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Los diputados Mariano Tucci (MPP-Frente Amplio) y Pablo Abdala (Partido Nacional), integrantes de la comisión, participaron por vía telefónica de la entrevista con Romina Andrioli en En Perspectiva, para analizar lo que dejó la presentación del ministro Negro, quien atribuyó el aumento de los homicidios a la violencia entre bandas criminales y anunció que en noviembre se abrirá un llamado para incorporar mil nuevos policías a la Jefatura de Montevideo.

Según las cifras presentadas, en los primeros nueve meses del año se registraron 312 homicidios, un 13% más que en igual período de 2025. El ministro defendió los operativos Atenea, Argos y Dominio, desplegados en zonas con altos índices de violencia, y aseguró que permitieron reducir los homicidios en algunos territorios más de un 40%.

Abdala: “Decepción y preocupación”

Abdala, exsubsecretario del Ministerio del Interior en el período anterior, dijo que la comparecencia le generó “mucha decepción y bastante preocupación”. A su juicio, las cifras “son muy elocuentes y son malas noticias”. Señaló que los homicidios muestran una tendencia creciente en los tres trimestres de 2026, que van “de la mano con un aumento significativo de los heridos de armas de fuego” y con una caída en los esclarecimientos de homicidios, algo que, dijo, “tiene que ver directamente con la eficacia policial”.

El diputado nacionalista advirtió además sobre un cambio en los delitos contra la propiedad: aunque a nivel nacional la baja es “testimonial”, en Montevideo, donde se concentraron los operativos, crecieron las rapiñas y los hurtos. “Por primera vez en por lo menos siete años hubo 188 rapiñas más y más de 1300 hurtos más que en el mismo período del año anterior”, sostuvo.

Sobre los operativos, Abdala citó que la directora de Información e Inteligencia Policial había reconocido en el Senado que alcanzan apenas el 0,5% de la superficie de Montevideo y el 2% de su población, por lo que “el delito, la violencia y la criminalidad se le muda a otras zonas”. Afirmó que el 2026 podría ser el año con más homicidios desde que hay registros, al superar los 420 de 2018.

Respecto del Plan Nacional de Seguridad, que tiene siete meses, dijo que “quedó confirmado que era una recopilación de cosas que ya se hacen” y lo calificó de “cáscara vacía”. Reclamó concretar anuncios como el control de armas y municiones, medidas contra el uso de motos en delitos, cárceles de máxima seguridad y más tiempo de detención para sospechosos.

También cuestionó el liderazgo: “Aquí hay un fracaso en la conducción”, afirmó, y objetó “la injerencia de la Presidencia de la República en la conducción del Ministerio”. Aclaró que no pedirá la renuncia del ministro, “porque ya sabemos que es la mejor forma de atornillarlo”, pero sostuvo que “se ha quedado sin capacidad de reacción”. Agregó que votó el presupuesto del Ministerio en lo que le pareció positivo y que no hace “una oposición cerril”.

Tucci: “Leer las cifras completas”

Tucci pidió mirar “el global y no lo que me conviene” y leer las cifras “sin esconder lo malo y sin ignorar lo bueno”. Reconoció que los homicidios aumentaron (312 hasta setiembre, contra 275 el año pasado, la cifra más alta en seis años) y que los heridos por armas de fuego subieron de 846 a 960. Pero sostuvo que los delitos contra la propiedad “vienen en baja sostenida”: según dijo, las rapiñas cayeron casi 38% respecto a 2021 y los hurtos bajaron 8,4%.

El diputado oficialista subrayó que más de la mitad de los homicidios se clasifican como ajustes de cuentas, lo que “no consuela absolutamente a nadie, pero claramente cambia el diagnóstico”. Si el problema son las armas y las disputas entre bandas, dijo, la respuesta pasa por “inteligencia, investigación, presencia territorial, persecución financiera y coordinación institucional”, y no “exclusivamente con más patrulleros en la calle”.

Sobre el plan, indicó que tiene siete ejes, 74 acciones y más de 130 medidas, y que fue pensado para actuar durante diez años. Mencionó que la formación policial pasó de seis a nueve meses y que, según informó el ministro, se afectaron 22 estructuras criminales en 24 operaciones. En los cuadrantes donde se aplica Atenea, añadió, los homicidios disminuyeron 42% y los heridos por armas de fuego 27%, porcentajes que corresponden a las zonas intervenidas y no al total del país.

Frente a los cuestionamientos, afirmó: “Que no estemos conformes no quiere decir que haya que cambiar de rumbo cada vez que una curva sube”. Y agregó: “La seguridad no se arregla cambiando el ministro, si se arreglara así ya estaría resuelta”. Recordó que en junio hubo cambios en la cúpula policial, en la Guardia Republicana, en la Jefatura de Montevideo, en Investigaciones y en Asuntos Internos, y que eso es “evaluar resultados”, no debilidad. “Lo que hace falta es persistencia, coordinación, inteligencia, recursos y un plan que sobreviva a un gobierno”, concluyó.

¿Hay margen para un acuerdo?

Consultados sobre la posibilidad de un entendimiento entre partidos, ambos reconocieron las dificultades. Tucci dijo que comparte la sensación de la audiencia de que “parece un diálogo de sordos”, pero defendió la necesidad de “un esfuerzo mayor de todos los partidos políticos, empezando por el mío, para tratar de tener una síntesis colectiva”. Abdala, por su parte, planteó que “liderazgo es también construir los consensos” y sostuvo que el ministro no supo generar una instancia de diálogo el año pasado, en la que la oposición fue “convidada de piedra”. Y remarcó: “Nosotros tenemos que acompañar todo lo que podamos acompañar y votar a favor de lo que es bueno. Pero para eso está la oposición, para señalar las cosas que están mal”.

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La Tertulia de los Miércoles con Santiago Caramés, Rodrigo Coniglio, Patricia González y Desireé Pagliarini

Uruguay registró 312 homicidios entre enero y setiembre de este año, lo que representa un aumento del 13% respecto al mismo período del 2025, cuando hubo 275. La cifra es la más alta de los últimos seis años, según un informe divulgado por el Ministerio del Interior.

Los asesinatos aumentaron trimestre a trimestre, con 97 casos entre enero y marzo, 104 entre abril y junio y 111 entre julio y setiembre.

Las estadísticas muestran que el 73 % de los homicidios, unos 229 casos, fueron cometidos con armas de fuego, la proporción más elevada desde que comenzaron los registros en 2013.

Además, el 54 % de los asesinatos fue clasificado como ajustes de cuentas o conflictos entre criminales, mientras que el 8 % respondió a altercados espontáneos y otro 8% a situaciones de violencia doméstica.

El 56 % de las víctimas tenía antecedentes penales, una proporción que casi duplica la registrada en 2013. El 88% de las personas asesinadas fueron hombres y casi 70% tenían entre 18 y 38 años.

En cuanto al esclarecimiento, el 58% de los homicidios registrados este año fue aclarado, mientras que el 42% permanece sin resolver. El porcentaje es inferior al 68 % correspondiente a 2025, aunque el Ministerio del Interior advierte que las investigaciones más recientes todavía pueden avanzar.

El reporte también indica que el 63 % de los asesinatos ocurrió en la vía pública u otros espacios abiertos y el 29% en viviendas. Respecto a los horarios, el 41 % se produjo entre las 22:00 y las 5:59 de la mañana.

Continúa en: Gobierno remitió al Parlamento proyecto de ley sobre ciudadanos legales

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Los homicidios aumentaron 13,5% en los primeros nueve meses de 2026, en comparación con igual período de 2025, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior. En total se registraron 312 asesinatos, frente a los 275 del año anterior. En el tercer trimestre fueron 111, un 20,7% más que en el mismo período de 2025.

En una entrevista telefónica con Romina Andrioli en En Perspectiva, el doctor en Sociología Rafael Paternain señaló que el aumento de la violencia letal contrasta con el comportamiento de otros delitos. “Hay un proceso de desacople entre la violencia letal, la violencia interpersonal que se incrementa con relación al año pasado, y una disminución, moderada, pero disminución al fin, del resto de los delitos”, explicó.

El informe muestra que el total de delitos denunciados bajó 0,6% en los primeros nueve meses del año. Entre los delitos contra la propiedad, disminuyeron las rapiñas, los hurtos, los vehículos hurtados, los abigeatos y los daños. En cambio, aumentaron 3% las estafas y los fraudes informáticos. Para Paternain, la reducción de algunos delitos puede estar relacionada con una reconfiguración de las modalidades delictivas, entre ellas el crecimiento de las ciberestafas y de delitos asociados a economías ilegales.

El incremento de los homicidios, en cambio, se concentró principalmente en la capital. “El incremento es prioritariamente en Montevideo, o sea, tiene un efecto de concentración territorial muy grande”, dijo Paternain. Agregó que el aumento se registra en algunos barrios, mientras que la tasa se mantiene prácticamente incambiada en el resto del país. “Las transformaciones que hubo, sobre todo a nivel de la zona noreste de la seccional 18 de Montevideo y de la zona de la seccional 16 más centro norte, explican un porcentaje muy significativo de ese aumento”, señaló.

El sociólogo también llamó la atención sobre el aumento de las armas de fuego y de las personas heridas de bala. En los primeros nueve meses del año hubo 960 personas heridas por disparos, frente a 846 en 2025. Además, se registraron 18 víctimas menores de edad, cuatro más que en el mismo período del año anterior. “Eso está hablando de una tendencia, pero al mismo tiempo esas tendencias están localizadas, tienen ciertas características y recrudecen o intensifican algunos de los patrones más negativos”, sostuvo.

Consultado sobre si las operaciones policiales contra organizaciones del narcotráfico podían estar vinculadas con el aumento de la violencia, Paternain respondió: “Yo no me animaría a decir de manera directa” que esas intervenciones expliquen el incremento de los homicidios. No obstante, dijo que “parece haber una correspondencia entre el aumento de estos niveles de violencia, algunos niveles de desplazamiento y la intensificación de los dispositivos policiales”, sobre todo por la presencia policial en determinados lugares. Aclaró que esa relación debe estudiarse con más información y que “nada es directo”.

Según explicó, los controles, la vigilancia y los operativos pueden modificar las dinámicas de un territorio y provocar desplazamientos o fragmentaciones. “La propia lógica de la política, de los controles territoriales, de golpear sobre ciertos puntos, de intensificar vigilancia, controles, seguimientos, operativos, genera efectos de desplazamiento, de fragmentación, de desorganización de ciertas dinámicas”, dijo. Esos cambios, añadió, pueden tener “consecuencias de rebote” y contribuir a un aumento de la violencia.

Sobre el Plan Nacional de Seguridad Pública, Paternain sostuvo que el documento identifica varias de estas dinámicas, pero que hace falta revisar cómo se lleva adelante la estrategia. “Hay una necesidad allí de reconsiderar, de reconfigurar la estrategia o de repensar”, planteó. Entre las alternativas, mencionó una política más amplia, que además de las acciones policiales y penales atienda las bases sociales de la segregación y la exclusión.

El sociólogo cuestionó que el aumento de la violencia pueda presentarse como una consecuencia de que se está actuando correctamente. “Esta idea de que en realidad incrementa se la violencia porque estamos haciendo las cosas bien, a mí nunca me pareció demasiado convincente”, dijo. “El país está perdiendo más vidas, hay más heridos, hay más daño, hay más dolor, hay más erosión de los capitales sociales, hay más sufrimiento social”, agregó.

“No es un dato auspicioso bajo ninguna circunstancia”, resumió Paternain sobre el aumento de los homicidios. A su juicio, el desafío inmediato es reducir los niveles más extremos de violencia y, al mismo tiempo, sostener las medidas en el tiempo. Dijo que el Gobierno debe reinterpretar la situación y avanzar hacia “una fase más ambiciosa de implementación” de la política de seguridad.

Material complementario

Accedé aquí al reporte mensual de indicadores delictivos (enero-setiembre de 2026) e informe trimestral del Ministerio del Interior

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El informe del Ministerio del Interior compara los registros de todo el país y muestra que, entre enero y setiembre de 2026, los homicidios aumentaron 13,5% respecto al mismo período de 2025, mientras que el total de delitos disminuyó 0,6%.

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¿Qué significa hoy prepararse para ser policía?

Mil aspirantes están por comenzar su formación bajo un nuevo esquema nacional anunciado por el Ministerio del Interior.

Esta nueva etapa incluye cambios en la extensión de la formación de los Policías -que pasa de ser de tres a nueve meses-, se incorporan prácticas en territorio y se busca que la capacitación se pueda hacer en todo el país.

¿Cómo es ese proceso? ¿Qué cambia en la preparación de quienes ingresen y qué perfil de policía se busca formar?

Para conocer los detalles y el alcance de esta nueva etapa, Romina Andrioli conversó con el Director Nacional de Educación Policial, Henry De León.

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Foto: Pablo Vignali / adhocFotos

La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Miguel Brechner, Casilda Echevarría y Lucía Zapata

El edil de Montevideo por el Partido Nacional, Gonzalo Gómez, pidió disculpas a su partido y a su agrupación y anunció que desvinculó de su equipo de asesores a Pablo Leiva, que el viernes fue condenado en el marco de una investigación por la incautación de más de 260 kilos de drogas. Gómez dijo asumir la responsabilidad que le corresponde por “no haber sido suficientemente precavido” al incorporarlo y aseguró que desconocía cualquier posible vinculación de Leiva con los hechos investigados.

Entre los detenidos inicialmente también estuvo el hijo de Pablo Leiva, Lucio, director de la Juventud de Montevideo del Partido Nacional y también asesor de Gómez. Sin embargo, posteriormente fue liberado y quedó desafectado de la investigación.

Gómez, integrante de la lista 250 que lidera Jorge Gandini y miembro del Directorio del Partido Nacional en representación de la Juventud, había designado como asesores tanto al padre como al hijo.

El edil, que se encuentra en China participando de un seminario, defendió a Lucio Leiva, a quien definió como un amigo y una persona de su confianza, y sostuvo que no corresponde atribuirle responsabilidades por los hechos investigados respecto de su padre. Sobre Pablo Leiva, afirmó que nunca tuvo conocimiento ni sospechas de que pudiera estar involucrado en actividades ilícitas y manifestó su confianza en que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes.

El caso se originó en la Operación Trazador, desarrollada el jueves en una vivienda de Brazo Oriental, donde fueron incautados más de 260 kilos de cocaína y pasta base, además de vehículos, armas y dinero. Cuatro personas —tres hombres y una mujer— fueron detenidas. El ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que entre los arrestados estaba “uno de los líderes de las bandas que estaban asolando Montevideo con violencia”.

Viene de: P. Colorado y P. Nacional conmemoraron los 190 años de la batalla de Carpintería

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

La Tertulia de los Miércoles con Pablo Díaz, Juan Erosa, Elena Grauert y Lucía Zapata

Nueve policías de las jefaturas de Montevideo, Maldonado y Canelones fueron detenidos este lunes como parte de la investigación en la que se desbarató una red dedicada a obtener beneficios económicos a partir de reclamaciones vinculadas con siniestros de tránsito.

La investigación, encabezada por Asuntos Internos del Ministerio del Interior y coordinada con las fiscalías de Toledo y de Crimen Organizado, ya derivó en diez condenas y dos formalizaciones. Los investigadores estiman que la maniobra involucraría a unas 60 personas, entre funcionarios públicos, abogados y gestores.

Las defensas de ocho de los nueve policías detenidos accedieron a un acuerdo con la Fiscalía y aceptaron que fueran condenados mediante un proceso abreviado, con penas de 14 meses, 16 meses y dos años de prisión, según informó El Observador. Los delitos atribuidos son asociación para delinquir especialmente agravada, reiterados delitos de cohecho calificado especialmente agravado y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada. El noveno policía fue imputado por los mismos delitos y cumple arresto domiciliario.

Según la investigación fiscal, abogados captaban a personas que habían sufrido accidentes para gestionar reclamos ante el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y quedarse con parte de las indemnizaciones.

El caso avanzó después de que una víctima denunciara amenazas al intentar dejar de trabajar con los abogados; el acceso autorizado a mensajes permitió detectar intercambios de información entre policías y profesionales.

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La Cámara de Diputados aprobó, durante la discusión de la Rendición de Cuentas, la creación de la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales. La iniciativa contó con los votos del Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA) y busca ordenar, administrar y mejorar el aprovechamiento de los bienes inmuebles que pertenecen al Estado.

El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Joaquín Sequeira, dijo en diálogo con Emiliano Cotelo y Romina Andrioli en En Perspectiva que la nueva agencia procura resolver un problema que se “arrastra” desde hace varios gobiernos: la falta de información completa sobre las propiedades estatales y la ausencia de una gestión coordinada.

Un registro incompleto

Sequeira recordó que durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) comenzó a elaborarse un registro de inmuebles estatales en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Posteriormente, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, se creó el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado (PRUBIE). 

Actualmente, ese programa tiene registrados cerca de 11.000 inmuebles, pero el diputado señaló que se estima que el sector público posee más de 20.000 propiedades.

“Tenemos un cuello de botella importante”,dijo Sequeira, quien explicó que los organismos suelen ser “muy celosos” de sus inmuebles y que existen dificultades administrativas para incorporar la información.

“Hay desde problemas administrativos y que a veces no se sabe ni dónde están los registros, dónde están los títulos, no se sabe bien cuáles son los padrones que poseen”, agregó.

El legislador agregó que completar el registro no consiste simplemente en ingresar datos a una computadora, ya que en muchos casos es necesario revisar archivos físicos y localizar documentación.

“No es simplemente sentarse en una computadora, agarrar una carpetita y cargarla en un sistema”, dijo. Según explicó, la tarea requiere personal y tiempo, dos recursos que los organismos públicos suelen destinar a otras prioridades.

Una gestión con mayor flexibilidad

La agencia funcionará como una persona pública no estatal, una naturaleza jurídica que, según Sequeira, le permitirá actuar con mayor flexibilidad que el programa vigente.

El diputado cuestionó que el mecanismo utilizado hasta ahora para vender propiedades estatales —principalmente el remate— no siempre sea eficiente. “El remate no es necesariamente el mecanismo más eficiente para la venta de los inmuebles del Estado”, señaló.

Sequeira recordó que algunos bienes fueron ofrecidos varias veces sin interesados y que, en otros casos, se concretaron ventas por valores que no necesariamente resultaron adecuados.

Durante el gobierno de Lacalle Pou, explicó, el Ministerio del Interior (MI) tenía más de 150 inmuebles identificados para enajenar, pero solo pudo vender 15. Entre el MI y el Ministerio de Economía (MEF), agregó, se logró enajenar aproximadamente 20 propiedades.

La nueva agencia podrá administrar proyectos, transferir o disponer de bienes y asociarse con privados mediante sociedades comerciales, consorcios o fideicomisos. Para Sequeira, esas herramientas permitirán buscar nuevos usos para inmuebles deteriorados o que no resultan atractivos para una venta directa: “Tenemos bienes inmuebles que están deteriorados y que ni siquiera su enajenación es posible, porque no tenés un oferente en el sector privado que le pueda interesar ese inmueble”.

Como ejemplo, mencionó las posibilidades de recuperación y aprovechamiento que podría tener la estación de AFE. “No tiene por qué ser un destino único un bien inmueble”, dijo.

Las críticas de la oposición

La oposición cuestionó las amplias potestades previstas para la agencia. El diputado nacionalista Pablo Abdala la calificó como una “superinmobiliaria” y advirtió que sus facultades podrían derivar en una situación inconstitucional.

Sequeira respondió que los tres artículos aprobados en la Rendición de Cuentas establecen los lineamientos generales y los cometidos de la agencia, mientras que los detalles quedarán definidos en la reglamentación: “Recién tenemos los tres artículos votados y tenemos que aterrizarlo bastante más en la reglamentación”.

Según explicó, la normativa deberá establecer cómo se tasarán los inmuebles, cuáles serán los procedimientos para su enajenación y qué controles se aplicarán. Además, aseguró que cualquier venta requerirá una autorización explícita del Poder Ejecutivo: “Previa enajenación de un inmueble, tiene que haber una autorización explícita del Poder Ejecutivo”.

El directorio estará integrado por tres personas, designadas por el Poder Ejecutivo con participación del presidente y el Consejo de Ministros. Sequeira también afirmó que el MEF tendrá un control directo sobre la agencia y que el Tribunal de Cuentas participará en los controles correspondientes.

Sin impacto fiscal inmediato

El diputado reconoció que la agencia no generará ahorros significativos en el corto plazo. Antes será necesario completar el registro de inmuebles, relevar el gasto en alquileres, identificar las necesidades edilicias de los organismos y determinar qué propiedades pueden ser reutilizadas, transferidas o vendidas.

“Ni siquiera sabemos estrictamente qué cantidad de inmuebles tiene el Estado”, dijo. Por ese motivo, consideró que es imposible estimar cuánto dinero se podría ahorrar o cuánto se podría recaudar mediante la racionalización del patrimonio estatal.

También advirtió que el proceso llevará tiempo: “Todo esto va a llevar un proceso de maduración y no va a ser un resultado inmediato”. Y agregó: “Pensar que va a tener un impacto fiscal en lo inmediato o relevante en este período de gobierno es difícil”.

El objetivo, explicó, es construir una estructura que pueda mantenerse más allá de la actual administración: “La idea es dejar instalada de alguna forma una estructura que perdure en el tiempo y que logre destrabar todos estos cuellos de botella que tiene este tema”.

Desburocratizar el uso de los inmuebles

Ante las críticas de quienes consideran que la creación de la agencia implicará más burocracia, Sequeira sostuvo que el objetivo es el contrario.

“Es un razonamiento medio lineal pensar que porque creás una institucionalidad nueva es más burocracia”, dijo. Según explicó, el pasaje al ámbito del derecho público no estatal permitiría una gestión más flexible.

“Yo creo que ahí estás desburocratizando un montón, por más que estés creando una nueva institución”, agregó.

El diputado también descartó que se establezcan multas para los organismos que no completen la información sobre sus propiedades. En cambio, planteó que la solución podría consistir en asignar personal específico para esa tarea: “Si desde la agencia o desde Catastro se puede, en conjunto con ese organismo, poner una persona exclusivamente a realizar esa tarea, ahí sí podríamos destrabar un poco ese cuello de botella”.

El uso de inteligencia artificial

Consultado sobre la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para acelerar el relevamiento, Sequeira consideró que puede ser una herramienta útil, aunque no suficiente: “Si en el sector público se puede usar para un montón de cosas, tenemos que incorporarlo”

Sin embargo, advirtió que la tecnología no puede sustituir el trabajo de búsqueda y revisión de los documentos físicos: “La inteligencia artificial no puede ir a los archivos del Estado a sacar cajas de expedientes y a buscar títulos y cargar esa información”.

Por eso, concluyó que será necesaria una combinación entre herramientas tecnológicas y trabajo presencial en los organismos públicos: “Esa sinergia que hay que tener con los organismos públicos es condición necesaria para que todo esto funcione”.

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Foto: Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior trasladó ayer a 796 mujeres privadas de libertad desde la Unidad Nº 5 de Colón hacia el nuevo establecimiento penitenciario de Punta de Rieles.

Según informó la cartera en un comunicado, el operativo se desarrolló bajo un "fuerte dispositivo de seguridad", con ómnibus custodiados y supervisión de autoridades nacionales.

El ministerio destacó que la nueva cárcel representa "un hito", al tratarse del primer centro penitenciario del país construido específicamente para alojar a mujeres. Además, señaló que el establecimiento cuenta con mejores condiciones de habitabilidad y una infraestructura diseñada con perspectiva de género, con sectores diferenciados para el ingreso de internas, mujeres trans y personas próximas a recuperar la libertad.

La apertura del nuevo recinto busca dar respuesta a los problemas de hacinamiento que presentaba la cárcel de Colón, cuya situación había motivado un fallo judicial que ordenaba limitar nuevos ingresos, reforzar la dotación de funcionarios y realizar obras urgentes para mejorar las condiciones de infraestructura y seguridad.

Romina Andrioli conversó con Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación.

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Foto: En Perspectiva

Fragmento de entrevista: “Lo esperable es que los delitos bajen” porque la Policía mejora su desempeño de forma constante pero la “mayor demanda de drogas” genera la suba de homicidios, dice el Dr. Diego Sanjurjo (Ministerio del Interior)

El aumento de 6,6% en los homicidios durante el primer semestre, informado esta semana por el Ministerio del Interior, no solo reavivó el debate sobre la seguridad pública, sino también sobre la forma en que se elaboran y presentan las estadísticas oficiales. 

Desde la oposición, el senador Pedro Bordaberry dijo que “es raro el informe de la Aeca (Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior); elige años contra los que compararse ; hay que llevarla de una vez al INE y así evitar el sesgo político”.

Además, Bordaberry insistió con pasar las estadísticas al Instituto Nacional de Estadística, cosa que estaba en las bases programáticas del Frente Amplio: “En lo respectivo a las estadísticas, el Observatorio de Criminalidad que lleva adelante el Ministerio del Interior; pasará a depender del INE, a efectos de lograr generar informes objetivos y fehacientes”.

El director del Área de Estadística y Criminología Aplicada, Diego Sanjurjo, respondió en diálogo con En Perspectiva y dijo que el área que dirige apoya al ministerio y a la policía de forma técnica y siguiendo estándares internacionales. 

El jerarca sostuvo que “no le gustan” las críticas que recibe de su propio partido pero precisó que ha explicado el alcance y la metodología de su tarea ante las autoridades coloradas y la mayoría lo ha respaldado.

“Yo entiendo que el país tiene que estar por encima de lo político partidario. No entro en cuestiones políticas del Ministerio del Interior, no tomo las decisiones. Me estoy encargando de hacer las estadísticas de la forma más objetiva posible. Todas las decisiones que tomamos tienen una causa técnica. Incluso qué años escogemos. Estoy haciendo lo mejor que puedo y sé que la mayoría de los integrantes del Partido Colorado me apoyan porque me lo han comunicado. Los que no, intentaré convencerlos”.

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