La Cámara de Diputados aprobó, durante la discusión de la Rendición de Cuentas, la creación de la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales. La iniciativa contó con los votos del Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA) y busca ordenar, administrar y mejorar el aprovechamiento de los bienes inmuebles que pertenecen al Estado.

El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Joaquín Sequeira, dijo en diálogo con Emiliano Cotelo y Romina Andrioli en En Perspectiva que la nueva agencia procura resolver un problema que se “arrastra” desde hace varios gobiernos: la falta de información completa sobre las propiedades estatales y la ausencia de una gestión coordinada.

Un registro incompleto

Sequeira recordó que durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) comenzó a elaborarse un registro de inmuebles estatales en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Posteriormente, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se creó el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado (PRUBIE). 

Actualmente, ese programa tiene registrados cerca de 11.000 inmuebles, pero el diputado señaló que se estima que el sector público posee más de 20.000 propiedades.

“Tenemos un cuello de botella importante”,dijo Sequeira, quien explicó que los organismos suelen ser “muy celosos” de sus inmuebles y que existen dificultades administrativas para incorporar la información.

“Hay desde problemas administrativos y que a veces no se sabe ni dónde están los registros, dónde están los títulos, no se sabe bien cuáles son los padrones que poseen”, agregó.

El legislador agregó que completar el registro no consiste simplemente en ingresar datos a una computadora, ya que en muchos casos es necesario revisar archivos físicos y localizar documentación.

“No es simplemente sentarse en una computadora, agarrar una carpetita y cargarla en un sistema”, dijo. Según explicó, la tarea requiere personal y tiempo, dos recursos que los organismos públicos suelen destinar a otras prioridades.

Una gestión con mayor flexibilidad

La agencia funcionará como una persona pública no estatal, una naturaleza jurídica que, según Sequeira, le permitirá actuar con mayor flexibilidad que el programa vigente.

El diputado cuestionó que el mecanismo utilizado hasta ahora para vender propiedades estatales —principalmente el remate— no siempre sea eficiente. “El remate no es necesariamente el mecanismo más eficiente para la venta de los inmuebles del Estado”, señaló.

Sequeira recordó que algunos bienes fueron ofrecidos varias veces sin interesados y que, en otros casos, se concretaron ventas por valores que no necesariamente resultaron adecuados.

Durante el gobierno de Lacalle Pou, explicó, el Ministerio del Interior (MI) tenía más de 150 inmuebles identificados para enajenar, pero solo pudo vender 15. Entre el MI y el Ministerio de Economía (MEF), agregó, se logró enajenar aproximadamente 20 propiedades.

La nueva agencia podrá administrar proyectos, transferir o disponer de bienes y asociarse con privados mediante sociedades comerciales, consorcios o fideicomisos. Para Sequeira, esas herramientas permitirán buscar nuevos usos para inmuebles deteriorados o que no resultan atractivos para una venta directa: “Tenemos bienes inmuebles que están deteriorados y que ni siquiera su enajenación es posible, porque no tenés un oferente en el sector privado que le pueda interesar ese inmueble”.

Como ejemplo, mencionó las posibilidades de recuperación y aprovechamiento que podría tener la estación de AFE. “No tiene por qué ser un destino único un bien inmueble”, dijo.

Las críticas de la oposición

La oposición cuestionó las amplias potestades previstas para la agencia. El diputado nacionalista Pablo Abdala la calificó como una “superinmobiliaria” y advirtió que sus facultades podrían derivar en una situación inconstitucional.

Sequeira respondió que los tres artículos aprobados en la Rendición de Cuentas establecen los lineamientos generales y los cometidos de la agencia, mientras que los detalles quedarán definidos en la reglamentación: “Recién tenemos los tres artículos votados y tenemos que aterrizarlo bastante más en la reglamentación”.

Según explicó, la normativa deberá establecer cómo se tasarán los inmuebles, cuáles serán los procedimientos para su enajenación y qué controles se aplicarán. Además, aseguró que cualquier venta requerirá una autorización explícita del Poder Ejecutivo: “Previa enajenación de un inmueble, tiene que haber una autorización explícita del Poder Ejecutivo”.

El directorio estará integrado por tres personas, designadas por el Poder Ejecutivo con participación del presidente y el Consejo de Ministros. Sequeira también afirmó que el MEF tendrá un control directo sobre la agencia y que el Tribunal de Cuentas participará en los controles correspondientes.

Sin impacto fiscal inmediato

El diputado reconoció que la agencia no generará ahorros significativos en el corto plazo. Antes será necesario completar el registro de inmuebles, relevar el gasto en alquileres, identificar las necesidades edilicias de los organismos y determinar qué propiedades pueden ser reutilizadas, transferidas o vendidas.

“Ni siquiera sabemos estrictamente qué cantidad de inmuebles tiene el Estado”, dijo. Por ese motivo, consideró que es imposible estimar cuánto dinero se podría ahorrar o cuánto se podría recaudar mediante la racionalización del patrimonio estatal.

También advirtió que el proceso llevará tiempo: “Todo esto va a llevar un proceso de maduración y no va a ser un resultado inmediato”. Y agregó: “Pensar que va a tener un impacto fiscal en lo inmediato o relevante en este período de gobierno es difícil”.

El objetivo, explicó, es construir una estructura que pueda mantenerse más allá de la actual administración: “La idea es dejar instalada de alguna forma una estructura que perdure en el tiempo y que logre destrabar todos estos cuellos de botella que tiene este tema”.

Desburocratizar el uso de los inmuebles

Ante las críticas de quienes consideran que la creación de la agencia implicará más burocracia, Sequeira sostuvo que el objetivo es el contrario.

“Es un razonamiento medio lineal pensar que porque creás una institucionalidad nueva es más burocracia”, dijo. Según explicó, el pasaje al ámbito del derecho público no estatal permitiría una gestión más flexible.

“Yo creo que ahí estás desburocratizando un montón, por más que estés creando una nueva institución”, agregó.

El diputado también descartó que se establezcan multas para los organismos que no completen la información sobre sus propiedades. En cambio, planteó que la solución podría consistir en asignar personal específico para esa tarea: “Si desde la agencia o desde Catastro se puede, en conjunto con ese organismo, poner una persona exclusivamente a realizar esa tarea, ahí sí podríamos destrabar un poco ese cuello de botella”.

El uso de inteligencia artificial

Consultado sobre la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para acelerar el relevamiento, Sequeira consideró que puede ser una herramienta útil, aunque no suficiente: “Si en el sector público se puede usar para un montón de cosas, tenemos que incorporarlo”

Sin embargo, advirtió que la tecnología no puede sustituir el trabajo de búsqueda y revisión de los documentos físicos: “La inteligencia artificial no puede ir a los archivos del Estado a sacar cajas de expedientes y a buscar títulos y cargar esa información”.

Por eso, concluyó que será necesaria una combinación entre herramientas tecnológicas y trabajo presencial en los organismos públicos: “Esa sinergia que hay que tener con los organismos públicos es condición necesaria para que todo esto funcione”.

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Foto: Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior trasladó ayer a 796 mujeres privadas de libertad desde la Unidad Nº 5 de Colón hacia el nuevo establecimiento penitenciario de Punta de Rieles.

Según informó la cartera en un comunicado, el operativo se desarrolló bajo un "fuerte dispositivo de seguridad", con ómnibus custodiados y supervisión de autoridades nacionales.

El ministerio destacó que la nueva cárcel representa "un hito", al tratarse del primer centro penitenciario del país construido específicamente para alojar a mujeres. Además, señaló que el establecimiento cuenta con mejores condiciones de habitabilidad y una infraestructura diseñada con perspectiva de género, con sectores diferenciados para el ingreso de internas, mujeres trans y personas próximas a recuperar la libertad.

La apertura del nuevo recinto busca dar respuesta a los problemas de hacinamiento que presentaba la cárcel de Colón, cuya situación había motivado un fallo judicial que ordenaba limitar nuevos ingresos, reforzar la dotación de funcionarios y realizar obras urgentes para mejorar las condiciones de infraestructura y seguridad.

Romina Andrioli conversó con Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación.

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Foto: En Perspectiva

Fragmento de entrevista: “Lo esperable es que los delitos bajen” porque la Policía mejora su desempeño de forma constante pero la “mayor demanda de drogas” genera la suba de homicidios, dice el Dr. Diego Sanjurjo (Ministerio del Interior)

El aumento de 6,6% en los homicidios durante el primer semestre, informado esta semana por el Ministerio del Interior, no solo reavivó el debate sobre la seguridad pública, sino también sobre la forma en que se elaboran y presentan las estadísticas oficiales. 

Desde la oposición, el senador Pedro Bordaberry dijo que “es raro el informe de la Aeca (Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior); elige años contra los que compararse ; hay que llevarla de una vez al INE y así evitar el sesgo político”.

Además, Bordaberry insistió con pasar las estadísticas al Instituto Nacional de Estadística, cosa que estaba en las bases programáticas del Frente Amplio: “En lo respectivo a las estadísticas, el Observatorio de Criminalidad que lleva adelante el Ministerio del Interior; pasará a depender del INE, a efectos de lograr generar informes objetivos y fehacientes”.

El director del Área de Estadística y Criminología Aplicada, Diego Sanjurjo, respondió en diálogo con En Perspectiva y dijo que el área que dirige apoya al ministerio y a la policía de forma técnica y siguiendo estándares internacionales. 

El jerarca sostuvo que “no le gustan” las críticas que recibe de su propio partido pero precisó que ha explicado el alcance y la metodología de su tarea ante las autoridades coloradas y la mayoría lo ha respaldado.

“Yo entiendo que el país tiene que estar por encima de lo político partidario. No entro en cuestiones políticas del Ministerio del Interior, no tomo las decisiones. Me estoy encargando de hacer las estadísticas de la forma más objetiva posible. Todas las decisiones que tomamos tienen una causa técnica. Incluso qué años escogemos. Estoy haciendo lo mejor que puedo y sé que la mayoría de los integrantes del Partido Colorado me apoyan porque me lo han comunicado. Los que no, intentaré convencerlos”.

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Foto: En Perspectiva

Uruguay comenzó el 2026 con el semestre más violento desde el año 2018.

Así lo marcan los datos oficiales del Ministerio del Interior, difundidos ayer: hubo un total de 195 homicidios entre enero y junio, un 6,6% más que en el mismo período del año pasado.

El informe incluye varios detalles a tener en cuenta. 

• El aumento de los asesinatos fue especialmente fuerte entre abril y junio.
• La violencia se concentró en Montevideo y Canelones pero bajó en otros puntos que eran de preocupación como Rivera o Durazno.
• Aumentó el uso de armas de fuego en enfrentamientos y hubo más homicidios de niños, niñas y adolescentes.
• Las denuncias de delitos en general bajaron un 3,7% en la comparación con el mismo semestre del año pasado y cayeron los femicidios y los homicidios en cárceles.
• Bajaron los delitos de violencia basada en género y los que son contra la propiedad, excepto las estafas.

¿Cómo observa estos números el Ministerio del Interior? ¿Para qué usará esta información la Policía? ¿Permiten concluir que hay fallas en la estrategias y planes de seguridad del gobierno? ¿Cómo queda Uruguay en la comparación regional con estas cifras?

Emiliano Cotelo conversó con el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, el Dr. Diego Sanjurjo.

Diego Sanjurjo

• Gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior (AECA).
• Politólogo
• Posgrado en políticas públicas y seguridad ciudadana
• En el gobierno anterior fue coordinador de Estrategias de Seguridad Integral y Preventivas

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Los homicidios en Uruguay crecieron 6,6% en el primer semestre en comparación con el mismo período del año pasado, según datos divulgados ayer por el Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior.

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Foto: adhocFotos

El Frente Amplio reafirmó que el convenio entre los ministerios de Interior y Defensa para utilizar vehículos blindados del ejército en tareas de seguridad pública no implicará que haya efectivos militares “directamente” implicados en el combate al delito.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, explicó ayer los alcances del acuerdo en comisión de la Cámara de Diputados, pero al final de la comparecencia no brindó declaraciones.

En rueda de prensa, el diputado del Movimiento de Participación Popular, Carlos Rodríguez, afirmó que la ministra dejó en claro que el acuerdo se limita a una colaboración entre ambas carteras para poner a disposición del Ministerio del Interior este tipo de vehículos y que no habrá una “militarización” de la seguridad pública. 

Según Rodríguez, Lazo explicó que a través del convenio, Defensa puso a disposición de Interior hasta 12 vehículos blindados de cuatro modelos diferentes. Uno de ellos, es el Cóndor cuyo manejo estará a cargo de 18 efectivos policiales que se están capacitando en Florida. Otro modelo que podría utilizarse es el Mamba MK7 donado por Estados Unidos para misiones de paz. 

Rodríguez explicó que por las condiciones de la donación, los Mamba sólo pueden ser conducidos por personal militar. Por eso, si Interior llega a utilizar este modelo será necesario recurrir a una comisión de servicios o aprobar una ley específica que habilite esa función.

“Allí probablemente haya que utilizar la comisión de servicios, es decir, en caso de ser utilizados, que el personal militar que los vaya a manejar pase al Ministerio del Interior, o generar algún proyecto de ley que lo habilite, como se hizo con la Ley de Fronteras o con el guardia de cárcel. La ministra fue muy clara en eso. Su opinión es que sería mucho más seguro para los efectivos militares poder contar con una reglamentación, en este caso una ley específica sobre eso”, sostuvo el legislador del FA.

Desde la oposición cuestionaron tienen otras lecturas. Por eso, Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con el diputado Gabriel Gianoli, de Alianza País (Partido Nacional).

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Presenta: Lenovo

Foto: Presidencia

La Policía Nacional anunció el despliegue de drones en la zona metropolitana y la frontera con Brasil

El director del Centro de Comando Unificado (CCU), Víctor Torres, declaró al portal de Presidencia de la República, que los drones son utilizados para apoyar los operativos policiales, las emergencias y los incendios. 

Además, estas aeronaves, tanto de operación manual como autónoma, serán utilizadas próximamente para reforzar la vigilancia en la zona rural, adelantó el director.

En el espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación, Romina Andrioli profundiza sobre con Víctor Torres, director del Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior.

La entrada Drones en cada comisaria serán la primera respuesta mientras va la Policía en camino: Ministerio del Interior usará esta tecnología para frontera y zona rural se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Ejército Nacional

Luego de una semana de polémica por el anuncio del gobierno de que preveía emplear vehículos militares en operativos policiales en barrios violentos, el viernes pasado los ministerios de Defensa e Interior firmaron el convenio a esos efectos.

El texto pone a disposición de la Policía Nacional 12 vehículos blindados de cinco tipos diferentes, que serán solicitados según el diseño de cada operativo. 

En principio los conductores serán policías entrenados previamente por el Ministerio de Defensa pero en algunas ocasiones esa tarea podría quedar en manos de un soldado.

“Este convenio aplica para la capacitación de quienes van a estar conduciendo estos vehículos por tanto hablar de militarización creo que no corresponde, no está contemplada la militarización en el Plan de Seguridad, todo lo contrario.” 

Así la ministra de Defensa, Sandra Lazo, rechazaba algunas de las críticas que había recibido la iniciativa, sobre todo en la izquierda. 

De todos modos, la oposición, que en general está de acuerdo con la medida, denuncia que todo este proceso ha estado pautado por la improvisación y advierte que los militares que eventualmente deban manejar los blindados en operaciones policiales lo harán “regalados”, si no existe una ley que regule específicamente estos casos.

En estos días escuchamos sobre este tema una cantidad de voces, desde el Poder Ejecutivo, el Parlamento y los sindicatos policiales.

En esta ocasión y ahora que la información está más clara, con el convenio incluso ya divulgado, sumamamos una lectura desde las Fuerzas Armadas.

Emiliano Cotelo conversó con el coronel retirado Gustavo Vila, que perteneció al arma de Infantería del Ejército, es Licenciado en Ciencias Militares (Instituto Militar de Estudios Superiores) y Magíster en Estrategia Nacional (CALEN). Además se desempeña como docente en esas dos instituciones.

Gustavo Vila

• Coronel retirado del Arma de Infantería del Ejército Nacional
• Magíster en Estrategia Nacional (CALEN)
• Licenciado en Ciencias Militares (Instituto Militar de Estudios Superiores)
• Director del posgrado en Inteligencia Estratégica (CALEN)
• Participó en misiones en Haití, Congo y Sinaí

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La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Ana Laura Pérez, Tomás Teijeiro y Daoiz Uriarte

El presidente Yamandú Orsi aseguró que la decisión de utilizar vehículos militares como apoyo en operativos policiales “está tomada”, aunque todavía deben resolverse algunos aspectos jurídicos.

El tema será analizado el viernes en el Consejo de Ministros. Todavía no está definido si los militares portarán armamento, ni cuál será el régimen de responsabilidad legal si deben usar la fuerza. Y aun persisten dudas sobre si efectivamente serán los vehículos Mamba los que se utilicen, dado que EEUU los donó para Misiones de Paz y esto implicaría un fin distinto.  

De todas formas, mientras se continúa negociando el acuerdo entre el Ministerio de Defensa e Interior, las repercusiones políticas se han suecedido por diversos lados desde que se conocio la noticia.

En una rueda de prensa, ayer en Treinta y Tres, Orsi afirmó que el Estado no puede escatimar recursos ante el avance del crimen organizado.

Más temprano, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, advirtió, entrevistado en el programa Arriba Gente, de Canal 10, que la presencia de vehículos del Ejército en las calles puede generar una imagen negativa en la población.

“Convengamos que para el conjunto de la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es una buena cosa (…) Hay veces que hay que tener mucho cuidado en la frontera de las responsabilidades que tiene la Policía como guardia civil de la seguridad pública, y la que tiene el Ejército como defensa de la soberanía. Es una cosa bastante distinta. Hay que tratar de no confundir roles”.

Además, el ministro aseguró que él no tenía información sobre esta propuesta o decisión adoptada entre el presidente Orsi, la ministra de Defensa y el ministro del Interior.

Durante su encuentro con periodistas, Orsi fue consultado por los dichos de Castillo:  

“Acá no es un tema de imagen; acá es un tema de acción, acá hay que resolver. Lo que cada uno piense los profundizaremos en el próximo gabinete. Está clarísimo: la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad y ahí no podemos escatimar ningún esfuerzo. Todos los recursos que tengamos serán puestos para que la gente mejore, no un tema de imagen ni de sensación, sino que podamos resolver un problema que ya es internacional. El crimen organizado se viene con todo y no nos podemos detener”.

El semanario Búsqueda informa que en Presidencia generaron “malestar” los dichos de Castillo, dado que a fines de mayo, en un Consejo de Ministros, Oris había pedido a sus secretarios de Estado que se comunicaran más entre ellos, e instó a que evitaran contradicciones públicamente. 

Por su parte, el exministro del Interior Nicolás Martinelli afirmó ayer que la decisión de utilizar vehículos blindados del Ejército en operativos policiales responde al “fracaso de la gestión” de Carlos Negro, pero señaló que es una herramienta válida:  

"Yo entiendo la traba ideológica que hay en la izquierda, porque el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, el secretario de Presidencia, el excandidato Daniel Martínez y cuantos otros más, todos y cada uno de ellos se opusieron siempre, por razones ideológicas, a que los militares colaboraran con la Policía. Hay otros países que lo hacen y es una herramienta válida. No va a funcionar por sí sola. Tienen que funcionar otros elementos".

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