Producción: Gastón González Napoli

A sus 78 años, Nancy Pelosi se convirtió en una de las mujeres más poderosas del mundo a comienzos del 2019.

En noviembre del año pasado se celebraron las elecciones legislativas en EEUU, donde el Partido Republicano del presidente Donald Trump reforzó su dominio del Senado con la obtención de dos nuevas bancas. Sin embargo, el oficialismo perdió el control de la Cámara de Representantes.

El Partido Demócrata obtuvo allí el 53% de los votos, ganó 41 escaños y recuperó la Cámara Baja, que había perdido en 2010. El 3 de enero, cuando los nuevos legisladores asumieron sus cargos, la líder demócrata Nancy Pelosi resultó electa presidenta. Desde entonces se ha convertido en una dura rival para el presidente Trump, en particular en torno a la cesión de fondos para construir un muro en la frontera con México.

La negativa de ambos a dar el brazo a torcer llevó a EEUU a atravesar el cierre, o shutdown, más largo de su historia, con 35 días en que parte del Gobierno Federal se quedó sin presupuesto e incluso los trabajadores públicos no podían cobrar sus sueldos. El cierre terminó cuando el presidente firmó una tregua, obligado por el descenso marcado en su popularidad que la medida estaba provocando.

Así reaccionó Pelosi cuando Trump anunció que declararía una emergencia nacional para poder construir el muro en la frontera con México sin la aprobación del Congreso:

Sé que los republicanos tienen inquietud al respecto, no importa lo que digan. Porque el presidente puede declarar una emergencia nacional sobre algo que él ha creado como una emergencia, sobre una ilusión que quiere transmitir. Piensen en lo que un presidente con valores distintos podría hacerle al pueblo americano.

¿Quieren hablar de una emergencia nacional? Hablemos de hoy, el aniversario de un año de otra manifestación de la epidemia de violencia con armas en América. Esa es una emergencia nacional, ¿por qué no declara esa emergencia, presidente? Desearía que lo hiciera.

La comparación que hace es con la masacre del liceo Stoneman Douglas en Parkland, en la que murieron 17 personas entre estudiantes y trabajadores, el 14 de febrero de 2018.

¿Pero quién es esta mujer, que enfrenta con tanta firmeza a Donald Trump?

Inicios

Nancy D’Alessandro nació en Baltimore en marzo de 1940 en una familia de inmigrantes italianos. Se casó con Paul Pelosi y en 1969 se mudó a San Francisco. Con menos de 30 años, ya tenía cinco hijos y era ama de casa. Entonces comenzó a dedicarse a la actividad política y abrió un club del Partido Demócrata en su hogar. En 1976 trabajó en una campaña presidencial y se hizo un nombre por su gran capacidad para conseguir donaciones económicas. En 1981 ya era presidenta del partido en el estado de California.

A los 47 años, una amiga diputada se enfermó y le pidió que compitiera en la elección para sustituirla. Era la primera vez que Pelosi perseguía un cargo público electivo y ganó a su par republicano con comodidad. Entró al Parlamento en 1987, está actualmente cumpliendo su décimo séptimo período como legisladora.

En estos más de 30 años fue una pionera en diversos aspectos. En 2003 se convirtió en líder de los demócratas, la primera mujer en tener esa distinción, y en 2007, durante la presidencia de George W. Bush, fue electa como speaker, es decir presidenta de la Cámara de Representantes. Ninguna mujer había ostentado el cargo antes que ella. De hecho, Pelosi es la mujer con el cargo electivo más alto de la historia de EEUU.

Es reconocida como una mujer seria y enormemente trabajadora. Se dice que apenas duerme, no toma café, toma helado como desayuno, y tiene una gran habilidad para moverse en el ambiente de Washington. Su reputación como una gran captadora de fondos se sustenta en hechos: en las últimas elecciones, su campaña personal recaudó 80 millones de dólares, casi el doble que la subsiguiente.

Es una negociadora hábil, que suele pararse en el centro del espectro político. Durante su discurso de asunción, a principios de enero, habló una y otra vez de la importancia del bipartidismo y de la unidad.

Poco antes de asumir, decía lo siguiente en una entrevista:

Cuando abramos el nuevo Congreso, vamos a honrar los votos de nuestros fundadores: “De muchos, uno”.

Ellos no podían saber cuántos íbamos a ser, o qué tan diferentes íbamos a ser entre nosotros, pero sí sabían que teníamos que apostar a la unidad. Está bien discrepar, en el mercado de las ideas es emocionante, pero es importante encontrar soluciones que unifiquen y no dividan. Esa es la gran diferencia entre los demócratas y lo que está en la Casa Blanca hoy.

Figura polarizante

Pero su comodidad en el ambiente de élite también le ha jugado en contra. Es muy impopular a nivel nacional: el año pasado, una encuesta reveló que solo el 29% de los estadounidenses la respalda. Su riqueza –está casada con un importante inversor- y su fama de pragmática, no tan atada a una ideología, le granjeó el odio del ala más izquierdista del Partido Demócrata.

Pelosi tiene poca paciencia, según trascendidos de prensa, con las figuras jóvenes del partido, propensas al enfrentamiento directo con el oficialismo y a reclamar medidas mucho más radicales de las que el establishment está dispuesto a aceptar. Entre ellas está la socialista Alexandria Ocasio-Cortez, una diputada latina de Nueva York que ganó popularidad muy rápidamente y que no apoyó la candidatura de Pelosi como presidenta de la cámara.

Estas críticas internas se suman al fuerte rechazo que su figura despierta entre los republicanos. Esto se debe a posturas caracterizadas como progresistas que Pelosi tomó durante su larga carrera. Ya en su discurso de asunción se comprometió a luchar contra el sida, en aquel entonces un tema tabú; y en 2002, fue una de las figuras de mayor peso en pronunciarse en contra de la Guerra de Irak.

Durante su primer período como speaker, Pelosi impulsó una compleja negociación para conseguir el pasaje de la reforma del sistema de salud conocida como Obamacare, que logró por solo tres votos en una cámara de 435 personas. Fue uno de los mayores hitos del Gobierno de Barack Obama, y uno de los factores de más repudio entre los republicanos.

Como muestra de lo que genera en el partido del presidente Trump, en un debate previo a las últimas elecciones legislativas, el diputado por el estado de Virginia Dave Brat una y otra vez nombró a Pelosi para desacreditar a su rival demócrata Abiail Spanberger por el mero hecho de pertenecer al mismo partido que la actual speaker.

Regreso

En las elecciones de medio término de 2010, el Partido Demócrata sufrió la peor derrota legislativa en 70 años. Nancy Pelosi era la líder durante la debacle y su carrera parecía acercarse a su fin.

Sin embargo, en un perfil de la revista del New York Times del mes pasado, se muestra cómo en los últimos ocho años Pelosi cumplió un rol fundamental dentro de su partido. Incluso integrantes de la extrema derecha republicana destacan su habilidad política. A pesar de tener solo un tercio de la Cámara de Representantes, los demócratas incluso consiguieron concesiones durante el gobierno de Trump. Tal la capacidad negociadora de Pelosi.

En 2018 ganó la reelección en su distrito con casi el 70% de los votos y enfrentó con serenidad al grupo del ala izquierdista que la enfrentó por el puesto de speaker.

“No conozco a nadie con una piel tan gruesa, nadie de quien se hayan dicho cosas tan crueles, y a ella de verdad no le importa”, dijo un ex miembro de su equipo al New York Times.

En una entrevista con CNN, una de sus hijas, la documentalista Alexandra Pelosi, la describió así:

Te corta la cabeza y ni sabés que estás sangrando. Eso es todo lo que tenés que saber de ella. Nunca nadie ganó apostando contra Nancy Pelosi. Es perseverante. No importa lo que pienses de ella, le tenés que dar crédito. Piensen en todos los presidentes que pasó, los Bush, Clinton, pasó por todos. Sabe lo que está haciendo. Te hace dormir por las noches, saber que al menos una persona en esta ciudad sabe lo que está haciendo.

El choque con Trump en enero y la firmeza para oponerse al muro en México le han dado alivio y hasta mayor aceptación en el ala izquierdista de su partido. Durante el discurso del Estado de la Unión, pocos días atrás, la figura de Pelosi detrás del presidente causó furor en las redes sociales, por sus gestos que parecían muchas veces burlones.

Pero Pelosi tendrá que manejar ahora a una bancada diversa con muchos jóvenes rebeldes. Esta semana, por ejemplo, debió atacar a una miembro de su propio partido, la joven Ilhan Omar, una de las dos primeras diputadas musulmanas de EEUU, por comentarios que Omar realizó contra el lobby israelí en Washington. A esto se suman, por supuesto, los cruces con un presidente impredecible.

También se le ha criticado que no permite que la sucedan en el cargo de líder del partido cuando se está acercando a los 80 años. Pelosi dijo al New York Times que se retirará si un presidente demócrata gana las elecciones generales de 2020. Mientras tanto, es una vez más la mujer más poderosa del país.

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Foto: Doug Mills / POOL / AFP

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Producción: Alejandro Rodríguez

El uso que Leonardo De León hizo de la tarjeta corporativa de Alcoholes del Uruguay (ALUR) volvió al debate ayer en la Comisión Permanente del Parlamento. La novedad fue el motivo por el cual se resolvió desde el Gobierno no denunciar a De León, expresidente de ALUR y actual senador del Frente Amplio.

Esta información se conoció durante la comparecencia parlamentaria de los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y de Industria, Energía y Minería, Guillermo Monchecchi. Los ministros habían sido citados por la oposición, en primer lugar para dar cuenta de la política tarifaria del Gobierno, pero también para explicar por qué motivo Ancap o ALUR no denunciaron a De León por las irregularidades en el manejo de la tarjeta corporativa mientras fue presidente de esa empresa, entre diciembre de 2013 y febrero de 2015.

La vista fiscal

En mayo del año pasado el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, se pronunció por el archivo de la denuncia contra el expresidente de ALUR, indagado, entre otros motivos, por el uso de la tarjeta corporativa de esa compañía, que es 90,79% propiedad de Ancap y 9,21% propiedad de la venezolana Pdvsa.

Si bien el 6 de abril la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) había señalado que el dirigente de la Lista 711 había cometido "irregularidades" en el uso de la tarjeta, Pacheco señaló en su dictamen que no pediría una acción penal debido a "la ausencia [en ALUR] de reglamentación [sobre las tarjetas corporativas] y la no exigibilidad de comprobantes de los gastos".

Pacheco consideró acreditado que no existía en ALUR este reglamento "y aún cuando en determinando momento se elaboró un instructivo, no consta que este hubiera sido formalmente aprobado".

El fiscal señaló que “si bien los ejemplos demuestran un uso claramente indebido de la tarjeta, los aceptados principios de lesividad y de intervención mínima del derecho penal y la relativamente escasa entidad de tales gastos, conducen a la Fiscalía a no requerir el inicio de un proceso penal y a no formular requisitoria por presuntos delitos de apropiación indebida”.

En el escrito se indicaba, también, que “aún cuando los supuestos delitos de apropiación indebida se castigan de oficio, no deja de ser relevante advertir que los hechos no fueron denunciados por la empresa presumiblemente damnificada, ALUR S.A., ni por el accionista minoritario, propietarios de los fondos respecto de los cuales se habría hecho un uso distinto al fin para los que fueron concedidos”.

Denuncia

Aquí hay un elemento importante que maneja el fiscal Pacheco: la ausencia de una denuncia de ALUR o, en su defecto, de Ancap. En reportajes periodísticos posteriores al dictamen, Pacheco asignó una relevancia superlativa a este hecho.

Por ejemplo, el mismo día en que se conoció el dictamen, el 2 de mayo, Pacheco concedió una entrevista al portal digital Ecos:

-En ALUR no había ningún tipo de reglamento, había un instructivo que nunca se aprobó, es una empresa privada y se hizo más dificultoso encontrar una figura delictiva. No hay en realidad. Podría ir a la apropiación indebida.

-¿Y entonces?

– La apropiación indebida, si bien es un delito que se puede castigar de oficio, en la práctica lo que precisás es que la propia empresa damnificada te haga una denuncia, que acá no la hay. Alguien que diga: “Acá tengo a un presidente que está haciendo un uso indebido de la plata”; ni ALUR, ni Ancap, ni el accionista minoritario ni nadie lo dijo.

Pocos días después, el 11 de mayo, en una entrevista con el informativo de radio Carve, Pacheco indicó que si ALUR se hubiera presentado ante la Fiscalía de Crimen Organizado con información del uso irregular de la tarjeta corporativa por parte de De León, él habría tenido que revisar la documentación y analizar si había elementos que motivaran el desarchivo de la causa.

"Si lo hiciera ahora, como todo archivo, es sin perjuicio. Un archivo sin perjuicio significa que si se agregan hechos nuevos corresponde reanalizar", explicó Pacheco. "Habría que analizar esa conducta de ALUR, esa denuncia y ver si la denuncia del interesado hacen cambiar o no la opinión de la Fiscalía".

Explicación

Ayer, varios meses después de todo esto, y cuando el expediente judicial ha quedado prácticamente en el olvido, el Gobierno dio detalles de la decisión de no presentarse ante Fiscalía como parte damnificada.

El diputado nacionalista Pablo Iturralde había añadido este asunto al motivo original de la convocatoria: los ajustes de tarifas públicas aprobados a comienzos de año. Iturralde cuestionó en sala que las autoridades, como funcionarios públicos, no hayan presentado un escrito ante la Fiscalía como parte perjudicada por la gestión de De León.

Al momento de responder, el ministro Moncecchi le cedió la palabra al director de Ancap Ignacio Berti, único integrante del Directorio del organismo presente en la sesión parlamentaria.

En su intervención, Berti señaló que la decisión de no presentarse ante la Fiscalía se hizo en base a una “evaluación estrictamente jurídica”.

Sostuvo que el fiscal Pacheco no inició un proceso penal contra De León porque no tuvo los elementos probatorios para acusarlo de apropiación indebida y que no necesitaba de una denuncia de ALUR porque el delito de apropiación indebida puede perseguirlo la Fiscalía de oficio.

De todos modos, Berti reconoció que algunas declaraciones a la prensa de Pacheco generaron “dudas” y por ese motivo se solicitó un informe jurídico externo al abogado Gustavo Bordes.

Ese informe jurídico avaló la tesis inicial: que no era necesario que ALUR o Ancap se presentaran ante la Fiscalía como parte damnificada por el uso indebido de la tarjeta corporativa por parte de Leonardo De León.

Así habló Berti:

Nos llevaron a concluir que no tiene sentido hacer la denuncia. Porque sopesamos precisamente el argumento menor de la falta de denuncia expresada en los medios por el fiscal -en algunos medios porque en otros dijo que no era necesaria la denuncia- con los demás elementos manejados por la Fiscalía.

Y concluimos que aún formulada tal presentación, no lograría conmover un ápice la decisión del fiscal. Aún cuando ALUR hiciera una denuncia redundante, el fiscal no variaría en absoluto su dictamen, a menos que deshiciera todo el dictamen que ya había realizado sobre otros fundamentos. Y para resolver o deshacer los otros fundamentos no tenemos ningún elemento, señora presidenta, para agregar.

Berti subrayó que no había elementos adicionales para presentar en la Fiscalía de Crimen Organizado una vez que Pacheco resolvió el archivo de la causa.

Añadió que se concluyó entre todos los directores de Ancap y de ALUR que “no correspondía” la presentación de una denuncia contra De León porque no se hallaron elementos nuevos que apuntaran contra un manejo irregular de la tarjeta corporativa en su período en la empresa.

Continuó el jerarca:

Creo que no es sostenible afirmar que la falta de denuncia de ALUR fue el elemento fundamental para que el fiscal no pidiera el procesamiento. Es verdad que ALUR no hizo la denuncia porque no sabía los hechos. Después que terminó el proceso, a la vista de las resoluciones, se analizó extensamente en el directorio con todos los integrantes -tanto del Directorio de Ancap, como de ALUR- y concluimos todos, con el asesoramiento de la asesoría jurídica de ALUR más los informes jurídicos externos recabados, en que no correspondía la presentación.

Pero además, había una razón “de Perogrullo”. Alguien hace una denuncia arriba de otra archivada cuando tiene algo nuevo que agregar. Si nosotros hubiéramos encontrado algún elemento nuevo o alguien hubiera venido a declarar algo, algún hecho o algo que realmente enervara esta afirmación del fiscal, sin dudas ahí hubiera jugado nuestra obligación de funcionario público de denunciar. Pero en este caso no se configura ni por asomo, con todo respeto lo digo, la obligación a la que alude el señor diputado.

A la luz de estas explicaciones, para Ancap, y también para ALUR, quedó zanjado el debate sobre lo ocurrido en aquella oportunidad alrededor del caso De León.

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¿Cómo evalúa esta respuesta el diputado Iturralde, que había planteado la convocatoria a sala?

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(DE NUESTRAS NOTICIAS DEL VIERNES 15)

Para el diputado nacionalista Pablo Iturralde, las autoridades de Ancap y de Alur debieron optar por el camino “más fácil” y “económico para el Estado”, y denunciar el uso que hizo Leonardo de León de las tarjetas corporativas mientras estuvo al frente de la empresa emblema de Bella Unión.

El miércoles, durante la comparecencia de las autoridades del Ministerio de Economía y de Industria en la sesión de la Comisión Permanente convocadas por la oposición, Iturralde pidió que se explicara los motivos que llevaron a las autoridades a no denunciar este hecho ante la Justicia. Es que si bien el fiscal Luis Pacheco – que archivó la causa contra De León- dijo que aún cuando los supuestos delitos de apropiación indebida podían castigarse de oficio, no dejaba de ser relevante advertir que la empresa presumiblemente damnificada, ALUR S.A., no había denunciado el tema.

En la sesión, quien respondió al planteo de Iturralde fue Ignacio Berti, integrante del directorio de Ancap, quien afirmó que para despejar esas dudas el ente encargó un informe jurídico que avaló la tesis inicial: que no era necesario que ALUR o Ancap se presentaran ante la Fiscalía como parte damnificada por el uso indebido de la tarjeta corporativa por parte de De León.

Agregó que aún cuando ALUR hiciera una denuncia redundante, el fiscal no variaría en absoluto su dictamen, a menos que deshiciera todo el trabajo que ya había realizado sobre otros fundamentos. Y para eso – dijo Berti- “no tenemos ningún elemento” para presentar.

Estas explicaciones no conformaron a Iturralde, quien dijo lo siguiente en diálogo con En Perspectiva:

“En este caso Ancap, en vez de ir por el camino más corto, más barato y más razonable como administrador de bienes públicos, es decir ‘denuncio’, y una vez que denuncio la Justicia tomará cartas en el asunto, no… llama a un abogado que vaya y prepare un informe y que le diga qué debe hacer. Soy abogado, respeto mucho a mis colegas, pero yo también si soy un gobernante y quiero que me contesten de una manera puede llamar a cuatro o cinco, preguntarles la opinión y según la opinión que me den encomendar el informe a quien le guste más. Me temo mucho que eso pueda haber sucedido acá” dijo Iturralde.

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Foto: Presidencia

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El Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) inhabilitó la candidatura de Raúl Sendic en el próximo ciclo electoral debido al uso que le dio a las tarjetas corporativas de Ancap y que había sido cuestionado por el Tribunal de Conducta Política de la coalición. La resolución, que se toma más de un año después de que Sendic renunciara al cargo de vicepresidente, se extiende por los próximos 17 meses, hasta el cierre del proceso electoral de mayo de 2020.

Hablando con la prensa al final de la sesión del plenario, el presidente del FA, Javier Miranda, dijo que no había motivos para festejar.

(Audio Miranda)

El FA resolvió de acuerdo a los procedimientos estatutarios previstos. Desde luego un objeto de sanción no es un motivo de alegría ni cosas por el estilo. Pero hay que tomar decisiones y el FA tomó decisiones.

(Fin audio)

Luego de la resolución, el diputado de la lista 711, Felipe Carballo sostuvo que Sendic seguirá haciendo campaña por su sector pese a que a su juicio el ex vicepresidente fue “proscripto” por el FA.

El senador Leonardo De León, también de la 711, que ya había comunicado que no iba a participar en las elecciones, recibió la misma sanción que Sendic, pero en su caso por la utilización de las tarjetas corporativas de ALUR.

El Plenario del FA además suspendió por cuatro meses los derechos como adherentes de los diputados de la Liga Federal Darío Pérez y Sergio Mier, por no haber votado tres artículos de la ley de Presupuesto de 2015. El sector además, no podrá ejercer su derecho al voto en los organismos de decisión del FA durante ese período.

La sanción más dura, sin embargo, fue para el ex canciller Luis Almagro que fue expulsado de los registros de adherentes del FA por algunas de las posturas que asumió en torno a la crisis venezolana desde su cargo como secretario general de la OEA.

La Mesa de los Lunes con Martín Couto, Teresa Herrera, Carina Novarese e Ignacio Estrada.

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En varios pasajes de la entrevista basó sus respuestas en que esa información ya la había brindado a la Justicia, que consideró el ámbito de mayor relevancia. Insistió en que allí ya se desestimó procesarlo por los gastos con las tarjetas corporativas que hizo en ALUR, a pesar de que el fiscal Luis Pacheco había destacado en su informe el “uso discrecional” que había hecho de esos plásticos.

Consultado respecto a por qué no compareció a evacuar dudas ante el TCP del FA, De León, desmintió que eso fuera así porque –dijo– llevó inicialmente la información que había aportado a la Justicia. ¿Por qué no volvió a ir, tal como lo pedía el TCP?

"EC – El TCP dice que usted argumentó en ese momento, en la segunda instancia posible, que este caso está debidamente cerrado porque no existe ningún ámbito o institución que para laudar este tipo de situaciones se esté por encima de la Justicia.

LDL – Eso es así…

EC – Y el TCP contesta que las eventuales responsabilidades éticas y políticas que el tribunal está llamado a apreciar son independientes de cualquier pronunciamiento de un juzgado, que solamente considera las infracciones jurídicas de naturaleza criminal…

LDL – Por eso. Nosotros entendimos que con esa información estaban disponibles todos los elementos para que se pudiera determinar si había responsabilidades éticas; por eso lo dejamos a consideración del tribunal.

EC – El hecho de que usted no haya contestado preguntas del tribunal en varios de los puntos hace que éste diga: "En esto no tenemos la fundamentación, y por lo tanto en principio consideramos que son gastos u operaciones que no debió haber realizado…"

LDL – Toda esa fundamentación, toda esa información, es la que nosotros remitimos a la Justicia, donde estaba cada uno de los gastos por los que la Justicia nos había preguntado".

El informe recoge 18 casos en los que el senador De León realizó gastos de alojamiento en hoteles con la tarjeta corporativa cuando, por otro lado, había recibido viáticos. Todos esos gastos significaron US$ 4.116. ¿Por qué incurrió en esos gastos con la tarjeta corporativa, si había recibido viáticos por ello?

"Yo no voy a entrar en los detalles porque eso lo hice en el juzgado. Pero sí le puedo decir que muchos de ellos, tal como lo señala el fiscal Pacheco, tienen que ver con temas vinculados a gastos de representación, todos vinculados a alojamiento, transporte y alimentación. No hay ningún gasto externo. En algunos casos, hay devoluciones de gastos que el TCP no reconoce, pero la Justicia sí reconoció"

Sobre lo que De León señala como gastos de representación, el TCP señala: “La falta de rendiciones de cuentas y de presentación de las facturas (que podrían indicar por lo menos el número de comensales), (…) impiden al Tribunal dilucidar hasta qué punto es aplicable la explicación a estos gastos, cuyo número dentro y fuera del país es de 267. Examinada toda la documentación de que ha dispuesto el Tribunal, son 17 los casos en que el Cro. De León dio alguna precisión mencionando la presencia de otros participantes u otras circunstancias que podrían explicar el pago con tarjeta corporativa”.

¿Por qué no conservaba boletas y recibos de sus gastos? ¿Por qué no entregaba ese material y rendía cuentas? De León aseguró que "muchas veces es mucho más transparente el estado de cuentas de una tarjeta corporativa que cuando se recibe viáticos, y no se sabe dónde, cómo ni para qué se gasta".

EC – Pero lo que dice el TCP es, justamente, que el estado de cuentas de una tarjeta no permite entender a cabalidad en qué consistió, por ejemplo, un almuerzo.

LDL – Es que muchas veces es mucho más transparente el estado de cuentas de una tarjeta corporativa que cuando se recibe viáticos, y no se sabe dónde, cómo ni para qué se gasta. Entonces, creo que la transparencia que ofrece una tarjeta corporativa con su estado contable, porque no existió en todos los estados de cuenta, uno por mes, ningún gasto que no tuviera absolutamente nada que ver con nuestra actividad. Creo que más transparencia que eso no hay, porque después cualquiera puede poner adjunto en un papel en qué se hizo determinado gasto; y esto no es así porque la tarjeta, el estado de cuenta, ofrece totales garantías al respecto".

Por otro lado, el TCP señala, como lo hizo también la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que De León efectuó gastos en restaurantes y estaciones de servicio, pagados con sus tarjetas corporativas de ALUR durante sus períodos de licencia:

3/1/2012 ANCAP Las Toscas 1.350
3/1/2012 Rest Nuevo García 2.878
11/1/2012 Rest Malandrino 3.660
16/1/2012 ANCAP ITINOL S.A. 1.900
18/1/2012 ANCAP ITINOL S.A. 1.830
8/1/2014 ANCAP P. del Este 2.160

A su vez, el escrito del fiscal Luis Pacheco, señala al respecto que “ha quedado probado que no existían viajes o misiones oficiales, por lo que el director de la empresa gozaba de amplia discrecionalidad para el uso de la tarjeta, aún en días de licencia”. De todas formas, el fiscal agrega que “en todo caso, la irregularidad más clara está dada por la ausencia de reglamentación para el uso de las tarjetas, situación que debería corregirse, aunque ello evade el ámbito de la actuación judicial”.

Ante la pregunta de por qué realizó gastos con su tarjeta corporativa aún estando de licencia, De León dijo que todos los gastos estaban debidamente justificados: algunas instituciones "señalaban por ejemplo que Carnaval era época de licencias, o que no se trabaja. Eso en una empresa privada no era así. En ALUR se trabajaba en Carnaval, lo mismo en la semana de Turismo, con la excepción del día viernes; siempre en ALUR se trabajó. O sea, no eran momentos de licencia o feriados. Eso sólo lo tuvo en cuenta la Justicia a la hora de analizar la situación" señaló.

No obstante, De León afirmó que respetará lo que determine el FA: "Respetamos la institucionalidad del Frente Amplio, respetamos al TCP, y obviamente vamos a acatar lo que se defina el 15 de diciembre" indicó De León.

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El Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA) consideró que el senador de la lista 711 Leonardo de León incurrió en “múltiples actos indebidos en perjuicio del interés y patrimonio públicos” al utilizar tarjetas corporativas de ALUR mientras integró el directorio de esa empresa y, por lo tanto, su “responsabilidad política y ética” queda “seriamente” comprometida.

El dictamen sobre caso de De León será analizado por el Plenario Nacional del FA el próximo 15 de diciembre, junto con otros 16 informes a los que tuvo acceso En Perspectiva.

Entre los casos a analizar está el de Raúl Sendic (que nunca llegó a tratarse porque el vicepresidente renunció antes), y el del ex canciller Luis Almagro que ha sido cuestionado por su postura frente a Venezuela desde que asumió como secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El caso De León

¿Qué dice el informe sobre el senador De León?

Concluye que De León utilizó la tarjeta corporativa para cubrir gastos que ya estaban previstos por una partida de viáticos. Según el texto, “el pago mediante una tarjeta corporativa de gastos que no correspondían o que estaban cubiertos por el viático constituye una infracción que en el caso de ALUR, dada la composición de su capital, supone una defraudación en perjuicio no sólo de la empresa, sino también del patrimonio público”.

El informe del TCP recoge 18 casos en los que el senador realizó gastos de alojamiento con la tarjeta corporativa cuando, por otro lado, había recibido viáticos. Según se detalla, el gasto irregular en hoteles alcanzó los US$ 4.116,19.

Además, el tribunal concluye que De León efectuó durante sus períodos de licencia gastos en restaurantes y estaciones de servicio, pagados con sus tarjetas corporativas de ALUR.

De León fue funcionario de ALUR desde noviembre de 2005. Integró el Directorio de la empresa desde enero de 2011 hasta el 13 de febrero de 2015, haciéndolo en calidad de Presidente desde el 19 de diciembre de 2013.

En ALUR se aplicaba un régimen de pago de viáticos que no estuvo reglamentado hasta que en noviembre de 2013 se aprobó el “Procedimiento para la compensación de gastos originados en misiones de servicio”. El Instructivo rigió como práctica corriente en la empresa hasta después de la desvinculación de De León, en febrero de 2015.

De León sostuvo ante la Junta de Transparencia y Ética Pública que “los estados de cuenta de las tarjetas respectivas hacían las veces de rendiciones de cuentas y eran los debidos comprobantes respaldatorios de los gastos realizados”. Sin embargo, el TCP consideró “inadmisible” ese criterio de rendición ya que “desvirtúa” el mecanismo previsto en el instructivo.

En consecuencia, "desde la implantación del Instructivo en 2013 todos los gastos realizados por De León con tarjeta corporativa tienen que considerarse irregulares porque cuando correspondieron a gastos de alojamiento o alimentación estaban cubiertos por el viático, y en todos los demás casos debieron justificarse en una rendición de cuentas que no se cumplió", sostiene el informe.

El TCP entiende que los estados de cuentas bancarios “no podían sustituir la rendición de cuentas que debía presentar el usuario porque no indican las circunstancias, los motivos, el concepto ni el detalle de cada gasto, información indispensable para comprobar su pertinencia”.

Dado que no hubo una rendición de cuentas apropiada, el tribunal cuestiona por ejemplo, 267 gastos en restaurantes dentro y fuera del país.

Entre otras cosas, sostiene: “De León ha afirmado que estos gastos correspondieron a encuentros de trabajo o atenciones sociales. La falta de rendiciones de cuentas y de presentación de las facturas (que podrían indicar por lo menos el número de comensales), junto con el hecho de no haber podido dialogar a este respecto con el Cro. De León, impiden al Tribunal dilucidar hasta qué punto es aplicable la explicación a estos gastos. Examinada toda la documentación de que ha dispuesto el Tribunal, son 17 los casos en que el Cro. De León dio alguna precisión mencionando la presencia de otros participantes u otras circunstancias que podrían explicar el pago con tarjeta corporativa".

El tipo de empresa

El informe reconoce que ALUR es una empresa de capitales públicos que funciona en el derecho privado (más del 90% pertenece a ANCAP), por lo tanto sus funcionarios no pueden incurrir en los delitos contra la administración pública previstos en el Código Penal. Sin embargo, considera que esta “exención de restricciones, controles y sanciones no puede aminorar el deber ético de rigor en la preservación del patrimonio público”. “Si alguna consecuencia cabe establecer entre esa exención y el rigor de las obligaciones éticas, sólo puede llevar a que las obligaciones se consideren aún más solemnes”, establece.

A juicio del tribunal “los hechos examinados comprometen seriamente la responsabilidad ética y política de De León porque en ellos se configuran múltiples actos indebidos en perjuicio de su empresa y del interés y patrimonio públicos”.

El dictamen además remarca que el 19 de Julio pasado De León se negó a responder preguntas del TCP. El senador prometió hacerlo otro día pero luego se rehusó. Según el dictamen, De León “desconoció la función estatutaria del Tribunal al decir que “este caso está debidamente cerrado” porque “no existe ningún ámbito o institución que para laudar este tipo de situaciones esté por encima de [la Justicia]”.

Recordemos que el fiscal Luis Pacheco archivó una denuncia contra De León por este tema realizada por el senador del Partido Independiente Pablo Mieres. “Es obvio que las eventuales responsabilidades éticas y políticas que el Tribunal está llamado a apreciar son independientes de cualquier pronunciamiento de un Juzgado que solamente considera las infracciones jurídicas de naturaleza criminal. La idea de que la clausura de las actuaciones judiciales exonera al Cro. De León de cualquier clase de responsabilidad, como él ha sostenido, es a tal punto infundada que el propio dictamen fiscal que pidió esa clausura contiene contundentes juicios de reprobación”, sostiene el dictamen.

El caso de Almagro

En el caso de Luis Almagro, hoy secretario general de la OEA, el TCP consideró que el accionar del excanciller es “la violación más grave que cabe imaginar” de los principios que sustentan al FA.
Pero a esa conclusión se llegó luego de dos instancias.

Uno: TCP impedido

El año pasado, el TCP recibió la denuncia de que Almagro estaba incurriendo en “actitudes y declaraciones contrarias a lo que debe ser la conducta de un frenteamplista”.

Los principios a los que hacían referencia eran los siguientes: no intervención, integración latinoamericana, y preferencia por el diálogo en la solución de controversias.

El planteo se sustentaba en que Almagro había invocado la carta orgánica de la OEA con el objetivo de suspender a Venezuela como miembros de esa institución, y en que, más allá de criticar abiertamente al gobierno de Nicolás Maduro, había exigido que se adelantaran las elecciones e incluso había llamado a una “rebelión popular” contra el presidente chavista.

En ese entonces, el TCP concluyó que el FA se encontraba impedido de juzgar el comportamiento de Almagro en su cargo como secretario general de la OEA.

“El Tribunal está de acuerdo con los denunciantes en que existen, como criterio general, ‘lineamientos marco que todo frenteamplista debe seguir donde quiera que trabaje’”, dice esta resolución de abril de 2017. Continúa: “Al mismo tiempo, el Tribunal observa que el Secretario General de la OEA se encuentra (como el de la ONU) en una situación excepcional. Rigen normas internacionales, con fuerza de ley en Uruguay, que obligan a ‘respetar la naturaleza exclusivamente internacional’ de sus responsabilidades, prohibiendo todo acto que pueda influir en su independencia”.

Agrega el informe: “En estas condiciones, mientras el compañero Luis Almagro permanezca en el desempeño de ese cargo, cualquier toma de posición por el Frente acerca de su gestión sería contraria a la prohibición de "tratar de influir sobre [él] en el desempeño de sus funciones".

Dos: Sin impedimento

Sin embargo, en setiembre pasado el TCP decidió tomar de oficio un nuevo caso con Almagro como protagonista. La causa fueron las declaraciones del excanciller sobre una intervención militar para derrocar a Maduro en Venezuela: “No debemos descartar ninguna opción”, afirmó.

Por la polémica que se generó, pocas horas después Almagro salió a realizar aclaraciones:

La omisión, el ocultamiento de la verdad, la negación, son actitudes criminales, de la peor categoría moral, y de la peor bajeza en términos políticos y sociales, considerando la situación de los venezolanos.

Dije que muy claramente que siempre debemos agotar el camino de las acciones diplomáticas. Y que debemos dejar todas las opciones abiertas, que no debe descartarse ninguna opción.

A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión. El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto. Luego de todos estos años de defensa de los principios democráticos y los derechos humanos, sería un infantilismo de mi parte entrar en esa provocación y preocuparme de esas interpretaciones.

Pero el TCP no consideró válida esta explicación: “Es inequívoca la incompatibilidad absoluta de esa postura asumida por Almagro con los principios que sustenta el Frente Amplio en materia de derecho internacional y defensa del principio de no intervención como pilar indispensable del régimen interamericano”, señala el dictamen del TCP al respecto. “La preservación de este principio en toda circunstancia es vital, cualquiera que sea la visión que se tenga sobre la situación interna de un país”.

Hasta allí las consideraciones serían similares a las realizadas en el mes de abril del año pasado. ¿Por qué esta vez el TCP sí opta por expedirse? La clave está en que –sostiene- estas declaraciones entran en colisión con la propia carta orgánica de la OEA.

"El Tribunal considera que en tales condiciones no puede mantener el criterio que antes aplicó, porque sería contrario a la propia Carta de la OEA que las disposiciones destinadas a proteger al Secretario General contra cualquier influencia exterior lo amparasen cuando sus propios actos apuntan a subvertir una norma definitoria de la esencia y los fines actuales de la Organización".

Por lo tanto, dice el dictamen en primer lugar:

“No existe en este caso impedimento para que el Frente Amplio se pronuncie sobre la conducta de Luis Almagro y su relación con las normas y principios que el Frente sustenta”.

En segundo lugar, agrega: “Los actos reseñados pueden considerarse la violación más grave de esos principios que cabe imaginar en el ejercicio de la altísima función que tiene a su cargo”.

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Crédito fotos: Leonardo de León, archivo En Perspectiva; Luis Almagro, Flickr.

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(Audio Vázquez)

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(Fin audio)

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Foto en Home: Leonardo de León. Crédito: Lista 711.

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