La Justicia del departamento de Florida amparó esta semana a un grupo de padres pertenecientes a la comunidad menonita que cuyos hijos asisten solamente a una escuela propia de ese grupo.

De ese modo, se rechazó la acción que había iniciado en julio del año pasado la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), encabezada entonces por Virgina Cáceres, que buscaba obligar a esas familias para que los niños y adolescentes fueran enviados a los niños a centros educativos formales y habilitados.

En su fallo, la jueza Letrada del Interior Noelía Gutiérrez sostuvo que no “se visualizan derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes que conforman la comunidad por lo que no corresponde adoptar medidas de protección”.

“Los niños, niñas y adolescentes que integran la comunidad reciben educación de manera virtual por docentes de un colegio extranjero y al mismo tiempo asisten a una escuela de la comunidad; es decir, reciben educación. Educación que, según declararon desde el INAU, es propia de su sistema de creencias y religión”, señaló la magistrada actuante.

Luego de conocerse la resolución, el consejero de la ANEP en representación de los docentes, Julián Mazzoni, expresó su preocupación por el “precedente” que se genera y advirtió sobre potenciales consecuencias negativas en “la construcción de ciudadanía”. Por su parte, el Codicen (Consejo Directivo Central), decidió apelar el fallo, aunque ese paso no contó con el voto del presidente interino, Juan Gabito.

Profundizamos En Perspectiva sobre este caso tan polémico con el abogado Daniel Torres, socio en AG Consultores y representante legal de la comunidad menonita de Florida que protagonizó este conflicto con el Estado uruguayo.