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Martín Bueno, Juan Gabito,
Miguel Fernández Galeano y Lucía Zapata

El presidente de la Caja de Profesionales, Andrés Pérez, aseguró que el directorio está dispuesto a dar marcha atrás en su decisión de cobrar timbres profesionales a todas las actuaciones médicas a partir del 1º de agosto, siempre que el Poder Ejecutivo aporte los recursos necesarios para que la institución pueda pagar las jubilaciones y pensiones y cumplir con sus obligaciones. De todos modos, el directorio ratificó la medida que había causado polémica a comienzos de la semana pasada.

Según explicó Pérez el jueves en diálogo con Subrayado, la decisión de la Caja buscó dar sostenibilidad a la institución en el corto, mediano y largo plazo, dado que no hay margen para aumentar los aportes de los activos, que ya rondan el 22,5%. Sostuvo además que la medida está amparada en el artículo 71 de la ley orgánica, y que responde a controles que debieron haberse hecho hace 20 años: “Si se hubieran hecho hace 20 años, la Caja no estaría en esta situación”, afirmó.

El presidente de la Caja se mostró optimista respecto a un acuerdo con el Poder Ejecutivo, y planteó como posibilidad que el dinero de la recaudación esperada de los timbres sea aportado directamente por Rentas Generales. Descartó una lectura “tremendista y fatalista” de la medida y advirtió que, de no llegar a un acuerdo, a partir del 1º de agosto se gravará con un timbre profesional cada consulta o acto médico, incluidos los odontológicos. “Esta medida salva la Caja de Profesionales”, sentenció.

El anuncio del cobro de este timbre generó un fuerte rechazo de parte del director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Doménico, que sostuvo que “la resolución es formalmente irregular y fácticamente de mayúscula inconveniencia”. 

Mientras tanto, la presidenta de la Junasa (Junta Nacional de la Salud), Gabriela Pradere, advirtió en diálogo con radio Montecarlo sobre el incremento de costos que estos timbres significarán para los usuarios – en caso de llegar a aplicarse- en las consultas de policlínica o las de puerta de emergencia: 

“Efectivamente esto se ve como un problema, que en el fondo es un problema asistencial. Primero porque sobrecarga el costo en el bolsillo de las personas en su proceso asistencial, eso puede tener un impacto, por ejemplo, en que la gente postergue consultas por problemas de acceso económicos. Hoy tenemos consultas que están exoneradas de tasas, donde hoy la persona paga cero y pasaría a pagar 200 pesos por la consulta, solo por el timbre. Eso implica también que muchas personas dilatan la acción y eso tiene un problema sobre la salud de las personas, hay un problema de acceso. Además en un momento donde desde la administración se está tratando de justamente disminuir esas barreras de acceso de la población a los procesos asistenciales”.

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La última encuesta de Equipos Consultores señala que la gestión del intendente de Montevideo, Mario Bergara, tiene una desaprobación del 52% mientras que la aprobación alcanza el 26%. 

Cuando asumió, los números eran completamente diferentes: Según el sondeo de agosto del año pasado, Bergara recogía 49% de aprobación, 21% de desaprobación y 30% de opiniones neutras, de acuerdo a la encuesta de agosto de 2025. 

Por lo tanto, en ocho meses la aprobación bajó 23 puntos y la desaprobación creció 31 puntos.

Según el informe que divulgó Equipos el jueves en Subrayado, en cuanto a las preferencias políticas, quienes votaron al Frente Amplio en octubre de 2024 son los que más aprueban la gestión de Bergara (37%), seguidos por los votantes colorados (23%) y por último los que votaron al Partido Nacional en la primera vuelta (11%). La desaprobación es inversamente proporcional, el 35% de los frenteamplistas, el 70% de los votantes del Partido Colorado y el 73% de los del Partido Nacional.

La encuesta también consultó sobre el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo. El 59% desaprueba, el 22% aprueba, el 15% ni aprueba ni desaprueba y 4% no sabe o no contesta. 

Por áreas, el estado de parques, plazas y otros espacios públicos -con 61%- es la dimensión que recoge mayor aprobación, mientras que la limpieza de la ciudad -con 72%-, la que recoge mayor desaprobación.

La encuesta también señala un empeoramiento en la percepción sobre el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo. Entre los principales problemas mencionados por los encuestados aparecen la limpieza de la ciudad, la recolección de residuos y el tránsito, áreas que concentran los niveles más altos de desaprobación. 

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Gonzalo Baroni, Matias Bordaberry,
Juan Erosa y Lucía Zapata

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, logró el jueves la aprobación en la Junta Departamental de cuatro de sus “prioridades ciudadanas”, que debían financiarse con fondos extrapresupuestales y por ello requerían apoyo de la oposición para alcanzar la mayoría especial. Fueron aprobados, con cambios, los proyectos de saneamiento, calles, veredas y limpieza. Por otro lado, la comuna retiró, por falta de apoyo, el proyecto para la revitalización de Ciudad Vieja.

El endeudamiento total habilitado fue de 260 millones de dólares, una cifra menor a la impulsada inicialmente por el ejecutivo de la capital. 

Los votos opositores clave fueron los de los ediles blancos Joaquín Campos y Nicolás Hernández, de la lista 22; el colorado Federico Paganini; y el independiente Guillermo Kruse, electo por el lema de la Coalición Republicana.

Uno de los planes, el de saneamiento, fue aprobado por unanimidad e implicó un aumento del monto previsto inicialmente por la intendencia. Pasó de 102 a 130 millones de dólares para incorporar obras contra inundaciones en la zona de la Aguada cercana a la Estación Central del Ferrocarril y trabajos de mantenimiento en la rambla. 

El préstamo para limpieza, que salió con el mínimo requerido de dos tercios (21 votos), bajó a 50 millones de dólares, luego de eliminarse la compra de camiones de recolección, que era cuestionada por la oposición.

En el plan de veredas, que también obtuvo 21 votos, se redujo de 65 a 40 millones de dólares y se eliminó el fondo rotatorio previsto para recuperar parte del costo de las obras. Además, se incorporaron mejoras de iluminación en el frente costero. 

En calles, otro que pasó con 21 votos, el financiamiento también quedó en 40 millones, tras quitarse o reducirse algunos tramos incluidos en la propuesta original.

El Partido Nacional votó como bancada solo el crédito para saneamiento y cuestionó que la Intendencia recurra al endeudamiento para cumplir funciones esenciales. 

En cambio, los ediles blancos de la lista 22 defendieron su apoyo a parte de los proyectos y enfatizaron que acompañar obras no significa respaldar la gestión, sino ejercer una oposición que dialogue, controle e incida, como señaló durante su exposición el edil Nicolás Hernández: 

“¿Teníamos el derecho a negarnos a esto? ¿Teníamos el derecho a decirle a esas personas que salen de su casa y caminan por el barro que nuestros principios abstractos valen más que su camino por una vereda seca? Acompañar estas obras no significa avalar décadas de mala gestión. Significa no ser cómplice del deterioro por omisión. En este caso hay una diferencia enorme entre apoyar una gestión y apoyar una obra. Nosotros no estamos aquí para validar al intendente, eso que quede claro. Estamos aquí para que las cosas mejoren. Y si una obra mejora la vida de los montevideanos, tenemos la obligación de decirlo, aunque lo que lo impulsa no sean de los nuestros, aunque sea incómodo y aunque genere críticas.”

El resultado de la votación no cayó bien en el resto de la oposición. 

Desde el directorio del Partido Nacional se anunció que van a analizar "con muchísima seriedad" lo sucedido y algunos parlamentarios volvieron a mencionar la posibilidad de sanciones para los ediles de la lista 22.

En el Partido Colorado, en tanto, la conducta del edil Federico Paganini generó críticas internas. Hubo diputados que le reprocharon haber actuado sin pasar por los órganos partidarios, y uno de ellos dijo que la votación tal cual se dio "desgasta totalmente a la coalición".

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Juan Erosa y Lucía Zapata

El resultado de la elección presidencial de Perú es aún incierto hoy, con la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en empate técnico para convertirse en el noveno mandatario del país en una década.

Con más del 92,8% de las actas escrutadas, Fujimori reúne el 50,1% de los votos, frente al 49,9% de Sánchez.

Esa ventaja de menos de un punto corre riesgo de evaporarse a medida que sigan llegando los votos de las zonas rurales, donde Sánchez ha dominado. Para declarar un ganador deberán además ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 400.000 votos, lo que puede llevar días.

Ondeando banderas de sus partidos, miles de seguidores se congregaron ayer en dos sectores de la capital peruana para celebrar por adelantado a sus candidatos.

La candidata presidencial Keiko Fujimori afirmó que "no hay ningún ganador". 

"Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador. Serán días largos hasta comenzar".

Fujimori insistió en que era necesario esperar el conteo de todas las actas e instó a sus personeros a redoblar esfuerzos.

Por su lado, y entre cantos de "¡Sí se pudo!”, Sánchez fue por el mismo lado, destacando que había un "empate".

"A buena hora hay empate estadístico. Nadie puede decir ‘Ya gané, ya perdí’. Lo que queda es un profundo respeto a la democracia, al sentido popular. El Perú debe de ganar y nos corresponde a los contrincantes electorales respetar y trabajar precisamente en los estándares de lo que significa un proceso transparente".

En su cuarto intento de llegar a la presidencia, la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) enfrentó a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por un fallido autogolpe de Estado de 2022.

Muchos votantes dijeron esperar que las elecciones pongan fin a la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que dejó a Perú con ocho presidentes desde 2016.

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Leonardo Costa, Miguel Fernández Galeano, Juan Gabito y Lucía Zapata

El presidente Yamandú Orsi informó anoche que resolvió donar a la ANEP la camioneta Hyundai Santa Fe cuya compra con descuento generó cuestionamientos políticos en los últimos días. El vehículo será destinado al traslado de niños en el interior del país, según dijo el mandatario en una conversación con medios de prensa escrita que se llevó a cabo ayer de tarde en la Torre Ejecutiva.

La polémica comenzó la semana pasada cuando el programa Así nos va, de Radio Carve, informó que en febrero de 2025, una semana antes de su asunción, Orsi había comprado la camioneta por 54.000 dólares, con un descuento estimado de 25.000 dólares respecto del precio de lista. Desde la oposición se cuestionó además que, pocos días después, la fórmula presidencial se trasladara en un vehículo de la misma marca durante la ceremonia de asunción.

El lunes, en un video, Orsi negó que hubiera una relación entre la compra de la camioneta y el uso de un vehículo Hyundai en la asunción presidencial. También dijo que, si algún organismo de contralor considera que cometió un error, se hará cargo, e incluso se mostró dispuesto a pagar la diferencia.

En el encuentro con periodistas ayer, el presidente explicó que no usará más la camioneta y que prefiere entregarla a la ANEP. De todos modos, señaló que otro tema será lo que dictamine la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre si estuvo bien o no aceptar que se la vendieran por debajo del precio de lista.

Orsi también detalló cómo se compuso el pago del vehículo. Según la documentación que mostró a los cuatro periodistas, entregó una camioneta Hyundai de su propiedad, tasada en 22.000 dólares; un Renault Stepway, valuado en 17.000 dólares, que había sido donado por Car One a su campaña electoral; y una transferencia bancaria personal de 15.000 dólares. La entrega del Renault no fue informada por Orsi en el video del lunes, sino que tomó estado público posteriormente, esa misma noche, en un artículo publicado por el semanario Búsqueda.

Presidencia explicó que el Renault Stepway había sido recibido en octubre de 2024. Dijo que en aquel momento, por razones de seguridad y de tamaño, se optó por no destinarlo a la campaña, así que no se lo empadronó y se dispuso que Orsi usaría su camioneta particular o un vehículo alquilado. 

Según dicen las notas publicadas en la prensa de hoy, Orsi remarcó que todas las donaciones son al candidato y no al partido político. Señaló que luego se donó el Renault para que fuera rifado para obtener fondos para la campaña. Con ese mecanismo se vendieron 392 bonos de US$ 200 y se obtuvieron US$ 78.399. En el sorteo no hubo ganador porque salió un número que no había sido vendido. Meses más tarde, el candidato le compró al Frente Amplio ese vehículo y en febrero lo utilizó como parte del pago de la nueva camioneta Hyundai.

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Leonardo Costa, Miguel Fernández Galeano, Juan Gabito y Lucía Zapata

La Vertiente Artiguista (VA), integrante del Frente Amplio, expresó preocupación esta semana por la situación de la Fiscalía de Corte, ocupada en forma interina por Mónica Ferrero desde 2024, y apeló a la madurez del sistema político para que se designe un fiscal general y su subrogante por los mecanismos previstos en la ley. 

La declaración que aprobó el domingo la dirección de la VA tomó como punto de partida lo que denominó “acciones infundadas de traslado de fiscales que tienen en su órbita causas de alta sensibilidad pública”, en una alusión a lo que ocurrió en mayo cuando el fiscal especializado en delitos económicos, Gilberto Rodríguez, pasó a ocuparse de la fiscalía de cibercrimen. Según la VA, “desandar años de trabajo acumulado y reasignar casos sólo enlentece procesos y pone en riesgo la persecución efectiva de posibles delitos por el posible vencimiento de los plazos procesales”.

La VA planteó que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo adecuen el marco legal vigente y restablezcan criterios imparciales y aleatorios para designar al fiscal general interino, tal como se preveía en el artículo 59 de la ley 19.483 antes de que fuera modificado en el año 2022. Esa norma establecía que la subrogación del fiscal de Corte corresponde a quien ocupe el cargo del fiscal adjunto de Corte y, si este estuviera impedido, se debe sortear al subrogante entre los fiscales penales de Montevideo.

Este lunes, en entrevista aquí En Perspectiva, el senador Eduardo Brenta profundizó en las razones de la propuesta:

“Lo que estamos planteando es una alternativa que no sería quizá la mejor, pero bueno, tiene que ver con la necesidad de poner sobre la mesa el hecho de que no podemos estar cinco años más otorgando las vacancias exclusivamente por la antigüedad, sin tomar en cuenta ninguna clase de criterio de unidad, etcétera, como lo establece la ley y, por lo tanto, ponemos sobre la mesa este caso que es reciente, que nos ha generado, digamos, preocupaciones para todos, en lo que tiene que ver con reasignaciones de casos de tanta importancia y proponemos volver a la situación anterior si es que no se instala con seriedad, digamos, y en profundidad un ámbito para poder discutir todos estos casos que están pendientes.

Me parece que es la forma de otorgarle a la ciudadanía la garantía de que organismos tan importantes como la Suprema Corte, el Tribunal de Contencioso, la Fiscalía, etcétera, estén provistos por ciudadanos que tengan un amplio respaldo del Parlamento. 

Hoy la fiscal Ferrero tiene respaldo de 14 senadores de 31, ¿no? Por lo cual, evidentemente, su respaldo en términos políticos es un respaldo absolutamente insuficiente para lo que la ley plantea”.

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Yamandú Orsi resolvió donar a la ANEP la camioneta de alta gama que compró con descuento

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El traslado del fiscal especializado en Delitos Económicos, Alejandro Machado, a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen generó polémica política en los últimos días.

Aunque Machado se había postulado para ese nuevo puesto y se había preparado en la materia, la decisión generó sospechas en el oficialismo donde se esperaba que en ese lugar fuera designado Ricardo Lackner, con mayor especialización en cibercrimen, según consignaron distintos medios. Además, los casos que llevaba Machado pasarán a Diego Pérez, a quien se le atribuye afinidad con el Partido Nacional.

El fiscal Machado tenía a su cargo investigaciones sensibles vinculadas al gobierno anterior, entre ellas, la denuncia que presentó esta administración a raíz de la garantía falsa en el contrato con el astillero español Cardama y la causa por la destrucción de documentación relacionada con el pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset.

Por otro lado, también tenía a su cargo la investigación por el caso República Ganadera, además de una causa por difamación e injurias contra el senador Andrés Ojeda y otra por abuso de funciones contra el diputado Gabriel Gurméndez y el exsenador Pablo Lanz, por irregularidades durante su gestión en Antel.

Apenas se conoció la noticia, desde el Frente Amplio, varios dirigentes cuestionaron el momento del cambio. El senador Nicolás Viera escribió en sus redes sociales: “Solo una cosa diré: raro”.

El senador Daniel Caggiani dijo que resulta “muy raro” que se traslade “sin justificación alguna” al fiscal que investigaba los principales casos sobre presuntas irregularidades del gobierno anterior. Luego, en una rueda de prensa, vinculó incuso este traslado con que la oposición no vota un nuevo fiscal general y apoya que Mónica Ferrero siga en su cargo de fiscal general subrogante:

"Y lo primero que tengo que hacer en el sistema político y sobre todo en el Parlamento es elegir una nueva fiscal con todos los votos necesarios, pero la oposición, sobre todo algunos actores, la han trancado. Uno se preguntaba por qué era y capaz que ahora uno se está dando cuenta por qué era. Esperemos que no sea por eso".

Desde la oposición, reaccionó el senador Andrés Ojeda, quien rechazó que exista una “mano negra”. En diálogo con el programa 5 sentidos, de Canal 5, el también secretario general del Partido Colorado sostuvo que Machado “hace un año que está pidiendo para salir” y que fue él quien pidió pasar a la Fiscalía de Cibercrimen. Además, afirmó que los trámites pendientes seguirán su curso, “los firme Machado o los firme quien los firme”.

La discusión continuó en los días siguientes. La semana pasada el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sostuvo que las declaraciones de representantes del Frente Amplio forman parte de “una embestida política” contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.

“A veces me pregunto qué es lo que tienen contra Mónica Ferrero, porque cada tanto hay una embestida. Y en este caso por el traslado de un fiscal –que él mismo pidió el traslado– empiezan a generar suspicacias que politizan la Fiscalía. Algunos estaban muy acostumbrados a que otros fiscales politizaran la Fiscalía, creo que Mónica Ferrero está cortando con eso y algunos añoran cuando manejaban políticamente la Fiscalía”, dijo en conferencia de prensa el jueves pasado en Paysandú, donde el Directorio nacionalista homenajeó a Jorge Larrañaga, a cinco años de su fallecimiento.

En Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone marcó una postura distinta. En declaraciones a El País, dijo que la conducción definitiva de la Fiscalía General de la Nación “sigue sin solucionarse” y que este tipo de situaciones, que dejan al organismo en medio del fuego cruzado político, deberían evitarse con la designación de una figura que reúna mayor consenso.

Continúa en: Vehículos eléctricos: Unión de Vendedores de Nafta pide revisar incentivos

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Matías Bordaberry, Pablo Díaz,
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En las últimas semanas se instaló una discusión sobre los incentivos tributarios a la compra de vehículos eléctricos e híbridos.

Según cifras de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), las ventas totales de vehículos livianos 0km vienen aumentando a gran ritmo desde 2021 y tanto en 2024 como en 2025 registraron subas anuales de 9%, superando las 68.000 unidades. Esto incluye automóviles de pasajeros, las llamadas SUVs, los minibuses y utilitarios (donde están las pick-up o camionetas con caja).

Ahora, ese crecimiento total de 9% el año pasado estuvo compuesto por una suba de 150% de los vehículos eléctricos y una de 60% de los híbridos, mientras que los de combustión cayeron por primera vez en varios años, en 10%.

Asimismo, en lo que va de este año, con cifras para enero-abril, las ventas de vehículos livianos nuevos registraron un incremento de 15% interanual. Eso estuvo explicado por subas de más de 100% tanto en eléctricos como en híbridos, al tiempo que los de combustión se redujeron en casi 20%.

En este contexto, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, declaró que el gobierno está trabajando en una revisión del régimen de promoción de venta de los autos eléctricos:

"Estamos trabajando para poder revisar el régimen de promoción de venta de vehículos eléctricos con el propósito de hacer no tan beneficioso esa compra porque entendemos que el régimen ya maduró por la evolución de las ventas que ha tenido lugar, no se requieren de la magnitud de la asignación tributaria que tenemos, así que estamos evaluando porque tenemos que cerrar esta discusión con el Ministerio de Industria, con la Comisión de Energía, pero estamos trabajando en Poder Ejecutivo con ese tema sobre la mesa".

Antes de esa declaración de Oddone en el almuerzo de ADM el 13 de mayo, desde Industria, la ministra Fernanda Cardona había planteado cautela sobre el asunto cuando había sido consultada acerca de un documento que presentó la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) en el que se plantea discutir cambios en las exoneraciones fiscales para los vehículos eléctricos como medida para bajar el precio del gasoil.

Cardona sostuvo en ese momento que los datos todavía no mostraban razones para ‘desacelerar’ las políticas de promoción de la movilidad eléctrica.

Hoy, estos vehículos cuentan con exoneraciones de Imesi y de aranceles de importación y pagan una patente reducida frente a los vehículos a combustión.

El reclamo para revisar estos beneficios fiscales ya se había generado desde hace un tiempo por parte de la Unión de Vendedores de Nafta. Daniel Sanguinetti, su presidente, declaró a El Observador: “Actualmente, los que utilizan vehículos a combustión no acceden a esos incentivos y quedan en desventaja, lo que termina generando una inequidad que creemos debe corregirse” y agregó que “la mayor cantidad de autos eléctricos se observan en Carrasco, Punta Carretas o Punta Gorda” por lo que “la resignación fiscal que realiza el gobierno está siendo aprovechada por un estrato social que no necesita el beneficio”, afirmó.

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