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Los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que regulan el derecho de huelga y prohíben piquetes en la vía pública han sido uno de los puntos que mayor fricción causaron entre el gobierno y el PIT-CNT en lo que va de esta administración.

Precisamente, la central sindical junto al Frente Amplio y otras organizaciones sociales buscarán derogar estos artículos en el referéndum previsto para el 27 de marzo.

Desde la comisión por el SI entienden que estas normas son “antisindicales” y restringen el derecho de huelga, un derecho consagrado en la Constitución.

Desde el oficialismo, en cambio, afirman que los artículos brindan equilibrio a las relaciones laborales y garantizan, además de los derechos de los trabajadores, la libertad de empresa y de circulación.

Precisamente, este capítulo de la LUC será el eje de este cuarto debate En Perspectiva en la previa del referéndum.

Hoy, En Perspectiva, debaten dos abogados especialistas en Derecho Laboral: el Dr. Tomás Teijeiro, inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social (MTSS) y el Dr. Mario Pomata, asesor jurídico del PIT-CNT.

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Enlaces relacionados

Texto completo de la LUC

Decreto reglamentario de artículo de la LUC relativo a "Regulación de la ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de esta o de una empresa o institución privada"

Decreto de 2006 sobre ocupaciones en lugares privados

Decreto del gobierno de José Mujica (2010) que establecía mecanismo "exprés" para desalojos de ocupaciones en dependencias estatales

Dereto de 2017 sobre piquetes

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Decreto que habilita a la Policía a desalojar piquetes sin esperar autorización judicial

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Crédito Foto: Facebook Plenaria Memoria y Justicia.

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Me parece que se ha tratado el tema desde un punto de vista de acción y reacción política, sin tener en cuenta aspectos de fondo que necesitan atención urgente.

En nuestro país la Constitución reconoce el derecho de huelga y hace expresa mención a que será reglamentado. Por ley, agregaría yo, y me parece pertinente aclararlo.

“Artículo 57. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica.
Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje.
Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”.

La verdad es que esta aspiración del constituyente quedó solo en eso, sin que nadie le ponga el cascabel al gato. Ello porque la carga ideológica de tal empresa supondría un callejón sin salida en cualquier negociación parlamentaria de los últimos 40 años.

Obviamente, la progresión geométrica de los problemas de relación laboral debidos a nuevas tecnologías, nuevos derechos, nuevos protagonismos de minorías sociales, nuevos perfiles de la relación entre sexos, etcétera, etcétera, hicieron que, a falta de normas, mayor confusión e internación en una selva intrincada de normas contradictorias y ausentes.

En el mundo se tratan problemas reales como:

– ¿Una huelga determinada siempre es legal?

– ¿Un piquete puede implicar un delito?

– Las penas de prisión derivadas de ocupaciones (que son ilegales y de jurisdicción penal en algunos países) ¿pueden ser excarcelables?

Preguntas de locos, ¿no? Más para nosotros que creemos en el vale todo.

Soy de los que piensan que menos normas hacen más libre a una sociedad. Pero, en este caso, todos los problemas son derivados de la ausencia de una ley que reglamente el derecho de huelga, según reza la Constitución misma. Sé que lo que acabo de escribir es satánico para el Pit-Cnt, pero soy de los que ingenuamente creen que es posible, al amparo de una interpretación conjunta del Pit-Cnt y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social acerca de las normas de la OIT, confeccionar una normativa adecuada y que fácilmente daría reglas de juego claras a quienes las necesitan hoy en día, que son el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. Los demás no lo necesitan: el Pit-Cnt se nutre de la desregulación y la confusión de términos, pues eso le da manos libres en cada medida de fuerza, ya que nadie tiene claro qué se puede y qué no. Por ejemplo, una huelga en rechazo al despido de un empleado al que se le comprobó un delito penal, que fue juzgado y procesado. En casi todas las legislaciones sería ilegal: supone una apología del delito y la cobertura a un delincuente, y quienes la realizaran podrían ser pasibles de sanciones laborales, suspensiones, etcétera. ¿Es una locura lo que escribí? ¿La huelga es un derecho principal que está por encima del resto de la legislación? No lo creo. Si no es una locura, ¿podría entonces declararse ilegal a una huelga y por lo tanto impedirla? ¿Quién debería decidir: el Poder Ejecutivo, un tribunal laboral? Cuántas preguntas que ni soñamos, porque ni tenemos una ley sobre estos temas…

Pero si leemos la normativa de la OIT y de varios países, desarrollados o no, veremos que no es necesario descubrir la pólvora. Hay ciertamente una serie de principios que son comunes a casi todo el mundo, y coinciden con el sentido común:

1 – El derecho de huelga es universal. Se entiende por tal no concurrir al trabajo. Es una medida pasiva, en principio no perseguible.

2 – Los no agremiados (y aun los agremiados en algunos países) tiene derecho a ir a trabajar y esto no puede ser impedido, de hecho ni de derecho.

3 – Los denominados piquetes "blandos", donde los trabajadores pueden plantarse frente a la empresa a hacer saber sus discrepancias a viva voz, distribuir folletos e informar a la gente, son lícitos en cualquier cuerpo normativo. Son acciones destinadas a hacer conocer la opinión de los trabajadores de que su derecho fue vulnerado.

4 – Los piquetes “duros”, que interrumpen la circulación o impiden el ingreso o egreso de empleados o bienes a la empresa, son ilícitos.

5 – La legislación y la negociación paritaria pueden pactar remunerar a quienes hacen huelga sin que ello se considere una inequidad con quienes concurrieron a trabajar.

6 – La ocupación colide con el derecho de propiedad en todas las normativas, por lo que es ilícita. Hay normas y consultas específicas al respecto en la OIT, que los gremios empresariales uruguayos ya han realizado sin ser vinculantes.

7- La libertad de expresión no implica colisionar con los derechos de los demás, con los derechos de carácter general, como el libre tránsito.

8 – Ante el llamado a concurso de acreedores por una empresa insolvente, congelamiento de sus bienes y posibles acciones paulianas sobre enajenaciones de los últimos 30 a 90 días, para proteger los bienes que puedan servir al pago de créditos laborales.

9 – Legislación para posibilitar al Estado la expropiación de bienes a bajo precio y permitir la acción de microempresas o cooperativas, en caso de actividades sensibles y con potencialidad y viabilidad, según alguna autoridad técnica independiente.

Una ley de regulación de las relaciones laborales sería muy, pero muy útil, y este es el momento ideal, con un gobierno socialista afín a los colectivos sindicales y que no puede ser acusado de querer limitar sus conquistas que, dada su afinidad ideológica, puede avanzar en despejar esa niebla jurídica que tanto mal hace a nuestra actividad comercial y productiva.

Mi opinión es que aún los extremos conservadores deberían ver la oportunidad histórica de, pacíficamente, si es que se quiere de buena fe mejorar en esto, abonar un dialogo izquierda-izquierda para legislar lo que nunca fue legislado

Hago votos, aunque la lucidez no ha campeado mucho últimamente.

Gustavo A. Calvo
Vía correo electrónico

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Documentos:

Decreto que habilita a la Policía a desalojar piquetes sin esperar autorización judicial

Editorial del director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, sobre decreto que permite desalojo de piquetes sin autorización judicial

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La entrada Sobre el decreto para el desalojo de piquetes se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez que habilita a la Policía a desalojar piquetes en calles y rutas, en coordinación con otros organismos públicos y sin esperar la autorización judicial siguió en el debate político esta la semana.

El PIT-CNT consideró que la norma es inoportuna pero resolvió esperar a que se aplique en un caso concreto para analizar si se vulneran derechos, en cuyo caso recurrir el texto ante la justicia. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Perera también criticó el decreto pero por razones diferentes a las que se escucharon desde el lado sindical; Perera cuestionó que no se permite disolver un piquete de personas sindicalizadas pero sí el de aquellos que no integran un sindicato. Por su parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos objetó en un comunicado que las limitaciones a los derechos de expresión y reunión sean establecidas por decreto y sin control judicial previo.

Ayer el subsecretario de Interior, Jorge Vázquez se reunió con la bancada de legisladores del Frente Amplio y les explicó que el decreto buscó mejorar uno similar de 1999, al incluir la posibilidad de que otros organismos del Estado colaboren con la Policía para levantar el bloqueo. Vázquez garantizó que se apostará al diálogo antes de comenzar a desalojar un piquete.

La Mesa de los Jueves con Fernando Butazzoni, Eduardo Fernández, Carlos Ramela y Hernán Bonilla.

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Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

Usted tiene derecho a hacer todo aquello que no esté prohibido y que no viole los derechos de los demás. Grosso modo, esa frase resume lo que podría llamarse convivencia pacífica en una sociedad democrática como la nuestra. Cuando este equilibrio se altera, pagan justos por pecadores. Incluso así, en algunos casos, los justos están dispuestos a tolerarlo y se esfuerzan aunque puedan no entender del todo los porqués.

Como siempre ocurre en una sociedad regulada –hiperregulada en el caso de la nuestra-, es necesario reflexionar acerca de ciertas limitaciones que pueden aparecer por la simple necesidad de organizar la vida en común.
El gobierno del presidente Tabaré Vázquez tomó en los últimos días un tipo de medida que es de las que más le cuestan a la izquierda en Uruguay. Una medida que tiene que ver con establecer por escrito la posibilidad de acciones policiales para evitar o subsanar cortes de vías públicas.

Popularmente se lo bautizó “decreto antipiquetes” y su aprobación por Vázquez y su gabinete en pleno la semana pasada, desató una serie de airadas críticas, cuestionamientos y también apoyos, cosa normal si se considera que lo que hay en juego es un conjunto de derechos en tensión: el derecho a protestar versus el derecho a circular libremente; el derecho a manifestarse versus el derecho a la seguridad de las personas cuando se producen cortes de vías muy transitadas, entre otros pares posibles.

No existe un análisis simpático de esta cuestión en el que se pueda justificar a unos y negar a otros. Se dio sin embargo, un cúmulo de apreciaciones que desvirtuaron por completo la realidad de lo que significa la protesta mediante el mecanismo de huelga, que no siempre en este país conlleva la obstaculización de vías de circulación.

En primer lugar, antes de este decreto presidencial, ya existía en nuestro país la determinación expresa de que una protesta no podía cortar rutas nacionales, o calles sin previa autorización y la planificación necesaria para desviar el tránsito. Es una cuestión de sentido común: el derecho a protestar no puede estar por encima de la seguridad de transeúntes y choferes.

¿Quiere decir esto que en Uruguay no se cortaban calles para una manifestación? Por supuesto que no. Los actos masivos del primero de mayo o las manifestaciones político partidarias de toda índole, para poner ejemplos que no se relacionan con huelgas, se realizan en Uruguay sin mayores inconvenientes que algún desvío previamente anunciado.

Lo que el Poder Ejecutivo buscó con este decreto es establecer, al amparo de las normas existentes, un mecanismo que evite la instalación de cortes de ruta espontáneos o sin aviso –los podemos llamar “piquetes”, pero me niego a argentinizar el debate, si me disculpan-.

En su artículo cuarto, el decreto señala expresamente el respeto al artículo 57 de la Constitución de la República que consagra el derecho a huelga.

¿Con normas ya existentes previamente, con el derecho a huelga garantizado por la Constitución de la República, dónde está entonces el problema?

Fenapes, la combativa Federación de Profesores, rechazó el decreto en un comunicado del que se desprende que consideran que limita el “derecho a la protesta” de los trabajadores. ¿Las protestas no deberían tener un marco, es decir, no debería existir un límite legal para marcar, al menos, lo que no se puede hacer?

Es normal y lógico que los trabajadores protestemos por las vías que estimemos convenientes, al amparo de la ley, cuando creemos que nuestros derechos no están siendo respetados. Pero no es lo mismo un paro de actividades que un corte de rutas, es bastante claro. Las implicancias de seguridad para los afectados son extremadamente diferentes.
Creo que uno de los problemas mayores que le plantea este decreto al Frente Amplio, radica en la confusión que algunos dirigentes de la coalición tienen entre los conceptos de ejercicio de autoridad y represión. Lo primero, no supone necesariamente lo segundo.

El diputado comunista Gerardo Nuñez, citado por El País, dijo que este decreto otorga “potestades a las fuerzas represivas que no corresponden”. En realidad, la Policía ya podía levantar por motu propio cortes de ruta. Nada cambia. El detalle es la definición que da el legislador de la Policía, a la cual cataloga como “fuerzas represivas”. La ley 18.315 del año 2008, es decir aprobada durante el primer período del Frente Amplio en el gobierno, establece las funciones que competen a la Policía, y como en cualquier país del planeta, señala que tiene la potestad de reprimir, aunque la ley lo establece como una “excepción” y no como regla. Pensar que la Policía es apenas una “fuerza represiva" es una concepción cuando menos limitada.

Soy de los que piensan que menos normas hacen más libre a una sociedad.

Por eso, la pregunta que me hago, en medio de todo este matete conceptual que se ha armado en torno a este decreto es ¿por qué hubo que llegar a una nueva norma, en un país que garantiza el derecho a la huelga pacífica, si ya existían los mecanismos previstos en la ley para que medidas de protesta intempestivas que alteraran el orden público pudieran ser objeto de acciones de las autoridades para garantizar los derechos de todos?

Solo puedo entenderlo como un problema de inseguridad, pero de inseguridad en el ejercicio de la autoridad que admite la ley.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 29.03.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Sus opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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Un decreto firmado el lunes pasado por el presidente Tabaré Vázquez que habilita a la Policía a desalojar piquetes en calles y rutas con la colaboración de otros organismos públicos, sin esperar autorización judicial, generó malestar en el oficialismo, en los sindicatos y en organizaciones defensoras de los derechos civiles.

En el Frente Amplio varios dirigentes consideraron que la norma da excesiva autonomía a la Policía para resolver conflictos que deberían ser encarados a través del diálogo. En el mismo sentido se expresó la ONG Servicio de Paz y Justicia que a través de un comunicado acusó al Gobierno de “criminalizar” la protesta de los movimientos sociales. En tanto, en el PIT-CNT se analizará el martes si se presenta un recurso revocatorio contra el decreto. Esta iniciativa es impulsada por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que calificó al texto como un avance represivo contra los trabajadores.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior Eduardo Bonomi defendió la medida y destacó que no innova con respecto a un decreto anterior de 1999, salvo en que autoriza la cooperación de otros organismos y en que deja expresamente al margen de estas actuaciones los piquetes vinculados con el derecho de huelga. En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo que el decreto no es contra los trabajadores si no que busca impedir conflictos entre empresas que amenacen la producción, como el que sucedió recientemente entre la Intergremial de Transporte Profesional de Carga y la Asociación de Cultivadores de Arroz.

La Mesa de los Lunes con Gabriel Mazzarovich, Gonzalo Baroni, Leonardo Costa y Hoenir Sarthou.

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En el PIT-CNT se analizará el martes si se presenta un recurso revocatorio contra el decreto. Esta iniciativa es impulsada por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) que consideró a la norma como un avance represivo contra los trabajadores. El dirigente de ese sindicato Joselo López dijo a En Perspectiva que el decreto es "represivo" ya que le otorga a la Policía la potestad de definir si un corte de calle es parte o no del derecho de huelga antes de proceder a desactivar la medida.

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Crédito Foto: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

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Transcripción de la entrevista con el diputado Jorge Pozzi (NE, FA)

Algunos entienden que es innecesario y redundante. Otros, que es represivo e inconstitucional. Las opiniones están bien divididas. Aunque hay algo en lo que todos coinciden: el decreto que firmó el presidente Tabaré Vázquez el lunes pasado y que habilita al Ministerio del Interior a disolver piquetes en calles y rutas sin intervención previa de la justicia, sorprendió a todo el mundo.

En los sindicatos y dentro del Frente Amplio varias voces rechazaron el texto.

Para analizarlo y despejar dudas los coordinadores de la bancada parlamentaria del oficialismo pidieron una reunión con el Ministerio del Interior que se llevará a cabo el próximo miércoles, y a la cual asistirá el director general de secretaría, Charles Carrera.

Sobre este tema, conversamos en la entrevista central con el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi, coordinador de bancada del partido de gobierno en la Cámara de Diputados.

Transcripción de la entrevista con el diputado Jorge Pozzi (NE, FA)

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EN PERSPECTIVA
Lunes 27.03.2017, hora 8.19

EMILIANO COTELO (EC) —Algunos entienden que es innecesario y redundante. Otros lo tildan de represivo e inconstitucional. Las opiniones están bien divididas. Aunque hay algo en lo que todas las voces coindicen: el decreto que firmó el presidente Tabaré Vázquez el lunes pasado, que habilita al Ministerio del Interior (MI) a disolver piquetes en calles y rutas sin intervención previa de la justicia, sorprendió a todo el mundo.

En los sindicatos y dentro del Frente Amplio (FA) varios salieron a rechazar el texto.

Para analizarlo y despejar dudas, los coordinadores de la bancada parlamentaria del oficialismo pidieron una reunión con el MI que se llevará a cabo el próximo miércoles, y a la cual asistirá el director general de secretaría, Charles Carrera.

Para pulsar cómo viene el ambiente dentro del FA, vamos a conversar con el diputado Jorge Pozzi, del Nuevo Espacio, coordinador de bancada del partido de gobierno en la Cámara de Representantes.

¿Cómo se enteraron ustedes de la firma de este decreto? ¿Hubo algún aviso previo del Poder Ejecutivo?

JORGE POZZI (JP) — No, no hubo ningún aviso previo. Nos enteramos como se enteró todo el mundo, cuando apareció que se había firmado ese decreto. Incluso eventualmente tenía una reunión con el director general del ministerio, Charles Carrera, por otra cosa, y ahí surgió la necesidad de este decreto, por lo menos él lo veía así. Incluso nos explicó algunas cosas que habían sucedido en el desalojo de La Solidaria, que terminó en los problemas que terminó, y cuál había sido la actuación de la policía en ese momento.

EC —Sí, pero en los hechos de La Solidaria no tienen nada que ver con el decreto, fueron posteriores. El decreto es del lunes pasado y lo de La Solidaria fue por ahí, pero el decreto ya estaba resuelto desde antes, está clarísimo.

JP —Sí, el decreto estaba resuelto desde antes. Por eso queremos que Charles Carrera venga y explique a todos los compañeros que quieran participar, […], cuáles fueron las razones que llevaron al Poder Ejecutivo a tomar la resolución de firmar ese decreto –que en definitiva pone cosas que ya estaban arriba del tapete– para que todos compañeros manejemos la misma información antes de dar opinión sobre el asunto.

En el caso de La Solidaria, por lo menos por lo que uno se pudo enterar, la policía sabía lo que iba a suceder y tenía planificado un operativo para que no sucediera. Se dio cuenta a la justicia y aparentemente fue la justicia la que determinó que no se hiciera nada. Ante este tipo de situaciones merece la pena que todos los compañeros se enteren exactamente de cuáles fueron las cosas que llevaron al Poder Ejecutivo a firmar ese decreto. Es importante tener toda la información antes de tener una opinión sobre el asunto.

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Crédito Foto: Facebook Plenaria Memoria y Justicia

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