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Entrevista con economista Pablo Rosselli, socio de Exante.

EN PERSPECTIVA
Jueves 13.06.2024

EMILIANO COTELO (EC) —A mediados de mayo, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) denegó las solicitudes de concentración que habían presentado el año pasado las empresas Bimbo y Minerva para comprar, respectivamente, la empresa Pagnifique y tres plantas frigoríficas pertenecientes al grupo Marfrig.

Ambas operaciones habían llamado la atención del sistema político y buena parte de la población. En particular, hubo varias voces que marcaron su preocupación por el escenario que podía plantearse en la industria frigorífica.

Aquí, En Perspectiva, abordamos las dos noticias con varios enfoques. Pero no fue suficiente, quedaron planteadas varias dudas y preguntas. Por eso hoy volvemos sobre el tema, en un análisis especial para el cual recibimos al economista Pablo Rosselli, socio en EXANTE.

Empecemos estos apuntes recorriendo las claves del marco que regula la competencia en nuestro país y las atribuciones que tiene la CPDC, que están contenidas en la ley 18.159 de 2007 y en modificaciones posteriores.

PABLO ROSSELLI (PR) —Lo primero que tenemos que saber para entender este marco legal es que el objeto de la ley es proteger el bienestar del consumidor a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados. Eso dice el artículo 1, más o menos literal. El objeto es el bienestar del consumidor; la competencia y la búsqueda de eficiencia son esencialmente medios para lograr ese beneficio.

Después, la autoridad de aplicación de la ley, quien vigila que se cumpla lo que dispone, es la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Con ese objeto, la ley establece un conjunto de principios generales que ordenan conceptualmente el marco regulatorio de defensa de la competencia.

EC —Vamos a recorrer esos principios.

PR —Lo primero que dice la ley es que todos los mercados están regidos por la libre competencia, salvo aquellos en que alguna ley, por razones de interés general, haya establecido otra cosa. Por ejemplo, tenemos una ley que establece el monopolio de Ancap; podemos discutirlo, pero hay una ley que lo estableció. El Poder Ejecutivo no puede restringir la competencia por decreto si la competencia no
está restringida por una ley. Todos los mercados están comprendidos por eso.

Lo segundo que dice la ley es que se prohíbe el abuso de posición dominante. Ese es un tema  importante: no está prohibida la posición dominante, que una empresa sea muy grande en un mercado no está prohibido. Lo que se prohíbe, cuando una empresa es muy grande, es que abuse de esa situación de dominio en un mercado.

EC —Esta otra precisión también es muy importante. Teniendo en cuenta las discusiones y los enfoques que tuvimos en el programa, puede aparecer esa confusión. El problema no es la posición dominante, es el abuso de la posición dominante.

PR —La posición dominante no está prohibida y está bien que no lo esté, porque las empresas pueden construir una posición dominante si ofrecen productos y servicios mejores que los de sus competidores. Esto tiene que ser así, es parte del derecho a la libre empresa, y además porque las economías de mercado se organizan sobre la premisa de que la competencia alienta a las empresas a ser mejores. Por lo tanto, para ganar participación de mercado mediante la competencia no hace falta tener ninguna autorización de la CPDC, es parte del libre juego de la oferta y la demanda, de la competencia.

Probablemente algunos oyentes piensen que esto de que la competencia es buena y genera bienestar para el consumidor no siempre es así. Es verdad, los economistas sabemos que hay algunos mercados –pocos– donde la competencia no necesariamente genera los mejores resultados y hay algunos mercados donde la competencia no puede ser intensa por un conjunto de factores que lo impiden de un modo inexorable. En esos casos, tenemos que apuntar a la regulación, pero el principio general es que las empresas compiten y pueden ganar posición dominante a través de la competencia.

Las empresas también pueden comprar otras empresas que sean competidoras, proveedoras, distribuidoras, que produzcan productos complementarios o productos o servicios completamente desconectados de los que ofrecen. Y esas operaciones pueden mejorar las posiciones en el mercado para esa empresa que está creciendo comprando otras empresas. Ahí lo que tenemos es que en ciertas condiciones, para comprar empresas hay que pedir autorización a la Comisión.

EC —Ese es otro paso que hay que subrayar: para determinadas compras de empresas se necesita autorización.

PR —Claro. La ley dice que todas las concentraciones económicas deben ser autorizadas por la Comisión, salvo cuando se cumplen ciertas condiciones que exceptúan a los actores de ese negocio de tener que pedir permiso. Típicamente si la facturación de las empresas involucradas es muy baja no tiene que pedir
autorización, y hay otros casos que ahora no vienen a cuento. También es importante saber que la ley establece la concentración económica de un modo muy amplio. Cuando hablamos de control de concentraciones no hablamos solamente de operaciones en que una empresa compra las acciones de otra. Es muy amplia la definición de qué cosa constituye una concentración económica.

EC —Es muy amplia la definición de concentración económica…

PR —Claro, no es solo si compro las acciones. Obviamente, si una empresa compra las acciones de otra, supera los umbrales de facturación y demás, tiene que ir. Pero puede haber otros acuerdos contractuales que también configuren una concentración económica. La lógica de eso es que las empresas no establezcan contratos complejos que repliquen las consecuencias de una concentración económica con un nombre distinto de una compraventa. La ley es sumamente amplia en es , la mayoría de las veces vamos a ver solicitudes de concentraciones propias de una compraventa.

EC —Pero la concentración no solo se da por la vía de la compraventa de acciones.

PR —Por ejemplo, una empresa podría venderle la fábrica a otra, el equipamiento para distribuir, informar a los clientes, transferirle los trabajadores y no venderle las acciones. Evidentemente eso es una enajenación del negocio y también está contenido.

En resumen: el marco legal no prohíbe la posición dominante, y está bien que no lo prohíba, lo que prohíbe es el abuso de posición dominante. Conquistar cuotas de mercado y volverse grande no está prohibido, pero no debería ser resultado de prácticas anticompetitivas.

EC —¿Qué conductas se consideran prácticas anticompetitivas?

PR —Hay un conjunto de conductas que se consideran prácticas anticompetitivas y que la Comisión puede sancionar. La ley prohíbe el abuso de posición dominante, ese ya es un concepto en sí mismo, pero también prohíbe todas las prácticas, conductas o recomendaciones, ya sean individuales o acordadas entre partes, que tengan por efecto –es decir por consecuencia– o por objeto –la intención– de restringir, limitar, distorsionar, impedir la competencia en un mercado. Al momento de aplicar la ley, de evaluar si una empresa está abusando de una posición dominante en un mercado, hay que mirar lo que está haciendo, pero también hay que entender, si tiene esa posición dominante, en qué mercado lo está haciendo, definir el mercado.

EC —Hay que ponerse de acuerdo en cuál es el mercado a observar.

PR —Claro. Cuando uno dice “esta empresa tiene una posición de dominio y además está abusando de ella”, la primera pregunta es de qué mercado estamos hablando, qué tan grande es ese mercado para ver si efectivamente tiene posición de dominio. Definir ese mercado relevante es un aspecto clave. También lo es para la autorización de las concentraciones económicas.

Cómo se define un mercado relevante es un tema excesivamente técnico, en términos simples es el conjunto de productos o servicios que son suficientemente sustitutos entre sí. Es decir que si para el consumidor o para el cliente dos productos son bastante parecidos están dentro del mercado relevante.

Económicamente que son bastante parecidos quiere decir que si el proveedor de un producto sube un poco el precio el consumidor o el cliente puede cambiar y se va a cambiar a otro producto. Conceptualmente es sencillo, en la práctica hay desde cosas obvias a cosas bastante más grises.

EC —¿Ejemplos?

PR —El mercado de las bebidas. La Coca-Cola es competitiva con la Pepsi, evidentemente. Y los refrescos saborizados que no son ni Coca, ni Pepsi, ni Nix, ¿están dentro del mismo mercado? Muy probablemente sí. ¿Y el agua mineral? ¿Hasta dónde vamos? ¿Y los jugos? Entonces cuando uno va a la realidad, definir ese mercado relevante, que parece fácil, es un tema técnicamente bastante complejo.

EC —¿Otro ejemplo?

PR —Los productos panificados. ¿Los panes son sustitutos de las galletas, de los bizcochos?, ¿hasta dónde vamos en esos mercados? ¿De las galletas frescas, de las galletas envasadas? No es tan trivial definir hasta dónde llega un mercado.

EC —No es tan trivial definir cuál es el mercado que hay que observar, cuál es el mercado en el que hay que ver si se produce un abuso de posición dominante.

PR —Exacto. O si después va a haber una concentración económica que ponga en riesgo la competencia. Cuanto más grande definamos un mercado relevante, cuantas más cosas digamos que son suficientemente sustitutas para los clientes o consumidores, menor es la posición dominante de cualquier involucrado. Entonces en cualquier discusión de este tipo quienes tienen posición dominante van a tratar de alegar que su mercado relevante es más grande y quienes quieren acusar al que se comportó mal van a decir que el mercado es más chico y que son más dominantes. Es un tema complejo de discusión siempre.

EC —Tiene sus dificultades y es muy interesante que las vayamos ordenando y vayamos traduciendo términos. Esto del mercado relevante es fundamental.

PR —Fundamental para cualquier discusión de abuso de posición dominante. Pero hay otras prácticas que también están prohibidas sin ninguna calificación o nada que atenúe. Por ejemplo los competidores en un mercado no pueden acordar precios de venta, no pueden acordar precios de compra de la materia prima o de algún servicio o producto relevante, no pueden acordar presentarse o no a licitaciones, no pueden coordinar eso. No pueden repartirse el mercado, por ejemplo, en áreas geográficas. No pueden acordar las cantidades que va a producir cada uno de ellos, que es una forma de restringir la oferta y hacer subir los precios. Ese tipo de cosas entre competidores están prohibidas per se.

EC —Paso en limpio. Por un lado, está prohibido el abuso de función dominante, y por otro están prohibidas una serie de prácticas anticompetitivas que son las que acabás de enumerar.

PR —Exactamente. Entre competidores esas prácticas están prohibidas, en la jerga se llama per se. Si se descubre que hay un acuerdo de precios entre competidores eso amerita una sanción.

EC —¿Algún ejemplo?

PR —Lo que está prohibido es que las empresas acuerden precios competidores, decir “subamos los precios”; si después eso ocurre o no es más difícil saberlo. Pero si la Comisión logra identificarlo, si alguien lo denuncia y aparecen las pruebas, no hay un contexto de “no, lo que pasa es que…”. Está prohibido.

Hay otras cosas que están prohibidas en que el análisis se rige por lo que en la jerga se llama la “regla de la razón”. Cuando tenemos posiciones de dominio en un mercado está prohibida cualquier práctica que tenga por objeto o por efecto –la intención o el resultado– de restringir la competencia. Hay ejemplos de cosas que están bajo la lupa, no están estrictamente prohibidas.

EC —Para ordenar, hay algunas prácticas que a texto expreso están prohibidas…

PR —Y no hay cómo defenderse, si uno lo hizo, incumplió, no tiene cómo defenderse.

EC —Son las que mencionaste.

PR —Acuerdos entre competidores.

EC —Distintas formas de acuerdos entre competidores, que están listadas y están prohibidas. Pero después hay una zona un poco más gris…

PR —Cuando no necesariamente se trata de acuerdos entre competidores hay un conjunto de prácticas que están bajo la lupa. Los acuerdos de exclusividad no están prohibidos, pero según lo que esté ocurriendo, pueden constituirse en una práctica anticompetitiva. La aplicación a terceros de condiciones desiguales que dejen a esos terceros en una posición competitiva peor está prohibida si se configuran un conjunto de cosas. Imaginemos una empresa que tiene un producto o un servicio muy importante para la industria en la que operan sus clientes. Si esa empresa que tiene una posición de dominio establece arbitrariamente que para un competidor esas condiciones son peores que para el resto, ese competidor tiene derecho a decir “estoy siendo perjudicado por esto”.

Otra cosa que está prohibida es condicionar la celebración de contratos al cumplimiento de otras condiciones naturalmente ajenas al objeto del contrato. Imaginemos un laboratorio que tiene el monopolio de un medicamento porque tiene la patente –derecho de propiedad intelectual, completamente legítimo–, pero que compite con otros productos en un mercado donde hay muchos competidores; no podría condicionar la venta de su producto monopólico a que se le compren en condiciones ventajosas otro tipo de productos. Este tipo de prácticas están prohibidas, pero cuando alguien dice “acá hay una práctica anticompetitiva de esta naturaleza”, amerita análisis, porque puede haber, por ejemplo, acuerdos de exclusividad razonablemente justificados, como un acuerdo de exclusividad entre un productor y un distribuidor porque el distribuidor ha hecho inversiones, porque promueve la marca; lo que está mal es abusar de la posición de dominio mediante ese tipo de prácticas, pero cada una de esas prácticas debe ser analizada en el contexto concreto.

EC —Debe ser analizada bajo la regla de la razón.

PR —Claro. Bajo la regla de la razón. En el otro caso, dos competidores se pusieron de acuerdo para poner un precio, no hay mucho que analizar, está prohibido.

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EC —¿Cómo se define una posición dominante en un mercado?

PR —Tenemos una definición conceptual. Las participaciones de mercado son un ingrediente pero no son definitorias.

EC —¿Por qué?

PR —La definición de mercado relevante es un asunto eminentemente técnico, lo mismo que la posición de dominio. La ley establece que una empresa tiene posición dominante en un merado cuando puede afectar sustancialmente las variables relevantes de ese mercado (precios, cantidades producidas), con prescindencia de las conductas de sus consumidores, compradores o proveedores. Una empresa puede modificar precios, cantidades, con prescindencia de las conductas de sus competidores. Imaginemos una empresa que sube su precio, los demás competidores no suben y pierde mucho mercado. Esa empresa no tiene poder dominante. Pero una empresa que puede subir sus precios sin perder producción o perdiendo poco configura en algún momento una posición de dominio. Está en una posición de dominio alguien que puede hacer mucho con relativa prescindencia –la ley dice con prescindencia– de lo que respondan consumidores o competidores.

Lógicamente para tener posición de dominio uno tiene que ser grande en un mercado, pero ser grande en un mercado no es suficiente para tener posición de dominio, porque yo puedo producir un bien en el mercado uruguayo, soy grande, pero hay importaciones, puede haber más importaciones, y si yo subo mucho los precios puede ocurrir que alguien entre rápidamente con más oferta y venda más. Entonces la existencia o no de barreras de entrada, por ejemplo, es un elemento muy importante para configurar si existe una posición de dominio.

EC —De todos modos, la posición dominante no está prohibida.

PR —No está prohibida.

EC —Lo que está prohibido es abusar de esa posición dominante.

PR —Para tener posición dominante uno requiere ser grande en ese mercado, pero ser grande no implica tener posición dominante. Si hay barreras bajas de entrada, si hay competencia de importados, eso probablemente conduzca a que no tengo posición dominante.

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EC —¿Cuáles son las atribuciones de la Comisión para hacer cumplir la normativa que venías reseñando?

PR —La Comisión tiene atribuciones amplias. Además del control de concentraciones, cuando observa o le llega información con elementos para pensar que hay incumplimiento de la ley, puede actuar de oficio, no tiene que esperar que haya denuncias. También actúa cuando recibe denuncias de alguna parte. Puede implementar medidas cautelares, puede obligar a algún actor a desistir de lo que está haciendo mientras se analiza el caso. Y tiene capacidad de sancionar, sanciones que van desde el apercibimiento hasta una multa del 10 % de la facturación anual de la empresa. El 10 % de la facturación de una empresa es un monto significativo, en general son pocas las empresas que ganan más del 10 % de lo que venden. Es una multa significativa. También puede multar hasta tres veces el monto del daño hecho a un competidor. Entonces tiene capacidades amplias; otra cosa es cómo las puede desplegar. Pero legalmente tiene amplias capacidades.

EC —Antes de ir a las dos resoluciones que la Comisión tomó en mayo, en términos generales, ¿qué debe valorar esa Comisión a la hora de decidir si autoriza o no una concentración económica?

PR —La ley prohíbe las concentraciones económicas que tengan por efecto (por consecuencia) o por objeto (la intención) restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia. La Comisión debe evaluar si la concentración económica que está analizando supone riesgos significativos de reducción de la competencia. Subrayo lo de riesgos, porque nunca tenemos certeza de lo que va a ocurrir si se autoriza una concentración; lo que se valora son los riesgos que ella plantea. Para eso debe considerar si hay competencia de productos importados, si hay barreras de entrada importantes o no importantes que le impidan o no a la nueva empresa más grande subir los precios; debe valorar si hay ganancias de eficiencia que se puedan trasladar a los consumidores.

EC —¿Cómo es esto?

PR —Cuando las empresas se fusionan, cuando una compra a otra, parte de lo que ocurre es que mejora la eficiencia. Por eso hay uno que quiere comprar y pagarle al vendedor por quedarse con su empresa. En algunos contextos esa ganancia de eficiencia puede terminar trasladándose al consumidor bajo la forma de precios más bajos o de mejores calidades.

EC —Ahí habría un atenuante, porque tú marcabas al principio que el objeto de toda esta normativa es el bienestar del consumidor.

PR —Exacto. La comisión tiene que valorar si hay ganancia de eficiencia, pero también si esa ganancia se trasladaría al consumidor y si solo ocurriría gracias a la fusión. Una ganancia de eficiencia que podría ocurrir fácilmente igual sin la fusión no debería ser valorada. La extensión de los análisis que se pueden hacer para valorar una concentración es muy muy grande. Cuando uno mira en el mundo –Uruguay tiene una historia más corta–, los expedientes a veces son supervoluminosos, con un montón de informes técnicos. Se evalúa, se pregunta a los consumidores “¿qué haría si le suben tanto o cuanto?”, se estudia la formación de precios. Potencialmente se pueden analizar muchas cosas; de nuevo, esto es eminentemente técnico y no se resuelve en una conversación rápida. Obviamente hay casos que se puede decir que se resuelven fácilmente por sí o por no, pero la mayoría pueden ser bastante complejos.

EC —Pasemos a las decisiones que adoptó la Comisión en relación con estas dos operaciones, la impulsada por Bimbo y la del grupo Minerva.

PR —Retomo lo que decía recién: el análisis, la valoración de una concentración económica es un asunto complejo. Vamos a hacer algunos comentarios sobre los dos casos, pero ambos revisten complejidad, hubo muchos informes. Puede haber opiniones diferentes al momento de valorar estas dos concentraciones. Al margen de que pueda haber opiniones diferentes, las decisiones que tomó la Comisión en estos dos casos ciertamente entran dentro de lo opinable pero no están fuera de lo que a priori se podría considerar un resultado posible del proceso. Cuando aparecieron estas transacciones o tenían que pasar por la Comisión, no era obvio que esta tenía que decir que sí o que no, eran casos que tenía que estudiar. Eso es importante porque en estos casos es inevitable que haya opiniones diferentes, pero estamos dentro de una aprobación. Había razonables argumentos para darla, como también para una no aprobación. No estamos en un lugar donde uno diría “la Comisión tomó una decisión incomprensible”, en absoluto.

EC —Quien mire las resoluciones verá que en sí son larguísimas, ocupan varias páginas.

PR —Detrás de eso hay varios informes de las partes y de la propia Comisión.

EC —Buena parte de las páginas están dedicadas a enumerar todos los estudios, todas las voces que se tuvieron en cuenta.

PR —En el caso de Marfrig y Minerva fueron realmente muchísimos actores.

EC —Veamos los casos. Primero, ¿cuáles son tus comentarios sobre la resolución en el caso Bimbo-Pagnifique?

PR —Como siempre, asunto central, cuál es el mercado relevante en ese caso. Hablábamos de los productos panificados, hasta dónde vamos con los productos panificados. ¿Un pan de molde como el que ofrece la empresa Bimbo tiene el mismo mercado que un pan flauta como el que ofrece Pagnifique? ¿Y tiene el mismo mercado que un pan flauta de una panadería artesanal? La Comisión definió que el mercado de pan tiene suficientemente sustitutos entre sí, pero estableció como mercado relevante el mercado mayorista de productos panificados.

EC —No el mercado al público.

PR —No el mercado al público, acá el mercado relevante es un mercado mayorista donde Bimbo y Pagnifique venden sus productos a retailers, a empresas que le venden al consumidor final.

EC —Por ejemplo, supermercados, almacenes, kioscos, etcétera.

PR —Después podemos volver al concepto de mercado mayorista, que también aparece en Minerva-Marfrig. Esa definición en los hechos excluye las panaderías artesanales, que ofrecen un producto –según la propia Comisión– sustituto de los productos que ofrecen Pagnifique y Bimbo, pero como se quedó con el mercado mayorista, excluyó a la panadería que vende directamente al público. Eso tiene como consecuencia que Bimbo y Pagnifique son más grandes en el mercado relevante. Si definiéramos el mercado relevante como todos los productos panificados que compramos los consumidores, desde el plan flauta, el pan porteño, hasta un pan de molde envasado, la participación de mercado de Bimbo y
Pagnifique sería sustancialmente menor.

La distinción entre mercado mayorista y mercado minorista en nuestra opinión tiene fragilidades. Para empezar, la decisión de la Comisión tiene conexión con jurisprudencia a nivel internacional –a nivel internacional uno encuentra bastante separación entre la producción de pan artesanal y la producción de pan industrial–, pero a nuestro juicio es opinable. El mercado mayorista de productos panificados está pegadito al mercado minorista de productos panificados. Hay configuraciones en la industria en que no es tan obvio si son mayoristas o minoristas; hay supermercados que fabrican su propio pan y lo venden al público y hay otros que lo compran. Entonces hay conexión con la jurisprudencia internacional para ese tipo de definiciones, pero también es relativamente opinable.

Además de esta discusión de si está bien o mal definir el mercado a nivel mayorista, las empresas Bimbo y Pagnifique, según leí en la prensa, cuestionan la medición de mercado mayorista que tomó la Comisión. Hay una discusión de por qué se tomó mercado mayorista y no todo el mercado minorista. La segunda discusión es que aparentemente el mercado mayorista es más grande de lo que calculó la comisión y por lo tanto esas empresas –dicen ellas– no son tan grandes. Hay dos lugares de discusión, mercado mayorista versus mercado minorista y tamaño del propio mercado mayorista.

EC —Pasemos al caso Minerva-Marfrig. Recordemos: Minerva, que ya tiene frigoríficos en Uruguay, aspiraba a comprar algunos de los frigoríficos que tiene en Uruguay el grupo Marfrig.

PR —En el contexto de una transacción internacional. Eso también es interesante, es muy común que haya operaciones que cruzan fronteras. En esos casos, para que la operación pueda ocurrir se requiere que las autoridades de defensa de la competencia de cada país evalúen las transacciones. No importa que sea una transacción más grande en el mundo, está bien que en Uruguay se analice el impacto que tiene en Uruguay esa transacción.

La Comisión analizó varias cosas. Consideró el mercado de venta de carne al público, en el cual actúan las empresas porque venden carne al público, pero un punto fundamental en la decisión de la Comisión es que evaluó que la concentración de frigoríficos generaría una posición dominante en el mercado de ganado en pie para faena.

EC —Hay dos mercados en la actividad de estas empresas.

PR —Analizó el mercado de carne al público, pero cuando uno mira la resolución, parecería que lo más importante por lejos fue que la Comisión entendió que la concentración generaba una posición de dominio de Minerva en el mercado de ganado en pie para faena. En Bimbo-Pagnifique hablamos de mercado mayorista y acá hay algo parecido. No parece muy discutible que la concentración de Minerva Marfrig generaba una posición de dominio en el mercado para faena, pero la exportación de ganado en pie en general está restringida para algunas categorías, está mucho más pensada para ganados que no están prontos para faena; no es muy eficiente exportar mucho ganado en pie porque se pierden quilos en el proceso.

Pero no es evidente en absoluto que esa posición de dominio de Minerva en el mercado de ganado en pie para faena pudiera constituirse en un riesgo para los consumidores. Recordemos que el objeto de la ley es la protección del consumidor a través de la competencia, la eficiencia económica y la libertad de las empresas para competir. Si uno se queda con el objeto de la ley, podría decir que no ve una amenaza evidente al consumidor en esa concentración. Obviamente podría ver amenazas o riesgos significativos para los productores que venden ganado a los frigoríficos, pero el artículo 9, referido al control de concentraciones, esencialmente dice que, en todos los casos sometidos a la solicitud de autorización, se prohíben las concentraciones económicas que tengan por efecto –resultado– u objeto –intención– restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia en el mercado relevante… Y ahí no hace referencia al consumidor.

EC —Hay una norma que no se refiere al consumidor.

PR —Pero el objeto de la ley sí, así que es un tema mucho más para abogados. ¿Es correcta esta interpretación de la norma de que el artículo 9 le deja abierta la puerta a la Comisión para ocuparse de este mercado en el cual no están los consumidores? En el caso de Bimbo-Pagnifique, definición de un mercado mayorista entre empresas, los consumidores están al lado de ese mercado. Pero acá los consumidores están bastante lejos de ese mercado, porque se importa carne, porque el tamaño de Marfrig y Minerva en el mercado de carne vacuna uruguaya no es tan grande como en el de la faena porque son plantas muy exportadoras, hay otras plantas que exportan menos y venden más en el mercado doméstico.

Esta decisión de la Comisión marca la cancha en el sentido de que debería aplicar el mismo tipo de criterio en concentraciones futuras para tener una consistencia. Lo que no podría ocurrir es que a veces defina que los mercados son relevantes cuando hay un riesgo para el consumidor y otras veces para otros. Decir que para aprobar una concentración tiene que mirar mercados relevantes donde los consumidores están lejos es un estándar alto. Uno puede pensar en cadenas agroexportadoras, por ejemplo, donde el consumidor en Uruguay no está –porque en la carne todavía tenemos consumidores–, como la de la soja.

EC —Tú decís que sentó un precedente que ahora habrá que ver cómo queda marcado en el trabajo de la Comisión.

PR —Sentó un precedente exigente para aprobar, porque ya no solo es el consumidor, sino que eventualmente son otros mercados entre empresas.

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EC —Entre los mensajes que llegan de la audiencia aparece este de Gabriela, que nos manda textos. Dice: “Grandes libros para aprender a propósito de competencia”. Menciona dos de Camilo Martínez Blanco…

PR —Una autoridad en derecho de la competencia.

EC —… Curso de derecho de la competencia uruguayo y Manual básico de derecho de la competencia. Y agrega otro libro, dirigido por Santiago Pereira Campos y Daniel Rueda Kramer, titulado Estudios sobre defensa de la competencia y relaciones de consumo, que reúne escritos de varios autores.

PR —Este es un campo que une al derecho con la economía. Obviamente los economistas sabemos de economía y los abogados de derecho, pero los economistas que se dedican a esto tienen que saber de derecho y los abogados tienen que entender de economía.

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EC —¿Qué impacto pueden tener sobre la inversión extranjera directa estas resoluciones que tomó en mayo la Comisión de Defensa de la Competencia denegando autorizaciones para concentraciones? Te lo pregunto porque en una de nuestras tertulias surgió la preocupación de si estos fallos no terminaban siendo una señal negativa para la inversión extranjera directa, porque se les dijo no a grupos multinacionales importantes que invierten en el país. En La Mesa se señaló también que estas decisiones, de hecho, limitaban la libertad de empresa.

PR —El control de concentraciones es un asunto habitual en todo el mundo. Minerva y Marfrig también tuvieron que pasar por un proceso de autorización en Brasil. La realidad es que Uruguay llegó tarde al control de concentraciones. La ley de defensa de la competencia es de 2007 y el control de concentraciones recién se estableció en 2019 y entró en vigencia en 2020.

EC —Recién en 2019 se estableció que una compraventa tiene que pasar por la autorización de la Comisión.

PR —Bajo ciertas condiciones. En Estados Unidos la primera normativa de este tipo apareció en 1890 (la famosa Sherman Act), en Europa apareció varias décadas después, pero en la segunda mitad del siglo XX estaba muy generalizada en los países desarrollados y hoy en todo el mundo hay control de concentraciones.

Dicho eso, es verdad que el control de concentraciones limita el derecho a la libre empresa. Limitarle al dueño de una empresa su derecho a vender no solo le limita el derecho a vender, que uno diría que es una limitación de un derecho, sino que esa limitación puede tener como consecuencia menores incentivos para invertir.

¿Para qué voy a invertir en un negocio que después me resultará difícil vender porque solo se lo puedo vender a uno que es grande, que es competidor mío y no lo voy a poder hacer? Es un hecho que el control de concentraciones limita el derecho a la libre empresa, pero conceptualmente intenta hacerlo por razones de interés general, para evitar la conformación de oligopolios, para preservar la competencia y el bienestar del consumidor. En los marcos jurídicos las sociedades siempre limitamos derechos. El asunto es cómo ordenamos la prioridad de los derechos.

Dicho eso, la calidad del proceso de análisis y resolución de cada solicitud de concentración y la de las decisiones son un aspecto clave para que el control de concentraciones no termine desalentando la inversión en el país. Las decisiones tienen que responder a criterios técnicos, no a las presiones políticas del momento; tiene que haber garantías a lo largo del proceso de solicitud y análisis; las partes tienen que tener el derecho, como lo tienen en Uruguay, de apelar las decisiones, y no puede haber influencias indebidas del sector político. Esto lo traigo particularmente a colación sobre el caso Minerva-Marfrig, ahí vimos dirigentes políticos de primer nivel de todos los partidos emitiendo opiniones firmes sobre ese asunto. Eso no está mal en sí mismo, el sector agropecuario es muy importante en la economía nacional, esta transacción era importante, era inevitable que hubiera opiniones políticas sobre el punto. La clave es que la Comisión pueda actuar con independencia técnica y que a lo largo del tiempo sus decisiones resulten consistentes, sólidas y razonablemente predecibles. Esos son todos elementos importantes. Pero en todo el mundo existen los controles de concentración.

EC —Otra observación que surgió en La tertulia, a partir de estas resoluciones de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, fue que en realidad ya existen muchos casos de oligopolios en nuestro país. ¿Qué puede hacer la Comisión al respecto, a propósito de hechos consolidados? ¿Puede la Comisión obligar a una empresa con posición dominante a desinvertir en su negocio?

PR —No, ahí hay una confusión. Cuando hay una solicitud de concentración la Comisión puede hacer tres cosas: aprobarla, rechazarla o aprobarla con condiciones o lo que en la jerga llamamos “remedios”, que son de dos tipos. Pueden ser remedios como compromisos de comportamiento, “autorizo esta operación, pero el comprador tiene que comportarse de tal manera por cierto tiempo, yo voy a estar observando tales cosas”. O remedios que se llaman estructurales: aprobar la transacción pero en cierto tiempo la empresa compradora tiene que venderle un negocio a un tercero, tiene que desinvertir. Creo que ahí surgió esa confusión.

La Comisión puede aprobar una transacción sujeta a que desinvierta, pero no puede obligar a que desinvierta, puede decir “si querés que te la apruebe, tenés que desinvertir en este negocio en tal tiempo”. Pero puede hacerlo cuando hay una solicitud de una concentración, no puede exigirle a una empresa que desinvierta o salga de un negocio si no está pidiendo ninguna concentración, porque su negocio es grande, porque tiene una cuota de mercado grande. Solo puede condicionar una compraventa.

Hasta 2020 las empresas podían comprar otras empresas sin pedir autorización; en Uruguay vimos montones de compañías que se fueron vendiendo, otras que fueron comprando, que fueron ganando posición de mercado comprando otras compañías, no había ningún impedimento legal para hacerlo, la Comisión solo puede actuar en las nuevas compraventas. En definitiva Uruguay llegó tarde al control de concentraciones y es cierto que eso ha dejado mercados más concentrados.

También es cierto que Uruguay tiene un mercado pequeño y en las producciones hay economías de escala. Entonces cuando los mercados son pequeños es eficiente que las empresas sean más grandes y eventualmente tengan más posición de mercado. No tenemos que demonizar las cuotas de mercados porque somos un país pequeño. Y cuando los mercados son pequeños la eficiencia económica se logra con empresas de un tamaño mínimo que implican bastante cuota de mercado. Vuelvo a lo que decía al comienzo, la ley no prohíbe la posición dominante, lo que prohíbe es el abuso de posición dominante. Las empresas exitosas pueden construir posiciones dominantes siempre que no lo hagan (a partir de 2020) comprando otras empresas o mediante prácticas anticompetitivas.

EC —La posición dominante de una empresa en un mercado puede conformarse de otra forma: sin que esa empresa “haga nada”.

PR —Que compita exitosamente.

EC —Sí, o porque otras empresas del sector cierran o se retiran del país.

PR —Cuando eso pasa, la conclusión que tenemos que sacar es que la empresa ganó posición de dominio porque fue mejor que sus competidores, asumiendo que no implementó prácticas anticompetitivas que terminaron desplazando a los competidores. Eso es parte del libre juego de la oferta y la demanda y de la eficiencia económica. Las empresas que hacen las cosas bien van a crecer, las empresas que hacen las cosas mal van a decrecer y las que las hacen muy mal, por la razón que sea, eventualmente terminarán cerrando. Y está bien que la ley no prevea ningún remedio para eso, que no debe impedirse. Otra cosa es qué hacemos con los oligopolios o con las posiciones dominantes que
surgieron del pasado.

EC —Exacto. Tú decís: la posición dominante no está prohibida, pero ¿qué pasa si ocurre que un oligopolio hace abuso de posición dominante?

PR —Si hay abuso de posición dominante hay posibles sanciones.

EC —¿Eso lo puede analizar la Comisión?

PR —Puede analizarlo de oficio o por denuncias de otros. Cobrar caro no es un abuso de posición dominante, vender caro un producto, lo vendo caro porque tengo una posición en el mercado, decido vender y mis clientes deciden comprar. Para esos casos tenemos que pensar eventualmente en modificar regulaciones que les permiten a las empresas cobrar caro. Si tenemos falta de competencia en mercados –la tenemos en muchos mercados–, la Comisión puede mirar que no haya prácticas anticompetitivas. También puede sugerir modificaciones en regulaciones, leyes o decretos que estén llevando a que haya menos competencia. La Comisión tiene capacidad para proponer cambios regulatorios o legislativos, a los cuales tiene que acceder el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, según el caso.

EC —Para terminar, ¿cómo es la situación de la Comisión? El viernes pasado, durante una entrevista acá, En Perspectiva, el contador Pablo Ferreri (Frente Amplio, extitular de la DGI, exsubsecretario de Economía, hoy asesor de Carolina Cosse) señalaba que es necesario dotar a la Comisión de mayores recursos y que debería estar fuera de la órbita del Ministerio de Economía. No es el único sector político que plantea cambios respecto a la Comisión o la legislación, en particular sobre el funcionamiento de la Comisión.

PR —Es un tema sumamente relevante. La Ley de Defensa de la Competencia restringe los derechos de las empresas, los derechos a vender y los derechos a hacer cosas que se consideren anticompetitivas o abuso de posición dominante. Para que esas restricciones no afecten negativamente la inversión es muy
importante que la calidad de esas decisiones sea buena y predecible. Uruguay recién está empezando a recorrer este camino, la ley que creó el marco de defensa a la competencia es relativamente nueva, es del 2007, y mucho más nuevo es el control de concentraciones. Estas son las dos primeras transacciones importantes que son rechazadas; se había rechazado una transacción a un supermercado –creo que en Parque del Plata–, y con el paso del tiempo seguramente va a haber otras, es inevitable.

Sin desmerecer en absoluto el trabajo que ha hecho la Comisión hasta ahora, sin que mis comentarios sean críticos en absoluto de sus resoluciones, en mi opinión parece razonable pensar que la Comisión debe contar con más recursos materiales y humanos. Para que la vigilancia de la competencia en los mercados que debe hacer la Comisión no genere incertidumbres con efectos negativos en la inversión,
tiene que tener recursos muy sólidos, tiene que tener capacidad para analizar las solicitudes de concentración, para atender denuncias, para actuar de oficio. Porque si la Comisión no actúa de oficio, si los actores no perciben un riesgo de ser sancionados, va a haber muchas prácticas anticompetitivas. Tiene que tener la capacidad de analizar en profundidad mercados donde haya indicios de insuficiencia de competencia.

Desde un punto de vista institucional es muy razonable pensar que la Comisión tiene que tener más independencia técnica y política que la que tiene hoy, porque hoy reporta al ministro de Economía. Imaginemos, la Comisión puede sugerir cambios en decretos del Poder Ejecutivo, puede sugerir cambios legislativos, podría ir al Parlamento y decir que hay leyes que deberían ser modificadas, pero para eso
necesita independencia política. Hay cosas que no deberíamos hacer, tener un marco de defensa de la competencia con una comisión sancionatoria y retacearle recursos no es una buena combinación. Empoderar a la Comisión y darle más independencia política está bien si a su vez también le damos más recursos. Donde surgió la comisión está bien, surgió chica, surgió experimentalmente, vigilada por el Ministerio de Economía. Tenemos que darle más independencia, pero tenemos que darle más recursos.

***
Transcripción: María Lila Ltaif

La entrada Entrevista del 13 de junio de 2024: Pablo Rosselli se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

EMILIANO COTELO: El Banco Central divulgó ayer las  cifras de actividad económica del tercer trimestre del año. Según estos datos, el Producto Interno Bruto registró una variación levemente negativa (de -0,1%) respecto de los niveles del segundo trimestre, pero se situó 3,7% por encima de los niveles del tercer trimestre de 2021.

 ¿Cuál fue la evolución a nivel de los principales sectores de actividad? ¿Qué marcaron los datos a nivel de los componentes de la demanda? ¿Qué perspectivas se manejan para 2023? Lo conversamos con el economista Pablo Rosselli, de Exante.

ROMINA ANDRIOLI: ¿Cómo vieron los datos del tercer trimestre del año? ¿Cuáles son los principales destaques de las cifras presentadas ayer?

PABLO ROSELLI:

• Las cifras marcaron un freno bastante claro respecto a lo visto en la primera mitad del año. Como decía Emiliano, el PIB tuvo una caída ligera (de 0,1%) frente al trimestre previo, cuando en los trimestres previos (que de hecho fueron revisados al alza) había crecido 0,8% en enero-marzo y 1,4% en abril-junio (siempre en términos desestacionalizados).
• Cuando se compara con niveles de un año atrás, el crecimiento es todavía positivo (3,7%), pero es bastante más moderado que lo que marcaba esa misma comparación interanual en la primera mitad del año, porque ya estamos comparando con un tercer trimestre de 2021 en el que la economía había comenzado a rebotar, tras el éxito de la vacunación contra el Covid y el regreso a una mayor normalidad.
• Con estos datos, la economía acumula una expansión de 6,5% en enero-setiembre, que está muy en línea con lo que marcaban nuestras estimaciones para este período.

RA: ¿Y cómo fue el desempeño por sector de actividad?

PR:

• En la comparación con los niveles de un año la mayoría de los sectores registran crecimientos de sus niveles de actividad. En particular, el mismo informe del BCU destaca el buen desempeño del agregado Comercio Restaurante y hoteles, que acumula una suba de más de 10% frente al tercer trimestre de 2021. En esto hay una contribución muy positiva de la reactivación que registró el turismo receptivo sobre las actividades de restaurantes y hoteles, también un buen desempeño del comercio al por mayor (sobre todo asociado a la exportación de soja). En lo que hace al comercio minorista, en particular, el informe destaca el crecimiento de algunos giros puntuales como la vestimenta y el calzado y los electrodomésticos.
• Luego también se observó un crecimiento fuerte de la Construcción (de más de 8% interanual), asociado tanto a mayores obras de construcción residencial como de infraestructuras (en particular el Ferrocarril Central y obras viales y de líneas de comunicación).
• El agregado Transporte, almacenamiento, información y comunicaciones se expandió más de 7% interanual, con una contribución destacada del transporte de pasajeros (en particular en viajes hacia Argentina), pero también con mayor actividad de transporte de cargas.
• Y finalmente, a nivel de los servicios, hubo también buenos desempeños en los servicios financieros (en un marco de mayor intermediación financiera en moneda nacional) y de las actividades profesionales y de arrendamiento.
• En el otro extremo, el agro se retrajo más de 7% frente al tercer trimestre de 2021 y la industria manufacturera cayó casi 3% en la misma comparación. En ambos casos, el informe del BCU destaca la incidencia negativa que tuvo el retroceso de la actividad en la cadena cárnica durante julio-setiembre.

RA: Bien. ¿Y cuáles son los elementos a destacar del lado de la demanda?

PR:

• Del lado de la demanda o desde el Enfoque del Gasto todos los principales componentes crecieron, tanto frente a un año atrás como en la comparación desestacionalizada respecto al trimestre inmediato previo, según las estimaciones que realizamos en EXANTE.
• Por un lado, la inversión en activos fijos mantuvo un crecimiento firme, con una interanual de más de 10%. En esto siguieron incidiendo de forma clave las inversiones asociadas al Ferrocarril Central, pero el informe también destaca más inversiones en obras de vialidad, en líneas de comunicaciones y en edificios residenciales.
• Y también las exportaciones siguieron empujando, con una suba interanual de casi 19%.
• Luego tuvimos un muy buen desempeño a nivel del consumo de los hogares, que creció 7% frente a un año atrás y según nuestra estimación desestacionalizada subió más de 1,5% respecto a abril-junio. Esto supuso una redinamización muy significativa del consumo privado, que resulta llamativa cuando se tiene en cuenta el pobre desempeño que habían mostrado en el mismo período varios indicadores parciales vinculados al consumo interno y la propia evolución del mercado de trabajo. En ese sentido, es importante advertir que el propio informe del BCU destaca que en el trimestre hubo una contribución muy relevante del gasto en viajes, sobre todo hacia Argentina, que desde el lado de  la demanda es sin dudas consumo, pero desde el lado de la oferta supone mayores importaciones.
• En ese sentido, es interesante marcar en términos más generales, que el crecimiento significativo que registró la demanda agregada entre el tercer trimestre de 2021 y el de 2022 fue “cubierto” o “abastecido” (por decirlo de alguna manera) en buena medida por una expansión muy significativa de las importaciones, que crecieron casi 19%.

RA: Está claro. Antes de terminar entonces y a partir de este análisis de los datos del tercer trimestre, ¿cómo quedan las proyecciones de actividad económica para este año y para 2023?

PR:

• Estamos en estos momentos revisando pronósticos a la luz de estos últimos datos.
• Como comentaba antes, las cifras de julio-setiembre dejaron un desempeño algo peor de lo que teníamos estimado, pero al mismo tiempo el BCU revisó al alza las cifras de los dos trimestres previos, con lo cuál en el acumulado del año a setiembre el crecimiento fue muy similar a lo que teníamos estimado. En ese sentido, es probable que la proyección promedio anual de este año no la modifiquemos sustantivamente, y sigamos estimando un crecimiento cercano a 5,5% promedio anual.
• Ahora, para 2023, veníamos trabajando con una expansión de 2% promedio anual, que requiere que la actividad económica tenga cierta reactivación respecto a lo visto en julio setiembre.
• Y el escenario a su vez plantea varias incertidumbres. A nivel de las exportaciones, resulta esperable que veamos un menor dinamismo, incluso pese al impulso que vamos a ver a nivel de la celulosa y asumiendo una mejor temporada turística. De hecho, las cifras de esta última parte de 2022 ya vienen mostrando bajas de las ventas al exterior de bienes.
• A eso se suma, que las inversiones asociadas al proyecto de UPM van a ir llegando a su fin ya en la primera parte del año. Y si bien hay señales de reactivación de la inversión privada en construcción residencial y esperamos también más obras viales y en otras infraestructuras, difícilmente compensen en su totalidad.
• En este marco, nos parece que el crecimiento económico en 2023 dependerá de forma clave de la evolución que mantenga el consumo. En ese sentido, estas cifras del julio-setiembre fueron mejores de lo que estimábamos, pero a nuestro juicio es clave para adelante que los ingresos de los hogares tengan una mejora, esto es que  el empleo deje de caer  y que los salarios reales comiencen a recuperarse, en un marco de moderación de la inflación.
• En definitiva, Romina, tendremos que seguir analizando esta información más reciente y revisar nuestros modelos para evaluar si corresponden correcciones en los pronósticos, pero tendemos a mantener la visión de que el crecimiento del PIB en 2023 será muy moderado.

La entrada El PBI tuvo un "freno bastante claro" en el tercer trimestre del año: ¿Cuál fue la evolución a nivel de los principales sectores de actividad? Análisis de Pablo Rosselli (Exante) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

EMILIANO COTELO (EC): Comoustedes saben, el Poder Ejecutivo dio a conocer semanas atrás suanteproyecto de reforma de la seguridad social.

En estos momentos, ese anteproyecto está siendoanalizado por los distintos partidos políticos, en la coaliciónmulticolor y en el Frente Amplio.

Hemos dedicado bastante espacio a este asunto, pero hoy nos pareció oportuno dedicar el análisis económico de Exante a este tema. Para eso, vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli, a quien damos los buenos días.

ROMINA ANDRIOLI (RA): Para empezar, en términos generales, ¿cómo están viendo el anteproyecto?

PABLO ROSSELLI (PR): Primero que nada, tenemos que decir que se trata de un tema complejo. El anteproyecto tiene más de 300 artículos y aborda múltiples asuntos. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo y vamos estudiando el tema y viendo lo que numerosos especialistas van valorando, nosotros también nos vamos haciendo paulatinamente de una mejor comprensión del asunto. Así que los comentarios que vamos a hacer hoy son, en alguna medida, preliminares.

Hecha esa aclaración, la primera valoración que podemos hacer es que el proyecto aborda un número importante de asuntos relativos al sistema de seguridad social. Creo que no diría que el proyecto supone una reforma integral del régimen de seguridad social, porque se concentra en la parte de la seguridad social que cubre lo que en la jerga se llaman riesgos de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (pero no cubre otras áreas de la red de protección social) y porque deja asuntos pendientes, pero en cualquier caso se trata de un proyecto muy ambicioso.

Como segunda valoración, el proyecto está muy alineado con el diagnóstico que surgió de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, diagnóstico que, aunque no concitó un consenso (porque no fue aprobado por los representantes del Frente Amplio y del PIT-CNT), en mi opinión era razonablemente correcto.

RA: ¿Cuáles son las claves de ese diagnóstico que se recogen en el proyecto y que a tu juicio eran correctas?

PR: Al momento de evaluar un sistema de seguridad social uno debe mirar cuatro grandes aspectos: cobertura del régimen, suficiencia de las prestaciones, sustentabilidad financiera y equidad.

Bajo esos cuatro lentes, en mi opinión es claro que el régimen tiene una adecuada cobertura (más de 95% de la población mayor de 65 años). También es razonable concluir que las prestaciones son relativamente suficientes. Esto siempre es más opinable porque muchas pasividades son bajas en relación con el costo de vida. Pero, en términos relativos, la pobreza entre los mayores de 65 años es muy baja en Uruguay (2,1% en 2021, frente a una pobreza de casi 20% en los menores de 18 años).

Los mayores problemas del sistema están en su falta de sostenibilidad financiera y en su equidad.

RA: Sobre eso se ha insistido mucho desde diversos ámbitos. ¿Cuáles son, para ti, las principales debilidades?

PR: El gasto público en pasividades asciende a aproximadamente 10% del PIB (se trata de un nivel elevado en la comparación internacional, cuando se contempla el PIB per cápita y el grado de envejecimiento de la población). A su vez, la mitad de ese gasto se cubre con impuestos (no resulta de los aportes patronales y personales que se realizan en la etapa activa) y ese gasto aumentaría fuertemente en las próximas décadas si no hiciéramos ninguna reforma.

Esa falta de sustentabilidad financiera encierra un primer nivel de inequidad: las prestaciones que el régimen paga a los pasivos actuales y a los próximos pasivos no podrán sostenerse para las generaciones más jóvenes. Es decir que, sin reforma, a los jóvenes les estamos haciendo pagar un régimen de seguridad social mucho más generoso del que ellos podrán disfrutar en su etapa pasiva. Un segundo nivel de inequidad tiene que ver con la diversidad de regímenes: la mayor parte de la población está cubierta por el régimen del BPS pero hay diversos grupos (mucho menos numerosos) que tienen regímenes notoriamente más favorables: me refiero al servicio de retiros y pensiones militares (llamada a veces “caja militar”) y a las cajas paraestatales (bancaria, profesional y notarial).

RA: A partir de ese diagnóstico, ¿cuáles son a tu juicio los aspectos más acertados del proyecto?

PR: Un eje central del proyecto, que apunta a resolver la falta de sustentabilidad financiera, está en la reforma de varios parámetros del sistema. En la jerga de los especialistas, el proyecto plantea una reforma paramétrica.

Eleva la edad de retiro de 60 a 65 años, extiende hasta 25 la cantidad de años de aportes que se utilizan para el cómputo de la jubilación y establece mayores incentivos a trabajar más tiempo, incluyendo una generalización de la posibilidad de retiro parcial. En cambio, y en mi opinión de forma acertada, el proyecto no aumenta el requerimiento de 30 años de trabajo para configurar la causal jubilatoria, porque es un requerimiento que de por sí ya es alto y puede resultar problemático para las generaciones futuras.

RA: Desde el PIT–CNT ya se ha señalado que esa reforma justamente recorta derechos y que no se buscaron otras formas de ingresos. Por ejemplo, ¿por qué no financiar el déficit del sistema con más impuestos a las empresas o al capital, como se señala desde la central sindical?

PR: Luego podemos volver con algún comentario adicional relativo a los ingresos, pero en mi opinión y en la de muchos colegas, parece esencial separar dos conversaciones.

Un tema es cuántos impuestos y qué impuestos queremos recaudar.  Esa es una discusión relevante en cualquier país, que de tanto en tanto cobra vigor y debe ser revisada.

Otro tema es cuánto más queremos gastar en Seguridad Social, porque aun si fuera posible económica y políticamente incrementar la recaudación de impuestos, es imprescindible preguntarse en qué querríamos gastar esa mayor recaudación. Uruguay ya tiene un gasto en pasividades muy elevado en la comparación internacional y al mismo tiempo tiene una pobreza infantil alta, problemas serios en su sistema educativo, una población carcelaria (mayoritariamente joven) que está recluida en muy malas condiciones, 200.000 personas (mayoritariamente jóvenes) viviendo en asentamientos.

En mi opinión, todo eso muestra que la sociedad uruguaya ha sido más que suficientemente generosa con la cobertura a la población adulta. Al final, esta discusión tiene que ver con las prioridades que tenemos para el gasto público incremental. En mi opinión, la prioridad para cualquier aumento del gasto público debería estar absolutamente centrada en atender esos problemas que planteaba recién, que hacen al bienestar y a la calidad de vida de los niños y jóvenes de nuestro país.

RA: También cabe preguntarse por qué la reforma de parámetros no considera subir las tasas de aportación. ¿Qué dices sobre ese asunto?

PR: El diagnóstico de la Comisión de Expertos mostraba con claridad que las tasas de aportes a la seguridad social ya son altas en Uruguay.

En mi opinión, era francamente desaconsejable ir por ese camino.

De nuevo, apelar a aumentar las tasas de aportes implica nuevamente optar por que las generaciones más jóvenes hagan una mayor contribución; y subir las tasas de aporte, además, probablemente desalentaría la creación de empleos nuevamente perjudicando a la población joven.

RA: Otra pregunta, la reforma de parámetros es bastante gradual. ¿Cómo evalúas eso?

PR: Hay tres gradualidades. Por un lado, el aumento en la edad de retiro se aplicaría para los nacidos desde 1967 en adelante, a razón de un año más de edad por cada año. Es decir que los nacidos a partir de 1971 se jubilarán a los 65 años. Ese cambio es gradual pero relativamente rápido. Lógicamente, si ese cambio fuese más gradual, los impactos financieros demorarían más en lograrse.

Hay otra gradualidad mucho mayor que tiene que ver con el cambio en la fórmula de cómputo de la jubilación en el régimen general. Ese cambio se aplicará a las personas que se jubilen a partir de 2027, para las personas que se jubilen ese año, el 80% de su jubilación se calculará por el régimen actual y sólo un 20% por el nuevo régimen.La ponderación del nuevo cálculo irá aumentando a razón de 5% por año y recién quienes se jubilen en 2043 tendrán toda su jubilación calculada con la nueva fórmula.

Esa misma gradualidad se aplica a otro de los cambios importantes del proyecto. Me refiero a la convergencia de regímenes. Los regímenes de los distintos institutos irán convergiendo al régimen general. Esto viene a corregir en cierta medida las inequidades que mencionaba al principio, aunque los militares todavía podrán retirarse a menores edades. Esta gradualidad de 20 años mitiga mucho el impacto de la reforma en las generaciones más próximas a jubilarse, procurando no afectar tanto los llamados usualmente derechos adquiridos, pero cabe preguntarse si la reforma no debería avanzar más rápido para corregir más rápido esas inequidades.

RA: ¿Cómo estás viendo los cambios en el pilar de capitalización individual?

PR: En mi opinión, la reforma tiene en esta área algunos aciertos. En primer lugar, generaliza el régimen de capitalización individual para todos los nuevos trabajadores. Es necesario dar ese paso porque cada vez viviremos más y entonces es razonable que parte de ese riesgo demográfico no recaiga en el Estado. En segundo lugar, plantea algunos mecanismos tendientes a reducir las comisiones que cobran las AFAPs, que históricamente han sido altas aunque en este punto habrá que ver bien cómo terminan funcionando esos mecanismos.

El proyecto también procura generar algunos mecanismos adicionales de ahorro voluntario, pero probablemente se queda corto en este objetivo. En mi opinión, cabe preguntarse si no se debería contemplar que a medida que aumente el ingreso de cada trabajador (hasta cierto tope) se incremente el porcentaje de ahorro obligatorio en la cuenta individual porque todavía es poco lo que las personas acumulan en su cuenta de capitalización individual.

Por otro lado, la reforma no aborda un problema serio que tiene el pilar de ahorro individual.

RA: ¿A qué te referís?

PR: Me refiero a que cuando las personas se jubilan y retiran su dinero de la AFAP solo pueden ir al Banco de Seguros del Estado, que les ofrece una renta vitalicia. El problema es que como no hay ningún actor privado ofreciendo rentas vitalicias, casi todo el riesgo demográfico que queríamos trasladar desde el Estado a las personas termina volviendo al sector público.

Seguramente hay muchos factores que se han combinado para que no haya actores privados en este segmento del sistema, pero el proyecto no aborda en absoluto este asunto.

RA: ¿Cuáles son tus comentarios finales, a modo de síntesis?

PR: En mi opinión es un buen proyecto; bastante ambicioso como decía al inicio. Aborda los dos problemas centrales: falta de sustentabilidad y falta de equidad. Introduce mejoras relevantes para garantizar niveles mínimos de protección, con el “suplemento solidario”. Intenta mejorar la gobernanza del sistema, que ha fallado notoriamente en los últimos años.

Como decía antes, cabe preguntarse si no debemos buscar una convergencia más rápida entre regímenes. La caja profesional, por ejemplo, va a tener una ley específica para atender una situación financiera crítica, y es muy probable que al final la convergencia en ese caso sea más rápida, entonces, ¿por qué no debería ser más rápida también en los otros regímenes?

Volviendo al tema de los ingresos, el proyecto acierta en mi opinión en no apelar a mayores tasas de aportación, pero en la actualidad también tenemos excepciones que configuran inequidades. Hay algunos sectores con exoneraciones de aportes patronales. El sector agropecuario paga aporte patronal pero lo hace en base a las hectáreas ocupadas (lo cual implica una reducción de la aportación). El proyecto debería corregir esas inequidades.

En suma, es un buen proyecto, pero es perfectible. En la búsqueda de mejoras o cambios, la clave está en la generación de acuerdos en el sistema político.

RA: ¿Qué tan urgente es la reforma? ¿O qué tan grave es que quede para el próximo período de gobierno?

PR: Está claro que la reforma del sistema no es urgente desde un punto de vista financiero, pero cuanto antes la encaremos, más opciones tendremos.

Y cuanto antes la encaremos, antes estaremos actuando sobre las grandes inequidades en perjuicio de los jóvenes que supone el régimen actual.

Ojalá que el sistema político esté a la altura.

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¿Qué pasará con la economía uruguaya una vez que la pandemia deje de ser una amenaza? ¿Cómo se puede incidir desde el gobierno para incentivar la reactivación?

Estas preguntas se han ido instalando como el gran tema de debate político. Y todo indica que la discusión seguirá creciendo en las próximas semanas.

Los efectos que la emergencia sanitaria tuvo sobre la actividad, el empleo y el salario real todavía se siguen sintiendo. No obstante, en el gobierno ven alguna señal positiva para la recuperación, tanto en el frente interno y el externo, según comentó el lunes pasado la ministra Azuzena Arbeleche.

¿Cómo está la economía hoy? ¿Qué bases hay para un crecimiento significativo este año? ¿Y con qué políticas se puede estimular la actividad y el empleo? Conversamos En Perspectiva con los economistas Pablo Rosselli y Tamara Schandy, socios de la consultora Exante.

BLOQUE 1: La situación económica a fines de 2020 e inicios del 2021

¿Cómo analizan la situación económica a inicios de 2021? 

Pablo:

• En 2020 Uruguay sintió el fuerte impacto del Covid en la actividad económica y en el mercado de trabajo.
• La actividad económica tuvo una fuerte caída en el segundo trimestre, de más del 10%.
• En el tercer trimestre hubo un rebote importante.
• En el cuarto trimestre el PIB habría crecido pero probablemente a un ritmo mucho más moderado, lo que es en parte previsible por la nueva ola de Covid, que se traduce en menos movilidad y más cautela de consumidores.
• El PIB cerró el 2020 con caída promedio anual de 5,7%. En el cuarto trimestre el PIB estuvo 3% por debajo del cuatro trimestre de 2019.

Tamara:

Impacto en el empleo:

• Habíamos perdido unos 50.000 empleos entre 2015 y 2019 (freno abrupto tras un boom de los commodities).
• El Covid derivó en una nueva pérdida de empleos: 32.000 con datos a noviembre vs. febrero (pre-covid)… pero hay estacionalidad. Si comparamos noviembre/noviembre hay una caída de 50.000 personas y nuestras estimaciones apuntan a que en diciembre vamos a terminar en torno a ese número (quizás incluso algo más porque fue un diciembre flojo para el turismo y los servicios).  
• Caída del salario real en 2020: 2,3% promedio anual para los trabajadores privados. Uruguay llegó al escenario del Covid con un desajuste en el mercado de trabajo, con salarios que habían estado creciendo por encima del ritmo de crecimiento de la productividad. En ese contexto hubo una pauta salarial: el “acuerdo puente”, que buscó una moderación nominal de salarios para cuidar el empleo. Eso implicó una caída del salario real.

¿Dónde está hoy la actividad económica… a inicios de 2021? La actividad turística, por lo pronto, sintió un golpe muy duro con las fronteras cerradas…

Tamara:

• En el primer trimestre tenemos usualmente ingresos de divisas por más US$ 600 millones (algo más de 1% PIB), y usualmente los uruguayos gastan en el exterior unos US$ 300 millones (0,5% PIB)
• El saldo habitual de turismo en ese primer trimestre es muy relevante… y se hizo prácticamente 0 este año.
• El turismo interno no podía compensar ni de cerca ese shock. 
• Estimamos que el PIB cayó levemente en el primer trimestre de 2021, porque igual hay sectores a los que les fue mejor… pero es un quiebre respecto a la recuperación que estábamos viendo desde el piso del segundo trimestre del 2020.
• ¿A dónde fueron a parar los US$ 300 del gasto exterior?

Les propongo que pasemos a la situación fiscal… Y empecemos mirando los resultados de 2020 que presentó este lunes la ministra de economía, Azucena Arbeleche. Más allá de las discusiones sobre lo que se hizo o lo que se debió hacer, desde la oposición hubo cuestionamiento al manejo de cifras… ¿Cómo analizan ustedes esos resultados?

Pablo:

• Muchas discusiones políticas, sobre las cifras y sobre lo que se hizo o se debió hacer.
• Parece importante poner el foco, en primer lugar, en los resultados de 2020.
• El gobierno asumió el 1° de marzo 2020 asumiendo un compromiso de ajuste fiscal. que en la campaña electoral se prometió que iba a operar por el lado de la reducción gradual del gasto.
• La irrupción de la pandemia abrió un nuevo debate… ¿era necesario ajustar en 2020 o se podía postergar el ajuste hasta después del covid? 
• Pero a nuestro juicio, cualquier estrategia de ajuste requiere credibilidad.
• El Gobierno presentó su presupuesto el año pasado con ciertas metas fiscales.
• La ministra informó lo que más o menos ya anticipábamos del análisis de las cifras que venían publicándose… 
• Se cumplieron las metas fiscales y eso es un hecho que tiene valor en sí mismo, más allá de los debates que podamos tener sobre la política fiscal.

¿Podemos repasar brevemente esas cifras?

Tamara:

• Déficit fiscal consolidado de todo el sector público cerró en  6% del PIB considerando el PIB nuevo. Con la base anterior de las Cuentas Nacionales (que tenía un PIB más chico), el ratio habría sido de 6,4%, muy parecido al 6,5% del PIB que estaba en las proyecciones de la Ley de Presupuesto.
• En su comunicación, el gobierno pone foco en las metas del Gobierno Central y el BPS, dejando de lado empresas públicas y otros organismos.
• La regla fiscal se compone de dos metas adicionales al resultado: Por un lado, mira el crecimiento del gasto primario del Gobierno central y BPS. Establece que debe crecer menos que el crecimiento potencial del PIB, que se estimó en 2,3%. Eso se cumplió, porque el gasto creció 0,4% en relación a 2019. El otro pilar de la regla fiscal es el aumento de la deuda, al que se aplica un tope de US$ 3.500 millones. El aumento reportado por el MEF fue US$ 3.120 millones, así que esa meta también se cumplió. 
• Resultado fiscal estructural, que surge de ajustar el resultado todos los meses por factores extraordinarios y también cíclicos. Un ejemplo fácil de entender: cuando estamos en recesión recaudamos menos, pero ese deterioro no es “estructural” sino asociado a un ciclo económico. El gobierno incluyó en el Presupuesto una proyección de Resultado fiscal estructural. Preveía que, para el Gobierno Central y BPS, iba ser un déficit de 4,4% del PIB, y el lunes reportó la ministra Arbeleche que el déficit estructural fue de 4,1% del PIB. 

Pablo: 

• Es importante empezar a prestarle atención al RFE para entender mejor la dinámica fiscal. Para ir asentando este concepto es bueno que el gobierno empiece a ser más explícito en los parámetros que usa para hacer los ajustes.  Sobre eso no hubo mayor detalle en la conferencia del lunes. 
• Aguardamos que en próximos comunicados el gobierno proporcione más elementos para evaluar el RFE, más allá de que los analistas hacemos nuestras propias estimaciones.
• Hay muchos temas que pueden discutirse en torno de la política fiscal – pasa en todo el mundo y Uy no es excepción – pero volviendo al tema que marcaba al inicio, a nuestro juicio es importante que se hayan cumplido las metas en este primer año de gobierno, más allá de que uno esté de acuerdo o no con el signo de la política fiscal que estaba implícito en esas metas.
  

En la oposición critican las cifras que presentó la ministra y la estrategia de ajuste… En relación con el primer tema, desde el FA se dice que el gobierno gastó poco para enfrentar la crisis sanitaria y se cuestionan las cifras. Bergara dijo que la ministra sumó “peras con manzanas”… ¿Cómo es eso?

Pablo:

• Ministra planteó una cifra de aproximadamente US$ 1.200 millones para atender la situación del Covid, y fue clara en que eso sumaba dos cosas diferentes: el gasto que debió aforntar (US$ 700 millones) para enfrentar la emergencia sanitaria; y aportes de garantías para créditos a Pymes en el marco del SIGa por unos US$ 500 millones.
• Los aportes de garantía no son todo gasto público. Las garantías son una contingencia pero no implican un desembolso inmediato
• La ministra hizo la aclaración de que incorporaba esos dos conceptos.
• Esa forma de presentar esas cifras – sumando cosas diferentes – puede ser criticable, pero se ha hecho en todo el mundo. Por ende, no nos parece una discusión relevante.
• En cambio, es cierto que el volumen total de recursos destinados al Covid en UY es muy bajo en cualquier comparación internacional: son bajos los US$ 500 millones para garantizar créditos y son bajos los US$ 700 millones de gasto público.  

Tamara:

• Y agregaría que, junto a esos gastos adicionales para atender la emergencia derivada del Covid, que Pablo decía fueron reducidos si uno hace una comparación internacional, el gobierno también tomó medidas de reducción de los gastos corrientes, que apuntan a una reducción más estructural del déficit fiscal. 
• El signo de la política fiscal (dejando de lado los gastos Covid) fue marcadamente contractivo: la masa de remuneraciones de la administración central cayó aproximadamente 2% real, las transferencias cayeron 4%, los gastos de funcionamiento 5% y las inversiones más de 10%.  
• La política fiscal no contribuyó en términos netos a mantener un nivel más alto de demanda agregada, por el contrario: tuvo un efecto contractivo.

Bloque 2: ¿QUÉ ESPACIO DE ACTUACIÓN TIENE LA POLÍTICA ECONÓMICA? ¿CUÁL ES EL MARGEN DE ACCIÓN?

¿Había espacio para gastar más? ¿Se debió seguir adelante con la estrategia de ajuste fiscal concebida antes del Covid? 

Tamara:

No hay respuestas únicas desde un punto de vista técnico a esa pregunta.

• Uruguay llegó al Covid con una mala situación fiscal, con un déficit fiscal elevado, con varios años de incumplimiento de las metas fiscales.
• Como muchas veces comentamos; la situación fiscal era problemática. Si bien la estructura de la deuda era muy sana (plazos largos, líneas con multilaterales, reservas), el déficit era insosteniblemente alto.
• A nuestro juicio, era imprescindible hacer un ajuste fiscal “estructural” en Uuruguay. Había consenso entre los analistas independientes desde antes del covid.
• Hubo un cambio hacia un escenario de amplia liquidez internacional, de bajas tasas y donde hubo relajamiento fiscal en todo el mundo con la pandemia que abría, probablemente, un espacio para gastar un poco más o para demorar el ajuste. Pero nadie sabe con certeza dónde está la restricción de presupuesto del gobierno.
• Gastar más tiene riesgos. Evaluar si tomar esos riesgos o no, es una decisión del gobierno.
• El gobierno optó por combinar, como decíamos, más gastos transitorios para atender el Covid, con recortes de gastos que pretenden ser más permanentes. No dejó de lado la estrategia inicial de ir recortando el gasto público.
• A nuestro juicio, anunciar la postergación de medidas de ajuste de gastos y a la vez resolver más gastos por Covid podía tener problemas de credibilidad. Dejar todo el ajuste para 2022 y para los años siguientes podía ser problemático.
• El ajuste estructural, aunque contractivo para la actividad económica, a nuestro juicio era necesario… pero quizás sí pudo haber gastado algo más en medidas de protección social y de apoyo a las PYMES, cuidando de enfatizar la transitoriedad de ese gasto. La ministra Arbeleche, en la conferencia del lunes, anunció para este año un gasto estimado de unos US$ 540 de gastos adicionales para el Fondo Covid. Pero no deberíamos sorprendernos si vemos algún cambio en el tipo de instrumentos, dada la situación del mercado de trabajo que comentábamos, quizás tenga sentido ir migrando del seguro de desempleo hacia esquemas de apoyo directo a las empresas para sostener el nivel de empleo, e intentar que la recuperación del mercado del trabajo sea más rápida.

Hace una semana el ex ministro de economía, Ignacio De Posadas, sorprendió con un planteo llamando a más inversión en infraestructura… ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene la política económica para este año?

Pablo:

• A nuestro juicio puede haber cierto espacio, pero menor del que uno podría inferir de las discusiones que se observan en el frente político o en las redes sociales.
• En cualquier caso, hay que tener presente que el espacio de acción de la política fiscal es reducido, y por eso mismo, es muy importante ordenar los objetivos que le asignemos a cualquier medida en el frente fiscal.
• Una eventual suba del gasto podría apuntar a dos objetivos deseables, pero competitivos entre sí, dadas las restricciones: 
  • por un lado, uno podría pensar en fortalecer la asistencia a los hogares más afectados por la situación económica actual
  • por otro, uno podría pensar en más gastos para apuntalar un programa de inversión en infraestructura.
• La realidad es que la recuperación del empleo tomará tiempo y muchos hogares están viviendo con ingresos particularmente reducidos por el Covid.
• Una mayor asistencia a esos hogares contribuiría a mitigar sus carencias y seguramente impactaría en una mayor demanda interna.
• Por otro lado, Uruguay precisa más inversiones en infraestructura, que a largo plazo permitan un mayor crecimiento tendencial de la economía y que a corto plazo generen más empleo.
• Una mayor inversión en infraestructura también puede alentar un mejor clima de expectativas empresariales y más inversión del sector privado.
• Pero poner en marcha proyectos de infraestructura toma tiempo. ¿Y entonces? La clave es que los proyectos de infraestructura que quieran llevarse adelante tienen que estar prontos para arrancar.
  • Las obras de infraestructura que no se puedan ejecutar rápidamente, mejor tratar de estructurarlas con más participación del sector privado (concesiones, PPPs y contratos similares).

Tamara:

• En cualquier caso, el espacio para un mayor gasto público es probablemente reducido. No sabemos con certeza qué tanto espacio tenemos; aumentar el gasto público en estas circunstancias tiene riesgos.
• En este contexto de abundancia de financiamiento externo, el gobierno puede tomar algún riesgo más en el frente fiscal, pero volvemos a enfatizar la importancia de que cualquier expansión del gasto debe ser transitoria, moderada, selectiva y muy bien enfocada en los objetivos buscados.
• Todavía tenemos un déficit fiscal muy alto y no podemos dejar todo el ajuste para la segunda parte de este período de gobierno… 
• A fin de cuentas, el poco espacio fiscal adicional que disponemos pasa por la credibilidad que la estrategia de ajuste despierte en los mercados y en las agencias calificadoras de riesgo.
• Ahora, más allá de lo que le podamos pedir a la política fiscal, si estamos pensando en políticas contra cíclicas, para promover la reactivación de la economía, a nuestro juicio el debate no debe centrarse solamente en la política fiscal, y no tenemos que olvidarnos de la política monetaria. Una política muy importante y que en el mundo entero se usa con signo de “contracíclico”.

¿Cómo es eso?

Pablo:

• En Uruguay tenemos un Banco Central independiente, que tiene como objetivo fundamentar la estabilidad de precios. Nunca le pedimos un rol contra cíclico a la política monetaria porque estamos acostumbrados a tener una inflación incómodamente alta… 
• Pero en 2021 la inflación está bajando claramente en Uruguay. Probablemente bajará este año a 6%-6,5%. Sería una reducción suficiente para marcar con claridad un necesario camino de desinflación hacia niveles más comparables en el plano internacional.
• En Exante pensamos que el BCU tiene espacio para promover una política monetaria más expansiva: podría bajar un poco más la Tasa de Política Montearia (TMP) y/o anunciar que mantendrá la TPM en el nivel actual por más tiempo (“forward guidance”) y/o podría pagar tasas de interés más bajas en los plazos largos de las letras de regulación monetaria.
• Una política monetaria más expansiva podría alentar un poco el crédito y favorecer una mayor suba del dólar… Corregir los precios relativos sigue siendo necesario en Uruguay.
• Ahora, bajar más la inflación sigue siendo un objetivo clave… Para dejarle espacio a la política monetaria, tenemos que ser consistentes en el frente salarial. Una política monetaria más expansiva debería venir de la mano del anuncio de una nueva pauta salarial realista y bien anclada a la trayectoria bajista de la inflación, que en 2022 va a ser menor a la del 2021.

BLOQUE 3: Perspectivas

¿Cómo son las perspectivas para este año?

Tamara:

• El panorama externo luce bastante favorable: 
  • Crecimiento fuerte de la economía mundial – está por verse si es inicio de un ciclo largo o simplemente un “rebote”, pero este año se espera un crecimiento fuerte. 
  • Vamos a ver continuidad de políticas expansivas en las grandes economías, en Estados Unidos, Europa, China…
  • Los precios de los commodities en alza, aunque en algunos casos favorecidos por algunos factores puntuales de oferta que pueden revertirse. 
  • Mercados con visión positiva sobre emergentes: flujos de capitales, buen desempeño de las bolsas emergentes, bajo riesgo país. Tenemos buen acceso a financiamiento externo para inversiones. 
  • En síntesis: se presenta un horizonte favorable, aunque somos cautos que estemos ante el inicio de un período tan favorable como el que tuvo Uruguay en el período 2010-2014.
  • También tenemos un barrio complicado, aunque ambos vecinos tuvieron buen “rebote” desde mínimos de actividad de abril/mayo. 

• Uruguay en el 2021:
  • En Exante manejamos una proyección del crecimiento del PIB de un 3,2%. Es un crecimiento sobre una base de comparación atípicamente mala y en buena parte responde al arrastre estadístico de la recuperación que ya se dio en la segunda parte de 2020. Nuestra proyección no tiene demasiado crecimiento durante el 2021. De hecho, no terminan de alcanzarse los niveles pre-covid.
  • Hay que subrayar la heterogeneidad por sectores. Por ejemplo, el sector agropecuario tiene perspectivas positivas este año con la mejora de precios de commodities, y la construcción tiene el impulso de todas las obras de UPM y su infraestructura conexa. En cambio, el comercio y los sectores de servicios seguramente van a seguir operando bastante lejos de sus niveles pre-pandemia.
  • En ese contexto, el desempleo va a seguir siendo alto. Trabajamos con un escenario de desempleo en torno al 10% durante todo el año.
  • En nuestro escenario base estamos asumiendo que el salario real va a volver a caer en el promedio del año. Este año tenemos una nueva ronda de negociación colectiva. La política salarial debe poner énfasis en generar condiciones para reactivar el empleo.

• ¿Y si miramos más allá de 2021? A fin de cuentas, 2021 está a mitad de camino en la salida del covid?

Pablo:

• Más allá de 2021, cómo le vaya a Uruguay va a depender del contexto externo, y de lo que hagamos nosotros. A lo mejor los precios altos de los commodities nos terminan ayudando bastante, si es que al final estamos ante el inicio de un ciclo fuerte de crecimiento, y no de un rebote de la economía mundial.
• Todavía es incierto. Tamara adelantaba que no es claro si estamos ante un rebote de la economía mundial o el inicio de un nuevo ciclo de expansión fuerte. La actividad económica va a ir recuperando los niveles pre-Covid, pero eso no quiere decir que entremos en fase de auge… la mayoría de los países va a seguir por debajo de su tendencia pre-Covid.
• También hay incertidumbre sobre el desempeño que tendrán en particular las economías emergentes. La crisis 2008 fue esencialmente una crisis en las economías desarrolladas (EEUU y Europa occidental). Los países emergentes se beneficiaron de las políticas expansivas que adoptaron esos países en respuesta a la crisis, pero ellos no venían de una crisis – no sufrieron la resaca de la crisis financiera que sí padecieron Europa y EEUU. Esta vez la crisis la sufrimos todos los países. Allí hay una diferencia relevante con 2008. 
• El otro tema es lo que hagamos nosotros. Uruguay venía creciendo poco antes de la pandemia (menos de 1% anual en el promedio 2016-2019), habíamos visto una caída en la inversión bruta fija desde 2015 y venía arrastrando desequilibrios macro (fiscal, precios relativos), con impactos negativos en mercado de trabajo. Para crecer más y de forma sostenida, es preciso terminar de corregir esos desequilibrios macroeconómicos pero también más reformas que apuntalen al crecimiento tendencial de la economía.
• Controlada la pandemia, es importante ver progresos en otras áreas donde el gobierno prometió cambios y donde el 2020 fue más bien un año donde se fueron buscando consensos y elementos preparatorios. Ejemplo: la reforma de Seguridad Social, y los cambios en la regulación de mercados en los que operan las empresas públicas (típicamente el de combustibles).
• La pandemia dejó en el debe avances en la agenda de inserción internacional, que era otro puntal de la agenda económica del gobierno cuando asumió. 

Tamara:

• Dicho todo esto, Uruguay despierta interés de los inversores. 
• Hubo una gestión positiva de la crisis sanitaria en el comienzo de la pandemia y eso le dio visibilidad internacional a Uruguay. Argentina está con severas dificultades económicas, además tenemos un contexto de alta liquidez mundial y disponibilidad de dinero “barato”. 
• En Exante vivimos un 2020 muy “movido” en términos de operaciones de M&A y seguimos viendo interés de fondos del exterior y de inversores estratégicos (argentinos y de otras latitudes) por empresas uruguayas.
• Si Uruguay empuja esas reformas que mencionaba Pablo, y termina de corregir sus desequilibrios macro, podemos capturar oportunidades que surgen de un mundo de bajas tasas de interés.

La entrada Exante: Para la reactivación se puede sumar la política monetaria en “rol contracíclico”; en 2021 la inflación puede bajar a 6% y eso da un “poco” de margen al BCU para bajar tasas con suba del dólar y mejora de competitividad se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

EMILIANO COTELO (EC): La economía uruguaya ingresó súbitamente en recesión a mediados de marzo, a raíz de las medidas de distanciamiento social que debieron adoptarse para evitar una propagación rápida del coronavirus.

Para hacer frente a los impactos económicos más severos de esta crisis, el gobierno tomó medidas en el frente fiscal y el Banco Central también dispuso de algunas medidas para favorecer el crédito.

De todos modos, está claro que muchas empresas enfrentan un panorama de grandes desafíos económico-financieros y surge la pregunta entonces de qué tan preparadas están las empresas uruguayas para enfrentar este contexto.

Justamente, a propósito de este asunto, Exante divulgó el viernes pasado un informe sobre la situación financiera de las empresas uruguayas. Para examinar las principales conclusiones de ese estudio tenemos en línea al economista Pablo Rosselli, socio de la firma.

Para comenzar, ¿de dónde surgen los datos que estuvieron publicando en Twitter el viernes pasado?

PABLO ROSSELLI (PR): En Uruguay no tenemos un mercado de acciones y deuda de empresas muy importante y entonces no encontramos allí un volumen significativo y detallado de información financiera como sí pasa en otros países.

Sin embargo, muchísimas empresas (las que facturan una cifra superior a unos 3 millones de dólares por año) están obligadas a presentar sus estados financieros una vez al año en la Auditoría Interna de la Nación, cualquiera puede acceder a esa información pagando un precio por cada balance de empresa que solicite.

A partir de esa información, en Exante armamos una base de datos (LINCE) con información financiera de unas 2.000 empresas.

EC: ¿Qué tan representativa es esa base de empresas que tienen ustedes?

PR: Lógicamente, en Uruguay hay muchísimas empresas. Según el INE, en Uruguay hay unas 30.000 empresas, entre grandes, medianas y pequeñas (además de unas 150.000 micro empresas).

Nuestra base de 2.000 empresas tiene unas 800 empresas grandes, que facturan más de US$ 10 millones por año (aunque en cualquier comparación internacional una empresa de US$ 10 millones de facturación no es en absoluto grande) y unas 1.200 empresas medianas y pequeñas, que facturan menos de US$ 10 millones.

Podemos decir que la base de datos proporciona una información muy robusta para el segmento de empresas grandes, porque tenemos información para la gran mayoría de ellas y que proporciona una información razonablemente representativa del segmento de empresas medianas (que facturan desde US$ 3 millones hasta US$ 10 millones).

Aunque me adelanto a decir que no podemos sacar conclusiones robustas para todos los sectores de actividad, entendemos que es una base de datos con información muy valiosa para nuestros clientes y para el análisis económico en general. 

EC: ¿Y cuáles son las grandes conclusiones que surgen del trabajo que hicieron? ¿Cómo llegan las empresas a este escenario de recesión que se plantea con el coronavirus?

PR: Lógicamente, en 2.000 empresas se observan situaciones muy variadas, pero nos pareció importante sacar algunas conclusiones o destacar algunos resultados.

En primer lugar, la rentabilidad de muchas empresas es baja.

Después de varios años de muy poco crecimiento económico (comentamos otras veces que la economía uruguaya se frenó fuertemente en 2015, cuando terminó el auge de las materias primas), encontramos muchas empresas con resultados bajos.

Sobre un total de 2.000 empresas, unas 300 (un 15% del total) obtuvieron resultados negativos en el último ejercicio para el cual tenemos información. 

Siempre hay algunas empresas con resultados negativos, pero este porcentaje es bastante importante. A su vez, hay otras 200 empresas (10% del total) que obtuvieron resultados positivos pero francamente muy bajos (menores al 5% de su patrimonio). En la base de datos hay empresas que llevan su contabilidad en dólares pero la mayoría lleva su contabilidad en pesos.. una rentabilidad en pesos de 5% es muy baja. De hecho, es inferior a la inflación y notoriamente menor a lo que rinde una inversión en letras de regulación monetaria. Entonces, un 25% de empresas de nuestra base tenían rentabilidad muy bajas según los últimos datos disponibles.

EC: En el informe también comentan sobre la situación de endeudamiento de las empresas ¿Podemos ver qué conclusiones sacan por ese lado?

PR: Una medida habitual para evaluar si una empresa se encuentra demasiado endeudada es comparar su nivel de deuda financiera (por la cual se paga un interés y que excluye por tanto el financiamiento habitual con proveedores comerciales) con la generación de fondos del negocio. Un indicador habitual de la generación de fondos es el llamado en la jerga el EBITDA, que es el resultado del negocio antes de pagar intereses, impuestos a la renta y antes de computar las amortizaciones de las plantas y equipamientos.

Aunque no hay un número mágico porque hay muchas variables a considerar (la industria y el crecimiento del negocio, entre otros), tomamos como una referencia de endeudamiento alto cuando esa relación supera a 3, una empresa que debe el equivalente a 3 años de su generación de fondos, la consideramos de endeudamiento elevado.

EC: ¿Y cuántas empresas encontraron con endeudamiento elevado?

PR: Encontramos unas 300 empresas con deuda financiera alta, porque la deuda superaba tres veces su EBITDA pero además había unas 100 empresas que tenían deudas financieras y simultáneamente tenían un EBITDA negativo, que implica que no generaron fondos, por lo tanto, teníamos unas 400 empresas en alguna de estas dos situaciones, un 20% del total.

EC: ¿Con cuántas reservas o disponibilidades operan las empresas? En otros términos, ¿cuánta caja tienen las empresas para aguantar un freno de la actividad económica como este?

PR: Las situaciones son muy variadas de una empresa a otra pero contrariamente a lo que se suele pensar, muchísimas empresas operan con poca caja porque en tiempos normales contar con caja es financieramente costoso.

En nuestra base LINCE, la mitad de las empresas contaba con disponibilidades equivalente a una cifra inferior a 13 días de venta.

EC: ¿Y cómo se ven modificados estas números según el tamaño de las empresas? A veces da la sensación de que pensamos que los problemas mayores están en las pequeñas y medianas empresas. ¿Es así?

PR: Lógicamente, las empresas medianas y pequeñas enfrentan muchas problemáticas propias, problemas de escala, a veces problemas de acceso al financiamiento.

Pero cuando miramos rentabilidad, en la base de datos que tenemos en Exante vemos que la falta de rentabilidad no es un problema exclusivo de empresas medianas o pequeñas. De hecho, el porcentaje de empresas con resultados negativos es más alto en las empresas grandes que en las empresas medianas y pequeñas.

También es mayor el porcentaje de empresas grandes con endeudamiento elevado que en las empresas medianas y pequeñas. aunque esto es menos sorprendente porque hay muchas empresas pequeñas que tienen menos acceso al crédito, por lo cual es lógico que haya menos sobre endeudamiento en ese segmento.

EC: A partir de esta información, ¿qué tenemos que esperar? El freno de la economía es muy importante en estas semanas. ¿Hay que aguardar problemas financieros significativos?

PR: Sin dudas, habrá muchas empresas que van a necesitar refinanciar sus deudas con el sistema financiero. 

Desde una perspectiva macroeconómica, el nivel de endeudamiento de las empresas con el sistema financiero, tomadas en su conjunto, es moderado, equivale a un 16% del PIB, esa cifra por ejemplo, es notoriamente inferior al 25% del PIB que se observaba a inicios de los 2000, en la antesala de la crisis que tuvimos en 2002. Hay muchos factores que nos hacen pensar que no debemos aguardar algo comparable al 2002, pero en cualquier caso, el nivel de endeudamiento actual de las empresas es notoriamente más bajo, no deberíamos ver entonces una crisis de sobre endeudamiento como sí vimos en 2002 si la salida de la recesión es relativamente pronta.

De todas maneras y aunque se han tomado medidas importantes para preservar la cadena de pagos, para facilitar las refinanciaciones de deuda por parte de los bancos y para que éstos den préstamos nuevos, probablemente hagan falta medidas adicionales. El gobierno ya expandió fuertemente el SIGA (sistema de garantía de préstamos para pymes) pero a nuestro juicio también hay que pensar algún mecanismo de garantías para empresas grandes. Ya teníamos muchas empresas grandes con endeudamiento significativo y eso hace previsible que los bancos muestren cierta reticencia a otorgar préstamos nuevos para financiar pérdidas de este año.

Ahora, además de esa perspectiva marco, desde una perspectiva microeconómica las empresas también tienen tareas por hacer en este contexto.

EC: ¿Qué tienen que hacer las empresas?

PR: Lógicamente hay muchas empresas que no están viendo una afectación muy importante de su negocio; otras que están viendo una afectación moderada y otras que están viendo una afectación muy fuerte.

Pero en todos los casos, es muy importante conservar capital de trabajo, que es lo que se requiere para expandir la producción cuando empiece la recuperación. 

Por eso, es fundamental que las empresas anticipen rápidamente cualquier faltante de fondos, que se acerquen a sus acreedores financieros cuanto antes a plantear una readecuación del plazo de pago de sus deudas, que identifiquen mecanismos de garantías adicionales que le den a los bancos la confianza para ampliar los límites de crédito.

En Exante estamos trabajando con nuestros clientes para ayudarlos a actuar con la mayor celeridad posible.

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Foto: Nicolas Celaya/ adhocFotos 

Documento relacionado: Informe sobre la situación financiera de las empresas uruguayas.

La entrada ¿Qué "espalda financiera" tienen las empresas para enfrentarse al escenario Covid-19? se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Para Uruguay, la firma Exante prevé una recesión transitoria con una fuerte recuperación en el segundo semestre.

Foto: Javier Calvelo/ adhocFotos

La entrada El Fondo Monetario Internacional alertó que el PIB mundial se contraerá al menos un 3% en 2020 por el impacto de la pandemia de Covid-19 se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

EMILIANO COTELO (EC): En las últimas semanas hemos estado siguiendo con atención los impactos económicos de esta crisis del coronavirus en el mundo y por supuesto también aquí, en Uruguay. Hemos mirado a las bolsas, a las tasas de interés, a las proyecciones de PIB y de tipo de cambio, pero hoy les proponemos poner el foco en otra perspectiva clave: los precios de los commodities. 

¿Qué está pasando en el mundo con las cotizaciones de los productos que son más importantes en nuestra matriz de exportaciones? Lo conversamos con el economista Pablo Rosselli, socio de Exante. 

ROMINA ANDRIOLI (RA): La semana pasada analizábamos con ustedes en el programa la caída enorme que ha tenido el precio del petróleo en los mercados internacionales. Ahora, ¿cómo le está yendo en esta crisis internacional a los precios de los productos que Uruguay exporta? ¿También bajan con esta perspectiva de caída de la demanda y recesión en muchas de las economías consumidoras? 

PABLO ROSSELLI (PR): En términos muy generales la primera gran conclusión es que la afectación de nuestros precios de exportación, al menos por el momento, viene siendo moderada. Es un panorama muy diferente al que tenemos con los precios del petróleo, que cayeron por un doble efecto de menor demanda y de un anuncio de muy fuerte aumento de la oferta de crudo sobre mediados de marzo tras el desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia. Pero, además, debemos tener presente que el consumo de petróleo y derivados es de los más severamente afectados en esta crisis tan particular, en donde está parado el transporte aéreo, en donde las personas no salen de sus casas y en la que en general hay restricciones de movilidad y transporte en todo el mundo. En los commodities agrícolas por supuesto también hay afectación de la demanda, pero no tan severa. 

RA: Vayamos a los números,te propongo empezar por los granos ¿Cómo ha sido la evolución de precios en productos como la soja o el trigo en estas últimas semanas? 

PR: Es un buen comienzo, porque además son cotizaciones que están disponibles diariamente, a diferencia de las de otros productos. Yendo a los números, al cierre de ayer, el precio de la soja en Chicago estaba en US$ 311 por tonelada para el contrato más próximo, que es el de mayo. Eso supone un nivel 10 % inferior al de inicios de año, pero está dentro del rango “normal” de fluctuación que hemos visto en los últimos años. De hecho, el pico más bajo que se alcanzó fue de US$ 302 por tonelada a mediados de marzo, que tampoco no es tan bajo en comparación con el pasado reciente. Sin ir más lejos en mayo del año pasado, por ejemplo, habíamos visto cotizaciones de menos de US$ 300 por tonelada. 

Y en relación con los cultivos de invierno, también tenemos referencias diarias para el trigo. En ese caso la cotización ayer cerró en US$ 202 por tonelada. El piso en esta referencia también se dio a mediados de marzo y fue de US$ 183 por tonelada, por lo que tampoco estamos hablando de niveles muy bajos en comparación con los rangos de precios de los últimos años. De hecho, la cotización del trigo bajó solo 2 % frente al nivel de cierre de 2019, que había sido de US$ 205 la tonelada. 

RA: ¿Y qué pasa con las referencias para otros cultivos, como la cebada o el arroz por ejemplo? 

PR: En el caso de la cebada los contratos en general se pactan usando la referencia de los futuros del trigo, por lo cual vale lo mismo que comentábamos recién, estamos con un panorama de precios de los cereales de invierno no tan desfavorable dado el contexto crítico a nivel de la economía global que estamos atravesando. Y si a eso le sumamos la devaluación que procesó Uruguay en estos últimos meses, los márgenes de los cultivos de invierno deberían ser relativamente buenos. Ahora, eso no quiere decir que toda esta situación en torno al coronavirus no tenga impactos. En la cebada, por ejemplo, trascendió en estos días que habrá un sensible recorte del área contratada por las malterías. 

Respecto al arroz, allí el producto es menos homogéneo y es más difícil tener una referencia única de precio, como miramos en el caso de la soja o el trigo. Seguimos varias referencias de precios en el mundo, de Estados Unidos y también de Asia. Y allí los datos no son diarios sino mensuales. La buena noticia es que en este producto no sólo no estamos viendo bajas sino que los valores vienen teniendo una evolución alcista. Concretamente, en la referencia de Houston (que es la de calidad más comparable a la nuestra) la cotización de marzo pauta un aumento de 11 % respecto al cierre de diciembre y en la referencia de Bangkok, la suba es de 17 % en la misma comparación. Los analistas internacionales suelen atribuir esto a que el arroz es un bien de consumo de los que los economistas llamamos “inferior”. Eso quiere decir que su demanda aumenta en momentos de menores ingresos y por lo tanto típicamente uno debiera esperar que su consumo aumente en momentos recesivos. De hecho, algunos países asiáticos incluso están promoviendo una acumulación de los stocks nacionales en estos meses y estableciendo restricciones a las exportaciones. No sabemos exactamente cómo se va a mover el precio de exportación del arroz de Uruguay (como dije, se trata de productos y mercados menos homogéneos), pero no deberíamos ver una gran depresión de precios si las referencias del mercado internacional van en alza. 

RA: Siguiendo el recorrido por el ranking de exportaciones de Uruguay, ¿cómo viene evolucionando el mercado de exportación de carnes? Veníamos de un 2019 muy bueno en precios, pero eso ya había empezado a cambiar al inicio de año¿qué sucedió en las últimas semanas? 

PR: Efectivamente, en 2019 el precio de exportación de la carne tuvo una evolución extraordinaria, subió 30 % en la comparación punta a punta y llegamos a ver precios de US$ 4.500 por tonelada carcasa, que son valores muy elevados en una perspectiva histórica. Eso se dio en un contexto de muy buenas oportunidades de colocación en China en particular. Sin embargo, como decías recién, a comienzos d año la demanda china aflojó bastante abruptamente y los precios de hecho empezaron a caer incluso antes de la irrupción del coronavirus, alcanzando los menores registros en febrero. En marzo en general se empezó a retomar una mayor fluidez de negocios con China (recordemos que China tuvo el punto más álgido de su crisis sanitaria antes que occidente), aunque empezaron las dificultades en Europa. Si miramos nuestros precios promedio de exportación, los datos semanales de INAC tienen bastante volatilidad, pero en las últimas 4 semanas promediaron unos US$ 4.000 por tonelada carcasa. No es un mal precio en absoluto, pero la industria está enfrentando de todas maneras dificultades de colocación, en particular en Europa como decía antes, y es muy probable que los valores tengan alguna baja adicional en este contexto. De hecho, en los últimos días trascendió que la industria está previendo no completar algo más de un cuarto de la cuota Hilton que vence el próximo junio. Eso es algo que no tiene antecedentes.

RA: Entre los grandes productos de exportación solo nos queda mirar a los lácteos y a la celulosa ¿qué novedades ha habido en esos mercados? 

PR: A nivel de los lácteos, las referencias más habituales son los valores que resultan de los remates realizados cada dos semanas por la compañía Fonterra en Nueva Zelanda (que es la mayor exportadora de lácteos en el mundo). Si nos concentramos en el precio de la leche en polvo entera, que es el principal rubro de exportación, los últimos datos de mediados de abril muestran una caída del 10 % respecto al cierre del año pasado, pero tampoco en este caso estamos frente a precios alarmantemente bajos en una perspectiva histórica. 

En la celulosa, en cambio, veníamos de un muy mal 2019 a nivel de precios. El precio medio de exportación de Brasil había caído 33 % y el de Chile 40 % el año pasado. En este caso no estamos viendo bajas adicionales en este comienzo de 2020, hay incluso una recuperación en los valores de Brasil de marzo, pero muy moderada.

RA: A partir de este repaso entonces, ¿cómo ven el panorama hacia adelante?

PR: Evidentemente es positivo para nuestro país que los precios de los commodities que exportamos estén “soportando” relativamente bien este contexto de incertidumbre tan alta que estamos viendo en los mercados y de crisis a nivel de la economía global. Pero hay que guardar cautela. La caída de la demanda será muy relevante este año. Ayer se divulgaron nuevas proyecciones del FMI que implican una caída del PIB global de 3 % este año. Eso es una pérdida de 6 % del PIB respecto a lo que se esperaba solo 3 meses atrás. También hay incertidumbre sobre la evolución de las paridades cambiarias y sobre el precio del petróleo, dos variables que tienden a correlacionar con los precios de nuestros commodities de exportación, en la medida en que inciden de forma muy relevante sobre los costos de producción en dólares. Desde esa perspectiva, el desplome reciente de los precios del petróleo y el fuerte aumento del dólar en el mundo pueden terminar imprimiendo presiones bajistas en los precios de los commodities agrícolas en próximos meses. 

Pero reitero, de momento al menos, el panorama es relativamente positivo y lo cierto es que en los casos en los que existen curvas de futuros, los mercados no parecen estar anticipando caídas para los próximos meses.

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFotos

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EMILIANO COTELO (EC):  Ayer fue un lunes negro en los mercados financieros del mundo. Las bolsas de valores se desplomaron en varios continentes. En Wall Street la caída de los principales indicadores estuvo por arriba del 7% pero durante la mañana la operativa debió suspenderse por unos minutos debido a la caída brusca que mostraban los principales papeles. 

En ese marco, el dólar registró una suba impresionante en los mercados emergentes, cotizando por arriba de R$ 4,70 en Brasil y cerrando en nuestro país arriba de los $U 43 a nivel interbancario. 

Frente a esta situación, vale preguntarse, ¿qué consecuencias tendrá toda esta situación en nuestro país? En particular, ¿qué podemos esperar a nivel de la inflación? ¿qué reacción deberíamos esperar de las autoridades?  Lo conversamos con el economista Pablo Rosselli, socio de la firma Exante.

ROMINA ANDRIOLI (RA):  Pablo, algunos días atrás conversamos de las turbulencias que estábamos viendo en los mercados financieros, pero las caídas siguieron profundizándose, ¿podemos hacer un repaso de las últimas novedades? ¿qué generó correcciones tan abruptas el día de ayer?

PABLO ROSSELLI (PR): Venimos de varios días de caída en las bolsas, pero en el día de ayer se registraron correcciones realmente intensas. En Estados Unidos, por ejemplo, el índice S&P 500 (que sigue a las 500 empresas más grandes de ese país) acumuló un descenso de 7 % en el día, llevando incluso a que Wall Street detuviera la operativa por unos minutos. También las bolsas de Europa mostraron bajas similares, con descensos de 11 % en Italia y de alrededor de 8 % en Alemania, Francia y Reino Unido. Con estos descensos, las bolsas europeas acumulan caídas del orden de 20 % en lo que va del año, mientras que los índices estadounidenses alcanzan descensos de 15 %. 

Las turbulencias que estamos viendo en los mercados financieros en las últimas semanas se encuentran muy asociadas a la propagación del coronavirus y sus impactos en la actividad económica. Bancos y organismos multilaterales han estado recortando de forma generalizada sus proyecciones de crecimiento en 2020 para todas las grandes economías (no sólo para China sino también para Estados Unidos, Japón y la Eurozona). Es claro que esta situación está planteando un peor desempeño de la economía mundial este año y sin dudas eso estás detrás de las caídas en los mercados bursátiles.

Ahora, las caídas particularmente intensas de ayer también recogieron el desplome en los precios internacionales del petróleo que vimos el fin de semana.  

RA: La caída de los precios del petróleo el domingo fueron realmente impresionantes, ¿por qué se produjo ese descenso tan abrupto de los precios del crudo.?

PR: Lo que estuvo detrás de estos movimientos fue que la OPEP y Rusia no lograron ponerse de acuerdo en bajar la oferta de petróleo. Esta iniciativa buscaba impulsar los precios, que venían ya cayendo en las semanas anteriores ante la menor demanda internacional. Según trascendió en la prensa, Rusia rechazó la propuesta de la OPEP de reducir la producción de crudo en 1,5 millones de barriles diarios (de los cuales 500.000 debían ser “aportados” por países no OPEP) dado que no estaba dispuesta a ceder cuota de mercado a otros competidores (particularmente Estados Unidos). 

Como respuesta a esta negativa, Arabia Saudita (uno de los principales productores de la OPEP) resolvió recortar unilateralmente su precio de venta oficial de crudo y aumentar sensiblemente su producción a más de 10 millones de barriles diarios, iniciando una “guerra de precios” por la cuota de mercado con Rusia.

Es en este contexto que los precios de las principales variedades de crudo se desplomaron, con los futuros llegando a caer más de 30 % el domingo y mostrando el mayor descenso desde la guerra del golfo en 1991. Las variedades Brent y West Texas cotizaban en US$ 35 y US$ 32 por barril respectivamente, pero algunos analistas sostienen que si las cosas no cambian los precios podrían alcanzar los US$ 20 por barril en las próximas semanas.

La caída del petróleo puede verse como una buena noticia para algunos países importadores como Uruguay, pero supone un factor de riesgo adicional para numerosas economías del mundo que son productoras y exportadoras de crudo. De allí que esta situación agudizara el nerviosismo en los mercados financieros. 

RA: Y en este marco el dólar siguió fortaleciéndose en el mundo.

PR: Exactamente. En este contexto de tanta volatilidad se profundizó lo que los analistas llamamos “vuelo a la calidad”. Esto es, inversores moviendo sus portafolios hacia activos que consideran más “seguros”, como son los bonos del gobierno norteamericano, el oro o el dólar. 

Por eso los retornos de los Treasuries norteamericanos cayeron significativamente y se ubican en niveles mínimos desde el punto de vista histórico. De hecho, toda la curva de retornos de los bonos estadounidenses actualmente se encuentra por debajo de 1 %.

Al mismo tiempo el precio del oro tuvo un incremento de más de 10 % en lo que va del año y, como suele suceder, el dólar registró un fortalecimiento muy marcado en los países emergentes.

RA: En Uruguay en particular el dólar subió más de un peso y medio ayer y acumula un aumento de más de 10 % en lo que va de marzo, ¿esto está alineado a las tendencias internacionales?

PR: El fortalecimiento del dólar está siendo muy generalizado a nivel de los mercados emergentes, aunque hay diferencias en el ritmo. En estas últimas jornadas estamos viendo aumentos particularmente intensos en algunos países de la región. En particular, en Brasil el tipo de cambio subió más de 5 % en lo que va de marzo, y en México y Colombia (dos productores importantes de petróleo) los aumentos también están siendo fuertes en estas horas y el dólar acumula subas de entre 7 % y 8 % en lo que va del mes. 

Ahora, la tendencia es generalizada pero el aumento que vimos en lo que va de marzo en Uruguay es aún más fuerte que en cualquiera de estas referencias. Como mencionabas recién, el tipo de cambio subió más de 10 % en sólo 9 días de marzo y va acumulando un incremento de más de 15 % en lo que va del año. 

RA: Con un aumento del tipo de cambio de esta magnitud la pregunta que surge naturalmente es ¿qué podemos esperar en términos de inflación? Está pendiente además el ajuste de tarifas todavía. 

PR: Con este ritmo de aumento del dólar, el riesgo de que la inflación pase el 10 % en el corto plazo es alto. La inflación de los últimos doce meses cerrados es de 8,3 % pero como decías, con el aumento de tarifas aún pendiente. Más allá de que no se termine ajustando el precio de los combustibles ante el desplome del precio internacional del petróleo, en las demás tarifas deberíamos ver ajustes en torno a la inflación al menos y si a eso le agregamos una suba del dólar en el entorno de 10 % en marzo (que es lo que estamos viendo en estos primeros 10 días del mes), nuestros modelos marcan que la inflación estaría en torno a 10 % en abril.

Claramente son momentos de mucha incertidumbre y no podemos descartar que parte de esta suba reciente sea transitoria y tenga alguna reversión, pero como están dadas las cosas al día de hoy, la inflación en dos dígitos empieza a ser un escenario cada vez más probable.

 RA: ¿Cuál debería ser la reacción del Banco Central en este contexto?

PR:Son tiempos particularmente desafiantes para el manejo de la política monetaria y de la política económica en general. Es esperable e incluso compartible que el Banco Central realice algunas intervenciones vendedoras para señalizar la intención de poner un freno al tipo de cambio. De hecho, ayer el Banco Central vendió divisas por US$ 17 millones en el mercado spot, bastante más de lo que había venido vendiendo en días previos. 

Ahora, si las presiones devaluatorias siguen siendo fuertes y persistentes, tampoco parece razonable que se pierdan demasiadas reservas, no solo porque no va a resultar posible ir contra las tendencias globales, sino también porque las condiciones de financiamiento para el mundo emergente en general cambiaron drásticamente y mantener un buen nivel de reservas pasará a ser aún más importante que antes. 

Además, si el dólar sigue subiendo en el mundo y en la región, tampoco parece razonable rezagarse en términos de competitividad. Recordemos que la actividad económica no viene mostrando un buen desempeño y estamos recibiendo un shock externo muy negativo, que ya se está sintiendo en nuestras exportaciones, que acumularon una caída de 12 % en los primeros dos meses del año. 

A nuestro juicio, en las circunstancias actuales, cuidar la actividad económica debería ser una preocupación central de las autoridades. Incluso, en el dilema o trade off entre inflación y actividad económica tendemos a pensar que las autoridades tendemos a pensar que se debería privilegiar el cuidado de la actividad económica y el empleo, incluso cuando eso suponga aceptar que la inflación llegue a dos dígitos de forma transitoria.

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Foto: AFP

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