Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Producción de Leonardo Silvera

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La Tertulia de los Lunes con
Matías Bordaberry, Miguel Brechner, Eleonora Navatta y Tomás Teijeiro

El presidente Yamandú Orsi confirmó que en junio mantuvo una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, para consultar cómo debía proceder ante un informe sobre el estado de salud de varios presos de la cárcel de Domingo Arena, condenados por delitos de lesa humanidad.

Aquel encuentro no se conocía hasta el jueves pasado cuando lo dio informó el semanario Búsqueda.

Según esa publicación, en la audiencia, que tuvo lugar en la sede de la SCJ, Orsi habría transmitido su “preocupación” por la situación de más de diez de los reclusos alojados en Domingo Arena, a lo que Pérez respondió que el tema “era resorte de los jueces y no de la Corte” y que los informes debían remitirse a los juzgados competentes.

De acuerdo a lo que consignó la nota de Búsqueda, el planteo de Orsi generó “sorpresa” entre algunos ministros de la Corte, que interpretaron el gesto como un posible intento de incidir en decisiones judiciales.

Consultado horas más tarde en rueda de prensa, el mandatario negó haber manifestado preocupación y sostuvo que su consulta fue estrictamente institucional.

“Yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte de Justicia porque tenía un informe de Sanidad Militar que, como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer, si había que enviárselo a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo, voy y le pregunto, y me dijo: eso lo resuelve cada uno de los jueces. Simplemente eso. Yo no manifesté ni preocupación ni nada. Tenía algo que resolver y lo hice con quien correspondía”.

En la misma jornada, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos cuestionó la reunión entre el presidente Orsi y el titular de la Suprema Corte de Justicia.

La organización calificó como “improcedente” cualquier señal que pueda interpretarse como influencia sobre el Poder Judicial en favor de condenados por delitos de lesa humanidad.

En un comunicado, recordó que esos militares fueron juzgados por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas y torturas, todos delitos inamnistiables, y que gozan de garantías procesales que no tuvieron las víctimas del terrorismo de Estado. También afirmó que siguen sin aportar información sobre el paradero de los desaparecidos.

Madres y Familiares sostuvo que los internos de Domingo Arena están recluidos en “condiciones privilegiadas” y rechazó cualquier intento de otorgarles un trato excepcional. Concluyó que la democracia se sostiene en verdad, justicia y memoria, y que no debe haber retrocesos en la lucha contra la impunidad.

Por su parte, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, valoró el viernes en entrevista con Desayunos Informales que el presidente se ocupara personalmente del tema y afirmó que el gesto “habla bien” de Orsi.

Cabildo Abierto promueve la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, iniciativa que ha acompañado reiteradamente. Orsi rechazó que su reunión con Pérez tenga vínculo con negociaciones parlamentarias o acuerdos políticos.

Continúa en: ¿Por qué a las nuevas generaciones no les gustan las llamadas telefónicas?

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En Uruguay, cada día entran 30 personas a la cárcel y salen 27.

De los liberados, el 30% vuelve a delinquir en el primer año y el 70% lo hace antes de los tres años.

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) viene impulsando el programa “Liberados” que busca que las personas que salen de prisión consigan un empleo.

Su consigna es que “si los empresarios no [les] dan trabajo, lo harán los narcos”.

¿Cómo ha funcionado este plan en sus primeros dos años? ¿A cuánta gente han revinculado al mercado laboral? ¿Cómo ha sido la experiencia para las empresas que contrataron a personas de este programa?

Emiliano Cotelo conversó con Eduardo Ottonelli del programa “liberados” de ACDE.

“Si los empresarios no dan trabajo [a los presos liberados], lo harán los narcos”.

La frase pertenece a Eduardo Ottonelli, veterinario y empresario, coordinador del programa “Liberados”, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que busca que las personas que salen de la cárcel consigan un empleo.

Accedé aquí a la página web del programa "Liberados" de la ACDE

El programa va por su segundo año de trabajo y abarca desde la educación digital para armar un currículum hasta el acompañamiento con voluntarios para que las personas recién liberadas no queden solas en su reinserción social.

En su momento, cuando esta iniciativa estaba dando sus primeros pasos, entrevistamos a los reponsables.

¿Qué pasó desde entonces? ¿A cuántas personas ha llegado este programa? ¿Qué dice la experiencia? ¿Cómo es para una empresa sumarse a esta iniciativa?

Últimas entrevistas En Perspectiva acerca del programa "Liberados":

Plan "Liberados": Nuevo convenio entre cámaras empresariales garantiza la inserción laboral de los privados de libertad es “un buen comienzo”. Con su referente Teresa Cometto

ACDE impulsa el proyecto "Liberados", que trabaja con ex reclusos: "Obviamente todos merecemos una segunda oportunidad". Con Teresa Cometto y Carlos Matyszczyk

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La Justicia concedió prisión domiciliaria a un grupo de reclusos que integran la población de riesgo por Covid-19, en el interior del país.

El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, no precisó el número de presos beneficiados con la medida. Sin embargo, indicó que hubo más de 150 solicitudes, que la Justicia está estudiando.

En abril Petit remitió un informe a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio del Interior y a la vicepresidente Beatriz Argimón, en el que recomendó otorgar prisión domiciliaria a los presos que estén purgando condenas por "delitos leves, (y) penas pendientes de corto plazo" en el medio de la pandemia. La recomendación de Petit seguía lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.

Petit explicó ayer que si bien en otros países se optó por amnistías, indultos o liberaciones parciales, en Uruguay son los defensores privados y de oficio los que solicitan ante el juez conceder beneficios a los reclusos más vulnerables. Petit dijo que el proceso está resultando “lento”.

"Algunas liberaciones han ocurrido. Es un caso a caso, los proceso son lentos. Hay más de 100 casos en trámite. Por ahora las liberaciones han sido muy acotadas. Uruguay ha funcionado de esa manera. En cada país han habido distintos mecanismos.", dijo.

El domingo en Canal 12, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga dijo que el gobierno “no avala una suerte de liberación de presos”. "Se prevé en algunos casos liberar a personas mayores de 65 años. Ahora, uno va a la historia de los delincuentes de más de 65 y ahí ve un femicida, un abuso sexual, violación, todo tipo de cosas. Entonces vamos a liberar para que vayan al mismo lugar donde cometieron los delitos", agregó Larrañaga.

Sobre esta decisión y sus repercusiones, conversamos esta mañana En Perspectiva con Adriana Berezán, presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay.

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Foto: Penal de Libertad. Crédito: Javier Calvelo /adhocFOTOS

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Por Rafael Mandressi ///
@RMandressi

A mediados del siglo XVIII comenzó a publicarse, por entregas y durante 21 años, una de las obras más conocidas e influyentes de lo que se llamó la Ilustración: la Enciclopedia, dirigida por los no menos conocidos e influyentes Denis Diderot y Jean D’Alembert. El primero de los 28 tomos de ese “diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios” vio la luz en junio de 1751, corresponde a la letra A y contiene, por lo tanto, la entrada “Anatomía”.

Allí, en medio de una exposición introductoria a cargo de un cirujano a quien se le había encomendado la redacción del artículo, interviene uno de los dos directores de la publicación, Diderot, para dar su punto de vista sobre un asunto en el que disiente con el autor: la conveniencia y la legitimidad de efectuar vivisecciones humanas. Diderot considera oportuno que la investigación anatómica pueda practicarse abriendo no solo cadáveres sino personas vivas, ya que hay observaciones que no es posible realizar explorando el interior de un cuerpo muerto.

Para ello, explica, podría recurrirse a los criminales condenados a muerte, a quienes se les propondría una suerte de contrato: si aceptaran prestarse a tales operaciones, y en caso de sobrevivir, se anularía la pena capital a la que estaban destinados. Nadie, según Diderot, debería ser ejecutado sin tener la oportunidad de redimirse parcialmente, contribuyendo al progreso de un conocimiento útil para toda la sociedad. En síntesis, todo el mundo saldría ganando, incluidos los criminales, que con seguridad habrían de preferir, como se dice en el texto, “una operación dolorosa a una muerte segura”.

No hace falta detallar los experimentos que sugiere Diderot para hacerse una idea del sufrimiento indecible que habrían supuesto si su iniciativa se hubiese llevado a la práctica. Puede llamar la atención que una propuesta de ese tenor provenga de alguien que redactó, en un tomo posterior de la misma obra, un demoledor artículo contra el uso de la tortura en las prisiones del Antiguo régimen. Se pensará tal vez que se trata de un alegato cuyo propósito principal era poner de manifiesto una tesis política, consistente en aceptar el sacrificio de unos pocos individuos en aras del bien colectivo. Quizá se diga que, después de todo, son cosas pensadas y escritas hace más de 250 años, y que a nadie se le ocurriría hoy tan siquiera imaginar, mucho menos defender públicamente, una idea semejante.

Probablemente sea cierto, y nadie o casi nadie preconizaría el uso de los cuerpos de los criminales para realizar vivisecciones. Sin embargo, la experimentación con presos – o con prisioneros – no es un horror arcaico, una barbarie de otro tiempo, y para encontrar antecedentes más cercanos alcanza con remitirse a casos especialmente atroces del siglo XX. Pero también ocurre en el siglo XXI. Ocurrió, por ejemplo, en 2016 y 2017 en España, donde en las prisiones de Huelva y Córdoba, según vino a saberse, se aplicó estimulación eléctrica cerebral a 41 presos violentos con el objetivo de estudiar su agresividad. Los reclusos respondían dos veces un mismo cuestionario, antes y después de recibir en la frente, durante media hora, una descarga de electricidad – leve, eso sí –, tras lo cual se examinaban las diferencias en las respuestas. Así de sofisticada era la investigación que se llevó a cabo, hasta que el Ministerio del Interior decidió suspenderla, pese a que en enero de este año ya se había aprobado una segunda fase.

La suspensión no convenció del todo, al parecer, a los expertos en bioética consultados por el diario El País, (*) incluido el presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, entre otras cosas porque desde el punto de vista formal el estudio había cumplido con los trámites, y había sido aprobado, como manda la ley, por el comité de ética de la Universidad de Huelva. Perplejo por la decisión ministerial, otro experto, José Ramón Amor, coordinador del Observatorio de bioética y ciencia de la Fundación Pablo VI, no encuentra motivos para abandonar los electrodos, y suelta un argumento que suena como el de Diderot en 1751: “es mucho lo que los presos, y de paso la sociedad, pueden ganar si esta técnica funciona y es efectiva”. Como en la Enciclopedia, como en el siglo XVIII, la apropiación de cuerpos ajenos privados de libertad, aun consentida, sigue siendo, en el fondo, un asunto político antes que ético. A menos que la ética sea, en definitiva, una política.

(*) https://elpais.com/elpais/2019/03/08/ciencia/1552062521_588321.html

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 11.03.2019

Sobre el autor
Rafael Mandressi (Montevideo, 1966) es doctor en Filosofía por la Universidad de París VIII, historiador y escritor. Desde 2003 reside en París, donde es investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica, director adjunto del Centro Alexandre-Koyré de historia de la ciencia y docente en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es colaborador de En Perspectiva desde 1995.

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Por José Rilla ///

Entre la fiesta cristiana de la Navidad, Jesús nacido en un pesebre, y la pagana del calendario, Año Nuevo que renueva el ciclo, andamos cerrando agendas, postergando deberes, saliendo, los que pueden, de licencia o vacaciones. Saludamos, abrazamos, deseamos lo mejor, compramos regalos y somos regalados, prometemos ser mejores, empezar la dieta, dejar de fumar… Por debajo de nuestro mundo, o más bien junto a él, están los que sufren, los que están solos, los enfermos graves, y más abajo todavía, los que viven en el infierno, los indigentes y los presos. En total, en esta franja 9 mil uruguayos. Ninguna palabra que digamos, que yo escriba, alivia su calvario; apenas, quién sabe, nos invita a la compasión.

Uruguay ha logrado abatir los niveles de pobreza a cifras inéditas, comparado con los países de la región que son una calamidad, y también comparado consigo mismo, con su pasado del último cuarto de siglo. Medimos la pobreza, como la riqueza, según el grado de cobertura de las necesidades básicas, mientras que calculamos la indigencia tomando en cuenta los requerimientos de una de ellas, la alimentación. Aunque almuerzan en el INDA casi ocho mil uruguayos,  serán tres mil personas las que viven en las calles y apenas comen algo una vez al día; una parte de ellas andan en las ciudades, especialmente en el centro de Montevideo donde encuentran algún cobijo, alguna moneda, alguna sustancia que los borre del mapa.

Esa concentración de indigentes en el espacio urbano está a punto de naturalizarse entre nosotros. Pasamos al lado de los indigentes, más hombres que mujeres, más adultos jóvenes que niños (al revés de la pobreza); no los miramos, no les hablamos ni nos hablan, los esquivamos con más esmero que a los perros que tienen un lugar destacado en nuestra convivencia. No es el miedo ni la piedad lo que nos vincula a ellos, es la indiferencia;  los vemos dormir en cartones, esos que sirven para embalar los smart televisores que compramos con desenfreno, los vemos dormir de día después de vagar de noche, abrigados con frazadas y tirados al sol.

Y si estudiamos un poco más de cerca las cosas veremos que muchos de ellos fueron presos, liberados recientes que volvieron a abrazar el círculo perverso de la droga y el alcohol, con la voluntad y la alegría muertas, con el delito en la puerta. Acabamos de leer a un magistrado que nos dice, no sé si como denuncia o como resignación, que la cárcel enseña a delinquir.

Hay una franja de nuestra sociedad, pequeña tal vez, de la que no queremos hablar, que se nos muestra pero a la que no miramos, que rara vez nos habla pero con la que no conversamos. La indiferencia que profesamos se reviste de justificaciones penosas: van desde quienes nos dicen –todavía- que son estos los costos del progreso y que el derrame del crecimiento algún día alcanzará a los más pobres, hasta los que, con un arrebato de mediocridad nos recuerdan que los indigentes tienen derecho a estar tirados en la calle, porque la calle es de todos y no hay razones para criminalizar semejante marginalidad.

Que esto nos esté pasando es indigno para todos, más aún porque son unos cientos de uruguayos los que andan como fantasmas en nuestra plácida ciudad con vista al mar.

Entreverado como muchos en los deseos de renovación, en esto pienso un poco durante la Navidad  que recuerda a Jesús en el pesebre, o durante el Año Nuevo que evoca las dos caras de Jano.

Hagamos algo de una buena vez.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, viernes 28.12.2018

Sobre el autor
José Rilla es profesor de Historia egresado del IPA, doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires. Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y Decano de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAEH. Investigador del Sistema Nacional de Investigadores, ANII.

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