Foto: Latam-GPT

Presenta: Lenovo

Los agentes de Inteligencia Artificial ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Les preguntamos sobre nuestra salud, a veces les pedimos ayuda para tomar decisiones e incluso les consultamos sobre nuestro estado de ánimo pero cuando se trata de la historia de nuestra región.

¿Qué información nos dan? ¿Desde qué mirada está construida esa visión? ¿Es un relato representativo de nuestra identidad?

Con Chile como líder, América Latina da un paso fuerte en el terreno de la Inteligencia Artificial. Se trata de Latam-GPT, el primer modelo de lenguaje generativo abierto diseñado específicamente para nuestra región.

En un escenario global dominado por gigantes tecnológicos y modelos entrenados principalmente en inglés y bajo lógicas culturales que nos son ajenas, esta iniciativa busca reducir ciertos sesgos sobre nuestra región y garantizar que las realidades, lenguas e historias latinoamericanas también formen parte de la inteligencia artificial que nos acompaña en nuestro día a día.

En nuestro espacio de Disrupción, Tecnología e Innovación, Romina Andrioli conversó sobre este nuevo proyecto con Patricia Díaz, abogada especializada en derechos digitales y presidenta de DATA Uruguay y coordinadora de su Laboratorio de Datos y Sociedad que colaboran con LATAM-GPT, y con Omar Flores, líder del equipo de pre-entrenamiento de LatamGPT en CENIA (Centro Nacional De Inteligencia Artificial) en Chile.

Accedé aquí a la página web de Latam-GPT

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                                                      Foto: Patricia Díaz en el estudio de En Perspectiva. Crédito: Agustín Dorce

El gobierno se propone crear una base de datos de identificación facial con fines de seguridad pública. Para ello utilizará los archivos de la Dirección Nacional de Identificación Civil.

La iniciativa aparece en dos artículos del proyecto de ley de Presupuesto, dentro del capítulo del ministerio del Interior.

El viernes pasado, el grupo Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc) manifestó su preocupación ante esta posibilidad cuando fue recibido en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado.

Concretamente, el temor es que esa base de datos sea empleada luego en sistemas digitales de reconocimiento facial, en base a cámaras de última generación, que han generado grandes polémicas en el mundo y que incluso han sido prohibidos en ciudades y países.

¿Cuáles son sus argumentos? Lo conversamos esta mañana En Perspectiva con Patricia Díaz, integrante del colectivo y docente universitaria.

Destaques de la entrevista:

• "Solicitamos el desglose de esos artículos (178 y 179 de la ley de Presupuesto) en la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado".
• "Es imposible discutir con la profundidad que se necesita hoy discutir estos temas, en el marco de casi 700 artículos que no tienen nada que ver con generación de bases de reconocimiento facial con fines de seguridad".
• "Nuestra preocupación se relaciona con un nuevo uso de una base que ya está en poder del Estado".
• "El centro aquí es la falta de discusión del tema y hacia donde estamos yendo, no es el hecho de que la policía tenga herramientas para trabajar".
• "Estamos en una ley de presupuesto, nada tiene que ver con temas de seguridad y este tema hay que especificar el para qué, cuáles son las garantías, cuáles son los usos exactos, ¿es forense? Bueno, díganme para qué se van a usar estos datos, no dar una carta blanca al MI".

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La producción literaria de Felisberto Hernández, la de Juan José Morosoli o la de Susana Soca, las investigaciones musicológicas de Lauro Ayestarán, así como los trabajos visuales de Petrona Viera, son algunas de las obras que desaparecerán del dominio público si se aprueba la extensión de los derechos de autor a 70 años.

Esta extensión es propuesta por el senador Pablo Mieres, y modifica la ley actual, que data de 1937 y que fue actualizada por última vez en 2003.
El proyecto tiene el respaldo de músicos de primera línea como Ruben Rada y Hugo Fattoruso, cuyas primeras obras están empezando a perder los llamados "derechos conexos".

Pero para la filial uruguaya de la organización internacional Creative Commons, el resultado de esta modificación de la ley sería la privatización de dos décadas de patrimonio cultural, y complicaría el acceso a buena parte del acervo nacional.

Para profundizar en estos argumentos, En Perspectiva recibió en el estudio a Patricia Díaz, abogada y docente, y a Mariana Fossati, socióloga, ambas integrantes del equipo de Creative Commons Uruguay.

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Foto: Federico Parra / AFP

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Video de la entrevista

EN PERSPECTIVA
Viernes 15.04.2016, hora 8.31

EMILIANO COTELO (EC) —La Cámara de Senadores aprobó el miércoles por unanimidad el proyecto de ley que despenaliza la reproducción de obras intelectuales y artísticas cuando su fin sea educativo, para uso personal y sin fines de lucro.

La iniciativa, conocida como “ley de fotocopias”, fue impulsada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y apoyada por docentes y egresados de la Facultad de Derecho.

La Cámara Uruguaya del Libro advirtió que el texto pone en peligro el justo resarcimiento a los creadores y la viabilidad misma de esa industria cultural.

Para conocer más a fondo el proyecto de ley, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, recibimos a dos de sus impulsores: Iván Luzardo, secretario del Centro de Estudiantes de Derecho, y una de las asesoras en este proyecto, la doctora Patricia Díaz, abogada de Creative Commons, una organización que impulsa la libre circulación de la cultura.

NICOLÁS BATALLA (NB) — Hagamos un poco de historia. Este proyecto de ley tiene como disparador el cierre de las casas de fotocopias ubicadas frente a la Facultad de Derecho en 2013. A partir de ahí ustedes comienzan a tomar cartas en el asunto.

IVÁN LUZARDO (IL) —Sí, de hecho el Centro de Estudiantes de Derecho desde hace bastante tiempo, desde antes de ese hecho, viene trabajando en el acceso a los materiales de estudios a partir de diferentes líneas. Pero es cierto que a partir de lo que sucedió en 2013, a partir del cierre de la galería Montecarlo, esa dificultad para acceder a material de estudio se agrava, se evidencia la enorme dificultad que tenemos los estudiantes, por un tema económico quizás, por un tema de disponibilidad, para acceder a los materiales. Fue ahí que vimos claramente la necesidad de generar una respuesta, de generar un cambio de la realidad que teníamos, de modificar y generar algo que beneficiara a los estudiantes sin perjudicar al resto de los actores.

NB —¿Cómo fue el proceso desde entonces hasta llegar a este proyecto de ley que hoy ya tiene sanción en el Senado?

IL —A partir del 2013 se genera el proyecto de ley y se genera una campaña muy grande en todo el país, involucrando a muchísima gente, no solamente a estudiantes, en 19 departamentos. En primer lugar se presentó el articulado y se realizó una campaña nacional de recolección de firmas buscando que todo el mundo se involucrara en el tema, que todo el mundo conociera la realidad. Porque es algo que no solamente beneficia a los estudiantes universitarios, sino a los estudiantes de todos los niveles, desde primaria hasta la universidad, y al resto de la gente también, porque no se estudia solamente en la universidad, entonces para toda la gente que quisiera acceder a materiales de estudio, acceder a la educación, a la cultura en general. Durante 2015 se trabajó muchísimo en mejorar el articulado, en seguir desarrollando el proyecto, en seguir involucrando a cada vez más actores que pudieran aportar y acompañarnos en el proceso, hasta llegar a este año, en que, efectivamente, como sucedió hace dos días, entró a la Cámara y en la discusión parlamentaria.

NB —Antes de entrar al proyecto en sí, a modo de exposición de motivos, ¿por qué este proyecto?

IL —Entendemos sobre todo que es una solución a la realidad que tenemos hoy para poder acceder al material. Con esto no estamos derogando el derecho de autor, no estamos yendo contra la propiedad intelectual, sino generando algunas excepciones. Sigue siendo la regla la protección del autor, la protección de la obra en realidad, pero generamos algunas excepciones para beneficiar a los estudiantes. Algunas excepciones que nos permitirían acceder de un modo mucho más factible, mucho más real a los materiales necesarios para poder continuar nuestra formación.

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Transcripción de la entrevista con Iván Luzardo y Patricia Díaz

La iniciativa, conocida como “ley de fotocopias”, fue impulsada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y apoyada por docentes y egresados de la Facultad de Derecho.

La Cámara Uruguaya del Libro advirtió que el texto pone en peligro el justo resarcimiento a los creadores y la viabilidad misma de esa industria cultural.

Para conocer más a fondo el proyecto de ley, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, recibimos a dos de sus impulsores: Iván Luzardo, secretario del Centro de Estudiantes de Derecho, y una de las asesoras en este proyecto, la doctora Patricia Díaz, abogada de Creative Commons, una organización que impulsa la libre circulación de la cultura.

Transcripción de la entrevista con Iván Luzardo y Patricia Díaz

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