Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS

La Tertulia de los Lunes con
Martín Bueno, Pablo Díaz,
Miguel Fernández Galeano y Elisa Lieber

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) se pronunció la semana pasada sobre dos decretos dictados por el gobierno de Luis Lacalle Pou, vinculados a la gestión portuaria y a la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo a Terminal Cuenca del Plata (TCP), cuyo accionista mayoritario es la compañía belga Katoen Natie. Los decretos, que fueron impugnados por la empresa Montecon, derivan del acuerdo firmado en 2021 entre el Estado y TCP, que extendió la concesión hasta el año 2081.

El TCA rechazó el pedido de Montecon para anular los decretos. No obstante, anuló una cláusula del decreto 114 de 2021 que impedía la instalación de una segunda terminal de contenedores mientras estuviera vigente la concesión a TCP, al entender que esa disposición consagraba un monopolio sin respaldo legal.

Desde la oposición, exjerarcas del gobierno anterior destacaron el fallo como un respaldo a la política portuaria aplicada durante la administración Lacalle Pou. En una conferencia de prensa realizada el miércoles, el exministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, sostuvo que se trata de una sentencia “rotunda y unánime”, que ratifica que la concesión a Katoen Natie es legítima y no desproporcionada.

Heber recordó que el país arrastraba un conflicto intraportuario de casi dos décadas y enfrentaba la amenaza de un juicio internacional millonario, lo que —según afirmó— frenaba inversiones clave. Señaló además que el objetivo del acuerdo fue fortalecer la competitividad regional del puerto de Montevideo y subrayó que la inversión comprometida, de unos 650 millones de dólares, es la mayor en la historia del puerto.

En la misma línea, otros exintegrantes del gobierno anterior aseguraron que el fallo no altera el esquema general de la concesión ni sus condiciones centrales, y rechazaron las críticas del Frente Amplio, al que acusaron de haber hablado de “entrega del puerto” y de supuestos delitos que luego fueron archivados por la Justicia.

Para el oficialismo, en cambio, la lectura del pronunciamiento del TCA es distinta.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, sostuvo que la anulación de la cláusula despeja restricciones que podían limitar la capacidad del Estado para mejorar la competitividad del puerto.

En declaraciones al semanario Búsqueda, remarcó que lo central es que Uruguay mantenga la potestad de definir si necesita o no otra terminal especializada de contenedores, una decisión que consideró clave en términos de soberanía y libre competencia.

En la misma línea, el exsenador frenteamplista Charles Carrera —uno de los más críticos de la concesión a Katoen Natie— sostuvo que el fallo confirma que el acuerdo fue ilegal e inconstitucional y que recupera facultades regulatorias del Estado.

El presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre el tema durante su viaje a China. En declaraciones a Telenoche el viernes, tras visitar el puerto de Shanghái, afirmó que el camino es el diálogo y una salida de “ganar-ganar” entre el Estado y los operadores. Orsi no descartó la posibilidad de una nueva terminal especializada, aunque aclaró que antes hay “muchas cosas para resolver”.

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La Tertulia de los Miércoles con
Miguel Fernández Galeano, Elena Grauert, Martín Moraes y Lucía Zapata

Los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata retomaron sus tareas ayer luego de aprobar por unanimidad el preacuerdo alcanzado el lunes en una reunión tripartita.

La decisión fue ratificada en asamblea y comunicada oficialmente a la Dirección Nacional de Trabajo y a la empresa, cuyo accionista principal es Katoen Natie. De esta forma, se puso fin a un conflicto que se extendió por casi un mes en la playa de contenedores del puerto de Montevideo y dejó pérdidas millonarias.

El desencadenante para el sindicato estuvo en la implementación por parte de la empresa del nuevo programa de software, Navis N4. El gremio entendía que aumentaba la productividad y señalaba que a la larga resultaría en la pérdida de puestos de trabajo. A su vez, reclamaba beneficiarse de parte de esa mejora de productividad con una reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas sin pérdida salarial. 

En el acuerdo final, la empresa se comprometió a no desvincular personal por la incorporación de este software. A su vez, el documento crea una comisión de seguimiento con terceras personas calificadas. Ese ámbito se reunirá mensualmente para evaluar la aplicación de la nueva organización laboral y atender los eventuales cambios que genere a los trabajadores. También prevé una partida económica a pagar por única vez de $ 50.000 antes del 5 de noviembre y otra, por igual monto, que se generará en mayo de 2026. Ambas son para todos los trabajadores con vínculo laboral y atadas al cumplimiento de la cláusula de paz. Por otro lado, se incrementará el salarios a los apuntadores de a bordo, para igualarlos a los de tierra. 

El acuerdo plantea el respeto a los convenios vigentes y dice que la regularización de categorías se llevará a cabo en las negociaciones del próximo convenio colectivo, que se comenzará a negociar en noviembre.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó que el entendimiento fue posible gracias “a la constancia y la apuesta al diálogo tripartito”, y valoró la disposición de las partes para mantener las negociaciones incluso en los momentos más tensos.

Por su parte, el dirigente del sindicato portuario Supra, Álvaro Reinaldo, subrayó que el acuerdo permite el ingreso de comisiones externas para evaluar las condiciones de trabajo y el impacto del nuevo software de gestión. Además, se resolvió extender por seis meses el convenio colectivo y mantener la cláusula de paz, con nuevas negociaciones a partir de noviembre. En diálogo con La Diaria, el dirigente remarcó la importancia de “apostar al diálogo y evitar la conflictividad”, y agregó que uno de los puntos pendientes es la reducción de la jornada laboral, que se retomará el mes próximo.

Un reclamo como el que planteó el sindicato, ¿no podría haberse negociado sin hacer un paro que provocó decenas de miles de dólares de pérdidas a terceros en un sector muy sensible de la economía, como el comercio exterior?

Documento: Acta de Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, Terminal Cuenca del Plata y el Sindicato Único Portuario

Acta de Acuerdo Ministerio de Trabajo, Terminal Cuenca del Plata y el Sindicato único Portuario by En Perspectiva

Viene de: Lacalle Pou sobre caso Cardama: “Arrastraron al presidente a una operación política”

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La Tertulia de los Lunes con Miguel Brechner, Martín Bueno, Teresa Herrera y Pablo Díaz.

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Lluvias intensas: "Cortar el tránsito, hace 25 años debimos haber tomado esa medida"… y otros telegramas

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El fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez consideró que no existen elementos para continuar adelante con la investigación.

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La entrada Solicitud de archivo de la investigación por el caso del puerto de Montevideo se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Daniel Rodríguez / adhocFOTOS

Cabildo Abierto presentó esta semana un proyecto de ley que establece que el Senado debe analizar y aprobar aquellos contratos del Estado “cuya ejecución se difiera por más de un período de gobierno”.

Según el texto, la cámara alta tendrá 60 días para aprobar o no el contrato por mayoría simple. Superado ese plazo, el acuerdo se considerará tácitamente avalado.

De acuerdo al proyecto, el pronunciamiento negativo del Senado “puede fundarse en razones constitucionales, legales o de oportunidad y conveniencia”. Además se indica que, “recaído el pronunciamiento negativo del Senado”, no podrá reiterarse la solicitud de aprobación del mismo contrato durante el período de gobierno que esté en curso.

En conferencia de prensa, el senador Guido Manini Ríos aseguró que si una ley de estas características hubiese estado vigente antes, habríamos asistido a una discusión en el Parlamento por ejemplo, “sobre si todas las concesiones que se le dieron a UPM eran buenas o eran malas”:

“Probablemente se hubieran aprobado igual con la mayoría parlamentaria que tenía el gobierno, pero al menos el tema no habría sorprendido a nadie y todos hubiéramos estado por dentro de qué era lo que se concedía o qué era lo que se establecía en ese contrato”.

Manini indicó que “lo mismo” se puede decir con la ampliación de la concesión a Katoen Natie en el puerto de Montevideo, que fue negociada por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

El proyecto recibió inmediatamente críticas dentro de la coalición multicolor. El senador colorado Raúl Batlle, dijo a La Diaria que si se pone “una tranca de esta naturaleza” al Poder Ejecutivo, “vamos a conseguir que nadie venga a invertir a Uruguay” porque “no se va a poder hacer nada”.

La Tertulia de los Jueves con Martín Couto, Cecilia Eguiluz, Daniel Supervielle y Esteban Valenti.

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El gobierno extendió la vigencia de los Jornales Solidarios
El avance del Ferrocarril Central… Y otros telegramas

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Esta semana la fiscalía de Delitos Complejos está tomando declaración a varios jerarcas del gobierno en la causa donde se investiga presuntos ilícitos en el acuerdo firmado por el gobierno con la empresa belga Katoen Natie, que incluyó la extensión hasta el año 2081 de la concesión a la firma TCP de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo. 

El capital accionario de TCP se distribuye entre Katoen Natie, con 80%, y la Administración Nacional de Puertos (ANP), con 20%.

El martes declaró el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, que suministró asesoramiento legal en la negociación, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que firmó el acuerdo porque en aquel momento era titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas.

En sus testimonios, tanto Heber como Ferrés subrayaron “la situación ilegal e irregular” en base a la cual, dijeron, la empresa Montecon desarrolló su actividad en el puerto de Montevideo durante los gobiernos del Frente Amplio, lo que perjudicó la operativa de TCP.

Heber también apuntó que Montecon pagaba una tarifa de almacenamiento con permisos que se renovaban cada 90 días y, sin embargo, “tenía contratos con empresas navieras a uno o dos años” para operar en carga y descarga de contenedores en los muelles públicos; agregó que Montecon movía el 60% de los contenedores en los muelles públicos, mientras que Katoen Natie/TCP operaba el 40% de los contenedores en la terminal especializada.

En declaraciones a la prensa, Ferrés dijo que puso en conocimiento al fiscal de esas presuntas irregularidades.

"Las administraciones anteriores permitieron durante más de diez años en desmedro del Estado Uruguayo, que es parte y dueño de TCP, la instalación en forma irregular de una terminal de contenedores. Y eso no solo es irregular si no una vergüenza. Y eso vinimos a decirle al fiscal".

En su comparecencia, según El País, Ferrés señaló que cuando estudió el tema “vio un desequilibrio” porque no estaba frente a dos empresas que hubieran ganado licitaciones y eran ambas concesionarias. “Yo veía que una (Katoen Natie) sí cumplía con la Ley de Puertos y otra (Montecon) que no. Entonces para mí eso ya era un vicio jurídico. Y para mí eso era un riesgo sustancial en un futuro arbitraje en Washington que iniciara la compañía belga”, testificó el prosecretario de Presidencia ante el fiscal.

Ayer el senador frenteamplista Charles Carrera, uno de los impulsores de la denuncia penal, dijo a Radio Sarandí que "lo que hicieron Heber y Ferrés fue la típica de cambiar el rol de pasar de acusado a acusador". 

Carrera remarcó que los jerarcas declararon en calidad de indagados y no presentaron ninguna denuncia de manera formal. "Ellos en esta negociación, que nosotros calificamos como ilegal, inconstitucional e inconveniente, ellos entregaron el patrimonio uruguayo a cambio de nada. Acá no hay ninguna negociación que beneficie al país".

La Tertulia de los Jueves con Martín Couto, Daniel Supervielle, Cecilia Eguiluz y Esteban Valenti.

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Manini Ríos reclamó al gobierno aprobar proyecto sobre deudores
Las cifras de suicidios en Uruguay… Y otros telegramas

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

El Ministerio de Trabajo presentará hoy una fórmula de solución al conflicto que se desencadenó la semana pasada en el puerto de Montevideo a raíz del anuncio de Montecon de que se despedirá a 150 trabajadores y rebajará los sueldos en hasta un 50%.

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) definió el sábado un paro para hoy lunes. El presidente del gremio de Montecon, Martín García, dijo a El País que "esta paralización implica un enlentecimiento en la entrada y salida de contenedores hacia los depósitos extra portuarios".

Los funcionarios portuarios van a participar en una asamblea hoy unes a partir de las 10 de la mañana.

El Supra definió un plan de movilización que incluye la posibilidad de un paro de 72 horas este mes en caso de que no haya solución a sus reclamos.

Esta situación tiene origen en el reglamento de atraque resuelto en 2021 por la ANP a partir del acuerdo entre el Estado y Katoen Natie. Allí se  estableció que los movimientos de contenedores deben realizarse prioritariamente en la terminal especializada TCP,  de la cual es propietaria  la empresa de origen belga en un 80%.

Luego de esta resolución del gobierno, la empresa Montecon, que desarrolla su actividad en los muelles públicos, alegó que iba a perder 180 mil movimientos anuales.

"Al ser derivadas las cargas a otro lugar, el resto de las personas se quedan sin trabajo", indicó García.

Hoy conversamos En Perspectiva con Vanessa Peirano, integrante del Secretariado Ejecutivo del Supra y del PIT-CNT en representación del sindicato.

Destaques de la entrevista:

• Negociaciones: "No tuvimos ningún avance de ningún tipo. No hay ningún compromiso de que se esté analizando ninguna propuesta" de parte del ministerio de Trabajo.
• "Venimos hace casi un año en el ámbito de negociación".
• "Estos son puestos de trabajo que se sabía que se iban a perder porque la empresa Montecon queda sin trabajo".
• "Esto era evitable, los puestos de trabajo se debieron haber previsto que no se perdieran".
• "No es un ámbito serio, no hay una negociación real".
• "El acuerdo con TCP va contrario a la ley de puertos porque monopoliza en manos privadas los movimientos (portuarios) y no trae consigo nuevas líneas (navieras) para el país".
• "Las líneas existentes pasan de Montecon a TCP y no están garantizando la mano de obra que ya existe en el puerto".

La entrada Sindicato portuario: El gobierno tuvo un año para negociar con TCP y evitar que 150 empleados de Montecon perdieran su trabajo se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

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La entrada Resolución de Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia sobre denuncia de Montecon se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Ricardo Antúnez / AdhocFOTOS

La polémica en torno acuerdo entre el gobierno y la firma belga Katoen Natie, que, entre otras cosas, extiende la concesión de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo, tuvo este mes un nuevo capítulo.

El viernes de la semana pasada el Ministerio de Economía revocó una decisión de la Comisión de Defensa de la Competencia que admitía una denuncia presentada por la empresa Montecon, que aduce que el acuerdo genera un monopolio de hecho en el puerto.

El MEF sostuvo que la decisión de la comisión que admitió la denuncia no estaba debidamente justificada.

Desde el Frente Amplio varios dirigentes sostuvieron que la revocación resuelta por el MEF “desacredita” a la Comisión de Defensa de la Competencia y suma “elementos de duda” para la causa penal que ya está a estudio de la Justicia.

Uno de ellos fue el economista Martín Vallcorba, quien está asesorando a la bancada frenteamplista en este tema, quien publicó que el MEF "no debería haber itnervenido" por sus conflictos de interés y que al hacerlo "agrega más dudas a un proceso hasta ahora muy turbio".

Hoy En Perspectiva profundizamos en esto con el economista Martín Vallcorba.

La entrada Acuerdo con Katoen Natie: Según el FA, el MEF "bloquea" denuncia de Montecon y "agrega más dudas a un proceso hasta ahora muy turbio". Entrevista con el economista Martín Vallcorba se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: En Perspectiva

La semana pasada el Frente Amplio (FA) dio un nuevo paso para dejar sin efecto el acuerdo firmado en febrero entre el gobierno y la compañía Katoen Natie.

Hoy En Perspectiva conversamos con el diputado Gustavo Olmos, integrante del sector Fuerza Renovadora (FA).

La entrada Acuerdo con Katoen Natie: Diputados del FA presentaron recurso de revocación porque la resolución del Poder Ejecutivo "vulnera los derechos de los legisladores", sostuvo Gustavo Olmos se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.