EN PERSPECTIVA
Miércoles 13.12.2017, 08:35

EMILIANO COTELO (EC) —Ayer, horas después de que el Frente Amplio (FA) anunciara que había alcanzado un acuerdo interno para modificar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de solución para los cincuentones, hubo una conferencia de prensa en la que blancos, colorados e independientes presentaron su propia alternativa en esta materia.

La iniciativa procura reflotar un anteproyecto elaborado en 2012 por el Banco de Previsión Social (BPS) para que se les reconozca a los cincuentones los aportes anteriores a la vigencia de la reforma de la seguridad social que se implementó en 1996.

Estamos con el diputado del Partido Nacional Jaime Trobo.

¿Cómo siguió desde su lugar, desde su posición, estas discusiones sobre los cincuentones? Dio la impresión de que fue el típico tema en que el FA hacía a la vez de oficialismo y oposición –Javier Miranda lo describió en esos términos–, que todo dependía en definitiva de cómo se negociara allí, dentro del oficialismo. Ustedes casi no pudieron incidir…

JAIME TROBO (JT) —Lamentablemente no, en un tema en que la opinión del cuerpo político en general habría sido realmente muy importante. Porque es importante para la vida del país, no por el público que atiende, que sin duda alguna es limitado, sin perjuicio de que son personas y por tanto es importante tenerlas en cuenta, sino porque trata de un tema de seguridad social y que afecta las finanzas públicas. Desde el primer momento, cuando el ministro Murro fue a la Comisión de Seguridad Social a decir que el proyecto debía aprobarse poco menos que sobre tablas y sin ningún tipo de información, dijimos que queríamos profundizar.

Y precisamente, de los planteos de la oposición que supusieron convocar a la Comisión de Seguridad Social –que después se integró con la Comisión de Hacienda– técnicos independientes que analizaron el tema, surgieron las alarmas más rotundas que fueron confirmadas incluso por análisis que debió hacer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la comisión. Si no fuera porque el doctor Forteza o el doctor Saldain o el economista Davrieux o el contador Camacho advirtieron que la propuesta de solución original tenía un costo fenomenal, quizás este debate no se hubiera dado, porque la opinión pública, la prensa, todos los analistas económicos llegaron a profundizar sobre el tema a partir de los volúmenes de recursos que la solución original exigía que se destinaran durante los próximos 25, 30 años para resolver un problema localizado en un grupo de personas.

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¿En qué consisten estas iniciativas? De esto conversamos con el diputado del MPP Alejandro Sánchez, uno de los negociadores del oficialismo. Y con el diputado nacionalista Jaime Trobo, quien ha participado en la discusión por la oposición.

Transcripción de la entrevista con el diputado Alejandro Sánchez

Transcripción de la entrevista con el diputado Jaime Trobo

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Trobo indicó que en la convocatoria a la Comsión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, quiere saber además cuáles son las debilidades que enfrentan los lácteos uruguayos en caso de tener que colocar su producción en otros mercados.

En conferencia de prensa ayer de tarde, luego de la reunión que mantuvo con su par brasileño, Aguerre declaró que la reglamentación del Mercosur no permite cuotificaciones unilaterales, sino que en caso de querer establecer una cuotificación, las conversaciones deberían formalizarse entre los sectores privados de ambos países.

Crédito imagen Home: 71.uy

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Durante el debate, el canciller anunció formalmente que Uruguay aceptó una invitación del presidente Nicolás Maduro, recibida el 2 de mayo, a acompañar junto con otros países “una posibilidad de diálogo entre la oposición y el Gobierno” de la nación caribeña. Esos otros países son Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y San Vicente y las Granadinas. Para conocer qué conclusiones saca la oposición de esta interpelación conversamos con el diputado Jaime Trobo.

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Crédito Foto: Parlamento del Uruguay

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Martes 01.11.2016, hora 8.50

EMILIANO COTELO (EC) —Ayer en la Cámara de Representantes pasó lo que se esperaba que ocurriera: no se aprobó la formación de una comisión investigadora parlamentaria sobre los “negocios que se han realizado desde Uruguay con la República Bolivariana de Venezuela”.

El Partido Nacional (PN) había solicitado esa comisión ante la sospecha de que el gobierno de José Mujica favoreció a personas allegadas al Movimiento de Participación Popular (MPP) y a una empresa en particular, Aire Fresco SA, para que intermediara en negocios millonarios entre empresas privadas uruguayas y la administración chavista.

Vamos a ocuparnos del debate con dos puntos de vista. En primer lugar, dialogamos con quien impulsaba el trabajo de investigación, vamos a conocer los argumentos del diputado Jaime Trobo, del PN.

La participación de la empresa Aire Fresco en los negocios entre Uruguay y Venezuela está siendo actualmente investigada por la justicia a partir de una denuncia que presentó el año pasado el abogado penalista Gustavo Salle. De hecho, está previsto que en las próximas semanas algunos de los principales directivos de Aire Fresco SA sean interrogados por la jueza María Helena Mainard, especializada en crimen organizado. ¿Por qué entendía usted, entonces, que era necesario generar, además, una comisión investigadora en la Cámara de Representantes?

JAIME TROBO (JT) —Esa denuncia del doctor Salle, que es notorio que está radicada en la justicia de Crimen Organizado, resulta de nuestra preocupación, y planteé en la Cámara de Representantes, dos semanas antes de la presentación de esa denuncia. Más precisamente en el mes de julio del año pasado, cuando se analizaba el proyecto de ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a prestarle o a donarle o a darle a Ancap unos US$ 270 millones para que Ancap a su vez les pagara a los productores que le habían vendido a Venezuela. De ese modo se buscaba satisfacer la necesidad de que Venezuela se hiciera cargo de sus deudas, en un momento además de una crisis importante para el sector lechero por una cuestión de precios internacionales, etcétera. En aquella ocasión teníamos identificada a la empresa Aire Fresco, porque nos había llegado la versión de que para hacer negocios con Venezuela había que hablar con ella.

Después de esa denuncia judicial seguimos trabajando a nivel parlamentario, buscando información. Yo solicité un pedido de informes a la cancillería para conocer los antecedentes del acuerdo por el cual Aire Fresco virtualmente se constituía en un actor principal en las negociaciones con Venezuela. Fuimos recogiendo material que concluyó en la formulación de una denuncia a nivel parlamentario con el propósito de que el Parlamento investigara, de acuerdo a lo que establecen la Constitución y la ley en cuanto a sus competencias, y la ley de comisiones investigadoras, que establece que el Parlamento puede crear comisiones de investigación con fines legislativos o con fines investigativos propiamente dichos.

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• Daniel Caggiani (MPP): Diputados del PN le hicieron “mal al Parlamento” al generar un “manto de sospecha” sobre los negocios con Venezuela sin ninguna prueba

Transcripción de la entrevista con el diputado Jaime Trobo (Todos, PN)

Ayer en la Cámara de Representantes pasó lo que se esperaba que ocurriera: no sé aprobó la formación de una comisión investigadora parlamentaria sobre los “negocios que se han realizado desde Uruguay con la República Bolivariana de Venezuela”.

El Partido Nacional había solicitado esa comisión ante la sospecha de que el Gobierno de José Mujica favoreció a personas allegadas al MPP y a una empresa en particular, Aire Fresco S.A., para que intermediaran en negocios millonarios entre empresas privadas uruguayas y la administración chavista.

Para conocer los argumentos de quienes pretendían investigar estos hechos, en la entrevista central de En Perspectiva conversamos con el diputado de Todos, Partido Nacional, Jaime Trobo, quien presentó la denuncia para que sea formada la comisión investigadora.

Transcripción de la entrevista con el diputado Jaime Trobo (Todos, PN)

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EN PERSPECTIVA
Viernes 08.01.2016, hora 8.17

ROMINA ANDRIOLI (RA) —Montevideo y Caracas están separadas por más de 5.000 km de distancia; si se traza una línea recta entre una ciudad y otra, atravesará cuatro países. Un recorrido largo, que, sin embargo, se hace corto si pensamos en el espacio que Venezuela ocupa frecuentemente en el debate político uruguayo.

En los últimos días la relación entre Uruguay y Venezuela ha vuelto a ser noticia. Ahora fue el senador Luis Lacalle Pou quien anunció que propondrá al Partido Nacional (PN) investigar los negocios que ha realizado nuestro país con el gobierno de Nicolás Maduro.

Lacalle informó en su audición radial partidaria que ya hay dos legisladores blancos trabajando en este tema. Uno de ellos es el diputado Jaime Trobo, del sector Todos Hacia Adelante, a quien recibimos esta mañana.

NICOLÁS BATALLA (NB) —Comencemos por los anuncios que hizo el senador Lacalle Pou el miércoles. ¿Qué es lo que se propone investigar y concretamente cuáles son los negocios que ustedes estiman que deben ser analizados?

JAIME TROBO (JT) —En general todos los negocios que se han realizado con Venezuela en los últimos tiempos, a partir de aquel denominado Fondo Bolívar-Artigas que se creó en su momento durante el gobierno de Chávez en la primera etapa. Y obviamente algunos que por sus pautas y características han ofrecido [flancos] importantes sobre los que no hay información transparente y sobre los que nosotros estamos recibiendo detalles, informaciones y suposiciones que hacen necesaria una investigación para conocer su importancia, teniendo en cuenta que los volúmenes de recursos que están aplicados a esos negocios son desproporcionados para lo que es la habitualidad. Datos de decenas o centenas de millones de dólares en negocios con petróleo que a su vez se vinculan con negocios con otro tipo productos que se exportan de Uruguay y con donaciones y destinos de esas donaciones. En fin, muchos aspectos de una relación que ha sido más que nada dominada por la ideología y que se materializó en cierta medida a través de una relación económica que no se conoce con propiedad.

Quiero señalar que no es la primera vez que nos ocupamos de este tema. El tema de las relaciones económicas con Venezuela tiene para nosotros, en lo que respecta al acopio de material, una larga historia ya y un par de hitos durante el año 2015. Uno de ellos tuvo que ver cuando planteamos la investigación sobre los recursos destinados por el Fondes (Fondo de Desarrollo) a ciertas empresas que tienen vinculación con negocios con Venezuela que no han podido ni devolver ni comprometerse con la devolución de los créditos que les fueron otorgados oportunamente. En su momento planteamos que no hubo interés en investigar del partido de gobierno ni del Frente Ampao (FA) y quedamos acopiando material para poder volver sobre esa investigación.

Luego, cuando se solicitó al Parlamento la autorización para que el gobierno, el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le prestara a Ancap una cifra cercana a los US$ 300 millones para que esta diera satisfacción a una deuda que tenía con Venezuela y se planteó públicamente que eso iba a significar la creación de un fideicomiso del cual se iban a cobrar los exportadores uruguayos deudas de exportaciones alimentarias que no se habían cobrado en el pasado y a su vez iban a hacer nuevas exportaciones contra ese fondo para que pudiera resolverse en cierta medida una crisis del sector de la exportación que Uruguay tenía –transferencia que no está volviendo con la regularidad y la rapidez con las que tenía que volver–, denunciamos y preguntamos, y obviamente no encontramos ninguna respuesta clara, acerca de la existencia de una trading, un broker uruguayo, una empresa de nombre Aire Fresco que luego identificamos que había sido designada en forma monopólica en una resolución que el Poder Ejecutivo había firmado conjuntamente con el gobierno de Venezuela.

RA —Vayamos por partes. Ustedes manifiestan cierta preocupación con respecto a varios aspectos del negocio con Venezuela que, pero ustedes, y usted en particular, han criticado eso, la participación de intermediarios privados en los negocios con Uruguay y concretamente la participación de Aire Fresco. ¿A qué apunta específicamente su denuncia en este sentido?

JT —En este caso particular a algo que es inexplicable y es que el gobierno de un Estado, de nuestro país, de Uruguay, haya designado a una sociedad anónima privada como única intermediaria en todos los negocios de venta de alimentos a una compañía estatal venezolana. Quiero que se entienda bien.

RA —¿Cuándo se firmó eso y en qué documentos usted entiende que está fijado el monopolio de esa empresa privada?

JT —En el año 2013 se firmaron varios acuerdos bilaterales con Venezuela. Documentos que están en la página de la Presidencia de la República y que obviamente nosotros tenemos ya desde hace un tiempo, en los que se establece, entre otros temas, en uno en particular, que la única empresa uruguaya que le puede presentar negocios a la Corporación Venezolana de Alimentos –que es como la Subsistencias que existía en Uruguay en otra época, la que compra y distribuye alimentos de consumo esencial (leche, pollo, arroz, manteca, harina, todo ese tipo de productos) en todo el territorio nacional– es una sociedad anónima que se llama Aire Fresco, que es propiedad de dos amigos del presidente Mujica y está vinculada fuertemente a los sectores políticos del FA que he señalado.

NB —¿Su preocupación viene por el lado de que sea de carácter monopólico? Porque en realidad el trading y la existencia de estas empresas intermediarias es algo común en los negocios de país a país.

JT —Es algo común en los negocios de país a país cuando existe transparencia en los negocios, cuando los que pueden exportar son todos los que están en condiciones de acuerdo con las condiciones y las características técnicas de los productos para ingresar en un mercado.

NB —¿A qué se refiere con eso concretamente?

JT —Que pueden exigir ciertas condiciones que alguien certifique, pero si usted está en condiciones de exportar algo y pero no lo puede ofrecer directamente, sino que lo tiene que ofrecer a través de un tercero que es el que hace la gestión y le cobra un 3 % de lo que usted exporta, lo que está poniendo es un peaje. Usted puede considerar legítimo que un señor que tenga una trading cobre 3 %, como Mujica lo hizo públicamente diciendo que cómo alguien puede pensar que un intermediario no vaya a cobrar una comisión, pero el gobierno de Uruguay impuso un comisionista, un intermediario, y el que no habla con ese intermediario no vende, y en todo caso no cobra, porque ese intermedio es el que se dice que hace las gestiones para cobrar en Venezuela.

Ese intermediario designado por el gobierno de Uruguay es el que tiene lobby en el gobierno de Venezuela para cobrar las cuentas de los exportadores uruguayos, que obviamente están obligados a tener que negociar con ese intermediario, que es monopólico, no puede haber otro que intervenga. Por lo tanto se le cerró un mercado, y un mercado que no es de uno o dos millones de dólares, ni de 10, de 15 ni de 100 millones de dólares, un mercado de US$ 300 millones. Si esos US$ 300 millones que en su momento el MEF le prestó a Ancap –que por otra parte la semana pasada el Parlamento, con la ley que nosotros no votamos de capitalización de Ancap, le perdonó para que no devuelva– fueron a cambio de petróleo, está aplicado a la venta de alimentos uruguayos a Venezuela y en todas las operaciones interviene una sociedad anónima privada que designó el presidente de la República y no puede intervenir otra.

RA —¿Cómo es eso? Porque usted hablaba del acuerdo firmado en el gobierno de Mujica, pero dice que ahora involucraría también este nuevo tipo de exportaciones, las que se hacen a través el fideicomiso por el cual se pagó la deuda con Pdvsa.

JT —Sí, pero ese acuerdo no fue un acuerdo puntual para una operación comercial que se hizo en el 2013, es un acuerdo permanente, sigue vigente.

RA —Por eso digo, el acuerdo incluiría entonces las operaciones que se hicieron en aquel año y también las operaciones que se están realizando ahora en el gobierno de Vázquez.

JT —Absolutamente, las que se están realizando ahora y las que se puedan realizar en el futuro, porque la Corporación de Alimentos Venezolana, que es la contraparte en este caso, es la compradora, en definitiva es el lugar, el objetivo comercial del Uruguay es el Estado venezolano, es el gobierno de Venezuela. Son funcionarios del gobierno de Venezuela que no son empleados de una sociedad anónima, sino que son empleados del gobierno de Venezuela. Lo que pasa en Venezuela es un problema de los venezolanos, pero lo que pase aquí es un problema de nosotros. Y a nosotros nos parece que la transparencia en materia comercial y en particular la equidistancia del gobierno cuando hace un acuerdo internacional para fortalecer la actividad de los privados y el frente externo de nuestra producción son fundamentales. En este caso tenemos claro que no ha sido así, y obviamente procede, a nuestro juicio, una investigación en profundidad de estos temas, porque estamos hablando de negocios con un país que además está bajo la lupa con relación a la transparencia en sus acciones gubernativas y por volúmenes muy superiores a los que implica el intercambio comercial con Uruguay. En Venezuela y en el mundo se habla de que uno de los gobiernos más corruptos del mundo hoy en día es el gobierno de Venezuela. Entonces estamos tocándole la mano al diablo, por eso creo que Uruguay tiene que ser muy serio en la investigación y muy severo en la determinación de los pasos que se han dado y los que se van a dar en el futuro.

RA —Usted insiste en el hecho de este acuerdo que implica que el gobierno haya facilitado a este intermediario. Sin embargo el 9 de diciembre pasado el ministro Tabaré Aguerre dijo en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados que Aire Fresco fue propuesta por las gremiales arroceras para intermediar solo en la negociación por arroz, que fue una iniciativa de estas gremiales. Y agregó que no le consta que haya participado en negocios de otros productos. ¿Cómo interpreta ese dato, teniendo en cuenta que la acusación inicial era que el propio gobierno había propuesto a esta intermediaria Aire Fresco?

JT —Durante mucho tiempo intentamos que el ministro Aguerre fuera al Parlamento, él es muy esquivo en general a presentarse en el Parlamento. A tal punto que esa convocatoria fue consecuencia de una presión muy fuerte del PN para que efectivamente fuera al Parlamento a decir qué sabía. Sobre todo porque la convocatoria se relacionaba porque no se estaba cobrando y los exportadores uruguayos se estaban quejando, también en el Parlamento, de que habían mandado sus productos y no recibían los pagos que correspondían.

El ministro Aguerre confirmó lo que sospechábamos, que esta trading o este broker estaba interviniendo en todos los negocios. Luego si el ministro Aguerre afirmó que los arroceros le pidieron que esta empresa estuviera en la negociación, deberíamos confirmarlo.

RA —En las declaraciones que yo le leía Aguerre decía que a él no le constaba que Aire Fresco hubiera participado en otros negocios, y señalaba que él entendía que era una iniciativa de los privados. ¿Usted dice que no? ¿Lo ha hablado con los privados?

JT —No, lo que le puedo afirmar es que en la misma versión taquigráfica o en la sesión posterior la gente vinculada con la producción avícola dijo que habían tenido que hablar con la empresa Aire Fresco para ver si podía gestionar el cobro de lo que se les debía, que era una cifra muy importate. Si debo analizar lo que usted repite que dijo el ministro Aguerre, parece que Aire Fresco es una empresa que vino a sentarse a la mesa cuando los arroceros le pidieron al gobierno que por favor la involucrara porque necesitaban un broker para hacer la gestión. Pero según las informaciones que tengo Aire Fresco es una empresa necesaria porque es la única que está en condiciones de hacer una gestión de cobro, porque es la única empresa que los venezolanos atienden de Uruguay para hablar sobre este tipo de negocios.

Lo que puede estar ocurriendo es algo mucho más grave aún. Y es que, precisamente, no es solamente que Aire Fresco haya sido designada por el gobierno de Uruguay como la única representante de la gestión comercial, sino que las autoridades públicas venezolanas –le reitero, uno de los gobiernos más corruptos del mundo– están reclamando que en las operaciones con Uruguay la única interventora sea la empresa Aire Fresco, o sea que tenga banca no solamente aquí, sino también allá. Lo que por otra parte, obviamente, agrava el cuadro de situación y nos da la seguridad y la certeza y nos lleva al compromiso de buscar una explicación y analizar todos estos temas con la profundidad que merecen. Estamos hablando de una operación de US$ 300 millones y una comisión del 3 %. Por otra parte, cuando las empresas van a cobrar al fideicomiso les entregan un recibo por el 3 % de comisión de la totalidad del monto que cobran. El propio fideicomiso es el que hace el cobro y obviamente eso va a las cuentas de la empresa Aire Fresco S. A.

NB —Usted sostiene que las empresas privadas está molestas con esta situación y que recibió quejas de su parte. Porque en la misma sesión que le citábamos, en la que compareció Tabaré Aguerre, el presidente de la comisión, Alfredo Fratti, que pertenece al Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo que no ha recibido una sola queja del negocio con Venezuela. “Capaz que se quejaron con el diputado Alejo Umpiérrez, del PN, tienen derecho a hacerlo, y el diputado a recibir las quejas, pero quiero decirle al ministro, para su tranquilidad, que esta comisión no ha recibido una sola queja del negocio con Venezuela”, dijo.

JT —No me extraña que el presidente de la comisión diga eso, porque es del MPP, el mismo sector al cual está vinculada la empresa Aire Fresco. Lo que le he dicho es que uno de los directivos de la empresa Aire Fresco está vinculado al Fondo Raúl Sendic, que tiene una vinculación directa con el MPP. Es evidente que el señor Fratti va a procurar tener lejos de cualquier tipo de investigación la relación de Aire Fresco con los negocios con Venezuela.

Vuelvo al principio, ya no a lo que ha dicho Aguerre o a lo que pueda decir Fratti o a lo que podamos decir nosotros. Mi pregunta es –y yo hice el pedido de informe al respecto en el mes de diciembre que espero que en algún momento lo respondan a la cancillería– cuáles son las razones por las cuales el gobierno en el año 2013 incluyó a la empresa privada Aire Fresco S. A. como única representante de los negocios comerciales de alimentos de Uruguay con Venezuela, como contraparte de la Corporación Venezolana de Alimentos, quiénes son sus integrantes, cuáles son los antecedentes que justifican que haya sido incluida en un acuerdo internacional y qué justificación tuvo para tomar esa medida y no abrir públicamente una especie de competencia entre brokers privados para que se anotaran, presentaran sus antecedentes y se ofrecieran como negociadores en negocios de estas características de montos que a la fecha andan en el entorno de los US$ 300 millones y según lo que anunció el presidente Vázquez pueden llegar a los US$ 1.000 millones. La cuestión de fondo ya no es lo que dice Aguerre, lo que dice Fratti, la cuestión y la pregunta es cómo es posible, qué justificación tiene que el gobierno haya designado a una empresa privada, a una sociedad anónima que está integrada por personas vinculadas fuertemente al MPP, para que sea la única gestora privada interviniente en negocios que pueden llegar a US$ 1.000 millones.

***

NB —Usted venía hablando del favoritismo del gobierno de Mujica para con la empresa Aire Fresco para darle en carácter casi monopólico la posibilidad de intermediar.

JT —No, no, perdón: monopólico. No es casi monopólico. Obviamente usted como periodista puede relativizarlo porque pensará que la fuente que manejamos nosotros puede tener alguna otra contrafuente, pero es monopólico, porque no hay ninguna resolución del Poder Ejecutivo posterior a esa que haya incluido a otra empresa en las mismas condiciones que Aire Fresco S. A., que es la trading, el broker, el gestor o el comisionista que interviene en todos esos negocios. La cosa para nosotros es muy clara, no hay ninguna duda, salvo que el gobierno nos presente algún tipo de antecedentes con los que no contamos en este momento.

La única explicación que se encontró a todo eso fueron unas expresiones del expresidente Mujica diciendo que los intermediarios tienen derecho a ganar una comisión, e incluso, como es habitual en él, puso ejemplos muy terrenales: “Si un bolichero no cobra una diferencia entre el precio que tiene la yerba cuando se la entrega el mayorista y el precio que tiene cuando se la vende al consumidor, el boliche tiene que cerrar”. Pero en este caso el boliche es obligatorio, es como si en su barrio pusieran un almacén de un señor amigo del MPP que es el único que vende yerba y es el único al que usted puede comprarle yerba, y un señor al que tiene que pagarle la diferencia entre el precio real de la yerba y lo que necesita él para mantener su negocio o vivir. Lo que se estableció fue una especie de peaje para que unos señores se lleven decenas de millones de dólares para sus bolsillos y que esa gente está notoriamente vinculada al partido que en ese momento tenía el presidente de la República.

NB —Ahí está, usted fue más lejos y acusó concretamente al MPP de beneficiarse de estos negocios a través de la intermediación de Aire Fresco. ¿En qué sentido lo plantea?

JT —Ya lo he dicho, he dicho que están vinculados, he dicho que tienen vinculación política y que eventualmente tienen vinculación económica. Es lo que he dicho y lo mantengo.

NB —El senador Ernesto Agazzi pidió que usted presente las pruebas que tiene sobre esos hechos o sería denunciado penalmente por haber hecho esas acusaciones. A su vez, el diputado Alejandro Sánchez lo aludió diciendo que hace un año que usted dice que va a presentar estas pruebas y que no ha podido presentar una prueba o un dato. Sánchez dice que están muy tranquilos, que el MPP es transparente y “bastante más que otras organizaciones”. ¿Qué responde?

JT —Yo no digo que no sean transparentes, lo que he dicho lo he dicho. Pero esto no es un truco, “yo te muestro, vos me mostrás”. ¿Por qué tengo que mostrar yo las pruebas? Que me hagan una denuncia, entonces el juzgado será el lugar donde tendremos que poner encima de las mesa las razones que tengamos cada uno para las afirmaciones que hacemos. Lo que digo es que esta gente está vinculada, que tiene negocio con Venezuela y que fue designada por el gobierno pasado como única intermediaria en negocios que pueden llegar a los US$ 1.000 millones.

NB —¿Cuáles son los vínculos económicos que usted dice que tiene esta empresa con el MPP?

JT —Esos elementos los pondré encima de la mesa en el momento que corresponda. Si dicen que me van a denunciar, lo que digo es: que me denuncien y vamos al juzgado y allí pongo los elementos que tengo.

NB —Pero el primero que hace una acusación es usted, ellos hablan de presentar esta denuncia a partir de lo que usted viene denunciando.

JT —Entiendo lo que usted me dice, pero no es un diferendo con usted, es un diferendo con ellos. Si yo digo que el MPP tiene vinculación con la empresa Aire Fresco, estoy haciendo una afirmación. ¿Por qué tengo que poner hoy pruebas encima de la mesa si lo que quiero es investigar? Tengo elementos de prueba, por supuesto, pero quiero además investigar. Esos elementos los llevaré adonde haya que llevarlos, al Parlamento o a la justicia.

Lo que no puede terminar ocurriendo es que el que señala, constata o informa acerca de una situación termine siendo acusado. Porque nos va a pasar como en lo de Ancap, cuando la investigadora de Ancap se nos dijo cualquier cosa, no solamente por parte del partido de gobierno, que además terminó aceptando la investigadora, sino que los sectores sindicales salieron a decir que nosotros queríamos afectar la imagen de la empresa para venderla, para disminuirla en su potencial. Y al cabo de tres meses de investigación el Uruguay despertó a una realidad que no conocía y de la que estábamos absolutamente ajenos, que esa empresa estaba agujereada en US$ 1.200 millones. Una empresa que dos años antes le decía a la población, mediante comunicados pagos, gastando ríos de dinero en la prensa y en publicidad, que el problema de Ancap era una diferencia de apreciación del tipo de cambio entre una consultora que estaba haciendo el estudio de los balances y los balances de la empresa. O sea, que era […] la pérdida de la empresa. Y terminó votándose una ley entre gallos y medianoches para capitalizar a Ancap en US$ 1.200 millones. Y no solamente eso, tuvimos que escuchar a la ministra de Industria faltándole el respeto a toda la gente diciendo que acá no se pone plata, que es un asiento contable. ¿De dónde van a salir los US$ 1.200 millones que se descubrió, después de la investigadora, que era el agujero que tenía la empresa, aun cuando no están redactados los informes? Una empresa petrolera. Empresa que por otra parte ha tenido negocios con Venezuela desde el año 2005 en adelante.

No quiero desenfocar la pregunta que usted me hacía, quiero decir que estamos frente a un evento, ante un hecho, ante una serie de datos que nos presentan una situación muy poco transparente en la que notoriamente hay una vinculación política entre el gobierno de Venezuela y el gobierno del Uruguay, los sectores políticos que han gobernado en Venezuela y los sectores políticos que han gobernado en el Uruguay, y que el gobierno y quienes tengan responsabilidad estarían obligados frente a la más mínima sospecha que nosotros presentáramos no de decirnos “presenten pruebas”, sino de decirnos “tenemos las pruebas de que no es así lo que están diciendo”. Porque en definitiva terminamos siendo nosotros los responsables de explicar una situación que el gobierno no está explicando, que no es transparente y sobre la que no se da ningún tipo de información a la opinión pública ni a la población.

NB —Está bien, entiendo lo que usted plantea, pero por poner el ejemplo con esta conversación concreta, usted en la primera parte de esta entrevista fue muy claro en por qué le parece que Aire Fresco fue beneficiada por el gobierno de Mujica, sin embargo no es igual de claro con relación a por qué Aire Fresco está favoreciendo económicamente al MPP o a cuál es el vínculo económico entre Aire Fresco y el MPP.

JT —Tengo los elementos para justificarlo y los voy a poner encima de la mesa en el momento oportuno. No es una afirmación liviana, es una afirmación seria, que tiene elementos que la respaldan.

NB —La conoceremos en su momento, entonces.

JT —Es notoria la vinculación entre los directivos de Aire Fresco y el MPP.

NB —Claro, sí, eso es una vinculación política.

JT —Es notorio, son personas que tienen vinculación con los organismos directivos, con las fundaciones que están en torno a ese movimiento. Entonces tiene todas las características, se parece pero no es; es como un acertijo. O sea que un señor amigo del presidente Mujica, que integra organizaciones vinculadas al MPP, es dueño de una sociedad anónima que se llama Aire Fresco, que es la única empresa que el gobierno uruguayo ha designado para representarlo en los negocios con Venezuela. Es la empresa que resuelve los problemas que tienen los exportadores uruguayos para cobrar en Venezuela, porque según dicen ellos es un gran lobista que va y abre todas las puertas, habla con todos los ministros y resuelve todos los problemas. Resulta que esa gente que por ese trabajo cobra el 3 %, y que gente del gobierno dice que está cumpliendo una tarea poco menos que honorable y una gran tarea comercial, tiene vinculaciones con el partido de gobierno y usted me dice que no hay una cosa rara.

Para mí francamente hay una cosa muy rara, y es por qué le tocó a Aire Fresco la suerte de ser intermediaria en negocios de un monto de hasta US$ 1.000 millones. Estamos hablando de muchísimo dinero, no estamos hablando de que le consiguieron una entrada para el cine o le facilitaron un empleo para la señora o le vendieron un auto para trabajar en Antel o en UTE. Le dieron una torta de negocios que le permiten cobrar de US$ 8 a US$ 30 millones de comisión. Son negocios que se hacen poco menos que entre gobierno y gobierno, porque el comprador en Venezuela es una empresa estatal.

RA —Cuando usted estuvo en Venezuela en diciembre pasado dijo que le quedó un canal abierto con la oposición para investigar todos los negocios bilaterales. ¿Ha tenido alguna novedad al respecto? ¿Le han brindado información nueva?

JT —La visita que hicimos en diciembre y la que hicimos esta semana fueron visitas estrictamente políticas, tuvieron que ver básicamente con la elección en diciembre y esta semana con la asunción de la nueva Asamblea Legislativa. Obviamente en esas instancias uno tiene contactos bilaterales importantes con políticos y con colegas parlamentarios. Les hemos escuchado que allá existe una gran preocupación por todo el tema de la corrupción, el propio presidente de la Asamblea, el nuevo presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, dijo en su discurso inaugural el martes pasado que el tema de las investigaciones de la corrupción en Venezuela era un tema principal para la Asamblea que se estaba instalando. Señaló que la Comisión de Contraloría, que es una comisión permanente en la Asamblea Nacional de Venezuela, se va a hacer cargo de analizar la totalidad de la gestión de gastos del gobierno.

No tengo ninguna duda de que ahí se incluirá el capítulo de compras de alimentos por el gobierno de Venezuela en volúmenes realmente importantes. Porque en la economía centralizada de corte socialista interventor que se estableció en Venezuela se suponía que los insumos básicos para la población eran comprados por una gran trading del Estado y distribuidos a través de una cadena de distribución en todo el territorio nacional. Son volúmenes de alimentos y de dinero para nosotros prácticamente inalcanzables. Uruguay no es el único proveedor de alimentos, también Brasil es un gran proveedor y otros países.

Por lo que he escuchado allí, sin perjuicio de lo que son todas las negociaciones de petróleo a nivel internacional, hay dos temas que ocupan una especie de línea prioritaria en las investigaciones, que son los alimentos y los medicamentos. La oposición venezolana, hoy mayoría en el Congreso, señala que en esos dos rubros está en condiciones y está dispuesta a hacer investigaciones, porque tiene informaciones que indican que allí ha habido procedimientos muy poco transparentes. Ellos los califican directamente de procedimientos de corrupción.

RA —Con estos elementos que tiene, ¿cuáles son sus próximos pasos? ¿Está pensando en que esto se lleve a una comisión investigadora en el Parlamento? Habló también de la justicia, ¿está pensando en hacer una denuncia judicial?

JT —No, la referencia a la justicia fue cuando ustedes me dijeron que algunos legisladores del MPP habían dicho que me iban a hacer una denuncia por difamación.

RA —Por ahora descarta llevarlo usted a la justicia. ¿Pero sí puede plantear una comisión investigadora puntual sobre este tema?

JT —Para llevar los antecedentes a la justicia hay que tener elementos articulados y organizados en torno a una denuncia que constate la eventualidad de la ocurrencia de un delito. Creo que la investigación parlamentaria necesariamente es o debe ser en un sistema democrático un mecanismo adecuado de análisis de estos temas. Las comisiones investigadoras son el instituto constitucional establecido en el artículo 120 de la Constitución. En los últimos años no ha habido muchas investigadoras, solamente ha habido una, que es la de Ancap, que ya ha dado resultados claros antes de su terminación. Muy probablemente ese sea el camino, pero nosotros no debemos anunciar ninguna medida hasta tanto no tengamos los contactos que tenemos que tener con los demás sectores parlamentarios, porque presentar una solicitud de investigación sobre un asunto para nosotros no es solamente presentarla porque la oposición quiera que ello ocurra, sino que vamos a buscar que también haya votos del partido de gobierno para que se pueda poner en marcha. Para eso vamos a manejar antecedentes importantes en este tema.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Transcripción de la entrevista con el diputado Jaime Trobo (PN)

El Partido Nacional anunció días atrás que se propone formar una comisión parlamentaria que investigue si hubo irregularidades en los negocios con el Gobierno de Venezuela. El diputado Jaime Trobo, que es uno de los que está trabajando en este tema, señaló que la relación comercial entre Uruguay y Venezuela está “dominada por la ideología” y que maneja recursos “desproporcionados”.

Uno de los puntos a investigar es la “participación de intermediarios privados en los negocios entre Venezuela y Uruguay”, dijo Trobo, y agregó: “particularmente la mediación de [la sociedad anónima] Aire Fresco”. El diputado dijo que “es inexplicable” que el Gobierno de José Mujica haya designado, en 2013, a una empresa privada como “única intermediaria” entre el Gobierno uruguayo y la estatal venezolana que gestiona la importación de alimentos.

En esta intermediación “no existe transparencia” y la empresa cobra el 3 % del valor de la exportación por intermediar, dijo Trobo. Según la información con la que cuenta, Aire Fresco es la empresa uruguaya “que tiene lobby en Venezuela para cobrar las cuentas de los exportadores uruguayos” porque es a la única que reciben las autoridades venezolanas.

Además, Trobo aseguró que Aire Fresco tiene “vinculación política y eventualmente económica” con el Movimiento de Participación Popular (MPP) y que sus dueños son amigos de Mujica. Sobre el aspecto político, dijo que uno los dueños de la empresa integra algunos organismos de este sector del Frente Amplio. Agregó que las pruebas sobre los eventuales vínculos económicos las presentará únicamente ante el Parlamento o la Justicia. “Las voy a poner sobre la mesa en el momento oportuno”, dijo.

Trobo dijo que tiene que “confirmar” las declaraciones del ministro de Ganadería Tabaré Aguerre quien dijo que la intermediación de Aire Fresco se autorizó a raíz de un pedido de las empresas arroceras uruguayas.

Además, el diputado nacionalista dijo que la oposición venezolana, con la cual tiene vínculos, cuenta con indicios de que en los negocios de alimentos entre Uruguay y Venezuela “se han dado procedimientos muy poco transparentes” y que también se propone investigarlos en la Asamblea Nacional, donde tiene presencia mayoritaria.

Transcripción de la entrevista con el diputado Jaime Trobo (PN)

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EN PERSPECTIVA
Martes 10.11.2015, hora 10.15

EMILIANO COTELO (EC) —Una delegación de 12 legisladores del Partido Nacional (PN) viajará en los primeros días de diciembre a Venezuela para seguir de cerca las elecciones parlamentarias que se desarrollarán en ese país el 6 de diciembre.

Esta decisión, que fue confirmada ayer por el Directorio del PN, ocurre luego de que los diputados del Frente Amplio pero también de sectores de la oposición, como el Partido Colorado y el Independiente, rechazaran en la cámara una propuesta de los blancos para que una delegación del Poder Legislativo uruguayo fuera como veedora a esos comicios. También se da luego de que, tras idas y vueltas, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) augurara que va a enviar una misión de control.

¿Cómo es esta resolución? Vamos a conversarlo con Jaime Trobo, diputado del sector Todos Hacia Adelante.

ROMINA ANDRIOLI (RA) —¿Cuál es el objetivo de esta delegación de 11 parlamentarios del PN?

JAIME TROBO (JT) —Yo diría que servir de pantalla, de proyector, de plasma en cierta medida, de la realidad venezolana en estos días tan críticos de su vida política interna. Nosotros no podemos atribuirnos la condición de controladores, fiscales ni observadores desde el punto de vista técnico, la definición de estas personerías está reglada por normas internacionales que tienen que ver con el funcionamiento adecuado de los procesos electorados, pero sí la presencia política, la visita, la asistencia -que, como decíamos en la resolución, lamentablemente rechazó la Cámara de Representantes por una mayoría abrumadora, porque solo votó [a favor] el PN- a una instancia crítica e importante en un país integrante del Mercosur y la Unasur, que no puede ocultarse ni esconderse detrás de argumentos de tipo funcional y circunstancial y de formas que no deben aplicarse en este caso para que se haga conocer la realidad.

Los colegas venezolanos de los partidos de oposición, del amplio arco de la oposición, de la Mesa de la Unidad Democrática, donde hay gente que profesa ideologías de izquierda, de centro, de derecha, etcétera, nos han pedido, rogado y reclamado, que ellos quieren que haya presencia internacional en estas instancias. El PN está actuando en consecuencia.

RA —¿Y entienden que es necesario ir aunque vaya una delegación oficial de la Corte Electoral como observadora y como miembro de la Unasur, algo que finalmente parece que se va a concretar?

JT —La Corte Electoral tendrá que determinar desde el punto de vista técnico el alcance de las medidas del proceso electoral y la forma en que éstas se cumplen, todos los mecanismos que permiten determinar si los ciudadanos han podido emitir libremente su voto. Esto que no quiere decir que no hayan estado sometidos a una campaña previa de acoso político a través de las empresas del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía, el gobierno, los ministerios y el presupuesto público. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, la oposición tiene un hándicap negativo respecto de sus posibilidades de acceso a la opinión pública que tiene el gobierno y que supera con creces cualquier aspiración de cualquier partido político que pretenda ganar una elección en cualquier lugar del mundo.

O sea, en la parte técnica por supuesto está bien que vaya la corte, que vaya la Corte Electoral, que vaya Unasur, a pesar de que esa presencia indudablemente, no por la calidad de quienes vayan en representación de Uruguay sino por los hechos preexistentes: Venezuela objetó la presencia de una delegación brasileña en el marco de Unasur presidida por un individuo irreprochable como es el doctor [Nelson] Jobim, que fue ministro de Defensa de Brasil y que ha sido presidente de la Orden de Abogados de Brasil en su oportunidad. La presencia nuestra tiene otro carácter, es una presencia política, de acompañamiento y de reproducción de la realidad venezolana a través de los medios y de la opinión pública internacional para saber cómo se ha conducido el proceso y cuál es la forma en que se lleva adelante.

RA —Eso le iba a preguntar: ¿cómo van a desarrollar la tarea?, ¿qué harán, concretamente?

JT —Nosotros vamos a estar sujetos a lo que los grupos que nos invitan nos indiquen como mejor fórmula. Seguramente estemos visitando localidades tanto del entorno de Caracas como de algunos otros estados y seguramente estemos visitando lugares de votación y espacios en los que los ciudadanos van a ejercer el sufragio, etcétera. Tendremos, por supuesto, entrevistas, coordinaciones y conversaciones con analistas políticos, con organizaciones no gubernamentales -que es con las que especialmente el PN va a pedir reunirse-, no solamente con los partidos políticos sino también con aquellas entidades defensoras de los derechos humanos, interesadas en los temas militares, alguna quizás en los temas económicos y sociales, consultoras de opinión pública que están produciendo informes independientes en los últimos tiempos… O sea, muy probablemente, como es una delegación también importante -vamos a ser 12 legisladores, dos senadores y 10 diputados-, podamos distribuirnos el trabajo para tener una cabal comprensión del fenómeno de Venezuela en estos tiempos.

RA —¿En estas reuniones también planean reunirse con delegaciones del oficialismo?

JT —Bueno, eso siempre está en la tapa de las posibilidades en la medida en que sea una circunstancia que se pueda dar, pero yo francamente, con la frontalidad que me caracteriza, creo que va a ser muy difícil sacar algo positivo de una reunión con gente que integre el Partido Socialista Unido de Venezuela porque de hecho la operativa regular del presidente de la República y de los voceros del partido respecto de la oposición venezolana, de la región y del mundo, por lo pronto, es la de descalificarnos, a tal punto que no creo que evalúen concedernos alguna entrevista al respecto.

RA —Pero, por otro lado, el hecho de que vayan invitados por la oposición, ¿no puede quitarles objetividad y afectar la visión con la que se vayan de Venezuela?

JT —Bueno, entonces que vaya el gobierno del Frente Amplio. Si usted tiene que hacer como periodista el 7 o el 8 [de diciembre] una síntesis de la opinión de quienes fuimos debería tener posibilidad de administrar lo que diga yo, lo que diga [el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, José] Bayardi, [el diputado del Partido Colorado Ope] Pasquet, [la senadora del Frente Amplio Susana] Pereira o cualquiera de los legisladores que fuimos. Ahora, fue el propio Parlamento uruguayo el que le puso la traba a la posibilidad de que haya una visión plural, de arco, de panorama amplio sobre la realidad venezolana, precisamente amputándose la posibilidad de estar allí presentes delegados de todos los sectores partidarios. Fijese que la delegación del PN se financia sus propios costos del bolsillo de los propios legisladores, que pagan sus pasajes, en el caso de que hubiera habido una delegación parlamentaria probablemente la cámara tenía que contribuir con la integración de esa delegación y algunos que de repente no tuvieran posibilidades de pagarse el pasaje podrían tenerlas a través del presupuesto de la cámara.

Pero bueno, la cámara resolvió -para mí, reitero lo que dice al principio, en una decisión absolutamente errónea- no asistir a las elecciones de Venezuela, no asistir, porque nosotros no decíamos que había que ir como observadores, interventores, fiscales ni nada, simplemente asistir, por el solo hecho de que el gobierno no nos invitó, porque tampoco califican como importante la invitación de la oposición. O sea: para los que votaron en contra de la resolución en la cámara, el único que puede invitar entrar a Venezuela a un proceso electoral admitiendo que su visita es legítima es el gobierno de [Nicolás] Maduro. Eso el PN no lo va a admitir nunca.

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Transcripción: Andrea Martínez

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EN PERSPECTIVA
Martes 28.07.2015, hora 8.16

EMILIANO COTELO (EC) —Vamos ahora al diputado interpelante, el diputado Jaime Trobo.

ROMINA ANDRIOLI (RA) —¿Qué le dejó la interpelación? ¿Pudo sacar alguna conclusión?

JAIME TROBO (JT) —En primer lugar, que el ministro de Defensa no sabe lo que pasa en su ministerio. En segundo lugar, que el subsecretario que lo acompaña tampoco está en condiciones de controlar lo que ocurre en el ministerio, mucho menos cuando –aunque pueda parecer anecdótico– él es habitante de la ciudad de Durazno y estábamos hablando de un evento que es gravísimo, según el propio ministro, y que ocurrió en Durazno. Y en tercer lugar, que se quebró notoriamente la cadena de mando en la Fuerza Aérea, porque hubo funcionarios de jerarquía que tomaron medidas individuales y personales que afectaron gravemente el funcionamiento de la fuerza, no lo comunicaron por el término de seis meses y al final de cuentas el gobierno y el ministro de Defensa se terminaron enterando de un hecho, calificado por el propio ministro como gravísimo, seis meses después de que ocurriera. Eso es el residuo que me queda después del análisis de las seis horas de debate que tuvo la interpelación.

RA —¿Para usted el ministro de Defensa debería renunciar?

JT —Deberían renunciar quienes están debajo de él, él mismo les debería decir: “Señores, no han cumplido con el mandato, no han tenido la lealtad que corresponde”, que él mismo dijo que en la vida militar y en la relación entre el poder político y el poder militar es una cosa fundamental. En consecuencia debería, para sostenerse él mismo y para tener el vigor que necesita un ministro nada menos que de Defensa, dejar el lugar a quienes han tenido la principal responsabilidad en la fuerza.

EC —Usted dice que Fernández Huidobro no necesariamente debe renunciar. ¿Pero sí debe removerse al comandante en jefe de la Fuerza Aérea?

JT —La actitud del ministro como tal es una actitud política personal. Los políticos en Uruguay desde hace un tiempo han variado su actitud histórica. Antes, ante un hecho aparentemente menor y que podía tener importancia en la gestión de la cartera, ellos mismos decían “yo me relevo y que pongan a otro”. Eso no está ocurriendo. Entonces nosotros, como parte de la institucionalidad, lo que tenemos que hacer es pedirle al ministro que, si no tiene él la capacidad de decidir sobre su futuro y decir “yo me voy”, tenga por lo menos la decisión y el coraje de tomar la medida que corresponda respecto de su subalterno, que en este caso es nada menos que el comandante en jefe de una fuerza. Una fuerza que está muy deprimida, con dificultades serias desde el punto de vista logístico para funcionar, con una carencia de equipamiento realmente asombrosa, como señalamos ayer, según informaciones que recibimos de dentro de la fuerza, y enfrentando un fenómeno sorpresivo y novedoso respecto del cual el ministro no dijo ayer absolutamente nada.

Hace dos semanas el ministro del Interior reveló en el Parlamento que la policía está comprando tres helicópteros y un avión para operaciones policiales aéreas. Nosotros ayer le pedimos al ministro que nos dijera qué actitud había tenido en el seno del Poder Ejecutivo cuando conoció esa cuestión. Y no obtuvimos ninguna respuesta, no habló el ministro, no habló el subsecretario, no habló ninguno de los funcionarios del ministerio de esa situación.

EC —¿Por qué es importante ese tema?

JT —Es importante porque la policía ha ido tomando cada día mayor volumen y ahora se va a dedicar a tener helicópteros y aviones también. Ya tiene francotiradores, ya tiene armas largas de precisión prácticamente quirúrgica para francotiradores en algunos de los grupos que tiene en el territorio nacional, con capacidad de fuego muy superior a la que tiene por ejemplo el Ejército Nacional. Está ocurriendo una sustitución de roles que nos parece gravísima, que puede ser parte del concepto de la disminución de la importancia de las Fuerzas Armadas y una sublimación de la importancia de la policía.

EC —¿Es una sustitución de roles? La policía se ocupa de los asuntos internos y la Fuerza Aérea teóricamente de los externos.

JT —Pero ¿no hay aviones de la Fuerza Aérea que vuelen en Uruguay para el cuidado del espacio aéreo, para la interceptación de aeronaves que ingresan al territorio nacional? ¿No se utilizan aviones de la Fuerza Aérea para combatir incendios? ¿No se utilizan aviones de la Fuerza Aérea para apoyo a los conflictos en las carreteras? Pensar que la Fuerza Aérea solo existe para el espacio exterior del Uruguay es tener una visión muy diferente de lo que es una fuerza aérea de un país pequeño como el nuestro. Si usted me habla de Estados Unidos, de Rusia, de las grandes potencias militares del mundo, como la China, etcétera, podemos decir sí que el espacio aéreo mundial es su ámbito de acción. Pero en el caso de nuestro país está claro que el ámbito de actuación de la Fuerza Aérea nacional es el espacio aéreo nacional.

Entonces, si la policía tiene aviones y helicópteros para operar en las zonas urbanas, para lo cual sin duda se debe tener una gran experiencia de horas de vuelo y de capacidad de formación, porque van a ser policías los que comanden los helicópteros, ¿qué vamos a hacer con nuestra Fuerza Aérea, que a su vez tiene entre sus obligaciones y competencias no solo el cuidado del espacio aéreo nacional, sino también las operaciones de apoyo, de búsqueda y rescate en el mar territorial y en las zonas de frontera?

Es un tema muy delicado, que seguramente el gobierno no está resolviendo bien y que nosotros pusimos dentro del menú porque nos pareció que episodio, en el cual en la Fuerza Aérea aparece una circunstancia de baja de controles, de baja de defensa y de baja de eficacia del mando, demuestra que no hay una jerarquía que esté defendiendo adecuadamente no el interés de una fuerza, que es el interés particular de una entidad al servicio del Estado, sino el interés de la sociedad y del Estado en general.

RA —Volviendo al tema de las municiones, el ministro Fernández Huidobro planteó ayer que, más que el faltante de municiones en sí, lo que le preocupa es que no se le haya informado del tema. ¿Usted coincide en eso, en que es más grave?

JT —Sí; es que lo grave desde el punto de vista político es que el ministro no sepa qué es lo que está pasando en su entorno. Lo grave desde el punto de vista militar es que desaparezcan 20.000 tiros, lo grave desde el punto de vista de la seguridad es que no se sepa cuál fue el destino de esos 20.000 tiros y en consecuencia estemos todos a la espera de que investigaciones o detalles o datos revelen qué fue lo que ocurrió realmente. Pero lo grave es que el ministro no sepa qué está pasando en su entorno. Para un ministro de Defensa eso tiene mucha importancia.

RA —Ayer los legisladores del oficialismo criticaron dos aspectos de su proceder. Por un lado el hecho de que hubiera convocado a esta interpelación cuando se le había informado que no se podían dar más detalles de la investigación por el hecho de que estaba en curso. ¿Por qué de todas formas decidió llevarla a cabo?

JT —Yo no escuché… sí, escuché alguna frase en ese sentido…

RA —Lo decía recién el diputado Semproni.

JT —Bueno, pero el diputado Semproni no tiene ni la menor idea de lo que está pasando ni en el Ministerio de Defensa ni en la Fuerza Aérea. Hace dos semanas dijo que el ministro había mandado una carta –cosa que no era cierta–, después dijo que había hablado por teléfono –dudo de que haya sido así– y después que el ministro no quería venir porque estaba investigando. Yo recibí una llamada del ministro el 10 de julio, cuando él estaba firmando una parte de un pedido de informes que me devolvió, le dije “usted sabe que esto va a tener derivaciones parlamentarias”, y el ministro dijo, como dijo ayer en la Cámara, que sí, que sabía que esto iba a tener derivaciones parlamentarias porque era un hecho muy grave. O sea que lo que puedan decir los diputados del Frente Amplio haciendo cola para quedar bien con el ministro me preocupa muy poco. A mí me preocupa el debate que tuvimos con el ministro y en particular en nuestra convocatoria, que estaba anunciada. Aunque yo no debo anunciar con tiempo a nadie que voy a llamar a sala, lo puedo hacer ahora para que venga el ministro dentro de 10 minutos simplemente porque hay un hecho que debe conocerse y nos parece relevante.

RA —Otra de las críticas que le hicieron algunos legisladores del FA ayer se refería a algo que mencionaba Semproni recién, a si el hecho de hacer pública la denuncia no entorpeció las investigaciones. ¿Qué responde a ese argumento?

JT —Es una tontería.

RA —¿No podría haberse conocido cuál era el destino de las municiones, como decía Semproni recién?

JT —Las balas desaparecieron en octubre, la desaparición se constató en noviembre, el acta de desaparición la firmó una funcionaria –cuyo nombre el ministro no quiere revelar y yo por delicadeza no lo voy a hacer tampoco– que no se lo trasmitió a los mandos. El comandate de la base sabía que faltaban las municiones porque estaba al tanto del relevamiento. ¿Alguien puede decir en el FA que no se conoce el destino de las balas porque el diputado Trobo resolvió seis meses después hacer una denuncia y un mes después convocar al ministro al Parlamento? Realmente me parece un argumento de muy poco peso y prácticamente insustentable como para perder tiempo en responderlo. Yo digo simplemente que hice lo que debía hacer.

RA —Cuestionan por qué no lo denunció directamente a las autoridades sin hacerlo público primero.

JT —Permítame hacer una secuencia: yo redacto un pedido de informes el 6 de junio; ese pedido de informes llega al ministerio el 12 de junio; el 18 de junio llega a la Fuerza Aérea; el 21 de junio, 15 días después, sale publicado el pedido de informes en un diario, y en la tarde del 21 de junio, nueve horas después de que el diario se editara y estuviera en la calle, se radicó una denuncia en la comisaría de Durazno.

Si pone eso en una línea de tiempo se da cuenta de que yo no solamente hice lo que debía hacer, porque lo siento así, soy una persona responsable y seria y tengo mucha experiencia en todo esto, sino que hice una secuencia y una cadencia en la cual cada cuestión se ubicó en el lugar adecuado. El asunto se publicó 15 días después de realizado el pedido de informes. En realidad el propio ministerio podía haber hecho las constataciones que corresponden el día 7, al otro día de que llegara [el pedido de informe], el día 8 o el día 9.

Ayer se quiso esconder el desconocimiento del ministerio hasta el día 21, día en el que se publicó en la prensa la información, detrás de que ya estaba actuando la Fuerza Aérea. Pero es imposible esconderlo, porque la cadencia y la secuencia, la cantidad de días que ocurren entre el día de la presentación del pedido de informes y el día en que sale publicado en la prensa, es lo suficientemente larga como para que cualquier sagaz actuar rápidamente.

Nosotros bajo ningún concepto interferimos en ningún tipo de investigación, lo que hicimos fue destapar un tarro que huele muy feo. Y lo que está ocurriendo hoy es que quieren defenderse de la imposibilidad de resolver un tema, cosa que debió haber hecho el propio gobierno en el mes de diciembre del año 2014. Se constata en noviembre-diciembre de 2014 que desaparecen las 20.000 balas y se denuncia en junio de 2015, seis meses después.

EC —¿Y sobre la interpelación en sí? Porque otra parte de la discusión fue sobre el instrumento que usted había elegido en ese momento de la investigación, cuando todavía no se ha llegado a conclusiones en el trámite que está haciéndose internamente en el ministerio. Decía el diputado Semproni que usted mismo se había sincerado acerca de que en realidad estaba especulando con la posibilidad de que dos diputados del FA, dos diputados que han tenido diferencias con Fernández Huidobro por otros asuntos, Luis Puig y Macarena Gelman, no respaldaran al ministro.

JT —No, no, yo no tengo intérpretes, y mucho menos es Semproni. Lo que dije claramente anoche cuando estaba terminando la sesión es que presentábamos una moción en la que se declaraban insatisfactorias las respuestas del ministro y que teníamos la expectativa –cosa que no ocurrió porque tanto el diputado Puig como la diputada Gelman pidieron licencia por el día de ayer, solo por el día de ayer, y entraron sus suplentes– de que [esos diputados], ya que habían cuestionado tanto al ministro por otros temas y en realidad el cuestionamiento había sido por su capacidad, su condición ética y su condición física e intelectual para conducir el Ministerio de Defensa Nacional, frente a un planteo de estas características votaran a favor. Pero no especulamos con que ellos votaran a favor de la sanción o de la censura al ministro.

En política esas especulaciones son virtuales y absolutamente menores. Cuando uno toma una decisión política seria, como en este caso fue llamar a sala e interpelar mediante el artículo de la Constitución que lo establece al ministro de Defensa Nacional por un tema de suma gravedad como es este caso, no está pensando en la eventualidad de que haya uno o dos votos más para poder sancionar al ministro. Por el contrario, usted me preguntó hace ministros cuál sería la medida adecuada para nosotros, y me preguntaron si era la renuncia del ministro o si era la sustitución del comandate de la Fuerza Aérea. Y dije que el ministro si no quiere no se va y nadie lo puede echar, salvo el presidente de la República, pero el comandate en jefe no puede ponerle cara de malo al ministro y decirle “yo no me voy”. O como anoche, ir al Parlamento a agradecerles a los diputados del FA, en la bancada del FA, que le salvaran el pellejo. Una cosa inédita en la vida militar, que realmente deja muy mal al comandante en jefe de la Fuerza Aérea.

EC —En definitiva, entonces, ¿para qué sirvió el debate de ayer desde su punto de vista?

JT —Para esclarecer, para mostrar, para apretar y que saliera lo que tenía que salir de una herida que ya es prácticamente gangrena. Para demostrar que la oposición está muy clara y firme en cuanto a hacer un planteo serio, respetuoso, pero firme sobre un tema grave para la vida del país. Para señalar que nosotros tenemos una actitud de respaldo a la Fuerza Aérea y de defensa de su propósito como entidad del Estado. Para señalar que tenemos una apreciación adecuada respecto del valor y futuro de la defensa. Y para dejar en claro que la defensa debe ser conducida con honor, con lealtad y con mucha responsabilidad, porque por sobre todas las cosas las Fuerzas Armadas son el último recurso, son los elementos intangibles que nuestra sociedad tiene para defenderse en situaciones extremas.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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