Hace unas dos semanas, el Ministerio del Interior realizó una tercera ola de detenciones en Los Palomares de Casavalle, para recuperar ocho viviendas que habían sido usurpadas por narcotraficantes y entregadas a otras personas.

Poco después, en la sesión del 3 de octubre, la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados recibió a un grupo de vecinos que cuestionaba el accionar del Gobierno y sostenía que los estaban dejando sin casa.

El viernes pasado, aquí En Perspectiva, el sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, declaró que esos vecinos estaban procesados por la Justicia por usurpación, y criticó a los parlamentarios por recibirlos, en particular a Eduardo Rubio, diputado por Unidad Popular.

"Las dos personas que fueron, como vecinas del lugar, que estaban siendo perseguidas por el Estado y por Leal, que las había dejado sin casa, eran personas que la Justicia las había procesado por usurpación cuatro días antes y estuvieron dos horas hablando con los diputados", dijo Leal. "Diciendo que lo que se estaba haciendo era horrible, que se había hecho un censo y no se habían hecho las preguntas correctas, que cómo podía ser, que ahí todo el mundo estaba colgado de la luz. Y siguió, y siguió, ¿y saben cómo terminó? Con una propuesta del diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular de decir ‘acá nos estamos enterando de cosas que no sabíamos, entonces vamos a citar ahora a los responsables de esto’. Y ahora estoy citado yo al Parlamento".

"Estamos todos locos. Es imposible así", agregó el jerarca. "Esos diputados que están haciendo eso están cubriendo delincuentes".

Para responder a estas críticas de Leal, En Perspectiva se comunicó con el diputado Eduardo Rubio.

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Foto: Archivo En Perspectiva

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¿Por qué recién ahora el Estado asume su función de ejercer la acción punitiva que la constitución le otorga?¿Por qué se dejó tantos años que los grupos delictivos asumieran el control de zonas del territorio?¿Por qué cuesta tanto restablecer el imperio de la ley?¿Por qué el ejercicio de la autoridad se confundió tantos años con autoritarismo?¿Por qué …?

Ing. Agr. Ricardo Varela Estellano
Vía correo electrónico

¡Parece que Leal descubrió “Los Palomares”! Lo que irrita, molesta y hasta indigna es que, para las autoridades, parece que el mundo hubiese comenzado ayer. Tras 14 años de gobierno, y después de ridiculizar el clamor popular por seguridad y acción, ¡presentan un accionar tardío como un loable mérito!

Descubren el agujero del mate, y lejos de avergonzarse por la miopía intelectual, salen a publicitarlo y presentarlo como irrefutable prueba de eficiencia.

No sé si reír o llorar.

El Carboné
Vía correo electrónico

Soy propietaria de un apartamento en un edificio tranquilo con sólo cuatro unidades, de las cuales una sola da a la calle. En ella vive el hijo de la propietaria, y es una boca de pasta.

Las situaciones de violencia son reiteradas; el ingreso de gente completamente inconsciente, también. Estas situaciones se naturalizan en lo que uno imagina como “tranquilidad del hogar”.

¿Cuáles podrían ser las soluciones?

1- ¿Hablar con ellos? Imposible: están en un mundo paralelo y además son parias. No les importa nada.
2- ¿Denunciar en la Policía? No sabes con quién te encuentras del otro lado.
3- ¿Hablar con la propietaria, su mamá? Es preferible que no.
4- ¿Irte?

Estoy procesando la última solución.

Claro está que no estoy hablando de un narco pesado: es uno que hace los mandados a los demás, les da asilo a los clientes, etcétera.

Me da mucha impotencia esta situación y que no se le pueda poner un “parate”.

Yo me iré, pero hay vecinos que quedan (y que también están pensando en irse). El miedo te gana.

Patricia
Vía correo electrónico

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Según Gustavo Leal, en Los Palomares estaba en juego la gobernabilidad: Los narcotraficantes “gobernaban ellos, se creyeron impunes” y “por eso se actuó”

Los Palomares: Justicia desalojó a seis personas que usurpaban viviendas. La Mesa de los lunes.

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El jueves de noche seis personas que usurpaban casas en Los Palomares de Casavalle entregaron las llaves a la Policía y se retiraron. Además tuvieron que registrar un nuevo domicilio y se comprometieron a no acercarse al lugar.

De esa manera, cumplieron lo que habían acordado el día anterior con la Justicia para evitar la cárcel por los delitos de usurpación de vivienda y hurto de energía eléctrica y agua potable en reiteración real.

Es que estaban ocupando apartamentos cuyos habitantes anteriores habían tenido que abandonarlos en muy pocas horas, dejando incluso sus pertenencias, forzados a punta de pistola por una banda de narcotraficantes, “los Chingas”, entre septiembre y noviembre del año pasado.
El operativo policial de apoyo a la justicia, que incluyó decenas de efectivos armados y vehículos blindados, debió enfrentar protestas de un grupo de vecinos.

El día anterior debió dejar otra de esas casas una mujer llamada Mónica Sosa, que además fue remitida a prisión por su condición de reincidente, mientras sigue el proceso. En diciembre, Mónica, una de las líderes de Los Chingas, había sido condenada como cómplice en el delito de extorsión, por más de cien expulsiones de familias de Los Palomares, y sancionada con 15 meses de libertad vigilada.

El desalojo de los usurpadores es la más reciente de una serie de intervenciones que viene desarrollando el Estado en Los Palomares de Casavalle, desde el 23 de junio pasado, cuando se realizó un censo.

La Mesa de los Lunes con Gabriel Mazzarovich, Teresa Herrera, Sergio Fernández y Juan Gabito.

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Hace una semana, el área ministerial que dirige Leal, Convivencia y Seguridad Ciudadana, realizó un censo en Los Palomares que determinó cuáles viviendas serían derrumbadas. La zona era de muy difícil acceso para la Policía, además de adolecer de problemas edilicios varios -los riesgos por la precarización fueron parte de lo que se censó recientemente-. El operativo demolió dos viviendas y abrió en esta primera jornada una calle que originalmente iba a atravesar la Unidad Misiones, como también se llama al complejo, pero que había quedado inaccesible para vehículos por la construcción irregular de una escalera.

En entrevista con En Perspectiva, Leal explicó que en conjunto con la Intendencia de Montevideo se está ya realizando una pavimentación y un ensanche. Se colocarán veredas y un espacio público donde estaba antes esta escalera, y se podrá conectar esta calle con la Av. San Martín.

"Por la situación de inestabilidad que hay acá, nos parece más prudente en vez de hacer anuncios de lo que se va a hacer, hacerlo", dijo Leal sobre cómo se está desarrollando el proceso con los vecinos. Aclaró que sí se habló con los que viven en las construcciones que se intervendrán. Se demolerán seis viviendas en total; Leal aclaró, de nuevo, que hablar de "vivienda" es difícil en Los Palomares, dada la cantidad de anexos que se han instalado. El foco está en sitios que fueron incendiados en el marco de un conflicto con narcotraficantes.

El origen de este proceso está justamente en ese grupo de criminales que expulsó a algunos vecinos de la zona. "Los principales responsables están presos, condenados por extorsión, pero han quedado secuelas", dijo Leal. "Esta intervención tiene que ver con terminar de reinstaurar la cultura de la legalidad".

En cuanto a la condición irregular de la propiedad en Los Palomares, la intervención de Interior pretende llevar al barrio hacia esa misma legalidad tanto en este ámbito como en el de los servicios. Según contó Leal, los vecinos no pagan ni la luz ni el agua. "Esa laguna alentó a ciertos grupos criminales a intentar zonas de control, fruto de que la propiedad, la legitimidad y la cultura de la legalidad es muy débil", explicó el sociólogo.

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Leal aclaró que no está definido que se vaya a demoler Los Palomares. "La idea, con esa firmeza, es algo un poco liviano en cuanto a la viabilidad de un día para el otro", señaló el sociólogo del Ministerio del Interior. Los Palomares, en San Martín y Aparicio Saravia, tiene 540 viviendas en menos de cuatro hectáreas, por lo tanto, la Leal reiteró que la demolición no es tan sencilla. Habló de la necesidad de "un shock urbano".

Esa zona tiene problemas edilicios varios, con muchos agregados irregulares y cuestiones de papeles y de propiedad muy difusos. A eso se suman los temas de inseguridad, sobre todo con los narcotraficantes que extorsionaron y expulsaron gente de sus casas. Leal señaló que el objetivo del censo era empadronar a los habitantes de la zona, y que eso se logró. La meta siguiente era ingresar a las viviendas para inspeccionar: "En función de eso se va a diagramar una estrategia de cómo intervenir. No necesariamente implica que hay que demoler las 30 viviendas".

Este censo estaba en carpeta desde tiempo atrás; en una entrevista polémica que brindó a El Observador, el director de Policía Nacional Mario Layera lo indicó como algo que se anunciaba, se demoraba y no se llevaba a cabo. Según Leal, la decisión surgió de Presidencia luego de las declaraciones de Layera, aunque prefirió no hablar de un vínculo entre esa entrevista y el accionar del Gobierno.

Y en cuanto a los crímenes de extorsión que salieron a la luz con el Operativo Mirador realizado en diciembre, ¿en qué está el barrio? ¿Hubo denuncias de familias que hayan vuelto a ser amenazadas? "Sí, se recibieron", contestó Leal. "El problema está planteado en otra dimensión de la que estaba planteada en diciembre, pero es un proceso extorsivo que todavía tiene coletazos. Hay gente que fue expulsada de sus hogares, donde ahora hay otras personas viviendo. Estos grupos criminales tienen una capacidad de generar relevos, en algunos casos liderados por algunas de las personas que a través de estos acuerdos quedaron libres, entonces cuando se instalan este tipo de situaciones hay que tener una estrategia consistente, permanente y contundente".

Leal agregó que las políticas públicas que se generen en Los Palomares no beneficiarán a quienes se vincularon con estos procesos de desalojo forzoso.

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