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La Tertulia de los Lunes con Tomás Casaretto, Leonardo Costa, Patricia González y Eleonora Navatta.

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Fondos para investigaciones con cannabis… y otros telegramas

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Los socios son representados por el abogado Juan Ceretta.

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Las dos cámaras del Parlamento aprobaron ayer el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para resolver el futuro de Casa de Galicia, incluyendo el destino de sus socios Fonasa y los trabajadores. 

Tras un acuerdo entre oficialismo y oposición, en el Senado el proyecto se aprobó con 27 votos en 29, y en Diputados, con 89 votos en 91. 

En su artículo 1º el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a determinar los prestadores a donde serán destinados los socios de Casa de Galicia que son beneficiarios del Seguro Nacional de Salud.  

Los usuarios Fonasa tendrán 30 días hábiles para elegir prestador entre aquellas instituciones que determine el Poder Ejecutivo. Transcurridos 24 meses desde la asignación a una de estas mutualistas, los socios podrán cambiarse libremente dentro del sistema.

En el texto se explicita que las mutualistas a donde se repartirán los socios Fonasa no deberán tener más de 100 mil usuarios, el total de afiliados mayores de 65 años no debe superar el 20% del padrón, y la cantidad de socios que cada una reciba de Casa de Galicia no podrá superar el 15% del padrón total. 

Si bien el texto no dice  cuáles serán esas instituciones, había trascendido que la lista incluye al Círculo Católico, el Hospital Evangélico, Universal, Cudam y Crami.

En cuanto al futuro de los trabajadores, se prevé que se distribuirán entre los prestadores determinados por el Poder Ejecutivo “en forma proporcional a la migración de usuarios”. Aquellos que no entren en esa distribución “podrán ampararse en un régimen especial de subsidio por desempleo que establecerá el Poder Ejecutivo” durante un año. Con la información de todos los trabajadores de la mutualista se creará una “base de datos” en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El proyecto asegura el “destino sanatorial” del edificio de Casa de Galicia, lo que garantiza que no podrá utilizarse con otro fin una vez que vaya a remate. Y también se habilita a ASSE a presentarse a ese remate para adquirir los bienes muebles o inmuebles de la mutualista.

El senador nacionalista Gustavo Penadés subrayó en rueda de prensa que se logró “un importantísimo acuerdo político”, ya que en el Senado recibió votos de todos los partidos políticos. Resaltó que el proyecto surgió de una negociación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones médicas, los sindicatos y el sistema político. Explicó que el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a establecer una serie de medidas que garanticen “la calidad de la salud que reciben los usuarios de Casa de Galicia” y también garantiza a los trabajadores de la mutualista “la posibilidad de ser absorbidos por las instituciones que se encargarán de atender a los usuarios, que serán enviados a cuatro instituciones que surgen de un cálculo objetivo”.

Sin embargo, no todos votaron el proyecto, como los senadores nacionalistas Sergio Botana y Juan Straneo (suplente de Juan Sartori), la diputada frenteamplista Susana Pereira y el representante del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega.

Botana agregó que el proyecto tiene “riesgo jurídico”, porque “puede tener consecuencias de responsabilidad para el Estado”. “Sinceramente, no me pareció nada buena esta solución a la [Daniel] Olesker [senador del FA] que se tomó. Acá se están repartiendo las pilchas antes de que el difunto esté muerto. Eso es lo que está sucediendo”, finalizó.

En la misma linea, el abogado que representa a un grupo de afiliados de Casa de Galicia, Juan Ceretta, había declarado que hace días que consideraba esta medida como inconstitucional.

Hoy En Perspectiva conversamos con el abogado, Juan Ceretta.

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Texto de la ley aprobada en el Parlamento

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Otorgar una vivienda, implementar planes de educación en las cárceles, dar acceso a medicamentos de alto costo… ¿son tareas de los jueces o del gobierno y los legisladores?

Una serie de fallos judiciales sobre estos asuntos han tensado la cuerda entre la justicia y la política.

Varias de estas decisiones tuvieron lugar a partir de acciones llevadas adelante por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que tiene entre sus principales referentes al Dr. Juan Ceretta.

La última situación que generó mucha controversia se generó con las sentencias de juzgados de familia que obligaron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a dar soluciones habitacionales a familias que habían sido desalojadas del asentamiento Nuevo Comienzo, en la zona de Santa Catalina, en Montevideo.

Este caso dio pie a debates políticos y jurídicos que hemos abordado aquí en las tertulias.

Hoy En Perspectiva les proponemos profundizar en esta discusión en diálogo con el Dr. Juan Ceretta, Docente en el Consultorio Jurídico y Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de
la República.

Destaques de la entrevista:

• "El aula es un espacio de política en el sentido más amplio del término política".
• "En las causas que nosotros patrocinamos desde la clínica no somos neutrales, tomamos partido siempre por la causa y no es una labor como se concibe habitualmente la labor del abogado, en un sentido profesional aséptico, sino que estamos contaminados por la causa".
• "Intentamos que no sea político-partidario y que las causas en general refieran a derechos humanos. En materia de derechos humanos puede haber cuestiones opinables pero en general son opinables en cuanto a la estrategia no tanto sobre la tutela de los derechos humanos".
• "Estuvimos acostumbrados durante varios años a que la discusión sobre el impacto que tienen este tipo de acciones en el gasto público era algo que estaba bastante obviado, no se transparentaba esa discusión sobre el costo de esos derechos que reclamamos".
• "Ahora se está dando esa discusión sobre cómo se debe construir el gasto y cómo pueden los ciudadanos también ser actores decisivos en el control del gasto y en exigir que muchos de los gastos, que se disponen incluso en el Parlamento, lleguen a sus destinatarios".
• "Lo que intentamos es hacer llegar la voz de muchas personas que no tiene la posibilidad de hacerse escuchar y esa voz llega a través de la Justicia cuando nos da la razón".
• "No somos otra cosa que una caja de resonancia de la voz de ciudadanos que consideran que tienen sus derechos fundamentales vulnerados y que civilizadamente hacen llegar su reclamo a la Justicia".
• "El equilibrio entre los poderes exige recíprocos controles, en este caso (Nuevo Comienzo) el Poder Judicial está ejerciendo ese rol de contralor de las políticas públicas ejecutadas por el Ejecutivo cuando en el ejercicio se vulneran derechos fundamentales".
• "Es de los controles más sanos que tiene una democracia. A veces se tiende a pensar que las políticas públicas se ejecutan solamente en el Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial ejecuta políticas públicas constantemente".
• "En cuanto al gasto, cada decisión del Poder Judicial que refiera al Estado está interfiriendo en los ministerios u órganos públicos".
• "Estoy convencido de que a los derechos humanos de la categoría de económicos, sociales y culturales se les hace un examen de impacto presupuestal que no se le hacen a ningún otro derecho humano, sobre todo de la categoría de derechos civiles y políticos".
• "A nadie se le ocurriría decir ‘vamos a suspender las elecciones porque tiene un costo monstruoso’ o ‘vamos a cerrar el Poder Judicial porque sale carísimo’, a nadie se le ocurre porque estamos hablando de derechos civiles y políticos y está bien que así sea".
• "Pero llama la atención que cuando hablamos de los derechos humanos de la mal llamada segunda categoría, como la salud o la vivienda, se empiecen a pasar una serie de exámenes presupuestales o análisis de costo-efectividad para recién tutelarla".
• "Hay políticos que todavía entienden que cuando dan una vivienda o facilitan un crédito para vivienda, son dádivas de los gobernantes".
• "Los ciudadanos están entendiendo que esas no son dádivas de los gobernantes a los que solo se retribuye con el voto sino que son derechos y si son derechos son exigibles".
• "Hay mínimos que se pueden reclamar, hay mínimos garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos se debe garantizar".
• "La conducta de ocupar un bien ajeno, si esa ocupación es pacífica, pública y con ánimo de dueño, por el código civil y la ley de ordenamiento territorial, puede hacer que es persona sea poseedor de ese inmueble y si es poseedor, se transforma incluso en propietario".

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Foto: Movilización de vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo en Santa Catalina, frente a Torre Ejecutiva. Crédito: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Unas 80 familias ocuparon terrenos pertenecientes a la Intendencia de Montevideo y a una empresa privada entre fines del 2019 y principios de 2020, en la zona de Santa Catalina.

Rápidamente se conformó lo que pasó a conocerse como el asentamiento Nuevo Comienzo, y desde el principio estuvo la sospecha de que grupos criminales estaban detrás de la veloz mudanza. Eso motivó de inmediato una investigación judicial y el desalojo apareció cercano en el horizonte.

En respuesta, vecinos del Nuevo Comienzo, donde hoy viven entre 200 y 300 familias, acudieron a la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, cuyo principal referente es el abogado Juan Ceretta.

El accionar que siguieron fue doble: se acudió al Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas, y se presentaron acciones de amparo ante la Justicia uruguaya. En ambas instancias los fallos fueron contra el Estado.

En febrero, la ONU solicitó a Uruguay, en carácter de medida provisional, que suspendiera el desalojo del asentamiento o que le otorgara una vivienda alternativa a sus habitantes.

El fiscal del caso, Diego Pérez, consideró que el pronunciamiento no tendría consecuencias y que continuaría con los procedimientos, aduciendo que tenía pruebas que bastarían para incluso pedir prisión contra algunos habitantes del barrio. A principios de marzo el fiscal Pérez acordó con un grupo de familias que no irían a juicio siempre y cuando abandonaran el asentamiento antes del 4 de abril.

Sin embargo, estas últimas semanas la Justicia hizo lugar a tres recursos de amparo presentados por las familias bajo asesoramiento de Ceretta. Tres veces la Justicia condenó al Ministerio de Vivienda (MVOT) a brindarle una solución habitacional a las familias afectadas, con plazos de 24 a 72 horas. El MVOT apelará.

¿Se está aquí de alguna forma “premiando” a quienes incurrieron en un delito? ¿Sienta una mala señal para el futuro? ¿O le corresponde al Poder Judicial resolver este tipo de problemas sociales?

Hoy proponemos tomar el tema en una nueva edición de nuestra Mesa de Juristas. Para eso, nos acompañaron Gianella Bardazano, docente Grado 5 de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República; Óscar Sarlo, excatedrático de Filosofía del Derecho en la Udelar, ocasional integrante de La Tertulia de En Perspectiva; Diego Gamarra, director del Departamento de Derecho Público en la Universidad Católica, donde es docente Grado 3 de Derecho Constitucional; y Eduardo Esteva, profesor emérito de Derecho Constitucional en la Universidad de Montevideo.

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Foto: Juan Ceretta en el estudio de En Perspectiva. Crédito: Agustín Dorce

El Instituto Nacional del Adulto Mayor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, identificó a 37 residenciales de ancianos en Montevideo bajo “riesgo inminente” debido a sus condiciones edilicias, higiénicas y alimenticias.

El listado surgió de una solicitud de acceso a información pública sobre los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores que cursaron estudiantes de la Clínica de Litigio Estratégico (CLE) de la Facultad de Derecho que dirige el abogado Juan Ceretta.

La situación de los residenciales cada tanto forma parte de la agenda de En Perspectiva.

En las últimas oportunidades fue a partir de la atención medica de los usuarios durante esta emergencia sanitaria, que los tiene como población de riesgo.

Por otro lado, Ceretta impulsa junto a estudiantes en el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República el Proyecto Inocencia, que pretende visibilizar los casos de privados de libertad que podrían estar enfrentando condenas injustas por fallas en el proceso judicial.

Sobre estas dos iniciativas conversamos con el abogado Juan Ceretta.

La entrada Juan Ceretta y Facultad de Derecho buscan que la situación de los adultos mayores “no desaparezca de la agenda, que las autoridades cumplan con los roles asignados y que la sociedad debata cuestiones que prefiere obviar” se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Por Juan Ceretta ///

Desde hace años, venimos litigando desde el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho contra el Fondo Nacional de Recursos a propósito de la cobertura que este brinda respecto a implantes cocleares que permiten sustituir el sentido de la audición a quienes lo han perdido definitivamente, o a quienes nacieron sin él.

Año tras año, y caso tras caso, reprochamos jurídicamente la falta de actualización de un antiguo protocolo en que basa su cobertura el FNR, de casi veinte años de antigüedad, por el que solo se financia un dispositivo, y exclusivamente a niños de entre cero y siete años.

Esta obsoleta reglamentación, deja afuera por ejemplo a quienes perdieron definitivamente la audición y necesitan el dispositivo para recuperarla, pero no nacieron sordos, es decir son post-locutivos, lo que incluso los hace mejores candidatos para la implantación, desde el momento en que ya tienen adquirido el lenguaje, y en su caso, la colocación será como "levantar la llave" y que vuelvan a oír.

A diferencia de ellos, los niños que nacen sin el sentido de la audición, reciben entre los cero y los siete años un dispositivo del FNR, pero será necesario apoyarlos para la adquisición del lenguaje.

Hace pocos días recibimos con agrado la noticia de que el FNR ampliará su cobertura sin limitación de edad, lo que permitirá acceder al implante a todos aquellos que perdieron la audición después de los siete años.

Hasta el momento, solo era posible obtener en dicho caso el dispositivo siendo activo del Banco de Previsión Social, aunque en todos los casos no hay nadie que se haga cargo del costo de la cirugía de implantación, lo que de por sí genera una primera inequidad entere quienes cuentan con recursos económicos y quienes no.

Esto último determina que en el Uruguay todo paciente que necesite un implante (salvo que cuente con recursos) deba hacer un juicio: o por el implante por no estar cubierto, o por la cirugía.

Al concretarse el anuncio del FNR, la edad ya no será un impedimento para acceder al dispositivo, resta saber si seguirán teniendo una cobertura incompleta al no cubrirse la cirugía necesaria para su colocación.

Sin embargo, y a pesar de la buena noticia que siempre significa una mayor cobertura en salud, quiero volver a la situación de los niños, a los niños que nacen sordos, a aquellos que están cubiertos desde el año 2000 por el FNR.

Quiero volver a ellos, porque el Fondo Nacional de Recursos cubre un solo implante, aunque en la inmensa mayoría de los casos la hipoacusia sea bilateral.

Caminamos con dos pies; vemos con dos ojos; y oímos con dos oídos. La audición natural del ser humano es binaural; y aunque todas las funciones mencionadas se puedan cumplir con uno solo de los órganos, sabemos que la acción más completa y natural, implica a ambos. 

Sin nuestros dos oídos es imposible adivinar de qué lado se acerca un auto y a qué distancia está. 

No se puede ubicar en el espacio ni a las voces ni a las personas o fuentes de estímulo sonoro.

Es decir, los sonidos son planos, sin relieve.

Los dos oídos del ser humano funcionan de manera coordinada para transmitir la información al cerebro. Éste es el que decodifica los estímulos enviados y los interpreta como sonido. De ahí, la expresión “el cerebro es el que oye”.

Los niños con un solo implante tienen mayores dificultades para desarrollar un correcto lenguaje. Se les torna difícil participar en conversaciones con estímulos múltiples, como una clase, y ello repercute indiscutiblemente en su desarrollo intelectual y en su inclusión social.

En nuestro país, todos los niños sordos reciben el primer implante del FNR, pero cuando nacen en familias que cuentan con recursos económicos, adquieren el segundo a su propio costo y la ciencia les permite emparejarse con los demás niños que nacieron con el sentido auditivo.

Cuando nacen en familias más humildes, solo les queda la alternativa de litigar contra el Estado, para no verse condenados desde sus primeros años a la desigualdad.

Se esgrimen habitualmente argumentos económicos o vinculados a la sustentabilidad presupuestal; pero un sistema que priva de oportunidades a los niños más humildes resulta moralmente insustentable.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 01.11.2019

Sobre el autor
Juan Ceretta nació en Montevideo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República; docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía; coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en DDHH, y representante por el Orden Docente en el Consejo de Facultad de Derecho. Activista en Derechos Humanos. Hincha de Racing Club de Montevideo.

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Por Juan Ceretta ///

Hoy voy a compartir con ustedes la historia de un joven que tuve la fortuna de conocer recientemente. Su nombre es Ricardo y tiene actualmente 23 años de edad.

Siendo un niño como cualquier otro, a los seis años su vida dio un giro de 180 grados; luego de una semana de síntomas como fiebre, cansancios, dolores articulares, se enfrentó a un episodio de vómitos incontrolables hasta perder el conocimiento.

Sus padres llamaron a la emergencia, y eso derivó en que recuperara la conciencia en una sala de CTI.

Luego se supo que Ricardo había sufrido un empuje de una enfermedad denominada poli arteritis nodosa, que, a grandes rasgos y explicado de forma simple, hace que su sistema inmune no reconozca a sus propias células atacándolas y provocando, en este caso, la ruptura de la arteria mesentérica y haciendo así un infarto masivo de intestino.

La situación puntual lo colocó ante la necesidad de cirugía con tan solo un 10 % de chances de sobrevivir.

Ricardo hizo uso de ese 10 % y sobrevivió, pero quedando con otra patología denominada síndrome de intestino corto: es que su intestino delgado quedó con una extensión de 10 cm, incompatible con la vida, lo que lo hizo dependiente de una máquina las 24 horas los siete días de la semana.

Así ese niño permaneció varios meses en el CTI, acompañado siempre por uno de sus padres, que se turnaban para pasar las noches a su lado.

Luego de tres meses logró superar la internación y volvió a su casa con su padres y su hermana menor; pero nada era igual; le costaba caminar y los médicos no le permitían asistir a la escuela en virtud de su situación de inmunosupresión.

Desde ese entonces, Ricardo necesita de alimentación parenteral para sobrevivir, pues el poco intestino que conserva no puede cumplir con la función de absorción de los nutrientes necesarios.

Esto implica conectarse por un catéter subcutáneo a una vena que pasa cerca de su corazón para recibir el sucedáneo de los nutrientes que se lograrían a través de la absorción intestinal. El procedimiento, además de ser peligroso, exige aproximadamente doce horas de conexión diaria inmovilizado.

Pero para las personas excepcionales, estos obstáculos no resultan impedimento suficiente.

Fue así que convenció a sus padres de la necesidad de asistir a la escuela. Para ello, su padre le diseñó una mochila especial que le permitía cargar la alimentación parenteral y mantenerse conectado por la vena mientras asistía a clase.

Ese pequeño niño y su máquina de alimentarse subida a una mochila culminaron la escuela con éxito, pero  los problemas regresarían.

Su salud empezó a empeorar, su tamaño no aumentaba y su peso descendía.

Ante la incertidumbre de los médicos que lo atendían se le recomendó consultar en Argentina a la Fundación Favaloro, con una especialización en pacientes con este tipo de patologías y, a su vez, únicos con experiencia en trasplante de intestino en la región.

Pero la atención allí, y la posibilidad de ser candidato a transplante, se encontraban limitadas a los ciudadanos argentinos o residentes.

Esto hizo que toda su familia se radicara en Argentina por la exclusiva razón de que allí existía una chance para Ricardo que en Uruguay no había.

Finalmente la situación de Ricardo mejoró, y pudieron regresar a nuestro país. 

Ricardo pudo culminar el liceo, y llevar una vida bastante normal para un adolescente en Uruguay, aunque siempre conectado a su máquina de alimentación parenteral; esto no le impidió incluso viajar con sus compañeros a Brasil, mientras su madre viajaba en un avión aparte con la máquina y la medicación para mantenerlo conectado.

Los profesionales de la salud que han conocido a Ricardo no pueden comprender cómo ha llegado hasta acá. Incluso quienes se especializan en este tipo de trastornos han escrito y publicado en revistas la excepcionalidad de su caso. 

Donde nadie hubiese sobrevivido, ese niño primero, y luego joven, ha venido desafiando a la ciencia paso tras paso.

Hoy Ricardo cursa cuarto año de Facultad de Medicina con muy buenos resultados académicos.

Pero, como nada se le ha dado fácil en la vida, hoy se enfrenta a los efectos secundarios que a mediano y largo plazo provoca la alimentación parenteral: fibrosis hepática, falla renal, etc., lo que lo pone ante la eventualidad de necesitar un transplante multivisceral.

Pero cuando peor se pone el panorama, surge la posibilidad de un nuevo medicamento que multiplica considerablemente la capacidad de absorción de la pequeña porción de intestino que conserva.

Naturalmente es un fármaco de difícil acceso, de alto costo, e imposible de adquirir por su familia.

Su salud empeora, y la excepcionalidad de su resistencia lo hacen salirse de las previsiones de cualquier estudio científico.

Él resulta demasiado bueno para encontrarse comprendido en las medianas estadísticas que acostumbran a manejar los criterios científicos que exigen estudios multicéntricos, randomizados, aleatorizados y cientos de pacientes; por la sencilla razón de que no hay otro como él.

Vivimos en un mundo donde no hay lugar para los excepcionales: los sistemas no contemplan a aquellos que osan salirse de las gráficas.

Hoy Ricardo ha iniciado una nueva lucha. Ésta vez, ante la Justicia, reclamando el fármaco que le permita seguir compartiendo el mundo de los comunes. Saldrá de ésta, y de muchas otras, pues al fin y al cabo es un excepcional.

*La sentencia de primera instancia del Juzgado Civil de 9o Turno condenó al MSP, FNR y BPS a proporcionarle a Ricardo el medicamento que necesita, la cuestión se dirimirá ahora en el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, en virtud del recurso de apelación interpuesto por los demandados.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 18.10.2019

Sobre el autor
Juan Ceretta nació en Montevideo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República; docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la Carrera de Abogacía; coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en DDHH, y representante por el Orden Docente en el Consejo de Facultad de Derecho. Activista en Derechos Humanos. Hincha de Racing Club de Montevideo.

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