Alianza Nacional, el sector que lidera Jorge Larrañaga, consideró "descabellado" el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), que plantea que la Corte Electoral debe controlar si las iniciativas de consulta popular que están en curso implican o no un retroceso en los derechos consagrados en la Constitución.

Las iniciativas son un referéndum contra la Ley Integral de Personas Trans, promovido por el diputado por el diputado y precandidato Carlos Iafigliola con el legislador blanco Álvaro Dastugue, y Vivir sin miedo, el plebiscito por una serie de medidas vinculadas con la seguridad pública, que impulsa justamente Jorge Larrañaga, precandidato de Alianza Nacional.

En una conferencia de prensa que convocó especialmente, Larrañaga dijo que lo que "subyace" en el dictamen de la Inddhh es "una visión ideológica de la mayoría frenteamplista que domina" ese organismo, una visión de la que sugirió intención electoral. Según el senador, la Inddhh debería pronunciarse a favor del plebiscito.

El comunicado motivo de la polémica se publicó el lunes y en él la Inddhh afirma que es obligación del Estado y en particular del Poder Judicial, la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el realizar un control de convencionalidad antes de autorizar plebiscitos de reforma constitucional o referéndums que procuren derogar leyes. Según la Constitución, ese control debe evitar que nuestro país apruebe normas jurídicas "que vulneren los derechos humanos recogidos por el bloque constitucional vigente".

Para profundizar en este debate y por qué la Inddhh se mete en este debate, En Perspectiva se comunicó con el doctor Juan Faroppa, integrante del Consejo Directivo de ese organismo.

Documento relacionado
Declaración de Inddhh sobre campañas para plebiscito de Vivir sin miedo y referéndum contra Ley Trans

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INDDHH pide controlar si plebiscito impulsado por Larrañaga implica “retroceso de derechos”

Foto: Departamento de Fotografía del Palacio Legislativo

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EN PERSPECTIVA
Jueves 25.09.2015, hora 7.50

EMILIANO COTELO (EC) —Los incidentes que ocurrieron en la noche del martes en el Centro de Montevideo, después del desalojo del edifico donde tienen sede el Codicen y otras oficinas públicas, dieron pie a nuevas denuncias sobre excesos en la actuación policial.

Para los estudiantes y gremios docentes que ayer de tarde se movilizaron entre la Plaza Fabini y el Palacio Legislativo, el despliegue de la Guardia Republicana el martes fue desmedido y contrario al respeto por los derechos humanos.

Ayer temprano, muy pocas horas luego de los hechos, el ministro del interior Eduardo Bonomi realizaba un primer comentario sobre ese tema aquí, En Perspectiva. Bonomi puntualizaba que la Guardia Republicana debió reprimir en respuesta a varias agresiones que recibió de parte de los militantes que se encontraban fuera del edificio.

Sin embargo, diversas imágenes y videos que se difundieron en las últimas horas muestran a efectivos de la fuerza de choque dando golpes y patadas a manifestantes que ya habían sido reducidos.

Agregamos ahora el punto de vista del doctor Juan Faroppa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que estuvo presente durante el operativo del martes.

EC —¿Cuál es el papel que está jugando la INDDHH en situaciones como la del martes de noche?

JUAN FAROPPA (JF) —En el caso puntual de la ocupación del codicen la Inddhh recibió la solicitud de la presidencia del Codicen para que estuviéramos presentes como observadores en el caso que se diera el desalojo de los ocupantes. Al día siguiente recibimos una llamada similar del Ministerio del Interior a través del director general de secretaría. La inndhh lo consideró con muchas dudas por la escasez de recursos humanos con la que tenemos que encarar estas situaciones. Pero ya habíamos estado presente en situaciones conflictivas en el Sirpa [Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente], en el Compen [Complejo Penitenciario de Santiago Vázquez) durante el último motín. Y, bueno, el compromiso fue que se participaba solamente como observador. No como mediador ni como negociador.

EC —Usted aclara que participó como observador. Sin embargo ayer el ministro Bonomi aseguró que usted intervino en una negociación con los estudiantes en donde estuvo presente la policía.

JF —La actuación fue dentro de ese mismo rol de acercar a las partes al diálogo entre el subjefe de policía y el abogado de los chicos que estaban ocupando. Una tarea de negociador requiere que las dos partes se los soliciten a un tercero. En estas circunstancias nunca se nos solicitó el rol de mediador. Pero frente a una situación complicada con un alto riesgo de violencia podría resultar hipócrita no tratar de colaborar. Y  la colaboración fue acercar a las partes para trasmitir las propuestas de un parte y la otras. En ese caso el ministerio del interior le comunicó a los ocupantes que ya tenían la orden de desalojo. El abogado de los ocupantes plantea que no es legal porque todavía no se ha cumplido con las etapas previas al desalojo que prevé el decreto vigente en la materia. Él abogado que asesora a los estudiantes se retira para conversar con la asamblea. El inspector Perdomo hace lo propio con las autoridades. La propuesta que vino de la asamblea de estudiantes varios minutos después fue que aceptaban desalojar todo el edificio con excepción del Codicen, con la condición de que al día siguiente [miércoles] se reuniera una mesa de negociación entre los estudiantes, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Codicen. Eso se trasmitió a los jerarcas de la policía. Se hicieron las consultas correspondientes a nivel político y lamentablemente no se llegó a un acuerdo y el planteo que recibimos de parte de la policía era que iban a cumplir con la orden que tenían. En mi caso, no me quedó otra que decir: es su trabajo; si tiene la orden cúmplala; yo hago mi trabajo, usted el suyo. Y lamentablemente constatamos que no hubo más espacios para la negociación que podía quizás haber evitado algunas situaciones. Aunque el clima para el enfrentamiento estaba bastante caldeado desde el primer momento.

EC —¿A qué momento se refiere?

JF —Hay dos momentos. Hay un momento que se da el desalojo de los estudiantes  que la policía lo hace por una puerta lateral. Lo que tenemos de primerísima fuente  y podemos afirmar es que en ese momento no hubo enfrentamientos entre los estudiantes y la policía, salvo prueba en contrario y cualquier otro tipo de información que pueda contradecirnos. Pero en principio es la versión que manejamos. Y luego que ya el edifico había sido abandonado por los ocupantes es que se produce un enfrentamiento entre manifestante que estaban fuera del edifico que no eran ocupantes -muchos de ellos mayores- cuando llega la Republicana. Quien realizó el procedimiento de desalojo de los estudiantes no fue la Guardia Republicana sino una unidad de la jefatura de policía de Montevideo [N. de R: el Grupo de Respuesta Táctica].

EC —Pero …¿a juicio de la Inddhh se cumplieron las instancias de negociación previstas en el decreto del año 2010 que regula cómo proceder en caso de oficinas públicas ocupadas?

JF —No entramos en esas situaciones porque no se nos lo solicitó. Ya entramos con la posición que se iba a realizar el desalojo. Cuando los ocupantes plantean que no se había cumplido la etapa de negociación es que se abre un impasse para poder conversar. El Poder Ejecutivo entendió que ya se habían cumplido las etapas y decidió seguir adelante con el procedimiento de desalojo. Todo lo demás es un tema en el que la INDDHH no ha ingresado aún porque todavía estamos procesando la información de los incidentes. Seguramente va a estar dentro de nuestra investigación.

EC —¿Hubo gente de la ADES [Asociación de Docentes de Secundaria], del Sindicato del Taxi [SUATT], o de la Plenaria Memoria y Justicia adentro del edificio participando de la ocupación? Se lo pregunto porque Bonomi dijo que los incidentes no fueron con quienes ocupaban, que eran estudiantes, si no con la Plenaria y el SUATT que estaban afuera. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Cultura, en un comunicado que difundió ayer, dice que el SUATT y Plenaria participaban de la ocupación. Allí hay una contradicción…

JF —No lo puedo confirmar, en la medida que cuando comienza la actividad con la intervención de la policía se da una situación caótica y es imposible decir quiénes estaban adentro desde antes y quiénes estaban afuera y habían entrado. No puedo afirmar ni una cosa ni la otra. Por honestidad intelectual no puedo decir si había gente que no perteneciera a los estudiantes ocupando si la había o no la había. Eso realmente no lo pudimos verificar.

EC —¿Cómo vio la intervención de la Guardia Republicana? ¿Hubo excesos?

JF —Es posible que se hayan dado excesos puntuales. En términos generales el procedimiento no pareció ser un procedimiento masivamente dirigido al uso excesivo e ilegal de la fuerza. Esto no quiere decir que en algún caso no haya habido ese tipo de uso de la fuerza fuera de la normativa. No hubo utilización de gases lacrimógenos ni balines de goma. En situaciones donde interviene la fuerza de choque muchas veces hay un contacto físico, roces, agresiones mutuas. Eso es algo que nadie quiere, que es desagradable pero es parte del enfrentamiento. Lo que nosotros no percibimos fue un operativo montado expresamente por la policía para una tarea exclusivamente represiva y de golpes a mansalva en general. Eso no quiere decir que no se puede haber dado en alguna situación. Existen filmaciones de todo el procedimiento tanto por parte de los manifestantes como por parte del Ministerio del Interior Esperaremos poder acceder a esas filmaciones para dar una opinión.

EC —Ayer Bonomi sostuvo aquí En Perspectiva que la agresión inicial fue a la policía y que esta respondió. ¿Qué  vio usted?

JF —Bueno en estos caso es difícil plantear de donde surge la primera agresión. Lo que yo pude ver desde el lugar donde estaba es que ante la presencia de la policía hubo una reacción de los manifestante arrojando piedra y otros objetos. De lo que puedo dar fe es lo que sucedió en la puerta del edificio cuando aún no había intervenido la Guardia Republicana. Cuando se inicia el procedimiento de la republicana el conflicto se extiende y ya no tenía sentido estar realizando tareas de observación de ningún tipo porque era imposible abarca una sola persona un área de conflicto muy amplia

EC —¿Pero qué observó usted en la puerta el edificio, antes de que llegara la Guardia Republicana?

JF —Hubo forcejos pedreas, no percibí que la policía hubiera agredido en algún momento en primer lugar a los manifestantes. Usó la fuerza como la usa la policía, pero no percibí actos de agresión injustificados. Ya cuando llega la republicana, los estudiantes que eran el objetivo nuestro, habían sido desalojados. El hall estaba liberado y la guardia llega cuando en principio ya no quedaba nadie dentro del edificio de los que nosotros teníamos el compromiso con el Codicen y el Ministerio del Interior de velar y observar la pertinencia del operativo

EC —Esta no es la primera vez que la Guardia Republicana es denunciada por actuar con violencia excesiva. ¿Cómo analizan desde la INDDHH el accionar de esta fuerza?

JF —Ya tuvimos una situación con el desalojo de uno de los hogares del Sirpa. La inddhh ha hecho varias recomendaciones al Ministerio del Interior sobre la necesidad de seguir profesionalizando todo el cuerpo policial pero fundamentalmente las fuerzas especiales que tiene una capacidad de respuesta que implica un mayor uso de la fuerza. La INDDHH lo ve como una materia en donde resta mucho por hacer. Lamentablemente cuando intervienen este tipo de unidades policiales generalmente siempre se producen situaciones de mayor impacto. Por lo tanto, es fundamental que el personal siga siendo capacitado en forma permanente para usar la fuerza estrictamente necesaria que requiere la situación en la que tenga que intervenir.

EC —Así que en la INDDHH no están del todo satisfechos con la capacitación de la Guardia Republicana…

JF —Es difícil estar plenamente satisfechos con todo lo que se viene haciendo. Nosotros lo que recomendamos es que se siga mejorando, se pueda reconocer que hay avances en algunos puntos y que otros requieren una formación que además es permanente. No se capacita a una fuerza de un día para siempre. Hace falta un entrenamiento permanente que tenga que ver con el conocimiento de técnicas que sean lo menos lesivas posible para restablecer la seguridad ciudadana. Tener la capacidad de soportar situaciones de alta presión como soportan las fuerzas de choque y es un cosa que se tiene que hacer de manera continua y permanente.

EC —Volviendo a los hechos del martes, ¿qué pasos tiene pensado dar ahora la Inddhh?

JF —Seguir adelante con la investigación del caso y seguir preparándonos ante la eventualidad que se nos solicite intervenir en situaciones similares. Mejorar nuestras propias capacidades. Este es un caso más. La participación como observador solamente es una parte de los elementos de juicio con los que puede contar la Institución y seguramente pueden surgir otras informaciones y elementos posibles que nos ayuden a hacer las recomendaciones más acertadas para evitar que este tipo de hecho se puedan volver a dar.

EC —¿Las conclusiones quedarán plasmadas en un informe?

JF —Hasta ahí llega el mandato de la institución. La Inddhh recomienda e informa a la Asamblea General y a la opinión pública. Luego le damos seguimiento  a esas recomendaciones y hacemos público cuando el organismo involucrado cumple o no cumple con las mismas. Hasta ahí llega nuestro mandato. No somos un organismo jurisdiccional como para imponer un fallo o una sentencia.

EC —¿Este tipo de intervenciones de la Institución pueden ponerse en práctica también en otras situaciones de tensión? Pienso, por ejemplo, en partidos de fútbol de alto riesgo…

JF —Espero que no nos pidan ir a un partido de alto riesgo. Vamos a manejar las cosas con la debida mesura, la prudencia la conciencia de nuestra capacidad. En este momento nuestra preocupación es que había personas menores de edad que estaban ocupando un lugar y dos organismos del Estado le piden a la Inddhh que de alguna manera verifique de qué manera se realiza el procedimiento. Todo lo que pasó afuera y lo que salió después estaba fuera de la solicitud que se le hizo a la Inddhh. Pero estábamos ahí, no podemos mirar para otro lado y decir que no lo vimos. El camino de la Inddhh, en la medida que refuerce sus recursos técnicos y humanos, es tener equipos capacitados y equipados de observación permanente (como tienen otras defensorías de la región, como en Chile donde son funcionarios con capacidad para intervenir en estas situaciones de tensión extrema) y de esa manera, con la debida preparación, con el equipo informático y técnico para poder registrar la situaciones que se pueden ir dando, tener mejores elementos para cumplir mejor nuestro trabajo.

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Foto en Home: A las 22 hs del martes 22 de setiembre la policía desocupó el local del Codicen, ocupado por estudiantes de Secundaria desde el viernes 18 de setiembre, y reprimió a cerca de 200 personas que se concentraban afuera. Crédito: Santiago Mazzarovich/adhoc Fotos.

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"Uruguay tiene muchísimos policías, y es uno de los países con más policías per cápita del mundo"
Juan Faroppa
Presidente INHHDD

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) es un órgano de la órbita del Poder Legislativo, creado por ley en 2008 para la promoción, defensa y protección de todas las formas de los Derechos Humanos, tanto los concebidos en nuestra Constitución como en el derecho internacional.

Uno de los principales cometidos prácticos del Inddhh es recibir denuncias acerca de las posibles violaciones a los derechos humanos que se den dentro del Estado uruguayo. En referencia a esto, el actual director del organismo, Juan Faroppa, afirmó en una entrevista realizada en el programa Primera Vuelta de Tevé Ciudad que de todos las instituciones públicas, el Ministerio del Interior es uno de las que mayor cantidad de denuncias acumula, especialmente en cuanto a los centros de reclusión juveniles. Destacó por otro lado el gran número de policías que hay en nuestro país, ubicándose en un lugar destacado en el mundo.

Los policías en Uruguay

¿Cuántos efectivos hay en nuestro país? Una forma de aproximarse a este número es a través de los informes de Vínculos Laborales del Estado, elaborados anualmente por el Observatorio de la Gestión Humana del Estado de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

El último de estos informes, correspondiente al año 2014, establece que bajo la categoría “Contratos y Efectivos Policiales” había 29.659 vínculos. Esta cifra ha variado en los últimos cinco años, aunque no significativamente. La forma de presentar las cifras, en algunos años solo los efectivos y en otros los efectivos y contratos, también explica parte de las diferencias.

Gráfico I: Evolución del número de policías (2009-2014)

Estos datos, si bien nos dan un panorama hacia el interior de nuestro país, no son de gran utilidad para comparar con otros países. En estos casos, se utiliza la tasa cada 100.000 habitantes, que relaciona el número de efectivos con la población de un país. Si consideramos los datos del Censo 2011, en Uruguay la población llegaba a 3.286.314 personas, lo que genera para ese año una tasa de 883 policías cada 100.000 uruguayos, o en los términos de Faroppa, un policía cada 110 uruguayos.

¿Qué sucede en el resto del mundo?

Para ver la situación de toda América puede consultarse, por ejemplo, el último Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Centrado en en el tema de la seguridad ciudadana, el informe muestra a nuestro país con una tasa muy superior al resto de los países considerados: Uruguay con 876,4 policías cada 100.000 habitantes, seguido por México con una tasa de 447,7. El último lugar lo ocupa Guatemala, con 156,2 policías cada 100.000 habitantes.

El mismo indicador puede consultarse en un informe realizado por la Comisión Andina de Fomento (CAF) en 2014, titulado Por una América Latina más segura. Una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito. Este informe analiza la situación de inseguridad, el mundo del delito y la toma de decisiones en estas áreas para todos los países del continente americano. En cuanto al número de policías por cada 100.000 habitantes, el informe establece un promedio regional de 368 y muestra la misma tendencia que el informe de PNUD: Guatemala con la tasa menor (170) y Uruguay con la mayor (809).

Para el caso Europeo, puede consultarse la base de estadísticas del continente llamado Eurostat, perteneciente a la Unión Europea. En el caso del viejo continente, con datos para 2010/2012, Montenegro, Chipre y Macedonia son los que lideran el ranking, mientras que Finlandia y Noruega son los más rezagados.

¿Un policía, un habitante?

Si nos apegamos específicamente a la frase a chequear, vemos que la relación no está planteada cada 100.000 habitantes sino per cápita. ¿Cambia esto la posición de Uruguay? Estrictamente no. Las cifras sobre el número de policías per cápita no están sistematizadas de antemano. Esto obliga a considerar el número total de policías de cada país así como su población, lo que puede generar diversas complicaciones.

Básicamente, las dos principales precauciones con estos datos son: primero, la diferencia entre los años considerados, la población no suele censarse todos los años ni no tampoco se reporta anualmente el número de policías a los organismos internacionales. Segundo, existen diferentes tipos de policías en los países, y las formas de medición del número de efectivos pueden variar. Esto es especialmente problemático en los países federales.

Por ejemplo, OEA sólo contabiliza efectivos nacionales, pero esto subestima enormemente el número efectivo de agentes policiales. Por todo esto, en este chequeo se decidió calcular el número total de policías a partir del indicador “policías cada 100.000 hab.” (presentado en la sección anterior) y cotejar esto con la población de cada país. Las fuentes utilizadas fueron CAF para América, Eurostat para Europa y UNODC para países seleccionados. Las cifras presentadas son una aproximación, y pueden variar en algunos países.

Como puede apreciarse en el mapa, Uruguay se destaca por encabezar la lista de los países con menos población por policía. Esto a priori puede considerarse positivo, aunque es un hecho que no se trata de indicadores de calidad o efectividad. Uruguay tiene 1 policías cada 123 uruguayos, seguido por Argentina con 135. Los países con las proporciones más desfavorables, es decir aquellos con más personas por policía, son India (731), Finlandia (668) y Noruega (627). Con esta información, Uruguay no es sólo líder en la región sino que también lo es en el contexto mundial.

Conclusiones

La policía uruguaya ha experimentado en los últimos años, aunque no muy significativamente, una tendencia al alza. En el último informe de la ONSC sobre vínculos del Estado, el policial efectivo y contratado alcanzaba los 29.659 vínculos.

En la comparación regional Uruguay se destaca como el país con mayor tasa de policías cada 100.000 habitantes, con cifras que superan los 800 en todos los organismos consultados. Supera además a los países de Europa, los cuales en sus mejores tasas no alcanzan los 800.

Si observamos el indicador de “policías por habitante” la tendencia se mantiene. Aunque los datos fueron construidos a partir de diferentes fuentes y los mismos no son más que aproximaciones, el ranking mundial muestra a Uruguay liderándolo con 123 policías por personas.

Entonces, la afirmación de que Uruguay es uno de los países con más policías per cápita del mundo, es VERDADERA.

Juan Faroppa. Foto: Javier Calvelo/adhoc Fotos

Foto en Home: Policía en la puerta del juzgado de Misiones (Archivo). Crédito: Pablo Vignali/adhoc Fotos.

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"Uruguay tiene muchísimos policías, y es uno de los países con más policías per cápita del mundo"
Juan Faroppa
Presidente INHHDD

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La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) es un órgano de la órbita del Poder Legislativo, creado por ley en 2008 para la promoción, defensa y protección de todas las formas de los Derechos Humanos, tanto los concebidos en nuestra Constitución como en el derecho internacional.

Uno de los principales cometidos prácticos del Inddhh es recibir denuncias acerca de las posibles violaciones a los derechos humanos que se den dentro del Estado uruguayo. En referencia a esto, el actual director del organismo, Juan Faroppa, afirmó en una entrevista realizada en el programa Primera Vuelta de Tevé Ciudad que de todos las instituciones públicas, el Ministerio del Interior es uno de las que mayor cantidad de denuncias acumula, especialmente en cuanto a los centros de reclusión juveniles. Destacó por otro lado el gran número de policías que hay en nuestro país, ubicándose en un lugar destacado en el mundo.

Conclusiones

La policía uruguaya ha experimentado en los últimos años, aunque no muy significativamente, una tendencia al alza. En el último informe de la ONSC sobre vínculos del Estado, el policial efectivo y contratado alcanzaba los 29.659 vínculos.

En la comparación regional Uruguay se destaca como el país con mayor tasa de policías cada 100.000 habitantes, con cifras que superan los 800 en todos los organismos consultados. Supera además a los países de Europa, los cuales en sus mejores tasas no alcanzan los 800.

Si observamos el indicador de “policías por habitante” la tendencia se mantiene. Aunque los datos fueron construidos a partir de diferentes fuentes y los mismos no son más que aproximaciones, el ranking mundial muestra a Uruguay liderándolo con 1 policía cada 123 personas.

Entonces, la afirmación de que Uruguay es uno de los países con más policías per cápita del mundo, es VERDADERA.

Juan Faroppa. Foto: Javier Calvelo/adhoc Fotos

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