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La Tertulia de los Miércoles con Leonardo Costa, Juan Erosa, Martín Moraes y Lucía Zapata

Uruguay es reconocido muchas veces por la solidez de sus instituciones democráticas, la estabilidad de su sistema de partidos y el respeto por los procedimientos institucionales. Sin embargo, existe un debate sobre la creciente distancia entre la ciudadanía y el sistema político, en un contexto donde las demandas sociales parecen exigir respuestas cada vez más rápidas y visibles. 

Esta tensión plantea interrogantes acerca de la capacidad de las instituciones para responder a una sociedad que ha modificado sus expectativas respecto a los tiempos de la acción política. 

Julian Kanarek, politólogo y consultor, utiliza el concepto de aceleración democrática para describir cómo la cultura digital y la inmediatez de las pantallas han alterado la paciencia ciudadana, generando una "cultura de dopamina". Esto provoca que la sociedad sea más ansiosa e impaciente y dificulta la tolerancia hacia los tiempos, procesos y burocracias inherentes a los gobiernos democráticos

¿Uruguay está sufriendo eso, una aceleración democrática? ¿A qué se debe la lejanía de la población con los políticos?

Continúa en: ¿La vida privada de los políticos llegó a su fin?

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La Tertulia de los Miércoles con Leonardo Costa, Juan Erosa, Martín Moraes y Lucía Zapata

En la cultura uruguaya ha existido tradicionalmente una frontera bastante clara entre la vida pública y la vida privada de los dirigentes políticos y otras figuras públicas. 

Más allá de las diferencias partidarias o de los cuestionamientos a las gestiones de unos y otros, existía un consenso implícito de que determinados aspectos personales quedaban fuera del debate político. 

Esa línea parece haberse corrido en los últimos años. En los medios de comunicación y en las redes sociales abundan las publicaciones sobre patrimonio, declaraciones juradas, antecedentes familiares, actividades privadas y situaciones cotidianas que antes difícilmente habrían circulado de esa manera.

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Foto: Presidencia

La Tertulia de los Jueves con Gabriel Budiño, Leonardo Costa, Cecilia Eguiluz y Ana Laura Pérez

Una de las principales novedades en la Rendición de Cuentas que presentó el gobierno el martes al Parlamento es la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. El nuevo régimen unificará las Asignaciones Familiares, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza, y aumentará los montos para los niños nacidos desde enero de 2025.

El viernes pasado en una conferencia de prensa que tuvo lugar luego del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, explicó cómo será el mecanismo: 

“Primeros tres quintiles: Hoy en el primer quintil la asignación son 5.271 va a ser 10.000, segundo quintil 4.400 va a ser de 10 mil; tercer quintil hoy es 3032 será de 6600, cuarto quintil hoy es 3.332 y pasará a  6600, quinto quintil: de 2.796 pasará a 3.300. Esto va a impactar aproximadamente en 50.000 niños porque estamos, como explicaba Rodrigo, empezando el año que viene con los niños nacidos en 2025, 2026 y 2027 y la idea es que obviamente cada año que se agregue van a haber niños de 2028, 2029 y la rendición de cuentas del año que viene va a considerar la extensión no solamente a este universo de niños nacidos en 2025, 26 y 27 y sucesivamente, sino a otros niños. Eso es lo que estamos trabajando”

Según proyectó el gobierno, el costo de esta medida es de U$S 31 millones, y esta política podría significar una reducción en la tasa de pobreza en los niños de menos de 3 años de entre 6 y 8 puntos porcentuales.

Continúa en: Poder Ejecutivo resolvió modificar el régimen de exoneraciones del Imesi para los vehículos eléctricos

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Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

La Tertulia de los Jueves con Gabriel Budiño, Leonardo Costa, Cecilia Eguiluz y Ana Laura Pérez

El Poder Ejecutivo resolvió modificar desde 2027 las exoneraciones del Imesi para los vehículos eléctricos e híbridos. La medida, establecida en un decreto publicado ayer, es una de las fuentes de financiamiento del aumento de gasto previsto en la Rendición de Cuentas.

Los eléctricos puros con valor de importación de hasta 19.000 dólares seguirán exonerados; los de más de 19.000 y hasta 27.000 pagarán una tasa de 5%, y los de mayor valor, 9%.

En el caso de los híbridos, las tasas variarán según el valor de aduana, la cilindrada y el tipo de motorización, con un mínimo de 7% y máximo de 34,5%.

El gobierno argumentó que las importaciones de eléctricos e híbridos crecieron con fuerza en los últimos años y que las exoneraciones representaron un costo fiscal de 156 millones de dólares en 2025. Para este año, la renuncia de recaudación se estima en 203 millones.

El Ejecutivo sostuvo que, ante la mayor presencia de esta tecnología en el mercado, corresponde reducir gradualmente los incentivos, como ya hicieron otros países. De todas formas, los eléctricos mantendrán una carga tributaria menor que los vehículos a combustión.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, señaló que considerando las importaciones de los últimos seis meses, el 75% de los vehículos eléctricos puros continuará con exoneración total (tasa 0%). Y estimó que a partir del 1 de enero de 2027 continuarán exonerados de Imesi aquellos vehículos que tengan un precio de venta al público en el entorno de USD 30.000 (hasta US$ 19.000 valor aduana).

La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) expresó su preocupación por la decisión del gobierno de aplicar el Imesi a vehículos eléctricos e híbridos. La gremial cuestionó además que sus asociados se hayan enterado a través de los medios, pese al compromiso de las autoridades de informarles antes de adoptar la medida.

ACAU sostuvo que el nuevo impuesto se suma al aumento del costo de la carga pública y de la patente para este tipo de vehículos. Afirmó que estas decisiones encarecerán el acceso de familias y empresas a tecnologías más eficientes y podrían retrasar la renovación del parque automotor.

La asociación también cuestionó la rapidez del cambio y la falta de una evaluación integral de sus consecuencias. Señaló que presentó alternativas para compatibilizar la recaudación con los incentivos a la eficiencia energética y la reducción de emisiones, pero que no fueron consideradas.

El gerente de ACAU, Ignacio Paz, puso como ejemplo cómo se retiraron incentivos a la movilidad eléctrica en otros países: 

“Noruega ha llegado a tener hasta el 98% de ventas de eléctrico en un mes. Arrancaron en el año 90 con el tema de movilidad eléctrica y fueron estableciendo un plan de eliminar las exoneraciones de manera muy paulatina, avisada y prolija. El otro país que se nombra es Costa Rica que tiene un 13% de IVA. Lo llevaron al 3% y avisaron que iba a ir desgravándose año tras año un punto hasta llegar al 13% de vuelta en 2035. Ahí todos están avisados, todos pueden hacer sus proyecciones con condiciones bien claras. Entonces eso es lo que nosotros más o menos reclamamos.”

ACAU advirtió que la medida implica un cambio respecto a la política de movilidad sostenible y transformación energética impulsada por Uruguay. Por eso, pidió al Poder Ejecutivo que reconsidere la decisión y abra una instancia de diálogo con el sector.

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Foto: Ejército de Uruguay

La Tertulia de los Martes con Gonzalo Baroni, Leonardo Costa, Juan Erosa y Teresa Herrera

El Poder Ejecutivo resolvió utilizar vehículos blindados del Ejército en patrullajes policiales en las zonas de Montevideo más afectadas por la delincuencia y los enfrentamientos entre bandas.

La medida, que fue anunciada el jueves pasado por el ministro del Interior, Carlos Negro, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de Diputados, se conoció ayer, cuando el semanario Búsqueda la divulgó a partir de la versión taquigráfica.

Luego de esa publicación, la noticia fue confirmada por el presidente Yamandú Orsi.

En sus redes sociales, el mandatario explicó que la decisión fue adoptada junto con los ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Economía para “redoblar el combate contra el crimen organizado”.

Se utilizarán doce vehículos Mamba del Ejército, que estarán bajo el mando de la Policía Nacional. Las unidades serán conducidas por militares, que cuentan con la capacitación especial necesaria, pero los operativos serán exclusivamente policiales.

Los blindados se incorporarán a los operativos Atenea, en el Cerro, y Dominio, en Marconi. Estas estrategias combinan tareas de inteligencia, prevención de homicidios y controles territoriales.

Los vehículos fueron donados por Estados Unidos en 2024 y estaban destinados originalmente a misiones de paz de Naciones Unidas.

Hoy, más temprano, aquí En Perspectiva, el diputado frenteamplista Nicolás Mesa, que preside la Comisión de Seguridad y Convivencia, descartó que se trate de una militarización de la seguridad pública y detalló cómo se utilizarán estos vehículos:

"Hay que aclarar que esos vehículos también se van a adecuar para el trabajo policial, no van a utilizar el armamento de combate que se utiliza en una misión internacional. El vehículo incluso va a estar ploteado como Policía Nacional, porque son operativos que lleva adelante la policía con inteligencia de la policía, con efectivos de la policía".

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Foto: AFP

La Tertulia de los Martes con Gonzalo Baroni, Leonardo Costa, Juan Erosa y Teresa Herrera

Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de derecha respaldado por Donald Trump, se perfila como el nuevo presidente de Colombia, luego del balotaje de este domingo. En caso de confirmarse su triunfo, sucederá al primer gobierno izquierdista de la historia del país, conducido por Gustavo Petro.

El conteo preliminar oficial da ganador a de la Espriella con el 49.66% de los votos, mientras que Iván Cepeda, el candidato de izquierda apoyado por Petro, se lleva el 48.70%.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, De la Espriella se consolidó como un fenómeno político con un discurso antisistema. Durante la campaña proclamó que  buscará el respaldo de Trump e Israel para atacar a la guerrilla con bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína.

Con el resultado que muestra hasta ahora el escrutinio, Colombia se sumará a una lista de gobiernos de la región asociados a lo que algunos analistas consideran “ultraderecha”. Dentro de este espectro suele incluirse al actual presidente argentino Javier Milei o su colega de Chile José Antonio Kast.

¿Qué implica este término? ¿Qué peso tiene en nuestra región? ¿Se trata de gobiernos de “ultraderecha” o estamos ante un cambio de eje?

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La Tertulia de los Miércoles con Gonzalo Baroni, Leonardo Costa, Juan Erosa y Patricia González

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró que en su gestión no hubo “ningún tipo de apartamiento de las normas” ni intención de favorecer a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culpable a raíz de su actuación en una intervención quirúrgica. La jerarca compareció durante casi cuatro horas ante la Comisión de Salud del Senado.

Miralles fue condenada por el caso de la médica pediatra Soledad Barrera, quien luego de una operación de vesícula, en octubre de 2023, quedó en estado casi vegetativo y murió en agosto de 2024. 

La Comisión Honoraria de Salud Pública (CHSP) había inhabilitado a la anestesista por cinco años, pero en octubre del año pasado Lustemberg redujo la sanción a tres años.

La ministra sostuvo que compartió la decisión de la CHSP de atribuir responsabilidad a Miralles y que la modificación que ella introdujo alcanzó únicamente a la duración de la pena. 

Hablando en conferencia de prensa, explicó que la medida que ella adoptó se basó en criterios jurídicos de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad e individualización de la sanción, además de antecedentes de casos similares.

“La disminución a tres años está sujeta a la reevaluación profesional de la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República, órgano con altísima formación académica y especialidad en el tema. No existió –y esto lo quiero decir con claridad– ningún tipo de apartamiento de las normas, mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles”.

Lustemberg agregó que su única intervención en el expediente consistió en resolver el recurso jerárquico interpuesto por Miralles contra la resolución de la Comisión Honoraria de Salud Pública.

También afirmó que el caso dejó en evidencia fallas del sistema y cuestionó que el prestador de salud no iniciara de inmediato una investigación interna.

El senador nacionalista Martín Lema afirmó que la oposición perdió la confianza en la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, luego de su comparecencia de este martes en comisión. El legislador calificó sus explicaciones como “decepcionantes” y sostuvo que continúan las interrogantes sobre la atenuación de la sanción a la anestesista Inés Miralles.

Lema dijo que la expectativa de la oposición era que la ministra reconociera errores en el proceso y adoptara medidas para dar garantías a los usuarios. 

Según el senador blanco, todavía no está claro por qué la inhabilitación profesional fue disminuida de cinco a tres años, pese a la gravedad del caso y a la condena penal.

“La verdad, no sabemos. No sabemos los fundamentos, no sabemos los porqués. Además es una decisión que desacreditó a la academia, porque esto motivó la renuncia de once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que son los expertos que dan su tiempo y sus conocimientos, que ponen mucha voluntad para poder resolver asuntos de mala praxis y otro tipo de cuestiones”.

Lema acusó además a Lustemberg de haber ocultado información al Parlamento. Señaló que, en comparecencias anteriores, no informó que el ministerio había contestado un día fuera de plazo una acción presentada por Miralles ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

El senador aclaró que la pérdida de confianza no equivale por ahora a pedir la renuncia de la ministra, aunque no descartó que la oposición impulse una interpelación.

Hoy, aquí En Perspectiva, el senador Carlos Camy, que preside la Comisión de Salud en el Senado, profundizó en ese punto:

“La confianza política de la ministra está en tela de juicio a partir de las medidas que toma para modificar esta resolución del ámbito técnico y después de dos comparecencias los argumentos no alcanzan”.

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La Tertulia de los Miércoles con Gonzalo Baroni, Leonardo Costa, Juan Erosa y Patricia González

En el Aeropuerto de Carrasco comenzará a funcionar este viernes el sistema ILS CAT III. Esa tecnología permite a los aviones aterrizar en condiciones de muy baja visibilidad y busca reducir las cancelaciones y desvíos provocados por la niebla.

La puesta en marcha estaba prevista para el lunes 15, pero fue postergada tras detectarse problemas en una frecuencia de transmisión durante un simulacro.

El director de la Dinacia, Alejandro Trujillo, aseguró que el sistema está pronto, que se completaron las capacitaciones y que existe personal suficiente para operarlo.

El sindicato de controladores aéreos mantiene reparos y sostiene que no se puede trabajar con una sola persona en la torre.

En las últimas semanas, la niebla afectó a 142 vuelos y a unos 20.000 pasajeros, según datos presentados ayer ante la Comisión de Defensa del Senado.

A la sesión concurrieron representantes de Aeropuertos del Uruguay y de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, y las autoridades de la Dinacia reprogramaron su comparecencia por una reunión con el Poder Ejecutivo, decisión que fue cuestionada por la oposición.

Días atrás, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés), que nuclea a más de 360 aerolíneas, pidió a las autoridades uruguayas que implementen "a la brevedad posible" el nuevo sistema de aterrizaje en Carrasco.

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Foto: Captura de redes sociales

La Tertulia de los Miércoles con
Leonardo Costa, Juan Gabito, Miguel Fernández Galeano y Patricia González

Las movilizaciones de transportistas continuaron ayer en varios puntos del país, en rechazo a la guía electrónica de carga que impulsa el Ministerio de Transporte y en protesta por los aumentos del gasoil.

La medida, que comenzó el lunes, incluyó concentraciones de camiones en rutas y accesos, y en algunas zonas fue acompañada por productores agropecuarios con tractores y maquinaria agrícola.

Las protestas generaron enlentecimientos de tránsito en varias rutas nacionales.

También se registraron cubiertas quemadas como parte de las manifestaciones.

Ayer, aquí En Perspectiva, entrevistamos a Inés Beltramelli, que tiene junto con su hijo una empresa familiar de transporte y participó en los reclamos como parte de los transportistas autoconvocados. Esto nos dijo sobre las preocupaciones que le genera esta nueva guía:

Inés: “La guía de carga es muy complicada. Muy complicada. Le explico por qué: Le dije que trabajan en la zona rural. Él no viaja casi nunca a Montevideo, ni sobre rutas nacionales. Trabaja en caminos de campaña, trabaja dentro del campo.

Si viene a Molino, pedazos sobre ruta. Acá no tenemos infraestructura rural de carretera, pésima. Imagínense que hace dos días que llueve, cómo está. Bueno, cuando llueve no se puede transitar.

Con una guía tan complicada como esa que tiene que dar tantos datos. A nosotros se nos corta la Internet. En campaña no hay Internet porque hay de a pedazos, vamos a decir, en el tránsito… ¿Cómo vamos a trabajar?

A nosotros nos va a generar mucho más costo porque tampoco manejamos demasiado la Internet.

Sí, quizás la podamos hacer, pero no es el hecho. El hecho es que si usted hace una guía, sale a viajar, se le corta la Internet, ya está en falta porque el GPS se corta. Además usted hace un viaje, imagínese, va a salir por alguna razón se tiene que quedar en el campo porque acá las distancias son cortas. Pero la gente no entiende los caminos de campaña, hay que andar muy despacio y se lleva muchas horas y eso le va la guía tiene horas, tiene descanso.

Usted tiene que parar en el campo, no hay hotel para usted quedarse a descansar. Como quieren poner. Hay un montón de preocupaciones”

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, se reunió ayer con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga para abordar los cuestionamientos a la guía electrónica que prepara el gobierno.

Tras el encuentro, el presidente de la Intergremial, Ignacio Asumendi, dijo que se acordó crear ámbitos de trabajo con el ministerio para analizar los principales planteos del sector. Uno estará enfocado en los aspectos operativos de la guía y otro en su impacto sobre los costos del transporte y las relaciones laborales.

Asumendi destacó que todavía no hay fecha de implementación y que, según el compromiso de la ministra, la guía comenzará a aplicarse cuando estén dadas las condiciones.

“La guía era un poco compleja. Eso está en proceso de arreglarse, ya se le eliminaron algunas partes que hacían que llevara mucho tiempo generarla. Igual, esto en el día a día de las empresas va a hacer que se tengan que destinar más recursos humanos, lo que va a generar costos. Y en ese sentido es que estamos discutiendo con el ministerio cómo hacer para paliar eso, haciendo la guía cada vez más simple y atendiendo algunos de esos costos con algún tipo de compensación para los transportistas”.

Luego del encuentro, el Ministerio de Transporte reafirmó que la guía digital no tendrá costos directos y agregó que se buscará minimizar los costos indirectos para las empresas. Además, adelantó que habrá jornadas informativas voluntarias con técnicos de la cartera y destacó que la implementación será progresiva.

En un comunicado, el ministerio también aclaró que la guía no será obligatoria hasta que la mayoría de las empresas habilitadas haya completado las pruebas previstas. Aseguró además que se buscarán acuerdos para contemplar las particularidades del sector y evitar inseguridades jurídicas para las empresas de transporte.

Continúa en: Ninguna de las mociones para crear comisiones investigadoras sobre la gestión de ASSE alcanza los votos necesarios

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

La Tertulia de los Miércoles con
Leonardo Costa, Juan Gabito, Miguel Fernández Galeano y Patricia González

Ninguna de las mociones presentadas en la Cámara de Diputados para crear comisiones investigadoras sobre la gestión de ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado) obtuvo anoche los votos necesarios para su conformación. 

El Partido Nacional proponía investigar la gestión de ASSE desde 2015 hasta la actualidad, mientras que el Frente Amplio planteaba analizar únicamente el período de la administración anterior, entre 2020 y 2024. Ninguno de los dos bloques llegó a la sesión de ayer con los votos necesarios para que su iniciativa fuera aprobada, en un escenario en el que Cabildo Abierto volvía a ser clave.

El diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo que, si no prosperaba ninguna investigadora, la responsabilidad sería de todos, aunque “más de unos que de otros”. Además, acusó al Frente Amplio de no querer investigar y de sostener un relato sobre la “herencia maldita”.

Desde el oficialismo, el diputado Luis Gallo afirmó que la denuncia del Partido Nacional no configuraba una acusación fundada y que carecía de precisión técnica. También sostuvo que varios de los temas planteados ya habían sido analizados en el Parlamento o por organismos competentes.

Finalmente, avanzada la sesión, la primera moción presentada – la del PN-, no consiguió los votos necesarios y los diputados blancos decidieron incluir un sustitutivo, que incorporó investigar la reducción de una sanción a una médica acusada de mala praxis por parte de la ministra Cristina Lustemberg. Al ser puesta en consideración, esa moción recibió 49 votos a favor (PN, PC, PI e Identidad Soberana) y 49 en contra.

A las 00.50, cuando se debía votar la moción presentada por el oficialismo y sin tener el respaldo de Cabildo Abierto que le asegurara una mayoría, la bancada del Frente Amplio resolvió retirar su propuesta (formalmente se votó pero no hubo ningún voto) y decidió dejar que todos los cuestionamientos continúen su camino en la justicia. Según se señala en una comunicación de prensa, “a entender del oficialismo, esta acción representa un hecho de cuidado del clima parlamentario en pos de poder dedicar todos los recursos y esfuerzos al estudio y aprobación de la Rendición de Cuentas”.

Antes de la sesión, el diputado Federico Casaretto había anunciado que, si no prosperaba la investigadora blanca, el Partido Nacional recurriría a la Justicia, algo que confirmó hoy aquí En Perspectiva:

“Nosotros no tenemos otro camino. Yo arranqué esta denuncia y este pedido de comisión investigadora en el entendido de que no podemos judicializar permanentemente la política y por eso entendí que había que darle un estado parlamentario a todo esto. Al cerrarse el camino, al no tener la opción, cuando yo encuentro que hay determinados elementos que pueden configurar ilegalidades, como funcionario público tengo la obligación de, en este caso, al no tener la instancia parlamentaria, ir a la justicia. Porque yo no me puedo quedar con una carpeta guardada con los cobros indebidos que durante ocho meses el doctor Danza tuvo por una partida de dedicación permanente cuando tenía cinco trabajos. Si algo no es una dedicación permanente cuando uno tiene cinco trabajos”.

Desde el Frente Amplio, Carlos Varela rechazó que haya elementos para una denuncia y cuestionó la “obsesión” de la oposición con el presidente de ASSE, Álvaro Danza.

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