Sorpresivamente, el Senado aprobó ayer, por mayoría, el proyecto de Ley de Medios, una prioridad del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou que había quedado trancada durante cuatro años en el Palacio Legislativo.

En respuesta, después del debate, el Frente Amplio (FA) anunció en conferencia de prensa que no participará más en la comisión de coordinación interpartidaria de la cámara alta.

LO QUE PASÓ AYER

El texto no llegó a tratarse nunca en la Comisión de Industria del Senado ni estaba en el orden del día de la cámara para este martes. Sin embargo fue ingresado por el oficialismo en medio de la sesión del plenario, con el rótulo de grave y urgente. En la reunión de coordinación del día anterior no se había mencionado esta posibilidad.

No solo el Frente Amplio fue sorprendido por ese trámite. La propia vicepresidenta Beatriz Argimón expresó su molestia en sala.

"La aclaración que queremos hacer los miembros de esta mesa, es que ningún coordinador de bancada, hasta que se presentó este grave y urgente, nos comunicó a los miembros de la mesa que esto iba a ser tratado hoy. Digo esto porque queremos dejar claro la posición de la mesa en virtud que no fuimos informados ni que se había arribado a un acuerdo ni que esto se iba a presentar grave y urgente".

Dada la polémica que se armó ayer por este hecho político vamos a hacer un repaso de cómo se llegó a esta situación, cuál es el contenido del proyecto y qué fue lo que sucedió ayer en el Parlamento.

LA HISTORIA

En su momento los partidos que integran hoy el oficialismo se enfrentaron duramente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (más conocida como Ley de Medios), aprobada en el último año del gobierno de José Mujica, en 2014.

En el gobierno siguiente, de Tabaré Vázquez, las autoridades demoraron la reglamentación de la ley a la espera de que se resolvieran recursos judiciales y constitucionales que se habían presentado contra varios artículos. Finalmente, la reglamentación se firmó en 2019, el último año del período.

Al inicio de esta administración, en 2020, la nueva mayoría se movió rápido para modificar la ley vigente por considerarla “hiper–reglamentarista”. En el proyecto original de la Ley de Urgente Consideración remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento se incluyó un capítulo destinado a reemplazar la Ley de Medios. Pero luego esos artículos terminaron desglosándose para analizarlos con más tiempo.

La nueva redacción se presentó luego como un proyecto de ley en sí, desagregado, que a pesar del carácter prioritario que le atribuía el gobierno, estuvo largamente trabado en comisión en la Cámara de Diputados, sobre todo debido a la posición de Cabildo Abierto (CA), que tenía algunas diferencias.

Para sortear ese bloqueo, el oficialismo intentó ir directamente a la derogación de la ley del año 2014. Pero CA tampoco acompañó ese camino ni tampoco lo hizo el Partido Colorado. Ambas fuerzas políticas plantearon que el objetivo debía ser un proyecto sustitutivo.

Lo único concreto que el gobierno logró en esta materia en casi cuatro años ocurrió en 2022, cuando dentro de la ley de Rendición de Cuentas se modificó un artículo de la Ley de Medios para habilitar a que los cableoperadores pudieran comercializar el servicio de acceso a internet.

Un año después, en diciembre de 2023, avanzó algo el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo: obtuvo media sanción, al aprobarse en la Cámara de Diputados.

QUÉ DICE

¿Cuáles son las claves del proyecto tal cual salió de la cámara baja?

• Aumenta el máximo de licencias de medios de comunicación que puede poseer un titular.
  • En cuanto a radio o televisión abierta la ley vigente marca que una persona física o jurídica no puede ser titular de más de tres licencias en total. Pero además establece que ese permisario no puede tener más de dos licencias en la misma modalidad: es decir, no puede acceder a más de dos radios AM, más de dos FM o más de dos canales de TV abierta. Eso se modifica en el proyecto nuevo, donde se estipula que una persona física o jurídica o grupo económico puede ostentar total o parcialmente hasta cinco licencias (de radio AM y FM, y de televisión abierta) en la zona metropolitana y hasta seis en el resto del país. Si tiene licencias tanto en zona metropolitana como en el resto del país, en conjunto no podrá superar los seis permisos.
  • En cuanto a la televisión para abonados, el límite vigente es seis licencias por titular (un número que se reduce a tres, si una de las licencias es en Montevideo). El proyecto nuevo lleva este tope a ocho licencias.
  • ¿Por qué se impulsan estos cambios desde el oficialismo? El argumento principal, manejado, por ejemplo, por el subsecretario de Industria Walter Verri, es que se busca adaptar la normativa a la realidad. Ocurre que ya hay grupos económicos que tienen una concentración de medios superior a los límites previstos por la ley aprobada por el Frente Amplio. Concretamente se alude, entre otros, al grupo Magnolio (en radio) y el grupo Clarín (en TV para abonados).
• Se suprime la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), integrada por Andebu (Asociaciación Nacional de Broadcasters), APU (Asociación de la Prensa Uruguaya) y radios del interior, que, entre otras atribuciones, debía convocar a audiencias públicas antes de asignar nuevas licencias.
• También se suprime el Consejo de Comunicación Audiovisual (que buscaba ejercer contralor y que nunca se conformó por falta de acuerdo parlamentario).
  Por estos dos puntos, los críticos afirman que se da marcha atrás en la democratización de los medios.
• Se deroga el Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual, que debería nutrirse de un canon anual pagado por los titulares de servicios satelitales de TV para abonados, que debería ser de 2,10 unidades indexadas ($12) por abonado.
• Se habilita a los canales y radios a aumentar en cinco minutos más por hora la duración de las tandas en hora pico. El límite vigente es de 15 minutos por hora.
• Otro punto de polémica está referido a la “extranjerización”, dado que se habilita la eventualidad de que se venda a extranjeros el 100% del paquete accionario de las empresas permisarias de televisión para abonados; se necesita para hacerlo una autorización del Poder Ejecutivo.
• En la Cámara de Diputados se agregaron artículos tomados de la ley actual, referidos a protección de menores (como la prohibición de incluir publicidad no tradicional en programas infantiles) y garantías para periodistas. Esto último alude a la posibilidad de una “objeción de conciencia” de periodistas, que pueden “negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento".

En la cámara baja el FA no acompañó el proyecto en la votación general, por considerar que está hecho “a medida” de los propietarios de los principales medios de comunicación, pero sí votó algunos artículos, sobre todo los que se mantienen de la ley vigente.

CABILDO OTRA VEZ

Si bien el proyecto se aprobó en Diputados, no estaba claro que en el Senado estuvieran los votos de la coalición, debido a los planteos de CA. Debido a esa falta de acuerdo, nunca se trató en comisión. Y por eso sorprendió tanto que ayer apareciera en el plenario del Senado.

¿Cómo se explica ese giro?

El diario El Observador relata hoy los entretelones de los últimos días:

Al cierre de la semana pasada, los blancos tenían prácticamente atado un acuerdo con Guido Manini Ríos para votar como "grave y urgente" la ley de medios en el plenario del Senado y aterrizar en la comisión de la mañana siguiente con la certeza jurídica para redactar una nueva fórmula sobre publicidad electoral, con espacios de minutos gratuitos en los principales canales para las campañas de los partidos políticos.

Pero el líder de Cabildo Abierto sacudió la agenda cuando avisó el domingo de noche al Partido Nacional que no avanzaría en esta ley de interés para el gobierno sin que primero no estuviera "promulgada" la iniciativa sobre financiamiento de partidos. Lo hizo después de que en la tanda publicitaria de Santo y Seña, en el prime time de Canal 4, se emitiera un spot de más de cuatro minutos del precandidato Álvaro Delgado.

Manini Ríos decidió hacerlo público al día siguiente en una rueda de prensa: "Yo creo hay un despliegue obsceno de determinadas corrientes o sectores políticos que están haciendo una demostración de poder económico y de recursos que parece casi infinito (…). Le puedo decir que un partido como Cabildo Abierto, con sus limitados recursos, jamás va a tener una pauta de cinco minutos en horario central".

En paralelo, continuaban abiertas las conversaciones con la nacionalista Graciela Bianchi sobre la ley de medios, y con Luis Alberto Heber sobre el financiamiento de los partidos, quienes le pidieron que "no se cortaran los puentes", según reconstruyó El Observador.

Los planes terminaron de encauzarse el martes, en simultáneo a la sesión del Senado.

Mientras el blanco Sergio Botana hacía uso de la palabra durante un homenaje a Fucvam impulsado por el socialista José Nunes, fuera de cámara la senadora Bianchi selló el acuerdo con Manini Ríos, bajo el "compromiso" de palabra para, al decir del excomandante en jefe, "asegurar que se respete a todos los partidos el acceso a los medios de comunicación".

Por otro lado, Manini consiguió que sus socios en la coalición acompañaran un aditivo largamente reclamado su partido: la obligación de los medios de “brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos". Ese deber “comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político".

En realidad, CA reclamaba algo más. En Diputados promovía la creación de una "Junta de Garantías" que controlara el cumplimiento de esas obligaciones, pero finalmente acordó una redacción que solo consagra el "derecho de los ciudadanos" a eso, a pesar de que por la vía de los hechos también somete a los canales a las sanciones previstas en la ley.

El Observador recuerda que esa disposición provoca una controversia aparte:

"Viola estándares de libertad de expresión", cuestionó el investigador Gustavo Gómez, mientras que el ex-relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, aseveró que "impone la obligación de hacer periodismo de determinada manera". "Si se aprueba, el periodismo queda condicionado al regulador", escribió este experiodista que hoy es uno de los principales colaboradores de Yamandú Orsi.

LA CRISPACION

Una vez que se desbloqueó la tensión con CA, la coalición avanzó rápido y llevo el tema a la sesión del Senado que estaba en curso con carácter de grave y urgente. Y ese paso despertó un debate encendido en la cámara, con reclamos de la oposición que denunció que se estaba configurando un “atropello”.

Así habló la senadora Silvia Nane, que preside la Comisión de Industria donde debía haberse tratado el proyecto.

"La única explicación que le veo a todo esto es que se vienen los tiempos, se vienen los tiempos electorales, esa sensación en el aire de que la coalición no va a volver a gobernar, se ve que está apurando el periodo de los mandados y acá tenemos una muestra más de un atropello a todos los diálogos que nos está regalando una vez más la coalición de gobierno".

Otra de las voces más críticas fue de la senadora Liliam Kechichian, del sector Convocatoria Seregnista Progresitas.

"213 páginas, 90 artículos, que ustedes pretenden que hoy a tapa cerrada lo estemos aprobando en el día de hoy. Es inconcebible la falta de respeto a este Parlamento, a esta Cámara de Senadores".

Luego de esta primera parte de la discusión, se llamó a un cuarto intermedio. Y al regreso se pasó a debatir el contenido del proyecto y no tanto la forma como se lo había presentado.

Por el lado del oficialismo, uno de los legisladores más enfáticos en la defensa del texto fue el nacionalista Sergio Botana. En un momento de su intervención comentaba de esta manera el artículo que amplía el límite en la cantidad de licencias que puede tener un permisario.

"¿Con qué tiene que ver esto? Con la posibilidad de tener viabilidad económica para el sostenimiento de estos medios. El aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para las producciones, hoy debe ser absolutamente tenido en cuenta, justamente para no tener que recurrir a la subvención y al esclavismo de los medios respecto del Estado o de los poderosos de la sociedad. Porque en definitiva no todos los medios tienen un partido político al que recurrir, ni una organización que los sostenga, ni una intendencia que se los ponga bajo el brazo".

Un momento especialmente caliente de la discusión se dio cuando el senador del MPP Alejandro Sánchez cuestionó el permiso para que los cableoperadores puedan ofrecer servicios de acceso a internet.

"-¿Cuál es el beneficio para el país? Pregunto yo. Si no tenés que invertir nada, y además te regalo una licencia para que hagas un negocio, hacen un negocio y atan la vaca. ¡Están atando la vaca, están atando la vaca! Le voy a pedir que me ampare en el uso de la palabra.

-Silencio, por favor".

APARTE, LA LEY DE FINANCIAMIENTO

Aunque ayer hubo tanto ruido en torno a este proyecto, su trámite parlamentario aún no terminó. Ahora debe volver a Diputados debido a los cambios que se le introdujeron en el Senado.

Y, por otro lado, falta todavía la aprobación del otro proyecto importante vinculado con este: el de financiamiento de los partidos, donde se regularía la asignación de espacios gratuitos para publicidad electoral.

Un informe de La Diaria publicado hoy ordena esta parte del entretejido. Recuerda que la Ley de Medios vigente dispone que los medios de comunicación -radio, televisión abierta y televisión para abonados- deben otorgar –como forma de“contraprestación- minutos sin costo para el pautado de propaganda electoral. El mecanismo de reparto previsto es: 20% a distribuir en partes iguales entre todos los lemas que compiten en la elección y el otro 80% a distribuir en función de los votos obtenidos por los partidos en la elección anterior.

Esas disposiciones quedarían sin efecto en caso de que se ratificara la nueva Ley de Medios en la cámara baja, y no habría ninguna reglamentación en su lugar. Ese vacío se cubriría en uno de los apartados del proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos, según lo que impulsa el oficialismo. Pero ese punto ha sido muy controvertido en los últimos meses. ¿Cuál será la fórmula final en esta materia? La redacción tendría algunas novedades en el día de hoy a partir de las negociaciones entre el Partido Nacional y CA que se habrían cerrado este martes.