El objetivo del Plan era formular y ejecutar las acciones que permitieran controlar, detener y revertir el proceso de deterioro de la calidad de agua en la cuenca hidrográfica del río Santa Lucía, y asegurar la calidad y cantidad para el uso sustentable como abastecimiento de agua potable.

A tres años de su formulación —con la información y conocimiento adquirido— se realizó una actualización del Plan a efectos de fortalecer y profundizar algunas líneas estratégicas, así como de consolidar otras que se encuentran en ejecución. 

En tal sentido, el Gabinete Nacional Ambiental encomendó al Sistema Nacional Ambiental la actualización de dicho Plan.

El proceso de actualización del Plan de Acción se denomina de segunda generación porque incorpora la actualización y refuerza la primera implementación del Plan, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en los primeros años de ejecución.

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Plan de Acción Para La Protección de La Calidad Ambiental de La Cuenca Del Río Santa Lucía. Medidas de Segu… by En Perspectiva En Perspectiva

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La semana pasada comenzó oficialmente la prospección sísmica en busca de petróleo en el mar uruguayo que tanto ha dado que hablar en los últimos dos años. 

Los trabajos están a cargo del buque Prospector, de la empresa CGG Services, que se encontraba en el puerto de Montevideo desde febrero a la espera de la última autorización ambiental. 

La resolución, emitida el 27 de ese mes por el Ministerio de Ambiente (MA), recuerda la Autorización Ambiental Previa concedida por esa cartera el 5 de diciembre y aprueba ahora el Plan de Gestión Ambiental, el plan de navegación y la propuesta de mecanismo de compensación económica, presentados por CGG SERVICES (US) INC, que de esa forma se convirtió en la primera habilitada en el grupo de compañías que accedieron a adjudicaciones durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Para su tarea, que tendrá lugar en el bloque offshore adjudicado a la compañía Chevron, el barco Prospector utilizará un cañón sónico a efectos de mapear el subsuelo marino y detectar posibles áreas de interés para la exploración de yacimientos de crudo y gas. 

Según dispuso el Ministerio de Ambiente, la prospección podrá realizarse en marzo y abril pero deberá suspenderse luego hasta noviembre para respetar la temporada de pesca.

Esta etapa inicial los trabajos se desarrollarán en un área de 2.645 kilómetros cuadrados ubicada a unos 180 kilómetros de la costa.

El plan habilitado por el MA establece medidas de mitigación ambiental. Entre ellas, la suspensión inmediata de las emisiones acústicas ante la localización cercana de cetáceos, tortugas o lobos marinos en un radio determinado, monitoreo acústico permanente y la presencia obligatoria de observadores de fauna marina a bordo.

La resolución también incluye un mecanismo de compensación para empresas pesqueras en caso de afectaciones comprobadas, como pérdida de capturas o daños en equipos. 

Como los oyentes recordarán, este proyecto ha ido avanzando en medio de cuestionamientos, movilizaciones en las calles y acciones judiciales promovidas por organizaciones ambientales contrarias a la exploración. Pero también existen objeciones desde el ambito empresarial.

A fines de febrero la Cámara de Industrias Pesqueras y la Cámara de Armadores Pesqueros emitieron un comunicado en el que denunciaron que la prospección había arrancado antes de que se aprobara formalmente el permiso que faltaba.

Estas gremiales denunciaron una afectación a la “soberanía productiva”, además de reclamar que se postergara la actividad hasta noviembre para que no interferiera con la zafra.

El sector recordó que viene de atravesar dos años de parálisis por conflictos sindicales, con pérdidas que estiman en más de 50 millones de dólares. También criticó la “celeridad” del gobierno para habilitar la prospección y rechazó el sistema de compensaciones aprobado, al que calificó como incompleto y discriminatorio.

En particular, las cámaras cuestionaron que los permisos de pesca Clase B queden fuera del esquema de indemnizaciones, pese a que —según sostienen— pueden registrar caídas de captura de hasta 70% por el efecto acústico. Por eso, pretendían que se dejara en suspenso las operaciones hasta definir un mecanismo de compensación más completo y advirtieron que estará en juego el trabajo de miles de personas vinculadas al sector.

Emiliano Cotelo conversó con el Ing. Juan Riva Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) y armador de buques pesqueros y con planta pesquera.

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El Ministerio de Ambiente acaba de otorgar la autorización para que cuatro empresas extranjeras realicen exploración sísmica 3D en aguas uruguayas en busca de petróleo.

Estas compañías ya tienen contratos firmados con Ancap que vienen de la administración anterior.

Los trabajos procuran datos geológicos que permitan confirmar sitios específicos donde perforar.

¿Por qué se avanza en esta búsqueda cuando la tendencia en el mundo va hacia la descarbonización y el abandono de los combustibles fósiles? ¿Cómo se hicieron estas negociaciones en la pasada administración? ¿Qué probabilidades se manejan de que se encuentre petróleo en el país? ¿Qué pasa con impacto ambiental de las prospecciones, en particular sobre la fauna marina?

Emiliano Cotelo conversó con quien inició desde la presidencia de Ancap estos contratos, el expresidente de la empresa, el Ing. Alejandro Stipanicic.

El gobierno acaba de otorgar la autorización ambiental previa que permite que cuatro empresas extranjeras realicen prospección sísmica en aguas uruguayas en busca de petróleo.

Según informó La Diaria ayer y confirmó En Perspectiva con fuentes del Ministerio de Ambiente, los permisos están concedidos siguiendo una línea de trabajo que comenzó el directorio de Ancap en el período pasado, cuando se firmaron los contratos con estas compañías: Searcher Geodata, CGG Services (ahora llamada Viridien), Apa exploration y PGS.

La autorización se otorga con algunas limitaciones: en un período concreto del año (de noviembre a abril), en áreas más pequeñas que las solicitadas, en menos bloques que los pedidos y con más medidas de cuidado del impacto de estas actividades en su entorno.

Desde hace varios meses organizaciones ambientalistas se movilizan denunciando que esta búsqueda causará un daño irreversible en la vida marina; y una de ellas ya interpuso un recurso ante Presidencia de la República que busca frenar estos trabajos.

¿Por qué Ancap avanzó en estos contratos en la administración anterior? ¿Qué implica que se continúen en este nuevo gobierno? ¿Qué chances hay de encontrar petróleo? Y antes de ello, ¿qué pasa con el impacto ambiental de estas operaciones?

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La Tertulia de los Martes con
Pablo Díaz, Juan Erosa,
Victoria Pasquet y Lucía Zapata

El Ministerio de Ambiente otorgó la autorización ambiental previa a las cuatro empresas que solicitaron habilitación para realizar prospección sísmica 3D en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay: Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS. La actividad, destinada a la obtención de datos geológicos que permitan evaluar futuras perforaciones en busca de petróleo, podrá desarrollarse hasta el mes de abril, a una distancia entre 150 y 300 kilómetros de la costa y en profundidades de 50 a 5.000 metros.

Las compañías ya habían firmado contrato con Ancap. Sin embargo, el gobierno autorizó áreas mucho menores que las solicitadas: en tres casos, aproximadamente un tercio del área pedida y únicamente dentro de zonas específicas de los bloques offshore 1 y 4. Las resoluciones también establecen límites temporales y medidas de control reforzadas para evitar impactos acumulativos y proteger sitios prioritarios para la conservación marina.

Consultado por La Diaria, el ministro Edgardo Ortuño afirmó que, “en esta nueva etapa resuelta con los contratos firmados en la administración anterior”, todo “se hará con las máximas garantías ambientales”, ya que “se duplicaron las medidas de mitigación de protección a la fauna marina”, se acortó el tiempo de prospección, “se aumentó el control” y se impuso “compensación económica a la actividad pesquera”.

La iniciativa enfrenta objeciones de organizaciones ambientalistas como Amigos del Océano, Socobioma y Mar Libre de Petroleras, que advierten sobre riesgos para la biodiversidad. Amigos del Océano presentó un petitorio con más de 1.800 firmas y Mar Libre de Petroleras continúa recolectando adhesiones para que las autoridades “dejen sin efecto estos proyectos que ponen en riesgo la vida, la biodiversidad marina y las comunidades”.

Continúa en: ¿Qué dejó el sorteo del Mundial FIFA 2026?

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¿Por qué han venido creciendo las movilizaciones en contra de la prospección de hidrocarburos que se prevé realizar en varios bloques del fondo del mar territorial de nuestro país?

¿Qué preocupaciones se plantearon este martes en la audiencia pública que el Ministerio de Ambiente organizó en Maldonado?

¿Cuál es el reclamo? ¿Deberían anularse las licencias otorgadas a varias compañías en el período de gobierno anterior? ¿O hay alternativas para regular y controlar esas operaciones?

Conversamos En Perspectiva con el Dr. Daniel Gilardoni, presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, consejero en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República y ex titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (en el período 2015-2020). Además fue uno de los expertos que participaron en la audiencia pública.

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) le exigió al Ministerio de Ambiente la “suspensión inmediata de autorizaciones vinculadas a la prospección sísmica” submarina en el mar territorial de nuestro país en busca de petróleo y gas.

La “medida provisional de carácter urgente”, que se adoptó a fines de julio a partir de una denuncia presentada por la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay, se conoció este martes durante la audiencia pública que tuvo lugar en Maldonado, convocada por el ministerio para analizar las propuestas de prospección sísmica de dos compañías, APA Exploration y Searcher Geodata, que preparan sus tareas a partir de licencias otorgadas en el gobierno anterior.

En su resolución, la INDDHH advirtió sobre la falta de controles efectivos en estas operaciones, la existencia de vacíos legales y la ausencia de evaluación de impactos acumulativos. También cuestionó la escasa participación ciudadana en el proceso y planteó que el acceso a información clave ha sido limitado.

La proximidad de este tipo de trabajos de exploración en el fondo marino ha provocado protestas de organizaciones de la sociedad civil y también advertencias de científicos y profesionales especializados en la preservación de la flora y la fauna en las aguas uruguayas del Océano Atlántico.

¿Qué es lo que está en discusión? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué alternativas existen?

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Después de 90 días de negociaciones con el consorcio responsable del Proyecto Neptuno, el gobierno informó que no se construirá la potabilizadora en Arazatí, sobre el río de la Plata, y en cambio se realizará otro esquema de obras para el sistema de agua potable en el área metropolitana, una decisión que ha generado críticas desde la oposición.

Conversamos En Perspectiva con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que integró el directorio de OSE por la minoría en el gobierno anterior.

La decisión del gobierno de no ejecutar el Proyecto Neptuno y en cambio realizar nuevas obras para OSE centradas en el río Santa Lucía modificó la estrategia para fortalecer el sistema de agua potable en el área metropolitana y desató un fuerte debate político.

Las autoridades destacan que las inversiones anunciadas ahora implican un ahorro sustancial y cumplen estrictamente con el Artículo 47 de la Constitución.

Pero la oposición califica la decisión como un ‘retroceso’ en seguridad hídrica, advierte que persiste la dependencia de una única fuente y cuestiona la ausencia de informes técnicos y económicos que respalden la modificación del contrato con el consorcio adjudicatario de la licitación original.

Aquí, En Perspectiva ya escuchamos el lunes a Redes-Amigos de la Tierra, una de las ONGs que rechazaba el Proyecto Neptuno, luego discutimos el tema en La Tertulia y recibimos el martes al ingeniero Alejandro Ruibal, representante del consorcio Aguas de Montevideo.

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