¿De qué se trata esta iniciativa? Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva abordamos este asunto con el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío.

Transcripción de la entrevista con el diputado Daniel Radío

A fines de setiembre la vicepresidenta Lucía Topolansky autorizó por vía administrativa que el Poder Legislativo le abonara a Raúl Sendic un subsidio por un año de unos US$ 13.000 mensuales, el 85 % del salario que cobraba hasta su renuncia.

La conveniencia y la legalidad de pagar ese dinero a Sendic fue muy cuestionada por la oposición. Pero aquel debate dio pie a otras preguntas. ¿Es necesario que los políticos cobren un subsidio al dejar sus cargos? ¿Ese beneficio no termina siendo un privilegio excesivo?

En estos días, el Partido Colorado y el Partido de la Gente presentaron dos proyectos para modificar el régimen vigente por ley desde 1991, por el cual se otorga una suerte de “seguro de paro” a los titulares de varios cargos públicos, entre ellos los legisladores.

Paralelamente, el Partido Independiente prepara una tercera iniciativa, que será divulgada en las próximas horas. ¿De qué se trata este proyecto? Vamos a profundizar en su contenido junto al diputado del Partido Independiente, Daniel Radío.

Transcripción de la entrevista con el diputado Daniel Radío

Documento relacionado
Proyecto de Ley del Partido Independiente sobre subsidio a legisladores y cargos políticos

La entrada Daniel Radío (PI): Los legisladores no tenemos que “sentirnos culpables” por tener subsidio al cesar, pero no puede ser “que uno trabaje cuatro meses" y cobre "durante un año más” se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Para fundamentar la moción que finalmente no prosperó, el senador suplente nacionalista Pablo Iturralde citó el artículo 77 de la Constitución en su numeral diez, según el cual, a su juicio, “solamente cuando se termine el mandato se puede pedir el subsidio”, por lo que afirmó que el de Sendic “no corresponde en este momento”.

Esta mañana, En Perspectiva consultó sobre este tema a la coordinadora de la bancada de senadores del Frente Amplio, Daisy Tourné.

Crédito foto Home: presidencia.gub.uy

La entrada Subsidio a Sendic: "Nadie sostiene que no le corresponde", el debate "es pseudo leguleyo", dice senadora Tourné se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El monto del subsidio es de US$ 13.000 por mes durante un año, cifra equivalente al 85 % del total de los haberes percibidos por Sendic en actividad.

Los partidos Nacional, Colorado e Independiente consideran que el pago es inconstitucional y que no le corresponde al ex vicepresidente por las razones que llevaron a su renuncia.

Según el abogado constitucionalista Martín Risso, Sendic recién podría cobrar el subsidio a partir del 1 de marzo de 2020, fecha en que hubiese terminado su mandato.

Topolansky dijo que mientras no le presenten argumentos nuevos, mantendrá la decisión que tomó luego de recibir tres análisis jurídicos al respecto, y señaló a El País que la única duda que le queda es si corresponde pagar desde ahora o cuando finalice la Legislatura.

Esta mañana dialogamos con el diputado nacionalista, Pablo Iturralde, uno de los impulsores de esta iniciativa.

Crédito foto Home: Alianza Nacional

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Por Mauricio Rabuffetti ///
@maurirabuffetti

Los uruguayos que tienen contratos formales de trabajo, sea en el ámbito público o en el sector privado gozan de algunas garantías importantes en el marco de una legislación laboral que se ha ido asentando con el paso del tiempo, producto más de una determinada idiosincrasia que de la coyuntura política. Es algo francamente positivo, en particular si lo miramos en una perspectiva regional.

Sin embargo, en este país del que solemos jactarnos por lo igualitario, hay trabajadores que tienen beneficios con los que otros ni siquiera soñarían.

La discusión del subsidio que con toda probabilidad cobrará el ex vicepresidente Raúl Sendic a partir del año 2020, cuando termine el actual periodo de gobierno, y a pesar de haber dejado el cargo motu proprio, abre la puerta a una reflexión sobre los beneficios de los que gozan legisladores y cargos políticos en general, en comparación con otros trabajadores.

Fíjense ustedes que el ex vicepresidente renunció a su cargo y aun así recibirá un subsidio. La mayoría de los trabajadores uruguayos en cambio no recibirían absolutamente nada más allá de su liquidación si interrumpen su relación laboral por voluntad propia.

Por otra parte, si un legislador perdiera su banca, es decir, si la ciudadanía no le renovara su confianza al votar, ese trabajador tendría derecho a un seguro de paro muy ventajoso con relación al de la mayoría de los empleados uruguayos. Entre otras diferencias, se extendería por un año y recibiría 85 % de los haberes que percibía durante su periodo en el Legislativo.

Incluso, en el caso de legisladores que tuvieran su banca con anterioridad al último cambio en esta materia que se produjo a comienzos de los años 90, ese seguro de paro podría durar hasta tres años.

En general, la ley no es tan beneficiosa para los trabajadores. El seguro de desempleo ‘’estándar’’ se extiende por un plazo de seis meses con un ingreso que será porcentual sobre el promedio mensual de salario del último semestre antes del despido. Sobre ese total, el trabajador despedido percibirá 66 % el primer mes, 57 % el segundo, 5 0% el tercero, 4 5% el cuarto, 42 % el quinto, para terminar en 40 % el sexto y último mes, es decir un recorte progresivo, con la particularidad que no tienen los legisladores y otros trabajadores de la política, de que el monto máximo a percibir cada mes está topeado a la baja.

Este tratamiento es tan injusto como el que se produce cuando se extienden los seguros de paro para algunos trabajadores afectados por el cierre de una empresa, mientras no se hace lo mismo en otros casos. Con una diferencia: puede haber una razón estratégica –salvar a un pueblo de una debacle económica, por ejemplo-, que explique esa extensión.

No existe, en tanto, justificación acorde a un seguro de paro diferenciado para quienes ejercen funciones políticas. El argumento tradicional es que estas personas dejan sus actividades particulares para ocuparse de funciones públicas y que luego de años fuera del mercado laboral, les cuesta reinsertarse. Ni lo uno, ni lo otro, es del todo realista. No todos pueden dejar sus actividades particulares, y eso tiene un costado positivo que es el de mantener un vínculo con realidades que no ofrece del mismo modo la vida legislativa. Por cierto, quienes ingresan a cargos políticos suelen terminar con mucho más contactos para reinsertarse en el mercado laboral de los que tenían cuando comenzaron, cuando no terminan nombrados en otros cargos en el área política o la diplomacia.

En el caso específico de los legisladores, se trata por otra parte de un tipo de trabajador que tiene la prerrogativa de tomar medidas sobre su propio sueldo y beneficios, y que está ejerciendo una actividad de servicio puramente por opción, no porque fue el trabajo que pudo conseguir. El legislador le pidió a la ciudadanía que lo pusiera donde está.

Sería hora de que el sistema político diera el ejemplo y se revisaran este tipo de beneficios que además de ser un sistema de privilegios anclado en un argumento totalmente discutible, separa a los políticos de la gente de a pie. Al avalar estas diferencias es difícil no pensar que el político ve su función como más importante que la de un maestro, un policía, o un soldado, por mencionar solo a trabajadores del sector público que también velan por el desarrollo y la seguridad del país. Sería un cambio bienvenido, en relación al cual no existe ningún impedimento constitucional.

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Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, miércoles 27.09.2017

Sobre el autor
Mauricio Rabuffetti (1975) es periodista y columnista político. Es autor del libro José Mujica. La revolución tranquila, un ensayo publicado en 20 países. Es corresponsal de Agence France-Presse en Uruguay. Las opiniones vertidas en este espacio son personales y no expresan la posición de los medios con los cuales colabora.

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Los productores pequeños en Francia están mejor defendidos por el Estado que los pequeños de Uruguay por una simple razón: ¡¡¡los subsidios!!!

A los efectos de la competitividad, un subsidio bien aplicado y bien dirigido soluciona casi todo. Se consume gasoil a precio de surtidor, la refinería sigue marchando y la competitividad agropecuaria mejora.

Esto es tratar diferente lo que es diferente.

Ahora (se dice que no se lo puede hacer) porque hay que tapar el agujero de Ancap. Antes, cuando el gobierno de Batlle, porque había que tapar el agujero de los bancos. Por eso no se arregló el tema del endeudamiento agropecuario.

Guillermo Istebot
Vía correo electrónico

Notas relacionadas:

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