La Tertulia de los Miércoles con Gonzalo Baroni, Leonardo Costa, Juan Erosa y Patricia González

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró que en su gestión no hubo “ningún tipo de apartamiento de las normas” ni intención de favorecer a la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culpable a raíz de su actuación en una intervención quirúrgica. La jerarca compareció durante casi cuatro horas ante la Comisión de Salud del Senado.

Miralles fue condenada por el caso de la médica pediatra Soledad Barrera, quien luego de una operación de vesícula, en octubre de 2023, quedó en estado casi vegetativo y murió en agosto de 2024. 

La Comisión Honoraria de Salud Pública (CHSP) había inhabilitado a la anestesista por cinco años, pero en octubre del año pasado Lustemberg redujo la sanción a tres años.

La ministra sostuvo que compartió la decisión de la CHSP de atribuir responsabilidad a Miralles y que la modificación que ella introdujo alcanzó únicamente a la duración de la pena. 

Hablando en conferencia de prensa, explicó que la medida que ella adoptó se basó en criterios jurídicos de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad e individualización de la sanción, además de antecedentes de casos similares.

“La disminución a tres años está sujeta a la reevaluación profesional de la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República, órgano con altísima formación académica y especialidad en el tema. No existió –y esto lo quiero decir con claridad– ningún tipo de apartamiento de las normas, mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles”.

Lustemberg agregó que su única intervención en el expediente consistió en resolver el recurso jerárquico interpuesto por Miralles contra la resolución de la Comisión Honoraria de Salud Pública.

También afirmó que el caso dejó en evidencia fallas del sistema y cuestionó que el prestador de salud no iniciara de inmediato una investigación interna.

El senador nacionalista Martín Lema afirmó que la oposición perdió la confianza en la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, luego de su comparecencia de este martes en comisión. El legislador calificó sus explicaciones como “decepcionantes” y sostuvo que continúan las interrogantes sobre la atenuación de la sanción a la anestesista Inés Miralles.

Lema dijo que la expectativa de la oposición era que la ministra reconociera errores en el proceso y adoptara medidas para dar garantías a los usuarios. 

Según el senador blanco, todavía no está claro por qué la inhabilitación profesional fue disminuida de cinco a tres años, pese a la gravedad del caso y a la condena penal.

“La verdad, no sabemos. No sabemos los fundamentos, no sabemos los porqués. Además es una decisión que desacreditó a la academia, porque esto motivó la renuncia de once de los trece integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que son los expertos que dan su tiempo y sus conocimientos, que ponen mucha voluntad para poder resolver asuntos de mala praxis y otro tipo de cuestiones”.

Lema acusó además a Lustemberg de haber ocultado información al Parlamento. Señaló que, en comparecencias anteriores, no informó que el ministerio había contestado un día fuera de plazo una acción presentada por Miralles ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

El senador aclaró que la pérdida de confianza no equivale por ahora a pedir la renuncia de la ministra, aunque no descartó que la oposición impulse una interpelación.

Hoy, aquí En Perspectiva, el senador Carlos Camy, que preside la Comisión de Salud en el Senado, profundizó en ese punto:

“La confianza política de la ministra está en tela de juicio a partir de las medidas que toma para modificar esta resolución del ámbito técnico y después de dos comparecencias los argumentos no alcanzan”.

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En el Aeropuerto de Carrasco comenzará a funcionar este viernes el sistema ILS CAT III. Esa tecnología permite a los aviones aterrizar en condiciones de muy baja visibilidad y busca reducir las cancelaciones y desvíos provocados por la niebla.

La puesta en marcha estaba prevista para el lunes 15, pero fue postergada tras detectarse problemas en una frecuencia de transmisión durante un simulacro.

El director de la Dinacia, Alejandro Trujillo, aseguró que el sistema está pronto, que se completaron las capacitaciones y que existe personal suficiente para operarlo.

El sindicato de controladores aéreos mantiene reparos y sostiene que no se puede trabajar con una sola persona en la torre.

En las últimas semanas, la niebla afectó a 142 vuelos y a unos 20.000 pasajeros, según datos presentados ayer ante la Comisión de Defensa del Senado.

A la sesión concurrieron representantes de Aeropuertos del Uruguay y de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, y las autoridades de la Dinacia reprogramaron su comparecencia por una reunión con el Poder Ejecutivo, decisión que fue cuestionada por la oposición.

Días atrás, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés), que nuclea a más de 360 aerolíneas, pidió a las autoridades uruguayas que implementen "a la brevedad posible" el nuevo sistema de aterrizaje en Carrasco.

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Foto: Captura de redes sociales

La Tertulia de los Miércoles con
Leonardo Costa, Juan Gabito, Miguel Fernández Galeano y Patricia González

Las movilizaciones de transportistas continuaron ayer en varios puntos del país, en rechazo a la guía electrónica de carga que impulsa el Ministerio de Transporte y en protesta por los aumentos del gasoil.

La medida, que comenzó el lunes, incluyó concentraciones de camiones en rutas y accesos, y en algunas zonas fue acompañada por productores agropecuarios con tractores y maquinaria agrícola.

Las protestas generaron enlentecimientos de tránsito en varias rutas nacionales.

También se registraron cubiertas quemadas como parte de las manifestaciones.

Ayer, aquí En Perspectiva, entrevistamos a Inés Beltramelli, que tiene junto con su hijo una empresa familiar de transporte y participó en los reclamos como parte de los transportistas autoconvocados. Esto nos dijo sobre las preocupaciones que le genera esta nueva guía:

Inés: “La guía de carga es muy complicada. Muy complicada. Le explico por qué: Le dije que trabajan en la zona rural. Él no viaja casi nunca a Montevideo, ni sobre rutas nacionales. Trabaja en caminos de campaña, trabaja dentro del campo.

Si viene a Molino, pedazos sobre ruta. Acá no tenemos infraestructura rural de carretera, pésima. Imagínense que hace dos días que llueve, cómo está. Bueno, cuando llueve no se puede transitar.

Con una guía tan complicada como esa que tiene que dar tantos datos. A nosotros se nos corta la Internet. En campaña no hay Internet porque hay de a pedazos, vamos a decir, en el tránsito… ¿Cómo vamos a trabajar?

A nosotros nos va a generar mucho más costo porque tampoco manejamos demasiado la Internet.

Sí, quizás la podamos hacer, pero no es el hecho. El hecho es que si usted hace una guía, sale a viajar, se le corta la Internet, ya está en falta porque el GPS se corta. Además usted hace un viaje, imagínese, va a salir por alguna razón se tiene que quedar en el campo porque acá las distancias son cortas. Pero la gente no entiende los caminos de campaña, hay que andar muy despacio y se lleva muchas horas y eso le va la guía tiene horas, tiene descanso.

Usted tiene que parar en el campo, no hay hotel para usted quedarse a descansar. Como quieren poner. Hay un montón de preocupaciones”

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, se reunió ayer con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga para abordar los cuestionamientos a la guía electrónica que prepara el gobierno.

Tras el encuentro, el presidente de la Intergremial, Ignacio Asumendi, dijo que se acordó crear ámbitos de trabajo con el ministerio para analizar los principales planteos del sector. Uno estará enfocado en los aspectos operativos de la guía y otro en su impacto sobre los costos del transporte y las relaciones laborales.

Asumendi destacó que todavía no hay fecha de implementación y que, según el compromiso de la ministra, la guía comenzará a aplicarse cuando estén dadas las condiciones.

“La guía era un poco compleja. Eso está en proceso de arreglarse, ya se le eliminaron algunas partes que hacían que llevara mucho tiempo generarla. Igual, esto en el día a día de las empresas va a hacer que se tengan que destinar más recursos humanos, lo que va a generar costos. Y en ese sentido es que estamos discutiendo con el ministerio cómo hacer para paliar eso, haciendo la guía cada vez más simple y atendiendo algunos de esos costos con algún tipo de compensación para los transportistas”.

Luego del encuentro, el Ministerio de Transporte reafirmó que la guía digital no tendrá costos directos y agregó que se buscará minimizar los costos indirectos para las empresas. Además, adelantó que habrá jornadas informativas voluntarias con técnicos de la cartera y destacó que la implementación será progresiva.

En un comunicado, el ministerio también aclaró que la guía no será obligatoria hasta que la mayoría de las empresas habilitadas haya completado las pruebas previstas. Aseguró además que se buscarán acuerdos para contemplar las particularidades del sector y evitar inseguridades jurídicas para las empresas de transporte.

Continúa en: Ninguna de las mociones para crear comisiones investigadoras sobre la gestión de ASSE alcanza los votos necesarios

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Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

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Leonardo Costa, Juan Gabito, Miguel Fernández Galeano y Patricia González

Ninguna de las mociones presentadas en la Cámara de Diputados para crear comisiones investigadoras sobre la gestión de ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado) obtuvo anoche los votos necesarios para su conformación. 

El Partido Nacional proponía investigar la gestión de ASSE desde 2015 hasta la actualidad, mientras que el Frente Amplio planteaba analizar únicamente el período de la administración anterior, entre 2020 y 2024. Ninguno de los dos bloques llegó a la sesión de ayer con los votos necesarios para que su iniciativa fuera aprobada, en un escenario en el que Cabildo Abierto volvía a ser clave.

El diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo que, si no prosperaba ninguna investigadora, la responsabilidad sería de todos, aunque “más de unos que de otros”. Además, acusó al Frente Amplio de no querer investigar y de sostener un relato sobre la “herencia maldita”.

Desde el oficialismo, el diputado Luis Gallo afirmó que la denuncia del Partido Nacional no configuraba una acusación fundada y que carecía de precisión técnica. También sostuvo que varios de los temas planteados ya habían sido analizados en el Parlamento o por organismos competentes.

Finalmente, avanzada la sesión, la primera moción presentada – la del PN-, no consiguió los votos necesarios y los diputados blancos decidieron incluir un sustitutivo, que incorporó investigar la reducción de una sanción a una médica acusada de mala praxis por parte de la ministra Cristina Lustemberg. Al ser puesta en consideración, esa moción recibió 49 votos a favor (PN, PC, PI e Identidad Soberana) y 49 en contra.

A las 00.50, cuando se debía votar la moción presentada por el oficialismo y sin tener el respaldo de Cabildo Abierto que le asegurara una mayoría, la bancada del Frente Amplio resolvió retirar su propuesta (formalmente se votó pero no hubo ningún voto) y decidió dejar que todos los cuestionamientos continúen su camino en la justicia. Según se señala en una comunicación de prensa, “a entender del oficialismo, esta acción representa un hecho de cuidado del clima parlamentario en pos de poder dedicar todos los recursos y esfuerzos al estudio y aprobación de la Rendición de Cuentas”.

Antes de la sesión, el diputado Federico Casaretto había anunciado que, si no prosperaba la investigadora blanca, el Partido Nacional recurriría a la Justicia, algo que confirmó hoy aquí En Perspectiva:

“Nosotros no tenemos otro camino. Yo arranqué esta denuncia y este pedido de comisión investigadora en el entendido de que no podemos judicializar permanentemente la política y por eso entendí que había que darle un estado parlamentario a todo esto. Al cerrarse el camino, al no tener la opción, cuando yo encuentro que hay determinados elementos que pueden configurar ilegalidades, como funcionario público tengo la obligación de, en este caso, al no tener la instancia parlamentaria, ir a la justicia. Porque yo no me puedo quedar con una carpeta guardada con los cobros indebidos que durante ocho meses el doctor Danza tuvo por una partida de dedicación permanente cuando tenía cinco trabajos. Si algo no es una dedicación permanente cuando uno tiene cinco trabajos”.

Desde el Frente Amplio, Carlos Varela rechazó que haya elementos para una denuncia y cuestionó la “obsesión” de la oposición con el presidente de ASSE, Álvaro Danza.

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Foto: Usuarios de redes sociales

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Gonzalo Baroni, Martín Bueno,
Rodrigo Coniglio y Patricia González

En el fin de semana circuló en redes sociales el video de un hombre realizando una pintada en la zona de Ciudad Vieja que generó repercusiones entre usuarios que lo señalaron como el presunto autor de los grafitis firmados como “Ruzok”. Durante el registro, quien filma le pregunta: “¿por qué no te vas a rayar a tu casa?”.

A partir de esta viralización, muchos usuarios comentaron sobre las pintadas con la firma Ruzok, que desde hace años aparecen en muros, comercios, carteles y edificios de distintas zonas de la capital.

Según informó Telenoche, el Ministerio del Interior y la Intendencia trabajan en conjunto para reunir información sobre las pintadas y presentar una denuncia ante Fiscalía.

Uno de los sectores que manifestó preocupación fue el Grupo Centro. Su representante, Federico Celsi, dijo que esperan que el caso permita avanzar en medidas para frenar este tipo de daños.

Desde la oposición, ediles de la Lista 22 del partido Nacional, presentaron una carta al Intendente Mario Bergara solicitando que la Intendencia de Montevideo actúe ante los hechos de vandalismo y grafitis ilegales difundidos públicamente, realizando las denuncias correspondientes ante Fiscalía, identificando los daños ocasionados y aportando las pruebas necesarias para esclarecer responsabilidades.

El documento finaliza con una frase contundente “La comuna departamental y el Estado todo, no deben contribuir con su inacción a “La teoría de las ventanas rotas”; concepto criminológico y sociológico que postula que los signos visibles de deterioro, desorden y abandono (como una ventana rota sin reparar) incitan a un mayor vandalismo y, eventualmente, a delitos más graves al transmitir un mensaje de impunidad y ausencia de autoridad”.

Continúa en: “Libertad Segura”: El programa piloto del gobierno para apoyar a liberados de cárceles y frenar la reincidencia

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Foto: Presidencia

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Rodrigo Coniglio y Patricia González

El gobierno lanzó este lunes el programa Libertad Segura, para apoyar el egreso de personas que cumplen su condena en la cárcel y reducir la reincidencia.

Se trata de una experiencia piloto que alcanzará a 350 liberados —300 varones y 50 mujeres— durante 24 meses. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que busca “romper el círculo vicioso de pobreza, violencia y delito”.

El programa empezará dentro de la cárcel, con la preparación del egreso. Se les dará cédula, carné de salud, capacitación, perfil laboral y un plan personalizado. Luego, al salir, los participantes recibirán durante tres meses una Tarjeta Uruguay Social de 5.000 pesos, boletos, vestimenta, celular con precarga y apoyo habitacional si no tienen dónde vivir.

También accederán a un empleo protegido en el sector público durante un año, con acompañamiento sociolaboral, atención en salud y apoyo psicosocial. Después se buscará su ingreso al empleo privado formal, con subsidios e intermediación laboral.

Ayer aquí en diálogo con En Perspectiva, Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto explicó el rol de la OPP como coordinadora y evaluadora de este plan piloto: 

"La idea no es que la OPP se ternice en este rol pero sí construir un piloto que nos permita hacer una primera etapa de implementación, seguimiento y evaluación. Luego ubicar el programa Libertad Segura en otros ámbitos institucionales, donde hay actores que tienen responsabilidades directas, como el INR o la Dirección Nacional de Liberados en el marco del Mides. Nosotros recibimos una demanda concreta del Ministerio del Interior a fines del año pasado, de intentar coordinar las acciones de todas las instituciones que trabajan en el proceso de egreso carcelario, de tal manera de mejorar el impacto de políticas que estaban muy fragmentadas. De ahí surge el diseño, que lo trabajamos desde la OPP con estos organismos, y este piloto que comenzamos a implementar a partir de los primeros días de junio de este año".

Este plan – como decía Arim- se suma a otras instancias que se venían implementando frente a esta problemática como el programa “Liberados” de ACDE, Asociación Cristina de Dirigentes de Empresas. En este sentido Arim explicó que “la manera de intentar mejorar los resultados que estamos obteniendo y darle a las personas oportunidades objetivas de desarrollar una vida digna e integrada, tiene que ver con hacer converger en un mismo programa instrumentos que van desde salud hasta el derecho a la identidad”, apuntó.

Viene de: Vecinos denuncian a autores de graffitis en Montevideo: ¿Qué debe hacer la intendencia?

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Foto: adhocFotos

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El presidente Yamandú Orsi fue el orador principal en el acto oficial de este lunes por los 215 años de la Batalla de Las Piedras, en lugar de delegar el uso de la palabra en un ministro, que es lo habitual. En su alocución, el mandatario afirmó que el rumbo del gobierno está apoyado en tres pilares: la defensa de la soberanía, la vocación republicana y el desarrollo con inclusión.

Sobre la defensa de la soberanía, Orsi sostuvo que Uruguay debe reconocer su lugar estratégico en la región, en un mundo marcado por incertidumbres y nuevas amenazas. En ese marco, se pronunció por una estrategia de defensa nacional moderna, con capacidad de respuesta frente al crimen organizado transnacional y los ataques digitales.

El presidente también vinculó la defensa nacional con el bienestar social, y puso como ejemplo la declaración de emergencia por las personas en situación de calle.

“Desde hace más de diez días, el Sistema Nacional de Emergencias atiende diariamente a 3.200 personas por la alerta roja. Y en este marco, en lo que va de la actual administración, el Ejército Nacional ha contribuido con 104.000 platos de comida elaborados y distribuidos por el país, así como la habilitación de un total de entre 25.000 y 30.000 plazas para que la gente se resguarde del frío por la noche. Hoy, como ayer, cuando se trata de los más vulnerables, nos precisamos todos”.

En el plano republicano, Orsi afirmó que “la democracia y la libertad no se negocian” y defendió el respeto a las instituciones y la separación de poderes. También dijo que prefiere “construir puentes” que permitan el encuentro entre los uruguayos y aseguró que los ministros concurrirán al Parlamento cada vez que sean convocados.

Como tercera y última premisa, el presidente mencionó el “desarrollo con inclusión”, que vinculó con la “visión artiguista”. Dijo que eso implica tener claro “quiénes y dónde están los más rezagados”. En ese marco, confirmó que en la próxima Rendición de Cuentas se reformará el sistema de transferencias para la infancia, con el objetivo de unificar instrumentos, aumentar prestaciones y llegar a más personas. También resaltó que el gobierno prepara cambios en el sistema de jubilaciones, para atender la situación de quienes no pueden seguir trabajando hasta los 65 años, luego de la reforma del sistema previsional aprobada en el período pasado.

“Estas transformaciones se realizarán asegurando la solidez de nuestro sistema de seguridad social y la trayectoria de sostenibilidad fiscal y de deuda. Por supuesto. Podemos discutir años sobre cómo resolver la mejor protección social. Prefiero actuar ya, porque los problemas de los más débiles no admiten la menor demora”.

Este discurso de Orsi se produjo en medio de dos encuestas, la de Equipos Consultores y la de Factum,que mostraron una caída en la evaluación del mandatario.

Equipos registró un aumento de la desaprobación de 40% a 48% entre febrero y abril, mientras que Factum ubicó el descontento en 46% en el segundo bimestre del año

Ayer, consultado en rueda de prensa, el presidente declaró que sigue esos datos con preocupación:

“El que piense que uno tiene que plantarse como arrancó y no cambiar nada es porque ya empezaste equivocándote(…) si hay gente que no está muy conforme es porque hay algo que no está saliendo bien, hay que saber corregir”.

Continúa en: Director del INE reclama que despolitice el debate sobre las estadísticas oficiales

Telegramas: La Marcha del Silencio y el Giro de Italia

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Gonzalo Baroni, Martín Bueno, Miguel Fernández Galeano y Patricia González

A fines del mes pasado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó el dato del Índice de Pobreza Multidimensional del 2024, que se había difundido a comienzos de 2025, o sea casi en el final del gobierno de Luis Lacalle Pou.

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del Uruguay es una medida oficial elaborada por el Instituto Nacional de Estadística con el objetivo de captar las privaciones que enfrentan los hogares uruguayos en cinco dimensiones clave: educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, protección social y empleo.

El indicador, que en la publicación original era de 18,9% pasó a 19,9% de la población.

En un comunicado, el INE explicó que se había detectado un error de cálculo. Sin embargo, la noticia provocó cuestionamientos severos desde la oposición.

Por ejemplo, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, alertó que el cambio en la cifra era “muy grave”, apuntó a la confiabilidad del sistema estadístico y del instituto como “una de las cosas que caracterizan a Uruguay” y cuestionó la publicación de “un número que es diferente al que publicaron el año pasado” por lo que intimó al INE a brindar explicaciones al respecto.

Ayer aquí En Perspectiva, el director del INE, Marcelo Bisogno, explicó la situación:

“El error fue justamente en educación. Cada una de esas dimensiones tienen tres variables. Hay una que es el retraso educacional. Yo cuando hice primer año lo hice con 6 años. Si una persona tiene 7 años y está en en primer año, se considera tolerable, pero si tiene ocho o más años se considera que hay una privación en el hogar. Un miembro con dos o más años se encuentra se considera rezagado y eso es una limitación. Ahí el que hizo el código puso en vez de dos o más, más de 2 años. Entonces una persona, un niño de 8 años no se consideraba rezagado cuando en realidad debió considerarse rezagado. Fue un error de cálculo no más, de los que ocurren en todo momento”.

Además, dijo que le sorprendió la actitud con la que se tomó este tema el sistema político:

“Mi preocupación era esa. Digo, en realidad yo no soy muy avieso en términos de política, no me esperaba este tipo de cosas, pero la virulencia con la que se salió a mí me impresionó. Nosotros llamamos a todo el mundo, a Delgado, este, a todos los actores involucrados, a Mieres. Mieres vino a nuestra oficina, le explicamos y perfectamente lo entendió. Delgado no contestó”

Por último admitió que de ahora en adelante las autoridades del INE serán más cuidadosas a la hora de difundir sus informes ante la constatación de que en el sistema político hay voces dispuestas a acusar sin ninguna evidencia.

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Gonzalo Baroni, Martín Bueno, Miguel Fernández Galeano y Patricia González

El uruguayo Thomas Silva en el Giro de Italia: "Lo que está pasando es único a nivel de ciclismo en Uruguay"

Reflexiones sobre la Marcha del Silencio

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Discurso de Yamandú Orsi en Las Piedras

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La Tertulia de los Miércoles con
Pablo Díaz, Juan Erosa,
Patricia González y Elena Grauert

La interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, por la situación del INAU y la protección de menores a cargo del Estado, terminó anoche con críticas de la oposición a la gestión y respaldo del oficialismo.

Se presentaron cuatro mociones (del Frente Amplio, del Partido Nacional, de Cabildo Abierto y otra de Identidad Soberana), ninguna de las cuales alcanzó la mayoría para ser aprobada.  

El llamado fue impulsado por el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, a raíz de la muerte de menores bajo tutela del INAU.

El legislador planteó que el tema es tan grave que “no admite medias tintas”, así como tampoco “respuestas burocráticas de esas que se quedan en el papel y nunca llegan a la calle”.

En esa línea, Jisdonian subrayó la “desprotección absoluta” de quienes están bajo la órbita del Instituto. “Cuando el Estado asume la tutela de un menor, se convierte en su padre y en su madre. Y lo que estamos viendo hoy es un padre que abandona, una madre que no mira y una institución que falla”, reclamó.

En conferencia de prensa, la oposición señaló que las respuestas fueron insuficientes y que se retiraron con las mismas dudas. Jisdonian afirmó que se respondió menos de un tercio de las preguntas y reclamó explicaciones sobre responsabilidades y fallas en el sistema.

“Nos vamos con esas mismas interrogantes que teníamos al momento de empezar. Teniendo la expectativa de poder construir entre todos un sistema que funcione mejor, pero sobre todo con la responsabilidad que tenemos, como legisladores y como uruguayos, de exigir que esas infancias y esos adolescentes bajo tutela del Estado tengan el tratamiento que merecen y al que se comprometió el Estado al momento en que se hizo cargo de esa tutela y ese cuidado”.

Civila, en tanto, reafirmó el respaldo del Poder Ejecutivo al directorio del INAU y cuestionó el tono de la interpelación. Sostuvo que algunos planteos no fueron constructivos y defendió la necesidad de abordar el tema con mayor rigurosidad.

“Lamentablemente en el curso de la interpelación también hemos escuchado planteos que no son muy constructivos, que en muchos casos ni siquiera parten de buena información respecto de los temas de los que estamos conversando, incluso números que se han puesto de manifiesto en las propias intervenciones, en los comentarios públicos que no se condicen con la realidad, pero sobre todo conceptualmente aspectos que nos parece que exigen mucho más rigor, mucho más de estudio porque estos son temas muy serios”.

Las autoridades del INAU reconocieron que existen problemas estructurales y señalaron que trabajan en cambios, como el cierre del centro de breve estadía y la implementación de nuevos dispositivos. También indicaron que varias muertes están bajo investigación y que no corresponde adelantar conclusiones.

La presidenta del organismo, Claudia Romero, se refirió al rumbo de la gestión y a la apuesta por reducir la internación de niños, a partir de la decisión de poner foco en otras estrategias: 

“Hacia eso vamos y hacia eso seguimos: a un modelo de erradicación de la internación de cero a tres años en Montevideo y en el interior del país, pero también a un modelo de no internación porque necesitamos desinternar pero también que no ingresen al sistema de protección especial. Necesitamos trabajar más juntas para que la judicialización de la situación de las niñas no permitan que entren en el sistema de protección especial. Estamos trabajando en fortalecer el acogimiento familiar. Aumentamos 160 cupos para niños, niñas y adolescentes que puedan vivir en familia. Estamos trabajando en el egreso de los adolescentes a través de oportunidades laborales y habitacionales”.

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Primera exportación uruguaya a Europa en el marco del acuerdo UE-Mercosur, caso Adorni… y  otros telegramas

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