeciones formuladas por el TCR.

“La decisión la va a reconsiderar el instituto y la va a ratificar o no. Por lo que he conversado con los directores, me parece que la va a ratificar (…) Cuando respondamos (al Tribunal de Cuentas), con toda esta nueva batería jurídica que vamos a ir agregando y con algunos elementos que ya no existen dentro de las observaciones del tribunal, vamos a tener una reunión de directorio y tomar una decisión”.

El papel del Tribunal de Cuentas

Según informó El País este fin de semana, en los primeros cuatro meses de esta legislatura, el TCR remitió al Parlamento 466 casos de compras que habían sido observadas pero en las cuales el organismo correspondiente decidió reiterar el gasto.

Y entre febrero de 2020 y febrero de este año, el TCR emitió casi 3.000 advertencias similares. Sin embargo, ninguna fue tratada por la Asamblea General, que requiere una mayoría especial de dos tercios —87 de los 130 legisladores— para habilitar la discusión.

De hecho, según la misma nota, no hay antecedentes de que ese ámbito parlamentario se haya reunido alguna vez para analizar un informe del TCR.

¿Qué efectos tienen, entonces, los dictámenes del Tribunal de Cuentas? ¿Cuál es el alcance real de sus observaciones? ¿Qué revela esto sobre los mecanismos de contralor en el Estado uruguayo?

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Conversamos En Perspectiva con el nuevo presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Alejandro Henry, un ingeniero agrónomo de 64 años, sobre qué pasará con la polémica compra de la Estancia María Dolores, que fue observada por el Tribunal de Cuentas, y además cuál será el rumbo del INC en este período de gobierno.

Este profesional, que tiene 64 años y una larga trayectoria en el sector agropecuario, en particular en la lechería, asumió en lugar de Eduardo Viera, que debió dejar el cargo el mes pasado por la incompatibilidad que implicaba su condición de colono.

Aquel hecho político ocurrió, a su vez, en medio de la polémica por la decisión del INC de comprar la estancia María Dolores, de 4.100 hectáreas, ubicada en Florida. Esa operación, por un monto de US$ 32.5 millones, fue observada la semana pasada por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), en un pronunciamiento que salió por mayoría de 4 a 3. Desde entonces está abierta la pregunta: ¿El INC insistirá en ese gasto?

El viernes pasado el directorio resolvió tomarse diez días para analizar los argumentos del TCR y adoptar una decisión final.

¿Ya se sabe de qué manera se levantarán las observaciones? ¿Cómo será en general la gestión que ahora se inicia?

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Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

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Foto: En Perspectiva

24 horas después el senador blanco Sebastián Da Silva salió al cruce con un video en sus redes sociales en el que cuestionaba la decisión y mostraba imágenes del inmueble, al que presentaba como una “estancia señorial”.

"Hoy en historias del camino le vamos a mostrar la estancia María Dolores. El regalo de 32 millones y medio de dólares que el gobierno le dejó a José Pepe Mujica. Acompáñenme. Una estancia señorial, 4.400 hectáreas, 17 habitaciones, piscinas, barbacoa, un corral para 10.000 cabezas de ganado, galpones por doquier. Para hacer una colonia en donde no hay ni siquiera alambre, mucho menos un galpón de ordeñe y mucho menos la infraestructura como para ser dividida. María Dolores es otra Pluna, María Dolores es otra regasificadora, María Dolores es otra Ancap. Estamos frente al uso bochornoso de los dineros públicos en un instituto que el ministro de Ganadería, el doctor Fratti, declaró que encontró fundido".

Sánchez defendió, en diálogo con En Perspectiva, la adquisición y expuso las ventajas que tendrá la implantación en ese predio de una colonia dedicada a la lechería.

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Foto: Instituto Nacional de Colonización

La Tertulia de los Jueves con
Gabriel Budiño, Cecilia Eguiluz, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle.

La reciente adquisición de un campo de 4.404 hectáreas en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) ha desatado una polémica que pone en cuestión el uso de los dineros públicos.

La compra, realizada por aproximadamente 32,5 millones de dólares, es defendida por el gobierno como una medida para que se instalen unos 20 productores lecheros con 100 hectáreas cada uno, con el objetivo de desarrollar una colonia de referencia nacional. Además, se anunció la creación de un banco de forraje bajo riego en 800 hectáreas, gestionado por organizaciones rurales con trayectoria.

Sin embargo, la operación es criticada por su elevado costo y por la “falta de claridad” en su destino final. Ayer, el senador colorado Pedro Bordaberry cuestionó en diálogo con Así Nos Va (Radio Carve) lo que entiende es la ausencia de un proyecto claro y vaible que utilizará dineros públicos.

“Esto es la vuelta de una concepción equivocada de la gente que nos gobierna ahora. La misma concepción de Aratirí, el puertos de aguas profundas, el desarrollo de Alur , los hornos, el cemento, la cal y todo el agujero de Ancap. Ellos con el dinero del Estado dicen que van a dar mucho dinero y pretenden un resultado que está por encima de lo que prometía Conexión Ganadera. No sé si me entendés. Cuando vos tenés un poco de experiencia y entendés el negocio ganadero te das cuenta que estas aventuras y tipo de desarrollismo mágico que hacen unos burócratas en Montevideo, citadinos que no entienden nada de cómo funciona el campo, te das cuenta que es una barbaridad. Vos lo mirás y decís: “Mirá que fenómenos estos tipos. Con la plata nuestra están metiendo US$ 33 millones y dicen que van a ganar no sé cuántos millones de dólares”

Por su parte, el presidente de la República Yamandú Orsi consideró en rueda de prensa que el Instituto de Colonización “tiene que estar básicamente orientado hacia la lechería”.

“Acá no es ni amigo ni enemigo. Esto es, dos formas de entender la realidad y que sigue instalado. Y hay una pelea dura. Vamos a afirmarnos, estoy convencido que una de las claves para la lechería es, fundamentalmente cuando los precios no andan bien, tener la espalda para poder alimentar a los animales. No debe haber en el mundo actividad más firme que la lechería”.

En resumen, la compra del campo en Florida por parte de Colonización, plantea una vez más la polémica sobre cómo se invierten los recursos públicos. ¿Cómo ven los tertulianos esta discusión? ¿Tiene que ver con una concepción diferente del Estado? ¿Hay un componente ideológico?

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Entrevista con el doctor Julio Cardozo, presidente del Instituto Nacional de Colonización.

EN PERSPECTIVA

Miércoles 07.12.2022

EMILIANO COTELO (EC) —El Instituto Nacional de Colonización (INC) quedó envuelto en una nueva controversia política.

El viernes de la semana pasada, el directorio del organismo definió por mayoría, 4 a 1, que ni el senador de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, ni su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, ni el suegro de Manini, Roque Moreira, revisten la calidad de colonos por un campo que poseen en el departamento de Artigas. No son colonos.

De haberse confirmado lo contrario, Manini quedaba expuesto a un conflicto de intereses, ya que en 2020 votó un artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que determina excepciones a la obligación de los colonos de residir y trabajar directamente en el predio. Un artículo que lo beneficiaría directamente, ya que él y su familia viven en Montevideo.

La decisión de que no es colono saldó una polémica de más de dos años. Sin embargo, el debate no se acalló. El fallo del INC se basó en un informe del doctor Horacio de Brum, profesor titular de Derecho Agrario en la Universidad Católica. Esa consulta fue encargada por el directorio del INC para contar con una opinión jurídica externa luego de que tres informes redactados por técnicos del organismo concluyeran que Manini Ríos sí era colono.

A lo largo de este año, Manini insistió en que los informes internos del INC eran parciales y sesgados, sobre todo por la influencia de Andrés Berterreche, el representante del Frente Amplio (FA) en el directorio del organismo. Berterreche fue el único director que votó en contra de la resolución de la semana pasada. Y ayer aquí en En Perspectiva señaló que la contratación de la consulta con el doctor De Brum respondió a presiones políticas para que el diferendo se saldara a favor de Manini.

¿Qué responden desde el oficialismo?

Lo conversamos con Julio Cardozo, presidente del INC.

¿Cómo ha sido el ambiente de estos días?

JULIO CARDOZO (JC) —¡Muy caluroso! [Se ríe.] Aparte tenía actividad en Tacuarembó y en Artigas, en este momento estoy en ruta 5 entre Florida y Sarandí Grande. Hoy tenemos directorio, así que estamos completos. Pero bien, después de lo que ha pasado, atento a todos los comentarios y dispuesto a aclarar nuestro punto de vista.

EC —Esta discusión comienza en febrero de 2020, antes de que asumiera el gobierno de Lacalle Pou, cuando empieza a circular el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración. En aquel borrador una de las disposiciones flexibilizaba la obligación que regía sobre los colonos propietarios de que vivieran y trabajaran en sus predios. Pero el 17 de febrero de 2020 el semanario Búsqueda publicó una nota en la que aseguraba que Manini y su esposa, Irene Moreira, podían verse beneficiados por esa norma, por ese artículo, ya que vivían en Montevideo pero eran colonos propietarios de un terreno en Artigas en sociedad con Roque Moreira, padre de Irene. A partir de ese artículo el director Berterreche decide investigar el caso. ¿Los otros integrantes del directorio no entendieron que era necesario investigar?

JC —No, no, de ninguna manera. Nosotros nos enteramos de que el integrante de la oposición, el ingeniero Berterreche, había pedido un informe a la inspectora, doctora Bartoski, del Instituto. El comentario lo hago con total responsabilidad de mi parte, porque en una sesión de directorio le pedí a la doctora una inspección en el departamento de Durazno y ella me dijo que con mucho gusto la hacía, pero primero tenía un pedido del ingeniero Berterreche. Ahí fue que se nos informó que había hecho un pedido de informe del inmueble 511, se refirió al inmueble 511. Eso es común en el Instituto, que los directores ante alguna duda en conjunto aprueben el pedido de cada director para que se haga la inspección correspondiente. Acá no hay que ocultar nada y cuanto más claros sean los argumentos y las inspecciones hechas, mejor para el directorio.

EC —Pero la pregunta era: ¿ustedes, los demás integrantes del directorio, no habían entendido que a partir de aquella publicación de Búsqueda era necesario investigar?

JC —Estábamos averiguando la existencia del inmueble 511 y quiénes estaban dentro. Si uno mira el mapa antiguo del Instituto aparece, allá en un puntito alejado en Artigas, al lado del río Cuareim, ese inmueble. El ingeniero Berterreche se adelantó a pedirlo y por supuesto que no teníamos ninguna objeción a que se averiguara quiénes estaban en el inmueble 511. Nada más que eso.

EC —Berterreche señalaba ayer que acá había dos implicancias posibles: una, si el senador efectivamente era colono quedaba expuesto a un conflicto de intereses en caso de votar el artículo de la LUC, y por otro, el valor del predio bajaba en el orden del 20 %, que es lo que ocurre cuando un predio es afectado al INC, y eso implicaba una pérdida económica para Manini y su familia. Estaban esos dos factores de por medio, decía Berterreche.

JC —Sí, esas son conjeturas y opiniones que se tienen sobre todo lo que puede pasar si resulta cierto lo que se está pensando. Estamos hablando de una problemática que nace en el año 69, 70, hace más de 50 años, el senador Manini tenía 10 años en ese momento, o sea que era un niño de escuela. No se aclara que en su momento se había hecho una resolución en base al artículo 127 de la ley 11.029, del INC, según el cual, si los campos no son aptos y las personas no tienen perfil de colono, no tienen las obligaciones que tienen otros colonos. Eso hay que aclararlo también.

EC —Ayer en la entrevista Berterreche rechazaba las versiones que han circulado a propósito de por qué él inició esa investigación. Negó que tuviera un encono particular contra Manini, dijo que hasta que leyó la nota de Búsqueda en febrero de 2020 no había recibido ningún dato que lo hiciese dudar de Manini, y que entendió que había que investigar para que, si lo informado era correcto, el INC no siguiera estando omiso. De hecho contó que cuando él fue presidente del INC, entre 2010 y 2013, se enteró de un caso similar y ordenó una investigación.

JC —Es correcto. En ese sentido actuamos de igual manera, si tenemos una duda sobre determinada colonia, fracción o en este caso inmueble, pedimos la investigación por parte de la inspección. Como se pidió un campo de Durazno, se pidió uno en Cerro Largo en las costas del río Negro, se pidió este que mencioné en Durazno. Para eso está la inspección, para aclarar cuando hay alguna duda; no se está hablando de personas. En este caso se pidió una inspección al inmueble 511. El tema es que después se generalizó; va por cuenta de quienes lo decían si era intención de Berterreche o no, en el directorio se pidió como se pide para cualquier otro predio ante la duda que se había generalizado en la opinión pública por lo que había salido en el semanario en enero de 2020.

EC —Estoy haciendo este repaso incluso de fechas y del proceso porque está claro que todo este suceso ha estado rodeado de acusaciones de presiones, de denuncias de presiones políticas de un lado y del otro, de intereses políticos que habría de un lado y del otro, y en particular con respecto a por qué Berterreche impulsaba esto. De ahí que le hiciera estas preguntas.

A partir del informe de la inspección a partir de esa iniciativa de Berterreche, hay un informe que concluye que Manini y su familia son colonos. Y después se suman dos más en esa misma dirección, uno de la asesoría letrada y otro de la sala de abogados. Hubo tres informes internos del INC que declaraban Manini y su familia son colonos. ¿Por qué, pese a tener esos tres informes, el directorio resuelve después, por mayoría de 4 a 1, contratar una consulta externa, concretamente la del doctor Horacio de Brum?

JC —En primer lugar, ni los informes de la asesoría letrada ni los de la jurídica […] son vinculantes, no tenemos obligación de aceptarlos, nos damos por enterados y pedimos más información. En algunos casos porque no entendíamos algunas explicaciones de la inspectora sobre estos campos, y por otro lado porque ya en otras oportunidades el Instituto había optado por opiniones externas. En este caso fue el doctor Guerra de parte de los interesados, que lo contrataron, catedrático grado 5. Nosotros tenemos otros conocidos grado 5, por ejemplo el doctor Fernández Reyes, que por razones obvias no iba a ser convocado, y se contrató a un experto para otra opinión. Lo pedimos porque aparte de los informes que nos daban la jurídica y demás –hasta de derechos humanos se hablaba, lo que me parecía totalmente improcedente–, tenemos en cuenta cómo se origina este tema. También es cierto que a raíz de las comunicaciones que hace la prensa sobre el caso, el señor Roque Arturo Moreira, uno de los involucrados, el suegro del senador, pide en junio de 2020 que se le informe sobre su situación en este inmueble, pide un informe al INC. Nosotros tenemos ese informe que recibió, un informe importante, que hay que tener en cuenta porque es el inicio de este problema, la decisión del directorio de la época, que quien habla cree que fue un error, más bien un horror.

Porque cuando se habla solo de lo actual, de que se hizo una inspección y se encontró esto, no se habla de por qué se llegó a esto, que es lo importante: por qué se llegó. Por qué un señor Hounie le ofrece un campo al Instituto y el Instituto dice “es un campo que tiene problemas de inundación, filtraciones, mucho bosque invasor, no tiene condiciones para la colonización”, sin embargo lo compra, por compra directa además. Por lo general el Instituto hace opción por el artículo 35 y no por compra directa; esta necesita la orden del presidente de la República, o sea del Poder Ejecutivo, que en aquella época era común y se autoriza la compra. Por supuesto que había un informe técnico a favor, pero después hay un informe también de técnicos del Instituto en el que se dice que se descubre que el campo no es apto para colonizar y por lo tanto por el artículo 127 se dice que ni el campo es apto ni los adjudicatarios tienen el perfil de colonos. Ese es el inicio de la problemática, un negocio mal hecho. Me remito a ese informe.

EC —Pero la pregunta que le había formulado era por qué se opta ahora, después de haber tenido tres informes internos del Instituto que señalan que Manini es colono, por ir en busca de una consulta externa, la del doctor Horacio de Brum.

JC —Porque nos habíamos comprometido con todas las partes a dar la mayor transparencia posible a este caso. Estaba también el informe categórico del doctor Guerra, grado 5 de Derecho Agrario, jubilado. Entonces pedimos otro informe.

EC —El informe del doctor Guerra fue presentado por Manini.

JC —Exactamente. Aparte es un conocido del Instituto, porque el Instituto siempre está pidiendo informes, en su momento por otros motivos ha pedido informes externos. No es raro para el Instituto pedir un informe externo. Votamos por eso para darle mayor contundencia a la resolución. Se dice que son motivos políticos, si fueran motivos políticos en 2021 habríamos levantado la mano los cuatro y se habría terminado el tema. En ese sentido dimos todas las garantías, tengo el cronograma de todos los pasos que se dieron desde el primero hasta el último día, la asesora letrada dio todos los pasos; por qué se demoró también, porque había trámites pedidos por las partes involucradas que demoraban la respuesta, uno del Ministerio de Economía, otro de la Oficina de Planeamiento. Esos procesos no trascienden pero llevan a la demora, y por supuesto que a la parte involucrada la irrita y molesta la demora, pero es para dar mayor tranquilidad de que cuando se toma una decisión se la toma sobre una base sólida, no es un invento que el doctor hizo en pocas horas. El contrato del doctor De Brum es del 26 de octubre. Y recuerde que esto se había declarado reservado y salió a la opinión pública en marzo y a partir de ahí se generó toda una problemática, se hicieron públicas las actas y todo el mundo tenía conocimiento de lo que se hablaba y de lo que decía la inspección. O sea, el doctor De Brum estaba al tanto de todos estos temas.

EC —Yo le preguntaba por qué se da el paso de contratar esa consulta externa. En definitiva, como usted decía, ¿fue para darles mayores garantías a las familias implicadas, a Manini, su esposa y Roque Moreira?

JC —Exactamente, y porque tenemos el informe del propio Instituto sobre por qué ellos no se consideraban colonos. Están absolutamente seguros de que no son colonos porque en el año 75 se les aseguró que no eran más colonos. Ese es el tema.

EC —Se lo pregunto porque una de las discusiones que se han planteado en estos días es que al contratar una consulta externa de algún modo se estaba desautorizando a los propios servicios del Instituto. Por ejemplo, la Asociación de Funcionarios del INC emitió un comunicado en el que afirmó que “la contratación del doctor De Brum significa un gravísimo precedente, que afecta al patrimonio de la institución, que deteriora el vínculo de los servicios técnicos con la población colona y que vulnera el legítimo accionar de un ente autónomo frente a pusilánimes presiones políticas”. ¿Qué responde?

JC —No estoy de acuerdo con lo que dicen. Se olvidan de que hace un tiempo se contrató en otro directorio al doctor Fernández Reyes por un tema similar, diferente, que era a favor del instituto. O sea, si me gusta una cosa está bien y si no me gusta está mal. No estoy de acuerdo. Respeto la opinión del gremio, todo lo demás, no estamos peleados con la jurídica porque no aceptemos, no estamos obligados a tomar ninguna decisión en base a lo que dice la jurídica del Instituto, para eso los directorios opinan. Hace poco, a raíz del desalojo de un campo, nos trataron de delincuentes a la doctora Bartoski, a la ingeniera Ana Fernández –integrantes del gremio de Colonización–, y ni una palabra del gremio, todo en silencio. Ahora sale con esto. Es la opinión del gremio, yo no estoy de acuerdo, y da algunas otras informaciones que no tienen nada que ver. Nosotros no estamos vulnerando nada ni estamos desconociendo el valor de la jurídica ni de la asesora letrada, que es de confianza nuestra. Pero tenemos la obligación de buscar toda la información posible con los técnicos especializados, no solo nuestros sino de afuera. Si no, ¿hay un grado 5 en Derecho Agrario que no puede opinar porque están los integrantes del directorio? Los informes de nuestros técnicos no son vinculantes, nosotros tomamos la opinión, sí, la respetamos, la leemos, la estudiamos, vamos a los informes, y los informes que tengo en la mano también dicen que hubo no errores, horrores, en el año 75, que llevaron a esta situación.

EC —Ayer en la entrevista el ingeniero Berterreche se expresaba en un sentido bastante similar al del sindicato y advertía eso a lo que usted aludió hace unos minutos: que el doctor De Brum hizo su trabajo en apenas cinco días, cuando él y los equipos jurídicos del Instituto habían investigado durante más de un año para llegar a sus conclusiones. Escuchamos un fragmento de la entrevista con Berterreche.

(Audio Andrés Berterreche.)

Realmente, las condiciones en que se hace esto no me dejan ninguna duda. Un informe donde se hace el contrato un viernes y el miércoles ya lo tiene terminado. Cinco días para hacer lo que a los servicios técnicos y también a mi despacho –porque estuvimos trabajando durante meses sobre esto– nos llevó arriba de un año y medio. Y en cinco días se resuelve.

(Fin audio.)

EC —¿Cómo contesta esa objeción sobre lo rápido que hizo su trabajo el doctor De Brum?

JC —El ingeniero se refiere a la firma del contrato. El doctor De Brum fue nombrado por el directorio en el acta 5625, en la página 1, el día 9 de noviembre y el pedido fue el 26 de octubre. Como le decía, todos esos documentos andan en manos de todo el mundo, el doctor los conocía perfectamente. Incluso el que le estoy diciendo del señor Roque Arturo y también por supuesto el informe de su colega, el doctor Guerra, que es de público conocimiento. Se hizo el contrato por último porque nos faltaba la aprobación de la Oficina de Planeamiento, no quiere decir que no haya leído. También el ingeniero Berterreche en pocas horas redactó dos hojas con toda su argumentación en contra. Me parece que ahí no tiene razón; no tengo por qué estar defendiendo al doctor De Brum, él sabrá defenderse. El resultado que nos dio es un estudio profundo del tema en base a datos importantes; no habla de la familia Moreira, habla del inmueble 511, cómo se compró, por qué se compró, por qué se compró mal y por qué se hizo un nuevo contrato peor todavía.

EC —El doctor De Brum dice en su informe: “Debe tenerse presente que no se ha podido disponer de todos los antecedentes administrativos requeridos para esta consulta, por lo que el análisis está circunscrito a la documentación recibida del Instituto Nacional de Colonización”.

Primero habla de que se basó en la documentación recibida del Instituto, no en otra que le hubiera llegado por otras vías, pero hace esa puntualización. Y Berterreche decía que un informe que hace esa precisión, que hace una salvedad, que no pudo acceder a toda la documentación, no puede ser de ninguna manera concluyente. ¿Qué dice usted?

JC —Que no es así. Seguramente se refiere a que hay un volumen importante de elementos de estudio, de actas que se van dando en el correr de los tiempos, desde el año 70 al año 95. Pero lo medular, lo que se sabía, lo que usó la inspección, lo que usó la asesora letrada, lo que usó la jurídica, lo que usó la sala de abogados, lo tenía el doctor De Brum. Él aclara eso porque sabe que hay muchos más documentos que dicen muchas cosas similares de la actuación del Instituto en cuanto a la vida de una colonia o de una fracción. Nada más que eso, no creo que quiera decir “por las dudas, a lo mejor me faltó algo”. Lo que está a la vista, lo que todo el mundo conoce, lo conoce la opinión pública, lo tiene la prensa, lo tienen los directores y lo tiene por supuesto el doctor De Brum.

***

EC —El informe del doctor De Brum a grandes rasgos coincide con el informe que presentaron Manini y sus familiares redactado por Enrique Guerra Daneri, académico de número de la Academia Nacional de Derecho, excatedrático de Derecho Agrario en la Universidad de la República.

La Ley de Colonización establece que quien compra un campo al Instituto pasa a ser colono propietario, ahí está la discusión. Manini e Irene Moreira desmienten que Roque Moreira, que compró el predio en el año 71, fuera colono propietario, y el argumento central, incluido en la consulta firmada por el doctor Guerra Daneri, es que Roque Moreira compró el terreno en un llamado público del INC en el que el organismo buscaba deshacerse de ese campo porque las autoridades habían comprendido que en realidad no reunía las aptitudes para estar dentro de la cartera de Colonización.

Ayer en la entrevista Berterreche apuntó que la negociación del Instituto para comprar aquel predio empezó en 1968 y la compra terminó concretándose en 1970. “¿Me dicen que los directores del Instituto no se habían dado cuenta de que esa tierra no servía? Es raro, es poco creíble”. ¿Qué dice sobre esto?

JC —Sí, es poco creíble. Fíjese que si el Instituto lo compra en el año 70 en mayo y en noviembre lo saca a la venta como que estaba haciendo de actor inmobiliario y no aplicando el artículo 1 de la ley, que era aconsejable su división, aumento de productividad, que una familia se radicara en el medio, que tuviera todas las condiciones, cuando era un campo que no tenía ninguna condición. Eso es lo que me llama la atención, cómo se tomó esa decisión de una oferta directa. Porque si usted me dice que hace la opción por el artículo 35, que es un negocio entre dos privados y ese campo al Instituto le sirve por las condiciones, por la demanda, pero el campo está ubicado en el último puntito allá en Artigas, en medio del monte, con inundaciones corrientes, casi mil hectáreas de monte, terreno poco permeable, apto para arroz pero con ciertos riesgos y lo compra igual. Lo compra igual y como que le quema las manos, porque enseguida lo saca a la venta.

Ahí hay un detalle muy importante del que no se habla: lo saca a la venta por un argumento que no es común, una oferta pública, y se anotan 32 personas interesadas en el campo. Y cuando se hace el primer contrato, en el 71 –hay una cantidad de acontecimientos de los que no se habla mucho entre el 71 y el 75–, se pide revisar, anular aquel contrato y hacer uno nuevo –cosa muy rara también en el Instituto–, se asignan puntajes a los aspirantes, estos se ordenan por puntaje de acuerdo a su mérito, a su perfil como colonos, pero los que resultan adjudicatarios están allá abajo en el puntaje, porque se opta por la mejor oferta económica, otra cosa horrorosa del Instituto.

O sea, estamos hablando de 50 años después pero no juzgamos las equivocaciones de aquel directorio, del primero y el segundo directorio, ya en plena dictadura, que toman esa decisión por el artículo 127. Entonces quedan convencidos de que quedaron fuera de Colonización, y por eso, aunque se diga, como ayer dijo el ingeniero Berterreche, que en 2012 se dio la posibilidad a todo el mundo de ponerse al día porque había habido equivocaciones en los contratos de campo, etcétera, esta gente no se presentó porque ellos no se consideraban colonos, porque así había quedado estipulado ese día. Tengo la resolución acá.

(Aclaro que yo integré el directorio del que Berterreche era presidente, yo estaba por la oposición, y tengo buenas anécdotas de por qué se llegó a las inspecciones de propietarios en esa época.)

EC —¿Estamos hablando de la misma resolución? Porque ayer Berterreche agregó un argumento que no había circulado demasiado. Decía: “Pese a que Roque Moreira sostiene que no es colono, se acogió a beneficios de la Ley de Colonización”; se refería al año 74. ¿Estamos hablando de lo mismo?

JC —Del 75. Sí.

EC —Dice Berterreche: “En el año 74 se hizo una inspección similar a la del año pasado, se constató que el señor Roque Moreira no estaba en la fracción, no la explotaba, por lo cual se lo intimó en particular a vivir en el suelo, lo que establece la ley”. Entonces, según Berterreche, se le hace un nuevo contrato en el 75, pedido por él y su abogado, en el que se acoge a beneficios previstos en el artículo 127 de la ley 11.029. Y pregunta Berterreche: “¿Cómo puede ser que alguien esté fuera de la ley 11.029 si está beneficiado por un artículo de esta misma ley?”. ¿Qué responde sobre esta forma en que lo ve Berterreche?

JC —El artículo 127 es el que dice que aquellos colonos que no reúnen condiciones y el campo tampoco no tienen la obligación de cumplir como colonos. Ese fue el otro horror del Instituto de aquella época, porque para dejar fuera de la ley tiene que dar con cinco votos y en aquel momento el directorio tenía cuatro votos. Aparte de eso, tampoco se dice que en su calidad de militar –eso salió en la prensa también– el coronel Moreira había sido observado por comprar un campo de Colonización. Tanto es así que toma la decisión de ser el mejor oferente, la mejor plata, tanto él como el señor Zenón Montero –un conocido barraquero de Artigas–, que había sido observado por haber comprado un campo de Colonización. Tanto es así que la resolución se toma en ese sentido y hasta le informa al Comando General del Ejército, porque en esa época estábamos en plena dictadura. Volviendo al tema, después se da la oportunidad de inscribirse y esta gente no se inscribe.

EC —Pero eso que dice Berterreche de que en definitiva se acogió a disposiciones de la ley, ¿cómo lo discute usted?

JC —El directorio interpretó que por ese artículo quedaba fuera la administración del INC. Tanto es así –y a eso voy, yo estaba en el directorio entre 2010 y 2015– que en el primer directorio del gobierno del FA no había delegado de la oposición, eran todos del gobierno. En esa época se empezó a tomar decisiones drásticas de inspecciones de residencia en la zona. Me tocó visitar el departamento de Artigas, había cantidad de casos en la zona de Bella Unión –el departamento de Artigas tiene dos grandes colonias, la Colonia Frugoni, en la que son casi todos propietarios, y la Colonia Artigas, que tiene propietarios y arrendatarios–, visité personalmente a gente que estaba en jurídica por residencia y demás, y jamás en esa época se habló del inmueble 511. O sea que si nadie se anotó y la gente del 511 no se presentó a regularizar la situación, también hubo omisión del directorio de la época que no fue a inspeccionar ese campo. Recién en el año 2022 se inspecciona el campo.

Esas son las cosas que no se dicen de las actuaciones que se han hecho y que no se han hecho en este proceso. Por eso nosotros llegamos a esa conclusión del doctor De Brum de que realmente el inmueble 511 no reviste las condiciones para colonos y quienes están adentro no las tienen. Hay una persona que tiene 100 hectáreas y […] 6.000 hectáreas. Me parece muy poco serio que una persona que tiene 6.000 hectáreas tenga un campo de Colonización de 100 hectáreas. ¿Por qué? Porque no se consideraba de Colonización. Esta es la verdad del tema.

EC —Es un caso realmente entreverado, impresiona constatar que pueda haber dos lecturas tan diferentes. Ayer Berterreche decía que con su equipo estudió desde el año 68 hasta el 85 todas las actas del Instituto y que en ese relevamiento encontró 52 referencias a que el campo estuvo dentro de la ley 11.029.

JC —Sí, pero nunca hubo una denuncia aplicando la multa correspondiente –existe una multa muy fuerte para los colonos propietarios que no cumplen con las obligaciones–. Nunca pasó por el Instituto una investigación, una inspección y la aplicación de una multa. Sí a los otros colonos de la Colonia Frugoni y de la Colonia Artigas, donde hoy algunos tienen renta diferencial por no vivir en la colonia. Pero este caso, que está en el mismo departamento, nunca se tocó. Aparece sugestivamente en el año 2020 y ahora del 2020 al 2022, ahí sí por actuaciones políticas, y no nuestras. Porque si fuera por influencias políticas habríamos votado el año pasado que no eran colonos. Nosotros dimos toda la tranquilidad, toda la transparencia posible, habida y por haber, consultamos a todos los especialistas para este caso. Y entendemos que es justa la demanda que se hace en el sentido de que no son colonos, […], porque así lo entendió el directorio de la época, seguramente equivocadamente para algunos, pero para nosotros fue una decisión […]. Este campo no sirve para colonización, si esta gente se va, ¿a quién se la damos? Y aparte de eso, son colonos propietarios, ya pagaron, el campo ya es de ellos. ¿Qué pierde el Instituto al decir que no son colonos? ¿El patrimonio? El patrimonio es de esta gente. Lo mismo pasó con los artículos de la LUC, no tiene nada que ver una cosa con la otra.

EC —Berterreche sostiene que en estos últimos meses el directorio del Instituto fue objeto de presiones externas. “Esas presiones –dice- desembocaron en una especie de compromiso político en cuanto a que había que saldar el viernes pasado este asunto de forma favorable a Manini”. ¿Qué responde?

JC —En lo que me es personal, no tengo ninguna presión política de nada. Lo que nos pedían era que termináramos el tema de una vez por todas, porque llevábamos desde el 2020 hasta el 2022, prácticamente en diciembre, ya era por demás molesto el tema. Pero no por presiones políticas, les puede preguntar a los otros cuatro directores que integran la coalición, a nosotros nadie nos llamaba “tenés que levantar la mano de tal manera”, para nada. Si fuera por presiones políticas habríamos votado el año pasado y se habría terminado el tema, sabiendo todas las connotaciones que esto tenía.

EC —Otro elemento que estuvo en estos días en el tapete y que llamó la atención fue la renuncia de la secretaria general del instituto, Laura Pérez Calvetti, que se produjo justo antes de que se sacara la resolución del viernes pasado. Según trascendió, la dimisión fue luego de la contratación de la consulta con el doctor De Brum, ya que de alguna manera ella entendía que quedaba desautorizada. ¿Usted qué explicación da para esa dimisión, que fue aceptada por el directorio?

JC —No tengo esa lectura, porque la ingeniera Laura es un cargo de confianza nuestro, del Partido Nacional y de quien habla. Había habido un desgaste de la relación interna de la ingeniera, no solo con el directorio, sino también dentro del Instituto. La gerenta general es cargo de confianza, se perdió la confianza, le insinuamos que presentara la renuncia y aceptó. Nada más que eso.

EC —¿El desgaste venía por este caso?

JC —No, la gerencia general tiene que ver con todo el país, con las 13 regionales, más todas las gerencias del Instituto. Evidentemente eso lleva a tener en continuo roces dentro de la institución con las otras personas y en la toma de decisiones. Pero nada que ver, este era un tema más. Como este tema, tenemos cantidad todos los días, decisiones que a veces se demoran. La gerencia es la responsable de todos estos casos, pasan por sus manos, junto con un subgerente que la acompaña. Pero no fue solo por este tema. Es más, creo que en este tema le sacábamos la presión de encima porque era un tema propio del directorio y de la parte jurídica, la gerencia general no participaba.

EC —El senador Manini dijo el viernes: “Habría que rever de alguna forma el funcionamiento interno del Instituto”. Hablando con Montevideo Portal, puso el ejemplo de que no todas las personas pueden acceder a consultas de catedráticos a efectos de contrarrestar los argumentos que se presentan desde dentro del Instituto de Colonización. “Todos los catedráticos y expertos con un poco de conocimiento en el tema sabían que no era así lo de que éramos colonos. Es preocupante que el departamento jurídico del INC elaborara informes sesgados, que tenían clara influencia”. ¿Qué opina de este planteo de Manini?

JC —No estoy de acuerdo en lo medular, porque el ejemplo lo estamos dando nosotros. Puede […] la opinión de la jurídica, pero no es directamente influyente en el directorio y la prueba está que el directorio tomó una decisión diferente de la de jurídica. Es más, los cargos del INC, todos los cargos, son por concurso. O sea, nosotros tenemos un respeto muy fuerte por el tema de concurso y de cómo […], no andamos preguntando a los otros qué filiación política tienen. Es más, evidentemente el Instituto necesita más gente para trabajar. Administra 400.000 hectáreas, tiene 270 personas trabajando en todo el país, pero el gobierno, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no nos autoriza, cada tres que se van entra uno, y es por llamado a concurso. Lo que hacemos a veces es mover dentro del propio Instituto para tomar decisiones o para agilitar cosas.

Habrá que rever, yo reveo siempre, porque fui político, estuve en la Cámara de Representantes. La 11.029 ha tenido muchas modificaciones y cuando uno tiene la idea de que una ley no funciona –y más esta que tiene que ver con la tierra, con los pequeños productores familiares, que como dice el senador que no tienen posibilidades a veces de defenderse como se defienden otras personas–, cuando hay esa duda, hay que presentar en el Parlamento los proyectos y las modificaciones de la ley. Y ahí se va a discutir. Porque justamente, y en estos tiempos políticos que se nos están acercando, aparecen muchas opiniones, sobre el Instituto se habla todos los días.

EC —Hay todo un debate de fondo sobre el Instituto.

JC —Por supuesto.

EC —Pero ahora aparece esta parte, lo que plantea Manini se puede observar de esta otra manera: ¿qué explicación hay para el hecho de que tres informes internos del Instituto, uno de la inspección, uno de la asesoría letrada y otro de la sala de abogados, llegaran a conclusiones equivocadas, totalmente diferentes de las que vinieron de afuera, de estos dos catedráticos, que son las que después el directorio vota por mayoría? ¿Cómo se entiende que hubiera esa dificultad en la percepción de los servicios del propio Instituto?

JC —Porque los servicios del Instituto observaron el tema en el momento actual y no fueron al momento en que se cometió el error de comprar mal un campo. Cuando se toma un error de principio, es muy difícil para la institución solucionarlo y juzgar a directorios que ya no existen más, a técnicos que ya no existen más, que no están más.

EC —Una conclusión posible es que los servicios internos trabajan mal, porque no tuvieron en cuenta todo aquello otro.

JC —Nosotros le agregamos eso. Si trabajan mal… Ese informe que tiene el coronel Moreira sobre el origen de la compra del campo lo hizo el Instituto, lo contestó la parte jurídica. Ahí es donde dice –las hojas apenas se leen, las tengo en mis manos en este momento hablando con usted– claramente “el campo no sirve, la gente no tiene perfil de colono”; lo único que falta decir es “se cometió un error grave al comprar ese campo”. En aquel momento el Instituto no tenía fondos para andar comprando campos, tenía que venir la orden del Poder Ejecutivo de comprar un campo.

No me voy a poner a averiguar qué le pasaba al señor Hounie que decidió vender el campo justamente al INC y no ofrecerlo a un particular. Ni por qué el Instituto le hizo ese favor al señor Hounie, porque salió corriendo a venderlo al mejor oferente. Esos temas son delicados, pero también son políticos, ¿por qué se toman esas decisiones en ese momento? Hoy por hoy usamos el artículo 35, y si no, cuando queremos comprar un predio, le pedimos permiso al Poder Ejecutivo y queda muy claro por qué, con un informe técnico de fondo. Ahora, o hay un informe técnico que genera la compra del campo y después hay otro informe técnico, de los mismos técnicos o no, que dice “el campo no es apto”. Con esa dualidad de criterios es muy difícil para un directorio tomar una decisión como la que tomamos nosotros 50 años después, para un problema que se volvió político.

EC —¿Entonces no quedan cuestionados los servicios del instituto?

JC —Para nada. Seguimos con la misma confianza que tenemos en ellos. Es más, la asesora letrada es de confianza nuestra, ellos tienen los papeles arriba de la mesa y no van a estar juzgando 50 años para atrás lo que se hizo mal. Nosotros sí lo estamos juzgando, yo personalmente digo que fue un error, más bien un horror, de la gente de aquella época haber comprado ese campo.

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Transcripción: María Lila Ltaif

La entrada Entrevista del 7 de diciembre de 2022: Julio Cardozo se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

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