EMILIANO COTELO (EC): El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó este lunes un paquete de medidas destinadas a promover las inversiones en nuestro país.

Un primer grupo de anuncios apunta a jerarquizar la captación de inversiones dentro de la institucionalidad del gobierno. Otro está centrado en agilizar el proceso de análisis de los proyectos que aspiran a obtener exoneraciones tributarias. El tercero establece nuevas prioridades para conceder incentivos a las inversiones; entre ellas, según su localización en el país o el tipo de empleo que generen. Además, se crean instrumentos para atraer talentos del exterior. Por último, se traslada casi todo el régimen de vivienda promovida a la órbita del propio MEF.

Vamos a profundizar en estas medidas, que se suman a las dispuestas para apoyar la actividad local en las zonas de frontera y las que se resolvieron para facilitar y agilizar trámites de comercio exterior.

Para eso, recibimos al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. Con él vamos a tratar también las iniciativas tributarias que han surgido desde el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio (FA), como el impuesto del 1 % al patrimonio del 1 % más rico de la población.

En la conferencia de prensa de este lunes, en un momento, usted vinculó estas nuevas medidas de incentivos a la inversión con otras dos baterías anunciadas en los últimos meses que citaba recién, las medidas específicas para la zona de frontera y el programa de simplificación de trámites de comercio exterior. Y allí agregó: “Acá hay una política, claramente hay una visión de lo que queremos hacer y hacia dónde estamos yendo”. ¿Cuál es esa política?

GABRIEL ODDONE (GO): En varias ocasiones he compartido contigo en entrevistas la idea de que Uruguay necesita crecer y que eso requiere más inversión. Por lo tanto, establecer reglas claras para la inversión y generar incentivos adecuados para la inversión es parte del objetivo central de este gobierno.

En ese sentido, primero, atender situaciones particulares donde están ocurriendo fenómenos de precios relativos complejos, como la frontera, que vuelven complejas la actividad comercial, la toma de decisiones y por supuesto las inversiones, fue un primer objetivo que teníamos largamente estudiado. Pusimos sobre la mesa un paquete de medidas, precisamente para atender o proteger la actividad empresarial sin perder de vista de allí también hay ciudadanos que tienen que beneficiarse potencialmente de esa diferencia de precios relativos.

En segundo lugar, la idea de que Uruguay tiene un Estado denso, potente, pero que tiene oportunidades de volverlo más eficiente, más amistoso con el ciudadano, más amistoso con quien realiza trámites con él, era un tema central. Para eso pensamos que, empezando por el sector exportador e importador, había que introducir innovaciones que permitieran más agilidad, más orientación al ciudadano y al tramitar frente al Estado. Empezamos con una serie de iniciativas, algunas de las cuales requieren una base legal y van a estar contenidas en la Ley de Presupuesto y otras sobre las que estamos trabajando un proceso de gestión. Seguimos identificando aspectos todos los días, estamos muy atentos, con un equipo que no solamente está reuniéndose con empresarios, con gestores y con funcionarios públicos, sino que también está muy atento a todo lo que aparezca como planteo de las entidades comerciales.

Lo que estaba faltando en este paquete era algo que habíamos anunciado en campaña y respecto a lo cual el sector privado también estaba expectante, que era introducir más claridad en la revisión de las políticas de estímulo directo a la inversión. Quisimos tener cuidado en cómo lo íbamos a poner sobre la mesa, por eso tardamos un poco más de lo que esperábamos. Básicamente la orientación es agilidad, claridad y tomar en cuenta a las mipymes, que en el viejo esquema COMAP (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones), por distintas circunstancias, tenían dificultades para acceder. Ese fue el gran objetivo que nos pusimos sobre la mesa.

EC: ¿Por qué hicieron esta parte de los anuncios ahora, cuando faltan pocos días para que se presente el proyecto de ley de presupuesto? ¿Por qué lo separaron, por qué anticiparon estos anuncios?

GO: En primer lugar, queríamos dar un cierre a estas tres medidas orientadas a la inversión: atacar problemas concretos en lugares específicos, avanzar en la desburocratización y el desempapelamiento del sector público y promover la inversión. Eso es lo que habíamos dicho en diversas ocasiones, queríamos jerarquizarlo, ponerlo en la agenda de discusión y permitirnos dialogar con las contrapartes. Además la idea no era presentarlo esta semana, mi objetivo era presentarlo en julio, pero por distintas circunstancias, relacionadas con poder llegar con un diseño preciso, no llegamos antes y por lo tanto coincidió ahora. Decidimos ponerlo igual aquí, porque temíamos que en el debate presupuestal esto pasara desapercibido y queremos enfatizar, queremos que los centros comerciales, los empresarios, las personas que toman decisiones de inversión tengan claro un marco y sobre todo puedan identificar algunas transformaciones al interior del MEF que dan un interlocutor concreto. Con la creación de la Dirección Nacional de Incentivos a la Inversión, estamos poniendo un interlocutor concreto, que es la directora Isabella Antonaccio, para atender todo este tema de la agenda.

EC: Pero varios de estos anuncios requieren ley y van a estar incluidos en la Ley de Presupuesto, van a formar parte del proyecto de presupuesto.

GO: Exactamente. Todas las iniciativas que requieren ley que estuvieron anunciadas en el proceso de desburocratización y desempapelamiento, más estas vinculadas a la COMAP, todo lo que requiere ley va a estar contenido en la Ley de Presupuesto, estamos trabajando en la redacción de los artículos. No ocurrió así con los aspectos vinculados a la frontera porque remitimos al Parlamento un proyecto especial, que fue aprobado hace unas semanas.

EC: Veamos algunos de los nuevos anuncios, los de esta semana, los que están destinados a fomentar la inversión. Un primer capítulo apunta a jerarquizar la captación de inversiones. Se habla de la importancia de que desde el punto de vista institucional eso tenga otro relieve. ¿Cómo es?

GO: Podría decir que cada jerarca que lleva una función entiende que hay una manera de reordenar las acciones, pero percibimos que el sector privado requiere un nivel de interlocución más potente con el Poder Ejecutivo y eso tiene distintas ventanillas, en particular en el MEF eso estaba bastante diluido. Entonces lo que pretendimos hacer es con la creación de esta Dirección de Incentivos a la Inversión es poner al MEF como un interlocutor directo con el sector privado para poder conversar de muchas iniciativas.

EC: Lo que se hace es transformar la Dirección de Zonas Francas, que ya existe, en esta nueva dirección, que va a abarcar zonas francas y otras líneas, otras gestiones, otro tipo de apoyos también.

GO: Por ejemplo, hoy el MEF tenía en su interior a la COMAP, todo lo que era la acción de gestionar los proyectos COMAP, que colgaba directamente de esa secretaría. La idea es subsumir dentro de esta dirección todo lo que era zonas francas y todo lo que es COMAP dándole una integralidad, todo lo que es promoción de inversión, todo lo que es gestión de un régimen especial de atracción de inversiones, en un mismo ámbito. Pero al mismo tiempo, en la medida en que hay otros espacios en el sector público destinados a la promoción de la inversión, como Uruguay XXI, la ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo), la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) y esta creación de Uruguay Innova, la idea es que el MEF tiene un interlocutor claro, definido con la directora Isabella Antonaccio, para participar de esta constelación de ámbitos.

Cuando discuto aspectos que están vinculados con el sector privado al interior del ministerio, me gusta mucho ver cómo confronta la cabeza del asesor tributario Álvaro Romano con la cabeza de Isabella Antonaccio, que lo que pretende es promover inversión, porque esa confrontación plantea sobre la mesa las dos cosas que la política debe contemplar: por un lado la promoción y el aliento a la inversión y por otro lado la justicia en materia tributaria. De eso surge una síntesis muy interesante que ayuda mucho a la formulación de políticas.

EC: Un segundo capítulo se refiere a la mejora en la agilidad de los trámites. Por ejemplo, los procesos de estudio y aprobación de los proyectos de inversión que aspiran a obtener subsidios. Ustedes dicen que se está aumentando la velocidad entre 5 y 50 veces.

GO: Yo no estoy metido en el detalle de lo que está ocurriendo, pero procesos que abarcaban dos, tres semanas, a partir de algunas decisiones en materia de aprobación ficta y otras decisiones en materia de uso de herramientas de inteligencia artificial, hoy pueden ser aprobados con mucha más celeridad. Por supuesto, estamos revirtiendo la carga de la prueba, estamos tratando de ser mucho más ágiles en la aprobación –otra manera de no abarrotar a la administración–, pero por otro lado dar trámite a lo que los empresarios presentaron. Vamos a ser mucho más rigurosos, en eso estamos trabajando, en el control ex post. O sea, hay un proyecto que presenta un conjunto de objetivos, tiene un conjunto de indicadores que habitualmente se verificaban con escasa potencia, y estamos intentando agilizar todo el proceso de aceptación para promover la inversión y alentarla. Al mismo tiempo, tratamos de fortalecer todo el proceso de control y evaluación posterior de manera tal de aplicar las sanciones que correspondan cuando no se cumple con lo que está comprometido en ese documento, que en alguna medida está siendo tomado como una suerte no digo de declaración jurada, porque eso tiene una connotación jurídica muy específica, pero sí un compromiso de parte del inversor con relación a lo que se propone hacer.

EC: Por ejemplo, se menciona que se mejora la interoperabilidad y el monitoreo con DGI (Dirección General Impositiva), BPS (Banco de Previsión Social), Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social] (MTSS), Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

GO: Declara una serie de compromisos con una serie de variables que la COMAP tiene que controlar a los efectos de verificar que el bien que está siendo objeto de la inversión efectivamente califica. Por otro lado, está todo el tema vinculado a la recaudación tributaria que está asociada a ese proyecto o a la compañía que lo está promoviendo, etcétera. Eso requiere una agilidad mucho mayor entre los organismos involucrados, entonces la interoperabilidad, la posibilidad de cruzar los sistemas es parte de lo que estamos promoviendo y sobre todo alinea los procesos a una mirada única. Esto es un trabajo importante.

EC: Suena lógico que hay que hacer eso, la pregunta es cómo.

GO: Lo primero es poniendo dentro de la agenda la responsabilidad para hacerlo y el cometido para hacerlo, y lo segundo es trabajando de manera integrada con DNA, BPS y DGI, además de utilizar los sistemas que están activos de manera que puedan coordinar mejor.

EC: ¿Cómo es la evaluación simplificada que se anuncia para inversiones menores de USD 5 millones?

GO: Para los proyectos pequeños, estamos tratando de verificar solamente que se cumplan las condiciones esenciales: que el proyecto esté presentado, que los renglones obligatorios estén completados, que se cumplan las condiciones genéricas. Con eso se da para adelante al proyecto, sin un análisis detallado, pero luego se hace es un control ex post a lo que se está implementando para verificar que efectivamente el proyecto cuadra dentro del marco, que tiene derecho a tomar los beneficios y que se está cumpliendo lo comprometido en el proyecto. Es una suerte de aprobación ficta mirando grosso modo cuáles son los cuatro o cinco indicadores para avanzar.

EC: El tercer capítulo incluye cambios en el sistema de incentivos previstos en la Ley de Promoción de Inversiones. Habrá tiempo más adelante para ir más a fondo.

GO: Isabella va a poder explicarlo mucho mejor que yo porque aquí hay mucho detalle, yo lo sobrevuelo.

EC: Para dar algunos ejemplos, ¿qué es lo que ocurre, qué es lo que se dispone, en qué medida se modifican los incentivos?

GO: Básicamente estamos tratando de hacer dos cosas: primero, darles lugar a las mipymes, algo que el régimen general no contemplaba de manera específica; estamos pretendiendo poner un foco muy importante en las mipymes en el sentido de que la COMAP debe comprender los proyectos de promoción de inversiones. Eso supone que a los proyectos de un cierto nivel determinado les estamos ampliando beneficios que antes estaban condicionados. Les estamos dando más ampliación de beneficios de puntos, más plazo, les estamos eliminando los topes que tenían. De manera tal que hoy basta con que sea una empresa mipyme, que tenga las características para ser una empresa mipyme, para que el proyecto no tenga topes a su nivel de inversión. Esto me parece un elemento importante. A las empresas del literal E o que no tienen contabilidad suficiente las vamos a atender a través de la ventanilla de la ANDE, de manera similar a lo que se hace hoy con los proyectos de innovación, siguiendo los criterios que se hacen para los proyectos de innovación seguidos por la ANII. De tal modo que lo que haga la ANDE sea no solamente facilitar la presentación del proyecto, ayudar a la presentación del proyecto, sino además hacer toda la coordinación con BPS y DGI del otorgamiento de los créditos a los cuales es beneficiaria la compañía. O sea que estamos levantando restricciones a las mipymes, poniendo una ventanilla específica para atenderlas, para ayudarlas a presentar el proyecto con el propósito de levantar esa barrera que eventualmente se estaba dando con los proyectos COMAP dirigidos a empresas grandes.

EC: Esa es una parte de los cambios.

GO: La otra parte son las grandes inversiones, allí estamos apuntando a un objetivo esencialmente temporal. Como hemos dicho en varias oportunidades, precisamos crecer a mayor ritmo y por lo tanto precisamos mayores niveles de inversión, entonces estamos siendo bastante agresivos en cuanto al régimen. Estamos exonerando hasta el 100 % de la inversión elegible en IRAE para proyectos que superen los USD 30 millones, siempre y cuando se inicien antes del 31 de diciembre de 2027 y tengan un plazo máximo de ejecución al 31 de diciembre del 2029. O sea, vas a acceder a un beneficio mayor que el que tenés hoy, siempre y cuando lo empieces a ejecutar en el horizonte de los próximos tres años. Y cuando son proyectos de más de USD 50 millones, el plazo es un poco más extendido, la idea es que tengan que empezar antes del 30 de diciembre de 2028, porque hay un plazo de formulación probablemente más complejo, pero que a su vez estén terminados de ejecutar el 31. Otra vez, queremos que el incentivo sea no solamente realizar la inversión, si es que el negocio existe y hay materia de sustancia de descuento IRAE, pero que lo hagan ahora. Nuestra vocación es generar un marco macroeconómico estable, predecible, que es todo lo que vamos a discutir en la Ley de Presupuesto para dar certezas, y por otro lado generar un marco de incentivos a la inversión que tenga un shock en el corto plazo.

EC: Hace falta un shock, se necesita que haya inversiones urgente…

GO: Precisamos crecer a más del 2 % anual.

EC: … y para eso juegan un papel importante las grandes inversiones.

GO: Pensemos que Uruguay hoy tiene niveles de inversión del orden de los USD 12.000, 13.000 millones por año y en este momento no tenemos ningún megaproyecto. O sea que precisamos las grandes inversiones, que ayudan mucho a tener un efecto de nivel, pero precisamos también las pequeñas y medianas, todas las inversiones son bienvenidas porque eso en algún sentido supone que los empresarios están en movimiento.

El otro día, trabajando en equipo con los colegas, yo decía que estamos pasando una etapa en que los empresarios y el sector privado pasan a tener un desafío en materia de riesgo mayor que el que tenían en el pasado. Los empresarios nuestros han sido muy resilientes durante los últimos 40 años, se han preparado, se han orientado –en muchos casos, no en todos– sobre todo a generar estrategias para enfrentar escenarios adversos, diversificar riesgos, enfrentar cambios de precios relativos abruptos o recesiones agudas. La economía lleva 20 años en un evento agudo, está convergiendo a un nivel de inflación muy razonable, con alteraciones de precios relativos mucho más predecibles, por lo tanto llegó el momento de generar un marco para que la asunción de riesgos, la asunción de la innovación juegue un papel más clave.

Solamente un dato: según una encuesta que formuló ANII en 2023 a empresarios –es una encuesta pública–, el 23 % de los empresarios respondentes sostenían que la innovación no era para ellos. Eso es algo sobre lo que tenemos que trabajar, es un dato muy potente. Supone clima de negocios, estabilidad macro, reglas de juego claras, estabilidad institucional y estímulos a la inversión y sobre todo a la innovación. Porque todas estas medidas –si no lo digo Isabella me va a matar– tienen foco en dos objetivos grandes de los que tenemos que promover: aumentar la productividad y mejorar la calidad del empleo y el nivel del empleo. Por eso los incentivos están en I+D (investigación y desarrollo), en empleo de calidad.

EC: Esa es la otra parte de la pregunta sobre este tercer capítulo de los anuncios: cómo se modifican las prioridades en cuanto a los incentivos previstos en la Ley de Promoción de Inversiones.

GO: La idea es centrar en pocos objetivos, muchos de los cuales ya estaban presentes.

EC: Ese es otro punto sobre el que quería preguntarle: ¿en qué medida son cambios, en qué medida hay modificaciones respecto a lo que estaba vigente?

GO: En líneas generales no hay cambios extraordinarios, solamente dos cosas: primero, hay menos cantidad de objetivos, hay una focalización en un número menor de variables, y segundo, ponemos con mucho énfasis en el tema I+D+I (investigación, desarrollo, innovación) y el empleo sostenible. Ahí hay un componente muy importante: vamos a premiar mucho todo proyecto, cualquiera sea su tamaño, que esté en condiciones de generar una actividad de innovación, de incorporación tecnológica o de adaptación tecnológica, porque entendemos que esa faceta es crucial para aumentar la productividad y para generar este clima de asunción de riesgos, toma de decisiones fuera de la caja. Por eso este es un capítulo central. Si se quiere es un énfasis que estamos poniendo respecto a lo que estaba y por otro lado estamos cambiando el objetivo de movernos hacia una proyección sostenible desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, que también es un objetivo importante. Pero básicamente es empleo, exportaciones, descentralización, producción sostenible, I+D+I y actualización tecnológica. La actualización tecnológica entra dentro de este capítulo, cosa que hasta ahora no necesariamente estaba jerarquizada. Yo te voy a premiar no solamente por que incorpores tecnología, sino por que además tengas un ritmo de actualización tecnológica más o menos constante. Nos interesa que el cambio tecnológico sea permanente, y eso lo tenemos que estimular.

EC: Usted lo mencionó al pasar, también se otorgarán mayores incentivos para la contratación de personas que pertenezcan a grupos de población con dificultades de acceso al empleo –se mencionan algunas categorías–, se potenciarán los incentivos para las inversiones en departamentos con mayores problemas de empleo o pobreza. Y lo último, que me sorprendió, se otorgarán incentivos adicionales a la internacionalización.

GO: Para nosotros es un tema crucial. Toda compañía uruguaya tiene que intentar trascender el mercado interno. Ese es un objetivo que no debe ser perdido nunca de vista por el reducido tamaño del mercado.

EC: Se fomenta la creación de multinacionales uruguayas. Ya existen, no es algo nuevo, pero ustedes quieren insistir por ahí.

GO: Tanto desde Uruguay XXI como desde el área de la Dirección Nacional de Incentivos a la Inversión, queremos poner un foco muy importante para apuntalar al sector privado hacia su internacionalización. Esa es la razón por la que además estamos integrando, reincorporando al sector privado a la dirección de Uruguay XXI, algo que había sido eliminado en el período anterior, porque queremos tener al sector privado dialogando con nosotros, compartiendo sus dificultades, sus restricciones, y al mismo tiempo nosotros estimulándolo para poder ayudarlo en coordinación con Cancillería en su internacionalización. Este es un capítulo muy importante para promover.

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EC: Venimos haciendo un repaso al galope de los puntos incluidos en los anuncios del lunes destinados a fomentar la inversión. Habrá tiempo para ir más a fondo, para conocer más en detalle los instrumentos que están en juego, pero voy al final de las novedades: creo que también debe haber sorprendido a más de un oyente el traslado al MEF de todo el sistema de vivienda promovida, salvo el programa Entre Todos, que queda en el Ministerio de Vivienda. ¿Qué significa esta resolución?

GO: Esta fue una interesante discusión que habíamos mantenido con la ministra de Vivienda, básicamente con el objetivo de tratar de optimizar los recursos de cada uno de los ministerios. Y lo que entendió la ministra, en mi opinión de manera acertada, es que el foco del Ministerio de Vivienda [y Ordenamiento Territorial] (MVOT) tiene que estar centrado en temas de vivienda estrictamente orientados. Y nosotros entendimos que finalmente el sustrato de fondo es promover vivienda en ámbitos del territorio donde no está, pero que tiene mucho más un componente asociado a la inversión y a la generación de empleo. Esa es una materia mucho más fácil y sencilla de seguir desde el punto de vista sustantivo y por tanto puede estar en manos del MEF para poder gestionar los incentivos coordinando con el MVOT y con los gobiernos departamentales. Se le saca al MVOT, que tiene que concentrarse en aquellos sectores de la población más vulnerables, donde la política es mucho más compleja de diseñar, donde los mecanismos de seguimiento son mucho más los temas de ordenamiento territorial, esto que es una gestión a veces controversial respecto a cómo se orientan los incentivos, cómo se hace la renuncia fiscal. Eso le va a permitir al MVOT concentrar sus esfuerzos y recursos en lo que es verdaderamente complejo y desafiante. En otras palabras, el tema de la vivienda promovida es un mundo de negocios, donde el MEF puede ser una buena contraparte para el sector privado. El tema de la vivienda en sí es un tema de una complejidad y una multidimensionalidad cuya especialidad claramente está alojada en el MVOT, ahí están los expertos.

EC: En lo que quede en el MEF, a su vez, ¿qué cambios habrá? Porque este ha sido un debate. Lo que se ha estado construyendo por ejemplo en Montevideo, pero también en departamentos del interior, con las ventajas de la Ley de Vivienda Promovida, ¿es lo que realmente se necesitaba?, ¿no ha habido un desvío? Eso usted lo escuchó y dentro del FA en particular ha estado arriba de la mesa. Entonces, ¿qué modificaciones habrá?

GO: Creemos que tiene que haber un reenfoque de este tipo de instrumentos hacia grupos de población y ámbitos del territorio que no han sido adecuadamente atendidos. No obstante lo cual, la razón por la que ocurrió que hayamos construido vivienda promovida en avenida de las Américas, por ejemplo, tiene que ver con que seguramente en el período anterior la mayor liberalidad con la que se manejó este instrumento tuvo que ver con el objetivo del empleo estrictamente y generar actividad en un contexto, por ejemplo, de la pospandemia, donde esto era muy crítico. Creemos que ese momento terminó, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es focalizar el instrumento que fue creado precisamente para promover vivienda para grupos de población que tienen cierto nivel de formalización, cierto nivel de ingreso y por lo tanto pueden hacer frente a un pago regular, para lo cual tenemos que trabajar de manera coordinada con el MVOT y los departamentos. Por citar un caso, en el departamento de Montevideo hemos visto un desarrollo muy interesante de la vivienda promovida en Cordón Sur, Palermo, La Blanqueada, algunas zonas del Prado. Creemos que hay que mover ese espectro hacia otras zonas.

EC: Por ejemplo, ¿hacia dónde?

GO: Un poco más hacia la periferia. Uno puede irse del Prado hacia el norte, donde hay diversos lugares donde hay oportunidades para avanzar, puede moverse de La Blanqueada hacia el noreste, donde seguramente, de la misma manera que ocurrió en La Blanqueada y en Palermo Sur, uno puede rehabilitar y generar gérmenes para que otros proyectos se emprendan. De hecho, el efecto demostrativo de esto que ocurrió en las zonas que yo citaba es claro, una vez que uno introduce esos incentivos, se genera una dinámica, se genera una demanda por esos lugares, mejora la calidad de los servicios, se construye espacio urbano y tejido empresarial y de barrio. Eso es lo que pretendemos de una manera modesta, desde la vivienda promovida contribuir, mientras que el MVOT es el que traza los objetivos, cuáles son esos barrios, cuáles son esas zonas.

EC: De todos modos, usted está mencionando los conceptos. ¿El aterrizaje va a estar en el proyecto de presupuesto?

GO: En la Ley de Presupuesto vamos a introducir algunas modificaciones, pero grosso modo los criterios para promover vivienda no van a ser muy diferentes de los que estaban.

EC: Por ejemplo, si se presenta un proyecto hoy, ¿qué pasa?, ¿con qué criterios se trabaja?

GO: Como le aclaramos al sector privado antes de asumir, la Ley de Vivienda Promovida rige hasta el día en que comienza a regir la siguiente. Por tanto las reglas para cualquier proyecto que se presente antes de la sanción y de la reglamentación de la Ley de Vivienda Promovida siguen siendo exactamente las mismas, por lo tanto no solamente todos los proyectos que están en proceso de construcción, sino todos aquellos que están en carpeta de evaluación, van a respetarse porque fueron iniciados bajo las reglas previas. Eso está fuera de discusión.

***

EC: Desde el 1 de mayo, en el acto del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores, ha ido creciendo la presión, desde el movimiento sindical pero también desde algunos sectores del FA, para que se implemente en Uruguay un impuesto adicional al 1 % más rico de la población, a efectos de recaudar para financiar políticas contra la pobreza infantil. Concretamente, se propone un impuesto adicional del 1 % al patrimonio de estas personas. En el oficialismo ya lo respaldan el Partido Comunista y sus aliados, el Partido Socialista, Casa Grande, el PVP (Partido por la Victoria del Pueblo), incluso la Vertiente Artiguista, con algunos matices. Usted y el presidente Yamandú Orsi ya han descartado más de una vez una medida de este tipo. Ahora que viene el proyecto de ley de presupuesto, ¿esa posición se mantiene?

GO: Absolutamente. Esta iniciativa no va a formar parte de las iniciativas tributarias que vamos a incorporar. Saludamos y creemos que es bienvenido el debate que ha promovido estas iniciativas, porque de alguna manera tiene lugar a nivel internacional y ha tenido lugar en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis de 2008, en diversos lugares del mundo, por lo tanto pone a Uruguay en una agenda de debate de políticas públicas actual. No obstante lo cual, por diversas razones, entendemos que este no es el momento, que no están dadas las condiciones y que sería extraordinariamente inconveniente para Uruguay avanzar en una iniciativa de este tipo. Además creemos que la posibilidad de generar los niveles de recaudación que se sugieren es absolutamente inexistente.

EC: ¿Los cálculos que manejan quienes promueven esta medida no son correctos, no están anclados en la realidad?

GO: Están basados en un conjunto de supuestos que me parece que no están anclados en cómo reaccionan los inversores ante situaciones de este tipo, situaciones de cambios tributarios de estas características.

EC: Usted recién decía que le parecía bien el debate.

GO: Me parece muy bien el debate porque favorece el clima democrático, nos hace pensar a quienes pensamos como pienso yo, nos hace reflexionar y nos hace encontrar argumentos, pero al mismo tiempo creemos que este tipo de iniciativas conducen a afectar el clima de negocios, que es algo que enfatizo mucho, lograr crecimiento económico, que es lo que genera dinamismo a largo plazo y capacidad de recaudación. Esa es la razón por la que el Poder Ejecutivo no va a tomar iniciativa al respecto. Y como el Poder Ejecutivo es quien tiene iniciativa privativa en estos temas, esto no va a estar presente en la ley que el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento.

EC: Usted es muy contundente en esa posición.

GO: Absolutamente.

EC: De todos modos, justamente, el hecho de que exista el debate, el hecho de que dentro del propio oficialismo se esté trabajando con tanta intensidad en esta dirección, ha llevado a voceros de la oposición, incluso a economistas, analistas, a manifestar preocupación: acá podría estar pasando algo como lo que se vio en el gobierno de Mujica con los dos equipos económicos, un gobierno en disputa, y eso puede confundir, puede desalentar, puede generar inquietud entre los inversores. ¿Qué dice de ese planteo?

GO: Que creo que la analogía por diversas razones no corresponde. Acá hay un único equipo económico, solamente pongamos en la cabeza quiénes son los responsables de cada una de las áreas del equipo económico y claramente hay unanimidad de criterio entre Guillermo Tolosa, Rodrigo Arim, Álvaro García, Jimena Pardo, Martín Vallcorba y todo el elenco, la posición es unánime.

EC: Eso está claro.

GO: Ahora, que hay parlamentarios o fuerzas políticas que tienen esa iniciativa, bienvenidos, pero no están en el seno del Poder Ejecutivo, por lo tanto dos equipos económicos no hay. Hay un conjunto de gente que tiene ideas, como ha ocurrido en el mundo.

EC: Se alude a que esa presión en determinado momento podría llevar a que ustedes cambiaran de postura.

GO: No, no, eso no está contemplado en este momento, ni este ministro de Economía comparte ese tipo de iniciativas, por lo tanto entiendo que, salvo que las circunstancias fueran absolutamente otras –la única que imagino es que hubiera la introducción de un impuesto al 1 % más rico a nivel global, coordinado, y que por lo tanto la posibilidad de migración de los capitales estuviera totalmente reducida–, no va a haber un avance en Uruguay en esta dirección, me atrevo a decir que gobierne quien gobierne. Porque Uruguay sigue siendo un país que es atractivo para las inversiones, que compite para traer inversiones, que compite para alojar inversores, y eso forma parte de reglas claras y sobre todo de aplicación de instrumentos tributarios que no tienen estas características, desde hace muchos años. En la reforma tributaria del año 2007, que Danilo Astori lideró, la decisión estratégica es precisamente gravar rentas, eso tiene todo un concepto detrás, dejar de lado el gravamen de los stocks y por tanto de la riqueza, por las dificultades que tiene hacerlo, por la movilidad del capital, por los costos asociados a hacer lo controles que eventualmente se hagan, y además por la inaplicabilidad de estas cosas en el mundo.

Cito algunos casos. En Argentina una idea de este tipo fue con vigencia estrictamente para fondos creados en la pandemia, eso luego desapareció. En España hay un impuesto temporal que está vigente en principio por dos años. En el caso de Francia es un impuesto que fue introducido y luego fue modificado por un impuesto sobre el patrimonio inmobiliario. En el caso de Estados Unidos, Bernie Sanders lo ha puesto sobre la mesa en distintas ocasiones pero nunca fue implementado. Y en el caso de Chile fue rechazado. Son los casos que identifico donde esto ha estado. O sea, personas como Piketty o como Branko Milanović han puesto sobre la mesa este debate a nivel académico, por tanto a nivel académico hay un debate fermental, pero no hay implementación de este tipo de iniciativas en la orientación de políticas públicas a nivel global, ni siquiera en los gobiernos de izquierda, porque, insisto, en primer lugar, por razones prácticas, los costos de gestión de una institucionalidad de este tipo, cuyos resultados arrojan muchas dudas, y segundo, porque la posibilidad de que esos patrimonios de alto nivel, que se pueden mover, porque el 99,9 % no son inmobiliarios, se desplacen y por tanto quedar fuera del gravamen, es muy alta. Y finalmente porque Uruguay necesita de esos inversores o de ese clima de negocios estable y de señales claras para poder asentar su modelo, en particular de este gobierno, que es acelerar el ritmo de crecimiento.

Así que, bienvenido el debate, el equipo económico se ha reunido con los colegas que impulsan esto, incluso con algunos diputados que impulsan esto, hemos intercambiado de manera muy interesante, tomamos muy en cuenta sus contribuciones académicas, pero creemos que todavía están muy lejos de la formulación de políticas públicas. Y no solamente porque yo sea el ministro de Economía, creo que esto no estaría ocurriendo ni aunque hubiera otro ministro de Economía en un gobierno de estas características.

EC: Quienes impulsan esta medida señalan que, teniendo en cuenta la situación fiscal comprometida con la que se inició esta administración, es necesario contar con más recursos para llevar a la práctica varias de las prioridades que el FA marcó en la campaña electoral. Agregan que impuestos de este tipo no son un invento en Uruguay, que están debatiéndose o implementándose en varios países del mundo, y señalan también que la presión fiscal de nuestro país no es tan alta como suele sostenerse si se realiza la comparación internacional. ¿Sobre esto qué responde?

GO: Yo sigo sosteniendo que la presión fiscal uruguaya es elevada para lo que es la capacidad que tiene el país de atraer inversiones.

EC: El contador Viñales cuando lo entrevistamos aquí señalaba: “El indicador de presión fiscal para el año 2022 muestra que Uruguay con 26,6 % del PBI se ubica a mitad de camino en la comparación por regiones. En América Latina nos ubicamos por encima del promedio, que es de 21,5 %, pero estamos por debajo del promedio de la OCDE, 38 países, que está en 34 %. Y a mucha distancia del promedio de la Unión Europea, que está en 40,7 %”.

GO: Lo que pasa es que somos un país de América Latina, no somos un país promedio de la OCDE ni de la Unión Europea. Que tenemos la aspiración de converger a esos estándares, absolutamente; que la presión fiscal a medida que el país se vuelva más sofisticado, más complejo, tiene alta probabilidad, absolutamente. Pero Uruguay tiene hoy un nivel de renta media por lo cual tiene más presión que Paraguay, pero menos que un país promedio de la Unión Europea. En cualquier caso, el equipo económico en su conjunto entiende que no es el momento de implementar un instrumento de estas características, que en todo caso la presión fiscal puede aumentar como consecuencia de un conjunto de acciones que no están asociadas a esto. Entendemos además que la posibilidad de recaudar un impuesto de estas características es muy baja, por lo tanto no vamos a recorrer ese camino.

EC: El otro énfasis que ponen es que se plantea esta iniciativa, este instrumento en particular, un impuesto del 1 % al 1 % más rico de la población, con un destino muy específico: financiar el combate a la pobreza infantil, que es una asignatura pendiente seria que tiene nuestro país y en la que han coincidido todos los partidos políticos; el propio FA la ha colocado como una de sus prioridades.

GO: Si yo tuviera la certeza o la percepción de que con la introducción de una iniciativa de este tipo tendría la posibilidad de recaudar recursos suficientes sin afectar de manera sustantiva el clima de inversiones en Uruguay, esta iniciativa no me asustaría. El problema es que creo que los riesgos que entraña cualquier iniciativa de este tipo y los costos que tiene asociados son absolutamente injustificables en función de los beneficios eventuales, potenciales, que en ningún país del mundo esto tiene. Creo que en ese tipo de enfoques que usted citaba no están contemplados: Uruguay sigue siendo un país pequeño y abierto al mundo que requiere la atracción de inversiones, el nivel de inversiones y de ahorro doméstico que está presente adecuadamente en Uruguay es insuficiente para sostener el crecimiento. Entonces, en la medida en que yo compito en el escenario internacional, necesito ser amistoso en términos tributarios para poder captar inversiones y no volverme inamistoso, duro. Entre otras cosas, porque yo no soy un país de la Unión Europea donde el deseo de pertenecer, de ser ciudadano fiscal uruguayo está garantizado por un conjunto de estas externalidades. Por supuesto que Uruguay es un país valioso para atraer inversión y para tener residencia fiscal porque tiene estabilidad institucional, tiene calidad en su sistema político, tiene un estándar de convivencia muy alto, y eso lo tenemos que “cobrar”. Pero no nos pensemos que esto es la Unión Europea. Cuando invitamos a un inversor extranjero a venir a Uruguay, no lo estamos haciendo miembro de la Unión Europea, lo estamos haciendo miembro de un país pequeño, abierto al mundo, muy estable, muy sólido, pero que está en proceso de desarrollo y por lo tanto eso forma parte del precio que cobramos y que retenemos. Tenemos que trabajar mucho más en ver cómo hacemos para que los ahorros de los residentes fiscales uruguayos se canalicen hacia aspectos concretos de Uruguay. Por eso esta propuesta de la ley de presupuesto incluye cambios que están necesariamente orientados a aspectos vinculados a la renta, no vinculados a este concepto que, insisto, está bien, es un buen debate, es un debate académico pero está fuera la posibilidad de que haya una discusión política cierta en el corto plazo en Uruguay, gobierne quien gobierne, de que se ponga un programa de este tipo.

EC: Agrego un último argumento que aparece publicado hoy en una columna que firma el economista Mauricio de Rosa, que es uno de los que han abierto, impulsado toda esta discusión. Él dice: “Más allá del tema tributario, el debate del 1 % al 1 % permitió empezar a plantear la pregunta correcta. Natalia Uval, periodista de La Diaria, la formuló breve y efectivamente cuando se preguntó en un debate televisivo: ‘¿Cuánta desigualdad estamos dispuestos a tolerar?’. Se trata de una pregunta importante a la que el crecimiento no va a dar, no puede dar una respuesta”. Acá hay una alusión bastante directa a su forma de encarar este asunto, el énfasis que pone en la necesidad de seguir creciendo, fomentar la inversión, etc.

GO: Déjeme que se lo devuelva. Creo que esto es una aproximación efectista. Muy bien para una tertulia periodística, pero el debate de formulación de políticas públicas toma en cuenta estas consideraciones pero transcurre bajo la realidad, no bajo planteos efectistas. La pregunta que yo haría es: ¿cuánto crecimiento estamos dispuestos a resignar en función de reducir la desigualdad? Esa es la tensión de la política pública, justamente eso es lo que el ministro de Economía y el equipo económico arbitran todo el tiempo.

EC: Acá se estaría resignando crecimiento, si se tomara una medida de este estilo.

GO: El equilibrio justo que necesito para poder hacer una distribución sostenible en el tiempo y que realmente tenga envergadura e impacto, necesito recursos, y para que esos recursos existan tienen que estar invertidos en Uruguay, tienen que existir y la economía tiene que crecer. Si en aras de construir una menor desigualdad estoy dispuesto a resignar mucho el crecimiento, tarde o temprano lo que tendremos es una sociedad estancada, con alto nivel de insatisfacción, precisamente porque la prosperidad forma parte de la aspiración colectiva. Ahora, por supuesto –y por eso soy el ministro de Economía de un gobierno de izquierda–, para un gobierno de izquierda reducir la desigualdad es un aspecto crucial, elemental, que está entre los principales cometidos. Pero lo tengo que hacer factible en un pequeño país abierto al mundo con escaso nivel de población y todavía en proceso de desarrollo, tengo que lograr combinar de manera equilibrada crecimiento con distribución del ingreso. Esa es la razón por la cual creemos que el gasto y la priorización en el gasto es el instrumento central, y el uso de una estructura impositiva que tenga carácter progresivo y progresional. Este tipo de planteos son disruptivos, bienvenidos a la discusión intelectual, pero están lejos de la realidad como le acabo de plantear. Un ejemplo: en la OCDE, los países que aplicaban impuesto al patrimonio en los años 60 eran aproximadamente 8, llegaron a ser 12 a principios de los 2000, finales de los 90, y hoy son 4. Países que existen. La aplicación en la OCDE del impuesto al patrimonio.

EC: En los otros países de la OCDE no hay impuesto al patrimonio.

GO: Lo que tenemos es una concentración del impuesto sobre rentas, no sobre stocks. Por lo tanto –estos son datos recientes, incluyen los principios de esta década– porque en el fondo lo que hay es un consenso en que con la movilidad de capitales, que forma parte de los consensos a nivel global, la posibilidad es que cuando uno grava el exceso de riqueza solamente quede cautiva la riqueza inmobiliaria, la probabilidad es que los capitales migren, por tanto no puedan ser gravados por rentas, no puedan generar recursos y no puedan generar inversiones muy grandes. Dicho en otras palabras: hoy Uruguay tiene aproximadamente USD 60.000 millones de residentes fiscales uruguayos colocados en el exterior. De esos, en 2019 había USD 20.000 millones. Quiere decir que con la aplicación de mecanismos generosos entre 2020 y 2025 se multiplicó por tres la captación de recursos. ¿Cuántos de esos recursos con esa velocidad con que llegaron se irían? Además, ¿cuántos de esos recursos estamos pudiendo utilizar para aplicar a la reducción de la desigualdad? En eso tenemos que trabajar, de manera inteligente, para que esos recursos no se alejen de Uruguay, permanezcan en Uruguay, estén dispuestos a colaborar en Uruguay, y al mismo tiempo ser utilizados por el Estado para reducir la desigualdad. Ese es el arte de la política económica, no inventar una fórmula mágica que luce atractiva y muy simple. En economía, ante las ideas que lucen extremadamente simples y muy fáciles, la pregunta principal es ¿cómo puede ser que esto no se le haya ocurrido a nadie antes? Uno puede decir que esto forma parte de los equilibrios de poderes y la capacidad de presión que tienen los lobbies… Es un poco más compleja la economía, afortunadamente es un poco más compleja, y esto es lo que está detrás de los fundamentos que la política económica uruguaya de este gobierno pretende llevar adelante.

EC: Aunque no sea ese impuesto que se reclama desde el PIT-CNT y sectores de izquierda, ¿el MEF tiene previsto introducir algún tipo de cambios en el sistema tributarios?

GO: Sí, absolutamente.

***

EC: Usted exponía los argumentos por los cuales el equipo económico, el gobierno, el Poder Ejecutivo, descarta de plano esa iniciativa del movimiento sindical y sectores del propio FA de gravar con el 1 % el patrimonio del 1 % más rico de la población de nuestro país. De todos modos, usted señalaba que sí hay disposición o sí se está preparando algún tipo de cambios en el sistema tributario. En el proyecto de ley de presupuesto eso va a estar. ¿De qué manera?

GO: Tenemos dos temas. En primer lugar, tenemos que seguir sumando a Uruguay a la comunidad global, por lo tanto las tendencias tributarias a nivel global son parte del mandato para Uruguay. Entre otras cosas porque si no formamos parte de esa comunidad global tenemos riesgos de ser sancionados en algún momento por incumplir aspectos de naturaleza de intercambio y formación o de temas tributarios. Por lo tanto la visión que tiene este gobierno es que hay un marco, el marco del impuesto a la renta mínima global, al cual queremos adherir y por lo tanto estamos dando pasos decididos, lo cual supone un conjunto de cambios importantes. Supone esencialmente que Uruguay grave el impuesto a la renta mínima global en territorio uruguayo. Esto es un elemento neutro para la corporación porque el 15 % que eventualmente estamos gravando a partir del 2027 sobre la operación uruguaya es algo que ya está gravado en la matriz.

EC: Si no lo paga acá, lo paga en otro lado. Desde el punto de vista de la empresa, de esa corporación internacional, no hay diferencia.

GO: No obstante lo cual, queremos localizar impuestos que ya se pagan en territorio uruguayo, queremos participar del gravamen a las rentas de las corporaciones que hacen negocios en Uruguay, que están pagando, pero queremos disponibilizarlo para poder hacer políticas públicas. Con un doble objetivo, estar en el marco de tendencias globales y tener recursos para poder realizar políticas públicas, porque nos vamos a enfrentar al presupuesto que vamos a conocer en los próximos días, un presupuesto muy restrictivo. La situación fiscal es compleja, vamos a terminar este año con un déficit del orden del 4,2-4,3 % del PBI para el gobierno fiscal y BPS, la cual es una cifra muy grande, y voy a tener que trazar un programa macroeconómico de convergencia fiscal en este período que supone una reducción de ese déficit fiscal de 1,8 % más o menos del producto. Eso supone trabajar activamente para alcanzar un equilibrio presupuestario al final del período. Y trabajar con un presupuesto muy restrictivo por el lado de los gastos, este va a ser el presupuesto más restrictivo de cualquier administración frenteamplista en materia de gastos, pero al mismo tiempo con un mecanismo de recaudación. Por lo tanto vamos a incorporar el impuesto a la renta global porque si bien es neutro para las corporaciones, no estamos participamos de un impuesto a las rentas de empresas transnacionales y creemos que eso tiene que estar disponibilizado para Uruguay.

EC: No es el único cambio en materia tributaria que prevén. Pero sobre este que acaba de confirmar, permítame algunas preguntas. Primero, esto de adherir, de incorporar en Uruguay el impuesto mínimo global, ¿no implica a su vez incumplir la promesa de campaña de no aumentar impuestos?

GO: En primer lugar, no, porque lo que estamos haciendo es algo que estaba postergado en Uruguay, esta discusión sobre qué hacíamos con la incorporación al marco global estaba planteada en la administración anterior, que por distintas circunstancias decidió no hacerlo. Entre otras, seguramente, la especulación sobre cuáles iban a ser los efectos de un eventual triunfo de Trump en las elecciones sobre el esquema global. Esa puede haber sido una de las explicaciones por las cuales esta decisión no se tomó cuando había empresas locales establecidas en Uruguay que pretendían hacerlo. Lo que nosotros estamos haciendo es simplemente adherir a una tendencia global para estar más integrados, por lo tanto no se trata de un aumento de impuestos per se, sino de una adhesión que tiene como consecuencia que vamos a recaudar impuestos que la empresa paga igual, o sea que a los efectos de la corporación no va a haber un impuesto, no hay un nuevo impuesto creado allí.

EC: ¿No desalienta las inversiones? ¿No espanta a inversores una medida de este tipo?

GO: En principio, dada la manera como lo vamos a formular y como lo estamos explicando, no debería ser así porque, insisto, este es un impuesto que está siendo pagado por la corporación que está establecida en territorio uruguayo y simplemente lo que estamos haciendo es “competir” con el fisco del país donde está establecida la matriz con el propósito de recaudar ese dinero en Uruguay. Así que bien explicado, bien fundamentado y siendo muy cuidadosos de atender el proceso de transición, los cambios que tiene que haber en materia de lo que se llama control de cumplimiento y aspectos contables, el Estado uruguayo está trabajando para prepararse para apuntalar a las compañías. Esto va a introducir ruido, va a introducir dudas, va a haber que explicarlo muy bien, de hecho ya lo estamos haciendo, pero forma parte de una agenda que las corporaciones entienden perfectamente porque, insisto, es un impuesto que ya pagan.

EC: Las que están. La pregunta es qué pasa para el futuro, cómo se hace para captar, para efectivamente seguir siendo atractivos, en la medida en que hay un tipo de ventaja tributaria que desaparece.

GO: Eso nos lleva al debate anterior. Quienes invierten en Uruguay saben dos cosas. En primer lugar, que invertir en Uruguay supone estar en un territorio donde la predictibilidad es la regla de juego, la estabilidad política, la calidad del sistema judicial, el honramiento de los compromisos que el Estado asume, la vigilancia del cumplimiento de los contratos existe. Este no es cualquier país en el mundo, ni en la región en particular. Por lo tanto, eso tiene un costo que no puede ser cero.

EC: Ahí hay un valor.

GO: Hay un valor, porque no es lo mismo tener una operación importante industrial o de servicios en Uruguay que en otro lugar. Por supuesto, hay que ser cuidadoso. Y otra vez, una empresa nueva que viene al territorio uruguayo, que eventualmente se quiere instalar y que es contribuyente porque factura más de 750 millones de euros por año, al ser contribuyente del impuesto global, cuando se instale en Uruguay lo único que va a ocurrir es que ese 15 % que paga lo va a terminar pagando por la operación uruguaya en territorio uruguayo, porque si viene a Uruguay es porque viene a realizar una operación que le va a generar rentabilidad.

EC: ¿Cuánto recauda? ¿Qué previsión de recaudación hay?

GO: Es prematuro dar una respuesta precisa. Tenemos un paquete de medidas tributarias, esta, otra que acompaña al impuesto a la renta global y otros instrumentos que estamos previendo que van a ser la mitad de lo que vamos a incrementar la recaudación en el período, que es del orden del 1,5% del producto. La mitad va a ser por eficiencia, la mitad va a ser por los impuestos que estamos adaptando.

EC: ¿[…] en particular?

GO: No tengo la estimación fina todavía como para adelantarla, pero seguramente en los próximos días lo daremos a conocer.

***

EC: Trascendió hace 15 días, el semanario Búsqueda comenzó a informar que el ministerio analiza la posibilidad de gravar las ganancias de capital de las inversiones realizadas en el exterior por uruguayos y residentes en Uruguay. ¿Confirma ese trascendido?

GO: Sí, confirmo.

EC: Eso sí va a estar. ¿Cómo es, cuál sería la novedad?

GO: Para adelantarme a las preguntas de si esto no es un incumplimiento de la promesa de campaña: esta es una corrección de naturaleza técnica respecto a los cambios que se introdujeron en 2011. En 2011 Uruguay decidió gravar los rendimientos de capital en el exterior, esa es la razón por la cual todos los rendimientos que tienen que ver con intereses de una colocación exterior están gravados hoy.

EC: Los depósitos ya están gravados.

GO: Cualquier rendimiento que tenga con interés una deuda que es comprada por un residente fiscal uruguayo hoy está gravado y forma parte de los ingresos del Estado.

EC: Se lo pregunto porque cuando se maneja este tipo de adelantos se ha dicho, se ha publicado que de ahora en adelante se gravarían los depósitos de uruguayos en el exterior. ¿Eso ya está?

GO: Ya hoy existe el gravamen sobre los rendimientos vinculados a intereses, por tanto una colocación de ese tipo está gravada. Lo que no está gravado hoy son las ganancias de capital. Por ejemplo, una acción, cuando uno en lugar de colocar en un instrumento de deuda lo que hace es colocar una acción o un fondo que coloca acciones, hoy el rendimiento que tiene no solamente es producto de los intereses que devengan las colocaciones financieras, en el caso de que haya involucradas inversiones en fondos o en acciones, sino que además está derivado del cambio del precio que la acción tiene. El cambio del precio de la acción no está gravado. Si una acción es comprada en 100 y vendida a 120, el día que se vende ese rendimiento del capital hoy no está gravado. La razón –me lo han estado explicando estos días y confieso que no termino de entenderlo, hay un tema con la información–: en 2011 no fue incluido. Lo que hacemos es simplemente esa corrección con el propósito de establecer una condición de equiparación, porque hoy el rendimiento de una ganancia de capital para una colocación en el mercado local está gravado, pero cuando está en el exterior no está gravado, lo cual genera un desincentivo a la inversión local. Lo que estamos haciendo es corregir técnicamente algo que no había sido formulado globalmente en 2011, que además introduce condiciones de equidad entre ganancias de capital que tienen lugar en el territorio nacional y ganancias de capital en el exterior.

EC: Cuando se publicaron los adelantos de esta medida, hubo reacciones. Por ejemplo, el diputado Diego Echeverría, del Partido Nacional en Maldonado, calificó esta posibilidad como “kirchnerismo tributario”, y dijo que iba a resultar peligrosa para su departamento en particular, “sería matar la gallina de los huevos de oro”. ¿Qué responde usted?

GO: Creo que tiene oportunidad de entender un poco mejor lo que estamos haciendo, de leer un poco más, de comprender cuáles son el origen, el fundamento y las consecuencias para poder después pronunciarse. Creo que lo que hizo, como seguramente es lo que le corresponde a un representante nacional, es pronunciarse ante un trascendido que por lo que yo vi no estaba adecuadamente fundado, creo que es un suelto de Infobae. Hay que ser cuidadoso y riguroso en esto, porque, sin pretender decirle a un diputado nacional lo que tiene que hacer, en este tipo de temas hay dos cosas, una es vigilar que el Poder Ejecutivo no cometa arbitrariedades o no tome decisiones que sean inconvenientes para el país, pero la otra es ser cuidadosos en cómo se comunica, porque si realimentamos la idea de que detrás de esto hay cosas que no están, las probabilidades de autoinfligirnos un daño son grandes. Entonces creo que habrá oportunidades de informarse mejor una vez que pongamos a disposición del Parlamento la iniciativa, la podamos explicar con fundamento, para poder pronunciarse con contundencia sobre esto.

EC: ¿Cuánto podría recaudar este tributo?

GO: También quiero ser cuidadoso en esto, en decir específicamente cuánto es, porque incluso en este caso concreto hay algunos detalles técnicos que todavía no tenemos cerrados con el equipo. Nuestra idea es que con las adecuaciones tributarias, algunas que son por sumarnos a una tendencia global o correcciones técnicas de este tipo, estamos asumiendo que en el quinquenio vamos a hacer la mitad de los incrementos de recaudación que esperamos tener. La otra mitad va a ser por aumento de eficiencia de las oficinas recaudadoras, que nos van a permitir hacer una corrección fiscal del orden del 1,5 % del producto.

EC: ¿Sería fácilmente cobrable?

GO: Este instrumento no debería ser complejo si somos claros en cómo lo formulamos y dados los instrumentos que tenemos, como por ejemplo el intercambio de información automática con muchísimas jurisdicciones y el intercambio bilateral no automático que hoy tenemos –aunque está en vías de concreción, esperamos que a principios del año que viene– con Estados Unidos. Entonces creemos que es manejable, gestionable, sobre todo si tenemos en cuenta que lo que no puede ser –como no lo vamos a hacer– son tasas confiscatorias, tasas que ahuyenten de manera despavorida a los inversores.

EC: En materia tributaria, en cuanto a cambios tributarios, también se ha hablado de la posibilidad de que se modifique el tratamiento de las compras en el exterior, las compras vía Temu y otras plataformas internacionales. Hay todo un debate en esa materia. ¿Efectivamente eso está previsto?

GO: Está previsto. Estamos siendo sensibles para atender lo que los comerciantes no han estado planteando respecto del fenómeno Temu y lo que esto ha supuesto en el incremento de las ventas, pero al mismo tiempo queremos ser muy cuidadosos en atender a los ciudadanos que tienen un mecanismo de compra de franquicias, la posibilidad de acceder a bienes a los que eventualmente en Uruguay no se accede y a su vez de generar competencia de precios.

EC: Desde la Cámara de Comercio se remarca: “No pedimos privilegios, no pedimos medidas proteccionistas, pedimos igualdad tributaria”.

GO: Lo que estamos promoviendo es una medida que va a igualar en materia tributaria el tratamiento de la compra final, con la introducción del IVA a las compras, pero al mismo tiempo vamos a promover un aumento de las franquicias. Todavía estamos discutiendo en qué magnitud.

EC: Por un lado va a haber IVA a estas compras, ¿y qué pasa con la franquicias?

GO: Hoy pueden traerse sin ningún gravamen tres compras de USD 200 a lo largo del año. La idea es elevar ese monto y a su vez habilitar el fraccionamiento. Ese es el enfoque que estamos enfatizando, de manera tal de contemplar por un lado las condiciones de competencia asimilables, pero por otro ser muy sensibles con los ciudadanos que hacen uso de este instrumento. Cuidado, esto impacta para operaciones que no se consolidan en Estados Unidos, porque esas están protegidas por el tratado TIFA.

EC: Ese es un aspecto delicado.

GO: Absolutamente.

EC: Algunas plataformas quedan fuera de esta nueva tributación.

GO: Los compromisos que Uruguay tiene asumidos con Estados Unidos impiden que avancemos en esto.

EC: O sea que en particular esto aplicaría para el fenómeno Temu.

GO: Mayoritariamente es lo que estaría comprendido desde el punto de vista de la sustancia.

EC: Por ejemplo, no Amazon.

GO: No lo puedo dictaminar producto por producto, depende del origen de la remisión de la mercadería. Si el origen es Estados Unidos, no; si el origen es otro, aplica.

EC: ¿Se terminó acá la lista de cambios en materia tributaria?

GO: Hay algunas cosas más pero pequeñas, no es algo sustantivo ni material y tiene alguna complejidad técnica. Eso es básicamente. Lo que me importa destacar es qué estamos haciendo con este paquete de medidas: estamos localizando inversiones en Uruguay, impuestos que pagan empresas transnacionales, y estamos corrigiendo un defecto técnico de nuestra estructura tributaria que no gravaba las ganancias de capital que tenían lugar afuera. Ambos instrumentos pretenden ser no distorsivos pero al mismo tiempo están dirigidos a gravar rentas elevadas, tanto de compañías como de personas. Por lo tanto el espíritu de gravar progresivamente está, lo único que lo hacemos sobre rentas y con el cuidado de explicar muy bien para defender nuestro clima de inversiones, que es crucial para que el crecimiento tenga lugar, para que haya recursos que redistribuir. Lo peor que podemos hacer es crear una sociedad igualitarista pero con bajos niveles de prosperidad, lo cual haría a mucha gente muy infeliz.