El caso del sindicalista argentino Marcelo Baledo y su pareja Paola Fiege se cerró a principios de este mes, luego de casi dos años. Recordarán que fueron detenidos de una forma bastante espectacular en el verano de 2018, en la zona de Playa Verde.

La forma en que se cerró el caso fue un acuerdo con el fiscal por el cual ambos reconocen los delitos que se les imputan y ceden varios bienes al Estado uruguayo a cambio de reducir su pena.

Balcedo fue condenado como autor de un delito de lavado de activos, un delito continuado de contrabando y un delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. La sentencia es de cuatro años y ocho meses de penitenciaría.

Fiege fue condenada por un delito de asistencia al lavado de activos. Le corresponderían tres años de cárcel.

Ambos ya cumplieron períodos de prisión efectiva, y por el acuerdo alcanzado Balcedo cumplirá el resto de su pena en prisión domiciliaria. Fiege lo hará en un régimen de libertad vigilada.

Además del reconocimiento de los delitos, la pareja debió desprenderse de US$ 4.000.000, un chalet en Maldonado y cuatro vehículos de alta gama que Balcedo y Fiege entregaron al Estado como parte del acuerdo fiscal.

¿El Estado aceptó bienes aparentemente obtenidos mediante ilícitos a cambio de una reducción de la pena? ¿Estos bienes corresponden al Estado uruguayo, o tiene razón Argentina en reclamarlos? ¿Cuánto afecta este tipo de acuerdos la imagen que la sociedad en general se hace del sistema judicial uruguayo?

Este es el tema que abordamos hoy En Perspectiva en una nueva edición de nuestra Mesa de Juristas.

Para eso, conversamos con Gianella Bardazano, docente Grado 5 de Filosofía del Derecho
en la Universidad de la República; El procesalista Santiago Pereira Campos, profesor titular de Derecho Procesal en la UM; El también procesalista Gabriel Valentín, profesor grado 5 de Derecho Procesal en la Udelar y el penalista Diego Camaño, profesor adjunto de Derecho Penal de la Udelar.

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Transcripción de la entrevista con el contador Daniel Espinosa

Catorce autos lujosos, US$ 400.000 en efectivo, una ametralladora, un fusil, un zoológico privado, una chacra impresionante en la ladera de un cerro, una casa junto a la costa con ascensor, un avión privado pronto para volar en Carrasco. Todo eso tenía Marcelo Balcedo, el sindicalista argentino que fue detenido en Playa Verde en los primeros días de enero.

La noticia de su detención llegó pocos días después de que el Gobierno promulgara una actualización de la ley de lavado de activos. Y sin embargo la investigación y la orden de captura contra Balcedo no partieron de la Justicia uruguaya sino de la argentina, donde se lo acusa de lavado de dinero, evasión fiscal, vaciamiento del gremio y extorsión.

Ahora la Justicia de nuestro país busca probar algún delito que Balcedo haya cometido en tierra uruguaya, antes de que se deba procesar su extradición.

Para hablar de este caso y de los cambios en la regulación que hace al combate del lavado de activos, esta mañana recibimos aquí En Perspectiva al titular de la Secretaría Antilavado, que depende de Presidencia de la República, el contador Daniel Espinosa.

Transcripción de la entrevista con el contador Daniel Espinosa

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La Justicia de argentina allanó, durante el fin de semana, edificios del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación en La Plata, Buenos Aires, en busca de pruebas contra su secretario general, Marcelo Balcedo.

Este hombre, que también es dueño de medios de comunicación e ingeniero, fue detenido el pasado jueves por Interpol en su residencia de Playa Verde, cerca de Piriápolis, y es investigado por malversación de fondos, asociación ilícita y lavado de dinero.

Durante el operativo en el que se detuvo a Balcedo y a su esposa en su chacra El Chaparral, en Playa Verde, se incautaron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, documentos, joyas y vehículos de lujo (entre ellos, una camioneta Land Rover ploteada con la publicidad de la radio de Punta del Este, 89.5 FM Red 92, vinculada a la familia Sanabria).

Según el abogado Juan Fagúndez que representa al empresario y sindicalista argentino, los US$ 500.000 incautados, provienen de 11 años de ahorro. Respecto a los autos lujosos, también requisados, Fagúndez señaló que uno de los autos de alta gama que se mostraron es de Balcedo, los demás no.

El fin de semana se conoció además que la Policía incautó US$ 7 millones encontrados en cofres fort del hombre, que permanece en prisión preventiva por 30 días al igual que su esposa, mientras la Justicia argentina procesa el pedido de extradición.

A partir de los hechos se dispuso además que Crimen Organizado de Uruguay investigue si hubo operaciones de lavado de activos en nuestro país.

La Mesa con Felipe Schipani, Adriana Marrero, Carmen Asiaín y Fernando López D’Alessandro.

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