Lunes 31.03.2020

EMILIANO COTELO (EC) —Las confesiones que realizó ante un tribunal de honor militar en el año 2006 el coronel Gilberto Vázquez, incluida su participación en delitos de tortura y asesinato durante la dictadura, sacudieron el escenario político jueves, viernes, sábado y domingo, luego de que se divulgaran por primera vez las actas de los interrogatorios.

Estas confesiones se encuentran en las actuaciones de un tribunal de honor del Ejército que en 2006 juzgó a Vázquez por su fuga del Hospital Militar, al que había sido trasladado ese año desde la sede de la División 1 del Ejército para realizarle un examen médico.

Por ese hecho, el tribunal condenó a Vázquez con una sanción muy grave: el pase a la situación de reforma. Esa decisión fue cuestionada por el militar, pero terminó siendo confirmada por un tribunal de alzada y luego homologada por el gobierno de la época, encabezado por Tabaré Vázquez.

Pero ni el tribunal, ni el Ejército, ni las autoridades del Poder Ejecutivo tomaron medidas relativas a las confesiones de violaciones a los derechos humanos. La justicia penal no fue notificada de aquellas declaraciones.

La pregunta que quedó abierta la semana pasada es si el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) encabezado por Azucena Berrutti recibió aquella documentación y no la trasladó o si, en cambio, esos papeles fueron ocultados por el comandante en jefe de aquel momento.

El debate se instaló porque las autoridades actuales del MDN entregaron a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Familiares) todas las actas de los tribunales de honor de las Fuerzas Armadas que esa organización había pedido en junio en una solicitud de acceso a la información pública.

Estamos con el doctor José Bayardi, que era subsecretario de Defensa en el momento de actuación de aquel tribunal de honor, año 2006.

¿Cuál es su respuesta a esa pregunta que quedó abierta la semana pasada? ¿A la ministra nunca le llegaron las confesiones, efectivamente?

JOSÉ BAYARDI (JB) —A la ministra nunca se le dio cuenta, ni por parte de los miembros del tribunal de honor ni por parte del comandante en jefe de la época, de las declaraciones que hizo en el marco de ese tribunal de honor que fue citado por la fuga del Hospital Militar cuando estaba en detención preventiva por un pedido de extradición. Esa acta de declaración no fue puesta en conocimiento de la señora ministra ni por el comandante ni por los miembros del tribunal.

EC —¿Cómo se entiende que eso haya ocurrido así? Se lo pregunto porque el expediente es voluminoso, es un paquete enorme de fojas. De todo esto, ¿qué fue lo que llegó al ministerio, qué es lo que usted recuerda que llegó al ministerio?

MB —Llegó todo al ministerio, punto uno; nunca fue comunicado, en mi opinión, formalmente por el comandante que existía esa acta. Pero si uno ve la documentación –yo la he visto ahora– que se le entregó a Familiares, el expediente 5937-9 del año 2006, que fue el que permitió la homologación del fallo del tribunal de honor, y lo compara con los otros tribunales de honor, los que van a darse en el año 2016, 2017 y 2018 en adelante, uno ve que en el material que se distribuyó está todo, están las actas de declaración, las actas de deliberación y los fallos, pero el expediente 5937 está solo, comienza con el informe de la Jurídica. Quiere decir que el expediente entró todo al ministerio, fue al departamento jurídico del ministerio en la época y ahí se inicia el expediente, se hace un racconto de todo lo que contiene, entró a Jurídica el 27 de setiembre del año 2006 y a las 18.17 de ese mismo día se mandó digitalizar, pero no se mandó digitalizar las actas de declaración ni las actas de deliberación. Cuando uno ve ahora el reparto que se le hizo Familiares ve que está el expediente 5937, pero, a diferencia de lo que ocurrió con los otros tribunales, hay otra carpeta que dice “documentación anexada”. En esa documentación anexada aparecen las actas de declaración. O sea, el expediente fue a Jurídica, Jurídica separó las actas –probablemente porque las actas de tribunales de honor eran reservadas– y mandó digitalizar la resolución de homologación, con los fundamentos jurídicos de homologación. Eso fue elevado a la señora ministra el mismo 27, la ministra lo firmó el 27 y el 28 lo homologó el Poder Ejecutivo con la firma de Tabaré Vázquez.

EC —Me llaman la atención algunos detalles. La abogada del ministerio Nelly Méndez es la que hace el informe que se eleva a la ministra Azucena Berrutti, y en el punto 27 da cuenta de que el tribunal de honor militar había detenido las actuaciones a la luz del artículo 77 del reglamento, es decir, presunción de delito, y que luego había continuado la tarea tras el aval de quien entonces era el encargado de despacho del Comando porque el comandante en jefe, Carlos Díaz, no estaba en el país.

JB —Estaba el general Manuel Saavedra.

EC —Fue el general Manuel Saavedra quien dio la indicación de continuar.

JB —Sí.

EC —No se sabe por qué detuvieron sus actuaciones.

JB —La doctora Méndez tampoco se enteró de por qué, la doctora Méndez no sabe por qué.

EC —Pero ustedes, autoridades del ministerio, cuando recibieron ese informe de la Asesoría Letrada se enteraron de esto, de que había pasado algo en el trámite del tribunal de honor, de que se habían detenido las actuaciones ante la aparición de un presunto delito. ¿No hubo curiosidad al respecto?

JB —El delito puede ser civil o militar. No es que no haya habido, es que ella en realidad no tuvo conocimiento tampoco –no voy a responsabilizar ni mucho menos a la doctora–, en esa acta no se hace referencia a cuál pudo haber sido el delito que estaba asignado para haber detenido por el artículo 77. Ella aceptó eso y siguió. En todo caso, el comandante tendría que haber dado cuenta en su momento de que el delito era el que había declarado Gilberto Vázquez en ese momento.

EC —¿Y no había la costumbre de solicitar las actas completas de las actuaciones de los tribunales de honor?

JB —No, porque las actuaciones de los tribunales de honor son de diverso tipo. Y en realidad cuando vino informado sin ninguna noticia de ningún tipo de declaraciones de Vázquez que implicara delito, no se dio cuenta y siguió el trámite con el aval de la Jurídica del ministerio de aconsejar la homologación. Además está claro que el acta de declaración no venía en la documentación.

EC —Pero el acta sí estaba en el ministerio, como acaba quedar comprobado ahora.

JB —Claro, estaba, la Jurídica la tuvo.

EC —El ministerio le entrega a Familiares todo lo que tiene en su poder, incluidas estas actas con estas confesiones de Gilberto Vázquez.

JB —A ver, no estaban en el expediente. Yo puedo seguir el expediente, los que tenemos el expediente –y usted lo tiene, seguramente la prensa lo tiene– lo podemos seguir y en realidad esto va a la homologación el 28 de setiembre y vuelve al ministerio el 5 de octubre. Cuando vuelve al ministerio el 5 de octubre para el trámite, cuando va a la Dirección Central de Secretaría y a Personal Militar, que es donde deben quedar las copias de declaraciones, ahí un funcionario de Personal Militar dice “ojo que las actas a las que hace referencia la doctora en la foja 1 no están en el expediente”. Vuelve para atrás –ya estaba homologado– y a fojas 18 hay una fotocopia de un sobre que seguramente contenía las actas.

EC —Justamente, ¿esa referencia a unas actas que no estaban no llamó la atención a las autoridades del ministerio en su momento cuando recibieron el informe?

JB —No porque la Jurídica no puso una alerta. No creo que las haya leído, si informó en un día el expediente probablemente no las leyó, porque son de carácter reservado, supongo.

EC —Usted comparte que llama la atención la diferencia con el caso reciente, el de las confesiones de Gavazzo a fines del 2018 en un tribunal de honor que terminó generando el escándalo que generó el año pasado en el gobierno Vázquez. En ese caso tan sonado, el MDN, encabezado por Jorge Menéndez, sí recibió todas las actuaciones, al punto de que el entonces ministro, ahora fallecido, en su carta de renuncia, cuando se la pide Vázquez, dice que él revisó todas las actuaciones y que dio cuenta de los delitos que notaba.

JB —Estamos hablando de una Jurídica del ministerio del año 2018, y cuando el ministro Menéndez recibió todo lo hizo ver por sus asesores de Jurídica; fueron ellos –no porque les hubiera dicho el comandante Manini nada– los que en la lectura de ese material pusieron en alerta por esa declaración. Y si vemos ahora lo repartido –lo tengo delante de mí cuando estoy hablando con usted–, ese expediente de 2018 contiene todo. O sea, el expediente es único, está, fue repartido ya en su momento y contenía todo, contenía las actas, la valoración jurídica del tribunal, todo. En el otro caso, el expediente 5937-9 –repito, mire lo que se entregó– cuando se repartió no contenía las actas, esto es documentación anexada.

EC —Lo que impresiona es que no contuviera esas actas, porque cuando uno las lee se da cuenta de que todas estas confesiones que hace el coronel Vázquez no las hace porque sí, no las hace en un rato de demencia que le dio en ese momento, las hace para justificar por qué se había fugado, hace una larguísima explicación de lo que estaba ocurriendo en ese momento, las posibilidades de ir preso debido a eso…

JB —Las hace para fundamentar ante los generales que hasta ese momento se había protegido a los que habían tenido violado derechos humanos, les pone de frente, arriba de la mesa a los generales: ¿Cómo? ¿Hasta ahora el Ejército siempre nos protegió y ahora nos va a dejar baranda, nos va a dejar sin protección? Lo hace para eso. Basta leerlas todas.

EC —Sí, dice: “El hecho del tribunal de honor me interesa porque aquí tengo la oportunidad de decir las cosas como son y ustedes juzgarán y el Ejército juzgará y si el Ejército me cuelga, perfecto”. Esa es la frase textual. Pero adonde voy es que cuenta todo esto, confiesa lo que confiesa para explicar por qué decidió fugarse, porque él entre otras cosas quería hacer declaraciones a la prensa, etcétera. Entonces es llamativo, es muy llamativo que toda esta explicación de Gilberto Vázquez no figure en el material que les llega a la ministra y al subsecretario, ¿no?

JB —Es llamativo.

EC —Entonces ¿qué hay que entender?, ¿cuál es su interpretación?, ¿que las autoridades del Ejército de la época decidieron correr eso a un costado, ocultarlo?

JB —Mi interpretación es que las autoridades del ejército de la época decidieron ocultar esa declaración, así como el general Manini decidió ocultar y no dar cuenta de la declaración de Gavazzo respecto a la disposición del cadáver de Gomensoro.

EC —Hay una diferencia, porque cuando Manini eleva al ministerio todo el expediente del tribunal de honor de Gavazzo incluye las actas con las confesiones.

JB —De vuelta, en el 2006 también estaban incluidas, cuando va a la Jurídica, la Jurídica ve las actas, las enuncia no más, enuncia el título de las actas y no las manda en el expediente.

EC —Pero ¿entonces es Jurídica del ministerio quien actúa por órdenes del comandante en jefe del Ejército? ¿Es ahí que se produce “el ocultamiento”, según usted dice?

JB —No, no creo que haya sido por orden, creo que, como expresa la doctora, ella solo se interesó por destacar los elementos formales y no los contenidos. Lo dice en el expediente cuando arranca.

EC —Pero usted recién hablaba de un ocultamiento.

JB —Claro, el ocultamiento fue porque el comandante en jefe del Ejército debió haberle dicho a la ministra “mire que está esta acta […] que es lo que declaró Gilberto Vázquez”. Ahí está el ocultamiento. Por eso hoy son repartidas como documentación anexada, no están de la misma manera que están en el expediente de 2018, no se incorporaron digitalizadamente al expediente. Pero esto ha sido la historia de ocultamiento, de no asumir el tema de las declaraciones y de lo que fueron prácticas durante la época de la dictadura, eso se ha mantenido.

EC —Hablando de detalles que no se conocían hasta ahora, en esa verborragia de Gilberto Vázquez cuando explica por qué se fugó, señala que el comandante en jefe del Ejército les había ofrecido a él y a otros militares asumir la autoría de un crimen y ser juzgados por ese crimen en Uruguay a efectos de evitar la extradición que había sido solicitada por la justicia argentina por el caso Gelman. Tenían que asumir el caso de la desaparición en 1976 en Argentina de Adalberto Soba, militante del Partido por la Victoria del Pueblo. Es ahí, razonando a partir de ese ofrecimiento, que Gilberto Vázquez se molesta por el hecho de que el Ejército los va a dejar colgados.

JB —Ya venía molesto desde antes en esa declaración, porque dice “nosotros en realidad pensamos que no íbamos a permanecer –estamos hablando del pedido de extradición– detenidos como no permanecieron detenidos los del caso Berríos en la década del 90”. Ahí arranca y hace una aseveración. Después se empieza a plantear lo que usted decía ahora, que aparentemente el comandante de la época les insinuó “si quieren salvarse de la extradición a la Argentina –que las extradiciones a Argentina terminan en Devoto, etcétera–, hay que asumir responsabilidades acá”. Esa es la parte en que él hace el racconto. Y todo el fundamento que tiene Gilberto Vázquez ahí es decir “hasta ahora siempre nos han protegido y ahora parece que tenemos que ir a la cadena perpetua”.

EC —Sí, incluso señala que si hacen eso, por ejemplo Ramas iba a estar asumiendo un delito del que no participó, ahí Gilberto Vázquez confiesa que él sí estuvo en el caso Soba, dice: “Sí, yo estuve, pero Ramas no, y sin embargo le están pidiendo que se haga culpable de ese delito”. Ahí empieza a tirar del rollo y cuenta todo lo que cuenta. Pero ¿usted sabía de ese ofrecimiento, de esa negociación que había existido? Porque Gilberto Vázquez hasta involucra de alguna manera al presidente de la República, a Tabaré Vázquez.

JB —En lo más mínimo.

EC —Señala –leo textual–: “Un día nos dicen: ‘Mañana o pasado va a haber novedades porque el comandante tiene una reunión con el presidente, tiene una cena con el presidente’. Al otro día, después de la cena al mediodía, estaba Díaz, estaban el general de la división de Ejército 1 y yo, llegó el comandante y dice: ‘El problema es que a ustedes los quieren presos sí o sí’. Yo la información que tengo es que había tenido la noche anterior una reunión con el presidente, al otro día va para allá y nos dice que la cosa cambió, vamos presos sí o sí y ocho años como quien dice, dos días no, es cadena perpetua”. ¿Usted qué sabe de esas negociaciones en las que hasta el presidente Vázquez podría haber tenido participación?

JB —Está bien el “podría haber tenido”, es un condicional. Lo que puede haber pasado –yo no tengo ninguna confirmación respecto a lo que usted dice– es que le dijeron: “Mire, si en realidad están pidiendo la extradición van a marchar, salvo que asuman responsabilidades y sean juzgados acá”. Porque cuando hay un delito extraditable y se es juzgado en un país por el mismo delito, no se da la extradición por el mismo delito. Seguramente fue eso lo que estuvo planteado. Pero no me consta que haya habido una conversación, que haya venido del presidente. Vamos a entendernos, ubiquemos el contexto del año 2006, hasta el año 2005 la […] había cambiado, y es a partir de que se empiezan a sacar de la ley de caducidad las denuncias y se habilita que el Poder Judicial comience a actuar que terminan siendo procesados, entre ellos Gilberto Vázquez con 25 y 30 años por dos causas distintas. Parece que acá hubiera habido una acción deliberada de ocultar; es ofensivo para la doctora Berrutti pensar que pudiera haber estado enterada de esto y no lo hubiera comunicado, porque si alguien puso en conocimiento de lo que fueron archivos y todo fue la doctora Berrutti. Venir a decir ahora que se trató de ocultar esa información, cuando se pusieron al servicio de la justicia todas las comunicaciones que podían surgir de esos archivos para dar claridad a cuál había sido el lugar en el que había estado cada uno de los denunciados por violaciones a los derechos humanos, es por lo menos ofensivo o querer reconstruir la historia. Se la banco a los que tienen 30 años, a los que tenemos más de 30 no.

EC —Me quedan por lo menos dos preguntas para hacerle. Gilberto Vázquez dice más cosas en esa declaración, en ese testimonio, en esas confesiones. Señala que pensaba fugarse para comunicarse con la prensa y hacer otras cosas, “las mismas del 89”. Y con “las del 89” se refiere a que en aquel año él y otros militares habían recibido de los mandos del Ejército de la época instrucciones para realizar seguimiento de varios dirigentes políticos, Tabaré Vázquez, Eleuterio Fernández Huidobro, Hugo Cores, entre otros, y ese seguimiento tenía que hacerse con la eventualidad de después culminar con atentados, con ejecuciones, con muertes. O sea, cuenta que eso existió en el 89 y dice que iban a hacer algo parecido o estaba la posibilidad de algo parecido en 2006.

JB —No, dice que él iba a hacer algo parecido. Es más, no dice, porque en el 89 dice que iba a haber seguimiento de Cores, de Eleuterio Fernández Huidobro, de León Lev y de otro nombre que no me acuerdo. Pero más adelante dice: “Sí, y yo se la iba a dar al presidente”. Imagínese que el presidente hubiera tenido noción de esa acta y no hubiera dado cuenta en la justicia. Es inconcebible.

EC —Pero mi pregunta es: a propósito de esas confesiones, ¿qué dice usted?

JB —Yo no digo nada de las confesiones, tomo nota de las confesiones que hizo Gilberto Vázquez en el tribunal de honor.

EC —Usted era subsecretario en aquel año 2006, ¿no llegó a conocer nada de eso?

JB —En absoluto, como no llegaron a conocer nada la ministra ni el presidente, en absoluto. Y recién esas actas aparecen ahora anexadas.

EC —Pero podían haberlo sabido por otros lados, ¿esa posibilidad de atentados ustedes la habían recibido como dato por alguna fuente en aquel momento?

JB —No, no, no, si se hubiera sabido se hubieran tomado conductas respecto a eso, aunque era una cosa que ya había pasado porque estábamos en el año 2006 y él hace un racconto del 89. Pero sí se hubiera actuado porque él dice que estaba dispuesto a matar al presidente.

EC —Ahora que se sabe esto, ¿qué repercusiones entiende que debería haber?

JB —En todo caso todos tenemos que reflexionar, los analistas –yo no soy analista– y todos, sobre por qué esas actas que están anexadas se liberaron ahora, en el sentido de que se dio cuenta de que esas actas existían y se comunicaron ahora. Porque esas actas del tribunal de honor, ese expediente del tribunal de honor cuando fue a la justicia fue sin las actas. Estoy hablando de la década del 2006 en adelante.

EC —Se liberaron ahora porque el MDN accedió a una solicitud de acceso a la información pública que hizo Familiares.

JB —No, ese expediente ya se había liberado a la propia justicia en su momento y sin embargo no habían ido las actas, o no habían aparecido.

EC —¿De qué año estamos hablando?

JB —De 2006 en adelante, cuando el juicio de Gilberto Vázquez.

EC —¿Usted dice que lo que hay que investigar es ese ocultamiento, lo que usted llama ocultamiento?

JB —Que el ocultamiento existió no hay que investigarlo, existió, en todo caso habrá que ver las responsabilidades.

EC —¿A quién le corresponde investigar? ¿A una comisión investigadora del Parlamento, a la justicia?

JB —Ya lo tiene la Fiscalía y la Fiscalía dispondrá, en todo caso, si lo entiende del caso.

EC —Lo tiene Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Hablábamos con el doctor Perciballe más temprano y él decía: “Eso no entra en mi órbita, en todo caso es tarea de otro fiscal”.

JB —Está bien, pero lo tiene la Fiscalía.

EC —Tendrá que resolver el fiscal de Corte, Jorge Díaz, qué fiscal examina eso.

JB —Exactamente. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué quien conocía las actas, que sabía de la existencia de esa acta de Gilberto Vázquez, por qué ahora las hace aparecer. Eso es lo que hay preguntarse.

EC —Ahí usted está apuntando a Madres y Familiares, ellos pidieron estas actas.

JB —¡Por favor! ¿Cómo voy a apuntar contra Madres y Familiares, Emiliano?

EC —Quien pidió esta documentación fue Madres y Familiares.

JB —Sí, sí, pero si hubieran pedido el expediente que no tenía los anexos le hubiera llegado sin las actas, ¿entiendes lo que quiero decir?, pero en este momento alguien informó que existían esas actas en algún lugar.

EC —¿Alguien le informó a quién? ¿A Familiares?

JB —No. Familiares hizo lo que tiene que hacer y lo que ha estado haciendo siempre y bien. Alguien que conocía la existencia esa acta dijo “ahora también podemos liberar la entrega de estas actas”.

EC —¿Usted dice que alguien dentro de la estructura militar le dijo al mando actual del MDN que existían esos documentos?

JB —Los que estaban en conocimiento del acta dijeron “además de este tema, están aquellas actas”. Alguien, porque descarto que el ministro García no conocía las actas hasta que le llegaron.

EC —¿Para usted hay una operación política ahí?

JB —¿Y cuál sería el objetivo de la operación política?

EC —Usted dice que alguien, que sería alguien… no sé, de las Fuerzas Armadas…

JB —Alguien que conocía el contenido de las actas, que conocía el contenido de esa acta.

EC —… dijo: “Divulguen esas actas, miren que están estos documentos”.

JB —Alguien dijo: “Cuando llegue un pedido este de acceso a la información para este expediente, en el expediente las actas no están, pero las actas están acá o allá” y que se dieran a conocer.

EC —Hay una pregunta para usted también, doctor Bayardi. El viernes el periodista Mauro Bettega escribió en Twitter: “En abril 2019 solicité al entonces ministro de Defensa, José Bayardi, acceso a los expedientes completos con las declaraciones en actas y los fallos de los tribunales de honor de varios militares, entre ellos el de Gilberto Vázquez. No se me permitió acceder a las actas”. Esta fue una decisión suya.

JB —No, que no se le permitió acceder a las actas es una valoración de Mauro Bettega, porque el ministro no maneja el Departamento de Archivo Documental, el ministro no manejaba la Administración Documental, se dio la orden de que se diera el expediente que estaba en Administración Documental. Y en todo caso, yo no sé qué le llegó a Mauro Bettega, pero se le debe haber dado el expediente 5937,9 en información digital, que era lo que estaba en Administración Documental. Ahí no se habían digitalizado las actas, por lo cual se le entregó lo que estaba en Administración Documental. Doy por hecho que el funcionario de Administración Documental copió ese expediente en información digital y se lo dio. Pero ahí no estaban las actas, por lo cual no le ocultó… Yo no manejaba el archivo, lo manejaba un funcionario, y ese funcionario tenía la orden de que cuando venían los pedidos se contestaran de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información. Para aquellos que dicen que hubo ocultamiento, la Ley de Acceso a la Información la generó el Frente Amplio, y esa ley tiene un artículo particular, el artículo 12, que dice que no se puede entablar ni reserva ni secreto ante constataciones de hechos vinculados a los derechos humanos.

EC —Usted dice que al periodista se le entregó lo que había y lo que no estaba no se le pudo entregar.

JB —Se le entregó lo que estaba en el expediente.

EC —Pero hace un rato usted señalaba que en el año 2006, al final del trámite del expediente, se terminan incorporando esas actas también al archivo del MDN.

JB —Se terminan archivando las actas en otra división, que es la División Personal Militar.

EC —No en el mismo lugar que la otra parte del documento.

JB —No, lo que archiva Personal Militar eran las acciones del tribunal. No se le incorporaron esas actas en el archivo general, que es el que depende de Administración Documental.

EC —Eso fue lo que repercutió, dice usted, en la respuesta que se le dio al periodista el año pasado.

JB —Al periodista se le dio lo que era el archivo del expediente que estaba en Administración Documental y no en Personal Militar.

EC —Lo que usted está señalando es que esta vez, ante el pedido de Madres y Familiares, se buscó documentación en dos lugares para poder entregar los paquetes.

JB —Supongo yo porque viene como documentación anexada, algo que está anexado no estaba en el documento original.

Transcripción: María Lila Ltaif

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Foto: José Bayardi durante su período como ministro de Defensa en 2019. Crédito: Javier Calvelo / adhocFOTOS

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Las confesiones que realizó ante un tribunal de honor militar en el año 2006 el coronel Gilberto Vázquez, incluyendo su participación en delitos de tortura y asesinato durante la dictadura, sacudieron el escenario político entre jueves y viernes pasados, cuando se divulgaron por primera vez las actas de los interrogatorios.

Esas confesiones se encuentran en las actuaciones de un tribunal de honor del Ejército que en 2006 juzgó a Vázquez por su fuga del Hospital Militar, al que había sido trasladado ese año desde la sede de la División 1 del Ejército, donde permanecía detenido, para realizarse un examen médico.

Por ese hecho el tribunal condenó a Vázquez con una sanción muy grave, el pase a la situación de reforma; esa decisión fue apelada por el militar pero terminó siendo confirmada por un tribunal de alzada y luego homologada por el gobierno de la época, encabezado por Tabaré Vázquez. Pero ni el tribunal, ni el Ejército ni las autoridades del Poder Ejecutivo tomaron medidas relativas a las confesiones de violaciones a los derechos humanos. La justicia penal no fue notificada de aquellas declaraciones.

La pregunta que quedó abierta desde el jueves es si el Ministerio de Defensa, encabezado por Azucena Berrutti, recibió aquella documentación o si, en cambio, esos papeles fueron ocultados por el comandante en jefe de aquel momento, Carlos Díaz.

El debate se instaló la semana pasada porque las autoridades actuales del Ministerio de Defensa entregaron a Familiares de Detenidos Desaparecidos todas las actas de los tribunales de honor de las Fuerzas Armadas que esa organización había pedido en el mes de junio, en una solicitud de acceso a la información pública.

En el acta 10 del Tribunal de Honor, de primera instancia, fechada 26 de julio de 2006, figuran varias de las confesiones de Vázquez.

“Tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palo, pero no me arrepiento”, dijo. “Nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso de lo que hice”, declaró Vázquez, que actualmente se encuentra en prisión domiciliaria en la ciudad de Rivera condenado por 28 homicidios correspondientes a uruguayos capturados en Argentina.

¿Cómo diligenciaron este asunto las autoridades del MDN de aquel entonces? Lo conversamos con el doctor José Bayardi, quien ocupaba el puesto de subsecretario.

Destaques de la entrevista:

• "A la ministra nunca se le dio cuenta de las declaraciones de ese tribunal".
• "Esa acta de declaración no fue puesta en conocimiento de la señora ministra, ni por el comandante en jefe ni por los miembros del tribunal".
• "Llegó todo el ministerio, nunca fue comunicada formalmente la existencia de esa acta por el comandante en jefe".
• "Las autoridades del Ejército de la época decidieron ocultar esa declaración de Vázquez, así como el general Manini Ríos decidió ocultar y no dar cuenta de la declaración de Gavazzo respecto a la disposición del cadáver de Gomensoro".
• "Para aquellos que dicen que existe ocultamiento, recuerden que fue el Frente Amplio quien creó la ley de acceso a la información".

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La entrada José Bayardi (Exsubsecretario de Defensa): “Las autoridades militares en el 2006 ocultaron” al gobierno las confesiones de Gilberto Vázquez al Tribunal de Honor del Ejército se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El senador Daniel Garín, del MPP, fue uno de los legisladores que recibió a Bayardi este martes, y sobre eso habló con En Perspectiva esta mañana.

Foto: Ejército del Uruguay

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Señor Director,

Tuve conocimiento, a través de la edición del viernes del diario El Observador, de las declaraciones atribuidas al Ministro de Defensa Nacional de Uruguay, Dr. José Bayardi, las cuales recibí con absoluta perplejidad, por ser ellas livianas y fuera de contexto.

Los comentarios del ministro Bayardi sobre la sociedad brasileña están cargados de fuertes prejuicios y demuestran total desconocimiento de la realidad en la que viven 210 millones de brasileños, una sociedad con gran vigor democrático.

Son comentarios incomprensibles de parte de una alta autoridad política de un país vecino, con el cual Brasil mantiene relaciones de gran amistad y con el que comparte una frontera en la que vive casi un millón de personas. Somos más que países amigos, somos pueblos hermanos. Sorprenden aún más por haber sido pronunciadas por el Ministro de Defensa Nacional, bajo cuya responsabilidad se encuentra la profunda y ejemplar cooperación militar mantenida por ambos países entre sus tres Fuerzas Armadas.

También ha quedado en evidencia su poca información respecto al proceso político brasileño, en lo que se refiere al procedimiento constitucional de impeachment de la expresidente Dilma Rousseff, llevado a cabo por las dos cámaras del parlamento brasileño y conducido por el presidente del Supremo Tribunal Federal del país. En ese mismo sentido, me causó espanto y rechazo la opinión vertida sobre el funcionamiento del Mercosur, mecanismo que igualmente demostró desconocer.

Cordialmente,

Por Antonio José Ferreira Simões, embajador de Brasil en Uruguay

***

Fuente: El Observador

La entrada Carta de embajador brasileño en protesta por dichos del ministro de Defensa se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Producción: Rodrigo Abelenda

La justicia de Ciudad de la Costa procesó ayer a tres personas por la salida en el mes de mayo de un cargamento de cocaína de 600 kilos desde el Aeropuerto de Carrasco y que fue incautado en Francia.

La jueza María Elena Iriarte imputó el delito de cohecho y exportación de estupefacientes a un cabo de la Policía Área, dependiente de la Fuerza Aérea, y a un policía de Interpol. Dispuso además que ambos cumplan prisión preventiva por 180 días, plazo en el que terminará la investigación y se presentará la acusación. Además, se le imputó el delito de receptación a la ex esposa del cabo de Policía Área. Para ella la justicia dictaminó 90 días de prisión domiciliaria.

Todavía pueden aparecer más implicados en el tráfico. El ministro de Defensa José Bayardi dijo ayer a En Perspectiva que el protocolo para el control de aviones privados que operan en el aeropuerto no se cumplió, por lo que se investigará si hay más funcionarios que actuaron en complicidad para hacer la vista gorda y permitir la salida del avión con cocaína. Las responsabilidades surgirán de la investigación administrativa que realiza la Fuerza Aérea y la indagatoria de la Justicia Penal.

¿A qué conclusiones llegó ayer la Justicia?

Según el escrito de la fiscal Patricia Rodríguez, el avión en el que se transportó la cocaína arribó al Aeropuerto Internacional de Carrasco el pasado 13 de mayo a las 23:51 horas y partió el 15 de mayo a las 19:12 horas con destino a la ciudad de Niza, Francia. En la aeronave viajaban 10 personas, cinco de nacionalidad checa y cinco croatas.

Tanto en la llegada como en la salida los pasajeros utilizaron la Sala VIP del Aeropuerto de Carrasco y solicitaron que la carga y la descarga de las valijas fuera realizada por personal de esa área.

Según pudo comprobar la fiscal, en base a testimonios, interceptaciones telefónicas y filmaciones de las cámaras del aeropuerto, los narcotraficantes contaron con la complicidad de un policía de Interpol que trabaja en el aeropuerto de Carrasco.

El 15 de mayo, día en que salió el avión con la cocaína, el efectivo no debía estar desempeñando tareas en la terminal. Sin embargo, en las filmaciones de ese día se lo puede ver trasladándose a la Sala VIP, algo poco común tal cual manifestaron todos los empleados de esa zona. Según el dictamen, “además de ingresar y preguntar si de allí salían los vuelos privados (una consulta llamativa para una persona que hace 23 años trabaja en el Aeropuerto), se dirigió a uno de los pasajeros del vuelo, con quien mantuvo un intercambio antes de dirigirse hacia la puerta de Embarques”.

Este policía de Interpol sirvió de nexo con el cabo de Policía área, al que le pagó 30.000 dólares para hacer “la vista gorda” en los controles, según concluyó la justicia. La fiscal Rodríguez determinó que ambos se comunicaron el día de la partida del avión, 15 de mayo, a las 19 hs, y además mantuvieron 16 contactos telefónicos entre los meses de abril y mayo.

Según el dictamen, el efectivo de Policía Área, desde hace meses presta servicios en un sector donde se controla el equipaje despachado por los pasajeros de vuelos comerciales, no privados.

Rodríguez sostiene: “la sección donde trabaja el efectivo nada tiene que ver con la asignación de funcionarios para prestar servicio en las partidas de la Sala VIP. En efecto, el análisis de las valijas se realiza desde una habitación alejada de dicho sector, sin ventanas ni contacto alguno con lo que sucede en el Sector Embarques”.

“De los registros fílmicos surge que el funcionario de Policía Aérea ayudó a los empleados de la Sala VIP a cargar las valijas, cuando su función no lo exige ni lo comprende; mucho menos, cuando éstas siguen su camino por la cinta y pasan por la zona de control del escáner”, sostiene la fiscal.

Rodríguez sostiene que “lo que un funcionario de la policía aérea debe realizar una vez controlado el equipaje de pasajeros es verificar que los mismos pasen por debajo de un arco detector de metales. En caso de que el mismo suene, se activan luces en el sector del cuerpo donde se detecta la presencia de algún metal; en simultáneo suena una alarma que da aviso de dicha situación”. La investigación concluyó que las luces se activaron, sin que el policía aéreo prestara atención a dicha situación

La fiscal sostiene que “lo que correspondía era utilizar una paleta detectora de metales para revisar en forma directa al pasajero que ya pasó por el arco. Dicho aspecto no solo no se verificó sino que además quien se había ofrecido a realizar el control con la excusa de llevar a la Sala VIP el curriculum vitae de un familiar, no llevó la paleta referida”.

Días después de que el avión partiera, el cabo de la Policía Área fue hasta la casa del oficial de Interpol a cobrar los 30.000 dólares. Posteriormente, dejó el dinero en la casa de su esposa, con quien actualmente se encuentra separado aunque mantiene contacto ya que ambos tienen un hijo en común.

Luego de unos días volvió al domicilio de su esposa y retiró 6.000 dólares que utilizó para comprar electrodomésticos y reformar su casa.

En una de las escuchas, realizada el 30 de julio pasado, se oye a la ex pareja del Policía Aéreo decirle a él que se siente “apretada” por tener 24.000 dólares en su casa. Él le responde que se quede tranquila, que “no hay prueba de nada”, tras lo cual le pregunta si quería que sacara “eso de ahí”, en referencia al dinero.

Antecedentes

¿Ahora, hay antecedentes de que un militar de la Fuerza Aérea se haya “vendido” al narcotrafico por una coima?

Ayer la producción de En Perspectiva le preguntó esto mismo al ministro de Defensa José Bayardi que respondió que no recuerda ningún caso similar.

¿Cuáles son la funciones de la Policía Aérea? Es un cuerpo especializado de la Fuerza Aérea que se ocupa básicamente del control y vigilancia de aeropuertos e instalaciones que componen la infraestructura aeronáutica del país.

Según la página web de la Fuerza Aérea, “se ocupa de la seguridad física de las instalaciones, el control de pasajeros y sus equipajes, la vigilancia preventiva y la actuación dentro de la jurisdicción como auxiliar de la Justicia”. “La vigilancia visual, el control a través de equipamiento de alta tecnología y hasta la utilización de plantel de perros entrenados para la detección de explosivos o narcóticos”, son algunas de las acciones más conocidas de la Policía Aérea.

Así lo explicó ayer el ministro José Bayardi a En Perspectiva:

La Policía Aérea tiene la función primaria de tomar todas las providencias respecto a la seguridad de vuelo. A la seguridad del vuelo quiere decir que no se embarque nada que pueda poner en riesgo la seguridad del vuelo. Esa es su función primaria. Artefactos, explosivo o cualquier cosa que pueda distorsionar el vuelo. En ausencia de otras unidades, entiéndase Aduana, Interpol, Dgrtid, él no puede renunciar a otras funciones como en este caso drogas. Tiene que proceder a la detención y dar cuenta a esas unidades específicas.

Bayardi explicó que el protocolo de seguridad para la solicitar la salida de un vuelo privado, establece que el operador aeroportuario (un agente privado que brinda servicios para el concesionario del Aeropuerto de Carrasco) debe dar cuenta no sólo a la Policía Aérea, sino también a la Dirección Nacional de Aduanas, a la Dirección Nacional de Migraciones, y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid).

Sin embargo no todas estos organismos estuvieron el 15 de mayo cuando partió el avión con cocaína. Según concluyó la fiscal Rodríguez y confirmó el ministro Bayardi, en el puesto de control correspondiente, realizando tareas de control en el escáner y controlando a los pasajeros, sólo estaba el cabo de la Policía Aérea que fue formalizado ayer.

Dijo el ministro:

Evidentemente no estuvieron todos los que tenían que estar. Ahora supongo que la Justicia por su parte y en la investigación administrativa en curso surgirá si todos fueron informados por el operador, y si todos fueron informados porque no estuvieron lo que tenían que estar, y si no fueron informados porque no fueron informadas.

Bayardi agregó que pidió a la Fuerza Área determinar quién era el responsable máximo de asignar a un efectivo para el scanner de los aviones privados el 15 de mayo. El ministro explicó que si el día de salida del vuelo, el imputado estaba como supervisor, se pudo haber asignado a él mismo la tarea de controlar los aviones privados.

***

Foto: Aeropuerto de Carrasco / Wikimedia Commons

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Creo que quien aconsejó a uno de los candidatos o lo aconsejó mal, o el candidato entendió mal qué es una ley de derribo. La ley de derribo se usa para que cuando haya un interés vital o una infraestructura estratégica en peligro se pueda llevar adelante el derribo de una aeronave que se presupone va a causar daño. Ahora, vayamos al caso que se está planteado: que venga una avioneta, que vaya tirando fardos de droga en el campo… En realidad, el daño que uno presupone es que le caiga un fardo de droga en la cabeza a alguien. Por lo cual no está en riesgo ningún interés vital ni estratégico del país en juego como para que se apelara a una ley de derribo. Por lo tanto, invocarla para esto parece un tanto desmedido

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No está claro que el Senado vaya a aprobar el pedido del Poder Ejecutivo para pasar a retiro a cuatro generales del Ejército que integraron los Tribunales de Honor que juzgaron la conducta de José “Nino” Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira, y Luis Maurente.

La solicitud de venia fue remitida a la cámara alta el pasado 1° de abril. Después de algunos días de reflexión, la semana pasada el senador nacionalista Javier García sostuvo que la potestad para tomar esa decisión corresponde al presidente de la República y al Consejo de Ministros.

Este lunes, entrevistado en Radio Uruguay, el nuevo ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, acusó a García de “rehuir a las responsabilidades”.

(Audio Bayardi)

Lo que están buscando es un atajo para no tener que tomar posición. Y cuando no se toma posición, en mi opinión, se cometen los mismos errores que se cometen en el pasado respecto a la necesidad de que el sistema político debe discutir entre sí, con todo lo que se quiera poner arriba. Pero no se puede rehuir a las responsabilidades colectivas y que hacen a la defensa de la institucionalidad.

(Fin audio)

El Poder Ejecutivo basó su decisión de pasar a retiro a los cuatro generales en que estos habrían violado el artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor, que indica: “cuando se intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, el presidente del Tribunal debe comunicar de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones, hasta tanto el Superior se pronuncie”.

La venia para el pase a retiro requiere el apoyo de la oposición ya que, según la ley 19.189, se requiere 3/5 del total de componentes del Senado, es decir, 18 votos, que el Frente Amplio no tiene.

La Mesa de los Miércoles con Guillermo Fossati, Fernando Scrigna, Edgardo Rubianes y Teresa Herrera.

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José Bayardi asumió el lunes 8 de abril como nuevo ministro de Defensa, en medio de un terremoto político que llevó a la remoción de la cúpula anterior de esa cartera y la caída de seis generales del Ejército, uno de ellos, nada menos, el comandante en jefe, que sólo llevaba 12 días en el cargo porque el mes pasado había sido destituido el jefe anterior.

Bayardi toma un “fierro caliente” y debe encarar varias decisiones importantes, con el telón de fondo de las revelaciones surgidas de un tribunal de honor del Ejército que juzgó las conductas de los militares José Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente.

¿Cuáles van a ser los próximos pasos? ¿Cómo quedó la relación con el nuevo comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, que tuvo declaraciones polémicas y se vio obligado a retractarse?

En Perspectiva conversó con el nuevo ministro de Defensa Nacional, José Bayardi.

La entrada Bayardi: Manini Ríos puede ser sancionado por no informar a Defensa declaraciones de Gavazzo en tribunal militar, pero “le estaría vedando la posibilidad de hacer campaña electoral” se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El nuevo ministro de Defensa, José Bayardi, reveló ayer detalles de una conversación que mantuvo con el nuevo comandante en Jefe del Ejército, Claudio Feola, cuando le pidió que rectificara las declaraciones a la prensa que había hecho tras asumir el cargo, cuando no repudió las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura y pareció decir que no consideraba confirmadas las desapariciones de presos políticos.

Ayer a la salida de la Comisión de Defensa del Senado, Bayardi se explayó en el contenido de la conversación con Feola.

(Audio Bayardi)

Recién asumidito me comunico con Feola para ver el alcance de la declaración que había sido anunciada por él como la última pregunta. Y, en ese sentido, me dijo que estaba haciendo referencia al expediente al Tribunal de Honor. Ahí le hice tres preguntas. En primer lugar: Acá no se está poniendo a consideración que haya habido detenidos desparecidos en Uruguay. No señor. Muy bien. Segunda pregunta. Usted rechaza a todos los que llevaron adelante acciones que horadaron a la institución. Si señor, es lo que pienso. Muy bien. Tercera pregunta. Me dijo el presidente de la República que en conversación con usted le dijo que se sigue con el firme compromiso de colaborar con la justicia en todo lo que tiene que ver con DDHH. Sí señor. Entonces esto que me acaba de decir a mí, tendría que decirlo públicamente.

(Fin audio)

Bayardi atribuyó la declaración inicial de Feola a la “inexperiencia” sobre cómo afrontar una rueda de prensa. Recordemos: la crisis estalló e incluso puso en duda su permanencia en el cargo, cuando Feola dijo el lunes: "No voy a repudiar hechos del pasado porque no sé si están confirmados”.

La Mesa de los Miércoles con Hernán Bonilla, Fernando Scrigna, Edgardo Rubianes y Teresa Herrera.

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La entrada Bayardi atribuyó a la “inexperiencia” de Feola dichos sobre violaciones a DDHH en dictadura se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Producción: Rodrigo Abelenda

Bayardi dijo a la salida de la reunión que, a partir del análisis de las actas, el Poder Ejecutivo notificará a la Fiscalía cinco hechos de apariencia delictiva que surgen de esos escritos.

QUÉ CONTIENE EL EXPEDIENTE

El “Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores Nº 1” se conformó en setiembre de 2017 y juzgó la conducta del teniente coronel (retirado) Gavazzo, y los coroneles (retirados) Silveira y Luis Maurente (*), condenados por la justicia penal en la causa conocida como “el segundo vuelo”, donde se les tipificó el delito de “homicidio especialmente agravado en reiteración real” de 28 militantes de izquierda que fueron trasladados desde Buenos Aires a Uruguay en 1976 y que permanecen desaparecidos.

Sin embargo, la actuación del tribunal se transformó sobre la marcha en un gran relato desordenado sobre varias operaciones antisubversivas llevadas a cabo durante la dictadura.

El expediente tiene 702 hojas e incluye las actas de los interrogatorios pero además varias páginas vacías, resoluciones burocráticas del tribunal de honor y notas de prensa, actuaciones judiciales y otros documentos vinculados a los casos que se consideraron.

Gavazzo / Gomensoro

En las actas los miembros del tribunal preguntan reiteradas veces sobre la participación de los tres militares en interrogatorios y si tuvieron conocimiento de la muerte de alguna persona bajo torturas.

Al responder una de esas preguntas en su primera comparecencia (10 de abril de 2018) es que Gavazzo hace referencia, por su cuenta, a la desaparición del militante de izquierda Roberto Gomensoro Josman, ocurrido en marzo de 1973, tres meses antes del golpe de estado.

“Lo que yo sé, no lo declaré en la justicia porque no lo puedo declarar, aunque soy consciente de que lo que estoy declarando acá va a terminar en la justicia”, comienza diciendo Gavazzo.

El teniente coronel retirado relata que, revistando como Segundo Jefe del Grupo de Artillería N°1, detuvo a Gomensoro, que era señalado como el “Jefe Militar del Movimiento de Liberación ‘Tupamaros’”.

Gavazzo sostiene que ordenó dejarlo esposado en una silla con custodia porque su interrogatorio no era urgente, dado que ya sabía todo lo que podía aportar. Según Gavazzo al día siguiente Gomensoro apareció muerto, “pese a que no se le había hecho nada”, dice.

Agrega que, entonces, le comunicó la noticia a su Jefe, el teniente coronel Alfredo Rubio, y ambos concurrieron a informar al Comandante de la División de Ejército Nº 1, general Esteban Cristi. Cristi consideró que la información comprometía al Ejército. Por eso Gavazzo se ocupó de hacer desaparecer el cuerpo de Gomensoro arrojándolo al Río Negro. “Yo hago la operación tan mal que el cuerpo aparece al otro día o a los dos días, que ahí es cuando es recuperado”, relata.

Por esta causa, la justicia penal procesó el coronel Juan Carlos Gómez (**) pese a que Gavazzo sabía que era inocente. ¿Por qué no informó a la justicia? Gavazzo dice que procedió así para proteger a su subalternos y camaradas en el Grupo de Artillería Nº 1. En su segunda comparecencia ante el tribunal (13 de junio de 2018) Gavazzo lo explica en estos términos: “¿Por qué yo al principio cuando soy llamado por la jueza no digo todas estas cosas que estoy diciendo en este momento al tribunal? Por una razón muy sencilla. Porque en todo momento en cualquier juicio que se llama a un oficial, inmediatamente buscan que haya alguien más que tiene que ser responsable con él y le achacan la misma responsabilidad que pueda tener el responsable o no pueda o no tener el mismo responsable, pero empiezan a abrir el abanico y tratar de procesar al máximo posible de oficiales. Eso es lo que sucede, lo que está sucediendo hoy día, en la Justicia Ordinaria. Entonces yo lo que hice de esa manera es no mencionar nada porque, si no, iban a preguntar en el cuartel quién fue además que lo detuvo, quién lo interrogó, si es que lo interrogaron, quién hizo esto, quién hizo lo otro, e iban a procesar a oficiales que no tenían nada que ver y que eran subalternos míos. Entonces de esa manera yo no dije nada y asumí yo toda la responsabilidad".

Cuenta Gavazzo que a fines del 2010, estando los dos encarcelados, le relató al coronel Gómez su versión de los hechos bajo “palabra de honor” de que todo quedaba entre los dos. Al día siguiente, Gómez le entregó una carta redactada por él en la que detallaba la confesión que había escuchado unas horas antes. Gavazzo lo acusó entonces de “ser un hombre sin palabra”

Silveira / Gomensoro

¿Qué dijo Jorge “Pajarito” Silveira sobre la muerte de Gomensoro?

En sus dos comparecencias ante el tribunal, Silveira declara que le consta que “Gomensoro se le murió a Gavazzo”. Silveira admite que nunca vio a Gavazzo torturar ni matar al militante de izquierda pero que lo presumió cuando se enteró de una fuerte discusión entre Gavazzo y su jefe en el Grupo de Artillería 1, Alfredo Rubio.

Silveira relata que se reunió con las hijas de Juan Carlos Gómez, a quienes les señaló que era “una barbaridad” que su padre estuviera preso.

Silveira, por otro lado, presenta en el tribunal una carta firmada por Gavazzo que Gómez le entregó (por lo visto, entonces, Gavazzo y Gómez superaron el entredicho -sobre dejar por escrito aquella confesión- que tuvieron en la conversación relatada antes por el primero ante el tribunal). En esa esquela Gavazzo indica que Gomensoro murió “de un paro cardíaco” y que “un médico” señaló que “al estar esposado con las manos atrás”, las “arterias pulmonares que pasan por el tórax” quedaron “un poco comprimidas”. De todos modos, niega haberlo matado, apremiado o mandado apremiar (***).

OTRAS CAUSAS QUE APARECEN EN LA ACTAS

Además de las confesiones sobre la muerte de Roberto Gomensoro en las actas hay información sobre otras cinco causas.

Las repasamos rápidamente.

Eduardo Pérez Silveira (“El gordo Marcos”)

Silveira relata que Gavazzo “gaseó” a Pérez en su lugar de reclusión en la sede del Grupo de Artillería 1; dice que él mismo constató la presencia de gas en la celda. Según Silveira, cuando entró al lugar el “Gordo Marcos” ya había sido trasladado al Hospital Militar, donde terminaría falleciendo. Según Silveira, fue enterrado en un nicho del Cementerio del Norte. Gavazzo admite haber arrojado una granada de gas a Pérez porque se había desacatado.

Gavazzo señala que Pérez colapsó porque era asmático, según se enteró por otro detenido. El represor asegura que luego de que Pérez fuera traslado al Hospital Militar, le perdió el rastro.

El “Gordo Marcos”, o sea, Eduardo Pérez, permanece hoy desaparecido.

María Claudia García de Gelman

Silveira relata que cuando aparecieron indicios de que el cuerpo de María Claudia García de Gelman estaba enterrado en el Batallón 14 (allá por 2005), participó de una reunión en la que Gavazzo acusó de “traidor” al Coronel Eduardo Ferro, hoy detenido en España esperando la extradición a Uruguay. En ese encuentro Gavazzo dijo que había que matar a Ferro.

Silveira dice que Gavazzo ordenó llevar a María Claudia al Batallón 14 en 1976. Y agrega que fue testigo de que el enterramiento en ese lugar corrió por cuenta de Antonio Rodríguez Buratti (que se suicidó en 2006) y los policías Ricardo Medina y José Sande (hoy procesados). Según Silveira, Medina y Sande fueron los encargados de marcarle al entonces comandante en Jefe del Ejército, Ángel Bertolotti (2005-2006), un lugar incorrecto de la tumba clandestina.

Además, Silveira sostiene que el nombre de María Claudia García de Gelman nunca se le dio al oficial de inteligencia José Lamy, encargado de ejecutar “la Operación Zanahoria”, tareas que habrían estado destinadas a desenterrar restos de detenidos asesinados y hacerlos desaparecer definitivamente.

“¿Usted piensa que el cuerpo está todavía allí (en el Batallón 14)?”, preguntó el tribunal. “Lamy era una persona que hacía el trabajo con seriedad. Sé que Lamy no tenía el nombre de Gelman para desenterrar. Y sé por comentarios que había dos restos que no habían sido desenterrados en el Batallón 14”, contestó Silveira.

El segundo vuelo

En su testimonio, Gavazzo señala que el “segundo vuelo” con 28 militantes de izquierda “no existió. “¿Qué sentido tiene que de la Argentina, donde los mataban a todos, trajéramos una cantidad X de personas para matarlas acá?”, preguntó ante el tribunal. “No tiene sentido, no tiene sentido”, dijo Gavazzo. “Si nosotros hubiéramos tenido la necesidad militar o fuésemos unos sádicos, que los queríamos matar, los matábamos allá, pero no los traíamos a Uruguay a matarlos acá”, remató su respuesta.

Por su parte, Silveira declara en su primera comparecencia que tiene “la convicción personal de que existió el segundo vuelo”. Sin embargo, al prestar testimonio por segunda vez admite que escuchó comentarios en la cárcel y pudo haber sido “desinformado”.

Mechoso Méndez

Gavazzo relata que a mediados de 1976 Alberto Mechoso, un militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) detenido en Buenos Aires, le reveló dónde estaban localizados unos 5 millones de dólares de un rescate que le fue pagado al PVP para la liberación de un empresario judío-holando-argentino que había sido secuestrado. A cambio solicitó protección para él y su familia, que le fue concedida verbalmente por Gavazzo. El dinero estaba en la casa de la esposa de Mechoso. Gavazzo dice que acompañó el operativo junto a militares argentinos, que según su relato, se apropiaron del dinero para beneficio propio.

Gavazzo sostiene que al siguiente día fue a buscar a Mechoso a la “base” donde se encontraba retenido para sacarlo de Argentina, pero no pudo ubicarlo. Entonces emprendió viaje de retorno a Montevideo con la esposa de Mechoso y sus dos hijos desde Aeroparque. Gavazzo sostiene que debió bajarse el avión apenas antes del despegue porque le avisaron que dos personas querían hablar con él. Esas dos personas, que dice desconocer, le entregaron un maletín “como obsequio por sus servicios”. Al subir de nuevo al avión notó que el maletín tenía una cantidad enorme de dinero. Al llegar a Montevideo llevó el maletín a su superior Antonio Rodríguez Buratti, quien al contar el dinero determinó que había 1 millón 200 mil dólares. Gavazzo relató que Buratti dejó el dinero en una caja fuerte del Servicio de Información y Defensa del Ejército y no ahondó más.

En el año 2012 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó en territorio de Argentina los restos de Alberto Mechoso Méndez, desaparecido en 1976. La Justicia uruguaya procesó a siete militares y dos policías por su muerte.

Simón Riquelo

Gavazzo declara haber intervenido en Buenos Aires de un operativo para detener a Sara Rita Méndez, militante del PVP, en 1976. Gavazzo explica que participó interesado por el paradero de la bandera de los 33 orientales que había sido robada. Al ingresar al lugar donde estaba Sara Rita Méndez vio cómo militares argentinos se llevaban a su hijo de unos 20 días. Gavazzo aclara que formó parte del operativo sólo como “veedor”.

El niño apareció en 2002 y fue identificado como Simón Riquelo.

ALGUNOS COMENTARIOS

1. El expediente amerita una lectura más a fondo y la reseña de otros aspectos que surgen en las declaraciones. Este informe realizado por la producción de En Perspectiva constituye, simplemente, una primera mirada sobre algunos aspectos destacados.
2. El primer testimonio de Gavazzo ante el tribunal tuvo lugar el 10 de abril de 2018, hace un año. Ya en esa instancia surgieron elementos que, según lo dispuesto en el artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor (****), debieron haber llevado a la suspensión de las actuaciones y la notificación del presidente del organismo al Superior que correspondiere.
3. En los documentos incluidos no figura ninguna resolución que disponga la suspensión de las actuaciones según lo previsto. Tampoco existe notificación de que el comandante en Jefe de la época hubiese dispuesto la continuidad de la instrucción o la elevación al ministro de Defensa Nacional de la información relativa a eventuales delitos.

NOTAS:

(*) Originalmente el tribunal también debía juzgar la conducta del coronel (en situación de reforma) Gilberto Vázquez y el coronel (retirado) Ernesto Rama. Pero Vázquez no compareció por encontrarse en estado de salud delicado cumpliendo prisión domiciliaria en su casa de Piriápolis y  Vázquez tampoco lo hizo porque estar en situación de reforma debido a que se fugó del Hospital Militar.

(**) En su nota del 30.03.2019 en El Observador, Haberkorn explica los antecedentes: “Tito” Gomensoro fue detenido el 12 de marzo de 1973. No era jefe del aparato armado del MLN. Su tarea estaba concentrada en la militancia en la FEUU. Seis días después su cadáver apareció flotando en el río Negro, en el lago del Rincón del Bonete. Estaba envuelto en una malla de alambre y tenía atadas tres grandes piedras. El cadáver fue sometido a autopsia, pero no pudo ser identificado. Luego de ser enterrado en Tacuarembó, alguien lo volvió a desaparecer en fecha incierta.  El Ejército nunca admitió que aquel cuerpo que había aparecido flotando era el de Gomensoro. Decían que se había fugado y no se sabía nada de él. Hasta 1985 mantuvieron una orden de captura. Pero el forense que había analizado el cadáver cuando apareció flotando, se guardó para sí su cráneo. Eso permitió que en 2002 se confirmara que el cuerpo era el de Tito. En 2005 y a pedido del presidente Vázquez (en su primer mandato), Ejército, Armada y Fuerza Aérea entregaron informes con los datos en su poder sobre los desaparecidos. Fue entonces que el Ejército admitió por primera vez que Gomensoro había muerto en 1973, pocas horas después de su detención, “por problemas cardíacos”, en el Grupo de Artillería 1 (Montevideo); se reconocía, además, que su cuerpo había sido arrojado al lago de Rincón del Bonete. Este informe, sumado a la aparición del cráneo, permitió que un juicio por la muerte de Gomensoro avanzara en Tacuarembó. Parecía que los principales encausados serían los dos jefes del Grupo de Artillería 1: Rubio y Gavazzo. Sin embargo, sorpresivamente apareció un testigo, un tupamaro marginal llamado Valerio Blanco, que dijo que él había visto como el coronel Gómez había asesinado a Gomensoro, no en La Paloma sino en Paso de los Toros. Aunque su testimonio estuvo plagado de mentiras, errores, contradicciones e inconsistencias, la Justicia lo dio por bueno y Gómez fue enviado a la cárcel. Estuvo tres años y medio preso. En el Tribunal de Honor, los generales le preguntaron a Gavazzo y a Silveira por qué no advirtieron en la Justicia que Gómez era inocente, como les constaba.

(***) Jorge Silveira presentó ante el tribunal una carta firmada por Gavazzo, que le fue entregada por Juan Carlos Gómez y está fechada en 2010. Este es su texto: Yo, teniente coronel José N. Gavazzo, el día martes 26 de octubre de 2010, llamé al coronel Juan Carlos Gómez y le dije lo siguiente, que él puso por escrito solicitándome lo corroborara firmando al pie del presente, lo cual decidí hacer: Roberto Gomensoro Josman murió de un paro cardíaco, en el Grupo de Artillería N°1. Un médico explicó que el estar esposado con las manos atrás un cierto tiempo, hace que las arterias pulmonares que pasan por el tórax cerca de donde nacen los brazos queden un poco comprimidas. Le dije también, como lo he expresado en los juzgados, que soy un soldado y como hombre soy un hombre digno y no doy nombre de ningún superior ni subalterno. Le dije también que cuando murió Gomensoro yo era el 2° Jefe del Grupo de Artillería N°1, nombramiento transcripto en orden del Comando General del Ejército de fecha 26 de marzo de 1973.  Le expresé también que yo, Teniente Coronel Gavazzo: a) No maté a Gomensoro. b) No di orden de que lo apremiaran para obtener información y menos aún que lo mataran. c) Yo no lo apremié y por lo tanto no murió así.

(****) El artículo 77 del decreto 55/985 dice: “Cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie”.

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