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La Tertulia de los Lunes con
Matías Bordaberry, Miguel Fernández Galeano, Juan Gabito y Lucía Zapata

El lunes pasado, sobre el final de la interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el secretario de estado reflexionó sobre los acuerdos y disensos del sistema político uruguayo y los desafíos que tiene el país. Y ayer lo destacó en redes sociales.

Oddone sostuvo que Uruguay es un gran país y que cada vez que debe viajar al exterior, ser funcionario uruguayo lo llena de orgullo. Señaló que eso es algo que hay que valorar, sin caer en la autocomplacencia.

Sin perjuicio de ello, el ministro advirtió que el país enfrenta viejos y nuevos desafíos. Entre los primeros, mencionó que Uruguay sigue enfrentando un crecimiento insuficiente para costear su modelo de convivencia, caracterizado por un entramado denso y complejo de compensaciones y protecciones que han hecho del Estado un agente grande, lento y a veces ineficaz e ineficiente.

Oddone explicó que ese entramado fue construido por el sistema político, que se convirtió en árbitro y articulador entre diferentes grupos organizados que alentaron la construcción de mecanismos para protegerse y obtener ventajas de una economía inestable como la que tuvo Uruguay hasta hace dos décadas.

Sin embargo, destacó que gracias a ese mismo Estado, Uruguay es referencia mundial en materia de energías renovables, conectividad en telecomunicaciones, infraestructura educativa digital y acceso universal a energía eléctrica y agua potable, y que además cuenta con un sistema de protección social que le permite exhibir los menores niveles de pobreza y desigualdad de la región.

Ahora, Oddone también identificó nuevos desafíos, como la pobreza infantil, la inseguridad y el aumento de las personas excluidas de la matriz de protección social, entre ellas la población carcelaria, las personas en situación de calle y quienes no tienen empleos formales a lo largo de muchos años de su vida.

Por eso, dijo el ministro, “es necesario concentrarse en lo importante”. Sostuvo que el mundo abre muchas oportunidades, pero que son oportunidades nuevas que requieren pensar, hacer y trabajar de forma muy distinta a la habitual, con foco en los objetivos y no en los instrumentos, sin perder de vista que el bienestar colectivo no surge de la simple agregación del bienestar de cada grupo.

Para finalizar invitó a una reflexión sobre el nivel del debate político: 

“La búsqueda de acuerdos y gestión civil civilizada del disenso es nuestro rol. Es normal, deseable y sano que tengamos diferencias, algunas de ellas importantes, pero lo que nos hace diferente en relación al mundo es la forma en la que manejamos esas diferencias. La indagación y la estridencia vacía nos distrae y nos debilita frente a la mayoría. 

Conclusión, y esto es una conclusión muy personal: 

Pertenezco a una generación, al igual que algunos senadores que están aquí presentes, que nació en la vida política sin libertades. La democracia que logramos recuperar en 1985 y que nos distingue en el mundo es nuestro principal activo. No desatendamos lo que los ciudadanos esperan de nosotros, que significa que los representemos, que tomamos decisiones para el provecho de la gente, que discrepemos y discutamos, que nos controlemos, pero que no nos perdamos el respeto y no dejemos de ser tolerantes. Muchas gracias”.

Viene de: Uruguay quedó eliminado del Mundial FIFA 2026

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La Tertulia de los Miércoles con
Pablo Díaz, Juan Erosa,
Patricia González y Elena Grauert

La interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, por la situación del INAU y la protección de menores a cargo del Estado, terminó anoche con críticas de la oposición a la gestión y respaldo del oficialismo.

Se presentaron cuatro mociones (del Frente Amplio, del Partido Nacional, de Cabildo Abierto y otra de Identidad Soberana), ninguna de las cuales alcanzó la mayoría para ser aprobada.  

El llamado fue impulsado por el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, a raíz de la muerte de menores bajo tutela del INAU.

El legislador planteó que el tema es tan grave que “no admite medias tintas”, así como tampoco “respuestas burocráticas de esas que se quedan en el papel y nunca llegan a la calle”.

En esa línea, Jisdonian subrayó la “desprotección absoluta” de quienes están bajo la órbita del Instituto. “Cuando el Estado asume la tutela de un menor, se convierte en su padre y en su madre. Y lo que estamos viendo hoy es un padre que abandona, una madre que no mira y una institución que falla”, reclamó.

En conferencia de prensa, la oposición señaló que las respuestas fueron insuficientes y que se retiraron con las mismas dudas. Jisdonian afirmó que se respondió menos de un tercio de las preguntas y reclamó explicaciones sobre responsabilidades y fallas en el sistema.

“Nos vamos con esas mismas interrogantes que teníamos al momento de empezar. Teniendo la expectativa de poder construir entre todos un sistema que funcione mejor, pero sobre todo con la responsabilidad que tenemos, como legisladores y como uruguayos, de exigir que esas infancias y esos adolescentes bajo tutela del Estado tengan el tratamiento que merecen y al que se comprometió el Estado al momento en que se hizo cargo de esa tutela y ese cuidado”.

Civila, en tanto, reafirmó el respaldo del Poder Ejecutivo al directorio del INAU y cuestionó el tono de la interpelación. Sostuvo que algunos planteos no fueron constructivos y defendió la necesidad de abordar el tema con mayor rigurosidad.

“Lamentablemente en el curso de la interpelación también hemos escuchado planteos que no son muy constructivos, que en muchos casos ni siquiera parten de buena información respecto de los temas de los que estamos conversando, incluso números que se han puesto de manifiesto en las propias intervenciones, en los comentarios públicos que no se condicen con la realidad, pero sobre todo conceptualmente aspectos que nos parece que exigen mucho más rigor, mucho más de estudio porque estos son temas muy serios”.

Las autoridades del INAU reconocieron que existen problemas estructurales y señalaron que trabajan en cambios, como el cierre del centro de breve estadía y la implementación de nuevos dispositivos. También indicaron que varias muertes están bajo investigación y que no corresponde adelantar conclusiones.

La presidenta del organismo, Claudia Romero, se refirió al rumbo de la gestión y a la apuesta por reducir la internación de niños, a partir de la decisión de poner foco en otras estrategias: 

“Hacia eso vamos y hacia eso seguimos: a un modelo de erradicación de la internación de cero a tres años en Montevideo y en el interior del país, pero también a un modelo de no internación porque necesitamos desinternar pero también que no ingresen al sistema de protección especial. Necesitamos trabajar más juntas para que la judicialización de la situación de las niñas no permitan que entren en el sistema de protección especial. Estamos trabajando en fortalecer el acogimiento familiar. Aumentamos 160 cupos para niños, niñas y adolescentes que puedan vivir en familia. Estamos trabajando en el egreso de los adolescentes a través de oportunidades laborales y habitacionales”.

Continúa en: Proliferación de investigadoras

Primera exportación uruguaya a Europa en el marco del acuerdo UE-Mercosur, caso Adorni… y  otros telegramas

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Foto: MEC

La interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, finalizó anoche sin que ninguna de las cuatro mociones presentadas alcanzara mayoría en la Cámara de Diputados.

El llamado a sala, que se extendió durante casi nueve horas, fue el quinto y último del año. Mahía fue convocado para explicar el fallo de la Jutep sobre la situación de Álvaro Danza, quien entre marzo y noviembre mantuvo actividades profesionales en mutualistas privadas mientras ocupaba el cargo de presidente de ASSE, función en la que aún se desempeña. La oposición sostiene que esa situación violó el artículo 200 de la Constitución, además de otras normas legales. El ministro fue citado porque, si bien la Jutep tiene independencia técnica, se vincula institucionalmente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.

El eje del debate estuvo en la resolución adoptada por la Jutep el 6 de noviembre, que concluyó que no existió incompatibilidad, y fue aprobada con los votos de los dos representantes del oficialismo en la Junta, mientras que el director por la oposición votó en contra.

El miembro interpelante, el diputado nacionalista Pablo Abdala, calificó el caso como “institucionalmente grave” y sostuvo que existió “abuso de poder”. Acusó a las autoridades de la Jutep de actuar en “connivencia” con el gobierno para “apañar” a Danza, cuestionó que se desestimara sin fundamentos el informe jurídico interno del organismo y definió la resolución como “un verdadero fraude”. También reclamó la renuncia de la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris.

Mahía, en tanto, rechazó de plano esas acusaciones. Explicó que la Jutep es un servicio descentralizado sin subordinación jerárquica al Poder Ejecutivo y que el rol del Ministerio de Educación y Cultura se limita a un control de legalidad. Afirmó que el dictamen de la Jutep estuvo dentro de sus competencias, que no hubo injerencia ni presión del gobierno y que, aunque pueda ser discutible desde el punto de vista técnico, fue legítimo. 

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris.

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La Tertulia de los Miércoles con
Miguel Fernández Galeano, Juan Gabito, Elena Grauert y Daoiz Uriarte

La interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, finalizó anoche sin que ninguna de las cuatro mociones presentadas alcanzara mayoría en la Cámara de Diputados.

La moción del Frente Amplio, que consideraba satisfactorias las explicaciones del ministro y entendía que la Jutep actuó dentro de sus competencias legales, fue rechazada por un margen estrecho (48 votos afirmativos y 50 negativos).

Tampoco prosperó la moción presentada por legisladores del Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, que calificaba de insatisfactorias las respuestas de Mahía, cuestionaba la ausencia en sala de las autoridades de la Jutep y reclamaba la remoción de su presidenta (47 afirmativos y 51 negativos).

En el caso de Cabildo Abierto, la moción fue votada por partes y también resultó rechazada. El planteo contra la no comparecencia de la Jutep no obtuvo respaldo (38 votos afirmativos y 60 negativos), al igual que el llamado de atención al ministro por la resolución del caso Danza (31 a 67).

Otras propuestas, como solicitar la renuncia de los directores de la Junta o la derogación del organismo, fueron ampliamente descartadas.

La moción de Identidad Soberana, también desglosada, consideró insatisfactorias las declaraciones del ministro (49 votos a favor y 49 en contra) y propuso la disolución de la Jutep, iniciativa que solo reunió un apoyo mínimo (3 afirmativos y 95 negativos).

El llamado a sala, que se extendió durante casi nueve horas, fue el quinto y último del año. Mahía fue convocado para explicar el fallo de la Jutep sobre la situación de Álvaro Danza, quien entre marzo y noviembre mantuvo actividades profesionales en mutualistas privadas mientras ocupaba el cargo de presidente de ASSE, función en la que aún se desempeña.

La oposición sostiene que esa situación violó el artículo 200 de la Constitución, además de otras normas legales. El ministro fue citado porque, si bien la Jutep tiene independencia técnica, se vincula institucionalmente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.

El eje del debate estuvo en la resolución adoptada por la Jutep el 6 de noviembre, que concluyó que no existió incompatibilidad, y fue aprobada con los votos de los dos representantes del oficialismo en la Junta, mientras que el director por la oposición votó en contra.

El miembro interpelante, el diputado nacionalista Pablo Abdala, calificó el caso como “institucionalmente grave” y sostuvo que existió “abuso de poder”. Acusó a las autoridades de la Jutep de actuar en “connivencia” con el gobierno para “apañar” a Danza, cuestionó que se desestimara sin fundamentos el informe jurídico interno del organismo y definió la resolución como “un verdadero fraude”. También reclamó la renuncia de la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris.

Mahía, en tanto, rechazó de plano esas acusaciones. Explicó que la Jutep es un servicio descentralizado sin subordinación jerárquica al Poder Ejecutivo y que el rol del Ministerio de Educación y Cultura se limita a un control de legalidad. Afirmó que el dictamen de la Jutep estuvo dentro de sus competencias, que no hubo injerencia ni presión del gobierno y que, aunque pueda ser discutible desde el punto de vista técnico, fue legítimo. 

El ministro sostuvo además que los informes jurídicos de los servicios de ese organismo no son vinculantes y que el directorio de la Jutep puede apartarse de ellos con fundamentos. Por último, consideró un “exabrupto” hablar de totalitarismo, como afirmó Abdala, y advirtió sobre el riesgo de deslegitimar a los organismos de control por desacuerdos técnicos o políticos.

Continúa en: 8% de los activos habilitados votaron en las Elecciones de la Caja Profesional: ¿A qué se debe la baja participación?

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Tras la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el miércoles pasado, por el caso Cardama, la empresa que tiene a su cargo la construcción de dos patrullas océanicas para la Armada Nacional, el oficialismo insiste en que faltó discutir el tema de fondo: el contrato, la garantía (que sería trucha) y el presunto intento de estafar al Estado uruguayo.

Ayer entrevistamos al senador Daniel Caggiani, del MPP, coordinador de la bancada del Frente Amplio en la cámara alta.

Dimos paso a la otra campana: Emiliano Cotelo conversó con quien llevó adelante la interpelación, el senador Javier García, ex Ministro de Defensa Nacional y líder de la lista 40 del Partido Nacional.

Este miércoles tuvo lugar el llamado a la sala de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, impulsado por el senador nacionalista Javier García a raíz de la decisión del gobierno de Yamandú Orsi, anunciada el 22 de octubre, de iniciar acciones a efectos de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras océanicas destinadas a la Armada Nacional.

Como ustedes recordarán, aquella resolución se adoptó cuando Cardama no cumplió en fecha con la renovación de una de las garantías y además se detectó que el aval original era aparentemente falso, otorgado por una “empresa de papel” que poco después sería disuelta por las autoridades del Reino Unido.

La interpelación culminó con una declaración que consideró satisfactorias las explicaciones de la jerarca, que fue aprobada solo con los votos del Frente Amplio.

En ese texto el Senado expresó su “respaldo” a Lazo y su “conformidad” con lo expuesto en sala por las autoridades del Ministerio de Defensa, destacando la disposición a brindar información y asumir responsabilidades institucionales. Además, se apoyó al presidente Yamandú Orsi en las acciones “para la defensa del Estado uruguayo ante las presuntas maniobras fraudulentas” en torno al contrato con Cardama, y se dejó abierta la posibilidad de seguir investigando el proceso de compra.

La oposición había promovido dos mociones que no alcanzaron mayoría: una declaraba “insatisfactorias y peligrosas” las respuestas de la ministra y advertía por riesgos para la soberanía, la seguridad y el patrimonio del Estado; la otra proponía crear una comisión especial integrada por senadores de todos los partidos para acompañar las actuaciones del Estado en relación con Cardama, con el objetivo de “velar por el interés superior del Uruguay”.

¿Qué dejó esta instancia parlamentaria? ¿Cómo sigue esta discusión?

La entrada Caso Cardama: Javier García (PN) afirma que en la interpelación a la ministra Lazo “más importante que el resultado, era la información que se conociera” se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, fue interpelada ayer por el senador blanco Javier García por el anuncio del gobierno, del 23 de octubre, de que se iniciarían acciones para rescindir el contrato con el astillero español Cardama, la empresa española que tiene a su cargo la construcción de dos patrullas oceánicas OPV para la Armada Nacional.

Lazo dijo que el gobierno al día de hoy no tiene decidido si va a romper el contrato.

El interpelante, exministro de Defensa, Javier García, aseguró que el Frente Amplio boicoteó todo el proceso de compra de las OPV desarrollado en la administración porque prefería buques de origen chino.

¿Qué dejó la interpelación a la ministra? ¿Qué implicaron los cruces políticos en el debate con acusaciones de mala administración? ¿Cómo seguirá el proceso de la construcción de los buques?

Emiliano Cotelo conversó con el senador Daniel Caggiani, coordinador de la bancada del Frente Amplio, para tener la visión del oficialismo sobre esta interpelación.

La interpelación a la ministra de Defensa Nacional en el Senado este miércoles dio a conocer nuevos elementos sobre el caso Cardama.

Con algunos cruces fuertes y acusaciones, oficialismo y oposición discutieron durante más de diez horas acerca de todo el proceso de compra de las patrulleras oceánicas y en particular el contrato que se firmó en gobierno anterior con el astillero español y la exigencia de las garantías del Estado uruguayo que llevaron al Poder Ejecutivo actual a analizar la rescición del acuerdo de compra.

¿Qué dejó el llamado a sala a nivel político? ¿Qué acciones parlamentarias pueden derivarse de los nuevos elementos expuestos en la sesión? ¿Cómo evalúa el oficialismo el tono político de la discusión?

La entrada Caso Cardama: Daniel Caggiani (FA) afirma que tras interpelación a la ministra Lazo quedó evidenciado que “funcionarios políticos junto con actores empresariales hicieron una trama para defraudar al estado uruguayo” se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

La Tertulia de los Jueves con
Cecilia Eguiluz, Miguel Fernández Galeano, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle

La interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada Nacional, culminó anoche con una declaración que respalda a la jerarca y al Poder Ejecutivo, aprobada solo con los votos del Frente Amplio. Quedaron por el camino las dos mociones que había presentado la oposición.

En su moción, el oficialismo expresó su “respaldo” a Lazo y su “conformidad” con lo expuesto en sala por las autoridades del Ministerio de Defensa, destacando la disposición a brindar información y asumir responsabilidades institucionales. Además, apoyó al presidente Yamandú Orsi en las acciones “para la defensa del Estado uruguayo ante las presuntas maniobras fraudulentas” en torno al contrato con Cardama, y dejó abierta la posibilidad de seguir investigando el proceso de compra.

La oposición, en cambio, promovió dos mociones que no alcanzaron mayoría: una declaraba “insatisfactorias y peligrosas” las respuestas de la ministra y advertía por riesgos para la soberanía, la seguridad y el patrimonio del Estado; la otra proponía crear una comisión especial integrada por senadores del oficialismo y la oposición para acompañar —con carácter de representación parlamentaria— las actuaciones del Estado en relación con Cardama, con el objetivo de “velar por el interés superior del Uruguay”.

El miembro interpelante fue el senador nacionalista Javier García, quien como ministro de Defensa en el gobierno de Luis Lacalle Pou firmó el contrato con Cardama en diciembre de 2023.

García abrió su exposición defendiendo la necesidad de que la Armada Nacional cuente con patrulleras oceánicas modernas y sostuvo que el debate de fondo es “la seguridad del Uruguay” frente al crimen organizado. Afirmó que hoy la Armada “no tiene la capacidad” para custodiar el mar territorial y acusó al gobierno de impulsar un “proceso de desmantelamiento” de las Fuerzas Armadas por motivos “ideológicos”.

Continúa en: Discurso de Orsi en almuerzo de ADM: Sobre sus “tropiezos discursivos”

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La Tertulia de los Martes con
Gonzalo Baroni, Juan Erosa,
Victoria Pasquet y Lucía Zapata

La interpelación en la Cámara de Diputados a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por la situación del presidente de ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado), Álvaro Danza, culminó pasada la medianoche sin que prosperara ninguna de las cuatro mociones puestas a consideración.

Eso llevó a que el oficialismo sostuviera que el planteo más votado había sido el del Frente Amplio, que respaldaba la actuación de Lustemberg, mientras que desde el Partido Nacional y Colorado se insistiera en que la ministra se retiraba sin una mayoría que la respaldara. 

El llamado a sala, que comenzó después de las 10 de la mañana, se centró en las eventuales incompatibilidades entre el cargo de Danza al frente del prestador público de salud y su trabajo en tres mutualistas privadas, a las que renunció recién a comienzos de noviembre. 

El miembro interpelante, el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, sostuvo que entre marzo y noviembre Danza violó el artículo 200 de la Constitución y el artículo 9 de la ley de creación de ASSE, al ejercer simultáneamente la presidencia del organismo y tareas asistenciales en tres mutualistas privadas.

Agregó que, según la declaración de ingresos presentada por Danza ante la Jutep, la remuneración que recibía en la Asociación Española era entre 400% y 500% superior a la de un médico consultante, por lo que en los hechos habría seguido actuando como jefe de servicio. Sobre esa base, planteó que podría haber incurrido en los delitos previstos en los artículos 239 y 240 del Código Penal, que castigan la falsificación ideológica y la alteración de documentos, y que también podrían haberse vulnerado normas del Código de Ética en la Función Pública.

En particular, Sotelo cuestionó que Danza hubiera intervenido en la rescisión del contrato de ASSE con el Círculo Católico: 

"Tampoco explicaron cómo fue posible que el presidente de ASSE, siendo al mismo tiempo empleado de tres prestadores privados de salud, haya incurrido en un ilícito como fue rescindir el convenio con el Círculo Católico, siendo como decía que estaba inhibido por el Código de Ética en la función pública de estar tomando decisiones en las que claramente se perjudicaba un competidor de las empresas para las que trabajaba".

Lustemberg defendió la designación y la actuación de Danza, asegurando que él informó “de manera completa y acabada” toda su situación laboral antes de asumir y que “no hubo ningún ocultamiento”. Destacó un informe del estudio Delpiazzo y, sobre todo, el pronunciamiento de la Jutep, que por mayoría entendió que no había incompatibilidad entre sus funciones públicas y privadas.

La ministra indicó que el artículo 200 de la Constitución no debe aplicarse de forma automática o preventiva, sino atendiendo al modo concreto en que se ejerce la función y a la existencia o no de beneficios personales.

Sostuvo que Danza actuaba como médico consultante —una tarea limitada a la atención de pacientes complejos derivados por otros internistas— y que en esas mutualistas no tenía poder de decisión ni de gestión.

Además, afirmó que, como presidente de ASSE, no intervino en contrataciones relativas a los prestadores en los que trabajaba ni en actos que generaran conflictos de interés. Denunció además que tanto ella como el jerarca fueron objeto de “feroces y desproporcionados ataques” y aseguró que Danza cuenta con “todas las credenciales éticas y profesionales” para ocupar el cargo.

"He resaltado el extenso currículum de Danza, que junto con sus condiciones humanas, han determinado mi decisión y convicción de que es la mejor persona que puede gestionar y cumplir con los objetivos que nos hemos trazado en la gestión. Nos queda la tranquilidad, y eso se lo digo a ustedes y a la ciudadanía que representan, de haber actuado con coherencia y aplomo, a pesar de los feroces y desproporcionados ataques que hemos recibido”.

Continúa en: PIT CNT presentó propuesta para gravar al 1% más rico

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La interpelación en la Cámara de Diputados a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por la situación del presidente de ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado), Álvaro Danza, culminó pasada la medianoche sin que prosperara ninguna de las cuatro mociones puestas a consideración.

Eso llevó a que el oficialismo sostuviera que el planteo más votado había sido el del Frente Amplio, que respaldaba la actuación de Lustemberg, mientras que desde el Partido Nacional y Colorado se insistiera en que la ministra se retiraba sin una mayoría que la respaldara. 

El llamado a sala, que comenzó después de las 10 de la mañana, se centró en las eventuales incompatibilidades entre el cargo de Danza al frente del prestador público de salud y su trabajo en tres mutualistas privadas, a las que renunció recién a comienzos de noviembre.

Sobre el final de la sesión el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente presentaron una moción conjunta que declaraba “insatisfactorias” las explicaciones de Lustemberg, sostenía que había quedado probado que Danza violó de forma continua la Constitución, la ley orgánica de ASSE y normas de ética pública, y reclamaba su renuncia por considerar que su permanencia en el cargo supone un “problema institucional” y que su credibilidad como figura pública “se ha agotado definitivamente”. Esa moción obtuvo 46 votos en 98 diputados presente en sala.  

El Frente Amplio, en cambio, promovió un texto de respaldo a la ministra y al presidente de ASSE, basado en la resolución de la Jutep y en el hecho de que Danza ya dejó sus cargos en el sector privado, por lo que, a su juicio, la interpelación “carecería hoy de objeto”. Esa moción obtuvo 48 votos en 98. 

Cabildo Abierto optó por una tercera postura, con una moción propia que obtuvo solo dos sufragios. Sus diputados recordaron que Danza renunció a sus actividades en mutualistas privadas “tal como lo solicitó la oposición” y sostuvieron que, en esas condiciones, la interpelación perdía sentido. Reclamaron que el jerarca tenga dedicación total a ASSE, solicitaron al gobierno extremar cuidados antes de futuros nombramientos, pero remarcaron que el pedido de renuncia realizado por la oposición “no tiene efecto jurídico vinculante” y que el desenlace político dependerá de la decisión del Poder Ejecutivo.

Por su parte, Identidad Soberana, de Gustavo Salle, promovió una cuarta moción que, en lo medular, proponía el pase de este caso a la justicia penal. Esta moción terminó consiguiendo 16 votos. 

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con los diputados, Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, y Alejandro Zavala, del Frente Amplio.

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