Tengo sobre mi mesa, desperdigadas en caóticos colores, las fichas de un rompecabezas que también rompe corazones: la vida y muerte de Bruno G. Para comenzar a armarlo, quizás podría recurrir al azar. A fin de cuentas, fue una ruleta de acontecimientos la que determinó que con sólo dieciséis años Bruno perdiera su vida en un supuesto enfrentamiento con la policía el pasado viernes 27 de mayo.

Ese viernes, la policía buscaba una moto robada, una moto que nunca encontró. Sí se topó en cambio con la moto en que viajaban Bruno y un amigo, según parece también robada. Lejos de obedecer la voz policial de alto, Bruno se habría enfrentado a tiros con los efectivos a cargo del operativo.

A partir de ese encuentro inesperado entre policías y Bruno, se desencadenaron una serie de eventos cuyo saldo, entre otros males, es: una madre que llora la muerte de un hijo (Bruno); otra madre lamentando que su hijo perdiese un ojo (el amigo de Bruno); un chofer de taxi y un médico que aún cicatrizan sus heridas y sus penas por culpa de haber estado trabajando en el lugar inadecuado a la hora inadecuada; otro chofer de ómnibus (que a la postre terminaría incendiado) que siente con razón haberle escapado a la muerte por fortuna; y cientos de niños sin escuela durante un par de días. Ese auténtico “viernes negro” para la sociedad uruguaya, el barrio Marconi volvió a las tapas de los diarios como casi siempre: como una mala noticia y una realidad que nos estalla en la cara.

Quién sabe: si aquel viernes la policía hubiese dado con la moto correcta o no hubiese dado con ninguna otra, otro podría haber sido el desenlace de la triste historia finalmente escrita. Qué mala suerte, ¿verdad? Ese viernes 27 de mayo Brunó “ligó” mal. Pero si la muerte de Bruno tiene algo que ver con el azar, toda su vida se vincula con una lógica implacable. En el paciente largo plazo, en el casino gana la casa y en la vida pierden los Brunos. Cada tanto, es cierto, algún apostador hace saltar la banca o algún muchacho del Marconi sortea todas las vallas del sistema y obtiene un título universitario y un buen trabajo. Esas excepciones no desafían la lógica implacable; al contrario, son las que permiten que la rueda de la escandalosa asimetría siga girando.

La lógica implacable dicta que Bruno vivió su adolescencia como muchos de sus compañeros de esa pandilla barrial conocida como “Los Pibes del Puente”: a los balazos, delinquiendo y vanagloriándose de sus proezas delictivas, con un odio visceral hacia la policía (la “yuta”) como institución y hacia los policías “de a pie” que en su gran mayoría vienen de sus mismos barrios y sus mismos entramados familiares. La lógica implacable dicta que esa llamada “subcultura” juvenil que despide a sus muertos como “angelitos pibes chorros” al son de la banda Fuerte Apache va ganando más y más adeptos cuando una sociedad observa impávida cómo grandes zonas geográficas viven durante largos años de espaldas a un Estado que les asegure servicios básicos decentes como educación, salud y seguridad.

La lógica implacable dicta que Marconi, donde vivía Bruno, está según el Censo de 2011 dentro de la zona montevideana con el porcentaje más elevado de hogares con alguna necesidad básica insatisfecha (60 %), a años luz no sólo de las zonas más favorecidas de la capital sino de la media montevideana, igual que lo estaba en el Censo de 1996. A esa brutal concentración geográfica de la pobreza, que los sociólogos llamamos “segregación socioespacial”, la dejamos alegremente consolidarse durante décadas. Entre 1996 y 2004, por ejemplo, mientras la población de Montevideo creció sólo un 1 %, la Cuenca del Casavalle creció 56 % con la complicidad de una planificación urbana inexistente.

La lógica implacable dicta que en más de una década de gobierno frentista (que tanto se enorgullece de la evolución de indicadores sociales durante su gestión) la segregación socioespacial no mejoró un ápice, así como tampoco mejoró un ápice la educación pública secundaria para nuestros Brunos y Brunas. Un día, dicho sea, un técnico en educación propuso que los mejores profesores enseñaran en los liceos de los barrios más pobres (como el Marconi) a través de incentivos salariales especiales. Como era esperable, la “revolucionaria” Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes) se opuso vivazmente y respondió que un profesor novato y otro experimentado están igualmente capacitados para brindar una educación de calidad.

La lógica implacable nos enseña cada día que Marconi no está solo. Lo acompañan por ejemplo “El Tobogán”, el “40 Semanas” y “Cerro Norte”. Y lo acompañan también, cruzando fronteras, cientos de villas miserias en Argentina y de favelas en Brasil. Podríamos seguir escalando el mapa y encontrando muchísimos Marconis y Brunos en cada uno de los países de América Latina.

Podríamos incluso llegar a EEUU, donde (independientemente del componente racial) muchos guetos pobres afroamericanos han desarrollado señas de identidad y vida muy parecidas a las de nuestros “asentamientos”, con un narcotráfico cómodamente instalado, un Estado cuyo menú del día usualmente consiste en malas escuelas y brutalidad policial, y una sociedad que teme, discrimina y da la espalda a sus habitantes. Hasta París podríamos llegar en esta aventura de brutal segregación, como nos ilustra Rafael Mandressi en su última columna.

“A la suerte hay que ayudarla” dice el sabio refrán popular. “A la desgracia también”, me permito acotar.

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Segunda mirada es el blog de Rafael Porzecanski en EnPerspectiva.net. Actualiza el sábado en forma quincenal.

Sobre el autor
Rafael Porzecanski es sociólogo, magíster por la Universidad de California, Los Angeles, consultor independiente en investigación social y de mercado, jugador profesional de póker y colaborador de EnPerspectiva.net.

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—Estuviste internado en el INAU por tres rapiñas. Se ve que la internación no te sirvió para nada. ¿Por qué lo hiciste?
—Lo hice por la cabecita que tenemos.

Este diálogo, según consigna el diario El País, ocurrió entre la fiscal Nancy Hagopian y un menor procesado por una rapiña. En su sencillez, la respuesta del joven infractor toca un punto neurálgico vinculado al imparable incremento del crimen violento en nuestro país y que, entre otros males, ya bordea la frecuencia de un homicidio cada 24 horas.

Es indiscutible que toda política de seguridad debería apostar a la eficacia preventiva y represiva en los aspectos estrictamente policiales y jurídicos del problema. La creciente sustitución del dinero por otros medios de pago, la ampliación de la videovigilancia en las calles y espacios públicos, la adecuación del Código Penal a los tiempos que corren o la mejora de la respuesta policial ante denuncias de eventuales delitos son todos ejemplos que pertenecen a esta clase de aspectos.

Sospecho, sin embargo, que un enfoque de la seguridad que se agote en esta clase de temas técnicos no culminará de resolver el problema más grave que enfrentamos los uruguayos igual que muchas otras sociedades latinoamericanas: la consolidación de una subcultura marginal –primordialmente urbana– para la cual delinquir con extrema violencia constituye un modo de vida firmemente instalado en las “cabecitas” de sus portadores.

Esas particulares “cabecitas” no nacen de un día para el otro ni vienen de la nada; como bien reza un grafiti capitalino “nadie nace pibe chorro”. Las “cabecitas”, al contrario, son la respuesta a procesos de largo plazo en el que la adopción de un modo de vivir y de ser radicalmente diferente al de una sociedad civilizada va ganando terreno gracias a la triple combinación de entornos familiares y barriales nocivos y un Estado que brilla por su ausencia o por su ineficacia al proveer servicios y bienes culturales estratégicos. Al mismo tiempo, una vez que tenemos a esas “cabecitas” junto a nosotros, difícilmente se desterrarán apelando a bajas de imputabilidad, guardias republicanas multiplicadas o una típica paliza aleccionadora por parte de algún funcionario del INAU.

Cuando Tabaré Vázquez asumió su segunda presidencia anunció que sería duro con los delincuentes pero aún más duro con las causas del delito. Al cabo de más de un año de gestión, da la impresión que este Gobierno tiene mayores intenciones de cumplir con la primera parte del libreto que con la segunda.

Habiendo ya concluido rotundamente que el crimen y la pobreza pueden perfectamente evolucionar en direcciones opuestas (como lo atestigua la última década donde el primero se incrementó y la segunda descendió sostenidamente), el deber del Estado es apostar a una batería de políticas sociales que combatan la marginalidad cultural y no simplemente procuren que las familias pauperizadas tengan más dinero en sus bolsillos.

Hay al menos dos grandes ejes de política social donde tanto este Gobierno como las administraciones frenteamplistas anteriores han fallado estrepitosamente, generándose así el saldo de un país más próspero económicamente pero también más fragmentado en el plano sociocultural. El primero y más obvio fracaso es la educación secundaria. La actual gestión, incluso, quizás sea la más lamentable de todas, si tomamos en cuenta su promesa inicial de cambiar el ADN de la educación y la comparamos con su resultado parcial: la renuncia forzada del estratega inicialmente designado para dirigir este cambio (el ex subsecretario de Educación Fernando Filgueira) y la complacencia con un statu quo que sostiene un sistema de baja calidad y donde quienes más lo necesitan aprenden mucho menos y desertan mucho más.

El segundo problema es la preservación de altos niveles de segregación espacial, consolidados en auténticos guetos urbanos. Desde hace larga data, asistimos a un Estado incapaz de atemperar los efectos socioespaciales que la desigualdad de clases conlleva, con políticas de vivienda que favorezcan la integración de diversos sectores sociales en similares zonas geográficas. En su lugar, los uruguayos y particularmente los montevideanos nos hemos habituado a las “zonas rojas”, esas tierras de nadie donde florecen el narcotráfico y los sicarios, las familias monoparentales (o mejor dicho monomaternales), los embarazos adolescentes, las peores escuelas y liceos (dentro de un sistema ya de por sí obsoleto) y las pandillas juveniles “tomando vino y de la cabeza” como ellas mismas cantan cuando alientan a sus equipos de fútbol. Como ya he dicho en otra oportunidad, desterrar los guetos urbanos donde la marginalidad es norma y la normalidad está al margen ya no es solo una obligación ética sino una medida básica de supervivencia social.

Una vez que la fábrica de la marginalidad ya ha parido miles de personas dispuestas a morir o matar por unos pocos pesos, las perspectivas se vuelven sombrías y las soluciones por demás complejas. Una vez que las “cabecitas” están junto a nosotros, apostar a transformarlas en espíritus de ciudadanos civilizados es casi una utopía, más aún si tenemos en cuenta los gigantescos agujeros de nuestras políticas de rehabilitación en cárceles y hogares de menores infractores y las escasas alternativas ofrecidas a los delincuentes una vez que han cumplido su pena.

El combate de la marginalidad cultural y los factores estructurales que esconde detrás es una empresa que debe ser asumida de forma urgente por más que sus resultados solo se cosechen en el mediano o largo plazo. Para eso hace falta un diagnóstico preciso y sobre todo capacidad de mando, negociación y persuasión al tiempo de aplicar medidas que por diferentes razones pueden encontrar resistencias particularistas (como por ejemplo incentivar que los mejores profesores estén en los peores liceos). En este plano, pese a haber izado la bandera del “bienestar social” por sobre todas las otras, la izquierda uruguaya hasta ahora sigue faltando a la cita.

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Sobre el autor
Rafael Porzecanski es sociólogo, magíster por la Universidad de California, Los Angeles, consultor independiente en investigación social y de mercado, jugador profesional de póker y colaborador de EnPerspectiva.net.

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Hace algunos años, un amigo que paseaba por Indiana, en EEUU, quedó impresionado al conocer a dos barrios vecinos apenas separados por un pequeño puente. Al llegar al primer barrio, se topó con una clásica imagen norteamericana de suburbio de población blanca: casas confortables, veredas limpias, niños jugando en el prolijo césped del frente y coquetos negocios en la avenida principal. Cuando cruzó el puente y llegó al segundo barrio, la fotografía cambió radicalmente: mi amigo se había topado con un típico barrio pobre afroamericano, lleno de casas en mal estado (varias incluso con ventanas tapiadas), veredas llenas de basura, pandillas adolescentes en las esquinas, y un ambiente desolador.

Recordé este cuento días atrás al observar en televisión un informe del periodístico Santo y Seña sobre la inseguridad en una zona de Malvín Norte. El informe primero retrataba la zona donde habitan mayormente familias de clase media montevideana. De allí, emergían imágenes y testimonios de familias poseedoras de viviendas dignas, integradas formalmente al mercado de trabajo y con nivel educativo medio o alto.

Posteriormente, el periodista cruzaba un par de calles y se internaba en un asentamiento de la zona. Como le sucedió a mi amigo, una vez más la diferencia entre dos zonas separadas por unos pocos metros era abismal. Sencillamente, el periodista había ingresado en otro mundo. En este segundo mundo, quedaba retratada una población con viviendas en mal estado, graves problemas para acceder a servicios públicos de calidad y también se hacía evidente que en el asentamiento existía un confinamiento de las familias prototípicas de los sectores más excluidos de la sociedad uruguaya, no solo en su situación económica sino en otros planos críticos como el educativo y cultural.

En otras palabras, el informe nos dejaba a la vista uno de los tantísimos guetos urbanos de la capital; esos donde se encuentran las peores escuelas y liceos públicos de la ciudad, donde la policía ingresa con prepotencia en operativos mediáticos pero no garantiza la seguridad cotidiana de sus residentes, donde existe una camada de prósperos narcotraficantes cómodamente instalados y donde el resto de los ciudadanos raramente se atreve a ingresar.

El fenómeno de condenar a los sectores más pobres a vivir separadamente del resto de los ciudadanos se conoce en sociología como “segregación residencial”. En Montevideo, el informe de Santo y Seña es una pequeña muestra de un fenómeno muy extendido en nuestra deteriorada capital. En efecto, el capítulo sobre segregación residencial del reciente documento Principales Resultados de la Encuesta Continua de Hogares de 2014 del Instituto Nacional de Estadística concluye que en la ciudad de Montevideo la mejora de diferentes indicadores de calidad de vida no fue acompañada de una democratización en la integración socioespacial de sus ciudadanos.

Más aún, en comparación a diez años atrás, hay una mayor segregación de los hogares según su nivel educativo. De los varios datos que el documento arroja, uno me parece particularmente ilustrativo de la gravedad del asunto: mientras en los municipios A y F de Montevideo (que nuclean barrios como Cerro, Maracaná, Nuevo París, Pajas Blancas, Manga y Punta de Rieles), más del 80 % de los habitantes no tiene educación terciaria, en el municipio CH (Pocitos, Parque Batlle, Parque Rodó, entre otros barrios costeros) esto se reduce a aproximadamente una tercera parte los integrantes.

Como es esperable, con el prolongado “aislamiento social de los pobres urbanos” (recordando una frase emblemática de un especialista en el tema como Rubén Kaztman) tarde o temprano emergen subculturas que conspiran contra el desarrollo social de sus portadores y que se reflejan en fenómenos perniciosos como altas tasas de criminalidad, embarazo adolescente y consumo problemático de drogas. El error que habitualmente cometemos es pensar que esas subculturas son la raíz del problema en lugar de la lógica consecuencia de condenar durante décadas a vastos sectores de la pobreza urbana a vivir segregadamente. Aunque sea una reacción humana comprensible, quedarnos con la punta del iceberg nos otorga una mirada sesgada que termina clamando por mano dura y nos enreja a todos la vida.

En una economía de mercado, es natural esperar que la condición social afecte el barrio de residencia. El problema es el grado en que el Estado tolera, acepta o incluso fomenta que la segregación residencial alcance guarismos cada vez más elevados. En nuestro país, independientemente de los colores políticos al mando del Gobierno, se le ha dado mayormente la espalda al problema. Recién en tiempos recientes aparecen algunas señales –el Plan 7 Zonas del Mides, por ejemplo– donde se observa la intención de mejorar las condiciones de las zonas más problemáticas de la ciudad.

Sin embargo, será necesaria una batería de medidas mucho más potente para atacar el problema, y apuntar a un doble trabajo que mejore de forma significativa las condiciones de vida de los barrios con más segregación (lo que a su vez constituiría un aliciente para la llegada de otros sectores sociales) y que al mismo tiempo facilite la llegada de sectores pobres a barrios con mayor calidad de vida y heterogeneidad social.

En el Uruguay fragmentado y peligroso del presente, desmontar los guetos urbanos ya no es solo un deber ético, es también un requisito básico de supervivencia.

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Sobre el autor
Rafael Porzecanski es sociólogo, magíster por la Universidad de California, Los Angeles, consultor independiente en investigación social y de mercado, jugador profesional de póker y colaborador de EnPerspectiva.net.

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