El embajador de Venezuela en Uruguay Julio Chirino mantuvo el viernes un fugaz encuentro con el canciller Rodolfo Nin Novoa, en medio de la tensión diplomática que existe entre los dos países hace semanas.

Chirino solicitó una audiencia con Nin Novoa para comunicarle el beneplácito del Gobierno venezolano con el nombre propuesto por la administración de Tabaré Vázquez para cubrir el cargo de embajador uruguayo en Caracas.

Nin Novoa, en cambio, esperaba una rectificación del presidente Nicolás Maduro, que lo había acusado de coordinar con el Departamento de Estado de EEUU las acciones agresivas contra Venezuela.

El canciller, que esperaba a Chirino de pie, lo vio entrar y le preguntó si traía rectificación. El embajador le contestó que no, ante lo cual Nin Novoa le entregó una nota de disconformidad por un episodio anterior de su conducta como diplomático y dio por terminado el diálogo, que duró apenas tres minutos.

La noche anterior, en una entrevista concedida al programa "En la mira" del canal VTV, Vázquez había mostrado su molestia porque Chirino no responde hace varios meses a requerimientos formulados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

La Mesa de los Lunes con Leonardo Costa, Gonzalo Baroni, Hoenir Sarthou y Gabriel Mazzarovich.

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El embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, dijo ayer en En Perspectiva que el Gobierno de su país está dispuesto a dialogar con la oposición, sea cual sea el resultado de las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo domingo. Aunque el nuevo ambiente “va a depender mucho de la madurez de la oposición”, advirtió.

Chirino también explicó a qué se refería el presidente Nicolás Maduro cuando dijo que si el PSUV pierde la mayoría en el Parlamento, saldrá a defender la “revolución bolivariana” en la calle.

Este fue uno de los temas tratados en La Mesa de los Jueves con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Hoenir Sarthou y Carlos Ramela.

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Entrevista con Julio Chirino, embajador de Venezuela en Uruguay.

Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Miércoles 02.12.2015, hora 8.17

EMILIANO COTELO (EC) —En Venezuela faltan cuatro días para las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Llega a su fin una campaña que ha estado cargada de tensión y en la que las encuestas colocan al chavismo ante la posibilidad de perder el control del Parlamento después de 17 años.

(Audio Nicolás Maduro)

Si la derecha toma la Asamblea Nacional, no va a haber arrepentimiento. Yo les digo, yo no me voy a entregar bajo ninguna circunstancia. Yo sé que vamos a triunfar. Pero si pasara una circunstancia negativa, yo me iría a las calles a luchar con el pueblo.

(Audio Lilián Tintori)

Me quieren matar. Lo denuncio, lo hemos denunciado antes, en diferentes oportunidades. ¿Por qué tenemos que esperar que un hermano de Acción Democrática se muera, lo maten con 10 tiros, para pronunciarnos?

(Audio ministro de Defensa, Vladimir Padrino)

Les reiteramos, les reafirmamos el compromiso que tienen las Fuerzas Armadas con la democracia, con la paz de la República. Se ha tratado de mitificar el 6 de diciembre. Se ha tratado de hacer un entramado de intriga, de incertidumbre. El 6 de diciembre va a ser una fiesta electoral. Una fiesta para el pueblo. Ahí no va a haber ni golpe de Estado, no va a haber autogolpe, no va a haber juntas cívico-militares, mucho menos juntas militares, pero tampoco va haber violencia.

(Fin audios)

EC —Desde nuestro país se ha seguido con gran interés este proceso, que, además, ha tenido en las últimas semanas un inesperado protagonismo de Luis Almagro, el excanciller uruguayo, quien desde su nuevo cargo de secretario general de la OEA ha reclamado transparencia en estos comicios venezolanos.

¿Qué dice en este momento tan particular el embajador de Venezuela en nuestro país?

Vamos a conversar con él.

¿Le llama la atención el interés que despiertan estas elecciones venezolanas acá en Uruguay?

JULIO CHIRINO (JC) —A mí que me ha tocado estar ya en varias elecciones de nuestro país aquí en Uruguay como embajador, y realmente han sido las que más interés han tomado o, dicho de otra manera, más centimetraje en la prensa han tenido. E incluso han formado parte de cierto debate político algo que forma parte de unas elecciones internas en Venezuela y en las que se define es la composición de la Asamblea Nacional. Sabemos que para todo país democrático la composición de la Asamblea Nacional es muy importante para la construcción democrática, pero a veces parece que tuvieran una dimensión mayor de la que realmente tienen.

EC —¿Usted dice que acá se exagera la importancia de estas elecciones?

JC —En ocasiones pareciera que estas elecciones determinaran la continuidad o no del gobierno en Venezuela. La continuidad del gobierno no está en discusión, está en discusión la mayoría parlamentaria, y eso podría abrir un escenario nuevo o reafirmar el escenario que se ha mantenido en Venezuela los últimos 17 años.

EC —Cuando conversamos con usted en agosto vimos ya con cierto detenimiento en qué consiste esta instancia del 6 de diciembre. Se trata de elecciones legislativas. Lo que se está votando es la renovación de la Asamblea Nacional –que es la única, hay una única cámara desde la reforma de 1999–, que tiene 167 escaños. Actualmente está controlada por el oficialismo, que tiene 99 de esas bancas. ¿Algún elemento más para describir la votación?

JC —Algo muy muy importante es que en Venezuela se vota por circunscripciones electorales. El día 6 de diciembre vamos a tener 115 elecciones simultáneamente. Nosotros votamos por circunscripción dentro de una dependencia federal o un departamento, de ahí sale el 70 % de la composición de la Asamblea, por nombre y apellido decimos nosotros, uninominalmente. Y el 30 % es una representación por lista de partido en cada departamento. Son elecciones que no tienen una circunscripción nacional, que son regionales. Y tenemos tres circunscripciones indígenas, en el sur, en el este y en el oeste del país, hay tres diputados indígenas en Venezuela. Así que un elemento fundamental es que vamos a tener ese mismo día 115 elecciones simultáneamente.

EC —Ese punto ha formado parte de la discusión, de la polémica, esto de que el sistema electoral se base en circunscripciones. Por resumirlo, cada estado tiene una representación particular según un cociente que integra la representación territorial y la cantidad de habitantes. Eso hace que cada estado sea representado por un número diferente de diputados que no está relacionado proporcionalmente con la población.

JC —En parte, tenemos dos métodos en uno. El 30 % es una representación territorial de nuestros diputados, cada estado tiene por lo menos dos representantes nacionales. Y el otro 70 % tiene que ver con una circunscripción que más o menos tiene 400.000 habitantes. Tenemos varios estados que no llegan a 200.000 habitantes, los estados menos poblados. Esos estados tienen un diputado por circunscripción estadal; hay varios que están divididos en varias circunscripciones y tienen dos, por esta representación del 30 %, en virtud de que tenemos una representación territorial y representación poblacional.

EC —Algunos analistas lo han calificado como un sistema “desproporcional”. Se advierte que los estados pequeños terminan estando más representados que los grandes. Y como ejemplo de cómo influye esto en la elección, se cita el caso de las elecciones de 2010, en las que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el oficialismo, tuvo el 48 % de los votos, pero terminó quedándose con el 59 % de las bancas.

JC —Cada sistema político se va construyendo desde su propia perspectiva. La última ley electoral en Venezuela se promulgó antes de esta Constitución que tenemos. Es decir, la configuración de circunscripciones electorales de representación territorial y proporcional a la población se da en Venezuela desde el año 1997, antes de que llegara el presidente Chávez a la primera magistratura nacional. Es un elemento histórico. He oído como que se hubieran hecho estas elecciones como un traje a la medida para una fuerza política. Entonces eso es algo muy importante tomar en cuenta. Y cuando se constituyó la Constitución también se buscó que no hubiera una desproporción en la representación parlamentaria de los grandes estados, tanto por población como por su constitución económica.

El estado más poblado de Venezuela, que tiene más de 3 millones de electores, tiene 14 diputados, y el menos poblado, que tiene menos de 200.000 habitantes, tiene 3 diputados. Hay una proporción. Pero eso es algo que en Venezuela no está en debate político, es como es nuestro sistema político, como puede ser el uruguayo, puede el de Argentina, que tuvo elecciones hace poco. No hay una discusión sobre ese sistema, que incluso ha sido construcción de los últimos 58 años de democracia y en el 90 empezamos a elegir los diputados uninominalmente, es decir, a elegir una gran cantidad de diputados por nombre y apellido y no por una lista de partido.

EC —De todos modos se citan cambios que ha habido en los últimos años y que habrían profundizado ese desequilibrio. Una reforma del 2009 modificó la cantidad de diputados que se eligen por circunscripción y otra que tuvo lugar este año incluyó municipios como los caraqueños Hatillo, Chacao y Baruta, de mayoría opositora que esta vez van a elegir menos diputados, mientras que circunscripciones en los estados Aragua, Barinas y Guarico, de tradición chavista, van a tener más representantes. ¿Cómo es que se hacen estos cambios en pleno proceso antes de las elecciones?

JC —La última modificación de importancia fue en el 2009. Este año hubo modificaciones muy pequeñas, porque eso se va ajustando según el crecimiento poblacional. Esas zonas del este de la ciudad de Caracas son zonas con muy poca natalidad, por ende no ha variado la composición de esa circunscripción. En cambio otros han ido cambiando. Cada estado tiene una representación mínima y máxima con relación a su población y los circuitos se distribuyen con relación a cómo está constituido el estado. Por ejemplo, en el estado del que estamos hablando, que es el estado de Miranda, el diputado que ya no elige El Hatillo lo va a elegir la zona de los Valles del Tuy, que es la zona que ha tenido mayor crecimiento poblacional de todo el eje metropolitano de Caracas.

Uno ha vivido aquí en los últimos 10 años y ha visto cómo la Ciudad de la Costa se ha convertido de una ciudad balnearia en una ciudad de habitantes. Si tuviéramos el departamento de Canelones dividido en circunscripciones electorales, posiblemente le tocaría elegir más a la costa, que creció más, que al departamento de Canelones más profundo y agrario, cerca de Florida o cerca de la misma ciudad de Canelones. En la página web de nuestro Consejo Nacional Electoral (CNE) pueden ver cómo están las circunscripciones y cómo se fueron ajustando. El ajuste que se hizo este año fue muy menor y su incidencia desde el punto de vista de la constitución de los diputados en la Asamblea Nacional va a ser muy baja. El CNE no lo hace por un criterio particular, sino en virtud del crecimiento poblacional.

***

EC —Hablemos de garantías. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha salido a cuestionar las garantías en estos comicios luego de que Venezuela rechazara el pedido para que la OEA enviara una misión de observación electoral.

En primer lugar, a todos los uruguayos nos resultó muy violento que el presidente Nicolás Maduro calificara reiteradamente a Almagro como “basura”. ¿Cómo se justifica una terminología así?

JC —Estamos en una campaña electoral en la que es evidente que ha habido intervención externa, más allá de opiniones. Y para nosotros, o para la gran mayoría de los venezolanos, por lo menos hasta el 6 de diciembre, también fue muy ofensivo que una instancia como la secretaría general de un organismo de este tipo mantuviera unas acciones que incluso cuestionan el manejo que ha hecho, quizás por desconocimiento de muchos elementos de lo que ha sucedido en Venezuela. Incluso podría comentarte que más que contribuir a un escenario de confianza y de construcción de puentes entre los distintos factores políticos en Venezuela, esas acciones han generado dudas, más allá incluso de las que los actores políticos de nuestro país tienen.

Lo más importante de nuestro sistema electoral es que tiene todo un proceso de auditoría. Al día de hoy hemos tenido ya 19 auditorías de 22 previas a las elecciones, que hacen los partidos políticos al sistema electoral.

EC —Pero también hay garantías importantes en el proceso previo, en la campaña electoral. Y es a ese plano que fue Almagro con varios de sus planteos. El comunicado que le terminó generando el calificativo de “basura” de parte de Maduro venía a raíz de la muerte de un líder local de los partidos de la oposición, Luis Manuel Díaz. Almagro dijo: “La muerte violenta de toda persona es un hecho execrable que nuestra conciencia no puede admitir. El asesinato de un militante político, además, nos deja a todos más vulnerables, señala que somos todos víctimas reales, no solamente potenciales”. ¿Por qué la reacción fue de esa envergadura que terminamos escuchando?

JC —Ahí hay dos cosas a señalar. En el final del documento Almagro prácticamente acusa directamente al PSUV, incluso emplaza al gobierno a desmovilizar grupos armados, cosa que en Venezuela no existe y él lo asume como una verdad. Es lo que más nos indigna, porque si alguien ha buscado construir una paz sólida en Venezuela es el presidente Nicolás Maduro, e incluso hemos demostrado a lo largo de todos estos años, y sobre todo en estos últimos años, que venga de donde pueda venir un elemento de violencia ciudadano…

EC —Lo que Almagro termina diciendo en ese comunicado es un llamado a poner fin a los discursos cargados de amenazas, de pronósticos oscuros y a desarmar a cualquier grupo civil armado, “especialmente a aquellos que dependen del gobierno o del partido de gobierno”.

JC —Bueno, no existe absolutamente ningún grupo armado fuera de la ley, fuera de las instancias del Estado, y él lo asume como si fuera una verdad. Por eso dije que era o manipulación de la realidad o desconocimiento. Conociendo a Luis Almagro, creo que es un desconocimiento y probablemente ya le esté llegando información que no ha podido verificar. En la primera carta famosa, de 18 páginas, afirmó que en la campaña electoral no había equilibrios en la participación de los distintos actores políticos. Y firmó la carta el 9 de noviembre y la campaña electoral, según el cronograma que se hizo en julio, arrancaba el 13.

EC —Pero de hecho las campañas empiezan antes en todos los países. Si bien hay una campaña formal, semanas, meses antes empieza todo el trabajo de los candidatos y de los partidos.

JC —Pero él hablaba de la campaña formal, porque incluso hablaba de la participación en medios de comunicación, de los spots publicitarios.

EC —¿Usted dice que Almagro está mal informado?

JC —Yo parto, porque lo conozco, de que está mal informado y de que no actúa de mala fe. Pero es evidente que está no mal, muy mal informado.

EC —¿Y eso daba para calificarlo como “basura”? ¿Qué ha pasado entre Venezuela y Almagro?

JC —Para mí la actuación de él es una actuación que por lo menos podría calificar de poco ética…

EC —¿Por qué?

JC —…desde la perspectiva de que en vez de buscar un equilibrio ha venido parcializándose y reflejando la opinión de una parcialidad política en Venezuela. Pero eso forma parte del debate. En Venezuela hay un debate –lo pudimos ver en la introducción del programa–, un debate profundo, un debate complejo. Históricamente en los últimos años las formas políticas en Venezuela han sido de un debate directo. Hay quienes hoy dicen que si hay un resultado favorable a la oposición el presidente Nicolás Maduro debe renunciar –cosa que no forma parte del entramado constitucional y legal de nuestro país– en vez de decir que iremos hacia la configuración de un referendo revocatorio, que es el mecanismo legal para revocar el mandato en Venezuela. Hablan ya de la renuncia del presidente por un resultado electoral parlamentario. Ahora Argentina va a tener un nuevo gobierno que no va a tener mayoría parlamentaria, el año pasado el gobierno de Estados Unidos perdió la mayoría parlamentaria y no ha pasado nada más allá de lo que es el debate político y la dificultad del ejercicio del Ejecutivo con un Parlamento que no acompaña todas las decisiones.

EC —Se señala ese planteo como un ejemplo de excesos verbales en la campaña electoral, en este caso provenientes de la oposición. Pero por lo visto el oficialismo también incurre en esos mismos excesos.

EC —Para nosotros en Venezuela Luis Almagro, en vez de mantenerse en una posición de tender puentes y de construcción de diálogo, se ha posicionado en una parcialidad política. Y nosotros desde hace 17 años cuando alguien asume una parcialidad política respondemos en el marco del debate político.

EC —En el entorno de Almagro se ha enfatizado que este debate público en el que de hecho entró con las autoridades de Venezuela tiene su origen en el hecho de que Venezuela no aceptó que la OEA enviara una comisión de observación electoral.

JC —Venezuela es libre y soberana. El CNE lo vio así y prefirió que fuera un organismo como el Consejo Electoral de la Unasur, que está conformado por todos los entes electorales de la Unasur y que es el organismo –dicho por Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay– con mayor capacidad técnica. De Uruguay ya fueron cuatro representantes de la Corte Electoral a conformar la misión de la Unasur y representan a las parcialidades que conforman aquí la Corte Electoral. Entonces fue una decisión soberana. A Uruguay, por ejemplo, no le sería sencillo constituir en su marco legal una misión como la que plantearía la OEA, porque hay países de la región cuyo marco legal no permite este tipo de observaciones.

Lo que pedimos –y no sentimos nunca al secretario general de la OEA en ese sentido– es respeto a la determinación de un pueblo como Venezuela, que ha hecho 19 elecciones en estos años, ha elegido 3.000 cargos de elección popular y no ha existido ningún proceso de impugnación firme de esos resultados electorales. Desde el punto de vista técnico, en 17 años y 20 procesos electorales, eligiendo 3.000 cargos, de los cuales la oposición ha tenido casi el 40 % de los cargos de elección popular, no ha existido nunca una duda de esos resultados.

Por eso para nosotros, en vez de ser una perspectiva de construcción de un secretario general de un organismo como la OEA que pudiese ayudar al diálogo, más bien nos hace recordar la historia de intervención de esa institución, porque quería casi a prepo formar parte de un mecanismo de observación en Venezuela, cuando hay un CNE que define quién va, cómo va y qué acuerdos puede llegar a hacer.

***

EC —Uno de los planteos del secretario de la OEA, Luis Almagro, tuvo que ver con el asesinato hace pocos días, el miércoles de la semana pasada, de un dirigente de la oposición, Luis Manuel Díaz, secretario general de Acción Democrática en Guarico. Pasaron siete días, ¿qué resultados arrojó la investigación?

JC —En primer lugar, condenamos y rechazamos todo hecho de este tipo, homicidio en particular, y así lo hicieron el presidente Nicolás Maduro y todas nuestras autoridades. Y nos abocamos a una investigación para la cual el Ministerio Público, un órgano particular y autónomo de Venezuela, dedicó más fiscales y más esfuerzo para ello.

Hoy ya tenemos los primeros tres detenidos, que fueron identificados gracias a unas grabaciones de video. El hecho fue en la parte posterior de la tarima; finalizado el acto ya no había casi dirigentes políticos en ese lugar. Lo digo porque al comienzo se habló de que había sido en la tarima y que casi habían ido unos pistoleros ahí.

EC —De todos modos, era un acto que tenía un significado especial en la medida en que, por ejemplo, se encontraba Lilián Tintori, la esposa de Leopoldo López, un dirigente opositor que ha sido condenado a 14 años de prisión.

JC —Se encontraba en el acto, mas no cuando eso sucedió. Las investigaciones no han permitido cerrar ninguna hipótesis, ya hay los primeros tres detenidos. Las investigaciones van a decir si este hecho es un hecho aislado, si es un hecho vinculado a la delincuencia ciudadana, producto de que esta persona tenía antecedentes penales; eso ya fue verificado, incluso fue manifestado a la opinión pública.

EC —De todos modos, es muy casual que el homicidio haya ocurrido en circunstancias de un acto político.

JC —Es muy complejo. No queremos adelantar juicio, como sí ha pasado en el mundo, que prácticamente acusó a una parcialidad política de ello. Queremos llevar la misma seriedad que llevamos con el crimen político más significativo que han tenido los venezolanos en los últimos 58 años desde el punto de vista de un asesinato, que fue el asesinato del diputado Robert Serra el año pasado; en ese caso, después de que terminaron las investigaciones, que se detuvo a los implicados, tanto a los autores materiales como a los actores intelectuales, se definió que fue un hecho político. Hoy hasta que no terminemos las investigaciones no podríamos afirmar una de las dos cosas, ni negar una ni afirmar la otra.

A nuestro juicio ha habido una manipulación muy grande desde el punto de vista de querer llegar a acusaciones directas cuando ni siquiera habíamos empezado la investigación. Tuvimos opiniones internacionales en menos de 12 horas de que había sucedido el hecho. Tenemos ya los tres primeros detenidos, fueron detenidos este fin de semana, los detuvo nuestra Fiscalía General. Vamos a esperar las investigaciones. Es un hecho que condenó el gobierno nacional, es un hecho que no acompañamos. Se les ha ofrecido seguridad a los distintos actores políticos en Venezuela, a la ciudadana Lilián Tintori, que ha…

EC —Ella tuvo una conversación con el vicepresidente a propósito de esa posibilidad, le ofreció esa custodia y ella la rechazó…

JC —Ella la rechazó…

EC —…porque ella entiende que son esos mismos dispositivos de seguridad los que la han estado vigilando y persiguiendo en los últimos meses.

JC —Bueno, yo diría que eso es una mala comprensión de ella, ella más bien se ha negado a tener una custodia especial por las denuncias que hace. Hasta ahora no ha existido un elemento probatorio de algún atentado directo hacia ella, pero gracias a su denuncia, por instrucciones del presidente dela República, el vicepresidente –podría haber sido alguna otra autoridad policial– se comunicó con ella para brindarle seguridad y para que escogiera qué organismo quería que le diera seguridad. A veces notamos en la oposición cierto doble discurso, porque por un lado dice que hay amenazas contra su vida, cuando no ha existido ningún hecho puntual directo, y por otro lado niega el apoyo de seguridad, cuando además tiene la posibilidad de escoger el organismo de seguridad que cubra su resguardo principal.

EC —Sigamos hablando de garantías. En general, ni la oposición ni los expertos en la materia están preocupados porque vaya a producirse “fraude” el 6 de diciembre. Según publicaba ayer BBC Mundo, es prácticamente imposible el fraude, debido a que, entre otras cosas, la totalización de los votos se hace a través de un sistema encriptado que los delegados de los partidos pueden vigilar en todo momento. Sin embargo, distintos analistas coinciden en que ha habido un “ventajismo desmesurado” hacia el oficialismo que queda ilustrado en distintas acciones.

Por ejemplo, El País de Uruguay publicó este fin de semana una nota en la que recoge denuncias del exministro de la Corte Electoral uruguayo Rodolfo González Rissotto, que estuvo en Venezuela entre el 8 y el 25 de este mes en una misión de observación planificada por la organización internacional Idea, en el marco de un convenio con la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela. Allí señaló que “todos los factores llevan a que la gente dude de que su voto vaya a ser efectivamente secreto y hacen que, en definitiva, los venezolanos desconfíen del sistema electoral”. Y menciona ejemplos. Uno de ellos es que el Estado amenaza a quienes ocupan viviendas del Estado con que serán desalojados si no votan a los candidatos del gobierno: “Se les entregan viviendas pero no las reciben como propietarios, sino como ocupantes. Y luego se instalan circuitos en los complejos habitacionales y se advierte que si en el escrutinio aparecen allí sufragios opositores, se van a retirar las viviendas a todos los habitantes”. ¿Esto pasa?

JC —Rotundamente no. Primero, no hay circuitos móviles en Venezuela, no hay centros de votación móviles sino centros de votación fijos. Hay algunos que no son centros escolares, se activan en zonas populares o pobladas para los momentos estos especiales de votación, pero la gente ya sabe. Todo el mundo en Venezuela sabe cuál es la dirección donde vota, se mete en la página web del CNE y lo sabe.

Segundo, no hay ningún elemento hecho público, más allá de una declaración de esta persona, que no conozco, que dé pie a esta denuncia de que se están entregando viviendas a cambio de una prebenda electoral. En absoluto se ha hecho y nunca hemos tenido esas circunstancias en estos últimos 15 años. En Venezuela hay un marco de debate incluso político, de ejercicio político, para algo que de repente se desconoce. La presidenta del CNE ayer anunció que se habían mandado sacar de circulación 21 spots publicitarios por atentar contra la ley electoral, que se están investigando televisoras públicas y privadas por no respetar la ley de equilibrio de la información en la noticia. Incluso una por hacer lo que ella considera proselitismo electoral. Incluso alguna privada de que no se ha permitido que se publiquen algunas cuñas publicitarias, cuando por ley es obligatorio aceptar las cuñas publicitarias de todos los sectores políticos.

EC —Más ejemplos. Se ha creado en Venezuela una plataforma llamada “El Guachimán electoral”, donde se reciben denuncias vinculadas con esta campaña. Y algunos empleados públicos han denunciado que su jefe les ha llegado a exigir que tomen una foto con su voto el día de la elección. Por ejemplo, empleados públicos del Aeropuerto Internacional La Chinita presentaron pruebas de acoso laboral a 43 trabajadores por parte de José Miguel Montañez Silva, gerente de Aduana. Incluso está la grabación de lo que esta persona les planteó.

(Audio presión)

Yo voy a dar una orden aquí, no sé […], si queréis denunciarme en el periódico, como a ustedes les dé la gana, eso a mí no me va a importar. […] El día de las elecciones, cuando ustedes vayan a pasar a su mesa de votación, agarran su teléfono celular y lo ponen en modo foto, en cámara, y se lo llevan en su mano. Pasan por la máquina, ponen su huella, marcan PSUV, le dan a seleccionar todo, se toman la foto con el dedo en seleccionar todo, imprimió el papelito y chácata, se tomó la otra foto, porque el día martes va a pasar cada uno por mi oficina mostrando su foto”.

(Fin audio)

EC —Es bastante impresionante esto. Les pide primero que voten al PSUV, y que además tomen la foto del momento en que votan PSUV y después se la muestren a él.

JC —No sería la primera vez que hayamos tenido un montaje en Venezuela de alguna noticia, incluso se han puesto fotografías o videos que no corresponden a una personalidad pública o a alguna autoridad. Pero de ser así, eso sería un delito electoral. De ser así, tendrían que ir a denunciarlo al CNE. Y de ser así, eso tiene tipificación en nuestro orden jurídico y sobre todo el CNE tiene potestades para sancionar esas acciones e incluso para iniciar una denuncia ante el sistema penal venezolano.

En ocasiones hemos tenido cosas de este tipo o montajes de este tipo, pero si eso corresponde me imagino que estas personas ya lo habrán denunciado al CNE –además pueden hacerlo de manera reservada–, y eso lleva a sanciones inmediatas y automáticas.

EC —También se ha denunciado una estrategia que se ha denominado 1×10, por la cual a trabajadores de empresas estatales se les plantea el compromiso de conseguir 10 votos para el oficialismo.

JC —No, el 1×10 es una estrategia que desarrolla el gobierno y que está desarrollando la oposición también. El PSUV entre militantes y simpatizantes tiene más de 6 millones de inscritos. Cada militante tiene el compromiso de tener una lista de 10 personas que va a motivar y a las que les va a hacer seguimiento para que participen y voten el día de las elecciones. Pero no es un elemento de constitución de acción del Estado o público.

EC —Ayer en un informe de BBC Mundo se publicaba una lista que se repartió en una siderúrgica estatal –tiene incluso el membrete– para que el trabajador anote esos 10 votos para el oficialismo.

JC —Habría que verlo. Pero no forma parte de un accionar público, es una estrategia de los partidos políticos, lo hacen organizaciones tanto de la oposición como del gobierno e incluso la de gobierno lo hace en una plataforma web, cada una de esas personas inscribe en la plataforma web quiénes son las 10 personas que está comprometida a motivar a votar, su 1×10 como se lo llama. Es algo que se hace en Venezuela no de ahora sino desde hace muchos años.

***

EC —Según varias encuestas, la coalición de oposición Mesa de la Unidad Democrática lidera la intención de voto. La diferencia es de 14 a 35 puntos, según la consultora, sobre el oficialismo. De todos modos, el presidente Maduro afirma que el PSUV cuenta con un “voto duro” de 40 %. En cualquier caso, el escenario de derrota del oficialismo, el triunfo de la oposición es un escenario factible esta vez, más factible que en otras ocasiones.

Entonces están las preocupaciones a propósito de lo que pueda ocurrir en Venezuela el día después. El propio presidente ha hecho algunas declaraciones que han provocado inquietud, las más recientes este lunes. Dijo que en caso de que gane la oposición se lanzaría a las calles a defender la revolución con el pueblo. ¿Qué quiere decir eso?

JC —En el marco del proceso electoral algunos voceros importantes de la oposición –no vamos a calificar a todos– han dicho que si gana la oposición el presidente Nicolás Maduro debería renunciar. Y eso no está en el camino constitucional en Venezuela, para eso tenemos el referendo revocatorio, para eso tenemos otras instancias. El presidente Nicolás Maduro dijo que el 8 invitaba a todos los diputados electos para trabajar conjuntamente. Entonces se abre un proceso que creo que va a depender mucho de la madurez de la oposición. La oposición en estos 15 años no ha demostrado estar a la altura de los acontecimientos políticos en Venezuela, son innumerables hechos, uno de ellos cuando no participaron en elecciones parlamentarias en las que tenían garantizado un mínimo de 40 % de la representación. Entonces va a depender mucho de la madurez de la oposición venezolana y del debate interno que tiene la oposición, porque hay algunos sectores que siguen apostando a atajos no constitucionales y algunos que empiezan a respetar y a reconocer los mecanismos que da la Constitución para dirimir. E incluso la Constitución permitiría revocar el mandato de un presidente, cosa que no sucede en muchos otros países.

EC —Usted dice que lo que ocurra después del domingo, si la oposición obtiene mayoría en la Asamblea Nacional, va a depender en buena medida de la oposición. Es cierto, pero lo que está muy claro es que un escenario como ese implica que el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Maduro la va a tener muy complicada para gobernar. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Qué quieren decir estas palabras que yo citaba recién?

JC —Esas palabras primero quieren decir que su gobierno y el proceso de transformación y cambios revolucionarios que se ha venido dando en el país no están en discusión en estas elecciones, que más bien el abanico que se abre, la pregunta que se abre a todos los venezolanos es si está dispuesta la oposición venezolana a construir diálogo –cuando el último proceso de construcción de diálogo fue abortado por la oposición, fue la Unasur y después de la segunda reunión ya se pararon de la mesa de diálogo– o lo que quiere es derrumbar el país por un proceso de desestabilización política.

Si va por un proceso de desestabilización el presidente Nicolás Maduro ha sido muy claro, ha dicho que va a gobernar junto con el pueblo en la calle, como lo hemos hecho en 17 años. El presidente Chávez, el presidente Nicolás Maduro nunca han salido a la calle, han tenido actos casi todos los días en la calle y se ha hecho dentro del marco constitucional, de las garantías de la Constitución y dentro de lo que es el respaldo institucional. Por eso también el respaldo de las Fuerzas Armadas y lo que dijo el ministro de la defensa, que no hay ni golpe ni autogolpe, lo que hay es respeto a las formas constitucionales y democráticas.

EC —Usted dice que esas palabras hay que interpretarlas como que el presidente se va a apoyar mucho en la movilización popular. Pero en el Parlamento la votación habrá determinado que la mayoría la tienen los otros partidos. Entonces, ¿no se estará yendo, hasta por eso mismo de convocar a la gente a las calles en un eventual escenario de derrota, a un panorama de tensión, de incentivación de las diferencias más que de búsqueda de acuerdos?

JC —Por eso le dije que depende de la oposición, porque de salir victoriosa, ¿cuál es la estrategia de la oposición? ¿Es desde el Parlamento, que es una instancia de un poder público, controlar al Ejecutivo, contribuir dentro de acuerdos nacionales, de buscar alternativas nacionales, debatir y cuestionar al gobierno, o es ir hacia el atajo de la desestabilización política? En estos 17 años la oposición siempre se ha ido por el atajo de la desestabilización política, por eso cuando surge qué va a hacer el gobierno o la oposición, hay antecedentes, entonces está más en duda la rectificación. En este momento la oposición tendría en su mano la alternativa de rectificar.

EC —El expresidente José Mujica está muy preocupado y hasta teme un golpe de Estado. Ha dicho: “Todo lo que se está diciendo los militares se lo toman como una cuestión de soberanía. Sé cómo piensan adentro de los cuarteles. Yo temo un golpe de Estado de militares”.

JC —Esa es una opinión que respetamos mucho del presidente Mujica, pero nosotros nos basamos en lo que han sido estos 15 años. La fuerza armada ha estado muy del lado de la Constitución y las normas en Venezuela en los momentos más difíciles. Y lo reafirmó su ministro de Defensa en este momento. Así que nuestra mayor confianza en lo que ha venido sucediendo en estos últimos tres años con el pueblo venezolano, cada vez que ha sido convocado ha participado como nuca lo había hecho en la historia política de Venezuela. Y al día siguiente hemos dado una demostración de paz y de democracia al mundo, lo hicimos en las elecciones municipales pasadas, lo hicimos en las elecciones presidenciales en las que se eligió al presidente Nicolás Maduro. Aunque un actor de la oposición irresponsablemente no fue por los canales regulares. Vamos a tener 117 elecciones, que están abiertas a que cualquiera pueda generar un proceso de impugnación si cree que los resultados no lo favorecieron. Eso se puede dar y se ha dado en otros procesos parlamentarios, hemos tenido impugnaciones de uno, dos, tres candidatos de un lado y del otro. Así que el llamado es a que Venezuela, los actores políticos en Venezuela sigamos transitando por un camino de paz y de encuentro.

EC —No es lo que ha ocurrido en estas semanas y estos meses.

JC —No es lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años, 17 años, y no ha sido por esfuerzos que no haya hecho el Gobierno. El último ejemplo de ruptura de diálogo fue cuando la Unasur inició un proceso de construcción de diálogo, cuando el presidente Nicolás Maduro llamó a que apoyara, e incluso acompañó la Santa Sede. La oposición se paró en la segunda mesa de diálogo. No hemos visto voluntad de parte de ella. Creo incluso que el pueblo venezolano, y sobre todo el pueblo que acompaña a la oposición, no quiere confrontación sino que quiere […] y posiblemente caminemos hacia ese camino. E igual, si se da el supuesto, que también es factible y posible y también lo dicen las encuestas, de que la mayoría parlamentaria la mantenga la fuerza que acompaña hoy el proceso de transformación y cambio, el día siguiente lo que debe reinar es el reconocimiento de los resultados y la paz en Venezuela, no el llamado a la violencia de actores políticos como ha sucedido en otros momentos.

Video de la entrevista

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Transcripción: María Lila Ltaif

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El embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, dijo en entrevista con En Perspectiva que la actitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido “poco ética” y que fue “muy ofensivo” que cuestionara el proceso electoral. También se preguntó cuál será la estrategia de la oposición si gana las elecciones de este domingo.

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Entrevista central, miércoles 2 de diciembre: Julio Chirino

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Transcripción de la entrevista con Julio Chirino, embajador de Venezuela en Uruguay

Julio Chirino, embajador de Venezuela en Uruguay, dijo que se le está dando a estas elecciones “una dimensión mayor” a la que tienen, “a veces pareciera que determinaran la continuidad del Gobierno, cuando no es eso lo que está en discusión sino la mayoría parlamentaria”, agregó.

Acerca de las cartas de Almagro, Chirino dijo que en la campaña electoral ha habido “intervención externa” y que fue “muy ofensivo” para muchos venezolanos que la Secretaría General de la OEA “mantuviera opiniones que cuestionan” el proceso electoral. Agregó que “lo que más indigna” es que Almagro acusa al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela de tener grupos armados cuando “esos grupos no existen”. Atribuyó estos presuntos errores al “desconocimiento” y agregó que no cree que Almagro actúe de mala fe, pero que si tuviera que calificar su actitud diría que ha sido “poco ética”.

El embajador también dijo que si la oposición gana las elecciones “se abre un proceso que depende mucho de la madurez de la oposición venezolana” y de su “debate interno”. Además, se preguntó cuál es la estrategia de la oposición si gana las elecciones: “¿Contribuir (…) o ir hacia el atajo de la desestabilización política? En estos últimos años la oposición siempre ha ido hacia el atajo de la desestabilización”.

Chirino dijo que las declaraciones del presidente, Nicolás Maduro (quien dijo que de perder las elecciones se lanzaría a las calles a defender la revolución con el pueblo) se entienden en el marco de un proceso electoral en el que hay voceros de la oposición que dicen que si el oficialismo pierde las elecciones él debería renunciar. “Eso no está en el camino constitucional en Venezuela”, como sí está el referéndum revocatorio, agregó.

El embajador venezolano también señaló que ante el asesinato de Luis Manuel Díaz (un dirigente local de la oposición venezolana que no era candidato a las elecciones) hubo “opiniones internacionales en menos de 12 horas”. Sobre la investigación, dijo que hay tres personas detenidas y que todavía no se ha descartado ninguna hipótesis.

Transcripción de la entrevista con Julio Chirino, embajador de Venezuela en Uruguay

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Vea el video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Martes 11.08.2015, hora 8.14

EMILIANO COTELO (EC) —El 6 de diciembre el Partido Socialista Unido de Venezuela enfrentará su mayor desafío electoral desde la llegada al poder de Hugo Chávez.

(Audio Nicolás Maduro)

¡Preparémonos para que, en medio de las más difíciles circunstancias, la revolución bolivariana crezca y tengamos una nueva y gran victoria el 6 de diciembre de este 2015! ¡En medio de la batalla que nos toque, preparémonos para salir de pie y victoriosos en el amanecer del 6 de diciembre!

(Fin audio)

EC —Hoy, en la Asamblea Nacional, el oficialismo, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, tiene mayoría con 99 diputados en un total de 165. ¿Podrá mantener esa posición en las urnas? Por primera vez el chavismo llega en desventaja según las encuestas de intención de voto, pero además tiene el telón de fondo de una crisis económica marcada por la recesión, la inflación y el desabastecimiento.

¿Cómo sigue esa situación el principal referente de Venezuela en nuestro país?

Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino.

Faltan menos de cuatro meses, el 6 de diciembre habrá elecciones en su país para renovar el Parlamento. ¿En qué consisten estos comicios?

JULIO CHIRINO (JC) —Faltan exactamente 16 semanas. En Venezuela el 6 de diciembre, como es habitual desde el inicio de la democracia en el año 58, el primer domingo de diciembre se hacen las elecciones. En este caso vamos a tener elecciones parlamentarias para renovar la totalidad de la única cámara de nuestra Asamblea Nacional. Se van a elegir 167 diputados en ese momento.

Son elecciones nacionales, pero por circuitos. Cada estado tiene una representación particular según un cociente que integra la representación territorial y la cantidad poblacional. Eso hace que los estados con mayor población tengan un mayor número de diputados y estados con un menor número de habitantes tengan una cantidad menor de diputados, pero no está relacionado directamente con la cantidad poblacional. Los estados pueden tener entre un mínimo de cinco y un máximo de 16 diputados.

Nosotros estuvimos en las elecciones aquí en Uruguay el año pasado, las seguimos, y es un poco diferente. Aquí hay una sola lista por lemas o por grupos políticos, mientras que en Venezuela un 70 % se elige por circunscripción electoral, por un lado lo que denominamos una elección uninominal –tú eliges a la persona–, y por otro lado un 30 % que elegimos por lista por estado que tiene que ver con la representación de las minorías. Ahí se van acumulando todos los votos que tenga ese partido dentro de esa circunscripción regional.

Desde la modificación constitucional en el año 99 en nuestro país solo existe una cámara, que es por representación proporcional a la población y a los estados. No tenemos una cámara de senadores, como teníamos antes, que sí era representativa de los departamentos, eran dos por departamento.

EC —Una parte importante de la discusión este año se ha centrado en las garantías que tendrá esta votación. Hasta ahora la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) es el único organismo internacional convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela como “acompañante electoral”. Sin embargo, tanto la oposición como la comunidad internacional sostienen que debería ser otro el organismo encargado de ese contralor, por ejemplo la Organización de Estados Americanos (OEA). ¿Por qué el gobierno ve inconveniente la participación de la OEA?

LC —Lo primero a señalar es que el poder electoral en Venezuela, el CNE, es un poder público, autónomo e independiente. Según nuestra Constitución existen cinco poderes, y ese es uno de ellos. Es decir, la autoridad a la que le corresponde esa decisión es el CNE, no el gobierno, en este caso el Ejecutivo.

Y luego es bueno tomar en cuenta que Venezuela es un país que tiene una democracia desde el año 58 sin ninguna interrupción. Hasta el año 98 tuvimos una Constitución que fue modificada en 1999, y a partir de allí cambió la forma de elegir a nuestros representantes. Hasta el 99 en vez de votar solamente por una lista, votábamos por un solo partido y de ahí se elegían diputados, etcétera. Ahora se divide y tenemos elecciones particulares por cargos de elección popular.

En ese sentido hemos tenido desde el año 99 hasta nuestros días, en estos últimos 15 años, una democracia que va a llegar casi a 60. Hemos tenido 20 procesos electorales, con este de diciembre. Esos procesos electorales probablemente han sido los más observados, acompañados de América Latina, han participado una infinidad de organismos o de organizaciones veedoras de las elecciones –participó la OEA, ha participado el Centro Carter–. Desde la creación de la Unasur, el CNE invita al Consejo Electoral de la Unasur, que está integrado por todos los miembros de la Unasur. Va una misión conformada por los consejos o tribunales electorales u organizaciones técnicas –que incluso ha sido presidida por el vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay, Wilfredo Penco– que después de cada proceso electoral presenta un informe público.

EC —Pero ¿por qué solo ese observador? ¿Por qué no la OEA?

JC —Como le decía, es una decisión del CNE, son ellos quienes deben decidirlo, tienen total autonomía para hacerlo. Nosotros tenemos una perspectiva de lo que debe ser el acompañamiento electoral. Hay países –no sé cómo es en Uruguay– donde se permite acompañamiento electoral externo de nuestra América Latina. En el caso de Venezuela se permite con las regulaciones de acompañamiento electoral que plantea el CNE. Tenemos una normativa que deben cumplir. No es una misión que tenga la capacidad de calificar el resultado o el mecanismo electoral que tenemos en Venezuela. Sí puede hacer un informe posterior.

Es bueno señalar algo que a veces no se dice: el sistema electoral venezolano tiene 18 procesos de auditoría en los que participan todos los partidos políticos. Es decir, el día 6 de diciembre, cuando los venezolanos tengamos elecciones, se van a haber generado 17 auditorías firmadas por todos los partidos, por los técnicos de cada uno de los partidos. Posteriormente, el día de las elecciones, después de que se cierra la urna –votamos electrónicamente– esa urna se abre, hay un talonario igual al de un cajero con lo que tú votaste, tú lo ves y lo guardas en esa urna. Se abren aleatoriamente el 50 % de las urnas y se contabiliza que lo que dio la máquina coincida. Eso les ha dado amplias garantías a nuestras elecciones en los últimos años, al punto que por diferencias pequeñas hemos tenido triunfos de factores de oposición en estados, departamentos y alcaldías, y también hemos tenido triunfos de las fuerzas que acompañan al proceso de transformación y cambios que se da en Venezuela.

EC —Usted decía que la decisión a propósito de qué organismo llega a Venezuela como acompañante electoral corresponde al CNE, que es un poder en sí mismo. Sin embargo, el nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, uruguayo, ha ofrecido en distintas ocasiones la participación de los expertos de esa institución, y la respuesta de Venezuela ha sido negativa no solo del CNE sino del propio gobierno. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro ha dicho: “Aquí no se puede estar bien con Dios y con aquello. O se está con los pueblos o se está con el imperio. Así de sencillo. Díganselo a Almagro de mi parte”, a raíz de la reunión que Almagro había tenido con Enrique Capriles, uno de los líderes de la oposición que, entre otras cosas, solicitaba la presencia de la OEA. ¿Cómo se entiende esa posición?

JC —Esa opinión del presidente, que es una opinión del gobierno, fue precisamente […], ese encuentro en Washington entre el secretario general de la Unasur y el gobernador de un estado en Venezuela, que es el gobernador Enrique Capriles.

Es importante destacar y señalar allí que nosotros tenemos una consideración muy particular. Venezuela fue uno de los países que creyeron y apostaron y siguen creyendo en la persona de Luis Almagro como secretario general de la OEA para apostar y buscar una reconfiguración de un organismo que consideramos que ha estado más al servicio de políticas puntuales que tenían que ver con una perspectiva bipolar y hegemónica que ha tenido un país como Estados Unidos en nuestra región, y no con la perspectiva que equilibre a todos los países.

También es bueno señalar que al menos en los últimos años la OEA y algunos de sus órganos no han tenido una posición –considera el gobierno venezolano– equilibrada en el término y el tono con Venezuela, y […] algunas declaraciones de algunos de los representantes de esa organización.

EC —Está claro el diferendo, el roce permanente que había entre Venezuela y el anterior secretario general, José Miguel Insulza. La pregunta es por qué la tensión se mantiene ahora, cuando ha cambiado la máxima autoridad y está al frente de ese cargo Almagro. Los cruces con Almagro han sido muy crudos en las últimas semanas. Yo citaba recién la declaración del presidente Maduro, pero también Elías Jaua, que fue canciller, ha dicho por ejemplo que Almagro tiene una conducta “antivenezolana”, que incluso tuvo antes, cuando era ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. ¿Qué es lo que está pasando en esta nueva etapa de la OEA y qué es lo que está pasando con Almagro en particular?

JC —Ante todo le puedo afirmar lo que es una posición nuestra como gobierno, por supuesto respetando las opiniones particulares que pueda tener algún funcionario o representante venezolano o de otro país. Nosotros tenemos una gran apuesta a que la OEA empiece un proceso de transformación, de modificación de algunas de sus políticas e incluso de la cuota que asignamos los países. Tenemos un solo país que prácticamente es el 50 % del presupuesto de la OEA y consideramos que no debe ser así.

EC —Estados Unidos.

JC —Estados Unidos. Creemos que es un foro importante y sí consideramos que es un espacio que debe trabajarse en ese sentido. Y creemos que debe ser en igualdad de condiciones para todos los demás países. El presidente Nicolás Maduro cuando hizo esa opinión también se preguntó si la OEA estaba solo para Venezuela o también para los demás países. Porque en ocasiones vemos que problemas que suceden en nuestro país son cuestionados por organismos del Sistema Interamericano, pero eso no sucede en igualdad de condiciones con otros países.

EC —¿Por ejemplo?

JC —Por ejemplo, el caso de derechos humanos más delicado que existió en Venezuela a lo largo de nuestra historia política fue el caracazo, la represión de una manifestación pública que se hizo en el año 89 en Venezuela. Fue recién con la llegada del gobierno del presidente Chávez que se asumieron las responsabilidades del Estado en ese caso. Mientras que otros estados todavía hoy no han reparado el tema de derechos humanos, algunos planteamientos que les ha hecho el Sistema Interamericano, vemos que no hay el mismo nivel de exigencia de los organismos interamericanos.

EC —Usted está manejando ahí un ejemplo del pasado. Mi consulta apunta a saber si ustedes ven que ese desequilibrio se mantiene ahora, en esta nueva etapa que está marcando la asunción de Almagro como secretario general.

JC —Todavía es muy corto el tiempo para decir. Por eso decimos que estamos evaluando, decimos que de nuestro lado hay una mano tendida –y más en mi particular, que entablé una relación de amistad personal con Luis Almagro, por quien tengo un gran aprecio– para evaluar cómo va a ser esta nueva etapa de la OEA.

EC —Por ejemplo, ¿el hecho de que se haya reunido con Capriles es una “mancha” en la gestión de Almagro?

JC —Nosotros somos respetuosos de lo que haga el secretario general de la OEA. También emitimos opiniones. Creemos que sería importante que además recibiera a otros organismos, como el Comité de las Guarimbas, que es el comité de las víctimas de los hechos que sucedieron en Venezuela a comienzo del 2014, cuando hubo un llamado insurreccional a la salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro fuera de las formas democráticas. Hasta ahora no ha tenido voz y eco en algunos de esos organismos. Sí ha recibido a sectores que han participado en procesos de desconocimiento de la institucionalidad venezolana, como el gobernador Enrique Capriles, que hoy señala que un resultado favorable para la oposición es la salida del gobierno. Algo que nos preocupa muchísimo, porque en Venezuela hay formas democráticas para dirimir nuestros problemas. Por eso le digo que una cosa es para nosotros Luis Almagro y otra cosa son las instituciones y los organismos.

Más que un hecho puntual, ampliamos y vemos desde una perspectiva en que consideramos que no ha sido equilibrada la OEA en su historia y en su historia reciente con Venezuela y apostamos a que eso se transforme. Por supuesto tomamos en cuenta que es un proceso, que no es un proceso sencillo, que es un proceso difícil de transformación de un organismo que además consideramos que debería tener sede en cualquier otro país de la región, no donde la tiene hoy en día.

EC —En el mes de marzo, el semanario Búsqueda publicó una reseña de una charla que usted había dado en un comité del Frente Amplio en la que, entre otras cosas, había sostenido: “Para mí Almagro es una estrategia de los Estados Unidos y una oportunidad de los países que somos contrahegemónicos”. ¿Sigue pensando eso, que la nominación de Almagro, que se dio por unanimidad en la OEA, fue una jugada de Estados Unidos?

JC —Ahí yo decía algo adicional, que va a depender, que Luis solo no podía. Venezuela considera que hay que transformar a la OEA, y creemos que Luis solo, que un representate, un secretario general, cuando sabemos que son los países los que tienen peso, no podría. Esa frase que usted hizo fue acompañada de que dependerá de los países, de las visiones de los países la posible transformación de la OEA. Indudablemente, si no logramos transformar a la OEA hacia una nueva perspectiva vamos a tener que recordar siempre cuando Cuba fue expulsada de la OEA, cuando la OEA acompañó procesos de intervención directa en países. Incluso me atrevería a decir que cuando el golpe de Estado en Venezuela la OEA no se manifestó como el concierto internacional de los países de América Latina, es bueno decirlo.

EC —Pero ¿cuál sería la jugada de Estados Unidos apoyando a Almagro?

JC —En Venezuela creemos que una OEA que no cambie mucho y que no se reequilibre en los nuevos procesos que se han dado en América Latina es una OEA que posiblemente convenga a una perspectiva de mantener esa construcción bipolar que se dio en un momento determinado. Es todo un proceso que tendremos que ir viendo cómo se va dando. Por eso acompañamos los planteamientos que ha hecho el presidente Correa de transformación de la OEA, de transformación de sus organismos. Por eso hemos tomado la decisión de no participar en algunos mecanismos de la OEA por considerar que no han sido en un marco de igualdad y justicia con Venezuela. Incluso si yo comparo el tratamiento que ha hecho la OEA de los temas vinculados a Venezuela en distintos niveles y el tratamiento a otros países en el mismo período, del 2000 para acá, hay una diferencia importante.

EC —Me llamó la atención en las declaraciones del ministro Jaua que él habla de la opinión negativa que tiene de Almagro desde antes, desde la época en que él era canciller, de la época en la que los dos eran cancilleres. No estaba tan claro en Uruguay que en el gobierno de Venezuela se opinara tan críticamente de Almagro. ¿Cómo es eso?

JC —Le diría que es una opinión particular, yo no podría…

EC —Pero de quien fue ministro de Relaciones Exteriores.

JC —Claro, pero no podría… en todo caso puedo interpretar o explicar una posición de nuestro gobierno, en este caso de nuestro presidente, de nuestra canciller, que son quienes dan la línea de la política exterior. En la relación del proceso de integración, por ejemplo, que fue uno de los temas a los que se refirió el ministro Elías Jaua, siempre hemos tenido procesos de ida, de vuelta. Como en una gran familia: uno puede tener una diferencia con uno de los miembros y no quiere decir que lo lleva así en la continuidad del tiempo. Como en el proceso de ingreso de Venezuela al Mercosur, por ejemplo, él así lo trazó.

EC —Sí, Jaua hablaba concretamente del momento en el que se aprueba el ingreso de Venezuela al Mercosur, justo cuando Paraguay estaba suspendido. Almagro no habría estado de acuerdo, habría intentado frenar esa decisión.

JC —Yo sé el resultado final, no estuve en una mesa, no podría opinar en ese sentido. Yo sé que en los organismos del Mercosur se mantuvo la decisión política que tomaron los presidentes acerca del ingreso de Venezuela. Sé que se abrió un debate entre los países miembros del Mercosur sobre la forma en que se dio ese ingreso. Y sé lo más importante, que es lo que sucede hoy, que hoy, vuelta la democracia, vueltos a los hilos constitucionales, ya pasado el proceso que se vivió en Paraguay, tenemos un Mercosur ampliado, un Mercosur del que forma parte Venezuela, aceptada por Paraguay. Hoy tenemos un Paraguay totalmente incorporado y un Mercosur al que se está incorporando Bolivia, en el que estamos en conversaciones con Ecuador y que está conversando con otros bloques externos.

EC —En fin, da la impresión de que con respecto a la gestión de Almagro en la OEA ustedes tienen un “apoyo crítico”. ¿Cómo lo definen?

JC —Podríamos decir que tenemos expectativas de que la presencia de Luis allí, con el acompañamiento de los países de la región, genere algunas transformaciones que necesitamos, que creemos necesarias en la OEA, que tienen que ver con un equilibrio mayor entre nuestros países.

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EC —Ese reclamo de la oposición y de parte de la comunidad internacional de que los comicios parlamentarios cuenten con observadores del exterior tiene como trasfondo la desconfianza hacia el CNE de Venezuela, sobre todo por algunos episodios. Por ejemplo, en las últimas semanas ese organismo ha generado una serie de hechos políticos al inhabilitar a varios posibles candidatos de la oposición. Desde julio, siete miembros de la coalición Mesa de la Unidad Democrática han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos, con lo cual quedaron fuera de la carrera electoral. ¿Cómo explica esas decisiones?

JC —En primer orden es bueno explicar que no es el CNE el poder o el organismo mandatado para generar sanciones administrativas en nuestro país. Es la Contraloría General de la República, que además forma parte de un poder independiente –nosotros tenemos cinco poderes, gracias a una visión del libertador Simón Bolívar–, que es el Poder Ciudadano. En el artículo 287 de la Constitución se establece que la encargada de revisar y ver todos los hechos en que debe haber algún tipo de control de la acción de los funcionarios públicos es la Contraloría General.

EC —Es una puntualización importante. Yo decía que era el CNE, pero no.

JC —El CNE tiene todo tipo de potestad en el ámbito electoral, pero no puede sancionar desde un punto de vista penal ni administrativo. El único órgano en Venezuela con posibilidad de sancionar administrativamente es la Contraloría General de la República.

EC —¿Por qué se han tomado esas decisiones tan delicadas?

EC —Por otro lado, los cuestionamientos vienen de organizaciones como Human Rights Watch (HRW), que han declarado que “el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, usa el sistema judicial como un castigo político”, imponiendo “demandas penales contra decenas de opositores que han criticado sus políticas en los medios”. Según la denuncia que HRW presentó el jueves pasado, además de los procesos más notorios contra dirigentes de la oposición como Leopoldo López, que está encarcelado, decenas de críticos menos conocidos enfrentan o han sido amenazados de acciones penales en su contra por autoridades venezolanas. Pero lo más grave es la “ausencia de un Poder Judicial independiente” que pueda frenar las acciones del poder Ejecutivo. ¿Cómo responde a este tipo de críticas?

JC —Primero es importante hablar de HRW. Para nosotros es una ONG que ni siquiera tiene un proceso democrático interno o de selección o de representación de sus organizaciones. Nosotros podemos ser respetuosos de la opinión, pero es bueno saber que no es un órgano como los que nos hemos dado los países de América Latina o del mundo para dar una calificación determinada a algún hecho en los distintos países.

EC —Está bien, pero existen distintas organizaciones que velan por los derechos humanos en el mundo cuyas opiniones, investigaciones son tenidas en cuenta. Provocan reacciones, muchos gobiernos efectivamente responden, actúan.

JC —Eso es lo primero a tomar en cuenta, para que la gente la conozca. Porque a veces cree que no es una ONG. Yo la podría crear y podría empezar a hablar de los derechos humanos en América Latina, y probablemente ganara prestigio, reconocimiento. Pero hay que tomar en cuenta que es algo privado, que está dentro del derecho privado y no del derecho internacional.

Segundo, con relación a lo que usted señala, no sé dónde hace la denuncia, en qué organismo judicial, o si es una denuncia solo de carácter público. Ahí hay algunos elementos que es constatable que no son así. Por ejemplo, yo le haría la pregunta: dígame qué –ahí hablo de medios de comunicación– periodista en Venezuela ha sido detenido o procesado por su acción como periodista.

EC —Acá cita el caso de Fray Roa Contreras, un directivo de la Asociación de Empresas Licoreras que fue detenido a fines de julio un día después de criticar en una entrevista televisiva las políticas económicas del gobierno.

JC —Hablaba primero de periódico, no conozco el caso en particular. Cuando vienen este tipo de cuestionamientos en Venezuela estamos acostumbrados a responder con preguntas para que todos podamos interpretar. Entonces, en primer lugar…

EC —Pero estaría bueno responder con datos.

JC —Le voy a responder con datos, pregunta con datos. Primera pregunta…

EC —Había otros, por ejemplo un médico que cuestionó en televisión la escasez de medicamentos, un ingeniero que criticó las políticas sobre suministro eléctrico, una mujer ciega con trastornos psicológicos que escribió en Twitter “morirá la dictadura en Venezuela”.

JC —Si me deja terminar le cuento. Para su primera pregunta, si esto que ellos afirman es cierto o no es cierto, yo tengo que responderle que en Venezuela no hay ningún detenido por sus opiniones políticas. Y menos en Twitter, cuando Venezuela es el país de América Latina con mayor penetración de Twitter, con más cuentas de Twitter. De hecho, varios dirigentes políticos son los dirigentes políticos con mayor cantidad de seguidores en América Latina, y nadie ha sido detenido, se lo puedo afirmar, por una opinión en Twitter. Como no hay ningún detenido en Venezuela por algún hecho relacionado con su función de periodista. Y no hay ningún detenido por haber opinado sobre la situación económica en Venezuela.

EC —Sí se han iniciado procesos penales.

JC —Se han iniciado procesos penales. Pero no existe ninguna iniciación de proceso penal por lo que allí se afirma, por su opinión política.

EC —Por lo que dice la información de HRW, el primero de los ejemplos enfrenta acusaciones por haber difundido información falsa que causa pánico. Otros son acusados de difamación, como por ejemplo 22 personas vinculadas a medios de comunicación.

JC —En ese caso sí hay una acusación individual del presidente de la Asamblea Nacional a 22 representantes de organismos y algunos medios de comunicación por difamación –eso está tipificado en la ley en Venezuela desde antes del 99–. El presidente de la Asamblea Nacional fue acusado por los medios de comunicación de ser jefe de un cártel de narcotráfico, sin ninguna prueba, sin ninguna fuente y sin que hoy exista en ningún tribunal, ni nacional ni internacional, causas para adelantar un proceso de ese tipo. Incluso Estados Unidos ha desestimado que haya una causa. Es como si usted dijera que soy el jefe de la mafia venezolana en Uruguay, algo por el estilo; yo consideraré que es una difamación, porque no estará ajustado a la verdad y actuaré según me dicen la norma y la ley. Ese es el procedimiento que se está llevando en Venezuela, que no tiene que ver con que haya un organismo de censura.

Yo le decía que nos gusta responder con preguntas. Pregúntele a cualquier periodista que trabaje en el medio, el que sea: ¿existe en Venezuela una oficina de censura donde tu artículo es revisado para ser publicado? Vas a ver una rotunda negativa. ¿Existe en Venezuela alguna publicación que se haya cerrado en estos 15 años producto de lo que era su línea editorial o de un artículo? No ha sucedido. Pero cuando yo era niño, que no era tan niño, recuerdo que en la década de los 90, en ese proceso electoral que le dije que no ha tenido corte desde el 59 para acá, se cerraba una revista porque el titular iba en contra de lo que decía el gobierno. La policía, en ese momento se llamaba DISIP [Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención], que era una policía secreta, lo recogía de los estanquillos. Más de una vez en los últimos años el programa de televisión de opinión política más importante de Venezuela, que es el programa [José Vicente Hoy] del periodista José Vicente Rangel, fue mandatado por el gobierno nacional para que no saliera por el contenido que tenía. Eso lo vivimos los venezolanos. Entonces nosotros hacemos algo que no es ir a la historia, pero que es ir a lo comparativo. Yo le puedo asegurar que eso no ha sucedido en ningún momento en Venezuela.

EC —Pero estos casos que yo reseñaba antes, por ejemplo el del directivo de una asociación de empresas que hace críticas a la política económica del gobierno y se le inicia un proceso por “información falsa que causa pánico”, son reales.

JC —Desconozco el caso puntual. Hay muchas afirmaciones que han hecho este tipo de organismos y que ha hecho HRW que son absolutamente falsas. Pero para no dudar absolutamente de la información, sí le puedo decir es que por un hecho político no es. Por supuesto, ha sucedido, en Venezuela y en cualquier país de nuestra región. Si una persona genera un hecho noticioso con alguna función o algún elemento que pueda generar un proceso de desestabilización o que falsee la verdad, hay procedimientos, del particular, como el caso del presidente de la Asamblea Nacional, o del Estado, para sancionar esas acciones irresponsables. Pero no hay una condescendencia política, porque si la hubiera no serían casos puntuales.

Sé por lo que me cuentan y porque lo he vivido en Uruguay que se dice que hay un debilitamiento de las instituciones democráticas de Venezuela. Y nosotros consideramos que es al revés, porque ha habido un proceso de ampliación de la democracia en nuestro país. Pero podría formar parte de debates. Lo importante es lo que consideramos cuando vamos al nivel comparativo. Por ejemplo me cuentan cómo se hacían las detenciones extrajudiciales cuando existieron procesos dictatoriales que por lo menos mi generación no vivió en Venezuela; eso en Venezuela no sucede. Se habla de que había procedimientos de censura; eso en Venezuela no existe, de hecho no se ha cerrado ningún medio, ningún periodista ha sido sancionado desde una órbita del Estado, ese hecho no forma parte de una política pública.

Sí le puedo decir que en Venezuela existe un proceso de amplio debate político y que los medios de comunicación no escapan al debate político. El mejor ejemplo de que los medios son actores y parte del debate político fue en el año 2002 –esto es reciente, no estamos hablando de un pasado muy lejano–, cuando el último intento de golpe de Estado en Venezuela, que fue amparado y acompañado por los medios de comunicación. Lo importante es que por el espíritu democrático del presidente Chávez y de nuestras instituciones, por la construcción de la democracia y la consolidación de un proceso democrático esos casos fueron sobreseídos y hoy podemos decir que la acción de los medios de comunicación es muy diferente de la del 2002. En cualquier país algunos de los hechos que cometieron los medios de comunicación que instigaron a irrumpir contra el sistema democrático habrían llevado a sanciones administrativas y hasta penales.

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EC —A propósito de este año electoral y sobre el proceso rumbo a los comicios parlamentarios de diciembre, ¿terminarán concretándose esas elecciones con dirigentes de la oposición presos todavía?

JC —Los dirigentes de la oposición que están presos hoy lo están por algo muy serio, muy grave, por un proceso de quiebre constitucional que se intentó en 2014, que ahorita está en pleno proceso judicial –el Poder Judicial es un poder independiente y autónomo–,se está llevando adelante ese proceso. Pero el gobierno venezolano y el Estado en general son los más interesados en que ahí exista lo que reclaman las víctimas: verdad y justicia. Porque por lo sucedido en el 2014, cuando un dirigente político llamó a derrocar a un gobierno legalmente constituido, lo que generó 43 fallecidos y 800 heridos en Venezuela, la mayoría de la población venezolana reclama justicia. Producto de la acción de ese dirigente –en este caso Leopoldo López– fue que se desencadenaron en Venezuela tres, cuatro meses de confrontación, con la participación de elementos incluso de carácter militar.

De esas 43 víctimas, 9 fueron por acciones, fueron funcionarios púbicos o policiales muertos por francotiradores –está en el informe de la Fiscalía General de la República–, fueron víctimas de las trampas y de las acciones paramilitares que se hacían en las ciudades. Y entre esas 43 víctimas hay víctimas producto de la extralimitación del uso de la fuerza en el control del orden público, esto ha sido reconocido por el Estado venezolano. Esas víctimas que fueron producto de la extralimitación de las fuerzas policiales hoy están recibiendo verdad y justicia, porque no solo están detenidas y procesadas las personas que accionaron el arma que pudo haber matado a alguien, sino todo el contingente.

EC —El escenario político de Venezuela tiene como condimento la crisis económica, inflación, escasez, déficit fiscal. Algunos números que aparecen en la prensa internacional indican que la escasez es del 60 %, lo que quiere decir que de cada 100 productos que van a comprar, 60 no se consiguen. Por otro lado, el FMI proyecta que la inflación cerraría en 2015 por encima del 100 % e indica que la recesión que ya se vive en Venezuela se va a profundizar, con una caída del PIB de hasta el 7 %. ¿Ustedes tienen otro diagnóstico?

JC —Algunas cosas son diferentes de la realidad. Por ejemplo, eso de una escasez de 60 % de los productos que uno va a buscar no es así. Hay dificultad para conseguir productos básicos y esenciales, pero no sé cuál calificación tendríamos que hacer para llegar a esa posición.

Con relación a la situación económica, tanto a Venezuela como a los países de la región nos afectan muchísimo los vaivenes internacionales. Y por supuesto un elemento que tenemos que tomar en cuenta para comprender la economía venezolana desde hace 100 años para acá es el precio del petróleo. El ingreso de las divisas por petróleo cayó más de 50 %. Imaginemos qué podrá suceder en cualquiera de nuestros países si de un día para otro –pasó en menos de tres meses– los ingresos de divisas bajan el 50 % y no se recupera.

Y además tenemos algo que es evidente en las regiones, un contrabando hacia la frontera venezolana, principalmente hacia Colombia, hacia las islas del Caribe. Eso nos amplifica los problemas que tenemos de consecución de productos puntuales, de eso que en el exterior se denomina desabastecimiento de algunos productos. Es una realidad que vive la población venezolana, que nos afecta y que tiene que ver con variables muchos casos externas a nuestra realidad.

EC —De todos modos es una situación ante la que hay que actuar, y, según dicen analistas y figuras de la oposición, el gobierno no ejecuta las medidas de corrección que son necesarias porque resultarían impopulares, y como se está en pleno proceso electoral serían muy riesgosas desde el punto de vista del voto. ¿Qué opina a propósito de esa visión de lo que está pasando?

JC —Lo que sí ha dicho el gobierno, lo que sí hemos dicho nosotros es que vamos a tomar medidas para que quien pague los costos principales no sea el grueso de la población venezolana. En ese sentido se han venido aplicando medidas que vayan resolviendo problemas progresivamente. En eso creemos nosotros. Es decir, sabemos que es una situación compleja, lo dijo el presidente Nicolás Maduro.

EC —Por ejemplo, el precio de la gasolina, se coincide en general en que tiene que subir, que Venezuela se está suicidando con ese precio interno de los combustibles.

JC —Es cierto, de hecho el primero que planteó el tema de los precios del petróleo fue el presidente Nicolás Maduro en una alusión anual que se hace a la Asamblea Nacional. E incluso la mayoría de la población está de acuerdo en que se incremente el precio de la gasolina. Pero también el precio de la gasolina debe ser incrementado en un momento ajustado y que impacte en las políticas fiscales, y normalmente no es en los segundos semestres que se toman ese tipo de medidas para que impacten en los ajustes fiscales. Además en la realidad económica venezolana vivimos un amplio proceso especulativo, cualquier venezolano al que le pregunten va a calificar estos elementos que les dije. De repente yo le doy mayor peso a la situación del petróleo, otro le dará mayor peso a la aplicación de políticas, y así sucesivamente. Pero uno de los elementos principales que tienen que ver con el desarrollo de nuestra economía es que la perspectiva del gobierno es que no "paguen el plato roto", como decimos en Venezuela, las mayorías, sino que vayamos ajustándola dentro de acuerdo con la realidad de que nuestros ingresos en divisas bajaron a más de la mitad.

EC —En ese contexto se explica el acuerdo que hace pocos días firmaron los presidentes Tabaré Vázquez y Nicolás Maduro para la cancelación anticipada de la deuda de Ancap con Pdvsa. Si le parece, vamos a examinar ese acuerdo dentro de unos días, cuando ya se lo vea en la práctica, cuando esté terminado el proceso de aprobación de la ley en nuestro país.

JC —Me parece muy bien. Como usted decía, tiene que ver con la voluntad política de los gobiernos y de lo que en Venezuela consideramos que es la cooperación necesaria entre nuestros países cuando tenemos o se nos avecinan situaciones complejas como podemos decir que se vislumbraban en Uruguay si no hubiéramos tenido ese acuerdo y como se viven en Venezuela, debidas a problemas externos a ambos países.

EC —Es un acuerdo en el que Ancap cancela de manera anticipada la deuda que tenía con Pdvsa, pero obtiene una quita importante, del 35 %, porque a Venezuela le resulta útil en este momento recibir dinero fresco, que en los mercados internacionales es complicado obtener a tasas razonables.

JC —Sí, es un acuerdo de cancelación anticipada a valor real de la tasa de hoy. Se hace una variación que efectivamente resulta beneficiosa para el Uruguay porque no va a cancelar todo lo que iba a cancelar en 17 años, y resulta beneficiosa para Venezuela porque va a recibir lo que iba a recibir a lo largo de 17 años en una sola oportunidad.

EC —De por medio está el comercio entre los dos países, en particular alimentos, lácteos…

JC —Sí. Por eso estoy de acuerdo en que después conversemos ese tema, porque nos permite, gracias a la voluntad expresada por el presidente Nicolás Maduro y el presidente Tabaré Vázquez, reactivar un flujo comercial muy importante para Venezuela, pero también para Uruguay, tomando en cuenta que Venezuela es hoy el principal destino en varios de esos rubros.

Vea el video de la entrevista

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Transcripción: María Lila Ltaif

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El embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, aseguró en entrevista con En Perspectiva que su país respalda a Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque destacó que son necesarios cambios en el organismo. Además, defendió la legitimidad de los procesos de inhabilitación y detención de opositores políticos.

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Chirino señaló que es el poder electoral en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, autónomo e independiente, el que define qué organizaciones asisten como acompañantes a las elecciones y que, por lo tanto, fue ese organismo el que decidió que asista la Unasur y no la OEA a las elecciones legislativas de diciembre.

“Venezuela fue uno de los países que creyó y apostó en la persona de Luis Almagro como secretario general de la OEA”, y lo sigue haciendo, dijo Chirino, con el objetivo de buscar “la reconfiguración” del organismo. “Tenemos expectativas de que la presencia de Luis allí (en la OEA) pueda generar algunas transformaciones que creemos necesarias, que tienen que ver con un equilibrio mayor entre los países” miembro del organismo.

El embajador señaló que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, ha cuestionado en Venezuela cosas que también suceden en otros países y no son cuestionadas y reclamó que haya “igualdad de condiciones para todos”. “La OEA en su historia no ha sido equilibrada con Venezuela. Apostamos a que eso se transforme”, agregó. Entre otros antecedentes, mencionó que la OEA no rechazó el intento de golpe de Estado de 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez.

Cuestionado sobre los políticos opositores que han sido inhabilitados para participar en las elecciones, Chirino indicó que esto está a cargo de la Contraloría General de la República, que forma parte de un poder independiente del Ejecutivo, y recordó que en Venezuela hay una ley contra la corrupción que establece que los funcionarios públicos que falseen u oculten información sobre sus ingresos o bienes patrimoniales son pasibles de inhabilitación. Señaló que ese es el caso de la ex diputada opositora María Corina Machado, “quien omitió información de sus ingresos particulares”. “La norma ni siquiera le permite a la Contraloría sancionarlo o no, es automática”, subrayó. Chirino dijo que en Venezuela “hay más de 1.600 casos de inhabilitación administrativa” y que la mayoría de los inhabilitados son oficialistas.

Consultado por la denuncia presentada el jueves por Human Rights Watch, Chirino señaló que se trata de una organización civil y no “un órgano que nos hayamos dado los países de América Latina o del mundo” para velar por los derechos humanos. Luego desmintió la denuncia asegurando que en Venezuela “no hay ningún detenido por sus opiniones políticas” y que “no se han iniciado procesos penales por opiniones políticas”.

Chirino también señaló que en Venezuela “no se ha cerrado ningún medio, no hay periodista que haya sido sancionado”. Sí hay, indicó, un proceso previsto para cuando una persona “genera un hecho noticioso con alguna función o un elemento que pueda generar un proceso de desestabilización, o que falsee la verdad”, y este proceso ha sido aplicado.

El embajador aseguró que los dirigentes políticos que están detenidos lo están porque la mayoría de los venezolanos siente “una necesidad de justicia” por los eventos de febrero de 2013, que fueron “producto de la acción que hizo ese dirigente, en este caso Leopoldo López”. En esas movilizaciones murieron 43 muertos, algunas de las cuales son “víctimas reconocidas por el Estado venezolano” que fueron víctimas de “la extralimitación de las fuerzas policiales”.

Lea la entrevista completa con Julio Chirino, embajador de Venezuela en Uruguay

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