Foto: MEC

La interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, finalizó anoche sin que ninguna de las cuatro mociones presentadas alcanzara mayoría en la Cámara de Diputados.

El llamado a sala, que se extendió durante casi nueve horas, fue el quinto y último del año. Mahía fue convocado para explicar el fallo de la Jutep sobre la situación de Álvaro Danza, quien entre marzo y noviembre mantuvo actividades profesionales en mutualistas privadas mientras ocupaba el cargo de presidente de ASSE, función en la que aún se desempeña. La oposición sostiene que esa situación violó el artículo 200 de la Constitución, además de otras normas legales. El ministro fue citado porque, si bien la Jutep tiene independencia técnica, se vincula institucionalmente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.

El eje del debate estuvo en la resolución adoptada por la Jutep el 6 de noviembre, que concluyó que no existió incompatibilidad, y fue aprobada con los votos de los dos representantes del oficialismo en la Junta, mientras que el director por la oposición votó en contra.

El miembro interpelante, el diputado nacionalista Pablo Abdala, calificó el caso como “institucionalmente grave” y sostuvo que existió “abuso de poder”. Acusó a las autoridades de la Jutep de actuar en “connivencia” con el gobierno para “apañar” a Danza, cuestionó que se desestimara sin fundamentos el informe jurídico interno del organismo y definió la resolución como “un verdadero fraude”. También reclamó la renuncia de la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris.

Mahía, en tanto, rechazó de plano esas acusaciones. Explicó que la Jutep es un servicio descentralizado sin subordinación jerárquica al Poder Ejecutivo y que el rol del Ministerio de Educación y Cultura se limita a un control de legalidad. Afirmó que el dictamen de la Jutep estuvo dentro de sus competencias, que no hubo injerencia ni presión del gobierno y que, aunque pueda ser discutible desde el punto de vista técnico, fue legítimo. 

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris.

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La Coalición Republicana confirmó que mantiene la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, pese a que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) falló el jueves que no había incompatibilidad entre la función pública del jerarca y sus labores privadas, y pese a que Danza renunció a los cargos que mantenía en mutualistas.

Además, la alianza integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente agregan un llamado a Sala al ministro de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, para discutir la actuación de la Jutep. 

El diputado Gerardo Sotelo (Partido Independiente), quien actuará como miembro interpelante, afirmó que la resolución de la Jutep representa “una situación de gravedad institucional”. En conferencia de prensa el viernes junto a legisladores de la coalición, sostuvo que el fallo “viola la ética y la transparencia” y anunció que la oposición pedirá una reunión “grave y urgente” con el presidente Yamandú Orsi, además de informes jurídicos para profundizar la investigación.

En paralelo a la interpelación, la Coalición Republicana analiza la posibilidad de denunciar a la Jutep ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Según adelantó el diputado Gerardo Sotelo, el planteo apunta a que el foro regional evalúe el desempeño de ese organismo a través del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Desde el pronunciamiento del jueves, la Jutep estuvo en el centro del debate político. 

El senador colorado Pedro Bordaberry anunció que presentará hoy un proyecto de ley para “reformar la forma de designación de la Jutep y establecer las condiciones que deben reunir los miembros de su Directorio, fortaleciendo su independencia y prestigio institucional”, escribió en redes sociales.

Emiliano Cotelo conversó con Conrado Rodríguez, dipuatdo del Partido Colorado.

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La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle

En su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de Diputados, este lunes, las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) advirtieron que los recursos asignados por el Poder Ejecutivo hacen “imposible el funcionamiento” de ese organismo en 2026.

Ana Ferraris, presidenta de la Jutep, advirtió que esa institución tiene solo 12 funcionarios, lo que impide cumplir con las tareas que le asigna la ley en el combate a la corrupción.

En particular, recordó que, según la normativa vigente, la Jutep tiene “el deber de abrir y de analizar el 5% anual de aquellas declaraciones juradas [de funcionarios] que están guardadas en la bóveda” y agregó: “Yo solamente voy a decir, por el momento, que estamos gestionando unas 16.000 declaraciones juradas con tres funcionarias solamente”.

Desde la oposición, el diputado del Partido Colorado Gabriel Gurméndez dijo que todos coincidían en que la Jutep “es una institución muy relevante a los efectos del combate de la corrupción y de la transparencia en el gobierno”, pero eso no se refleja en el proyecto presupuestal y, por lo tanto, por lo visto, no es una prioridad del Poder Ejecutivo.

Por su parte, Horacio de Brum, también diputado del Partido Colorado, sostuvo que los partidos que ahora están en la oposición eran en parte responsables de la situación. “Si se quiere combatir la corrupción y darle las herramientas mínimas a la Jutep para que el Código de Ética en la Función Pública sea respetado y llevado adelante, evidentemente, ¡todos los gobiernos han fracasado!”, dijo.

Alfredo Asti, vicepresidente de Jutep, insistió en que si se aprueba el proyecto de Presupuesto sin cambios, será “imposible el funcionamiento durante el año 2026”. Y para graficar la situación agregó: “Este año 2025 nuestro funcionamiento ya supera lo que se nos otorgó para el año 2026”, afirmó.

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La Tertulia de los Viernes con Alejandro Abal, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y Carolina Porley.

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La Mini Tertulia con Pablo Diaz y Daoiz Uriarte.

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El Frente Amplio (FA) confirmó el viernes la renuncia de su representante en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Jorge Castro, quien había firmado un dictamen que concluía que hubo un apartamiento de las normas éticas de la función pública en la construcción del Antel Arena.

En un comunicado, los coordinadores del FA, Ricardo Ehrlich y María Jossé Rodríguez respaldaron a las autoridades de los gobiernos frenteamplistas que impulsaron el proyecto del Antel Arena y afirmaron que el fallo de la Jutep busca desviar la atención de otros asntos polémicos, como la concesión portuaria a Katoen Natie o las denuncias que pesan sobre ex ministro de Turismo Germán Cardoso.

Además, en cuanto al dictamen mismo de la Jutep manifestaron “su preocupación por un inadecuado e insuficiente procedimiento” que dio lugar a “un informe sesgado”. Criticaron, entre cosas, que no se tomaran “en consideración otros estudios”, “no se entrevista a los implicados” y “como se señala en el propio informe”, se “reconoce que el organismo no tiene forma de saber si las bases sobre las que se expide son confiables”.

Castro, que pertenece al Partido Comunista (PCU) había puesto su cargo a disposición el jueves. En una declaración, el PCU afirmó que Castro firmó el dictamen  “en la convicción de cumplir con su obligaciones legales”, dejando en claro que era “un informe cuyas conclusiones eran limitadas y que al firmarlo no se pronunciaba sobre el fondo del asunto en cuestión”. Sin embargo, el documento del PCU señaló que fue “un grave error” haber desestimado “la utilización política” que se haría “del informe para la profundización de los ataques a las gestiones anteriores”.

En la declaración, el PCU recordó que el dictamen de la Jutep está basado en una auditoría externa contratada por Antel a la firma Ecovis “perteneciente a un abogado reconocido militante del Herrerismo, con el único fin de tener un informe que les permitiera continuar con el ataque” a las empresas públicas. “Ese informe carece de toda seriedad y rigurosidad”, señaló el PCU.

La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Santiago Gutiérrez, Juan Pedro Mir y Valentina Perrota.

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El diputado colorado Felipe Schipani elevará hoy un pedido de informes a Presidencia de la República para conocer los gastos que el ex secretario de Presidencia Miguel Toma realizó en las misiones oficiales a Italia y a Estados Unidos, acompañado por la contadora de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) Giuliana Pérez Muñiz.

En concreto, Schipani pide una “copia fiel” de “todos los comprobantes de los gastos de las misiones oficiales presentados por el Dr. Toma y la Cra. Pérez (gastos de habitaciones de hotel, almuerzos o cenas en restaurantes, transporte y otros)”, además de los “informes presentados” por ambos sobre “las actividades realizadas en cada uno de los viajes”.

El presidente Luis Lacalle Pou ordenó el viernes una investigación administrativa sobre los viajes oficiales en los que participó Toma, que hoy se desempeña como fiscal de gobierno.

La resolución señala que “todo funcionario público debe actuar en consideración del interés público que se manifiesta, entre otras expresiones, en la buena fe, en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos”.

A su vez, el fiscal de Delitos Económicos Ricardo Lackner inició una investigación luego de que el fiscal de Corte le remitiera los antecedentes

Según informaron el jueves el semanario Búsqueda y el programa Así Nos Va de Radio Carve, en noviembre del año pasado el vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Daniel Borrelli recibió un correo electrónico anónimo que le pedía investigar los viajes oficiales que Toma había realizado a Roma, donde se desarrollaba el juicio contra varios militares que participaron del Plan Cóndor. La denuncia sostenía que en la delegación oficial “había gente que fue a pasear”.

La Jutep pidió información al entonces secretario de Presidencia, que respondió que la delegación estaba integrada por él, un escribano que “oficia como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a la autoridades italianas” y la contadora Giuliana Pérez Muñiz de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que “oficia de Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales; y además investiga la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor, fruto del Terrorismo de Estado que sufrió nuestro país, según las instrucciones de la Secretaría de Presidencia”.

El 9 de enero de 2020, Borrelli y la vocal de la Jutep Matilde Rodríguez dieron por "satisfactoria en todos sus términos" la respuesta de Toma. En ese momento el entonces presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne, estaba de licencia. Al retornar de sus vacaciones, el 22 de enero, Gil Iribarne dejó de manifiesto en las actas su discrepancia con el archivo de la investigación: “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta” aseguró.

Gil Iribarne declaró ahora a El Observador que le llamó la atención que una contadora tan joven, en referencia a Giuliana Pérez Muñiz, integrara una misión oficial. La profesional se recibió de contadora pública de la Universidad de la República el 4 de diciembre de 2018 y comenzó a trabajar en la Senaclaft en abril de 2019. Gil Iribarne además dijo que los temas de los que habría estado encargada Pérez Muñiz nunca fueron tratados en el juicio en Roma.

A su vez, el entonces titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, declaró a Búsqueda que su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”. El exjerarca añadió: “La funcionaria integró la delegación por resolución expresa de la Presidencia, que nos fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada”.

Toma y Pérez Muñiz viajaron en misión oficial a Roma en julio y en diciembre de 2019. En el segundo de esos viajes ambos concurrieron al estadio olímpico de la ciudad a ver el partido entre la Roma y el Wolfsberg, y fueron captados en la tribuna por las cámaras de la cadena Espn.

La contadora también participó en tres ocasiones en misiones oficiales a Washington DC durante el litigio entablado por la minera Aratirí contra el Estado uruguayo. El último de esos viajes fue en enero pasado.

Sobre esta trama vinculada a los viajes de Miguel Ángel Toma conversamos esta mañana En Perspectiva con la exvocal de la Jutep, Matilde Rodríguez.

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Emisión: 7.12.2017

Video: Telemundo

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Entrevistas en Telemundo
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Según dijo Mieres a En Perspectiva, a raíz de los casos de corrupción que sacuden la región "hay que curarse en salud" y apuntar a la "transparencia total".

EN PERSPECTIVA
Lunes 20.06.2016

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Foto en Home: Pablo Mieres durante una actividad en el Paraninfo de la Universidad (Archivo). Crédito: Nicolás Celaya/adhoc Fotos.

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Transcripción de la entrevista con el diputado Gonzalo Mujica (FA)

¿Cuánto confían ustedes en sus legisladores? Los casos de corrupción, que han alcanzado al sistema político de países de la región como Brasil y Argentina, ¿los han hecho dudar de la ética de los parlamentarios uruguayos?

¿Se quedarían más tranquilos si, por ejemplo, todos los parlamentarios hicieran públicas sus declaraciones juradas de bienes, como señal y garantía de transparencia?

El diputado frenteamplista Gonzalo Mujica considera que hay que ir por ese camino. Fue por eso que esta semana, aunque la ley no lo obliga, dio a conocer sus cuentas e ingresos y convocó a sus colegas a que hicieran lo mismo.

Para conversar sobre esta iniciativa en la entrevista central de En Perspectiva de hoy recibimos al diputado Gonzalo Mujica.

Transcripción de la entrevista con el diputado Gonzalo Mujica (FA)

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