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“En Uruguay, el acceso a la atención médica especializada sigue dependiendo en gran medida del lugar en el cual la persona vive.” 

Así comienza la exposición de motivos de un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados, que busca resolver la inequidad en el acceso a la atención en salud.

Reducir las listas de espera a la mitad es uno de los objetivos que se propuso para este período la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

Pero hace pocas semanas surgió otra idea: que los médicos y otros profesionales de la salud que culminen su formación de grado, posgrado o especialización, deban trabajar remunerados, por un período acotado en prestadores públicos de salud del interior del país.

Entre los médicos esta iniciativa ha dado mucho que hablar y provocó hasta ahora apoyos y rechazos.

¿Cómo ha visto esta discusión el autor del proyecto? 

¿Por qué hay que establecer una obligatoriedad? 

¿Cómo compatibilizaría un médico su trabajo en Montevideo con la atención en el norte del país, por ejemplo? 

¿Existen mecanismos similares en otros países que hayan funcionado? 

Emiliano Cotelo conversó con Federico Preve, médico neurólogo, diputado del Frente Amplio por Canelones, que ha sido el impulsor de este proyecto.

Federico Preve

• Diputado por Canelones (Frente Amplio)
• Médico Neurólogo
• Profesor Adjunto Neurología Hospital de Clínicas (UdelaR) 
• Exdirigente del Sindicato Médico del Uruguay

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“Comer, dormir, trabajar, estudiar, y vivenciar momentos y actividades lúdicas en un espacio superficial diminuto podría considerarse satisfactorio como medida transitoria, pero no como lugar con concepto de habitabilidad adecuado y digno en clave de derecho humano".

Esto dicen los senadores del Frente Amplio que firman un proyecto de ley que lleva la superficie mínima habitacional de 25 metros cuadrados en tipología monoambiente a 35 metros cuadrados con un dormitorio como mínimo.

El proyecto, de un solo artículo, modifica normas votadas en el gobierno anterior por considerar que “afectan la calidad de vida de las personas, especialmente, a la población más vulnerable.”

Agrega que “el Estado a través de proyectos y actividades promovidas realiza renuncias fiscales muy importantes cada año que implican un esfuerzo de toda la sociedad pero no redundan en un desarrollo de bienestar.” 

El texto indica que cuando se autorice, construya, financie o promuevan beneficios tributarios, se exigirá como mínimo el número de dormitorios definido “por esta ley”.

La idea es rechazada por la Cámara Inmobiliaria del Uruguay y por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. La ministra de Vivienda Tamara Paseyro aseguró que están estudiando el proyecto pero que entiende que “no está bien prohibir una solución habitacional como esa”.

Hace unos días en La Tertulia discutimos el tema y quedaron en evidencia posturas diferentes entre quienes ven que este proyecto es una intervención del Estado para mejorar la calidad de la vivienda y quienes plantean que limita opciones que mucha gente elige o necesita.

¿Qué se busca con este proyecto? ¿Qué responde su autor a los argumentos de quienes se oponen? ¿Hay margen para quitar la prohibición, que es lo que genera más ruido? 

Emiliano Cotelo conversó con el senador Gustavo González, que presentó esta iniciativa.

Gustavo González 

• Senador de la República
• Frente Amplio (Partido Socialista)
• Exsecretario General de la Federación de Cooperativistas por Ayuda Mutua  (Fucvam)
• Autor de varias publicaciones sobre cooperativismo y vivienda

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Uruguay tiene más de 97.000 inmuebles vacíos y unas 200.000 personas viviendo en asentamientos.

Según el censo de 2023, el parque habitacional creció 269.308 viviendas respecto del censo anterior, pero el déficit sigue casi igual que hace medio siglo. El mercado produce más unidades, pero no necesariamente en los lugares ni para las familias que más lo necesitan.

Para atender una de las tantas dimensiones que tiene la temática de la vivienda, la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada un proyecto de ley que permite la abreviación del trámite expropiatario de bienes inmuebles por razones de seguridad edilicia, salubridad e higiene pública, con deuda compensable.

Proyecto de ley de bienes inmuebles con deuda compensable by En Perspectiva

La iniciativa, presentada por la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) y avalada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, fue aprobada con los votos del oficialismo y de la oposición, 80 en 83 diputados presentes. Solamente votaron en contra los dos diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, y el diputado colorado Juan Martín Jorge.

¿De qué se trata este proyecto que ya había tenido una alta aprobación en la Cámara de Senadores? ¿Qué problemática busca resolver?

Para profundizar en estos puntos Romina Andrioli conversó con la diputada por el Frente Amplio, Ana Laura Melo y con Juan Pablo Delgado, diputado por el Partido Nacional y expresidente de MEVIR, ambos integrantes de la comisión de Vivienda y Territorio.

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La Tertulia de los Lunes con
Matías Bordaberry, Miguel Fernández Galeano, Guillermo López y Eleonora Navatta

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores ya tiene a estudio un proyecto de ley que establece que la superficie mínima para una vivienda debe ser de 35 metros cuadrados y un dormitorio. No más monoambientes.

La iniciativa, originalmente impulsada por el senador socialista Gustavo González, ingresó  a la cámara alta con la firma de toda la bancada del Frente Amplio. 

En la exposición de motivos dicen los legisladores que “comer, dormir, trabajar, estudiar, y vivenciar momentos y actividades lúdicas en un espacio superficial diminuto podría considerarse satisfactorio como medida transitoria, pero no como lugar con concepto de habitabilidad adecuado y digno en clave de derecho humano. En el caso sería un símil de tránsito en una habitación de hotel.”

El proyecto, que tiene un solo artículo, busca cambiar la ley vigente que permite la construcción de monoambientes con un mínimo de 25 metros cuadrados. Si se aprueba esta modificación, el mínimo será de 35 metros y un dormitorio, agregando 15 metros cuadrados más por cada dormitorio adicional.

En la propuesta se prohíbe, además, autorizar, financiar, y otorgar beneficios tributarios de vivienda promovida a las construcciones que no cumplan con los mínimos previstos en esta norma.

Desde que el senador González comenzó a promover su iniciativa, la idea es rechazada por la Cámara Inmobiliaria del Uruguay y por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. 

Por su lado, la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, se refirió al proyecto de ley en diálogo con Radio Universal el jueves pasado:

“Nosotros estamos estudiando ese proyecto. Lo que sí decimos es que entendemos que no está bien prohibir una solución habitacional como es esa”.

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La Tertulia de los Jueves con Pablo Díaz, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez

El diputado del Frente Amplio Federico Preve presentó, la semana pasada, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone que los médicos que culminen su formación de posgrado en especialidades, así como otros profesionales de la salud que finalicen estudios de grado o posgrado, realicen un servicio obligatorio en el sistema público.

La iniciativa establece que este servicio deberá cumplirse durante dos años, con una carga horaria semanal de entre cuatro y 16 horas, de acuerdo con lo que defina la reglamentación. La prestación abarcará a los prestadores de salud pública es decir, abarca la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Sanidad Militar, Sanidad Policial y el Hospital de Clínicas, y su distribución en el territorio nacional dependerá de las necesidades asistenciales que determine el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La iniciativa se fundamenta en la dificultad para acceder a especialistas en el interior del país, un problema histórico del sistema de salud, ya reconocido por las autoridades sanitarias. El texto establece que habrá una remuneración acorde a los laudos vigentes, proporcional a las horas trabajadas, pero también prevé sanciones. En caso de incumplimiento, el Ministerio de Salud Pública podría no registrar ni habilitar el título profesional hasta que se cumpla con la obligación.

La iniciativa no ha estado exenta de polémicas. Gerardo Bruno, profesor titular catedrático de cirugía torácica en la Universidad de la República publicó una carta en la que reclamó que los cambios propuestos son “coercitivos, simplificadores e institucionalmente regresivos”, y que, en vez de ser una “fortaleza institucional”, muestran una “insuficiencia conceptual, organizacional y política”.

Allí, sostiene que la propuesta es un “castigo a la libertad” que busca “corregir una desigualdad creando otra”. “La desigualdad territorial en el acceso a especialistas constituye uno de los múltiples problemas del sistema de salud uruguayo, en particular dentro de ASSE y del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es, sin duda, una arista real, persistente, compleja y moralmente relevante, aunque no la única”, y sostuvo que “nadie que conozca con seriedad la organización sanitaria del país” puede negar que existen dificultades de acceso público a la salud especializada en el interior.

No obstante, Bruno subrayó que “no toda medida que invoque la equidad es por sí misma justa” y apuntó que el proyecto de Preve “desconoce la libertad profesional, minimiza los aportes ya realizados por los médicos a la sociedad” y crea “una herramienta más visible que correcta”.

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

Este martes, pocas horas después de que el gobierno diera a conocer su estrategia para atender el problema de las personas en situación de calle, el senador blanco Rodrigo Blas, presentó en el Parlamento un proyecto de ley para regular el uso del espacio público.

La exposición de motivos señala que en los últimos años aumentaron las ocupaciones permanentes o indebidas de espacios públicos, afectando la convivencia y la seguridad.

El articulado prohíbe la ocupación del espacio público con fines de permanencia, asentamiento o utilización habitual que exceda el uso normal, ocasional ytransitorio. Además, otorga facultades a la policía e intendencias para desocupar esos espacios, establece la custodia de las pertenencias, indica la provisión de asistencia del Estado a las personas pero también crea multas y penaliza en base al régimen de faltas a quienes reincidan en el incumplimiento de la nueva normativa o rechacen injustificadamente las alernativas que se le hayan ofrecido.

¿Por qué se introduce este proyecto ahora? 

¿No se superpone a la vigente ley de faltas? 

¿Es compatible esta iniciativa con la estrategia del Poder Ejecutivo en esta materia?

Emiliano Cotelo conversó con el autor del proyecto, el senador nacioanlista Rodrigo Blas.

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La entrada Proyecto de ley regula uso del espacio público ante problema de personas en situación de calle: ¿Cuánto complementa a la Ley de Faltas y la estrategia del gobierno? Con su impulsor, Rodrigo Blas (P. Nacional) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Este proyecto de ley propone regular el uso del espacio público, con el objetivo de garantizar que calles, veredas y plazas se mantengan accesibles para todos. Busca evitar su ocupación permanente o como forma de asentamiento, argumentando que estas situaciones afectan la circulación, la convivencia, la higiene y la seguridad.

Al mismo tiempo, reconoce que muchas de estas ocupaciones están vinculadas a situaciones de vulnerabilidad social, por lo que plantea la necesidad de abordarlas dentro de

Proyecto de Ley – Uso Del Espacio Público by En Perspectiva En Perspectiva

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Tres diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para bajar a la mitad el valor de las multas por exceso de velocidad en rutas nacionales.

La iniciativa de los legisladores Sebastián Andújar, blanco, Conrado Rodríguez, colorado, y Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, argumenta que las multas caras no han hecho que bajen los accidentes y advierte que, además, la mayoría de ellas quedan impagas.

Los impulsores del proyecto agregan que ven buen ambiente para la discusión de este tema en el Parlamento y en el Congreso de Intendentes.

Esta noticia se conoció al mismo tiempo que la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) comenzaba reuniones con todos los partidos políticos para unificar ideas que “cambien la realidad del tránsito en el país.”

Abordamos el tema en La Tertulia, donde hubo varios argumentos interesantes. Por ejemplo, se dijo que todo el sistema debe ser revisado porque no está funcionando para bajar la siniestralidad. Pero también se planteó, con datos de la Unasev, que en 2025 en los puntos de la ruta con radares, los accidentes fatales se redujeron un 52%.

¿Qué dicen las autoridades sobre el proyecto? ¿Funcionan o no las multas actuales como herramienta educativa o disuasoria en el tránsito? ¿Existe disposición a discutir cambios?

Emiliano Cotelo conversó con el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera.

Marcelo Metediera

• Presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial
• Presidente del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial
• Ex Director de Tránsito de la Intendencia de Canelones (2013 – 2023)
• Fue cooperativista y dirigente sindical del transporte (2001 y 2013)

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El senador colorado Robert Silva presentó un proyecto de ley para que la educación emocional sea declarada de interés público en todo el sistema educativo público y privado.

Gestionando las emociones, sostiene, se puede prevenir problemas de violencia y convivencia no sólo en los centros educativos, sino también en ámbitos familiares, laborales, entre otros.

Romina Andrioli conversó con el senador Robert Silva sobre esta iniciativa y otras cuestiones como la Universidad de la Educación que promueve el gobierno de Yamandú Orsi y los cambios que esta administración introdujo en la reforma educativa que el propio Silva lideró como presidente de la Anep en el período pasado.

Ustedes, ¿han oído hablar de educación emocional?

¿Saben el rol que cumplen los maestros y profesores en la gestión de emociones y reacciones?

La Unesco y varios académicos sostienen que la educación en emociones ayuda a mejorar el rendimiento académico y también prevenir problemas de violencia y convivencia no sólo en los centros educativos, sino también en ámbitos familiares, laborales, entre otros.

Si bien el Marco Curricular Nacional ya reconoce el desarrollo socioemocional entre las diez competencias que debe adquirir el estudiante, el senador colorado Robert Silva, presentó un proyecto de ley para que el desarrollo de esta disciplina sea declarada de interés público en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, tanto en el ámbito público como privado.

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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) prepara un proyecto de ley que obliga a las empresas a notificar con anticipación al gobierno y a los trabajadores sobre despidos colectivos o el cese de sus operaciones.

Esta iniciativa, que fue anunciada por el ministro Juan Castillo en diálogo con Canal 5, surge en respuesta a la preocupación por la manera "de un minuto para el otro" en que algunas compañías han comunicado despidos recientemente, llegando a utilizar incluso estados de redes sociales, explicó el ministro. 

El objetivo principal, según el jerarca, es otorgar un plazo de tiempo suficiente para que las autoridades de gobierno y los sindicatos puedan explorar alternativas viables y buscar soluciones antes de que las medidas se concreten.

Castillo explicó que la iniciativa se basará en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exigen notificación previa en estos casos. El ministro argumentó que la notificación anticipada es clave, ya que si el gobierno es informado formalmente, puede intervenir inmediatamente como mediador, facilitar el diálogo o buscar nuevos inversores, algo que "cuesta muchísimo tiempo más" que el cierre mismo.

Emiliano Cotelo y Romina Andrioli conversaron con Hugo Barreto, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social y abogado laboralista.

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