El caso de la denuncia falsa contra Yamandú Orsi abrió en las últimas horas un nuevo debate sobre la ley de violencia basada en género.

Ayer la Asociación de Abogados Penalistas reclamó cambios en la ley y en el propio proceso penal, en lo referente a las normas que “establecen pautas de interpretación o valoración de la prueba” que, se afirma, “vienen violando los principios de igualdad y averiguación de la verdad material”.

Se señala que “la visualización de la falta de garantías en casos notorios, que afectan a políticos de distintos partidos, son una ínfima parte de los que ocurren todos los días en el sistema, siendo demostrativo de lo poco fiable que es privilegiar la versión de una parte por su género u orientación sexual, o el ocultamiento de identidades o pruebas que impidan a la contraparte saber quién lo denuncia o acusa”.

El comunicado de la Asociaicón señala que “las garantías tradicionales en las sociedades democráticas son fruto de siglos de evolución del derecho, tendientes a asegurar la igualdad de trato de todos los seres humanos y la averiguación de la verdad para evitar situaciones de injusticia, siendo evidente que estas normas necesariamente deben ser modificadas, puesto que en la práctica se ha visto que están siendo mal aprovechadas para la persecución de fines espurios”.

Mientras tanto, quienes defienden la ley de violencia basada en género señalan que los problemas se dan porque el sistema no cuenta con el financiamiento necesario, y niegan que la normativa ampare denuncias falsas.

Por ejemplo, el lunes la tertuliana Desireé Pagliarini, que es abogada y referente de la comisión de género en el partido colorado, señalaba lo siguiente:

"Se está agarrando la ley 19.580, que es la ley de violencia basada en género hacia las mujeres, como chivo expiatorio para reforzar un tipo de impulso que se está viendo en el último tiempo que es retroceder en función de la ley. Esta ley es un marco de garantía muy fuerte y se empezó a utilizar como chivo expiatorio para decir ‘La ley está mal, hay que retroceder, es aberrante’. Bueno, no es así".

El proyecto del senador colorado Adrián Peña para limitar las designaciones directas en los gobiernos departamentales no consiguió los votos suficientes para ser aprobado en la cámara alta.

La iniciativa tuvo el apoyo de las bancadas del Partido Colorado, el Frente Amplio y Cabildo Abierto. Pero no alcanzó la mayoría especial de dos tercios que requería para ser aprobada ya que refiere a gobiernos departamentales. Faltaba para eso un voto que debía venir del Partido Nacional. Sin embargo, ningún legislador blanco acompañó la iniciativa.

Presentado en junio del año pasado, el texto establece que las contrataciones o incorporaciones deberán producirse siempre por un procedimiento de concurso público y abierto o por sorteo. También dispone que, al igual que sucede a nivel nacional, las intendencias no puedan designar personal contratado o presupuestado en el año previo a la finalización del período de gobierno.

Sobre el final de la sesión de ayer Peña lamentó el desenlace que impedía “evolucionar en parámetros que tienen que ver, fundamentalmente, con la transparencia en la gestión pública”.

"Está comprobado el condicionamiento político de muchas personas que ingresan a dedo en la administración para militar políticamente y mantener su fuente de trabajo. Eso atenta contra la dignidad del trabajador. Es clave que Uruguay avance en esto. Pero las normas son espejo de los tiempos que viven las sociedades. Quedamos a un voto. Seguramente en próximas legislaturas habrá un nuevo intento de transparentar esto que es imprescindible y evidente".

Por su lado, el senador nacionalista Sergio Botana dijo que no votó el proyecto ya que lo considera inconstitucional, en la medida que interfiere en las autonomías de los gobiernos departamentales. Botana, que fue jefe comunal de Cerro Largo entre 2010 y 2019, dijo que la propuesta era un “ataque” a las intendencias del interior.

"Ahora está de moda legislar para la tribuna, darle manija a la gente sin cuidar las formas, tratar de quedar bien en lugar de hacer las cosas bien. Miedo a la cancelación, no tenemos. A la irresponsabilidad sí le tenemos mucho".

Una mujer trans de 42 años, trabajadora sexual, denunció ayer ante la Policía a Yamandú Orsi, el exintendente de Canelones que la semana pasada lanzó formalmente su precandidatura a la Presidencia por el Frente Amplio.

La acusación narra un episodio que habría ocurrido en junio de 2014. Según la denunciante, cuando ella estaba trabajando como prostituta en la zona del Parque Roosevelt, a la entrada de Ciudad de la Costa, un hombre que viajaba en un automóvil negro con vidrios oscuros la consultó por sus servicios. Pactaron sexo oral. La experiencia, que la denunciante narra con detalles, no fue satisfactoria para el cliente, eso generó una discusión, el hombre intentó no pagarle, el entredicho siguió y en determinado momento el hombre la tomó por el pelo, le dio un cabezazo en la nariz que la dejó sangrando y luego la empujó fuera del auto.

Cuando el funcionario policial que le tomó la declaración este jueves le pregunta si reconoce al agresor, la mujer trans responde: "En ese momento no sabía quién era, ya que no era una persona pública, lo reconocí hace muy poco ya que comenzó con una campaña política. Quien me agredió es el señor Yamandú Orsi".

Por la tarde, Orsi compareció en una rueda de prensa donde respondió las acusaciones:

"Esta persona se confunde, por supuesto no era yo. O peor aún, sería mucho más triste todavía que alguien la esté usando. Acá no se están metiendo solo con una fuerza política, no se están metiendo solo con un candidato, sino con una persona y con una familia. Por lo tanto, a partir de este momento, quienes van a hablar en mi nombre van a ser mis abogados, que van a ir hasta el fondo".

Acá se cruzó una línea que el Uruguay no conocía. Esto no sabemos cuándo termina, salvo que el sistema político lo pueda parar.

Orsi no descartó tomar a su vez acciones legales por difamación, y sostuvo que estos hechos no detendrán su campaña como precandidato.

La denuncia realizada por la mujer trans fue derivada por Fiscalía General de la Nación a la Fiscalía de Ciudad de la Costa, a cargo de Sandra Fleitas, y en principio no por violencia basada en género sino como una denuncia por lesiones.

Mientras sigue la campaña de recolección de firmas por la propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad social impulsada por el PIT-CNT y por algunos sectores del Frente Amplio, la consultora Cifra difundió una encuesta sobre la intención de voto al respecto.

La pregunta realizada durante el sondeo, que simplifica la iniciativa, dice: “si se hace un plebiscito para derogar la reforma de la seguridad social, ¿usted votará por derogarla o por mantenerla?”.

Y las respuestas configuran un escenario prácticamente de paridad: 36% votaría por no derogar o en blanco y 36% votaría a favor de la derogación. Un 28% respondió que no sabe qué posición tomaría.

El resultado varía si se agrupa a los entrevistados según sus preferencias partidarias. Entre los votantes del Partido Nacional, 58% votaría por no derogar y solo 16% votaría a favor. Entre los votantes de otros partidos de la coalición, 61% votaría por no derogar y 23% por el sí. Y en el Frente Amplio, 53% votaría por derogar, y solo el 20% por no derogar.

Los datos varían levemente entre Montevideo y el interior. En la capital, ganaría la opción de no derogar la reforma jubilatoria, con el 39%, mientras que el 34% votaría por sí. Lo contrario ocurre en el interior del país, donde el 37% votaría por derogar, mientras que el 34 votaría por el no.

Cifra también recuerda el caso del último plebiscito, la reforma constitucional de seguridad pública que impulsó Jorge Larrañaga. En febrero de 2019, el 58% se posicionaba a favor, con solo un 23% en contra. En última instancia, el plebiscito fracasó en las urnas, si bien por escaso margen.