Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

La campaña de vacunación contra el covid-19 tuvo ayer un freno inesperado.

El juez de lo contencioso administrativo Alejandro Recarey dispuso este jueves "la suspensión inmediata" de la vacunación contra covid-19 a niños menores de 13 años, hasta que se difundan los contratos entre el Estado y la compañía farmacéutica Pfizer y la "composición de las sustancias" contenidas en el medicamento.

El Dr. Recarey tomó la determinación a raíz de un recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que la sentencia de Recarey es un “disparate”, y anunció que el gobierno apelará el fallo.

¿Qué implicancias tiene esta decisión?

Hoy conversamos En Perspectiva con el Dr. Pablo Schiavi, experto en Derecho Administrativo, y luego con el Dr. Fernando Torres uno de los patrocinadores del recurso de amparo.

Destaques de la entrevista:

• "Se exige una ilegitimidad manifiesta por parte del Estado en lo que está haciendo, y ese concepto es notorio, grave. Lejos estamos de eso en un plan de vacunación que cumple con el aval de toda la comunidad científica en Uruguay y la mundial".
• "Hay casos de amparo que sí son ilegítimos pero si no son manifiestamente ilegítimos, el amparo tampoco prospera. Ahí tenemos otro gran tema".
• "Quien promueve la acción de amparo tiene que alegar que a él se le está generando un daño. ¿Qué daño se le está generando a estas personas? Acá no se obliga a nadie a vacunarse".
• "Se eligió presentar el recurso en la justicia de lo contencioso administrativo y no por juzgado de familia: Podría haber sido una, podría haber sido la otra, lo raro sí es que se haga en plena feria judicial".
• "Si esta demanda se hubiese presentado en otro momento, no se sabría que juez la tomaría, porque hay una distribuidora de turnos. El juez que toma la demanda se define de forma aleatoria. En feria judicial, sabemos qué jueces están de turno en cada materia. No es un elemento menor".
• "El caso trasciende a las partes, por lo general un caso de amparo tiene efectos de impacto entre quien lo presenta y el demandado. Esto trasciende porque es algo de interés general, trasciende el juzgado. Está agravado por el hecho de que la Suprema Corte de Justicia nunca va a ver este caso, porque no llega, en la segunda instancia va al tribunal de apelaciones".
• "Hay amparos y amparos, pero cuando hay intereses generales, yo creo que necesariamente tendría que intervenir la Suprema Corte de Justicia como órgano de mayor jerarquía dentro de nuestro sistema judicial. Que es lo que pasa en otros países".
• Si el Estado publicara contratos podría resolverse: "Tenemos contratos que el Estado firmó que incluyen, entre otras obligaciones, cláusulas de confidencialidad. Ese no es un tema sencillo porque seguramente también en esos contratos se haya pactado que la jurisdicción competente a nivel de contrato no sea local sino internacional. Si el Estado incumple con la clausula de confidencialidad, eventualmente podría ser demandado ante una corte internacional por violar el contrato".
• Antecedentes en el mundo: "Que yo sepa no los hay, el caso más cercano pasó en EE.UU. que el gobierno americano puso condiciones de ingreso a lugares de trabajo, que exigía que el personal tenía que estar vacunado. Eso llegó a la Corte Suprema que entendió que esa obligación era inconstitucional, por lo que esa obligatoriedad cayó. Pero no hay antecedentes de suspensión de vacunación".
• Sobre la posibilidad de que padres de niños puedan acudir a la justicia para vacunarlos: "Pueden ir a un juzgado de familia pero generaría un conflicto bastante particular, donde el Estado sería demandado en una acción de amparo pero el Estado va a decir que no puede cumplir porque hay una orden judicial que se lo impide.

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Foto: Josh Edelson / AFP

Australia es en estos días un banco de prueba de los esfuerzos de los Estados para empezar a regular a las grandes compañías de internet.

A través de un proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Representantes y ahora se debate en el Senado, el sistema político de Australia procura que empresas como Google y Facebook paguen a los medios de comunicación por sus contenidos compartidos en sus plataformas.

Google se adelantó a la aprobación de la norma, inició negociaciones con grupos periodísticos y cerró acuerdos de pago con algunos de ellos. Facebook, en cambio, se plantó en la negativa de manera drástica y bloqueó desde el jueves pasado el acceso a información de la prensa australiana en esa red social.

Esta medida, que muchos calificaron como chantaje, provocó indignación en Australia y en muchos países ya que implicaba una restricción a la libre circulación de información esencial para la democracia.

Después de varios días de tensión, ayer Facebook llegó a un acuerdo con el gobierno australiano y anunció que desbloqueará el acceso a los contenidos de medios de prensa de ese país. A cambio, el proyecto de ley será modificado para “dar más garantías” a las grandes multinacionales de la tecnología.

La pulseada es seguida de cerca en buena parte del mundo ya que en ella está en juego la propia viabilidad de los portales informativos, que ahora obtendrían una nueva fuente de ingresos, pero también el acceso de los ciudadanos a medios periodísticos profesionales y libres. De hecho, hay varios países que se proponen aprobar regulaciones similares a la que se discute en Australia.

Estamos ante una nueva tendencia muy interesante e importante.

Por eso esta mañana En Perspectiva analizamos estos temas con Pablo Schiavi, abogado especializado en Derecho de la Información, y con Daniel Mazzone, magíster en periodismo, investigador de medios de comunicación y coordinador Académico de Periodismo y Contenidos Digitales, en la universidad ORT.

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Javier Calvelo / adhocFOTOS

El Colegio Médico planteó a la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de sancionar con trabajo social o comunitario a quienes violen la ley que reglamentó el derecho a reunión, y hoy hará lo propio cuando se reúna con el Fiscal de Corte, Jorge Díaz.

La idea es que quienes participen en aglomeraciones o fiestas clandestinas hagan trabajo comunitario en hospitales o instituciones médicas, pero en tareas que no sean esenciales para la salud, como limpieza de ambulancias o pintura de paredes, indicó Blauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico.

Sobre esta iniciativa conversamos esta mañana En Perspectiva con el doctor Pablo Schiavi, asesor del Colegio Médico.

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La semana pasada, el presidente de EEUU Donald Trump se enfrentó contra la compañía de redes sociales Twitter.

Un muy asiduo usuario de esa plataforma, donde lo siguen 80 millones de personas, Trump se encontró con dos de sus tuits marcados como falsos. En ellos, el presidente difundía información engañosa sobre la campaña electoral.

Pocos días después, cuando se desataron disturbios y saqueos en Minneapolis, en protesta por la muerte de un hombre negro desarmado a manos de un policía, Trump publicó en su cuenta que estaba dispuesto a enviar a las Fuerzas Armadas a esa ciudad. “Cuando empiezan los saqueos, empieza el tiroteo”, tuiteó.

Esta vez, Twitter fue un pasó más lejos y ocultó el mensaje, aunque no lo eliminó ni sancionó al presidente. Pero sí puso un cartel por encima aclarando que ese tuit violaba la normativa de glorificación de la violencia. No se lo eliminó porque podía tener interés público, señalaba el texto en cuestión.

Estas movidas de la empresa llevaron a Trump a presentar un decreto para quitarles protección legal a las redes sociales, consideradas según la legislación estadounidense actual como plataformas de distribución y no como medios de comunicación, por lo que se les permite moderar contenidos según sus propias reglas.

¿Qué potestades tienen las redes como Twitter para censurar? ¿Y qué consecuencias puede traer este episodio?

Para responder estas cuestiones, conversamos esta mañana En Perspectiva con Pablo Schiavi, abogado especializado en Derecho de la Información.

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Foto: Doug Mills / POOL / AFP

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