La semana pasada el Senado dio media sanción al proyecto que actualiza la Ley Integral contra el Lavado de Activos, del año 2017, que el gobierno envió a mitad de año.

El Poder Ejecutivo considera que la nueva normativa contiene herramientas importantes para combatir al crimen organizado por medio de mayores controles, barreras y sanciones al blanqueo de capitales.

¿Qué cambios se proponen? ¿Qué efectos esperan lograr con estas iniciativas? ¿Cómo viene trabajando el país en el combate al lavado de activos?

Emiliano Cotelo conversó con la contadora Sandra Libonatti, titular de la Secretaria Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Luego del atentado a balazos contra la casa de la Fiscal de Corte Mónica Ferrero del 28 de setiembre, el presidente de la República Yamandu Orsi exhortó al Parlamento a que acelerara el tratamiento del proyecto que actualiza La ley integral contra el lavado de activos (del año 2017).

Luego de algunos días de negociaciones, y pese a que la oposición aspiraba a que el tratamiento en comisión se prolongara unos días más, el texto fue aprobado por la Cámara de Senadores con votos de todos los partidos políticos.

Los principales ajustes que propone la iniciativa son: la eliminación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, una rebaja en el tope para uso de efectivo en negocios, cambios en el reporte de operaciones sospechosas y más facultades para el trabajo de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

¿Qué cambia con esta nueva normativa? ¿Para qué son necesarias estas modificaciones? ¿Cómo está Uruguay hoy posicionado en este asunto?

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