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La Tertulia de los Lunes con Pablo Díaz, Elena Grauert, Teresa Herrera y Daoiz Uriarte

La semana pasada, el viaje de una misión oficial de Uruguay a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, generó un cruce fuerte entre legisladores del oficialismo y la oposición sobre la pertinencia y el costo político del viaje.

La delegación, de 23 miembros, se hizo presente para rendir cuentas en nombre del país ante el organismo de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un tratado que obliga a los Estados partes a garantizar derechos como la salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social.

Desde la oposición, el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva cuestionó el viaje y escribió en su cuenta de X: “Hay una asamblea de zurdes en Ginebra”. Por su parte, la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz, que fue parte de la delegación, le contestó: “Vinimos a hacernos cargo como Estado de la vergüenza internacional que dejó el gobierno de Lacalle: informes mal enviados, omisiones y falta de respuestas. Que el senador elija el agravio y la descalificación como estrategia no sorprende, es su única forma de hacer política”.

Da Silva le respondió pidiendo explicaciones sobre los motivos del viaje y la cantidad “de burócratas” que integraron el grupo. “¿Cuál es la necesidad de tanto burócrata?, ¿cuál es la trascendencia de tres senadores en el hacerse cargo?, ¿qué hicieron?, ¿cuál es el aporte determinante?, ¿cuál es el antes y el después de una reunión al santo botón que NO le cambia la vida a nadie, excepto a los que van al Mont Blanc con la plata del pueblo?”, cuestionó.

A raíz de esta polémica el periodista Diego Martini Lemos publicó en su cuenta de X que en 2024, último año de la administración de Luis Lacalle Pou, 24 funcionarios de varias instituciones viajaron también a Ginebra para comparecer en el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Viene de: Gobierno rescindió contrato con Cardama

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El nacionalista Víctor Björgan, que se desempeñaba como director de Cooperación Internacional de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, expresó la semana pasada su apoyo político a Yamandú Orsi y fue removido el miércoles de su cargo. 

El presidente Luis Lacalle Pou asumió ayer la responsabilidad política del hecho: en rueda de prensa dijo que le había perdido la confianza a Björgan y que fue él quien pidió que fuera cesado.

En una entrevista en Radio Sarandí, el director de la SIEE, Álvaro Garcé, ratificó que la decisión de despedir a  Björgan fue estrictamente suya, argumentando que es incompatible que alguien trabaje en inteligencia y, al mismo tiempo, apoye abiertamente a un candidato de la oposición, lo que podría comprometer su labor profesional.

Comportamiento en cuestión

Garcé también hizo hincapié en que la Ley de Inteligencia prohíbe que los funcionarios de este ámbito realicen declaraciones públicas que puedan influir en la opinión pública o en la política nacional, dos puntos que se encuentran en el artículo 7 de dicha ley, la 19696:

“Ningún órgano de Inteligencia tendrá facultades compulsivas y les estará especialmente prohibido: Intervenir en la actividad política, social o económica del país, en su política exterior o en la vida interna de los partidos políticos. Influir de cualquier forma en la opinión pública, en personas, medios de difusión, asociaciones o agrupaciones de cualquier naturaleza”.

Para el abogado administrativista Adrián Gutiérrez la norma está “mal redactada”, porque “detrás de un órgano hay una intencionalidad, una persona”. Como director de Cooperación Internacional de la SIEE, Björgan “estaría incumpliendo con el artículo 7 de esta norma si su función “se entiende como un órgano del Estado”, agregó. Algo que describió como “más discutible”. 

Además, aclara que, al no ser funcionario público, Björgan “no se rige bajo la norma del estatuto de un funcionario público, se rige bajo su contrato”. Ese es su marco jurídico. Por eso indica que “la clave es el alance del contrato que celebró” en su momento.

Acotó que el contrato podría incluir además plazo de término y la posibilidad de que el contratante tuviera la libertad de rescindir el contrato sin expresión de causa. 

Sin embargo, Björgan enmarca su situación como un caso de “discriminación”, citando su derecho a manifestar sus opiniones políticas. Adelantó que presentará un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para solicitar la anulación de su despido.

Sobre las características del vínculo laboral, el abogado de Björgan, Hugo Barreto, indicó que no era funcionario del gobierno, sino “parte de un contrato de prestación de servicios con Presidencia de la República a través de un programa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”. Por tanto, entiende que “se está bajo una relación laboral con el organismo público”. Estaba previsto que el contrato finalizara el 28 de febrero de 2025.

Al ser consultado por En Perspectiva, Barreto confirmó que se trata de un “contrato de servicio de arrendamiento suscrito con Presidencia de la República para prestar servicio en SIEE en el marco de un programa de apoyo del PNUD”. Y aclaró: Björgan “le facturaba al PNUD, pero trabajaba en la dependencia de la Secretaría” como en un “negocio de tercerización”, con la “peculiaridad” de que haya “tres partes en lugar de dos”. 

Inhibición internacional

Más allá de la Ley de Inteligencia, que no permite las expresiones políticas ni la influencia sobre la opinión pública, la PNUD tiene sus propias condiciones en sus contratos de prestación de servicios, bajo el que trabajaba Björgan. 

El contrato de servicios (Service Contract, SC) es “una modalidad de contratación de personas con un contrato no relacionado con el personal. El SC es un instrumento de contratación descentralizado, que es rentable y flexible para su uso sólo por las oficinas de país del PNUD y los centros regionales fuera de la Sede”. Que no sea “personal” significa que no ocupa un cargo oficial de las Naciones Unidas, contrato externo. No tiene pasaporte de las Naciones Unidas, jubilación. 

“Se considerará que el Contratista Individual tiene la condición jurídica de un contratista independiente con respecto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y no será considerado bajo ningún concepto, como ´miembro del personal´ del PNUD, en virtud del Reglamento del Personal de la ONU, o como ´funcionario´ del PNUD”, define la PNUD.

En el documento Condiciones generales para contratos de servicios de contratistas individuales dice que “el Contratista Individual deberá cumplir con los estándares de conducta establecidos en el Boletín del Secretario General ST/SGB/2002/9 del 18 de Junio de 2002, titulado `Estatuto relativo a la Condición y a los Derechos y Deberes básicos de los Funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los Expertos en Misión´”.

En el Estatuto relativo a la condición y los derechos y deberes básicos de los funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los expertos en misión, se expresa: 

“Si bien las opiniones y convicciones personales de los funcionarios y los expertos en misión, incluidas las de orden político y religioso, son inviolables, los funcionarios y los expertos en misión se asegurarán de que esas opiniones y convicciones no repercutan negativamente en el desempeño de sus deberes oficiales ni atenten contra los intereses de las Naciones Unidas. Los funcionarios y los expertos en misión se comportarán invariablemente de forma acorde con su condición y no realizarán actividades incompatibles con el debido desempeño de sus funciones en las Naciones Unidas. Evitarán todo acto y, en especial, toda declaración pública que pueda desacreditarlos en su calidad de funcionarios o expertos en misión, o que sea incompatible con la integridad, la independencia y la imparcialidad requeridas por tal condición”.

Una fuente del PNUD en Uruguay confirmó entonces que Björgan violó el Estatuto al hacer declaraciones políticas públicas.

Para el abogado Gutiérrez, nuevamente, hay que conocer el contrato para verificar si rompe con las normas del PNUD: “Debe decir que debe cumplir con las normas PNUD”. En ese caso, llevaría al incumplimiento.  Y opina que la Ley del SIEE es “más discutible”. 

Informa Red21: “Con la asesoría de su abogado, Hugo Barreto, Björgan se prepara para presentar un recurso administrativo que cuestiona la legalidad de su despido. Su estrategia legal se centrará en demostrar que su desvinculación no se sustentó en una base legal apropiada y que se violaron sus derechos laborales. Según él, la situación es emblemática de un entorno político donde la libertad de expresión es vulnerable”.

Producción de Agustina Lombardi.

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Foto: En Perspectiva

La entrada Se realizará el Foro Nacional de Cuidados: ¿Cómo debe relanzarse el sistema cuando la población se está estancando? Se necesita ”financiamiento estable”, dice Fernando Filgueira, jefe de UNFPA Uruguay se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Andrey GORSHKOV / SPUTNIK / AFP

El acuerdo alcanzado el jueves pasado para crear corredores humanitarios y evacuar civiles en Ucrania, fracasó ayer domingo.

El ejército ruso y ucraniano cruzaron ayer acusaciones de haber violado el cese al fuego en el corredor humanitario que se había establecido para evacuar civiles del puerto de Mariupol, un punto estratégico en el Mar de Azov que está hace días sitiado por fuerzas rusas.

La caída de este puerto marcaría un punto de inflexión en la guerra porque permitiría a Rusia unir las tropas que avanzan desde la península de Crimea -anexada por Moscú en 2014- con las fuerzas que penetran el país desde el Donbás, en el este.

Mientras tanto, los combates llegaron ayer a la periferia de la capital Kiev, donde Ucrania denunció el bombardeo de áreas residenciales, escuelas, iglesias y edificios. En Bilohorodka, justo en las afueras de la capital, las tropas ucranianas colocaron explosivos en el último puente que permanece en pie para frenar la ofensiva rusa.

Entretanto el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció que las tropas rusas se preparan para bombardear Odesa, el principal puerto de Ucrania, donde viven cerca de un millón de personas.

Ucrania ha reiterado sus reclamos a Occidente para que aumente la asistencia militar incluyendo la entrega de aviones de combate. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que su país trabaja "activamente" en un plan con Polonia para entregarle aviones a los ucranianos.

Pero los aliados de la OTAN han rechazado hasta ahora la petición de Ucrania de establecer una zona de exclusión aérea, para tratar de evitar ua escalada imprevisible.

Actualizamos la  situación en Ucrania junto al analista internacional, Mariano Aguirre, miembro de la Red sobre Seguridad Inclusiva y Sostenible de la Fundación Friedrich Ebert, ex asesor de Naciones Unidas, y ex director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos (NOREF) con sede en Oslo. Aguirre, es argentino pero se encuentra actualmente en Madrid, España.

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¿Qué huellas va a dejar el conflicto Rusia-Ucrania en el orden mundial?

Telegramas

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Foto: Eduardo MUNOZ ALVAREZ / POOL / AFP

Estamos llegando al final de una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Hubo discursos, hubo reuniones, hubo anécdotas, en el regreso a la presencialidad tras la edición obligadamente virtual del 2020.

La pandemia y cómo ponerle un fin fue, justamente, uno de los focos de la discusión. El otro estuvo en la recuperación económica posterior y en cómo hacerla más sostenible. 

Además, rondó el fantasma del regreso del talibán al poder en Afganistán, por el pedido del régimen islamista de tener representación ante la ONU.

¿Qué está dejando esta Asamblea General? Lo conversamos con dos de nuestros analistas internacionales de cabecera, Gustavo Calvo y Leo Harari.

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Foto: Protestas contra el golpe de Estado en Myanmar. Crédito: AFP PHOTO / ANONYMOUS SOURCE

En Myanmar decenas de militantes, activistas y dirigentes políticos vinculados a las protestas prodemocráticas vienen pidiendo una intervención militar extranjera coordinada por Naciones Unidas (ONU), para desplazar a la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado del 1º de febrero pasado.

La tensión social viene creciendo en Myanmar al punto de que el Consejo de Seguridad de la ONU advirtió hace dos semanas que hay riesgos “sin precedentes” de que estalle una guerra civil y haya “un baño de sangre inminente”. 

Sin embargo, ese organismo de la ONU no ha tomado hasta ahora ninguna acción ya que China y Rusia han vetado cualquier intento de condena a la junta militar, que tomó el poder aduciendo fraude en las elecciones generales celebradas en noviembre del año pasado.

A raíz de estas solicitudes de intervención militar con el liderazgo de Naciones Unidas, Gonzalo proponía discutir, sobre el concepto de soberanía y Estado Nación. 

La Tertulia de los Viernes con Alejandro Abal, Juan Grompone, Marcia Collazo y Gonzalo Pérez del Castillo.

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Mañana, 20 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social.

“La Asamblea General reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Así explica esta conmemoración la Organización de las Naciones Unidas, impulsora de esta jornada de reflexión desde 2008.

En este año 2021 la consigna tiene que ver con la economía digital.

La fecha sirve para preguntarnos: ¿qué es la justicia social? ¿Es posible alcanzarla?

La Tertulia de los Viernes con Alejandro Abal, Juan Grompone, Marcia Collazo y Gonzalo Pérez del Castillo.

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Ayer concluyeron las deliberaciones de la 72a Asamblea General de Naciones Unidas.

¿Qué dejó este último encuentro?

Este fue uno de los temas tratados en La Mesa de análisis internacional con Susana Mangana, Leo Harari y Gustavo Calvo.

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Subrayó que el texto resuelto por parte de los 15 países miembros fue "muy contundente, breve y con un mensaje muy claro" a partir de una "absoluta unanimidad" por la particularidad del lanzamiento efectuado por el gobierno de Kim Jong Un.

Con respecto al lanzamiento balístico destacó que fue la "primera vez" que Corea del Norte hace sobrevolar por otro territorio un misil de estas características. Aclaró que otros lanzamientos que se plantearon como una situación similar, tenían que ver con satélites.

Crédito imagen Home: Ministerio de RREE

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