Foto: En Perspectiva

Ustedes escucharon la noticia la semana pasada.

El Tribunal de Cuentas (TC) resolvió, por mayoría, observar la renegociación del contrato del proyecto Neptuno impulsada por el gobierno de Yamandú Orsi con el consorcio Aguas de Montevideo. El pronunciamiento fue apoyado por los cuatro ministros de la oposición mientras que los tres ministros del Frente Amplio votaron en contra.

Luego de conocerse la noticia, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, afirmó que el dictamen del TC no cuestiona la conveniencia técnica, económica ni el interés público del nuevo proyecto. Pero además señaló que la resolución contiene “errores conceptuales”. Por eso, anunció que el directorio de OSE decidió reiterar el gasto y continuar con el plan de obras, que está previsto que comiencen en abril.

Esa posibilidad, que está prevista en la ley, mereció críticas de la oposición. Pero no es la primera vez que ocurre. Todo lo contrario. Es algo frecuente y lo hemos visto en gobiernos de todos los partidos. Y cada vez que pasa muchos se preguntan: ¿Qué sentido tiene que las sentencias del TC no sean vinculantes? ¿Qué experiencia existe en otros países del mundo? ¿Hay que reformar esos organismos de contralor?

Emiliano Cotelo conversó con el Dr. Ruben Correa Freitas, experto en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, y conocedor del funcionamiento del Estado.

Ruben Correa Freitas

• Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
• Profesor de Derecho Constitucional (Grado 5 – Udelar)
• Es Profesor Titular de Derecho Constitucional desde el año 2000 y de Derecho Administrativo desde 2004 en la Facultad de Ciencias Jurídicas (UDE). 
• Fue Profesor Titular de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo en la Escuela Nacional de Policía desde 2001 hasta 2015.  
• Académico de Número de la Academia Nacional de Derecho
• Ex Senador por el Partido Colorado (2000 – 2005)
• Ex Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (1985 – 1990 y 1995 – 2000)

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Foto: @OSE_Uruguay

El Tribunal de Cuentas resolvió por mayoría, cuatro votos contra tres, observar la renegociación del contrato del proyecto Neptuno impulsada por el gobierno de Yamandú Orsi con el consorcio Aguas de Montevideo. El organismo entendió que los cambios introducidos modifican “sustancialmente” el objeto original del contrato firmado en 2025 para la construcción de una planta en Arazatí, San José, y que eso vulnera los principios de igualdad y concurrencia entre oferentes. De todos modos, el proyecto seguirá adelante.

Proyecto de resolución del Tribunal de Cuentas obserca las modificaciones al proyecto Neptuno by En Perspectiva

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En la Cámara de Diputados culminó poco después de las siete de esta mañana la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la decisión del gobierno de descartar el proyecto Neptuno, que había sido impulsado por la administración pasada, y avanzar en un nuevo paquete de obras para reforzar el suministro de agua potable en el área metropolitana. Conversamos En Perspectiva con Joaquín Garlo, diputado del Frente Amplio

Luego de 21 horas de debate, la moción que logró la mayoría fue la de Cabildo Abierto con los votos del Frente Amplio. Si bien el texto no manifiesta una satisfacción expresa con las explicaciones del ministro, dice que “habiendo pasado ya interpelaciones a distintos ministros en distintos gobiernos, citaciones a comisiones legislativas, intercambios con fuerzas vivas”, se entiende “prioritario avanzar a la acción y construcción de las soluciones”. 

“Compartimos la visión de la fuente de agua inagotable, apoyamos en el pasado en instancias presupuestales la compra del campo para la construcción de la represa de Casupá como obra complementaria”, añade el texto. 

Antes había fracasado la moción presentada por el Frente Amplio, que declaraba satisfactorias las explicaciones del ministro, y también la de Identidad Soberana que contó con el respaldo de los partidos Nacional y Colorado, que declaraba insatisfactorias las explicaciones del jerarca. 

Recordemos: después de 90 días de negociación con el consorcio Aguas de Montevideo, el Ejecutivo optó por un rediseño: una segunda planta en Aguas Corrientes, otra más chica en el Solís Chico con reserva de agua bruta, el refuerzo de líneas de bombeo de OSE y, en paralelo aunque por fuera de ese contrato, una represa en el arroyo Casupá. Según Presidencia, este esquema asegura el abastecimiento hasta 2045 y supone un ahorro frente al proyecto original.

La entrada Interpelación al Ministro de Ambiente por el descarte del proyecto Neptuno: La moción de Cabildo Abierto que se aprobó “acompaña y respalda” la política del gobierno actual sobre Casupá, dice Joaquín Garlo (FA) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

En la Cámara de Diputados culminó poco después de las siete de esta mañana la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la decisión del gobierno de descartar el proyecto Neptuno, que había sido impulsado por la administración pasada, y avanzar en un nuevo paquete de obras para reforzar el suministro de agua potable en el área metropolitana. Conversamos En Perspectiva con Juan Martín Rodriguez, diputado del Partido Nacional.

Luego de 21 horas de debate, la moción que logró la mayoría fue la de Cabildo Abierto con los votos del Frente Amplio. Si bien el texto no manifiesta una satisfacción expresa con las explicaciones del ministro, dice que “habiendo pasado ya interpelaciones a distintos ministros en distintos gobiernos, citaciones a comisiones legislativas, intercambios con fuerzas vivas”, se entiende “prioritario avanzar a la acción y construcción de las soluciones”. 

“Compartimos la visión de la fuente de agua inagotable, apoyamos en el pasado en instancias presupuestales la compra del campo para la construcción de la represa de Casupá como obra complementaria”, añade el texto. 

Antes había fracasado la moción presentada por el Frente Amplio, que declaraba satisfactorias las explicaciones del ministro, y también la de Identidad Soberana que contó con el respaldo de los partidos Nacional y Colorado, que declaraba insatisfactorias las explicaciones del jerarca. 

Recordemos: después de 90 días de negociación con el consorcio Aguas de Montevideo, el Ejecutivo optó por un rediseño: una segunda planta en Aguas Corrientes, otra más chica en el Solís Chico con reserva de agua bruta, el refuerzo de líneas de bombeo de OSE y, en paralelo aunque por fuera de ese contrato, una represa en el arroyo Casupá. Según Presidencia, este esquema asegura el abastecimiento hasta 2045 y supone un ahorro frente al proyecto original.

La entrada Interpelación a Ortuño: La bancada del gobierno presentó una moción declarando satisfactorias las palabras que “no había terminado de escuchar el ministro”, fue “una falta de respeto”, dice Juan Martín Rodríguez (PN) se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Foto: Armando Sartorotti

¿Cómo vamos a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana de Montevideo? ¿Por qué demoramos tanto en hacerlo? ¿Cuándo lo lograremos? ¿No había otra manera de procesar esta decisión?

Les propongo que pensemos en este tema en los próximos minutos.

Historia reciente

A esta altura, y sobre todo después del gran susto de 2023, todos conocemos casi de memoria las dos grandes fragilidades que arrastra el servicio de OSE en Montevideo y Canelones: tiene una única usina potabilizadora (la que está ubicada en la localidad de Aguas Corrientes) y una única fuente de agua bruta, el río Santa Lucía. Y eso es peligroso. ¿Qué pasa si “se rompe” la planta potabilizadora o si el río Santa Lucía se contamina gravemente o si se produce una sequía en el sur del país? Es imprescindible dar seguridad a la población.

El sistema político uruguayo “se rifó” esa bolilla durante décadas, al tiempo que trataba de forma displicente a OSE, no dotándola de un presupuesto digno que le permitiera realizar las inversiones más elementales. Mientras tanto, OSE estudiaba el tema internamente. Desde la década de 1970, por lo menos, esa empresa pública viene acumulando estudios sobre soluciones posibles. Pero los gobiernos pasaban y ninguno le hincaba el diente a esa gran asignatura pendiente.

Era una especie de “política de Estado por la negativa”: ignoremos a OSE y sus debilidades. (Paralelamente iba creciendo otro problema serio: las pérdidas en las cañerías de distribución que alcanzarían recientemente porcentajes escandalosos.) Visto a la distancia, impresiona e indigna tanta indiferencia ante un servicio público que provee un producto tan básico para los seres humanos: el agua potable necesaria para la vida, la alimentación y la higiene.

La discusión recién se agitó un poco cuando Eleuterio Fernández Huidobro comenzó a alertar sobre esa omisión, observándola desde el ángulo de la seguridad nacional y reclamando que hubiera un plan B. Lo hizo por primera vez en 2010, cuando era senador y lo expuso luego varias veces cuando ya había asumido como ministro de Defensa, durante el gobierno encabezado por José Mujica. Pero no tuvo mucho eco. Es más: varias voces lo cuestionaron por exagerado y alarmista.

Casupá

Para que el tema se encarara hubo que esperar al período siguiente, la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. Pero el proceso fue lento y recién al final del período las autoridades tuvieron pronta una alternativa: la construcción de la represa de Casupá.

En el verano de 2020, durante la transición, cuando Vázquez culminaba su mandato, le entregó al presidente entrante, Luis Lacalle Pou, la carpeta con los trabajos preparatorios que se habían desarrollado para el proyecto Casupá. Según explicó, estaba todo pronto para el llamado a licitación.

Lacalle Pou guardó esa información y optó por no usarla.

Neptuno

En el primer semestre de 2021 el consorcio Aguas de Montevideo hizo llegar al Poder Ejecutivo el Proyecto Neptuno, para llevar adelante otra de las posibilidades que OSE había considerado a lo largo de su historia: la instalación de una toma de agua del Río de la Plata con la usina potabilizadora correspondiente, a ubicarse en la zona de Arazatí, en el departamento de San José, más las cañerías destinadas a conectar esa infraestructura con la red de OSE en el área metropolitana. Los jerarcas la evaluaron, la consideraron viable y razonable y por eso, en marzo de 2023 lanzaron un llamado a licitación, según lo previsto en la ley 17.555 (de setiembre de 2002), que prevé la posibilidad de la concesión de obra pública por iniciativa privada.

Teóricamente, la propuesta era redonda porque, con financiamiento a largo plazo, resolvía las dos fragilidades del sistema metropolitano de OSE: aportaba una segunda planta potabilizadora y también una segunda fuente de agua bruta, teóricamente infinita. Pero la controversia se disparó por varios motivos: el costo de la obra, el costo del financiamiento, la calidad irregular del agua en el lugar elegido para la toma, con el riesgo de demasiados episodios de salinidad por año, el impacto ambiental, social y productivo del “polder”, la reserva de agua dulce que era necesario construir para cubrir los días de agua salada, la eventual violación del artículo 47 de la Constitución, que dice textualmente: “El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

La campaña contra el proyecto Neptuno fue fuerte y estuvo impulsada por una cantidad de agentes: el sindicato de funcionarios de OSE, el Frente Amplio (FA), ONGs ambientalistas, científicos expertos en el tema agua, organizaciones sociales y de productores de San José e incluso dirigentes blancos y colorados de ese departamento. Mientras el Poder Ejecutivo avanzaba con el proceso de la licitación y adjudicación, en la justicia se interponían recursos que procuraban anular o eventualmente modificar el proyecto. En esas condiciones, si bien la adjudicación fue comunicada en agosto de 2023, la posibilidad de firmar el contrato con el consorcio ganador se fue postergando y recién quedó despejada sobre el final de la gestión de Lacalle Pou y cuando ya se conocía que el próximo presidente sería Yamandú Orsi.

¿Qué debía hacer el presidente saliente? ¿Firmaba y así le ponía el broche a un proceso emblemático de su gestión o dejaba el asunto para las nuevas autoridades? Desde el punto de vista formal y legal nada le impedía firmar. Pero, como faltaban días apenas para el inicio de la nueva administración, y teniendo en cuenta las discrepancias que había marcado el FA en la campaña electoral, tal vez lo más prudente hubiese sido no hacerlo.

Ustedes saben lo que pasó: el contrato se suscribió. Pero el acto fue más simbólico que real. Todos, incluso los firmantes, sabían que ese contrato quedaba en el aire, entre paréntesis, a la espera de lo que resolviera el Poder Ejecutivo que se instalaría el 1 de marzo.

No a Neptuno, vuelta a Casupá

Y, efectivamente, pocas semanas después Orsi y su equipo convocaron al consorcio adjudicatario, pactaron la suspensión de los plazos por 90 días y pusieron en marcha negociaciones que culminaron el 18 de julio cuando las dos partes arribaron a un acuerdo para modificar el contrato.

De este modo, lo que estaba previsto construir en San José no se hará: ni la toma de agua del río de la Plata, ni la planta potabilizadora de 200.000 m3 por día a instalarse en Arazatí, ni el polder de 15 millones de m3 que iba a inundar 240 hectáreas ni el tendido de 85 kilómetros de cañerías para llevar el agua producida al recalque de Melilla. En cambio, se anunció la intención de construir una planta potabilizadora de tamaño muy similar a la prevista en Arazatí (200.000 metros cúbicos por día) pero sobre el río Santa Lucía, cerca de la usina de Aguas Corrientes, con su embalse correspondiente; llevar a cabo mejoras en la Quinta línea de bombeo de OSE; y construir una planta potabilizadora de menor porte en el arroyo Solís Chico, con su reserva de agua, para dar servicio a los balnearios del este de Canelones.

En la conferencia de prensa se informó que este paquete de obras costará un tercio menos que el presupuesto inicial del proyecto Neptuno (o sea, 200 millones de dólares en lugar de 300 millones). Aprovechando esa diferencia y con algo de inversión adicional se encarará, ahora sí, la construcción de la represa de Casupá, para la cual se llamará a licitación aparte.

Según dijo el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, cuando lo entrevistamos aquí, En Perspectiva, los trabajos a cargo de Aguas de Montevideo podrían comenzar en los primeros meses del 2026 y el inició de las obras de la presa de Casupá ocurriría a fines de ese año o comienzos de 2027; por lo tanto, ambos procesos culminarían a lo largo del 2029, el año de las próximas elecciones.

¿Ya está?

¿Ya está, entonces? ¿Ahora sí se encamina la solución largamente pendiente para el sistema metropolitano de OSE? Ojalá. Pero no estoy del todo seguro.

El debate político se abrió inmediatamente después de los anuncios del 18 de julio. Varios dirigentes de la oposición rechazaron que se haya descartado el proyecto Neptuno y lamentaron se desperdicie todo el trabajo de análisis y elaboración que había detrás de él. Además cuestionaron jurídicamente que se pueda modificar el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo de la forma como se presentó, cambiando el conjunto de obras y bajando la inversión, una advertencia que también hicieron algunas ONGs ambientalistas. Y por último pusieron en duda que la nueva infraestructura que se construirá asegure el abastecimiento en caso de que el territorio nacional sufra una sequía como la de hace dos años.

Lo referido a la validez de la modificación del contrato se aclarará cuando se pronuncie el Tribunal de Cuentas; eso debería ocurrir a la brevedad. Todo lo otro demorará mucho en pasarse en limpio. Desde la oposición se insiste en que era imprescindible contar con una fuente de agua bruta por fuera del Río Santa Lucía. Del otro lado, el gobierno esgrime informes técnicos según los cuales, aunque Casupá estará localizada en la cuenca del Santa Lucía, una vez que haya sido llenada será la garantía que el sistema requiere para los escenarios más graves de déficit hídrico. Destacan, entre otras cosas, el tamaño de ese embalse, que podrá almacenar 118 millones metros cúbicos, cuando Paso Severino tiene capacidad para 67 millones y la presa de Canelón Grande 20 millones de metro cúbicos.

Y paralelamente, se abre otro signo de interrogación: ¿Qué arrojará el estudio del impacto de las obras nuevas definidas el mes pasado, tanto las que reemplazarán al proyecto Neptuno como la propia represa de Casupá, que prevé inundar 3.000 hectáreas? Si bien al final del gobierno Vázquez se informó que todo lo relativo a Casupá estaba listo, en los últimos meses surgieron observaciones adicionales sobre los riesgos que esa obra implica en lo ambiental, lo social y lo patrimonial. Por citar un solo aspecto: ¿Es aceptable que queden sumergidas 400 hectáreas de monte nativo, que es lo que previsto, cuando en el proyecto de HIF Global en Paysandú, acaba de exigirse correcciones poque se afectaba a (solo) 100 hectáreas de monte nativo? ¿Existirá allí un nuevo factor de retraso, idas y venidas?

El senador blanco Martín Lema fue elocuente cuando expuso varias de esas

observaciones el jueves pasado en el reportaje acá, En Perspectiva. Incluso agregó otro capítulo, cuál será realmente el costo final, para lo cual se basó en una nota del diario El País según la cual en una reunión previa al 18 de Julio con autoridades de OSE y del Ministerio de Ambiente el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, pidió que Casupá no sea “un nuevo Antel Arena”.

¿Política de Estado?

Les agradezco que hayan tenido la paciencia de seguir todo este recuento que acabo de hacer. Lo armé porque me parecía conveniente ordenar la información sumando algunas preguntas. Pero, sobre todo, lo traje porque a partir de él quiero comentarles mis impresiones.

Francamente, me preocupa cómo el sistema político uruguayo se empeña en manejar mal un asunto tan delicado como el fortalecimiento del sistema de agua potable del área metropolitana, del cual depende el 60% de la población del país. Por ejemplo, la propuesta de la represa de Casupá, esta que hoy va camino a ejecutarse, está entre las opciones de OSE desde hace más de 50 años. ¿Cómo puede ser que los partidos políticos, agrupados en dos grandes sectores que se alternan en el poder, se hayan demorado tanto en tomar decisiones? ¿Y cómo puede ser que cuando se resuelve algo se lo haga desde un lado del espectro político sin consultar al otro, poniendo en marcha así caminos accidentados, complicados, largos e inciertos?

Yo creo que un asunto tan crítico y sensible como este debió haber sido abordado desde el principio como una política de Estado, en un gran acuerdo nacional que abarcara a todos los partidos políticos pero además a las organizaciones sociales. Y menciono expresamente a organizaciones sociales porque en este tipo de obras que tienen algún impacto ambiental y también pueden incidir en su entorno desde el punto de vista social y productivo es necesario dialogar y acordar desde el comienzo con esas asociaciones.

Puede ocurrir que algunas de ellas exageren en sus posturas pero ignorarlas es un error serio, por varias razones: porque los aspectos que defienden son cada vez más tenidos en cuenta en el mundo en las últimas décadas, desde que nos preocupamos a fondo por preservar la naturaleza; porque hay una larga lista de realizaciones del pasado en las que no se tuvo en cuenta el impacto ambiental y social y luego terminaron en desastres; y porque además estas ONGs tienen capacidad de bloqueo o retraso, interponiendo acciones judiciales u otro tipo de recursos. Por eso digo: con ellas también hay que negociar y buscar el punto medio razonable, así como hay que tener en cuenta a los científicos especializados.

Se me podrá responder que este procedimiento que propongo es trabajoso, insume mucho tiempo y puede fracasar. Sí, ¿pero cuántos años está consumiendo el otro procedimiento por el que se ha optado? Fíjense cómo es esto: el último gobierno del FA prepara un proyecto, el de Lacalle Pou lo descarta y encara otro, y el nuevo gobierno del FA descarta el de Lacalle Pou y vuelve a su planteo original (y este, a su vez, como ya expliqué, no está completo aún ni aceptado pacificamente por todas las partes). O sea que desde que una administración comenzó a evaluar el proyecto Casupá hasta que la represa esté pronta habrán pasado casi 15 años, en el mejor de los casos. Y en el medio, por supuesto, los uruguayos tuvimos que padecer la crisis dramática del año 2023, cuando en el sur del país estuvimos a punto de quedarnos, literalmente, sin agua en las canillas.

Seguramente mi idea de un gran acuerdo nacional ya no es viable en este caso. Esta historia empezó en clave de división, de Peñarol y Nacional, de buenos y malos, y es difícil que eso tenga arreglo a esta altura. Habrá que resignarse a que siga así, a los bandazos, con las controversias y las demoras adicionales que tenga. Pero ojalá esta experiencia desdichada sirva como aprendizaje para el futuro cuando haya que encarar otros grandes desafíos en cuestiones importantes y sensibles como el manejo del agua. No podemos perder tanto tiempo. No podemos desgastarnos y enfrentarnos tanto como sociedad. Hay antecedentes positivos a tomar en cuenta. Pienso, por ejemplo, en cómo hicimos, todos juntos, la renovación de la matriz energética. Deberíamos tomar nota de esas experiencias para diseñar mejores prácticas para el futuro. Está claro que podemos hacerlo.

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Declaración del Frente Amplio sobre Proyecto Neptuno by En Perspectiva En Perspectiva

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Aquí se puede ver el informe técnico.

Protocolo Específico de Actuación Ante Sequías en El Sistema de Agua Potable Del Área Metropolitana de Mont… by En Perspectiva En Perspectiva

Y aquí el resumen del estudio del BID supervisado por Dinagua y OSE.

Protocolo Específico de Sequías para el sistema Metropolitano de Agua Potable by En Perspectiva En Perspectiva

En la web del Ministerio de Ambiente hay más información relacionada.

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Después de 90 días de negociaciones con el consorcio responsable del Proyecto Neptuno, el gobierno informó que no se construirá la potabilizadora en Arazatí, sobre el río de la Plata, y en cambio se realizará otro esquema de obras para el sistema de agua potable en el área metropolitana, una decisión que ha generado críticas desde la oposición.

Conversamos En Perspectiva con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que integró el directorio de OSE por la minoría en el gobierno anterior.

La decisión del gobierno de no ejecutar el Proyecto Neptuno y en cambio realizar nuevas obras para OSE centradas en el río Santa Lucía modificó la estrategia para fortalecer el sistema de agua potable en el área metropolitana y desató un fuerte debate político.

Las autoridades destacan que las inversiones anunciadas ahora implican un ahorro sustancial y cumplen estrictamente con el Artículo 47 de la Constitución.

Pero la oposición califica la decisión como un ‘retroceso’ en seguridad hídrica, advierte que persiste la dependencia de una única fuente y cuestiona la ausencia de informes técnicos y económicos que respalden la modificación del contrato con el consorcio adjudicatario de la licitación original.

Aquí, En Perspectiva ya escuchamos el lunes a Redes-Amigos de la Tierra, una de las ONGs que rechazaba el Proyecto Neptuno, luego discutimos el tema en La Tertulia y recibimos el martes al ingeniero Alejandro Ruibal, representante del consorcio Aguas de Montevideo.

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El gobierno anunció un giro significativo en la estrategia para dotar de mayor seguridad al abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. Conversamos En Perspectiva con el ingeniero Alejandro Ruibal, director ejecutivo de la empresa constructora SACEEM y representante del consorcio Aguas de Montevideo.

Fue la gran noticia a nivel político del fin de semana pasado, sus ecos continuaron este lunes y seguramente se prolongarán durante varios meses.

El gobierno del presidente Yamandú Orsi anunció el viernes un giro significativo en la estrategia de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana.

Según se informó en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, queda descartado el Proyecto Neptuno, aquella iniciativa que se licitó en la administración de Luis Lacalle Pou y que preveía la instalación de una planta potabilizadora de agua del río de la Plata a ubicarse en las costas de Arazatí, en el departamento de San José.

En su lugar y después de 90 días de negociaciones con el consorcio privado que había ganado la licitación original, se anunció un nuevo acuerdo para llevar adelante otras obras: la construcción de una nueva planta potabilizadora sobre el río Santa Lucía, cerca de la que existe en la localidad de Aguas Corrientes; mejoras en la Quinta Línea de Bombeo; y la construcción de otra usina potabilizadora, de menor porte, sobre el arroyo Solís Chico para servir a la zona este del departamento de Canelones.

Según destacaron las autoridades, este paquete, que garantiza el abastecimiento de agua para la capital y sus alrededores hasta el año 2045, implica un ahorro de costos importante en comparación con el plan original. Además, subrayaron que, a diferencia de lo previsto en el contrato anterior, la gestión de la infraestructura estará a cargo de OSE, a efectos de cumplir plenamente con el Artículo 47 de la Constitución.

Esta decisión ha generado una nueva controversia.

Por un lado, saludaron la resolución el Frente Amplio, el sindicato de OSE, varias ONGs ambientalistas y científicos que objetaban el Proyecto Neptuno. Por otro, cuestionaron el nuevo rumbo el ex presidente Lacalle Pou y los principales partidos de la oposición, es decir el Partido Nacional y el Partido Colorado.

Aquí, En Perspectiva, estamos abordando esta novedad con varios enfoques: Ya esuchamos a la ONG Redes-Amigos de la Tierra y discutimos el tema en La Tertulia.

La entrada “Estamos hablando de mejorar el suministro de agua potable” en el sur; hay que poner el foco en ese objetivo de una vez por todas y tomar decisiones”, dice Alejandro Ruibal se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.