La Policía investiga el atentado que tuvo lugar en la madrugada de ayer contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ubicada en Cerro Largo y Andes, en Montevideo. Dos personas en moto dispararon varias veces contra el edificio y dejaron una piedra envuelta en un papel con una amenaza a la directora del INR, Ana Juanche: “Ojo por ojo, la próxima va pa’ tu auto con tu familia adentro”.

El Ministerio del Interior informó que trabajan en el caso la Dirección de Investigaciones y la Dirección General de Información e Inteligencia, y detalló que no hubo heridos.  

La principal hipótesis, según publicó el periodista Gabriel Pereyra y confirmaron fuentes policiales a distintos medios, es que se trata de una represalia por recientes traslados de jefes de bandas criminales dentro del ex Comcar.

No es la primera vez que esta oficina del INR es atacada: en 2024 también fue baleada y quedó una carta amenazante dirigida al entonces director Luis Mendoza. El nuevo atentado ocurre además un mes y medio después del ataque contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, por el que ya hay siete personas imputadas.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Nicolás Trajtenberg, Doctor en Criminología por la Universidad de Cambridge y que hoy se desempeña como profesor en la Universidad de Mánchester.

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La Tertulia de los Lunes con
Amira Fagúndez, Miguel Brechner,
Martín Bueno y Tomás Teijeiro

Este domingo a la madrugada se registró un atentado contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ubicada en el Centro de Montevideo.

A las 2:15 de la mañana, dos personas llegaron en moto al local y una de ellas disparó en reiteradas ocasiones contra el frente del edificio.

Antes de partir, lanzaron una piedra con una nota, que rompió el vidrio e ingresó al edificio. “Ojo por ojo la próxima va pa tu auto con tu familia adentro”, era el mensaje que los atacantes imprimieron en el papel, dirigido a la actual directora del INR, Ana Juanche.

En el lugar se encontraron seis vainas de calibre 9 milímetros. No hubo personas heridas.

Esta no es la primera vez que la sede central del INR es atacada.

En diciembre de 2024 ocurrió una situación muy similar: dos delincuentes arribaron en moto hasta el lugar, dispararon y arrojaron una piedra con una carta que decía: “A los presos se los respeta, señor Mendoza", dirigiéndose al entonces director de cárceles, Luis Mendoza.

En horas de la tarde, el ministro del Interior, Carlos Negro, informó que dispuso que la policía destine todos los recursos necesarios para dar con los responsables del ataque. En un posteo que publicó en redes sociales, Negro dio su total “respaldo y acompañamiento a la Directora del INR, Dra. Ana Juanche, quien desempeña una destacada gestión, distinguida por su compromiso y profesionalismo”. Ese mismo apoyo fue expresado por otras autoridades del gobierno, como el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; la vicepresidente Carolina Cosse.

De la oposición, el senador Sebastián Da Silva también manifestó su “solidaridad” con la directora del INR y otro tanto hizo el diputado nacionalista Pablo Abdala, que insistió en la urgencia de “aprobar la ley de descentralización del INR, para fortalecer la respuesta a nivel del sistema penitenciario, en todos los planos”.

Por último, el sindicato de la Guardia Republicana se solidarizó “profundamente con la Dirección del INR” y sentenció: “frente a estos hechos no hay lugar para divisiones. Por el contrario, debemos fortalecer la unidad entre quienes integramos el sistema de seguridad pública. Sólo unidos podremos enfrentar y derrotar este flagelo”.

Continúa en: Intendencia de Montevideo autorizó la colocación de una placa de homenaje a Ho Chi Minh en espacio público

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El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario Juan Miguel Petit visitó el jueves pasado la Unidad Nº20 del Instituto Nacional de Rehabilitación, la cárcel de Salto. Lo acompañó una comitiva que incluyó a Manuela Mutti y Valentina Rapela, diputadas por el Frente Amplio y el Partido Colorado, respectivamente.

Allí, desde las redes de la oficina del comisionado difundieron la reciente instalación de un infocentro con una importante inversión en esa unidad penitenciaria.

“Comunicarse es un derecho. Cárceles tambien, con razonabilidad y seguridad, deben abrirse a TICs del siglo XXI”, publicó el comisionado Petit en su cuenta de Twitter.

Para conocer más de esa inversión y de otras particularidades de la cárcel de Salto, En Perspectiva se comunicó con María de los Ángeles Machado, directora de la Unidad Nº20.

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Foto: Twitter de la oficina del comisionado parlamentario para el sistema carcelario

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La jueza penal Blanca Rieiro dictaminó la semana pasada que en un plazo de 15 días el Ministerio del Interior debe realojar a unos 150 presos sin condena que hoy están alojados en dos sectores del módulo 8 del exComcar, donde las condiciones de reclusión son “inhumanas y degradantes".

La decisión fue adoptada a raíz de un habeas corpus correctivo que presentó el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, junto con el abogado Juan Ceretta, de la clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de Universidad de la República.

El Ministerio del Interior ya anunció que va a apelar. Pero además el ministro Eduardo Bonomi cuestionó el “estilo” de Petit porque “transforma todo en noticia” lo cual es “un grave error”.  Según Bonomi, el anterior comisionado,  Alvaro Garcé, “entendía mejor su tarea” y tenía más efecto.

¿Cómo sigue esta historia? En Perspectiva lo conversó con el comisionado para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit.

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Durante la entrevista, Petit narró el caso de un joven preso con el que trabajó. Luego, en diálogo con la producción de En Perspectiva, lo contó en mayor detalle:

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La entrada Comisionado Petit: Habeas corpus sobre el Comcar “es una ventana abierta para impulsar cambios” y “un salvoconducto” para recursos, compras directas y contratación de personal se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Producción: Rodrigo Abelenda y Gastón González Napoli

El engaño era a tres bandas. Vía mensaje de texto, primero se hacía pasar por una mujer y mantenía conversaciones eróticas con hombres. Luego se hacía pasar por la madre de esa mujer, y les decía a los hombres que su hija era menor de edad. Los acusaba de pedofilia. Finalmente los llamaba por teléfono, y se hacía pasar por policía.

Entonces los extorsionaba, exigía dinero a cambio de no radicar la denuncia. Así el estafador consiguió unos dos millones de pesos, según confesó más tarde.

Pero había una vuelta más a los engaños: todas estas maniobras se hacían desde la cárcel de Las Rosas. El estafador estaba preso. Tenía varios teléfonos de contrabando dentro de la prisión.

Este caso, revelado a fines de diciembre de 2018, es un ejemplo de cómo circulan de hecho los celulares dentro de las cárceles uruguayas. También es una muestra de que los móviles pueden usarse con fines delictivos.

En este contexto, causaron polémica las declaraciones que realizó este lunes Alberto Gadea, el nuevo director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Hablando durante una conferencia de prensa, Gadea dijo que “habría que analizar” la posibilidad de que las personas privadas de libertad en Uruguay pudieran acceder a sus teléfonos celulares.

"El celular, más allá de sacar información, permite al privado de libertad comunicarse con su familia", afirmó Gadea. "Por lo tanto habría que analizar hasta dónde es malo o bueno el tener celular".

Al día siguiente, en declaraciones al programa Todo Pasa de Océano FM, la subdirectora del INR, Ana Juanche, afirmó que “la presencia de celulares [en las cárceles] es una realidad, como las drogas y las armas” y agregó que “no se puede combatir acá ni en ningún lugar del mundo”.

Críticas

La eventual autorización del uso de celulares a los presos provocó fuertes críticas de parte de referentes en seguridad de partidos de la oposición. En su cuenta de Twitter, el exfiscal Gustavo Zubía, integrante del Partido de la Gente, calificó esta posibilidad de un “absurdo”. “No pueden con su enemigo y claudican ante él”, escribió Zubía.

En Perspectiva se comunicó con el abogado Guillermo Maciel, director del Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuestas, vinculada con el Partido Colorado. Maciel habló en la misma línea que Zubía: dijo que liberar el ingreso de celulares a las prisiones uruguayas sería una medida “desacertada” e “irresponsable”.

Profundizó Maciel:

Demostrado está, más en nuestro país, cómo operan los delincuentes desde la cárcel con los celulares. Más allá de que se ha señalado varias veces desde el Ministerio del Interior que hay inhibidores, equipos que inhiben la señal de los celulares, eso parece haber fracasado o no está dando resultado.

Los reclusos operan no solo coordinando estafas, robos, venganza, sicariato, todo tipo de acciones delictivas desde la cárcel, sino que aparte se filman en reyertas, en motines, no solo tienen celulares sino acceso a internet. Las dos cosas son gravísimas.

Si a eso le sumamos el ingreso de drogas, el ingreso de armas, y los cortes carcelarios, tenemos un cóctel explosivo.

Desde el Partido Nacional, Álvaro Garcé, referente en seguridad del equipo de Luis Lacalle Pou y excomisionado parlamentario para el sistema carcelario, dijo sentirse preocupado por los comentarios del director del INR.

Dijo Garcé:

Las personas que están privadas de libertad tienen derecho a la comunicación con el exterior, eso no quiere decir que tengan derecho a la tenencia de celulares. Es una confusión demasiado grande y demasiado básica para quien se supone que tiene que tener el conocimiento para gestionar el sistema carcelario.

¿Los internos pueden tener celular en una chacra? Razonablemente sí, están en un régimen de confianza y parece sensato que se les habilite a tener una comunicación libre con el exterior. Ahora, si se trata de internos en un régimen de seguridad media o de máxima seguridad, me parece absurdo y además peligroso.

En todo caso, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar la comunicación con aparatos de teléfono en cantidad suficiente y en lugares accesibles; además, si lo que se busca es encauzar la comunicación y monitorearla, hay que advertir a quien realiza la comunicación, como me puede suceder a usted o a mí, que esta comunicación puede ser monitoreada. Con el debido respeto a los derechos individuales, se le advierta que puede ser sujeto de escrutinio, de control, esa comunicación.

Matices

Del otro lado, fuentes del sistema penitenciario aclararon a En Perspectiva que la mayoría de los celulares que se incautan dentro de las cárceles no están vinculados con crímenes, sino que suelen tener mensajes o llamadas a las familias. “El crimen organizado tiene otros mecanismos”, dijo una fuente que prefirió mantenerse en reserva.

El actual comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, explicó a la producción de En Perspectiva que muchas prisiones del país permiten la utilización de teléfonos siempre que estén registrados. Una de ellas es la Unidad Nº 6 de Punta de Rieles, un establecimiento de seguridad media con un régimen semi abierto.

Foto: Unidad Nº6 Punta de Rieles. Crédito: Rosario Castellanos

La experiencia en Punta Rieles

Allí hace cuatro años que todos los reclusos pueden contar con celular. El direc-tor de esa cárcel, Luis Parodi, dijo a En Perspectiva que había una demanda altísima para contar con los aparatos. Finalmente, luego de un año de intercam-bio con el INR y una serie de “acuerdos” con los reclusos sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con los celulares, se habilitó su uso.

Parodi dijo que el resultado ha sido “formidable”. “Es un vínculo con el exterior que alivia enormemente la interna. Es una válvula de escape. Tiene más venta-jas que desventajas. La disyuntiva es que el celular puede ser mal usado. ¿Es posible que puedan usarlo de forma correcta? Esa es la discusión que hay que dar. Yo creo que si”, preguntó.

"El no dar el celular implica, que el celular va a estar igual porque la necesidad de comunicación es impresionante. El preso aumenta su necesidad de comunicación, entonces empieza la tranza, la entrada por el costado y los líos internos porque cualquier celular que entre es una fuente de poder. Todo eso uno lo evita", dijo.

El director de Punta Rieles se mostró partidario de limitar el uso de celulares sólo en casos específicos, como el de los narcotraficantes o estafadores. “Hoy no hay celular para nadie. Y debería ser al revés. Celular para todos, con excepciones. Si se lo prohíbo a todo el mundo es como si yo le sacara el auto a todo el mundo porque hay accidentes de tránsito”, ejemplificó Parodi.

Además dijo que es posible permitir el uso de celulares sin cámaras o sin internet para utilizar WhatsApp. “A un gurí que está estudiando en la cárcel, ¿no le das una tablet, o un celular? A los que trabajan en la bloquera de Punta de Rieles y necesitan vender, ¿no les das un celular?”, preguntó Parodi.

El director sostuvo que los típicos casos de extorsión y de estafa a través de celulares en los que se fuerza a la familia de otro recluso a realizar un giro de dinero, se han hecho “históricamente” aunque no hubiera aparatos, muchas ve-ces durante las visitas de los familiares. “Por cinco reclusos que hagan estafas, no le vamos a prohibir el celular a todos”, sostuvo.

Cómo se procede

En Punta Rieles hasta ahora se han detectado algunos casos de extorsión, amenazas y violencia hacia las parejas de los reclusos. La cárcel no monitorea permanentemente los celulares. Cuando recibe una denuncia o tiene indicios de alguna actividad delictiva el caso se remite al Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario que puede solicitar a la Fiscalía la interceptación del celular.

Si se prueba un delito la persona puede ser expulsada de la cárcel de Punta Rieles, que tiene un régimen de seguridad media.

Según Parodi, en países nórdicos como Suecia y Finlandia los reclusos tienen acceso a celular. “La lógica es integrarlos a la vida sin ser ingenuos”, dijo.

“Si se piensa que no hay nada que hacer con los reclusos, hay que eliminar el celular. Es una cuestión ideológica. Pero si partimos de la base de que hay que bajar la reincidencia para aportar a la seguridad, hay que poner todo arriba de la mesa. Históricamente estuvieron encerrados. No hemos avanzado. Hace 200 años se le niega el celular ¿se ha avanzado? Posiblemente si se permite el uso de celular, pase algo. Pero ahora sin el celular, también está pasando” finalizó Parodi.

Petit opinó que los celulares suponen un tema complejo, ya que pueden jugar un rol positivo o negativo según el contexto. “Cuando hay caos, hasta un escarbadientes es peligroso”, dijo Petit a En Perspectiva. Según él, tanto los teléfonos como otros elementos tecnológicos pueden tener un valor educativo y de integración, siempre y cuando el sistema donde estén insertos sea sólido.

Petit manejó una condición que también comentó Gadea en su declaración original: que se implementen sistemas para auditar los celulares y comprobar que no se los esté empleando con fines delictivos.

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Foto principal: Unidad Nº1 de Punta de Rieles. Crédito: Presidencia

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La situación de las cárceles uruguayas sigue siendo foco de observaciones y de cuestionamientos. Esta vez, desde Naciones Unidas.

La semana pasada, en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU evaluó de manera crítica la situación de los establecimientos carcelarios y pidió instrumentar medidas que permitan mejorar las condiciones de reclusión.

El pronunciamiento se realizó durante el Examen Periódico Universal al que se sometió el Estado Uruguayo, donde delegados de los tres poderes del Estado dieron cuenta del panorama general de los Derechos Humanos en el país.

¿Cuáles fueron las observaciones? En Perspectiva lo habló con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit.

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Foto en Home: Wikimedia Commons

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Comunicado sobre muerte en Libertad
El pasado 10 de octubre informamos de la muerte de una persona privada de libertad ocurrida tras incidentes entre varios internos. En esa instancia -en base a información primaria- se consignó la misma en nuestro portal siendo el propio director del INR, Crio. Mayor Gonzalo Larrosa, quien aportara detalles de los supuestos hechos ocurridos.

En base a dicha información, se cosignó la muerte del interno Carlos Alberto Núñez Santos como producida a raíz de "heridas con corte carcelario", según expresó el propio Crio. Mayor Larrosa, en el informe.

Al mismo tiempo, se dio comienzo a una investigación interna (que aún continúa) -en paralelo con la que llevó adelante el Comisionado Parlamentario, Dr. Juan Miguel Petit- quien en la pasada jornada informara a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento, la verdadera causa de aquella muerte en base a informes forenses a los que tuvo acceso.

La noticia original fue despublicada de nuestro sitio web, las conclusiones de las investigaciones forenses que aportó el Comisionado y el detalle de los indicios periciados (comunicado a UNICOM por la dirección de Policía Científica), dan cuenta de la falsedad de aquella información primaria que indujo a error al propio Director del INR, fuente oficial de nuestro reporte.

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El martes 9 de octubre, a la noche, falleció en el Penal de Libertad el interno Carlos Alberto Núñez Santos, de 40 años. Según las autoridades penitenciarias y del Ministerio del Interior, la muerte fue producto de un corte punzante en la zona lumbar durante una reyerta entre presos en el celdario 1.

Un día después del incidente, el Ministerio del Interior informó en su sitio web a través de la Unidad de Comunicaciones (Unicom) que “al menos 10 internos generaron un tumulto, -entre ellos- comenzaron a romper sus celdarios y lograron salir a uno de los patios internos donde fueron controlados por los efectivos que debieron utilizar munición no letal y gas pimienta”.

El comunicado, que fue eliminado este viernes del portal del Ministerio, sostenía que “en el momento de ser normalizada la situación, pasadas las cero horas; uno de los participantes de la gresca, el interno Carlos Alberto Núñez Santos de 40 años, se entregó a las autoridades manifestando estar herido de un puntazo que recibió durante el incidente con sus pares”.

El informe sostiene que “de inmediato fue trasladado al centro de atención médica de la propia Unidad para brindarle los primeros auxilios, donde falleció minutos más tarde”.

Esa información estuvo acompañada de un audio del director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Gonzalo Larrosa, que da cuenta del procedimiento policial y que sostiene que se investiga la eventual responsabilidad de tres presos en la muerte de Núñez Santos.

Esta es la versión oficial del hecho, relatada por el director del Instituto Nacional de Rehabilitación a partir de los testimonios supuestamente recogidos de las autoridades y funcionarios del penal de Libertad. Pero hay otra versión; la versión que contiene el informe presentado ayer por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, el doctor Juan Miguel Petit, quien fue recibido por la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario del Parlamento.

¿Qué sostiene el informe? Que el interno Núñez Santos murió por la hemorragia ocasionada por el impacto de munición no letal disparada a corta distancia desde la escopeta de un custodia de la cárcel. Para profundizar en el tema, visitó el estudio de En Perspectiva el comisionado Petit.

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A raíz de la muerte de un recluso durante una reyerta entre dos grupos rivales, el fiscal en lo penal Gustavo Zubía pidió al juez Ricardo Miguez la apertura de un expediente para investigar las causas de la situación crítica en los módulos 8, 10 y 11 del Comcar.

En diálogo con En Perspectiva, Zubía dijo que en esos sectores el control estatal sobre la cárcel está en "retroceso", lo que implica que los reclusos se cambien constantemente de ubicación provocando situaciones de violencia. Según el fiscal, la investigación procura velar por el cumplimiento mínimo de las condiciones de reclusión. "Hoy la realidad es que la situación es crítica y de no respeto a Derechos Humanos básicos. No me sirve que haya programas de rehabilitación para algunos reclusos y que otros sigan viviendo en la época del paleolítico".

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Foto en Home: Recluso en un cárcel de Montevideo. Crédito: Ricardo Antúnez/adhoc Fotos

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